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Sentencia CP-428-17 — Registro 12577

Resumen

En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de Portación Ilegal de Armas y homicidio simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. La censora del fallo denuncia la infracción de ley por falta de aplicación de los artículos 2 párrafo segundo del decreto legislativo No. 184-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 5 de octubre de 2013; artículo 1 del decreto legislativo No. 63-2014, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 6 de noviembre de 2014; artículo 1 del decreto legislativo No. 60-2015, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 8 de septiembre de 2015; y artículos 96 y 221 de la Constitución de la República. El hecho probado objeto de juzgamiento establece que en fecha veinte de abril de dos mil quince aproximadamente a las cinco de la mañana, el señor Santos Argueta Varela, se encontraba en su casa de habitación ubicada en la colonia Roca de Cristo, sector de los bordos de la colonia Bográn, cuando llegaron tres personas, entre ellos los dos acusados, los señores Jerson Noel Tróchez Cantarero y Nery Leonel Luna Muñoz, quienes lo invitaron a la casa de Jerson Noel Tróchez Cantarero, diciéndole que allí le pagarían una suma de dinero que le adeudaban por la construcción de una casa. Una vez en dicho lugar, Jerson Noel Tróchez Cantarero y la otra persona que los acompañaba, amarraron de sus pies y sus manos al señor Santos Argueta Varela, procediendo el señor Jerson Noel Tróchez Cantarero a inferirle con un machete, dos heridas en la cabeza y otra en la oreja, frente a esta situación, el señor Nery Leonel Luna Muñoz, forcejeó con el señor Jerson Noel Tróchez Cantarero para quitarle el machete, momento que aprovechó el señor Santos Argueta Varela, para soltarse y huir del lugar para salvar su vida. Seguidamente, el señor Santos Argueta Varela, se presentó a la posta policial del mismo sector a interpuso la denuncia correspondiente, por lo cual, Agentes de Policía asignados a dicho lugar, se trasladaron a la casa de habitación del señor Jerson Noel Tróchez Cantarero, donde encontraron un arma de fabricación casera en buen estado de funcionamiento, junto con su munición proyectiles calibre 38 especial. Por este hecho, el acusado Jerson Noel Tróchez Cantarero fue condenado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes de inhabilitación especial e interdicción civil. Sucede que, para la fecha del hecho objeto de juzgamiento, 20 de abril de 2015, se encontraba en vigencia el decreto legislativo No. 060-2015, mediante el cual el legislador dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con el mismo efecto, el cual es otorgar la vigencia por un periodo para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción. En atención a lo expuesto, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus posteriores prórrogas (en este caso el decreto legislativo No. 60-2015) es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y de su prórroga, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también, deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que las personas que portaban un arma de fuego comercial sin autorización o un arma de fuego de uso prohibido durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla o entregarla, pues el permiso o veda es para registrar o entregar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende según el propio fáctum de la sentencia, que el acusado Jerson Noel Tróchez Cantarero fue capturado en su casa de habitación cuando tenía bajo su posesión un arma de fuego de fabricación cacera en buen estado de funcionamiento, junto con su munición y luego de haber intentado acabar con la vida del señor Santos Argueta Varela, quien logró escapar luego de haber recibido dos ataques con arma blanca tipo machete en la cabeza y en la oreja por parte de dicho acusado; circunstancias a partir de la cuales se colige objetivamente que la intencionalidad su no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma de fuego, con la finalidad de que ésta procediera a su destrucción. En atención a lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332 literal B del Código Penal, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal seleccionado. No cabe duda entonces que el acusado es responsable penalmente de un delito de Portación Ilegal de Arma, pues al momento de suscitarse los hechos tenía bajo su poder, un arma de fuego de fabricación cacera con buen estado de funcionamiento; tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento destructivo y apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusados al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332 literal B del Código Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva ninguna dificultad. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula en forma distinta las mismas situaciones establecidas en la norma anterior, por lo que el juez deberáterminar cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos:

Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, debe tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial tomada, en la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación debe realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación debe realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se debe realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso, las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real, son: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Jerson Noel Tróchez Cantarero, la pena principal de diez (10) años de reclusión, por ser autor responsable penalmente de un delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de la vida de Santos Argueta Varela; asimismo, se le impuso la pena de tres (3) años de reclusión por ser autor responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; lo que suma una pena acumulada de trece (13) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, reprochada al acusado, está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de homicidio (artículo 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, la cual debe ser rebajada en un tercio (artículos 21 y 62) al tratarse una tentativa inacabada, lo que nos da un nuevo marco abstracto de diez (10) a quince (15) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusados en la sentencia (10 años); asimismo, en lo que respecta al delito de portación ilegal de arma de fuego, dicha conducta se encuentra regulada en el Título XXXI, Capítulo III, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de Tenencia o Porte Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio del Orden Público, y se penaliza de la siguiente forma: De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. Es decir, a partir de lo anterior, se evidencia que la pena concreta de tres años de reclusión impuesta al acusado Jerson Noel Tróchez Cantarero, por el delito de portación ilegal de arma de fuego, se encuentra dentro del marco abstracto de la pena de prisión que regula la nueva normativa penal, ello sin perjuicio de la pena de localización permanente de hasta por dos años. Se concluye que no procede la aplicación retroactiva del decreto 130-2017, pues lejos de beneficiar al imputado, le perjudica, pues la pena a imponer conforme al Código Penal derogado y vigente al momento de los hechos, es de tres (3) años de reclusión y no se impone la localización permanente como lo regula el Nuevo Código Penal, favoreciéndole entonces el derogado Código Penal y siendo este el que debe aplicarse al caso concreto.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle por ausencia justificada de Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 428-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absolver al señor Nery Leonel Luna Muñoz, del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, del que venía siendo acusado por el Ministerio Público. Segundo: Absolver al señor Nery Leonel Luna Muñoz, del delito de Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa, en perjuicio del señor Santos Argueta Varela, del que venía siendo acusado por el Ministerio Público. Tercero: Condenar al señor Jerson Noel Tróchez Cantarero, como autor del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, más la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos políticos de elegir y ser electo. Cuarto: Condenar al señor Jerson Noel Tróchez Cantarero, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Santos Argueta Varela, a la pena de diez años de reclusión, más la pena accesoria de inhabilitación absoluta. Quinto: Las penas de reclusión antes señaladas deberán ser cumplidas por el señor Jerson Noel Tróchez Cantarero, una en pos de otra, principiando por la mayor pena en la Penitenciaría que corresponde, de conformidad a la ley que rige el Sistema Penitenciario de Honduras, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono de tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva. Sexto: Condenar al señor Jerson Noel Tróchez Cantarero, como consecuencia de las penas de reclusión, a la pena accesorias de interdicción civil por el tiempo que duren las condenas principales. Séptimo: Se declara al condenado civilmente responsable. Octavo: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Noveno: Se declara el comiso de un arma de fabricación casera tipo chimba, como estructura de madera color negro y parte de metal color gris, un cartucho color gris sin percutir que en su base se lee águila 38 especial, dos cartuchos sin percutir, uno de color amarillo que en su base se lee S&B especial 38 y el otro cartucho es de color gris, sin percutir que en su base se lee águila 38 especial, un cable color negro, color negro con terminal plateado leyenda que se lee PCT-TR-6 en forma de nudo; un arma blanca tipo machete marca Truper con empuñadura de caucho color anaranjado, hoja de metal color gris, la cual contiene manchas de café oscuras, supuestamente sangre, una gorra de tela color beige, con letras color anaranjado, se lee Banco de Occidente la cual contiene pequeñas manchas cafés, supuestamente sangre, una camisa de tela color beige, de cuello, color gris, marca Crable Sport St.Swear, talla L, con dibujos decorativos (imágenes de personas) en multicolor, en área de espalda, parte inferior de la camisa se encuentra extraída con corte irregular, dicha prenda de vestir presenta varias manchas café, supuestamente sangre, una pieza de tela color gris, de forma circular, con corte irregular, la cual presenta manchas café, supuestamente sangre, de todos los cuales se ordena su comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada Gloris Evelin Banegas Ávila, defensora pública del señor Jerson Noel Tróchez Cantarero. Son partes en única instancia: Los Abogados Alba Regina Paniagua y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del señor Jerson Noel Tróchez Cantarero, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: En fecha veinte de abril de dos mil quince aproximadamente a las cinco de la mañana, el señor SANTOS ARGUETA VARELA, se encontraba en su casa de habitación ubicada en la colonia Roca de Cristo, sector de los bordos de la colonia Bográn, cuando llegaron tres personas, entre ellos los dos acusados, los señores JERSON NOEL TROCHEZ CANTARERO Y NERY LEONEL LUNA MUÑOZ, quienes lo invitaron a la casa de JERSON NOEL TROCHEZ CANTARERO, diciéndole que allí, le pagarían una suma de dinero que le adeudaban por la construcción de una casa. SEGUNDO: Una vez en dicho lugar, JERSON NOEL TROCHEZ CANTARERO y la otra persona que los acompañaba, amarraron de sus pies y sus manos al señor SANTOS ARGUETA VARELA, procediendo el señor JERSON NOEL TROCHEZ CANTARERO a inferirle con un machete, dos heridas en la cabeza y otra en la oreja, frente a esta situación, el señor NERY LEONEL LUNA MUÑOZ, forcejeó con el señor JERSON NOEL TROCHEZ CANTARERO para quitarle el machete, momento que aprovechó el señor SANTOS ARGUETA VARELA, para soltarse y huir del lugar para salvar su vida. TERCERO: El señor SANTOS ARGUETA VARELA, se presentó a la posta policial del mismo sector a interpuso la denuncia correspondiente, por lo cual, Agentes de Policía asignados a dicho lugar, se trasladaron a la casa de habitación del señor JERSON NOEL TROCHEZ CANTARERO, donde encontraron un arma de fabricación casera en buen estado de funcionamiento, junto con su munición, proyectiles calibre 38 especial.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente, Abogada Gloris Evelin Banegas Ávila, en su condición de defensora pública del señor Jerson Noel Tróchez Cantarero, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, en los siguientes términos: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACION DE LEY MOTIVO UNICO: Infracción de Ley por Falta de aplicación del Artículo 2 párrafo 2 del Decreto N. 184-2013, emitido por el Poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013 y Articulo 1 del Decreto No. 63-2014 publicado en fecha 6 de noviembre 2014, y Articulo 1 del Decreto No. 60-2015 publicado en fecha 8 de septiembre del 2015, relacionado con artículo 96 y 221 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION. Los Preceptos Penales sustantivos que se invocan como infringidos por violación o falta de aplicación prescriben lo siguiente: Artículo 2 Párrafo 2, del Decreto N. 184-2013: Establecer a partir de la vigencia del presente decreto y por el término de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva de dicha lectura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante este término de un año, las personas que tengan en el poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la secretaría de dicha Institución. Artículo 1 del Decreto N. 63-2014: “Prorrogar la vigencia de lo dispuesto en el Decreto No. 184-2013, de fecha 1 de septiembre de 2013, el cual establece un periodo de veda por un (1) año para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes para dicho registro, por un periodo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del decreto referido”. Artículo 1 del Decreto No. 60-2015: “Prorrogar a partir de la fecha de vencimiento del Decreto No 63-2014 de fecha 19 de agosto de 2014, la vigencia por un periodo hasta el 31 de diciembre de 2015, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, al realizar los trámites correspondientes para dicho registro. Toda arma corta o larga, que cuente con el permiso balístico correspondiente puede ser traspasada y matriculada de un propietario a otro. Artículo 96. La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. Artículo 221. La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación en el diario oficial plazo de que trata este artículo y ordenarse, en casos especiales, otra forma de promulgación”. Artículos que ha infringido el Tribunal de Sentencias, al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establecen estas disposiciones, además un delito no puede castigarse más que con la pena que estuviera prevista por la ley al tiempo de su comisión. Estos principios se asientan en la función garantista de los derechos fundamentales del principio de legalidad en general, por las razones siguientes: El Juzgador en referencia declaró como hecho probado el siguiente: PRIMERO: En fecha veinte de abril de dos mil quince aproximadamente a las cinco de la mañana el señor SANTÑOS ARGUETA VARELA, se encontraba en su casa de habitación ubicada en la Colonia Roca de Cristo, sector de los bordos de la Colonia Bográn, cuando llegaron tres personas, entre ellos dos acusados, los señores Jerson Noel Tróchez Cantarero y Nery Leonel Luna Muñoz, quienes lo invitaron a la casa de JERSON NOEL TROCHEZ CANTARERO, diciéndole que allí, le pagarían una suma de dinero que le adeudaban por la construcción de una casa. SEGUNDO: Una vez en dicho lugar, JERSON NOEL TROCHEZ CANTARERO, y la otra persona que los acompañaba, amarraron de sus pies y sus manos al señor SANTOS ARGUETA VARELA, procediendo el señor JERSON NOEL TROCHEZ CANTARERO, a inferirle con un machete dos heridas en la cabeza y otra en la oreja, frente a esta situación el señor NERY LEONEL LUNA MUÑOZ, forcejeo con el señor JERSON NOEL TROCHEZ CANTARERO para quitarle el machete, momento que aprovechó el señor SANTOS ARGUETA VARELA, para soltarse y huir del lugar para salvar su viuda. TERCERO: El señor SANTOS ARGUETA VARELA, se presentó a la posta policial del mismo sector e interpuso a denuncia correspondiente, por lo cual, agentes de policía asignados a dicho lugar, se trasladaron a la casa de habitación del señor JERSON NOEL TROCHEZ CANTARERO, donde encontraron un arma de fabricación casera en buen estado de funcionamiento, junto con su munición, proyectiles calibre 38 especial. Esta declaración de hechos probados consignados por el Tribunal de sentencia, aparece como verdad incuestionable que agentes de policía asignados a dicho lugar, se trasladaron a la casa de habitación del señor JERSON NOEL TROCHEZ CANTARERO, donde encontraron un arma de fabricación casera en buen estado de funcionamiento, junto con su munición, proyectiles calibre 38 especial. De este punto es que resulta claramente identificada la infracción por violación a los artículos 2 Párrafo 2 del Decreto N. 184-2013, emitido por el Poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013 y Articulo 1 del Decreto N. 63-2014 publicado en fecha 6 de noviembre 2014, y Articulo 1 del Decreto NG. 60-2015 publicado en fecha 8 de septiembre del 2015, citado en relación con artículo 96 y 221 de la Constitución de la República, si se entiende que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la infracción por violación es la falta de aplicación de la ley o de la doctrina legal en la resolución de la cuestión debatida, es decir se produce cuando el Juez pasa por alto la existencia de una norma legal reguladora de la relación jurídica debatida, o se resiste en forma deliberada a aplicarla no obstante su validez formal, esta falta de aplicación tiene que resultar necesariamente partiendo de los hechos declarados probados en la sentencia. Pues resulta claro que al entrar en vigencia el Artículo 2 del Decreto Legislativo N. 184-2013 publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 5 de octubre del 2013 y que este fuera prorrogado según Decreto N. 63-2014 publicado en fecha 6 de noviembre 2014 y Articulo 1 del Decreto NG. 60-2015 publicado en fecha 8 de septiembre del 2015, y que manifiesta que Durante el término de un año, las personas que tengan en poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la secretaría de dicha Institución. Para que este precepto tenga aplicación al caso de autos, resulta necesario en principio que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, en otras palabras para que una persona sorprendida en dichos ilícitos pueda ampararse en esta disposición para que no le sea aplicado el artículo 332-B del Código Penal, es necesario que al momento de haberse producido la PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo. Analizando los mencionados decretos en el caso que nos ocupa se trata de una disposición temporal vigente, y por lo tanto debió aplicarse a mi representado, de manera retroactiva en fundamento en el principio de retroactividad de la ley regulada en el artículo 96 constitucional, y en base a que La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación en el diario oficial La Gaceta, en consecuencia debió aplicársele la norma prescrita en el artículo párrafo dos del decreto indicado, por cuanto que a esa nueva ley (Decreto) es de materia penal y favorece desde luego a MI poderdante, ya que en fecha VEINTE (20) de ABRIL del año DOS MIL QUINCE en que sucedieron los hechos el Decreto N° 184-2013, al dictar la sentencia en fecha 24 de abril del año dos mil diecisiete, ya no se encontraba vigente el Decreto contentivo de la Prorroga. por lo tanto se les debió aplicar la retroactividad de la ley o sea que para que una persona sorprendida en posesión ilegal de arma prohibida, pueda ampararse en esta disposición, para que no le sea aplicado el artículo 332-B y del Código Penal, es necesario que al momento de producirse los ilícitos se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo para que puedan hacer entrega las armas consideradas de uso ilegal, a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaria de dicha Institución, está en relación a la Portación Ilegal de Arma de fuego Prohibida, que justamente es lo que se puede interpretar en este caso, y así se afirma que el sentenciador al haber condenado a mi patrocinado JERSON NOEL TROCHEZ CANTARERO, ha producido en consecuencia la infracción de los Preceptos Penales sustantivos que se invocan. INTERPRETACION PRETENDIDA. Partiendo de la declaración de los hechos probados, consideramos que la Infracción de falta de aplicación del Artículo 2 párrafo segundo del Decreto N. 184-2013, emitido por el Poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013 y Articulo 1 del Decreto N. 63-2014 publicado en fecha 6 de noviembre 2014, y Articulo 1 del Decreto N°. 60-2015 publicado en fecha 8 de septiembre del 2015, relacionado con artículo 96 y 221 de la Constitución de la República, se pretende que se admita y se declare con lugar el presente Recurso, case la sentencia recurrida y proceda a revocarla dictando una nueva, absolviendo a mi representado del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida.”

Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de:

Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recuso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa pública. Único motivo. Precepto Autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: artículo 2 párrafo segundo del decreto legislativo No. 184-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 5 de octubre de 2013; artículo 1 del decreto legislativo No. 63-2014, publicado en el diario oficial legislativo No. 60-2015, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 8 de septiembre de 2015; todos relacionado con los artículos 96 y 221 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: falta de aplicación; y, Pretensión: dictar lo procedente conforme a derecho. La censora del fallo inicia la exposición de su Recurso de Casación por Infracción de Ley, en una cita literal de los artículos 2 párrafo segundo del decreto legislativo No. 184-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 5 de octubre de 2013; artículo 1 del decreto legislativo No. 63-2014, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 6 de noviembre de 2014; artículo 1 del decreto legislativo No. 60-2015, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 8 de septiembre de 2015; y artículos 96 y 221 de la Constitución de la República. Luego de ello, arguye que dichos preceptos han sido infringidos por su falta de aplicación, ya que los hechos probados de la sentencia se ajustan cabalmente a estas disposiciones. Considera que, al analizar los mencionados decretos en relación al caso que nos ocupa, se trata de una disposición temporal vigente y, por lo tanto, debieron aplicarse retroactivamente al acusado Gerson Noel Tróchez Cantarero, con fundamento en el principio de retroactividad de la ley penal regulado en el artículo 96 de la Constitución de la República. Concluye, en definitiva, que dichos decretos debieron aplicarse por cuanto es ley en materia penal y favorece al acusado, quien el 20 de abril de 2015, fecha en que sucedieron los hechos, se encontraba en vigencia el decreto legislativo 60-2015 el cual debió ser observado por el sentenciador al momento de dictar la sentencia. De la clasificación de las armas de fuego (lícitas e ilícitas, de guerra o de uso personal). La Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje.

Las normas legales nacionales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe de basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: Armas de Guerra: El artículo332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente, debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además, a la Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo Sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). Armas de uso personal: el artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), siendo éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a qué ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (Armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Tratamiento penal a las armas de fabricación cacera o artesanal. El delito de portación ilegal de armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece que: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de armas; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Artículo 7.1 de la Ley de Control de Armas De Fuego, Municiones. Explosivos y Otros Similares). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin. Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito. Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de “uso personal” con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente Se ha insistido por parte de esta Sala de lo Penal, que las armas de fabricación casera, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal, al no ser éstas armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, entonces son armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener autorización de autoridad competente para realizar tales conductas. Al referirse el artículo 332-B del Código Penal, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. Esta Sala de lo Penal considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta Sala de lo Penal estima que el principio de Favor Rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. Del principio de retroactividad de la ley penal. La exigencia para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, así se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948; artículo 11.2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el tribunal de justicia deberáducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era lícita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Haseemer señala que "una ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía (Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984., Pág. 320)", en virtud de que el daño, que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable. Claus Roxin (Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España, p. 141) explica los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión, sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible, sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); y Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe determinar ante fáctum los hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria, lo que debe ser apreciado no solo en procesos penales pendientes, como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas. "Una ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma." (Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 82).

Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entra en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor (Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia España, 1° edición, 1993, pg. 98.)", salvo el caso mencionado, cuando sea más beneficiosa. Ante una nueva regulación penal corresponde al juzgador determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado o condenado: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe de aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto y en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de las mismas es ella, y el principio lo que busca es su beneficio. Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el juez realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad, es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde, "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen." (Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 159 y 160). En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la República establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubieren recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. La censora del fallo denuncia la infracción de ley por falta de aplicación de los artículos 2 párrafo segundo del decreto legislativo No. 184-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 5 de octubre de 2013; artículo 1 del decreto legislativo No. 63-2014, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 6 de noviembre de 2014; artículo 1 del decreto legislativo No. 60-2015, publicado en el diario oficial Constitución de la República. El hecho probado objeto de juzgamiento establece que en fecha veinte de abril de dos mil quince aproximadamente a las cinco de la mañana, el señor Santos Argueta Varela, se encontraba en su casa de habitación ubicada en la colonia Roca de Cristo, sector de los bordos de la colonia Bográn, cuando llegaron tres personas, entre ellos los dos acusados, los señores Jerson Noel Tróchez Cantarero y Nery Leonel Luna Muñoz, quienes lo invitaron a la casa de Jerson Noel Tróchez Cantarero, diciéndole que allí le pagarían una suma de dinero que le adeudaban por la construcción de una casa. Una vez en dicho lugar, Jerson Noel Tróchez Cantarero y la otra persona que los acompañaba, amarraron de sus pies y sus manos al señor Santos Argueta Varela, procediendo el señor Jerson Noel Tróchez Cantarero a inferirle con un machete, dos heridas en la cabeza y otra en la oreja, frente a esta situación, el señor Nery Leonel Luna Muñoz, forcejeó con el señor Jerson Noel Tróchez Cantarero para quitarle el machete, momento que aprovechó el señor Santos Argueta Varela, para soltarse y huir del lugar para salvar su vida. Seguidamente, el señor Santos Argueta Varela, se presentó a la posta policial del mismo sector a interpuso la denuncia correspondiente, por lo cual, Agentes de Policía asignados a dicho lugar, se trasladaron a la casa de habitación del señor Jerson Noel Tróchez Cantarero, donde encontraron un arma de fabricación casera en buen estado de funcionamiento, junto con su munición proyectiles calibre 38 especial. Por este hecho, el acusado Jerson Noel Tróchez Cantarero fue condenado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes de inhabilitación especial e interdicción civil. Sucede que, para la fecha del hecho objeto de juzgamiento, 20 de abril de 2015, se encontraba en vigencia el decreto legislativo No. 060-2015, mediante el cual el legislador dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con el mismo efecto, el cual es otorgar la vigencia por un periodo para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción. En atención a lo expuesto, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus posteriores prórrogas (en este caso el decreto legislativo No. 60-2015) es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y de su prórroga, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también, deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que las personas que portaban un arma de fuego comercial sin autorización o un arma de fuego de uso prohibido durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla o entregarla, pues el permiso o veda es para registrar o entregar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende según el propio fáctum de la sentencia, que el acusado Jerson Noel Tróchez Cantarero fue capturado en su casa de habitación cuando tenía bajo su posesión un arma de fuego de fabricación cacera en buen estado de funcionamiento, junto con su munición y luego de haber intentado acabar con la vida del señor Santos Argueta Varela, quien logró escapar luego de haber recibido dos ataques con arma blanca tipo machete en la cabeza y en la oreja por parte de dicho acusado; circunstancias a partir de la cuales se colige objetivamente que la intencionalidad su no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma de fuego, con la finalidad de que ésta procediera a su destrucción. En atención a lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332 literal B del Código Penal, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal seleccionado. No cabe duda entonces que el acusado es responsable penalmente de un delito de Portación Ilegal de Arma, pues al momento de suscitarse los hechos tenía bajo su poder, un arma de fuego de fabricación cacera con buen estado de funcionamiento; tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento destructivo y apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusados al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332 literal B del Código Penal. DECISIÓN. No Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la defensa pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva ninguna dificultad. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula en forma distinta las mismas situaciones establecidas en la norma anterior, por lo que el juez deberáterminar cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos:

Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, debe tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial tomada, en la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación debe realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación debe realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se debe realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso, las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real, son: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Jerson Noel Tróchez Cantarero, la pena principal de diez (10) años de reclusión, por ser autor responsable penalmente de un delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de la vida de Santos Argueta Varela; asimismo, se le impuso la pena de tres (3) años de reclusión por ser autor responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; lo que suma una pena acumulada de trece (13) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, reprochada al acusado, está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de homicidio (artículo 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, la cual debe ser rebajada en un tercio (artículos 21 y 62) al tratarse una tentativa inacabada, lo que nos da un nuevo marco abstracto de diez (10) a quince (15) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusados en la sentencia (10 años); asimismo, en lo que respecta al delito de portación ilegal de arma de fuego, dicha conducta se encuentra regulada en el Título XXXI, Capítulo III, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de Tenencia o Porte Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio del Orden Público, y se penaliza de la siguiente forma: De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. Es decir, a partir de lo anterior, se evidencia que la pena concreta de tres años de reclusión impuesta al acusado Jerson Noel Tróchez Cantarero, por el delito de portación ilegal de arma de fuego, se encuentra dentro del marco abstracto de la pena de prisión que regula la nueva normativa penal, ello sin perjuicio de la pena de localización permanente de hasta por dos años. Se concluye que no procede la aplicación retroactiva del decreto 130-2017, pues lejos de beneficiar al imputado, le perjudica, pues la pena a imponer conforme al Código Penal derogado y vigente al momento de los hechos, es de tres (3) años de reclusión y no se impone la localización permanente como lo regula el Nuevo Código Penal, favoreciéndole entonces el derogado Código Penal y siendo este el que debe aplicarse al caso concreto. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 363 del Código Procesal Penal; artículos 21, 62, 192, 580 y 616 del Código Penal 130-2017; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Gloris Evelin Banegas Ávila, defensora pública de Jerson Noel Tróchez Cantarero; 2) Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017; 3) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. Alma Consuelo Guzmán García

Magistrada José Olivio Rodríguez Vásquez MAGISTRADO MIGUEL Alberto Pineda Valle Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-428-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL