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Sentencia CP-440-18 — Registro 14261

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el MP, contra la sentencia que absuelve al acusado pro el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso es de Recibo. – El motivo de casación por infracción de ley, interpuesto por el recurrente, denuncia que: “el ente juzgador erróneamente y en contraposición al relato fáctico, ha establecido que los hechos ejecutados por el señor Wilmer Alberto Lazo Oviedo, se encuentran despenalizados por los decretos 184-2013, cuya vigencia fue ampliada mediante prórrogas sucesivas” Del análisis de los hechos fijados por el Tribunal, el mismo ha establecido: “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: “ Primero: En fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, siendo las dos y media de la tarde, agentes de la policía preventiva de Marcovia recibieron una llamada telefónica de que en el sector de la aldea El Tulito, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca se encontraba una persona portando una chimba. Segundo: Varios policías entre ellos José Martin Méndez Ávila y Julio Cesar Zepeda, llegaron al lugar indicado a las tres y media de la tarde, y procedieron a identificar a Wilmer Alberto Lazo Oviedo, a quien le practicaron un registro personal, encontrándole en la mano derecha dos tubos, y en uno de los bolsillos del pantalón dos cartuchos de proyectil sin percutir, procediendo los policías al decomiso de los tubos, de los cartuchos de proyectil y a la detención de Wilmer Alberto Lazo Oviedo. Tercero: La evaluación balística realizada a los dos tubos concluyó que era un arma de fabricación casera, resultó ser diseñada para disparar municiones de calibre 12 GA, con mecanismo de acción sencillo de impacto, y buen estado de funcionamiento mecánico operativo.” Del análisis de los hechos fijados por el tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado Wilmer Alberto Lazo Oviedo , quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al portar un arma de fuego de naturaleza comercial (chimba), en buen estado de funcionamiento, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-B del Código Penal 144-83, en virtud de las razones que enunciamos a continuación: 1. Del relato fáctico se evidencia la ejecución de la acción por parte del imputado y que constituye el ilícito de Portación Ilegal de Arma Comercial, por el cual fue acusado por el Ministerio Público. 2. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos plasmados en el factum, y que claramente describen el ilícito perpetrado por el acusado Wilmer Alberto Lazo Oviedo, es el decreto 184-13. La decisión del sentenciador, además, está en total contravención al Principio de Legalidad estipulado en el artículo 1 del Código Penal 144-83, así como a la Garantía Criminal regulada en el artículo 2 de la misma norma; que respectivamente establecen: Artículo 1: “Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito” y Artículo 2: “No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la ley”  Como ha sido señalado, el relato fáctico evidencia la responsabilidad como autor del acusado Jeffrin Oquely Fernández Lara, en el delito por el cual fue acusado y que al tenor de lo establecido en el Artículo 332-B del Código Penal 144-83, dicha conducta es constitutiva del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial. 5. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el a quo ha incurrido en el vicio, por falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, dado que el imputado Wilmer Alberto Lazo Oviedo, fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial (chimba), en perfecto estado de funcionamiento; por ende, resulta que el fallo emitido por el juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. La Sala Constitucional en relación a esto, en los Recursos de Amparo AP-SCO-241, 351, 365, y 370-2015, en el considerando número diez de la sentencia establece: “Que la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el despenalizar los artículos correlativos del Código Penal: a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del estado, lo que se pretendía era motivar efectivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el estado de obtener control del parque de arma de fuego circulante en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y la seguridad como valor constitucional fundante del estado de derecho, mas no generar mayor índice de impunidad en el estado de Honduras...” De igual manera, la sala Constitucional en el Amparo Penal 1104-14, en su Considerando número catorce establece: “Que en resumen la Sala Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal. Pues de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado”; observando la Sala más bien que la puesta de la referida veda por parte del Estado. lo que se pretendía era motivar efectivamente a la ciudadanía a que haga efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de derecho, mas no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras, por lo que declara con lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. DECISIÓN: Declarar ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-83 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se absolvió al señor Wilmer Alberto Lazo Oviedo, del delito de Portación ilegal de Armas de Fuego en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. La sanción que le corresponde es de 03 años de reclusión por un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta y Especial e Interdicción Civil por el tiempo que duren las penas principales, conforme los artículos 332-B y 32 del CN 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: Porte Ilegal de Arma de Fuego. (art. 580), la pena de (4) a (5) años (4) meses de prisión, más localización permanente durante (2) años por un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, contra el Orden Público. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Respuesta a las consideraciones del Voto Particular Concurrente. El juez del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Choluteca, Abogado Gustavo Adolfo Escoto Cortés, al emitir su voto particular concurrente de la sentencia dictada por mayoría de votos,  hace el análisis de las tipologías contenidas en los artículos 332-A y 332-B del otrora vigente  Código Penal, señalando que ninguno de los supuestos de hecho de los delitos se ajustaba a la conducta realizada por el acusado, basado en una interpretación aparentemente apoyándose en la lógica, usando los mismos principios que componen la Sana Crítica (método de valoración de la prueba) y dejando de lado las técnicas de interpretación normativa que la exegética, axiología y/o la teleología enseñan. En el presente caso, el señor juez, el día 28 de octubre de 2016, fecha en que pronuncia su voto particular concurrente y emite su decisión judicial contraria a la doctrina legal que ya ha sentado la Sala de lo Penal, en donde se aplica el mismo criterio interpretativo de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal respecto a las armas de fuego de fabricación casera (Expedientes de casación: 467-12, 068-2013, 246-2013, 336-2015, 409-2015 y 473-2015). La circunstancia se torna grave, cuando en su voto particular concurrente el Abogado Gustavo Adolfo Escoto Cortes, se declara juez de su propia justicia: “Tercero: … 9) ...mi pretensión como juzgador, es simplemente aprender a mirar con mis propios ojos y buscar por mí mismo de manera racional la verdad y la justicia.” (f. 71 v); pues si bien reconoce la obligación legal de aplicar la doctrina legal sentada por la Sala de lo Penal, rechaza abiertamente hacerlo, pues consideró que no estaba obligado a seguir criterios doctrinarios que, según su opinión, atentan contra los derechos ciudadanos, realizándose una interrogante a su juicio:“¿Estoy obligado a someterme incondicionalmente al afianzamiento de una doctrina legal instaurada por el ad quem, que se aparta de los principios de la lógica jurídica, produciendo afectación a los derechos fundamentales para los ciudadanos que son condenados injustamente a permanecer en reclusión por tres año o más, cuando lo legal, lo justo y lo ético sería sancionarlos con una multa administrativa.? (f. 130); para señalar después que discrepa de ella y, consecuentemente decide no aplicarla; olvidando que la respuesta a tal interrogante es afirmativa por mandato de los artículos 19, 338 en regla cuarta numeral 3, 360 y 369 del Código Procesal Penal, que la doctrina legal es obligatoria para todos los servidores jurisdiccionales, incluyendo para los que componen la Corte Suprema de Justicia y que su inobservancia es una desobediencia a la ley, haciendo que la decisión judicial contenga resolución injusta. Ha explicado ya esta Sala de lo Penal,  qué es la doctrina legal, cómo se forma y cuál es su propósito, en específico la función que desempeña en el aseguramiento de la seguridad jurídica; la crítica del juez Gustavo Adolfo Escoto, a la doctrina legal sería de completa satisfacción si se basara en razones científicas; en el caso que nos ocupa se apoya en las reglas de la Sana Crítica y derechos ciudadanos para interpretar una norma penal, pero no puede ser pasado por alto la abierta postura de inobservar la Doctrina Legal sentada, por el hecho de no compartirla. Observamos la violación flagrante de las normas legales que le mandan al juez a aplicarla. Manifiesta a su criterio que: “… lo concerniente al arma artesanal, incautada, a mi juicio, lo que existe en el presente caso es un hecho atípico, por las razones siguientes: 1), 2), 3), 4) Consecuentemente, en el caso que nos ocupa, no procede aplicar la analogía, como modalidad interpretativa de la ley, situación que está prohibida en nuestra legislación nacional, puesto que de hacerlo, estría, como juzgador, violentando el artículo 11 del código penal hondureño, creando una figura penal inexistente, al insertar analógicamente un tipo de arma artesanal (chimba), regulado en una ley administrativa emitida por el ejecutivo, -dentro de disposiciones penales- como son los artículos 332 -A y 332 -B, creados por el Legislativo para regular, de manera exclusiva, la posesión específica ya sea de armamento militar o de armas comerciales; todo con la finalidad de aparentar encuadrar la remisión de una ley en blanco, en detrimento del derecho ciudadano a ser juzgado bajo el Principio de Taxatividad. 5) Como juzgador, mi obligación basada en ley, consiste en evitar que al justiciable le sea aplicada una sanción injusta o inexistente, independientemente si las partes procesales están de acuerdo, incluso aun en contra del criterio establecido por la doctrina legal del tribunal supremo, cuando este criterio no sea lo suficientemente consistente con las exigencias del razonamiento lógico jurídico.” Con las anteriores expresiones el señor juez, se aísla en su criterio en su deber de unificar la jurisprudencia obligatoria en materia penal. Por otra parte refiere en su relato que: “…siendo que la Corte Suprema de Justicia ha establecido doctrina legal que define a la “chimba”, como arma comercial de uso personal, este juzgador ha encontrado un punto de inflexión que me obliga a apreciar el caso en cuestión en términos distintos al criterio doctrinario del Supremo Tribunal de Justicia, fundamentándome en los principios Constitucionales de Frenos y Contrapesos del Poder, así como en los principios de la Lógica jurídica… quiero dejar constancia que mi intención como juez respetuoso de los derechos fundamentales de los ciudadanos, estoy obligado en base al Principio de Frenos y Contrapesos del Poder, a contrarrestar dentro de mis facultades y atribuciones legales cualquier atisbo de abuso de poder o injusticia, sin importar la instancia jerárquica de donde provenga la arbitrariedad.” Todo lo anterior conduce a estos jueces de casación a la convicción de que el voto concurrente de fecha 28 de octubre de 2016, emitido por el juez del tribunal de sentencia de la ciudad de Choluteca, Abogado Gustavo Adolfo Escoto Cortés, puede contener una decisión cuestionable ante el principio de legalidad, emitida con una aparente conciencia de su injusticia, lo que obliga a dar cuenta de ello al Ministerio Público en acatamiento al artículo 269 del Código Procesal Penal, que señala: “Tienen la obligación de denunciar los delitos de acción pública: 1) Los funcionarios o empleados públicos que tengan conocimiento de los mismos, en ocasión de sus funciones.” .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia recaída en el Recurso de Casación con registro No. SP-440-2018 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-440-2018 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de octubre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Wilmer Alberto Lazo Oviedo, del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: Se ordenó mantener al señor Wilmer Alberto Lazo Oviedo, las medidas cautelares de 1) Presentación periódica, ante este Tribunal, una vez por mes a firmar el libro respectivo; 2) Prohibición de salir del país, sin la autorización de este Tribunal, hasta que la sentencia definitiva adquiera el carácter de firme. Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. - Cuarto: Se ordenó la destrucción de un arma de fuego artesanal (chimba). son partes en única instancia: La Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. Hechos Probados de la instancia Primero: En fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, siendo las dos y media de la tarde, agentes de la policía preventiva de Marcovia recibieron una llamada telefónica de que en el sector de la aldea El Tulito, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca se encontraba una persona portando una chimba. Segundo: Varios policías entre ellos José Martin Méndez Ávila y Julio Cesar Zepeda, llegaron al lugar indicado a las tres y media de la tarde, y procedieron a identificar a Wilmer Alberto Lazo Oviedo, a quien le practicaron un registro personal, encontrándole en la mano derecha dos tubos, y en uno de los bolsillos del pantalón dos cartuchos de proyectil sin percutir, procediendo los policías al decomiso de los tubos, de los cartuchos de proyectil y a la detención de Wilmer Alberto Lazo Oviedo. Tercero: La evaluación balística realizada a los dos tubos concluyó que era un arma de fabricación casera, resultó ser diseñada para disparar municiones de calibre 12 GA, con mecanismo de acción sencillo de impacto, y buen estado de funcionamiento mecánico operativo.” Recurso de Casación. -Motivos y Argumentos El Recurrente Abogado Osmín Álvaro Durán Paz, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “Exposición Del Recurso De Casación Por Infracción De Ley Motivo Único: Infracción De Ley Por Falta De Aplicación Del Artículo 332-B Del Código Penal. Precepto Autorizante: Artículo 360 Del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 332-B: “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso Personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3,) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá Por armas de uso Personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial”. (Lo resaltado es nuestro). El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: Primero: En fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, siendo las dos y media de la tarde, agentes de la policía preventiva de Marcovia recibieron una llamada telefónica de que en el sector de la Aldea El Tulito, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca se encontraba una persona portando una chimba. Segundo: Varios policías entre ellos José Martín Méndez Ávila y Julio Cesar Zepeda, llegaron al lugar indicado a las tres y media de la tarde, y procedieron a identificar a Wilmer Alberto Lazo Oviedo, a quien le practicaron un registro personal, encontrándole en la mano derecha dos tubos, y en uno de los bolsillos del pantalón dos cartuchos de proyectil sin percutir, procediendo los policías al decomiso de los tubos, de los cartuchos de proyectil y a la detención de Wilmer Alberto Lazo Oviedo. Tercero: La evaluación balística realizada a los dos tubos concluyó que era un arma de fabricación casera, resulto ser diseñada para disparar municiones de calibre 12GA con mecanismo de acción sencillo de impacto, y buen estado de funcionamiento mecánico operativo. Al examinar el factum, se evidencia que concurre una falta de aplicación del artículo 332- B del Código Penal, ya que se describe en el mismo, todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que el acusado Wilmer Alberto Lazo Oviedo, fue detenido infraganti por los policías José Martín Méndez Ávila y Julio Cesar Zepeda en posesión de un arma de fabricación casera, junto a dos cartuchos de proyectil sin percutir. No obstante, que el recurso de Infracción de Ley debe apegarse de manera absoluta al relato fáctico, debemos hacer alusión al apartado de fundamentación jurídica, específicamente en su numeral segundo donde el sentenciador refiere: “Sin embargo, para la fecha en que fue detenido el acusado Wilmer Alberto Lazo Oviedo se encontraba vigente el decreto 184-2013, en el cual en su artículo 2 claramente señala: “que a partir de la vigencia del presente decreto y por el término de un año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de mego comercial y que no posea factura de venta de armería proceda con la documentación respectiva a excepción de dichas facturas a realizar trámite correspondiente de registro ante la secretaría de estado en el Despacho de Seguridad". Durante ese término antes descrito, las personas que tengan en poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de la misma a la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, produciendo a la inmediata destrucción de la misma por parte de la Secretaría de dicha Institución”. Consideramos, que el decreto supra descrito "no es una cláusula que despenaliza los delitos comprendidos tanto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal, sino que su único alcance es permitir que todos aquellos ciudadanos que poseen armas de fuego de uso permitido y no posean el documento que ampara la portación legal, pueda acudir voluntariamente a registrar su arma por un período de tiempo establecido”; es por ello, que en los casos donde se encuentre a un sujeto transportando, en posesión, o almacenamiento de un arma, Sin la documentación respectiva y sin existir una razón fundamentada que permita considerar la existencia de actos dirigidos al registro o entrega de la misma, deben tratarse según el procedimiento regular establecido en el Código Procesal Penal y Código Penal, por considerarse en principio que existe un ilícito penal del art. 332- A o B, según el caso. En el presente caso el arma decomisada al acusado Wilmer Alberto Lazo Oviedo, es un arma de fabricación casera o artesanal conformada por dos piezas de tubo galvanizado con pintura gris diseñada para disparar munición calibre 12 Gauge y su mecanismo de acción es manual de impacto, si bien es un arma de fuego, no reúne las especificaciones de las armas de guerra o combate, por lo que es un arma diferente a las comprendidas en el numeral uno del artículo ocho (8) de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares y que resultan ser las armas cuya portación por particulares está comprendida dentro del tipo penal del artículo 332-13, del Código Penal vigente, que refiere a armas que utilizan mecanismo manual de tiro a tiro, por la naturaleza de elaboración artesanal de las armas caseras pues, usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor Impacto, arma de fuego que nunca podrá registrarse por carecer de las características físicas individualizantes, volviéndose errada la valoración del juzgador al subsumir dicha conducta en la veda para el registro de armas de uso comercial. En cuanto a la adecuación de la conducta de portación de un arma casera en la prohibición establecida en el artículo 332-B, revisamos las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, exigencia que establece lo siguiente: “Quien sin Permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso Personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial; al respecto, un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de uso personal con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego o munición permitido, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es Inherente, siendo consecuente la prohibición del artículo 332-B, con lo establecido en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, que en su artículo 8 numeral 2) determina como armas y municiones prohibidas: Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora. Al referirse el artículo 332B, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma, en consecuencia, no se encuentra sustento para sostener que la conducta de portación de armas caseras es impune por no encontrarse comprendida en tipo legal alguno. En relación al Decreto 184-2013, ampliado mediante los decretos 63-2014, 602015 y 52-2017, que comprenden lo referente a la veda, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido…” El espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos al Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la Llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar a la ciudadanía a que efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras….” (Ver Amparos SCO-241-351-365 y 378-2015/ 1104-14 (subrayado es nuestro). Sobre estas consideraciones la Sala Penal se ha pronunciado en los siguientes términos: “que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego, dispuesto en el artículo 8 numeral 2, de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, y a su vez dicha definición debe ajustarse y tener concordancia, con lo dispuesto en alguno de los artículos 332A, y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no Industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta sala estima que el principio de favor rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación”[1] (lo subrayado y en negrita es nuestro). Por lo antes expuesto, El Ministerio Público solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 222 numeral 1 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal; Pretensión: Sea declarado con lugar el recurso. El recurrente señala que el Tribunal de Sentencia ha dejado de aplicar indebidamente la norma penal que contiene el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial; explica que al examinar el factum, se evidencia que el señor acusado Wilmer Alberto Lazo Oviedo, fue detenido infraganti en posesión de un arma de fuego de fabricación casera, junto con dos cartuchos de proyectil sin percutir, no despenalizándose el delito por el Decreto 184-2013. De la clasificación de las armas de fuego (lícitas e ilícitas, de guerra o de uso personal). La Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como fabricación ilícita de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Las normas legales nacionales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran prohibidas, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B, conforme el Código Penal 144-83. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semiautomática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal 144-83 y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de arma de uso personal, arma deportiva y arma de guerra, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: 1) Armas de Guerra: El artículo332-A del Código Penal 144-83, tipifica el delito el de Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente, debemos remitirnos a la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además, a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En consecuencia y conforme al artículo 332-A del Código Penal 144-83, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semiautomático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2) Armas de uso personal: el artículo 332-B del Código Penal 144-83, establece como título del delito la Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), siendo éste el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a qué ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (Armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirá en el delito tipificado en el artículo 332-B del Código Penal 144-83, quien fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Tratamiento penal a las armas de fabricación casera o artesanal. El delito de portación ilegal de armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece que: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de armas; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Artículo 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones. Explosivos y otros similares). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin. Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito. Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de “uso personal” con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente Se ha insistido por parte de esta Sala de lo Penal, que las armas de fabricación casera, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal144-83, al no ser éstas armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, entonces son armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal144-83, tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener autorización de autoridad competente para realizar tales conductas. Al referirse el artículo 332-B del Código Penal 144-83, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. Esta Sala de lo Penal considera que, no obstante que la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal 144-83, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta Sala de lo Penal estima que el principio de Favor Rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionados penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. Del Decreto Legislativo N° 184-2013. El artículo 98 de la Constitución de la República dispone que: “Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta.”; disposición constitucional que es armónica con lo preceptuado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 15.1 establece que: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional…”. Por ello toda ley debe ser tridimensional: debe ser positiva, debe ser válida y debe ser eficaz; la validez de una norma puede ser formal y material: i) Hay validez formal cuando la ley ha sido creada mediante el procedimiento legislativo correspondiente; ii) Hay validez material cuando la ley está vinculada a un ámbito material de regulación, sin lo cual no puede considerarse obligatoria (la obligatoria observancia de los ciudadanos en cumplirla y la obligatoria reacción de la autoridad de imponer las consecuencias legales a aquellos que la incumplan). Tratándose de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal 144-83, su positividad ha sido suspendida temporalmente en varias ocasiones por el legislador, como consecuencia de la aprobación de Decretos Legislativos, en los que usando términos como Veda o Amnistía”, el legislador concede términos de gracia para que las personas particulares pudiesen hacer registro de armas comerciales y entrega de armas prohibidas; este es el caso del decreto 184-2013, el cual en su artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de veda o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. De la procedencia del recurso. El Recurso es de Recibo. – El motivo de casación por infracción de ley, interpuesto por el recurrente, denuncia que: “el ente juzgador erróneamente y en contraposición al relato fáctico, ha establecido que los hechos ejecutados por el señor Wilmer Alberto Lazo Oviedo, se encuentran despenalizados por los decretos 184-2013, cuya vigencia fue ampliada mediante prórrogas sucesivas” Del análisis de los hechos fijados por el Tribunal, el mismo ha establecido: “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: “ Primero: En fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, siendo las dos y media de la tarde, agentes de la policía preventiva de Marcovia recibieron una llamada telefónica de que en el sector de la aldea El Tulito, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca se encontraba una persona portando una chimba. Segundo: Varios policías entre ellos José Martin Méndez Ávila y Julio Cesar Zepeda, llegaron al lugar indicado a las tres y media de la tarde, y procedieron a identificar a Wilmer Alberto Lazo Oviedo, a quien le practicaron un registro personal, encontrándole en la mano derecha dos tubos, y en uno de los bolsillos del pantalón dos cartuchos de proyectil sin percutir, procediendo los policías al decomiso de los tubos, de los cartuchos de proyectil y a la detención de Wilmer Alberto Lazo Oviedo. Tercero: La evaluación balística realizada a los dos tubos concluyó que era un arma de fabricación casera, resultó ser diseñada para disparar municiones de calibre 12 GA, con mecanismo de acción sencillo de impacto, y buen estado de funcionamiento mecánico operativo.” Del análisis de los hechos fijados por el tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado Wilmer Alberto Lazo Oviedo , quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al portar un arma de fuego de naturaleza comercial (chimba), en buen estado de funcionamiento, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-B del Código Penal 144-83, en virtud de las razones que enunciamos a continuación: 1. Del relato fáctico se evidencia la ejecución de la acción por parte del imputado y que constituye el ilícito de Portación Ilegal de Arma Comercial, por el cual fue acusado por el Ministerio Público. 2. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos plasmados en el factum, y que claramente describen el ilícito perpetrado por el acusado Wilmer Alberto Lazo Oviedo, es el decreto 184-13. La decisión del sentenciador, además, está en total contravención al Principio de Legalidad estipulado en el artículo 1 del Código Penal 144-83, así como a la Garantía Criminal regulada en el artículo 2 de la misma norma; que respectivamente establecen: Artículo 1: “Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito” y Artículo 2: “No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la ley” Como ha sido señalado, el relato fáctico evidencia la responsabilidad como autor del acusado Jeffrin Oquely Fernández Lara, en el delito por el cual fue acusado y que al tenor de lo establecido en el Artículo 332-B del Código Penal 144-83, dicha conducta es constitutiva del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial. 5. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el a quo ha incurrido en el vicio, por falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, dado que el imputado Wilmer Alberto Lazo Oviedo, fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial (chimba), en perfecto estado de funcionamiento; por ende, resulta que el fallo emitido por el juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. La Sala Constitucional en relación a esto, en los Recursos de Amparo AP-SCO-241, 351, 365, y 370-2015, en el considerando número diez de la sentencia establece: “Que la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el despenalizar los artículos correlativos del Código Penal: a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del estado, lo que se pretendía era motivar efectivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el estado de obtener control del parque de arma de fuego circulante en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y la seguridad como valor constitucional fundante del estado de derecho, mas no generar mayor índice de impunidad en el estado de Honduras...” De igual manera, la sala Constitucional en el Amparo Penal 1104-14, en su Considerando número catorce establece: “Que en resumen la Sala Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal. Pues de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado”; observando la Sala más bien que la puesta de la referida veda por parte del Estado. lo que se pretendía era motivar efectivamente a la ciudadanía a que haga efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de derecho, mas no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras, por lo que declara con lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. DECISIÓN: Declarar ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-83 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se absolvió al señor Wilmer Alberto Lazo Oviedo, del delito de Portación ilegal de Armas de Fuego en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. La sanción que le corresponde es de 03 años de reclusión por un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta y Especial e Interdicción Civil por el tiempo que duren las penas principales, conforme los artículos 332-B y 32 del CN 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: Porte Ilegal de Arma de Fuego. (art. 580), la pena de (4) a (5) años (4) meses de prisión, más localización permanente durante (2) años por un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, contra el Orden Público. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Respuesta a las consideraciones del Voto Particular Concurrente. El juez del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Choluteca, Abogado Gustavo Adolfo Escoto Cortés, al emitir su voto particular concurrente de la sentencia dictada por mayoría de votos, hace el análisis de las tipologías contenidas en los artículos 332-A y 332-B del otrora vigente Código Penal, señalando que ninguno de los supuestos de hecho de los delitos se ajustaba a la conducta realizada por el acusado, basado en una interpretación aparentemente apoyándose en la lógica, usando los mismos principios que componen la Sana Crítica (método de valoración de la prueba) y dejando de lado las técnicas de interpretación normativa que la exegética, axiología y/o la teleología enseñan. En el presente caso, el señor juez, el día 28 de octubre de 2016, fecha en que pronuncia su voto particular concurrente y emite su decisión judicial contraria a la doctrina legal que ya ha sentado la Sala de lo Penal, en donde se aplica el mismo criterio interpretativo de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal respecto a las armas de fuego de fabricación casera (Expedientes de casación: 467-12, 068-2013, 246-2013, 336-2015, 409-2015 y 473-2015). La circunstancia se torna grave, cuando en su voto particular concurrente el Abogado Gustavo Adolfo Escoto Cortes, se declara juez de su propia justicia: “Tercero: … 9) ...mi pretensión como juzgador, es simplemente aprender a mirar con mis propios ojos y buscar por mí mismo de manera racional la verdad y la justicia.” (f. 71 v); pues si bien reconoce la obligación legal de aplicar la doctrina legal sentada por la Sala de lo Penal, rechaza abiertamente hacerlo, pues consideró que no estaba obligado a seguir criterios doctrinarios que, según su opinión, atentan contra los derechos ciudadanos, realizándose una interrogante a su juicio:“¿Estoy obligado a someterme incondicionalmente al afianzamiento de una doctrina legal instaurada por el ad quem, que se aparta de los principios de la lógica jurídica, produciendo afectación a los derechos fundamentales para los ciudadanos que son condenados injustamente a permanecer en reclusión por tres año o más, cuando lo legal, lo justo y lo ético sería sancionarlos con una multa administrativa.? (f. 130); para señalar después que discrepa de ella y, consecuentemente decide no aplicarla; olvidando que la respuesta a tal interrogante es afirmativa por mandato de los artículos 19, 338 en regla cuarta numeral 3, 360 y 369 del Código Procesal Penal, que la doctrina legal es obligatoria para todos los servidores jurisdiccionales, incluyendo para los que componen la Corte Suprema de Justicia y que su inobservancia es una desobediencia a la ley, haciendo que la decisión judicial contenga resolución injusta. Ha explicado ya esta Sala de lo Penal, qué es la doctrina legal, cómo se forma y cuál es su propósito, en específico la función que desempeña en el aseguramiento de la seguridad jurídica; la crítica del juez Gustavo Adolfo Escoto, a la doctrina legal sería de completa satisfacción si se basara en razones científicas; en el caso que nos ocupa se apoya en las reglas de la Sana Crítica y derechos ciudadanos para interpretar una norma penal, pero no puede ser pasado por alto la abierta postura de inobservar la Doctrina Legal sentada, por el hecho de no compartirla. Observamos la violación flagrante de las normas legales que le mandan al juez a aplicarla. Manifiesta a su criterio que: “… lo concerniente al arma artesanal, incautada, a mi juicio, lo que existe en el presente caso es un hecho atípico, por las razones siguientes: 1), 2), 3), 4) Consecuentemente, en el caso que nos ocupa, no procede aplicar la analogía, como modalidad interpretativa de la ley, situación que está prohibida en nuestra legislación nacional, puesto que de hacerlo, estría, como juzgador, violentando el artículo 11 del código penal hondureño, creando una figura penal inexistente, al insertar analógicamente un tipo de arma artesanal (chimba), regulado en una ley administrativa emitida por el ejecutivo, -dentro de disposiciones penales- como son los artículos 332 -A y 332 -B, creados por el Legislativo para regular, de manera exclusiva, la posesión específica ya sea de armamento militar o de armas comerciales; todo con la finalidad de aparentar encuadrar la remisión de una ley en blanco, en detrimento del derecho ciudadano a ser juzgado bajo el Principio de Taxatividad. 5) Como juzgador, mi obligación basada en ley, consiste en evitar que al justiciable le sea aplicada una sanción injusta o inexistente, independientemente si las partes procesales están de acuerdo, incluso aun en contra del criterio establecido por la doctrina legal del tribunal supremo, cuando este criterio no sea lo suficientemente consistente con las exigencias del razonamiento lógico jurídico.” Con las anteriores expresiones el señor juez, se aísla en su criterio en su deber de unificar la jurisprudencia obligatoria en materia penal. Por otra parte refiere en su relato que: “…siendo que la Corte Suprema de Justicia ha establecido doctrina legal que define a la “chimba”, como arma comercial de uso personal, este juzgador ha encontrado un punto de inflexión que me obliga a apreciar el caso en cuestión en términos distintos al criterio doctrinario del Supremo Tribunal de Justicia, fundamentándome en los principios Constitucionales de Frenos y Contrapesos del Poder, así como en los principios de la Lógica jurídica… quiero dejar constancia que mi intención como juez respetuoso de los derechos fundamentales de los ciudadanos, estoy obligado en base al Principio de Frenos y Contrapesos del Poder, a contrarrestar dentro de mis facultades y atribuciones legales cualquier atisbo de abuso de poder o injusticia, sin importar la instancia jerárquica de donde provenga la arbitrariedad.” Todo lo anterior conduce a estos jueces de casación a la convicción de que el voto concurrente de fecha 28 de octubre de 2016, emitido por el juez del tribunal de sentencia de la ciudad de Choluteca, Abogado Gustavo Adolfo Escoto Cortés, puede contener una decisión cuestionable ante el principio de legalidad, emitida con una aparente conciencia de su injusticia, lo que obliga a dar cuenta de ello al Ministerio Público en acatamiento al artículo 269 del Código Procesal Penal, que señala: “Tienen la obligación de denunciar los delitos de acción pública: 1) Los funcionarios o empleados públicos que tengan conocimiento de los mismos, en ocasión de sus funciones.” Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Osmin Álvaro Durán Paz, en su condición de fiscal del Ministerio Público.- Segundo: Casa la sentencia de fecha diecisiete de octubre del año dos mil dieciséis (17) de octubre de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, y como consecuencia, revoca la misma; Tercero: Se debe condenar y se condena al señor Wilmer Alberto Lazo Oviedo, de generales conocidas en autos, como autor responsable de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal (chimba) en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole la pena principal de tres (03) años de reclusión, a la que deberá deducírsele el tiempo en que haya estado privado de libertad preventivamente exclusivamente por esta causa; pena que deberá cumplir en el Centro Penitenciario de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario atendiendo razones de seguridad, tratamiento progresivo o de conveniencia administrativa penitenciaria; asimismo, se le condena al señor Wilmer Alberto Lazo Oviedo, a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Especial, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, así como la obligación del ahora condenado a trabajar dentro del establecimiento penitenciario o en obras públicas bajo la dirección de éste, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, conforme las regulaciones contenidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y su reglamento respectivo; ordena la destrucción de un arma de fuego artesanal (chimba); finalmente, se declara la responsabilidad civil del condenado, la cual deberá ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia por la víctima del delito, que en este caso es el Estado de Honduras. Se declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal en relación al pronunciamiento condenatorio emitido y además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del señor Wilmer Alberto Lazo Oviedo (Artículo 06 del Código Procesal Penal).. NOTIFÍQUESE. Alma consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Secretaria General.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veintidós. Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-440-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE

SALA DE LO PENAL

[1] SP 473-2015 de fecha 28-7-2016.