Sentencia CP-446-17 — Registro 12582
Resumen
En primera instancia se condena a los imputados como autores del delito de Asesinato, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de Casación ante el recurso interpuesto ha realizado una revisión exhaustiva del fallo recurrido y no encuentra que en las actuaciones y argumentos del Sentenciador se haya conculcado derecho alguno que merezca reproche casacional. En el apartado “Valoración de la Prueba” el Juzgador razona las declaraciones testificales de Jimy Oney Flores, quien es hijo del ahora ofendido y relata los problemas que tenía su padre el señor Abelino Flores Bonilla con los ahora imputados, pues éstos amenazaban a su papá y tuvieron varios altercados, incluso atentados; también se escuchó la declaración de la señora Martha Lidia Sorto Aguilar, quien era la esposa del ofendido y confirmó los dichos de su hijo, estableció que los problemas con los imputados comenzaron en el 2008 debido al alquiler de un pastizal, expuso que los ahora acusados los conoce desde pequeños pues son sobrinos de su esposo; se presentó a declarar también el testigo protegido clave “A” quien afirmó que se encontraba trabajando como a unos 30 metros y delante de él iba el señor Abelino, entonces en una subida él dio la vuelta y se escuchó los disparos, el testigo corrió a ver y vio al señor tirado en el suelo, de pronto observó 3 individuos brincando del lado izquierdo a la calle y reconoció a Adolfo Santos y a Pedro Santos, afirmó observar a Adolfo con la escopeta y a Pedro con un revólver y el que no reconoció andaba también armado; en similares circunstancias declaró el testigo protegido “B” que vio a Abelino que venía delante de él y escuchó dos disparos y fue a ver qué pasaba y miró tres personas que conoce entre ellos: Pedro Santos, Adolfo Santos y Migdonio Santos, todos iban armados, Pedro le sacó el arma a Abelino, al ver eso se escondió y a los minutos regresó a ver y encontró a don Abelino tirado en el suelo; por último se contó con la deposición de testigo clave “C” quien manifestó que tenía poco tiempo de conocer la aldea, el ofendido lo invitó varias veces y le decía que tenía problemas con los acusados, ellos me mandaron a decir que no anduviera con Abelino porque si no él también iba a caer. De dichas declaraciones el Juzgador emitió sus juicios de valor expresando que los testigos protegidos “A” y “B” son elocuentes y categóricos al manifestar que pudieron apreciar que el día de los hechos tres personas atacaron al occiso Abelino Flores, el testigo protegido pudo reconocer a dos, a Pedro Santos y Adolfo Santos, mientras que el testigo protegido “B” reconoció a tres, Adolfo, Pedro y Migdonio todos de apellidos Santos, ambos testigos afirmaron que los acusados andaban armados, observaron el desarrollo de los hechos y sus versiones se concatenan con la declaración del testigo protegido “C” quien es testigo de referencia pues manifestó que conocía a Abelino y este le expresó que tenía problemas con sus sobrinos; afirmó el A-quo que las declaraciones de los testigos protegidos “A” y “B” concuerdan con las demás declaraciones testificales que son de referencia al manifestar que el móvil de los hechos fue la enemistad entre los acusados y el ahora occiso; de tales declaraciones el Sentenciador las considera de certeza y con veracidad, pues fueron categóricos en sus afirmaciones al sostener que los acusados tenían motivos particulares para quitarle la vida. Para este Sala de lo Penal existe suficiente prueba con la cual el sentenciador respalda su posición de condena para los imputados, las declaraciones de los testigos protegidos son contundentes en establecer que observaron cuando los ahora acusados iban en veloz carrera luego de asestarle disparos a la víctima; si bien no son claros en determinar que hayan observado el momento exacto en que disparan a la humanidad del señor Abelino Flores Bonilla; si son categóricos al determinar que observan minutos antes y minutos después del hecho, además de reconocer a los procesados pues les conocían con anterioridad, observan que los imputados portaban armas de fuego y salían en veloz carrera, por lo que si conformamos un silogismo en el cual la premisa mayor lo constituye el hecho de que los ahora testigos observaron cuando el ofendido iba caminando, luego ambos deponentes escuchan disparos; como premisa menor lo constituye el hecho de que al llegar los testigos a la escena del crimen encuentran al ofendido en el suelo baleado y además observan a los ahora imputados huyendo del lugar; por lo que, la conclusión lógica es que los señores Adolfo Santos Flores y Pedro Santos Flores dispararon contra su humanidad lo que le provocó su muerte; por lo que, los razonamientos del Sentenciador son correctos. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte; además los medios probatorios fueron presentados y evacuados mediante los procedimientos que establece nuestra ley procesal, misma que fue sometida al contradictorio por las partes y fue capaz de enervar el estado de inocencia que poseían los señores Pedro Santos Flores y Adolfo Santos Flores; en ese sentido no es cierta la posición de los recurrente al considerar que se han violentado dichas garantías constitucionales, sino que la misma fue sometida ante la contundencia y abundancia probatoria, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017.
A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las pecontrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Pedro Santos Flores y Adolfo Santos Flores, la pena de 20 años de reclusión por un delito de Asesinato en perjuicio de Abelino Flores Bonilla. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de Asesinato, se penaliza en el artículo 193, cuya pena es de 20 a 25 años de prisión. En el caso sometido a juzgamiento se establece que los señores Pedro Santos Flores y Adolfo Santos Flores le quitaron la vida por sorpresa al ahora occiso Abelino Flores Bonilla, imponiéndole una pena de 20 años de reclusión, pena que se encuentra dentro del margen de la nueva ley penal, por lo que no procede la aplicación retroactiva del decreto 130-2017...."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle por ausencia justificada de Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 446-2017 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de julio del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual; Primero: condenó al señor Pedro Santos Flores, como autor del delito de Asesinato en perjuicio del señor Abelino Flores Bonilla, a la pena de veinte años de reclusión. Segundo: condenó al señor Adolfo Santos Flores, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Abelino Flores Bonilla, a la pena de veinte años de reclusión. Tercero: condenó a los señores Pedro Santos Flores y Adolfo Santos Flores, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Cuarto: absolvió al señor Pedro Santos Flores, del delito de Robo en perjuicio del señor Abelino Flores Bonilla. Quinto: absolvió al señor Adolfo Santos Flores, del delito de Robo en perjuicio del señor Abelino Flores Bonilla. Sexto: declaró a los señores Pedro Santos Flores y Adolfo Santos Flores, responsables civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido. Séptimo: se ordenó el comiso de un proyectil de arma de fuego. Octavo: no procede la condena en costas a los señores Pedro Santos Flores y Adolfo Santos Flores. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, los Abogados Luis Enrique Larios Fonseca y Roger Emilio Medina Ramos, defensores privados de los acusados. Son Partes en la única instancia: Los Abogados Luis Enrique Larios Fonseca y Roger Emilio Medina Ramos, en su condición de defensores privados de los señores acusados, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: En fecha Veintidós (22) de Agosto del año dos mil quince (2015), aproximadamente a las dos con treinta (2:30 pm) de la tarde, el señor ABELINO FLORES BONILLA, se desplazaba por una calle de nombre calle de Los Socios, en Aldea La Brea, de este municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, cuando de repente fue interceptado por los señores PEDRO SANTOS FLORES Y ADOLFO SANTOS FLORES y otra persona, salieron de una maleza portando armas de fuego y disparan contra la humanidad de ABELINO FLORES BONILLA, quien pierde la vida en el instante, producto de las heridas producidas por las armas de fuego, que disparan los acusados.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, se configura al condenar el Tribunal de Sentencia al imputado por los delitos de ASESINATO en perjuicio de ABELINO FLORES BONILLA, quebrantando el estado de inocencia, existiendo duda razonable sobre la participación de los señores. ADOLFO SANTOS FLORES y PEDRO SANTOS FLORES, en los hechos. Explicamos el vicio de la siguiente forma: EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION Las norma que ha violentado gravemente el Juzgador, son los contenidos en los artículos: 89 y 90 de La Constitución de la República, que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”, Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derecho y garantías que la Ley establece”. Estas normas Constitucionales en relación a lo que establecen los artículos: 1 y 2 del código procesal penal que dicen: Articulo 1.- Juicio previo, “Ninguna persona podrá ser condenada a una pena, ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en juicio oral y público llevado a cabo conforme a los principios establecidos en la Constitución de La República, los Tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado” : Articulo 2.- Estado de Inocencia:. “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declara su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código”. PRIMERO: En el acápite denominado Valoración de la Prueba, el Tribunal por Unanimidad señala que las declaraciones de los testigos de cargo A y B merecen credibilidad por haber sido pronunciadas sus declaraciones de manera elocuente y categóricas al manifestar que pudieron observar los hechos, así como a los victimarios, refiere que sus testimonios son de suma trascendencia por haber identificado a los autores con sus respectivas armas. Según el sentenciador, “se establecen indicio de oportunidad el hecho de que de que ambos imputados en compañía de un tercero según testimonio de testigos protegidos A y B pudieron observar que el 22 de agosto del año 2015 los acusados en compañía de un tercero, con armas de fuego acometen en contra de la humanidad de la víctima quitándole la vida, identificándolos con nombre y apellido, continua declarando el Testigo Protegido Clave A.- Ese día eran las 2.02 minutos de la tarde, Yo me encantaba trabajando en el lugar que dicen Los Guamiles, delante de mi iba un señor llamado don Abelino, entonces, en una subida, el dio la vuelta, y de pronto escuche los disparos, corrí haber que era, y bidé al señor tirado en el suelo de pronto, vi tres individuos, brincar del lado izquierdo a la calle, la persona que iba delante de mí era Abelino flores, el iba como a una distancia de 30 metros delante de mí, solo había una persona ahí, escuche dos disparos, al escucharlos salí corriendo atrás cuando escuche los disparos salí para atrás, me escondí en el monte…… Testigo Protegido Clave B.- En su testimonio refiere. Yo ese día venia de una aldea del Playón, y de ahí yo venía para otro lugar y mire al señor Abelino Flores que venía delante de mí a una distancia de 30 metros, de allí escuche dos disparos, y yo corrí haber que pasaba, de ahí yo del miedo me escondí en el monte, de ahí fue que vi a tres que yo conocí que eran Adolfo Santos Pedro Santos, Migdonio Santos a quien vi con escopeta fue Adolfo Sánchez y Migdonio, con revolver fue a Pedro Santos, quien le sacó el arma a don Abelino fue Pedro Santos, entonces al ver eso de regreso me escondí, y yo vi al señor Abelino en el suelo...... Escuche dos disparos, los disparos se le hicieron a don Abelino Flores, cuando llegue donde estaba el estaba en el suelo. SEGUNDO: En base a la prueba testifical, el juzgador logra llegar a la convicción que los acusados le dieron muerte a ABELINO FLORES; no obstante, dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso, ello, en primer término, debido a que con la declaración de los testigos protegidos A y B ambos refiriéndose específicamente y así los dicen sus declaraciones venían atrás de la víctima a una distancia de 30 metros, logrando escuchar dos disparos lo que los llena de incertidumbre a que se debían, esas detonaciones y al aproximarse a al lugar de donde provenían los disparos observan ya en el hecho al señor Abelino Flores sin vida.... Es de señalar que en el presente Juicio carece de prueba científica que pudiese haber sido confrontada en su momento para determinar con exactitud, el tipo de arma, las comparaciones de los casquillos versus armas decomisadas, las cuales no fueron decomisadas.- De acuerdo a las reglas de la sana crítica, la experiencia común se puede llegar a la conclusión que ambos testigos NO son presenciales del hecho, aun y cuando tuvieron conocimiento del hecho por los vecinos, no observaron fielmente el mismo a sus victimarios. El Tribunal Sentenciador en su valoración hace argumento que los testigos A y B observan detenidamente a los acusados escondidos en la maleza esperando a su víctima, ya los testimonios de ambos son claros. Escucharon disparos la victima venia 30 metros delante de ellos... y posteriormente observan sin vida al señor Abelino Flores, en ningún momento declaran quien o quienes descargan los disparos... En conclusión en el presente caso NO hay congruencia entre el hecho probado y las pruebas ofertadas por el Ministerio Público. - Las Declaraciones vertidas por los testigos de cargo A y B son claras en establecer que venían a una distancia muy considerada de 30 metros atrás de la víctima y que solo escucharon dos disparos no observaron quien disparaba... mientras en el Hecho Probado de la Sentencia se argumenta que Los hechores se escondían en una maleza y posteriormente lo interceptan,.... Como podrá observarse en las declaraciones, según el acta del juicio oral y público, al confrontarse ambos extremos resumiremos y concluiremos en que hay una incongruencia por parte de los testigos. En cuanto a los testigo Clave C, quien declara de manera menguada que el ahora occiso tenía problemitas, sin profundizar o entrar en detalles que tipo de problemas. TERCERO: Del acta de levantamiento de cadáver. Podemos llegar a la conclusión de que la Causa aparente de muerte es HOMICIDA, y que el instrumento utilizado es un arma de fuego, del dictamen Balístico, se extrae el calibre, más el decomiso de un casquillo, no así el decomiso del arma para relacionarlo con el hecho y consecuentemente realizar la comparación de estilo, y así determinar si el arma decomisada tiene o no relación con los hechos citados. Así las Cosas haciendo una relación entre todas las declaraciones testificales, es posible advertir, Contradicciones e incongruencias en cada una de las declaraciones rendidas ente Juez, dejando serias dudas en lo referente a la identificación y participación o no de los acusados ADOLFO SANTOS FLORES y PEDRO SANTOS FLORES, razón por la cual en el presente caso los testigos de cargo que comparecieron a juicio NO son presenciales del hecho. CUARTO: En el caso de mérito, el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con las pruebas presentadas en juicio se condena los señores ADOLFO SANTOS FLORES y PEDRO SANTOS FLORES en una clara violación a la presunción de inocencia y al debido proceso, por una insuficiente actividad probatoria. En la sentencia recurrida, el juzgador no cumple con los requisitos de prueba indiciaria, ya que las declaraciones de los testigos no parten de hechos plenamente probados, por cuanto sus dichos no son corroborados por otras pruebas; por lo que se llega a la conclusión, que los imputados se le violentó su derecho constitucional de presunción de inocencia y por ende del debido proceso, al condenársele con una escasa actividad probatoria.- Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo absolviendo de toda responsabilidad a los señores ADOLFO SANTOS FLORES y PEDRO SANTOS FLORES. En tal sentido la reconocida Jurista de Origen Español, MARIA FELIX TENA ARAGON en su obra MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL, en la Lección 4, inciso 7, sobre la Presunción de Inocencia, establece: Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida... Se configura como el Derecho a no ser condenado valida.- En el presente caso se ha condenado sin prueba directa, escaza prueba y la que se ha evacuado testifical la misma ha sido referencial, han declarado testigo con alto grado de contradicciones e incongruencias, en ningún momento estuvieron presentes en la escena del crimen, ellos se remiten únicamente a escuchar dos disparos, sin observar quien los realiza. Para que el órgano judicial pueda considerar desvirtuada la presunción de inocencia debe basarse en auténticas pruebas practicadas en el acto del juicio oral, porque el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que se desarrolla ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia, de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios aportados a tal fin por las partes.- A nuestros representados se le ha condenado, se le ha violentado su derecho Constitucional de PRESUNCION DE INOCENCIA y el del DEBIDO PROCESO al condenárseles con prueba testifical que da lugar a una Duda Razonable. En el caso Subjudice, el razonamiento del sentenciado resulta insuficiente y de esa manera se ha condenado a los señores ADOLFO SANTOS FLORES y PEDRO SANTOS FLORES en una clara violación a la presunción de inocencia, y el debido proceso, continua manifestando la Jurista. ……A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: que parta de hechos plenamente probados, y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria.” FUNDAMENTACIÓN DEL Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo, la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia apertura (recurso ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). La esencia del Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 140 del Código Penal. Concepto de la infracción: aplicación Indebida del artículo 140 referente al delito de Violación Especial. Reclamación ex-ante: sin determinar por el Pretensor. Pretensión: que se dicte una nueva sentencia que case el fallo recurrido Explicaron los recurrentes que el Juez A-quo, en base a la prueba testifical logró llegar a la convicción de que los acusados le dieron muerte al ofendido Abelino Flores, no obstante dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso, pues con la declaración de los testigos protegidos “A” y “B” no es posible llegar a esa conclusión; pues se carece de prueba científica y los referidos testigo no fueron testigos presenciales porque no observaron el momento mismo de los disparos. Del Estado de Inocencia y el Debido Proceso. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas.
El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal)[1]. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de Casación ante el recurso interpuesto ha realizado una revisión exhaustiva del fallo recurrido y no encuentra que en las actuaciones y argumentos del Sentenciador se haya conculcado derecho alguno que merezca reproche casacional. En el apartado “Valoración de la Prueba” el Juzgador razona las declaraciones testificales de Jimy Oney Flores, quien es hijo del ahora ofendido y relata los problemas que tenía su padre el señor Abelino Flores Bonilla con los ahora imputados, pues éstos amenazaban a su papá y tuvieron varios altercados, incluso atentados; también se escuchó la declaración de la señora Martha Lidia Sorto Aguilar, quien era la esposa del ofendido y confirmó los dichos de su hijo, estableció que los problemas con los imputados comenzaron en el 2008 debido al alquiler de un pastizal, expuso que los ahora acusados los conoce desde pequeños pues son sobrinos de su esposo; se presentó a declarar también el testigo protegido clave “A” quien afirmó que se encontraba trabajando como a unos 30 metros y delante de él iba el señor Abelino, entonces en una subida él dio la vuelta y se escuchó los disparos, el testigo corrió a ver y vio al señor tirado en el suelo, de pronto observó 3 individuos brincando del lado izquierdo a la calle y reconoció a Adolfo Santos y a Pedro Santos, afirmó observar a Adolfo con la escopeta y a Pedro con un revólver y el que no reconoció andaba también armado; en similares circunstancias declaró el testigo protegido “B” que vio a Abelino que venía delante de él y escuchó dos disparos y fue a ver qué pasaba y miró tres personas que conoce entre ellos: Pedro Santos, Adolfo Santos y Migdonio Santos, todos iban armados, Pedro le sacó el arma a Abelino, al ver eso se escondió y a los minutos regresó a ver y encontró a don Abelino tirado en el suelo; por último se contó con la deposición de testigo clave “C” quien manifestó que tenía poco tiempo de conocer la aldea, el ofendido lo invitó varias veces y le decía que tenía problemas con los acusados, ellos me mandaron a decir que no anduviera con Abelino porque si no él también iba a caer. De dichas declaraciones el Juzgador emitió sus juicios de valor expresando que los testigos protegidos “A” y “B” son elocuentes y categóricos al manifestar que pudieron apreciar que el día de los hechos tres personas atacaron al occiso Abelino Flores, el testigo protegido pudo reconocer a dos, a Pedro Santos y Adolfo Santos, mientras que el testigo protegido “B” reconoció a tres, Adolfo, Pedro y Migdonio todos de apellidos Santos, ambos testigos afirmaron que los acusados andaban armados, observaron el desarrollo de los hechos y sus versiones se concatenan con la declaración del testigo protegido “C” quien es testigo de referencia pues manifestó que conocía a Abelino y este le expresó que tenía problemas con sus sobrinos; afirmó el A-quo que las declaraciones de los testigos protegidos “A” y “B” concuerdan con las demás declaraciones testificales que son de referencia al manifestar que el móvil de los hechos fue la enemistad entre los acusados y el ahora occiso; de tales declaraciones el Sentenciador las considera de certeza y con veracidad, pues fueron categóricos en sus afirmaciones al sostener que los acusados tenían motivos particulares para quitarle la vida. Para este Sala de lo Penal existe suficiente prueba con la cual el sentenciador respalda su posición de condena para los imputados, las declaraciones de los testigos protegidos son contundentes en establecer que observaron cuando los ahora acusados iban en veloz carrera luego de asestarle disparos a la víctima; si bien no son claros en determinar que hayan observado el momento exacto en que disparan a la humanidad del señor Abelino Flores Bonilla; si son categóricos al determinar que observan minutos antes y minutos después del hecho, además de reconocer a los procesados pues les conocían con anterioridad, observan que los imputados portaban armas de fuego y salían en veloz carrera, por lo que si conformamos un silogismo en el cual la premisa mayor lo constituye el hecho de que los ahora testigos observaron cuando el ofendido iba caminando, luego ambos deponentes escuchan disparos; como premisa menor lo constituye el hecho de que al llegar los testigos a la escena del crimen encuentran al ofendido en el suelo baleado y además observan a los ahora imputados huyendo del lugar; por lo que, la conclusión lógica es que los señores Adolfo Santos Flores y Pedro Santos Flores dispararon contra su humanidad lo que le provocó su muerte; por lo que, los razonamientos del Sentenciador son correctos. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte; además los medios probatorios fueron presentados y evacuados mediante los procedimientos que establece nuestra ley procesal, misma que fue sometida al contradictorio por las partes y fue capaz de enervar el estado de inocencia que poseían los señores Pedro Santos Flores y Adolfo Santos Flores; en ese sentido no es cierta la posición de los recurrente al considerar que se han violentado dichas garantías constitucionales, sino que la misma fue sometida ante la contundencia y abundancia probatoria, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Decisión. Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la defensa privada. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017.
A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Pedro Santos Flores y Adolfo Santos Flores, la pena de 20 años de reclusión por un delito de Asesinato en perjuicio de Abelino Flores Bonilla. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de Asesinato, se penaliza en el artículo 193, cuya pena es de 20 a 25 años de prisión. En el caso sometido a juzgamiento se establece que los señores Pedro Santos Flores y Adolfo Santos Flores le quitaron la vida por sorpresa al ahora occiso Abelino Flores Bonilla, imponiéndole una pena de 20 años de reclusión, pena que se encuentra dentro del margen de la nueva ley penal, por lo que no procede la aplicación retroactiva del decreto 130-2017. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por los Abogados Luis Enrique Larios Fonseca y Roger Emilio Medina Ramos, en su condición de defensores Privados de los señores Pedro Santos Flores y Adolfo Santos Flores a quienes se les condenó por el delito de Asesinato en perjuicio de Abelino Flores Bonilla. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-446-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Ver Sentencia Penal N° SP 175-2011, dictada por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintisiete de junio del dos mil trece.