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Sentencia CP-435-17 — Registro 12581

Resumen

Se declara Ha lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, contra la sentencia de primera instancia que lo condena como autor del delito de homicidio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO ES DE RECIBO. Al analizar los argumentos de la censora, así como la sentencia recurrida, esta Sala de lo Penal puede concluir que en efecto existe quebranto al estado de inocencia que constitucionalmente le asiste a toda persona sometida a proceso penal, pues al realizar una revisión de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal A-quo, es posible encontrar dicho quebranto. Se presentó a declarar el señor Ángel Ismael Torres quien no sabe nada de los hechos; también el señor José Esteban Castellanos Reyes quien afirmó que su hermano (el ahora occiso) había dicho que Milton era quien lo había herido. Como prueba pericial se presentó el médico forense, Denis Antonio Banegas, quien ratificó el dictamen de autopsia del señor Rovilio Efraín Castellanos Sánchez, estableció el perito que es posible que el ahora occiso haya podido conversar con otras personas, por lo que considera el juzgador que es muy probable que haya manifestado qué persona fue quien lo hirió. Como prueba documental se evacuó el informe investigativo junto con la denuncia (F03), el expediente clínico (F13), acta de defunción (F26), certificación de acta de nacimiento (F28), acta de inspección (F24) y la lectura autorizada de la declaración de Carlos Humberto Torres (F51); de estos medios de prueba el sentenciador consideró que se acredita la muerte legal del ahora ofendido y con la declaración incorporada por lectura del señor Carlos Humberto Torres quien manifestó que ese día había visto herido con una puñalada al ofendido, se probó la causa de muerte; concluyó el sentenciador que existe prueba directa y/o perfecta suficiente para acreditar la muerte real y legal del ofendido Rovilio Efraín Castellanos Sánchez, estableciendo de forma precisa que el imputado Milton Javier Escobar Martínez sin ninguna justificación le pegó una puñalada al ofendido provocándole una herida en el tórax, lo que horas más tarde le provocaría la muerte. Para esta Sala de lo Penal los razonamientos del juzgador no solo son contrarios a las reglas de la sana crítica, sino que además son faltos de motivación suficiente, lo que acarrea -sin duda alguna- una trasgresión al derecho de inocencia; la prueba evacuada no solo es insuficiente, sino que en ningún momento puede catalogarse como “prueba directa y/o perfecta” como lo expresa el sentenciador; se cuenta únicamente con la declaración de un testigo, el señor José Esteban Castellanos Reyes, quien declaró que su hermano le dijo que el responsable de sus heridas era el ahora acusado Milton Javier Escobar; este testigo no solo es un testigo de oídas cuya declaración no es posible corroborarla con ningún otro medio de prueba, sino que su grado de parentesco hace que su declaración sea revisada aun con más cautela. Si bien el A-quo consideró que la declaración de este testigo se confirmaba con lo dicho por el perito forense, en el sentido de que el ahora occiso podía conversar a pesar de sus lesiones, el propio juzgador establece en su razonamiento que “es posible que haya podido hablar y decir que el ahora acusado era el responsable de tal hecho” pero eso no confirma que en efecto haya dicho esas palabras, por lo que su testimonio se convierte en un único indicio, que por sí solo, no es suficiente para enervar el Estado de Inocencia del señor Milton Javier Escobar Martínez. Con el resto de la prueba tampoco es posible establecer indicios de participación del imputado Escobar Martínez en los hechos sometidos a juzgamiento, pues de la prueba documental y pericial evacuada, lo que se extrae es que, en efecto, el señor Rovilio Efraín Castellanos Sánchez fue objeto de un hecho sangriento al salir herido y trasladado a un centro asistencial en donde pierde la vida a consecuencia de las heridas sufridas, pero no hay manera de establecer con la certeza absoluta, que el ahora acusado Milton Javier Escobar Martínez sea el responsable de dicha muerte, pues lo que existe en su contra son meras sospechas que no pueden enervar su Estado de Inocencia; razones suficientes para declarar ha lugar el presente recurso de casación. Resulta necesario hacer un fuerte llamado de atención al tribunal A-quo para que en sus próximas sentencias pongan más empeño y estudio en la conformación de la valoración probatoria de los medios de prueba evacuados en el juicio, consignando tanto la valoración descriptiva como la intelectiva, de forma tal que al leer el fallo sea posible entender el razonamiento del juez para tomar determinada decisión, pero es inaudito que en estos tiempos existan sentencias que no cuentan con la motivación suficiente para justificar un fallo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle por ausencia justificada de Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 435-2017 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de abril del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, con sede en la ciudad de Juticalpa mediante la cual falló; Primero: condenó al señor Milton Javier Escobar Martínez, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio del señor Rovilio Efraín Castellanos Sánchez, a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: no procedió condenar al señor Milton Javier Escobar Martínez en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Tercero: no procedió decretar el comiso. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, la Abogada Mayra Martínez Hernández, en su condición de defensora pública de la imputada. Son Partes en la única instancia: Los Abogados José Roberto Izaguirre y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del señor Milton Javier Escobar Martínez, como parte recurrente y la Abogada Irma Leticia Castellanos Pineda, en su condición de acusadora privada del señor Miguel Rafael Castellanos Sánchez, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: En fecha Tres (3) de Enero del año Dos Mil Catorce (2014), a las cinco de la tarde, se encontraban los señores MILTON JAVIER ESCOBAR MARTINEZ y ROGER LEONEL TORRES alias PIRULO, en la Aldea Los Jobos Jurisdicción del Municipio de Manto Departamento de Olancho, en las afueras de la casa del señor ANGEL ISMAEL TORRES, quienes andaban de visita, y con ellos se encontraba el ofendido ROVILIO EFRAIN CASTELLANOS SANCHEZ, por lo que en ese momento y sin ninguna discusión el imputado MILTON JAVIER ESCOBAR MARTINEZ, comenzó atacar al ofendido ROVILIO EFRAIN CASTELLANOS SANCHEZ, con un puñal infiriéndole heridas en el abdomen, huyendo el imputado de la escena del crimen, y las personas que estaban en ese lugar trasladaron al ofendido ROVILIO EFRAIN CASTELLANOS SANCHEZ, hasta el Hospital San Francisco de esta ciudad de Juticalpa Departamento de Olancho, en donde Seis horas más tarde de ingresar en dicho centro hospitalario murió producto de las heridas producidas por el imputado MILTON JAVIER ESCOBAR MARTINEZ.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 89, 90 Y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal.- EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89, 90 Y 94 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 90 , nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, articulo 94, A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente.- Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.-) JUICIO PREVIO. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado.- Artículo 2.-) ESTADO DE INOCENCIA. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.- El Tribunal sentenciador estableció como hecho probado: UNICO: En fecha Tres (3) de Enero del año Dos MII Catorce (2014), a las cinco de la tarde, se encontraban los señores MILTON JAVIER ESCOBAR MARTINEZ y ROGER LEONEL TORRES alías PIRULO, en la Aldea Los Jobos Jurisdicción del Municipio de Manto Departamento de Olancho, en las afueras de la casa del señor ANGEL ISMAEL TORRES, quienes andaban de visita, y con ellos se encontraba el ofendido RO VIL 10 EFRAIN CASTELLANOS SANCHEZ, por lo que en ese momento y sin ninguna discusión el imputado MILTON JAVIER ESCOBAR MARTINEZ, comenzó atacar al ofendido ROVILIO EFRAIN CASTELLANOS SANCHEZ, con un puñal infiriéndole heridas en el abdomen, huyendo el imputado de la escena del crimen, y las personas que estaban en ese lugar trasladaron al ofendido ROVILIO EFRAIN CASTELLANOS SANCHEZ, hasta el Hospital San Francisco de esta ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, en donde Seis horas mas tarde de ingresar en dicho centro hospitalario murió producto de las heridas producidas por el imputado MILTON JAVIER ESCOBAR MARTINEZ. De lo anterior se plasma que a criterio del Tribunal Sentenciador constituye plena prueba y le da certeza al Juzgador que mi representado es la personas que dio muerte al señor MILTON JAVIER ESCOBAR MARTINEZ, sin embargo dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y de vencimiento en juicio, ya que al juicio oral y público no se presentó ningún testigo presencial del hecho, por lo tanto no se puede establecer que mi defendido es el responsable del hecho criminal que se le acusa, solamente consta la declaración testifical del señor José Esteban Castellanos Reyes, quien manifestó que el hoy occiso le dijo que Milton lo había herido el día de los hechos y el señor Carlos Humberto Torres, agregó que ese mismo día había visto al ofendido herido con una puñalada. De lo anterior se deduce que en ningún momento percibieron los hechos a través de sus sentidos, solamente dan fe que observaron al ROVILIO EFRAIN CASTELLANOS con varias heridas.. En el juicio solamente se evacuo prueba donde se acreditó la muerte violenta que fuera objeto el señor Rovilio Efraín Castellanos Sánchez, en fecha tres (03) de enero del dos mil doce, no así prueba contundente que establezca que mi defendido es el autor de los mismos, ya que existió una deficiente investigación por parte del Ministerio Público, pues no existe prueba directa que ratifique lo manifestado por el testigo Castellanos Reyes, por lo tanto esta huérfana de sustento probatorio, es así que no existe una relación de mi patrocinado con los hechos acaecidos. En el caso subjudice, el sentenciador con las pruebas presentadas en juicio condena a mi representado en una clara violación a la presunción de inocencia, ya que impone una pena con una insuficiente actividad probatoria, siendo que a la falta de prueba directa, la prueba puede ser indiciaria, siempre y cuando no se trate de simples sospechas, que se trate de hechos probados y que los hechos constitutivos de delitos se deduzcan en esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, sobre este aspecto la Sala Penal se ha pronunciado anteriormente en otros fallos Debe tenerse en cuenta que los indicios son hechos plenamente probados y no simple probabilidades, por ello, deben ser preferentemente acreditados con prueba directa, pues las sentencias en materia penal deben sustentarse en pruebas concluyentes que den certeza absoluta de la existencia del delito y de la identidad del delincuente,.” .- Haciendo un análisis de la prueba evacuada en juicio, primeramente se puede concluir que la prueba fue escueta y débil para demostrar la participación de mi defendido en los hechos investigados, pues el ente investigador fui incapaz de producir prueba directa, mucho menos prueba indirecta. Si bien es cierto hay un testigo que escucho cuando el ofendido manifestó que Milton le había ocasionado las heridas, no se investigo si efectivamente esas manifestaciones corresponden a lo que realmente ocurrió. No se presentó ninguna prueba científica que demuestre a través de indicios plenamente probados que se haya encontrado a mi defendido rastros de sangre, elementos pilosos u otro indicio que hagan suponer su participación, además ningún medio probatorio ubica al acusado en la escena del crimen o que se haya decomisado alguna pieza de ejecución (machete o cuchillo). Para la Sala Penal, de manera reiterada ha establecido que: “desde un punto de vista material, los indicios deben estar acreditados ser plurales o muy excepcionalmente uno, pero con una singular potencia acreditativa, ser concomitantes al hecho que se trata de probar y deben interrelacionarse cuando son varios de modo que se refuercen entre si todo a efectos de que la inducción o inferencia sea razonable y se pueda excluir así la posibilidad de ser arbitraria, ilógica o infundada” sobre esta base, ya en nuestro caso en concreto no se demostró en juicio la pluralidad de indicios, es así que no se puede llegar a un pleno convencimiento que mi defendido es el autor de la muerte del señor ROVILIO EFRAIN CASTELLANOS SANCHEZ. Además el propio testigo José Estaban Reyes, manifestó que no existía ningún tipo de enemistad entre ambos, por lo cual no se puede asegurar la existencia de un móvil para cometer el ilícito. El artículo 339 del Código Procesal Penal, establece si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable, cosa que no hizo el Tribunal Sentenciador en este caso.- La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no solo por la existencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas sí las hubiere. Ante la deficiente actividad probatoria y ausencia de prueba indiciaria, pues las declaraciones de los testigos no parten del esclarecimiento de los hechos ocurridos, ya que no presenciaron los hechos y no existiendo indicios suficientes, es así que el Tribunal Sentenciador dicta sentencia condenatoria en contra de mi defendido violentando su derecho constitucional de presunción de inocencia y de vencimiento en juicio. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare Con Lugar el presente recurso, absolviendo de toda responsabilidad al señor MILTON JAVIER ESCOBAR MARTINEZ.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo, la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia apertura (recurso ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). La esencia del Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 89, 90 y 94 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal Concepto de la infracción: violación al estado de inocencia. Pretensión: que se declare ha lugar el presente recurso y se absuelva al acusado. Explicó la recurrente que en el juicio se evacuó prueba donde se acreditó la muerte violenta del ahora ofendido, no así prueba contundente que establezca que el imputado Milton Javier Escobar Martínez sea el responsable de tal hecho, pues la prueba es escueta y débil para demostrar la participación del imputado en los hechos investigado, por lo que al dictar una sentencia condenatoria sin prueba suficiente transgredió gravemente su derecho a la presunción de inocencia. Del estado de Inocencia El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio. El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el Tribunal de Sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Al analizar los argumentos de la censora, así como la sentencia recurrida, esta Sala de lo Penal puede concluir que en efecto existe quebranto al estado de inocencia que constitucionalmente le asiste a toda persona sometida a proceso penal, pues al realizar una revisión de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal A-quo, es posible encontrar dicho quebranto. Se presentó a declarar el señor Ángel Ismael Torres quien no sabe nada de los hechos; también el señor José Esteban Castellanos Reyes quien afirmó que su hermano (el ahora occiso) había dicho que Milton era quien lo había herido. Como prueba pericial se presentó el médico forense, Denis Antonio Banegas, quien ratificó el dictamen de autopsia del señor Rovilio Efraín Castellanos Sánchez, estableció el perito que es posible que el ahora occiso haya podido conversar con otras personas, por lo que considera el juzgador que es muy probable que haya manifestado qué persona fue quien lo hirió. Como prueba documental se evacuó el informe investigativo junto con la denuncia (F03), el expediente clínico (F13), acta de defunción (F26), certificación de acta de nacimiento (F28), acta de inspección (F24) y la lectura autorizada de la declaración de Carlos Humberto Torres (F51); de estos medios de prueba el sentenciador consideró que se acredita la muerte legal del ahora ofendido y con la declaración incorporada por lectura del señor Carlos Humberto Torres quien manifestó que ese día había visto herido con una puñalada al ofendido, se probó la causa de muerte; concluyó el sentenciador que existe prueba directa y/o perfecta suficiente para acreditar la muerte real y legal del ofendido Rovilio Efraín Castellanos Sánchez, estableciendo de forma precisa que el imputado Milton Javier Escobar Martínez sin ninguna justificación le pegó una puñalada al ofendido provocándole una herida en el tórax, lo que horas más tarde le provocaría la muerte. Para esta Sala de lo Penal los razonamientos del juzgador no solo son contrarios a las reglas de la sana crítica, sino que además son faltos de motivación suficiente, lo que acarrea -sin duda algunauna trasgresión al derecho de inocencia; la prueba evacuada no solo es insuficiente, sino que en ningún momento puede catalogarse como “prueba directa y/o perfecta” como lo expresa el sentenciador; se cuenta únicamente con la declaración de un testigo, el señor José Esteban Castellanos Reyes, quien declaró que su hermano le dijo que el responsable de sus heridas era el ahora acusado Milton Javier Escobar; este testigo no solo es un testigo de oídas cuya declaración no es posible corroborarla con ningún otro medio de prueba, sino que su grado de parentesco hace que su declaración sea revisada aun con más cautela. Si bien el A-quo consideró que la declaración de este testigo se confirmaba con lo dicho por el perito forense, en el sentido de que el ahora occiso podía conversar a pesar de sus lesiones, el propio juzgador establece en su razonamiento que “es posible que haya podido hablar y decir que el ahora acusado era el responsable de tal hecho” pero eso no confirma que en efecto haya dicho esas palabras, por lo que su testimonio se convierte en un único indicio, que por sí solo, no es suficiente para enervar el Estado de Inocencia del señor Milton Javier Escobar Martínez. Con el resto de la prueba tampoco es posible establecer indicios de participación del imputado Escobar Martínez en los hechos sometidos a juzgamiento, pues de la prueba documental y pericial evacuada, lo que se extrae es que, en efecto, el señor Rovilio Efraín Castellanos Sánchez fue objeto de un hecho sangriento al salir herido y trasladado a un centro asistencial en donde pierde la vida a consecuencia de las heridas sufridas, pero no hay manera de establecer con la certeza absoluta, que el ahora acusado Milton Javier Escobar Martínez sea el responsable de dicha muerte, pues lo que existe en su contra son meras sospechas que no pueden enervar su Estado de Inocencia; razones suficientes para declarar ha lugar el presente recurso de casación. Resulta necesario hacer un fuerte llamado de atención al tribunal A-quo para que en sus próximas sentencias pongan más empeño y estudio en la conformación de la valoración probatoria de los medios de prueba evacuados en el juicio, consignando tanto la valoración descriptiva como la intelectiva, de forma tal que al leer el fallo sea posible entender el razonamiento del juez para tomar determinada decisión, pero es inaudito que en estos tiempos existan sentencias que no cuentan con la motivación suficiente para justificar un fallo. Decisión. Se declara ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública del imputado. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Único: a) Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Mayra Martínez Hernández en su condición de defensora pública del señor Milton Javier Escobar Martínez. b) Revoca la sentencia de fecha tres de abril de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, con sede en Juticalpa. c) Casa la sentencia recurrida en el sentido siguiente: Absuelve de toda responsabilidad penal al señor Milton Javier Escobar Martínez del delito de Homicidio en perjuicio de Rovilio Efrain Castellanos Sánchez; en consecuencia, ordena su libertad inmediata y que se le otorgue la carta de libertad correspondiente. Y manda: que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado. FIRMA Y SELLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-435-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL