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Sentencia CP-452-18 — Registro 14233

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

Cuando se trata de un registro personal (cacheo), que la ley lo admite cuando se busca con él mantener la seguridad de la población mediante actos de prevención del delito que particularmente deben realizar los agentes de policía según dispone el artículo 5.2 de la Ley de Policía y Convivencia Social. en el caso concreto los Agentes de Policía, tenían la obligación de realizar actos preventivos de carácter general, pues así se los mandaba el artículo 24.22 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 452-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero pronuncian, En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el recurso de casación SP-452-2018, por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolver al señor Genis Josué Siliezar Vindel, del delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: No procede condenar en costas al Ministerio Público. Tercero: Se ordenó la devolución a quien acredite ser legítimo propietario del arma de fuego el arma de fuego tipo pistola, marca Tangfolio, modelo Witness, calibre 9mm, serie AE50192, que se encuentra en poder del Ministerio Público. Son Partes: La Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público como parte recurrente y los Abogados Mario Reiniery Amador Espinal y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensores públicos señor Genis Josué Siliezar Vindel, como parte recurrida. Hechos Probados: “Este Tribunal a partir de la valoración armónica y pormenorizada de la prueba practicada en el debate declara como probados los hechos que a continuación se detallan: Único: En fecha 18 de junio del año 2015 a esos de las 8:50 de la mañana, Genis Josué Siliezar Vindel se encontraba en compañía de otras personas en una de las calles de la Colonia Sierra Pina de La Ceiba, Atlántida; momento en que sin motivo legal previo, fueron requeridos y sometidos a un registro en su vestimenta y cuerpo por miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos. La recurrente Abogada Lourdes Rivas Arita, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACIÓN DEL MOTIVO ÚNICO: “Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Es de interés explicar en qué consiste el vicio supra referido, a fin de desarrollar el vicio que aqueja el fallo, en este sentido la Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha (1) febrero del año dos mil dieciocho, (SP 234-14), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba indebidamente excluido posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal”. (lo resaltado y subrayado es nuestro). Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO, consistente en el acto de detención del acusado Genis Josué Siliezar Vindel realizada por los dos agentes policías de la Fuerza Nacional Antiextorsión(FNA), pues considera el tribunal que ambos agentes no estaban facultados para registrar en vía pública al acusado el día del hecho, pues el acusado no estaba en una conducta sospechosa relacionada con algún ilícito, que pudiera dar lugar a un registro personal, y es precisamente bajo ese argumento que se excluye de valoración el resto de probanzas derivada de la detención, como ser: La declaración de los policías Fredy Alberto López López y Orlin Leonidas Pineda Mendoza, de igual forma el acta de registro personal practicado al acusado, el dictamen de balística número 20150801-0502-9073 y la evidencia consistente en un arma de fuego tipo pistola, marca Tangfolio, modelo Witness, calibre 9mm, serie AE50192,(Párrafo 3, pág. 9 de la valoración conjunta de la prueba), pues a criterio del juzgador “la probanza supraindicada fue obtenida en contravención al derecho de la libertad y la garantía al debido proceso, derechos que como manda la Constitución solo pueden ser restringidos o suspendidos por las causas establecidas en la ley, pues es la ley y únicamente la ley la que establece cuando se puede retener, y registrar una persona” (párrafo tercero, pág. 6 de la valoración de la prueba). Respecto a los cuestionamientos que realiza el Tribunal a la prueba de cargo, debemos señalar lo siguiente: 1) Que se desprende de las deposiciones de los policías de la FNA Fredy Alberto López López y Orlin Leonidas Pineda Mendoza, que su actuación obedece porque estaban en el lugar y andaban realizando diligencias propias de su dependencia, y en el transcurso de su recorrido observan cuatro personas sospechosas en el lugar por donde ellos pasaban, y al verlas se identificaron como policías y les solicitaron un registro, el cual no iba más allá de asegurarse que esas personas no estuvieran en posesión de algo ilícito como realmente sucedió, el hecho que el juzgador argumente que el vehículo en que se transportaban los policías no posee identificación, es de dominio público que la Policía Nacional está dividida en varias direcciones, y solo la Policía Preventiva Comunitaria y la Policía de Tránsito tienen identificadas sus vehículos con sus respectivos escudos, no así el resto de las policías como ser: Dirección Nacional Policial de Investigación(DPI), Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia(DNII), Fuerza Nacional Antiextorsión, (FNA), La Dirección de Inteligencias policial (DIPOL), Dirección de Servicios Especiales Fronterizos, Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, Dirección Nacional Policial Antidrogas, etc., por lo que resulta desacertada el argumento del juzgador por cuanto los agentes antiextorsión no iban a trasladarse en un vehículo de los acostumbrados a ver a los policías preventivos por cuanto no pertenecen a esa Dirección policial, pero si es relevante argumentar que esos policías que participaron en la detención de Genis Josué si andaban identificados como policías de la FNA, pues así lo refirió el agente Orlith Leonidas Pineda Mendoza quien a la pregunta de la defensa responde “nos identificamos como policías, pedimos un registro, el se sentía nervioso y al registro le encontramos un arma de fuego”, actuación policial que no provocó lesión alguna a la integridad del acusado, y la libertad personal, su actuar es conforme la labor de prevenir, disuadir, controlar y combatir toda clase de delitos faltas o infracciones, es por ello, que en el caso subjudice el actuar de los policías antiextorsión no transgreden garantías constitucionales, pues en un sentido positivo esa labor es la que permite prevenir la comisión de mayores delitos, tal es el caso cuando los policías de tránsito realizan patrullajes en la ciudad en horas de la noche los fines de semana en lugares adyacentes donde expenden bebidas alcohólicas y detienen al azar personas que conducen sus automotores con la finalidad de saber si ellas están ingeridas de alcohol, y lo hacen no con la finalidad de abusar como autoridad sino para prevenir un daño mayor como lo sería un accidente de tránsito con el resulta de lesiones o muerte, entonces diremos que esa actuación sería abusiva por el hecho que no se puede detener a un ciudadano sino es como consecuencia que exista una investigación, o que haya cometido un delito, teniendo que saber de antemano la autoridad que el supuesto conductor puede estar en estado de ebriedad y que pesa sobre él una investigación, es ilógico llegar a esa conclusión, pues donde quedaría esa facultad policial de salvaguardar la vida de todos los habitantes, ya que la Policía Nacional es una Institución profesional y permanente del Estado, a la que le corresponde proteger personas, su vida, su integridad física, síquica y moral, sus libertades, bienes y derechos, así como la prevención, control y combate de los delitos, faltas e infracciones, debiendo actuar siempre en el marco del más estricto respeto a los Derechos Humanos y apegada, entre otros, al principio de legalidad (Art. 293 Constitucional y 03, 22 LOPN), en el caso de autos la actuación de los policías es lícita, el registro personal practicado de ninguna manera violenta la intimidad del acusado, pues el mismo se realiza en zonas anatómicas que no afecten el pudor del mismo, simplemente realizan un cacheo, palpar su cuerpo, y los agentes de policía actuaron amparados en su obligación de prevenir el delito en la comunidad, en apego al artículo 57 numeral 2) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Hondura, y es precisamente de esa función policial que se obtiene el decomiso de un arma de fuego tipo pistola, marca Tangfolio, modelo Witness, calibre 9mm, serie AE50192, que está circulando sin permiso de la autoridad competente, la que ha sido neutralizada a efecto de salvaguardar la integridad física de los habitantes de la República de Honduras (Bien Jurídico Protegido: Tipo Penal Uniofensivo, al amparar un bien jurídico especifico, tal cual es la Seguridad Interior del Estado de Honduras). La práctica de la mencionada diligencia de detención, constituye parte de una actuación policial preventiva, tendiente a constatar la comisión de un delito, en tanto que la ley procesal permite a las autoridades de Policía y del Ministerio Público llevar a cabo tales actuaciones preliminares como inspecciones, registro de automóviles, registros personales, y demás para asegurar en su caso, la custodia de lugares de comisión de delitos, buscar señales, huellas, rastros, o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito, orientadas a recoger y conservar los elementos probatorios útiles para el esclarecimiento de la verdad, dejando constancia de todo lo actuado en las actas que se levanten al efecto, así lo ha dejado establecido la Sala de lo Penal, al haberse pronunciado de la manera siguiente.”[1] Esta Sala de lo Penal, observa que en el presente caso, las Actas de: Inspección ocular de la Policía Nacional (folio No. 24), Acta de Decomiso de los monitores plasma, -folio No. 26-, y el Acta de Decomiso de la Pistola de Impacto — folio No. 27- constituyen lo que la legislación procesal penal nacional denomina “Actuaciones de ejecución inmediata para la constatación del delito”, es decir diligencias de investigación a cargo de la Policía Nacional a efecto de documentar sus actuaciones en los primeros momentos de la investigación de un hecho criminoso... Esta Sala estima que con la práctica de las mencionadas diligencias preliminares de investigación policial, para constatar la comisión del delito, no se ha infringido el derecho de defensa de la encausada B. L. P., en tanto que la ley procesal permite a las autoridades de Policía y de del Ministerio Público llevar a cabo tales actuaciones preliminares como inspecciones, registro de automóviles, registros personales, y demás para asegurar en su caso, la custodia de lugares de comisión de delitos, buscar señales, huellas, rastros, o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito, orientadas a recoger y conservar los elementos probatorios útiles para el esclarecimiento de la verdad, dejando constancia de todo lo actuado en las actas que se levanten al efecto…”(lo entrelineado es nuestro). En similares circunstancias la Sala de lo Penal en relación a las actuaciones de la Policía Nacional cuando realizan los patrullajes de rutina, ha indicado lo siguiente: “esta Sala de lo Penal considera que no se ha violentado ni el Debido Proceso ni la Presunción de Inocencia en la presente causa, puesto que el Tribunal Sentenciador razonó suficiente prueba que acreditaba la participación del acusado en los hechos investigados[2], en primer lugar el propio imputado fue encontrado en posesión de una motocicleta sin placas con reporte de robo, encontramos además las declaraciones de los agentes de policía que estaban haciendo el operativo, quienes confirman que al imputado se le encontró en posesión de la motocicleta y que tenia reporte de robo, lo cual se acreditó además con la constancia de la DEI ratificada por el agente Ladislao Licona Rodríguez, quien explicó cómo se obtuvo dicha información; encontramos también dentro del legajo probatorio un acta de inspección y álbum fotográfico ratificados por la agente de investigación Karen Hernández, además de un dictamen pericial ratificado por el agente Carlos Cruz Sorto mediante el cual se establece que la motocicleta decomisa es original con la que se reportó como robada; por último el Sentenciador tuvo a la vista el dictamen de documentología ratificado por el agente Carlos René Paz, con lo cual se acredita que el documento que portaba el imputado, referente a un permiso para circular sin placas es falso[….] En tal sentido considera este Tribunal de Casación que no se han quebrantado la Presunción de Inocencia ni el Debido Proceso, puesto que existe suficiente prueba que acredita la participación del acusado en los hechos investigados, además que todo el proceso penal se realizó conforme a los procedimientos que nuestra legislación procesal ordena y en respeto de la Constitución y la Leyes, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. SP 250-14 (lo resaltado es nuestro). En virtud de lo anteriormente expuesto, considera este ente fiscal, que la detención del acusado se encuentra apegada a la ley, aunado al hecho que el registro no se realizó en zonas íntimas del cuerpo del imputado, sino que consistió en lo que comúnmente se conoce como cacheo; consecuentemente, todas las pruebas que se derivan de esta detención son licitas, es decir La declaración de los policías Fredy Alberto López López y Orlin Leonidas Pineda Mendoza, de igual forma el acta de registro personal practicado al acusado, el dictamen de balística número 2015-0801-0502-9073 sobre el buen funcionamiento operativo y mecánico del arma de fuego y la evidencia consistente en un arma de fuego tipo pistola, marca Tangfolio, modelo Witness, calibre 9mm, serie AE50192, por ende, el A quo tuvo que otorgarle valor probatorio a las mismas y no excluirlas del acervo fáctico, de manera arbitraria como lo hizo, en vista que con valoraciones intelectivas como las ya relacionadas, se quebranta el ordenamiento jurídico citado, y que de aceptar lo estipulado por el Tribunal de Sentencia sobre los registros practicados, se estaría abriendo una brecha enorme que contribuiría a la IMPUNIDAD e iría en detrimento absoluto de lo que preceptúa con absoluta claridad las funciones de los elementos de la Policía y que debió conducir a conclusiones distintas de las que extrajo el Tribunal, como ser una sentencia Condenatoria por el delito de Posesión ilegal de Arma de fuego de uso Personal. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Único Motivo. Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Norma Procesal que se denuncia Infringida: No determinada por el recurrente. Concepto de la Infracción: Haber excluido el juzgador prueba de valor decisivo. Reclamación Ex Ante: el yerro que produce la interposición del recurso se presentó en el acto de sentenciar, por ello no hubo reclamación previa. Pretensión: Se declare procedente el motivo de casación y se anule el fallo recurrido. Explicó la censora que el Tribunal de Sentencia recurrido, excluyó prueba de valor decisivo, y que tal decisión podría abrir una brecha enorme que contribuiría a la impunidad, e iría en detrimento absoluto de las funciones de los elementos de la policía, pues considera que la detención del acusado se encuentra apegada a derecho, aunado a ello el registro que se le practicó, no se realizó en partes íntimas, sino que consistió en lo que comúnmente se conoce como cacheo, por lo que considera que consecuentemente todas las pruebas que se derivan de la detención antes referida son licitas, es decir las declaraciones de los policías Fredy Alberto López López y Orlin Leónidas Pineda Mendoza, el acta de registro personal practicado al acusado, el dictamen de balística número 2015-0801-0502-9073, que refiere al buen funcionamiento operativo y mecánico del arma de fuego y la evidencia consistente en un arma de fuego, tipo pistola, marca Tangfolio, a las cuales se debió dar valor probatorio. De la Exclusión de Prueba de Valor Decisivo. El artículo 362.2 del Código Procesal Penal, establece como motivo para el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, cuando acontece que indebidamente se excluye un medio de prueba, es decir, cuando habiéndose admitido y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega todo valor al medio de prueba, es decir hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad. Otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba, es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole todo valor como consecuencia de una desatinada calificación de ilicitud. Finalmente, para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo en la emisión del fallo, se debe de recurrir al ejercicio mental conocido como Inclusión Hipotética”, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, a modo de verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se ve afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando su exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo. De los Registros Personales. El artículo 206 del Código Procesal Penal, regula los denominados registros personales, los cuales no requieren autorización judicial, pues son los que comúnmente se denominan cacheos o requisas, y consisten en una revisión superficial del sospechoso, del cual se presume que, dentro de sus ropas o pertenencias, oculta, esconde o lleva adherido a su cuerpo, objetos, señales o vestigios, relacionados con un delito. En los registros personales o cacheos el legislador hondureño, hace una distinción entre los que afectan el pudor humano y los que no violan dicha intimidad. Estos últimos pueden llevarse a cabo por los agentes de la Policía Nacional, pues como ya dijimos no necesitan de autorización judicial alguna. Ahora bien, todo registro personal según nuestra norma procesal, debe reunir los siguientes requisitos: 1. El cacheo tiene que ser realizado por personas del mismo sexo, salvo que existan motivos muy fundados para temer una agresión inminente por parte del imputado. 2. Se ostentará siempre el derecho a que el cacheo o requisa se practique dentro de un espacio íntimo, al cual solo asistan las personas que lo van a practicar, aunque no podemos omitir que la norma adjetiva exige que en garantía del sujeto que ha de someterse al registro, estén presentes dos testigos imparciales, quienes deberán firmar el acta respectiva, aunque en relación a este último punto, es importante señalar que la no presencia de los testigos no invalida el acto, esto por la naturaleza, eventual, circunstancial y no indispensable de su intervención.. 3. Antes de proceder al registro se advertirá a la persona sobre la sospecha que se tenga y se le invitará a que muestre o exhiba lo que lleva consigo y si la entrega voluntariamente, no se procederá al registro, salvo que existan fundados motivos para creer que aun oculta alguna cosa relacionada con el delito. De la procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. En el presente caso, el Tribunal de Sentencia, excluye el registro personal realizado al acusado y por ende el resto de prueba que se deriva del mismo, como ser el acta de registro personal, el dictamen de balística y la evidencia consistente en un arma de fuego tipo pistola, marca Tangfolio, modelo Witness, calibre 9mm, serie AE50192, pues considera que el registro al que fue sometido el acusado es ilegal, pues no cumplieron con el procedimiento establecido en los artículos 206 y 207 del Código Procesal Penal. Este Tribunal de Casación no comparte la postura del Tribunal sentenciador, ya que al hacer una revisión de las actuaciones que constan en el presente proceso, se logra evidenciar que las mismas están realizadas conforme a lo dispuesto por nuestra norma adjetiva, por lo que esta Sala llega a las siguientes conclusiones: 1. Los policías Fredy Alberto López López y Olith Leonidas Pineda Mendoza, realizaron un registro personal al señor Genis Josué Siliezar Vindel, el cual consistió en un registro superficial, o lo que es denominado un cacheo o requisa, pues de las mismas declaraciones de los agentes de policía, se constata que revisaron superficialmente al acusado, lo cual está dentro de sus atribuciones, pues no se necesita autorización judicial alguna. 2. El registro personal fue realizado al acusado por personas del mismo sexo, sin violentar su derecho a la intimidad, pues está debidamente acreditado que fue un cacheo que no afectó el pudor del acusado. 3. Si bien no consta en las presentes diligencias que los agentes de policía antes de proceder a realizar el registro personal al acusado le hayan advertido sobre la sospecha de algún ilícito y que se le invitara a mostrar o exhibir lo que llevaba consigo y lo entregara voluntariamente, este Alto Tribunal es del parecer de que el acusado al momento de ser requerido tuvo la posibilidad de voluntariamente entregar el arma que portaba, asimismo consta en la foliada judicial el acta de lectura de derechos efectuada al detenido (Ver folio 5), el acta de registro personal (Ve folio 30), y el acta de decomiso respectivo (Ver folio 31), por lo que a criterio de este Sala no se violentaron los derechos fundamentales al acusado y la medida adoptada por los agentes de la Fuerza Nacional Anti- Extorsión en el momento de proceder a su registro es proporcional y de manera alguna atenta contra la dignidad humana, el derecho a la intimidad, pues está debidamente acreditado que fue un registro meramente superficial el que efectuaron los agentes antes mencionados. Razones por las cuales es procedente declarar con lugar el motivo de casación invocado. 4. Es correcto señalar que el registro que se practica a una persona puede comprometer la libertad y hasta la intimidad, pero tal compromiso es tan fugaz cuando se trata de un registro personal (cacheo), que la ley lo admite cuando se busca con él mantener la seguridad de la población mediante actos de prevención del delito que particularmente deben realizar los agentes de policía según dispone el artículo 5.2 de la Ley de Policía y Convivencia Social. en el caso concreto los Agentes de Policía, tenían la obligación de realizar actos preventivos de carácter general, pues así se los mandaba el artículo 24.22 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. DECISIÓN. Se declara ha lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 206, 207, 338, 359, 362 y 363 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo interpuesto por la Abogada Lourdes Rivas Arita, en su condición de fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, por medio de la cual absolvió de responsabilidad penal al señor Genis Josué Siliezar Vindel, como autor responsable de la comisión del delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Salud de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Casa la sentencia. Tercero: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha veintitrés de abril del dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha tres de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 452-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

[1] Sentencia Penal SP 354-2010 de fecha 15-04-13

[2] UNO. En fecha veinte de junio del año dos mil doce, cuando era aproximadamente las cinco de la tarde, a la altura del desvío que conduce del Municipio de La Unión, al Municipio de Cucuyagua, ambos del Departamento de Copán, Agentes de la Policía Nacional Preventiva, se encontraban en un operativo de rutina, en virtud del cual, requirieron al señor DENIS DONALDO RAMÍREZ PEÑA, para que presentara los documentos del vehículo en el que se conducía, el que se describe como una motocicleta color azul, marca Honda, sin placas, mismas que tenían reporte de haber sido despojada a su propietario. Seguros Atlántida S.A., circunstancia, de su procedencia, que era conocida por el señor Ramírez Peña. DOS El señor DENIS DONALDO RAMIREZ PEÑA, portaba en ese momento, fotocopia de un documento referido a permiso de circular sin placas, el cual registraba datos falsos, sobre el mencionado vehículo.