Sentencia CP-448-17 — Registro 12583
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el MP, contra la sentencia de primera instancia que absolvió a la imputada del delito de Homicidio Simple y Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa y se condenó por el delito de Homicidio Culposo y Lesiones Leves Culposas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."EL MOTIVO ES DE RECIBO. Conforme el recurso planteado, esta Sala de lo Penal procedió a hacer una revisión exhaustiva de los juicios de valor que ha externado el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el juicio y en efecto encuentra que las reglas del correcto pensamiento humano fueron transgredidas por éste en el momento de valorar cierta prueba. En el caso de la declaración de la imputada Maria Julia Hernández, el Juez A-quo estableció que: “… de la inmediatez y psicología pura se extrae que la noticia provocó en la acusada ira, descontento, imaginándose lo peor en perjuicio de su hijo Juan Jose, tal como ella reitera aún no se repone de la pérdida de dos hijos y su esposo; para el Juzgador esta situación le provocó un trance en el cual de la calma se traslada a la ira, enojo y rencor, esto sin menoscabo de los resentimientos guardados en su interior, por estas disputas pecuniarias entre familia; todo esto conlleva a accionar o manipular el arma de fuego sin control, pues hace los disparos de forma imprudente, impactando uno de ellos en la menor ofendida que ante la lesión de órgano vital pierde la vida la menor Escarleth Gissel Hernández y otro de los disparos fue a impactar en el tercer dedo mano izquierda y región interna primer dedo mano izquierda de dona Reina Isabel Velasquez.” Dicho razonamiento violenta gravemente la regla lógica de derivación en su principio de veracidad y razón suficiente, pues el Sentenciador ha externado razonamientos que no se desprenden de ningún medio de prueba, ni siquiera de la declaración de la propia acusada; el establecer que la perdida de familiares hacen que la acusada entre en un trance sin contar con prueba científica o psicológica que confirme sus conclusiones, hacen que el razonamiento del Juzgador sea contrario a las reglas del correcto pensamiento humano; recordemos que el Juez no puede constituirse en un todólogo, por eso en el desarrollo del proceso penal se presentan varios profesionales en distintas ramas que con sus conocimientos ilustran al togado acerca de esa materia o de esa experticia en particular; pero verter opiniones personales acerca de lo que el Juzgador cree que pasó en la mente o en la conducta de un acusado o de un testigo, es ir más allá de las facultades que todo Juez posee, externar este tipo de conclusiones ante la declaración de una acusada que en ningún momento estableció que sintió ira o descontento, tampoco advirtió si disparó o no, ni si poseía el arma de fuego o si era de su propiedad, pues la declaración de la acusada prácticamente se basa en justificar su accionar por los terribles sucesos que ha pasado en su vida, pero en ningún momento se presenta arrepentida o apesarada por la pérdida de una niña que no solo era su pariente, sino que además no tenía ninguna relación directa con el hecho de que su hijo fuese apuñalado, tan solo ser la hija del causante de las lesiones a su vástago. En relación al dictamen de autopsia de la menor Escarleth Gissel Hernández, el Tribunal de Sentencia por mayoría lo valora diciendo: “Según dictamen médico, la perito consigna herida penetrante en tórax, con lesión a órganos vitales, mecanismo utilizado: arma de fuego; lo que es coherente con lo que declararon los testigos de cargo. Para este tribunal se acredita el elemento objetivo “dar muerte” empero de la forma del iter lógico narrado por cada uno de los propios testigos de cargo, se percibe la “ausencia de dolo” esto por el hecho que la menor no era el objetivo visualizado por el sujeto activo, es decir la dinámica comienza con una discusión entre parientes, en la cual ni siquiera se encontraba la enjuiciable… sobre la contienda entre Venancio y Juan José, que le estaba matando a su hijo, su propio hermano, de aquí esta perturbada y nerviosa se desplaza al lugar portando arma de fuego y como ella lo refiere su estado es vulnerable ante la pérdida de anteriores hijos, según ella refirió de forma violenta y la muerte de su esposo, la psicología nos induce en observar esa condición o estado “psíquico” que nos permite desconectarnos de la razón; por ende cuando ésta llega a lugar y observa la pelea entre Venancio y Juan Jose, entra en shock, sustrayéndose la hormona de la razón, que de inmediato entra en crisis, produciéndole un desmayo y al volver a la realidad, su subconsciente recicla la información más traumática de ese evento, por lo que de forma descontrolada dispara sin visualizar objetivo alguno, sino producto de la ira y descontrol emocional, encontrándose en el paso de los disparos, la menor producto de esa crisis nerviosa de la enjuiciable.” Nuevamente el Juez A-quo transgrede la regla de la lógica al externar este tipo de razonamientos pues no cuenta con pruebas que corroboren sus conclusiones, en primer lugar está valorando el dictamen de autopsia de la menor ofendida, en dicho dictamen en ningún momento el galeno advirtió que haya evaluado de manera alguna a la acusada y haya extraído las conclusiones a las que arriban los Sentenciadores en mayoría, concluir que la acusada entró en shock, que se le sustrajo la hormona de la razón, que su subconsciente recicló la información más traumática de ese evento, por lo que de forma descontrolada disparó sin visualizar objetivo alguno, es contrario a las regla de la lógica de la derivación pues no hay medio de prueba que avale dichas conclusiones, como lo decíamos párrafos arriba, ni la propia acusada advirtió todos esos detalles; las conclusiones del Sentenciador en su mayoría constituyen inferencias personales que solo están en la mente del Juzgador, eso es lo que cree que sucedió pero no es posible determinar que en efecto así ocurrió, violentando gravemente las reglas de la sana crítica pues ha externado juicios de valor incoherentes e incorrectos. En cuanto a la declaración de la ofendida Reyna Isabel Velasquez Ordoñez y la de la menor Sindy Carolina Velasquez, quien es hermana de la ahora occisa y estuvo presente en los hechos, el Juzgador estableció: “Obsérvese que ambas declaraciones guardan relación conforme a la dinámica escénica, en aras siempre de la psicología y sana crítica entendemos, que la reyerta se suscita por razón de una casa de habitación, existiendo malestar entre los hermanos; obviamente entendemos conforme a la lógica y a la experiencia común este malestar entre los sujetos de aquella escena es de hace vario tiempo, estas discrepancias conforme al tiempo se arraigan el interior de los sujetos propios de las mismas, de aquí partimos en esos desacuerdos en los cuáles se involucran familiares que a su vez se ven divididas de acuerdo a los intereses pecuniarios del momento, de aquí que si hubo un desenlace fatal, cuyas víctimas son los pasivos de autos, se observa claramente que las mismas no eran objeto de animus necandi, por parte de la enjuiciable, tal como infirió anteriormente, este resultado es simplemente producto de desavenencias, desacuerdos, disputas familiares, que insertos en una tribulación momentánea no razonan su actuar si no actúan en el ímpetu de la ira del momento, es esto lo que le paso a la enjuiciable y del cual su actuar se sujeta a la culpa y no al dolo.” Sobre este punto el Tribunal Sentenciador incurren en una confusión en cuanto a dos de los elementos de la teoría del delito, es decir la tipicidad y la culpabilidad. En la TIPICIDAD es preciso que la acción llevada a cabo se encuentre castigada legalmente, esto es, penada por la ley. Esa regulación legal es precisamente la que comporta la tipicidad de la acción. Una vez constatada la existencia de la acción, seguidamente debe valorarse la relevancia penal de la misma, comprobar si encaja en un posible delito. A tal efecto, el ilícito penal únicamente puede estar establecido por la ley, en cumplimiento del principio de legalidad. No cabe definir una conducta punible si no es en la ley, denominándose tipos penales que constituyen una forma específica del ilícito susceptible de castigar con la pena correspondiente. El tipo penal cumple con una función motivadora al señalar a los ciudadanos cuáles son las conductas prohibidas legalmente, conminándoles a que se abstengan realizar dichas conductas. La valoración de tipicidad la lleva a cabo el Juzgador para determinar si la conducta particular y concreta encaja en el tipo penal; lo que necesariamente lleva a examinar si la conducta encaja en la descripción del tipo penal. Es la subsunción de aquella en el supuesto descrito en la norma legal. En cuanto a la CULPABILIDAD, es el elemento de la teoría del delito en el que se agrupan las circunstancias específicas que determinaron en el sujeto autor de la acción en el momento de la comisión del hecho ya calificado como típico y antijurídico. Se trata del elemento del delito en el que la persona del autor se relaciona dialécticamente con el detentador del ius puniendi. La culpabilidad actúa como la reprochabilidad de un acto típico y antijurídico, fundada en que su autor, en la situación concreta, lo ejecutó pudiendo haberse comportado de otra forma diferente. No contraviniendo el derecho. La imputabilidad establece la capacidad de conocer lo injusto, su "maldad" o inconveniencia para la sociedad, o simplemente, que esta no es apropiada; así como de reconocer la posibilidad de actuar de otra manera. Un imputable es capaz de comprender el elemento de reproche que forma parte de todo juicio penal, y, por lo tanto, si se le hallare culpable, se haría acreedor a una pena; si no lo puede comprender, será un inimputable, no le será reprochada su conducta, y el juez, eventualmente, lo podía someter a una medida de seguridad. En el caso subjudice el Juzgador debe ser claro en determinar que, en la tipicidad, si la acción de la acusada es típicamente antijurídica, es decir si reviste de dolo (intención) o imprudencia y en la culpabilidad se debe establecer si la acusada contaba con la capacidad psíquica y el conocimiento de la ilicitud para reprocharle dicha acción; pero al señalar el A-quo que la acción de la acusada es imprudente porque estaba sometida a un shock producido por los eventos familiares que le habían sucedido, es confundir los términos arriba señalados. En consecuencia, para esta Sala de lo Penal, los razonamientos del Juzgador incurren en quebranto a las reglas de la sana crítica en su postulado de derivación y razón suficiente, pues las conclusiones a las que arribó no cuenta con la coherencia y derivación que lo exige nuestra ley procesal, razones suficientes para declarar ha lugar el recurso de casación, por tanto se decreta la nulidad del debate y de la sentencia recurrida, ordenando la celebración de un nuevo juicio con jueces distintos al anulado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 448-2017 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló; Primero: absolvió a la señora María Julia Hernández de la O, del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Escarleth Gissel Hernández Velásquez. Segundo: absolvió a la señora María Julia Hernández de la O, del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Reyna Isabel Velásquez Ordóñez. Tercero: condenó a la señora María Julia Hernández de la O, como autora del delito de Homicidio Culposo, en perjuicio de la señora Escarleth Gissel Hernández Velásquez, a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Cuarto: condenó a la señora María Julia Hernández de la O, como autora del delito de Lesiones Leves Culposas, en perjuicio de la señora Reyna Isabel Velásquez Ordóñez a la pena de ocho meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Quinto: se ordenó revocar las medidas cautelares de prisión preventiva, por las contempladas en el artículo 173 numerales 6 y 7 del Código Procesal Penal siendo estas: a) Presentarse una vez al mes ante la secretaría de este tribunal, a firmar el libro de control respectivo; b) Prohibición de salida del país, debiéndose librar los oficios correspondientes a la autoridad migratoria. Dichas medidas estarán vigentes hasta que la sentencia adquiera firmeza; debiéndose dejar constancia de lo actuado la señora secretaria o en su defecto la receptora del tribunal. Sexto: se le declaró la responsabilidad civil de la señora María Julia Hernández de la O a la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito. Séptimo: no procedió condenar en costas a la señora María Julia Hernández de la O. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la Abogada Miriam Yessenia Barahona Ordoñez, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Glenda Rosario Pineda Jiménez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Mario Reniery Amador y Alba Regina Paniagua, en su condición de defensores públicos de la señora imputada, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: Como a eso de la cinco de la tarde aproximadamente, del día lunes tres (03) de agosto del año dos mil quince (2,015), la señora REYNA ISABEL VELASQUEZ ORDOÑEZ se encontraba en su casa de habitación en compañía de su esposo VENANCIO HERNANDEZ DE LA O, ubicada en la Aldea El Rincon del Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, cuando de repente llego el joven JUAN JOSE AGUILAR HERNANDEZ (hijo de Maria Hernández Velásquez), manifestándole a BENANCIO HERNANDEZ (tío de Juan José) que desocupara la vivienda porque era de la mamá, por lo que discutieron y comenzaron a forcejear; razón por la cual doña REINA ISABEL VELASQUEZ sale de la vivienda pidiendo auxilio.- SEGUNDO: La señora REINA ISABEL VELASQUEZ, se desplaza donde una vecina donde se encontraban sus menores hijas Sindy Carolina Hernández y Escarleth Isabel Velásquez, quienes salieron al escuchar el escándalo, siendo la menor Sindy Carolina quien se desplaza a buscar a doña María Julia Hernández, en la vivienda de su hija de nombre Marlen Yamileth Aguilar (hija de doña María Julia), y quién al recibir la noticia se traslada al lugar, y al observar la pelea entre su hijo y hermano se desmaya, pero al recuperarse doña María Julia Hernández, haciendo uso de un arma de fuego comienza hacer disparos de forma descontrolada, penetrando una bala en la menor ESCARLETH GISSEL HERNANDEZ en región del torax, que le causan la muerte de forma inmediata de la misma dinámica resulto herida la señora REINA ISABEL VELASQUEZ ORDOÑEZ en el tercer y primer dedo de la mano izquierda.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO UNICO: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las Reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, adolece del vicio denunciado, al haber incurrido la mayoría de los juzgadores al valorar la prueba allegada legalmente al juicio, en la violación de los Artículos 202 y el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del Código Procesal Penal, tal como a continuación se señalan: De las declaraciones de cargo se desprende que la encausada MARÍA JULIA HERNÁNDEZ el día del hecho al ser avisada que su hijo JUAN JOSÉ AGUILAR y su hermano JOSÉ VENANCIO HERNÁNDEZ, sostenían una pelea frente a la casa del señor VENANCIO, al llegar ya no encuentra a su hermano y observa a su hijo herido en suelo, por lo que, se desmaya, minutos después se levanta y se traslada hasta la casa vecina donde se encuentra la señora REINA ISABEL VELÁSQUEZ y sus hijas ESCARLETH GISSEL HERNÁNDEZ Y SINDY CAROLINA HERNÁNDEZ (esposa e hijas del Señor Venancio respectivamente), en ese momento la imputada, saca el arma de la bolsa de su delantal y dispara en contra de la señora REINA ISABEL y sus hijas, quienes en ese instante trataban de huir, siendo auxiliadas por DIONICIO HERNÁNDEZ (conocido como Leonel) hijo de la señora MARÍA JULIA, quien según los testigos resultó herido en la pierna, de manera que se puede concluir que la acción de la imputada refleja la intención de acabar con la vida de las ofendidas, ya que fue en persecución de las víctimas y disparó su arma de fuego contra ellas, por ello, no es lógico sostener que la acción descrita es producto de una conducta culposa como lo valora el juzgador, de tal forma que, es evidente el amino necandi, es decir su intención de dar muerte a las ofendidas. Es así, que la acción de la imputada está revestida de Dolo, pues fue su voluntad, hacer uso de su arma de fuego y disparar contra la humanidad de las ofendidas y causarle una herida que afecta órganos vitales que le provoca la muerte a la niña ESCARLETH GISSEL HERNÁNDEZ y dos heridas en los dedos de la señora REINA ISABEL VELÁSQUEZ, es así que, se realiza el elemento objetivo del tipo, lo que permite calificar la acción como Homicidio respecto a ESCARLETH GISSEL y Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa con relación a REINA ISABEL VELÁSQUEZ, el elemento subjetivo o volitivo se produce por la evidente voluntad de la encausada de ejecutar el acto, teniendo el conocimiento que a consecuencia de su acción puede producir la muerte de sus víctimas, por lo que, se puede concluir que el resultado de esa acción responde a la intención de la imputada de cometer el delito; el elemento cognitivo del dolo, en el presente caso la encausada tiene conciencia de su acción, sin lugar a dudas, el acto sucede de una secuencia que conlleva varios minutos para ejecutarla; la determinación con la que actuó la imputada al perseguir y disparar contra las ofendidas, razonablemente, hace llegar a la conclusión que el resultado de su acción responde a su intención, configurándose en consecuencia el elemento subjetivo del tipo. Sin embargo, el A quo, aprecia que la imputada luego del desmayo se despierta descontrolada, aunque ésta circunstancia fue cierta, su acción de disparar no se subsume en una conducta imprudente, negligente o con impericia que son hipótesis que deben concurrir para que calificar una acción como culposa; de forma, que la mayoría de los juzgadores sustentan su conclusión para calificar el delito como culposo en apreciaciones subjetivas, pues, las reglas de la psicología no permiten que el juzgador realice afirmaciones que requieren de conocimientos científicos, por tratarse del estado psíquico de la imputada. Al llegar a sus conclusiones, la mayoría de los sentenciadores valoraron la conducta delictiva como culposa e hicieron alusión a situaciones que han acontecido en la vida de la encausada, teniendo en cuenta condiciones particulares de la señora MARIA JULIA, la singularidad del evento provocador al que se vio expuesta, lo que les llevó hacer conjeturas en cuanto a su estado psíquico, es decir que la situación le provocó un trance, igualmente refiere que la imputada entra en shoc, sin embargo, se considera que en los casos en que se generen dudas acerca del estado mental del encausado, es necesario que se recurra a evaluaciones de tipo médico y psicológico, ya que estas son las únicas adecuadas y conducentes para establecer, bajo criterios científicos, si ese individuo para ese momento sufría de un verdadero trastorno mental que incidiera sobre su capacidad intelectiva, o cuando menos volitiva; pero en definitiva, para encuadrar una conducta como culposa las valoraciones que deben formularse es si el sujeto actúa con la intención de obtener ese resultado, o es producto de imprudencia, impericia o negligencia o inobservancia de reglamentos, ordenes o instrucciones. Referente al delito Culposo, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal ha establecido “Esta Sala de lo Penal, considera que en el presente caso, los hechos declarados probados no son subsumibles en el tipo penal de 1-lomicidio culposo. “Los elementos de la culpa son los siguientes: a) La voluntariedad de la acción u omisión: Se requiere en primer lugar, para que se configure la culpa, la voluntariedad de la conducta, esto es, que la acción u omisión que realiza el sujeto sea voluntaria, que pueda ser referida a la voluntad del ser humano. La voluntariedad de la acción u omisión o voluntariedad de la causa es el elemento común a todos los delitos y debe encontrarse también en el delito culposo. Se trata de la exigencia mínima para que un hecho pueda tener importancia penal. Se puede decir entonces que en la culpa, en todo caso, puede hablarse de una conducta voluntaria, y ello, aun en los casos de delitos culposos omisivos, ya que también en tales casos cabe hablar de voluntariedad en cuanto depende de la voluntad del sujeto el omitir el cuidado debido o el no prestar la atención que le imponen sus deberes; b) La involuntariedad del hecho: La falta de intención o de voluntad del resultado o del hecho, intención o voluntariedad que, caracteriza al dolo. El sujeto, por tanto, no debe haber tenido la intención de realizar el hecho constitutivo de delito; el resultado producido debe ser involuntario. No debe, sin embargo, creerse, que por ser involuntario el hecho producido, por no constituir tal resultado el fin que se propuso el sujeto, falte a la voluntad, en este caso, la tendencia a la consecución de un fin. También en el delito culposo la voluntad tiende a un fin, aunque en este caso es diverso al que efectivamente se produce por la acción del sujeto; c) Que el hecho no querido se verifique por la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos, ordenes o instrucciones. Se requiere en tercer lugar que el hecho no querido sea la consecuencia de un comportamiento voluntario, contrario a las normas o reglas de conducta que imponen al hombre que vive en sociedad una actuación prudente y diligente en forma tal de evitar hechos dañosos, en lo cual radica la esencia de la culpa” . En el caso de merito, se evidencia que el actuar de la acusada fue realizado en plena conciencia y con toda la voluntad de ejecutarlo, siendo notoria su conocimiento en cuanto a lo prohibido de su accionar. De manera que, los sentenciadores deben expresar en el Fallo los razonamientos en que basan su decisión para absolver o condenar, pero esos razonamientos deben fundamentarse en el sistema de la sana crítica razonada, o sea, en los principias de la lógica, las máximas de la experiencia común o las reglas de la psicología, que le hubieran servido para valorar los medios de prueba incorporados válidamente al proceso y en los cuales sustente su convicción sobre la existencia o no del hecho delictuoso objeto de la acusación y la posible culpabilidad del imputado; concretamente sobre las Reglas de la Psicologia, estas le permiten al tribunal la observación en caso que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta u otra actitud reveladora con la cual se advierta que el testigo ha sido preparado o que su declaración es falsa; en ese sentido, el juez debe aplicar dichos criterios al momento de efectuar la valoración de las pruebas, como por ejemplo valorar desde el punto de vista de la psicología, la credibilidad, mediante cualquier medio de prueba pertinente, con base en el comportamiento del testigo mientras declara o en la forma en que lo hace; en la naturaleza o carácter del testimonio, en el grado de capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar los hechos sobre los que declara, en la existencia de cualquier prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad que pudiera afectar el testimonio, o en manifestaciones o declaraciones anteriores del testigo. Distinto es la aplicación de la Psicología forense, pues esta, es una rama de la Psicología Legal que se ocupa de auxiliar al proceso de administración de Justicia, a través de la cual, un experto o perito que posee formación en área de la psicología auxilia técnica y científicamente la investigación judicial de manera que el Juez recibe información que le aporta razones y argumentos al momento de dictar su fallo; De ahí, la necesidad en el caso de merito de recurrir a este medio de prueba pericial, para establecer objetivamente las condiciones psicológicas de la Imputada, lo que le hubiese dado validez y fundamento a la resolución emitida por el tribunal de Sentencia, a fin de llegar a la verdad científica que corrobore la hipótesis, ya que es inaceptable las apreciaciones y suposiciones efectuadas por la mayoría de los Juzgadores respecto a las condiciones psíquicas de la señora María Julia Hernández, para fundamentar el fallo. Es precisamente sobre esa desacertada conclusión arribada por la mayoría del Tribunal que recae nuestro reproche recursivo, ya que evidentemente se denota que se apartó por completo de las reglas de la lógica, específicamente del postulado de derivación en su principio de razón suficiente en su característica de veracidad, lo cual conllevó que se afectará su decisión final como resultado de su errónea valoración, por cuanto los razonamientos expuestos por la mayoría de los juzgadores para desvalorar la deposición de los testigos de cargo en cuanto a que la señora MARIA JULIA disparó directamente contra las ofendidas, no se derivan de elementos auténticos, ya que las mismas constituyen inferencias propias de su imaginación que no tienen apoyo en prueba alguna evacuada en el juicio. Partiendo del hecho, que todas las inferencias que establezca el juzgador deben ser producto de prueba producida en juicio, para que la desacreditación de los testigos tenga validez y sea veraz previo, deben existir elementos probatorio ya sea de cargo o de descargo que así lo evidencien. Por otro lado, dejó de considerar que el conocimiento de los hechos narrado por los testigos REINA ISABEL VELÁSQUEZ ORDOÑEZ, SINDY CAROLINA HERNÁNDEZ VASQUEZ, GABRIELA SARAHÍ GUTIERREZ MEDINA Y OLVIN GEOVANY MUÑOZ AGUILAR provienen de la percepción directa de sus sentidos, por lo que, es lógico que los deponentes describiesen la dinámica de los hechos, coincidiendo en el hechos que la encausada persiguió a las ofendidas y disparó contra ellas, contrario a lo valorado por la mayoría de los Juzgadores. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Penal, en sentencia de fecha 11 de Noviembre del 2009 contenida en el expediente SP- 177-2008 ha dicho; “la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. (lo subrayado es nuestro). Basándonos en la jurisprudencia citada, y aplicando la misma al caso sub judice, se advierte que la mayoría de los Juzgadores no se basa a efecto de valorar la prueba en la triple Comprobación que nos habla la Sala de lo Penal, pues como antes mencionamos, su razonamiento no se deriva de prueba válida que lo haga suponer el descrédito que le mereció la narración de hechos por parte de los testigos presénciales; tampoco se probó, que facultades mentales de la encausada estaba afectado como para no comprende o no conocer la ilicitud de su conducta. En conclusión reiteramos que la conducta ejecutada por la encausada responde a su intención de realizar el hecho constitutivo de delito, como considera del Juez disidente. En síntesis, la prueba fue apta y suficiente para enervar el Estado de Inocencia del procesado en el sentido de la acusación, lo cual la mayoría del Tribunal no fue capaz de extraer de dicha fuente de convencimiento dada su errónea valoración en la prueba en la manera antes señalada, generando el vicio in procedendo susceptible de recurrir vía casación; vicio éste que procedemos a anunciarlo hasta en este momento, ya que el mismo se produjo en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente, y consecuentemente no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio.” Fundamentación
Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica Reclamación ex-ante: vicio que se produjo en el acto mismo de sentenciar. Pretensión: casar el fallo impugnado y ordenar el reenvío y evacuación de un nuevo juicio.
Explicó la recurrente que de las declaraciones de cargo se desprende que la encausada el día del hecho, al ser avisada que su hijo Juan José Aguilar y su hermano José Venancio Hernández sostenían una pelea frente a la casa; al llegar al lugar su hermano no estaba y observa a su hijo herido en el suelo, por lo que se desmaya unos minutos, después se levanta y se traslada hasta la casa vecina donde se encuentra la señora Reina Isabel Velasquez y sus hijas Escarleth Gissel Hernández y Sindy Carolina Hernández (esposa e hijas del señor Venancio) en ese momento la imputada saca el arma de fuego de la bolsa del delantal y dispara en contra de la señora Reina Isabel y sus hijas, quienes en ese instante trataban de huir. Para la recurrente no es lógico sostener que la acción de la imputada es producto de una conducta culposa como lo valora el Juzgador, pues es evidente el animo necandi, es decir su intención de dar muerte a las ofendidas, por lo que la acción de la acusada esta revestida de dolo. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio.
El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En la valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Conforme el recurso planteado, esta Sala de lo Penal procedió a hacer una revisión exhaustiva de los juicios de valor que ha externado el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el juicio y en efecto encuentra que las reglas del correcto pensamiento humano fueron transgredidas por éste en el momento de valorar cierta prueba. En el caso de la declaración de la imputada Maria Julia Hernández, el Juez A-quo estableció que: “… de la inmediatez y psicología pura se extrae que la noticia provocó en la acusada ira, descontento, imaginándose lo peor en perjuicio de su hijo Juan Jose, tal como ella reitera aún no se repone de la pérdida de dos hijos y su esposo; para el Juzgador esta situación le provocó un trance en el cual de la calma se traslada a la ira, enojo y rencor, esto sin menoscabo de los resentimientos guardados en su interior, por estas disputas pecuniarias entre familia; todo esto conlleva a accionar o manipular el arma de fuego sin control, pues hace los disparos de forma imprudente, impactando uno de ellos en la menor ofendida que ante la lesión de órgano vital pierde la vida la menor Escarleth Gissel Hernández y otro de los disparos fue a impactar en el tercer dedo mano izquierda y región interna primer dedo mano izquierda de dona Reina Isabel Velasquez.” Dicho razonamiento violenta gravemente la regla lógica de derivación en su principio de veracidad y razón suficiente, pues el Sentenciador ha externado razonamientos que no se desprenden de ningún medio de prueba, ni siquiera de la declaración de la propia acusada; el establecer que la perdida de familiares hacen que la acusada entre en un trance sin contar con prueba científica o psicológica que confirme sus conclusiones, hacen que el razonamiento del Juzgador sea contrario a las reglas del correcto pensamiento humano; recordemos que el Juez no puede constituirse en un todólogo, por eso en el desarrollo del proceso penal se presentan varios profesionales en distintas ramas que con sus conocimientos ilustran al togado acerca de esa materia o de esa experticia en particular; pero verter opiniones personales acerca de lo que el Juzgador cree que pasó en la mente o en la conducta de un acusado o de un testigo, es ir más allá de las facultades que todo Juez posee, externar este tipo de conclusiones ante la declaración de una acusada que en ningún momento estableció que sintió ira o descontento, tampoco advirtió si disparó o no, ni si poseía el arma de fuego o si era de su propiedad, pues la declaración de la acusada prácticamente se basa en justificar su accionar por los terribles sucesos que ha pasado en su vida, pero en ningún momento se presenta arrepentida o apesarada por la pérdida de una niña que no solo era su pariente, sino que además no tenía ninguna relación directa con el hecho de que su hijo fuese apuñalado, tan solo ser la hija del causante de las lesiones a su vástago. En relación al dictamen de autopsia de la menor Escarleth Gissel Hernández, el Tribunal de Sentencia por mayoría lo valora diciendo: “Según dictamen médico, la perito consigna herida penetrante en tórax, con lesión a órganos vitales, mecanismo utilizado: arma de fuego; lo que es coherente con lo que declararon los testigos de cargo. Para este tribunal se acredita el elemento objetivo “dar muerte” empero de la forma del iter lógico narrado por cada uno de los propios testigos de cargo, se percibe la “ausencia de dolo” esto por el hecho que la menor no era el objetivo visualizado por el sujeto activo, es decir la dinámica comienza con una discusión entre parientes, en la cual ni siquiera se encontraba la enjuiciable… sobre la contienda entre Venancio y Juan José, que le estaba matando a su hijo, su propio hermano, de aquí esta perturbada y nerviosa se desplaza al lugar portando arma de fuego y como ella lo refiere su estado es vulnerable ante la pérdida de anteriores hijos, según ella refirió de forma violenta y la muerte de su esposo, la psicología nos induce en observar esa condición o estado “psíquico” que nos permite desconectarnos de la razón; por ende cuando ésta llega a lugar y observa la pelea entre Venancio y Juan Jose, entra en shock, sustrayéndose la hormona de la razón, que de inmediato entra en crisis, produciéndole un desmayo y al volver a la realidad, su subconsciente recicla la información más traumática de ese evento, por lo que de forma descontrolada dispara sin visualizar objetivo alguno, sino producto de la ira y descontrol emocional, encontrándose en el paso de los disparos, la menor producto de esa crisis nerviosa de la enjuiciable.” Nuevamente el Juez A-quo transgrede la regla de la lógica al externar este tipo de razonamientos pues no cuenta con pruebas que corroboren sus conclusiones, en primer lugar está valorando el dictamen de autopsia de la menor ofendida, en dicho dictamen en ningún momento el galeno advirtió que haya evaluado de manera alguna a la acusada y haya extraído las conclusiones a las que arriban los Sentenciadores en mayoría, concluir que la acusada entró en shock, que se le sustrajo la hormona de la razón, que su subconsciente recicló la información más traumática de ese evento, por lo que de forma descontrolada disparó sin visualizar objetivo alguno, es contrario a las regla de la lógica de la derivación pues no hay medio de prueba que avale dichas conclusiones, como lo decíamos párrafos arriba, ni la propia acusada advirtió todos esos detalles; las conclusiones del Sentenciador en su mayoría constituyen inferencias personales que solo están en la mente del Juzgador, eso es lo que cree que sucedió pero no es posible determinar que en efecto así ocurrió, violentando gravemente las reglas de la sana crítica pues ha externado juicios de valor incoherentes e incorrectos. En cuanto a la declaración de la ofendida Reyna Isabel Velasquez Ordoñez y la de la menor Sindy Carolina Velasquez, quien es hermana de la ahora occisa y estuvo presente en los hechos, el Juzgador estableció: “Obsérvese que ambas declaraciones guardan relación conforme a la dinámica escénica, en aras siempre de la psicología y sana crítica entendemos, que la reyerta se suscita por razón de una casa de habitación, existiendo malestar entre los hermanos; obviamente entendemos conforme a la lógica y a la experiencia común este malestar entre los sujetos de aquella escena es de hace vario tiempo, estas discrepancias conforme al tiempo se arraigan el interior de los sujetos propios de las mismas, de aquí partimos en esos desacuerdos en los cuáles se involucran familiares que a su vez se ven divididas de acuerdo a los intereses pecuniarios del momento, de aquí que si hubo un desenlace fatal, cuyas víctimas son los pasivos de autos, se observa claramente que las mismas no eran objeto de animus necandi, por parte de la enjuiciable, tal como infirió anteriormente, este resultado es simplemente producto de desavenencias, desacuerdos, disputas familiares, que insertos en una tribulación momentánea no razonan su actuar si no actúan en el ímpetu de la ira del momento, es esto lo que le paso a la enjuiciable y del cual su actuar se sujeta a la culpa y no al dolo.” Sobre este punto el Tribunal Sentenciador incurren en una confusión en cuanto a dos de los elementos de la teoría del delito, es decir la tipicidad y la culpabilidad. En la tipicidad es preciso que la acción llevada a cabo se encuentre castigada legalmente, esto es, penada por la ley. Esa regulación legal es precisamente la que comporta la tipicidad de la acción. Una vez constatada la existencia de la acción, seguidamente debe valorarse la relevancia penal de la misma, comprobar si encaja en un posible delito. A tal efecto, el ilícito penal únicamente puede estar establecido por la ley, en cumplimiento del principio de legalidad. No cabe definir una conducta punible si no es en la ley, denominándose tipos penales que constituyen una forma específica del ilícito susceptible de castigar con la pena correspondiente. El tipo penal cumple con una función motivadora al señalar a los ciudadanos cuáles son las conductas prohibidas legalmente, conminándoles a que se abstengan realizar dichas conductas. La valoración de tipicidad la lleva a cabo el Juzgador para determinar si la conducta particular y concreta encaja en el tipo penal; lo que necesariamente lleva a examinar si la conducta encaja en la descripción del tipo penal. Es la subsunción de aquella en el supuesto descrito en la norma legal. En cuanto a la culpabilidad, es el elemento de la teoría del delito en el que se agrupan las circunstancias específicas que determinaron en el sujeto autor de la acción en el momento de la comisión del hecho ya calificado como típico y antijurídico. Se trata del elemento del delito en el que la persona del autor se relaciona dialécticamente con el detentador del ius puniendi. La culpabilidad actúa como la reprochabilidad de un acto típico y antijurídico, fundada en que su autor, en la situación concreta, lo ejecutó pudiendo haberse comportado de otra forma diferente. No contraviniendo el derecho. La imputabilidad establece la capacidad de conocer lo injusto, su "maldad" o inconveniencia para la sociedad, o simplemente, que esta no es apropiada; así como de reconocer la posibilidad de actuar de otra manera. Un imputable es capaz de comprender el elemento de reproche que forma parte de todo juicio penal, y, por lo tanto, si se le hallare culpable, se haría acreedor a una pena; si no lo puede comprender, será un inimputable, no le será reprochada su conducta, y el juez, eventualmente, lo podía someter a una medida de seguridad. En el caso subjudice el Juzgador debe ser claro en determinar que, en la tipicidad, si la acción de la acusada es típicamente antijurídica, es decir si reviste de dolo (intención) o imprudencia y en la culpabilidad se debe establecer si la acusada contaba con la capacidad psíquica y el conocimiento de la ilicitud para reprocharle dicha acción; pero al señalar el A-quo que la acción de la acusada es imprudente porque estaba sometida a un shock producido por los eventos familiares que le habían sucedido, es confundir los términos arriba señalados. En consecuencia, para esta Sala de lo Penal, los razonamientos del Juzgador incurren en quebranto a las reglas de la sana crítica en su postulado de derivación y razón suficiente, pues las conclusiones a las que arribó no cuenta con la coherencia y derivación que lo exige nuestra ley procesal, razones suficientes para declarar ha lugar el recurso de casación, por tanto se decreta la nulidad del debate y de la sentencia recurrida, ordenando la celebración de un nuevo juicio con jueces distintos al anulado. Decisión. Se declara ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362 numeral 3, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo interpuesto por la Abogada Miriam Yessenia Barahona Ordoñez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra la señora Maria Julia Hernández de la O, a quien se le absolvió del delito de Homicidio Simple en perjuicio de Escarleth Gissel Hernández Velasquez; se le absolvió de delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de Reyna Isabel Velasquez Ordoñez; además se le condenó por el delito de Homicidio Culposo en perjuicio de Escarleth Gissel Hernández Velasquez y se le condenó por el delito de Lesiones Leves Culposas en perjuicio de Reyna Isabel Velasquez Ordoñez. Segundo: Casa la sentencia recurrida. Tercero: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada Coordinadora José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-448 -2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL