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Sentencia CP-426-18 — Registro 14724

Resumen

En primer instancia se condena al imputado como Cómplice Simple del delito de Asesinato, se dcelara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...."De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo usoo de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual, la defensa privada transcribe las declaraciones testificales de cargo, se dedica a elaborar alegatos propios de instancia que resultan insuficientes para autorizar la potestad revisora del control de racionalidad de la actividad valorativa de instancia, pues si la prueba es insuficiente para acreditar la responsabilidad penal del acusado en los hechos que se le imputa, no es una cuestión que atañe al motivo invocado por el recurrente. O bien, el concluir que el sentenciador a vertido fundamentación inconsistente para restar valor probatorio y que los testigos no han sido concordantes entre sí mismos como entre ambos, es una apreciación subjetiva del recurrente en la que pasa por alto la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. A partir de lo alegado, la Sala de lo Penal no tiene duda que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo hecho o aspectos que sean contradictorios, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa privada, todo ello impropio de sede casacional. Por lo anterior, el motivo decae y debe ser desestimado.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Francisco Aguilera Sosa, una pena principal de reclusión de trece (13)años cuatro (4) meses de reclusión, como cómplice simple del delito de asesinato en perjuicio de Abimael Laínez Molina, la que deberán cumplir en el Centro Penal de Nacaome, departamento de Valle; o donde el Juez de Ejecución considere más conveniente, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, el cual, al habérsele condenado como cómplice simple, según el artículo 61 párrafo segundo, establece: “…A los cómplices de un delito consumado o intentado, se le debe imponer la pena prevista por la Ley para los autores del mismo delito, rebajada en un tercio (1/3)”. Quedando la pena con un margen abstracto de trece (13) años cuatro (4) meses a veinte (20) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Francisco Aguilera Sosa, conforme el CP-144-83 al ser de 13 años 4 meses de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 13 años 4 meses a 20 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 426-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 426-2018 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de junio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Nacaome, Departamento de Valle, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Francisco Aguilera Sosa, del delito de Cómplice Simple del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Abimael Laínez Molina, a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Francisco Aguilera Sosa, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se declaró al señor Francisco Aguilera Sosa, la responsabilidad civil, por el delito que es condenado.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al señor Francisco Aguilera Sosa.- Quinto: No procedió declarar el comiso. SON PARTES: La Abogada Blanca Argentina Gómez Matamoros, en su condición de defensora privada del señor Francisco Aguilera Sosa, como parte recurrente y la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresamente y Terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día doce de septiembre del año dos mil cinco en la aldea de Montecristo, Coray Valle, en horas de la mañana el señor ABIMAEL LAINEZ MOLINA salió de su casa de habitación y cuando caminaba frente a su casa a poco metros le salieron a su paso cuatro personas que se encontraban ocultos entre los matorrales; JAIRO GUEVARA, OLVIN CANALES, ALEXIS CANALES y FRANCISCO AGUILERA SOSA; el ahora imputado, portando armas de fuego y sin mediar palabras empezaron a dispararle en forma simultánea contra la humanidad del señor ABIMAEL LAINEZ MOLINA. SEGUNDO: Que el señor ABIMAEL LAINEZ MOLINA; al ser impactado de manera directa y en reiteradas ocasiones, muere al instante y en el mismo lugar; posteriormente dándose a la fuga los acusados.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Blanca Argentina Gómez Matamoros, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÒN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÒN 1.- MOTIVO DE CASACIÒN POR INFRACCIÒN DE LEY: MOTIVO UNICO: Por la mala aplicación de los artículos 13, 32 del Código Penal Vigente, en relación al elemento de tipo Doloso, la Autoría y la utilización de la dogmática, sobre la Teoría del dominio del Hecho y ARTICULO 117 del Código Penal Vigente el cual establece el tipo penal de Asesinato.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El honorable Tribunal, al dictar Sentencia condenatoria, considera que los hechos que contiene la causa llegada a juicio, se enmarcan en lo que establece la legislación penal como delito como delito de Asesinato, atribuyéndole una participación a título de Cómplice Simple, fundamentando dicho fallo en lo que establece el artículo 117 del Código Penal vigente, en relación a los artículos 13, 31,32 de este cuerpo legal, cave entonces relacionar lo que refieren dichos artículos.- El artículo 117 numeral 1 del Código Penal, “Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1.- Alevosía, 2.- Con premeditación conocida, 3.- Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de Buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad, 4.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, la pena por Asesinato será de veinte a treinta años de reclusión y cuando se cometiese mediante inconsistente o manifiestamente erróneo.- (Sentencia 177-08, de fecha 16-11-09). La Sentencia que hoy se impugna contradice lo que establece el Artículo 202 del Código Procesal Penal, el que establece que las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica.- El Órgano jurisdiccional, formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica, toda la prueba producida; situación que no ha pasado en el fallo de la presente causa, por lo que soy del criterio que se han violentado las reglas de la sana crítica específicamente la regla de la lógica, concretamente del postulado de derivación y dentro de éste el de razón suficiente en su característica de suficiencia, ya que la prueba no ha sido valorada de forma armónica y concatenada, lo que viene a provocar un vicio procesal que debe ser enmendado mediante sentencia, por la sala de lo penal. Así mismo, en la Valoración de la Prueba que forma parte de la fundamentación de la Sentencia El Juzgador debe fundamentarse en las normas de la experiencia común, de tal manera, que la Sentencia que razona en contra de esas máximas, contiene un Vicio en su Motivación, que será controlable en Casación, puesto que al ser del Dominio de cualquiera, puede Juzgar con más propiedad la información que le brinda la prueba y así poder, representarse mentalmente el acontecimiento Histórico que pretende reconstruir.- Honorables jueces, en el caso de mérito al momento de dictar la Sentencia Condenatoria en perjuicio de mi defendido, han incurrido en violación a las Reglas de la Sana Crítica por considerar que las conclusiones a que arribaron las Honorables Jueces del Tribunal de Sentencia, de que al ahora condenado es Responsable de cometer el Delito de: ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE COMPLICE SIMPLE, es producto de la inobservancia a las Reglas de la Sana Crítica, por parte de los Jueces de Sentencia, ya que al momento de Valorar La Prueba, NO HACEN UNA VALORACIÓN DE ACUERDO A LA SANA CRITICA.- ante lo antes expuesto esta recurrente es del criterio que al emitir la resolución hoy objeto de impugnación, la misma constituye en consecuencia, una incoherencia que da vida al vicio de la que dichas testigos afirman que el acusado se encontraba con ellas en otro lugar distinto donde sucedió el hecho. EL TRIBUNAL en el apartado de Valoración de la prueba de esta sentencia que se Recurre establece; en relación a los testigos de cargo, aducen que le conceden entera credibilidad, pues fueron las personas que de manera mediata apreciaron los hechos que dieron origen al presente proceso penal, a la vez fueron contestes y relataron de manera concreta y concisa la forma en la que sucedieron los actos que ocasionaron la muerte del señor Abimael Laínez, que con dichos testimonios no hay lugar a dudas de la identidad del hechor y que por ende le otorgan total valor probatorio de cargo; es decir que de los hechos narrados por los testigos no existe duda de que presenciaron el acontecimiento, en relación al tercer testigo, los señores jueces no le dan ningún valor aduciendo que el testigo no presenció los hechos pues a ella le dijeron lo sucedido y que se encontraba en otro lugar donde sucedió el hecho. Es mi criterio que la prueba evacuada en el debate, no es suficiente para, dictar sentencia condenatoria por un delito de asesinato en su grado de cómplice simple, se pudo apreciar insuficiencia probatoria, pues esas declaraciones testificales, las que resultan suficientes para los señores jueces para determinar la culpabilidad de mi defendido, por lo que el tribunal al emitir el presente fallo contradice el criterio vertido por la Honorable Corte Suprema, a través de la sala de lo penal, que establece “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar que las pruebas sean válidas, es decir que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica y En tercer lugar que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos, cuando se haya acudido a ellos y que no es por tanto irracional a las nueve llegamos a la casa de la señora Seferina Bonilla, ahí almorzamos y de ahí nos fuimos al rezo, cuando estábamos en el rezo escuchó la noticia que había muerto el señor Abimael Láinez, nosotros continuamos en el rezo; se interrogó por las partes, la fecha que estuvimos en el velorio fue el 12 de septiembre de 2005, que la acompañaba el día del rezo Francisco, Ana y J. que Ana y el occiso son hermanos, que el rezo donde ellos andaba era de José Aguilera, que se había ahogado, que viene a declarar por es injusticia contra el detenido, entre otras cosas que manifestó, declaraciones, como mencione anteriormente como prueba de descargo, así mismo se evacuó prueba documental, consistente en Acta de levantamiento de Cadáver, que establece las lesiones encontradas en el cadáver, como ser escoriaciones en la rodilla derecha, escoriación en la emicara y ceja derecha, UN ORIFICIO circular, en la parte superior frontal, que es contradictoria a las declaraciones de los testigos, ya que estos manifestaron que todos le dispararon a la misma vez, y solo tiene un orificio, escoriación popularmente conocidas como raspones y científicamente en dermatología, es la falta sustancial de una porción de piel que llega hasta la dermis, que se supone que son productos de la caída, acta de Certificación de defunción del señor Abimael Laínez, siendo todo el legajo probatorio. Al analizar en cuanto a la prueba testifical, nos damos cuenta que estos testigos se contradicen, tanto entre si mismos como entre ambos, que no son contestes en sus deposiciones, dichas declaraciones no producen certeza, pues sus decires son contradictorios, que si bien ellos lograron llegar luego de escuchar los disparos, pero resulta imposible creer que transcurrido como diez minutos como aseguró un testigo haber llegado en el lapsus de ese tiempo a la escena, como creer que el hechor aún va estar en el lugar o creer que si son conocidos van a estar con el rostro descubierto, además por la situación geográfica, pues se había de que los hechores se ocultaron en el monte lo que dificulta tener una visión como lo mencionan entre otras situaciones que son contrarias a un pensamiento lógico; asimismo el hecho que a la prueba propuesta por la defensa no se le de credibilidad, puesto que una de las testigos es hermana del occiso, debió dársele credibilidad puesto a los testigos propuestos por la Defensa se propuso a los testigos, ANA MARIA MALDONADO (hermana del difunto) y DENIA MARGARITA BONILLA CARCAMO, La señora ANA MARIA MALDONADO, declaró; Yo conozco a Francisco Aguilera Sosa y el difunto es mi hermano de padre, entonces yo con Denia y mi hermano J. que es menor que yo, nos fuimos para el rezo el 12 de septiembre de 2005 a un rezo de un difunto de nombre José Aguilera, nos fuimos a los 8 y llegamos como a las 9 y algo, llegamos donde una amiga que vive cerca de donde el rezo, ella nos invitó a comer, almorzamos donde doña Seferina Bonilla, entonces llegamos como a las once al rezo con ellos los cuatro, entonces en el rezo fue que la noticia era que habían asesinado a mi hermano, entonces yo me vine con mi hermano menor J. para la casa y llegamos como a la una donde estaba mi hermano, quien ya estaba cambiado, mi hermano mayor hijo de mi madre, el llego a la escena cuando él estaba tirado, a mi hermano lo mataron como a un cuadra de la casa, pero ahí había una vuelta o curva, entonces ahí lo levanto mi hermano con otras hermanas de madre y padre de él, la mayor de todas y lo llevaron para su casa sin llegar la policía, entonces ellos lo bañaron, entonces cuando yo llegue ya habían hecho todo ese proceso mis hermanos y lo tenían en una cama de mimbre y mi hermano me dijo que no se sabía quién era, no porque se dice que es el Francisco Pero que el andaba con nosotros y no sé de donde salió eso, ni mi hermano mayor sabe quién fue pues él llegó primero al lugar y la señora después que el cuerpo estaba tirado y toda se enloqueció con un aka, a mí me duele mi hermano porque es mi sangre, yo conozco de Dios y la injusticia no me gusta porque el muchacho no es, es duro pagar por algo que no ha hecho… entre otras cosa, se interrogó por las partes entre sus respuestas mencionó que el que recogió el cuerpo fue su otro hermano Jacobo Lazo junto a Nicolasa Laínez, que ella junto al acusado y dos personas más estaban en un rezo un poco lejano del lugar donde murió el occiso, que lo acompaño del lugar del rezo a la casa donde estaba el occiso su hermano menor J., que se reunieron para ir al rezo en la casa de Denia, entre otras cosas; Testigo DENIA MARGARITA BONILLA CARCAMO, quien declaró, francisco se encontraba en un Rezo en Gáleas dos, a las ocho de la mañana nos fuimos yo, Denia, Ana, Francisco y J. y dispararon, que los hechores se encontraban detrás de un piñal, dice que estaba dentro de su casa salió y vio pero que para salir de su casa y llegar al lugar habían pasado diez minutos.- Testigo WENDY LAINEZ, quien declaró; El asesinó a mi papa, yo los conocí eran cuatro, fue como a una cuadra de la casa y nos tiene amenazadas diciendo que nos matará; se interrogo por las partes intervinientes entre sus respuestas, dice que vio cuando mataron a su padre, que vio cuando salió a ver, conoce a los acusados desde hace doce años, que después de la muerte de su padre volvió a ver al acusado, que cuando llega al lugar observa que Francisco Aguilera es quien le dispara, que cuando llega al lugar observa que Francisco Aguilera es quien le dispara, que sale de su casa rápido al escuchar los disparos, cuando ella llega al lugar ahí seguían los acusados viendo, cuando sucedió el hecho ella se encontraba dentro de la casa junto a su madre y su hija, que quien llego primero donde estaba el cuerpo fue su madre, estaba en su casa, cuando le dispararon a su papa, que los hechores portaban arma escopeta, que los cuatro dispararon, dice que cuando llegan a la escena ahí estaban ellos, por último a interrogatorio de uno de los jueces dice que a quien reconoció fue a Jairo.- Testigo FELICIANA MOLINA CRUZ, quien declaró, cuando me mataron a mi hijo yo había salido para Nacaome a las seis y pase por la casa de él, me saludó y me dijo para donde iba, luego me dijo que él también iba a salir para el pueblo porque tiene unas vaquitas que iba a verlas, solo voy a desayunar y ya la alcanzo, él quería que yo lo esperara; cuando llegue a Nacaome me avisaron que lo habían matado, lo mataron como a las siete, y ese muchacho me dijo que me iba a cortar la cabeza, una vez me dijo; Mire vieja habladora le voy a cortar la cabeza y te la voy a tirar a esa cuneta, así me lo dijo él iba con tres más y a mi hijo siempre que lo miraba procuraba pelear con él, porque siempre le decía algún día te van hallar con los dientes pelados y todo eso me lo contaba mi hijo, yo le decía a mi hijo que no saliera pero hasta que lo mataron; después que ya está preso, nos ha ido a decir que al salir nos iba hacer algo, que va matar a esas viejas que lo están acusando, se procedió al interrogatorio por las partes, entre sus respuestas menciona, que le hecho fue un 12 de septiembre pero no recuerda el año, se enteró porque un muchacho le conto que habían matado a su hijo, que son asaltantes, entre otras, dichos testigos fueron presentados por la Fiscalía del Ministerio Público, en relación indicio de Móvil que devienen en la obligación, la mayoría del Tribunal haber apreciado, de forma objetiva y garantista respecto del Principio de inocencia, por lo que este motivo de Casación debe ser declarado ha lugar por la Sala de lo Penal.” IV.- Continúa manifestando la Recurrente en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. “2) RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: En la valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se enmarca en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En El Juicio Oral y Público, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Nacaome, departamento de Valle, por mayoría de sus integrantes, dictó Sentencia Condenatoria en contra de, Francisco Aguilera Sosa, que a criterio de esta Recurrente, violenta la sana crítica, en vista que no lo hicieron en base a los lineamientos que rigen la sana crítica, pues se sabe que al emitir un fallo deben prevalecer en el mismo, entonces es menester ver en qué consistió la prueba que el tribunal consideró suficiente para condenar, medios de prueba que al ser valorados en su conjunto, es imposible creer que dicho fallo es en apego a los lineamientos ya antes referido, entre la prueba testifical se recibió la declaración de los testigos siguientes: Testigo GLADYS UMANZOR CARDENAS, quien declaró; a Abimael Laínez Molina, lo mataron el 12 de septiembre del año 2005, a las Siete de la mañana, eran cuatro, el non tenía problemas con nadie, también Francisco Aguilera le hizo disparos a mi hijo, luego fue cuando asesinó a Abimael Laínez Molina, con los demás, Jairo Guevara, Olvin Canales, Alexis Canales y el señor Francisco Aguilera, posteriormente se le realizó el interrogatorio, y entre las respuestas manifestó, haber visto que los cuatro imputados aplicación de lo que en la Dogmática Jurídica Penal se conoce como la Teoría del Dominio del Hecho, sin embargo en el caso que nos ocupa el Tribunal no ha sido conteste ni ha actuado con certeza sobre probar que mi representado sea cómplice, lo que implica una repartición de funciones y acuerdo previo para producir un resultado como el de Asesinato, tomando como única referencia el dicho de dos testigos, versiones que no se corroboraron con otros medios o medios probatorios en virtud de un ánimo (que sería el dolo), o de perseguir un fin determinado, que es el Móvil o indicio de Móvil, como es conocido que establezca la razón por la cual se lleva a cabo la acción, es el caso que nos ocupa con el objetivo de quitar la vida a una persona, Móvil o circunstancia que no ha sido posible de acreditarse en el Juicio Oral y Público, para inferir el resultado u objetivo de la muerte del occiso, ya que en el caso que nos ocupa, la mayoría del tribunal, atribuye el resultado a mi representado y otras personas, por considerar que se encontraban presentes cuando se infirieron los disparos que produjeron la muerte, lo cual es un indicio de lugar y tiempo, pero este indicio debe ser corroborado con la pluralidad de indicios para inferir una conclusión determinada y así imputar ese resultado (Teoría de la Imputabilidad Objetiva), sin embargo la mayoría del Tribunal guarda silencio al respecto y establece en forma negativa para inferir su conclusión y sostener su fallo, que la defensa no pudo desvirtuar la tesis del Ministerio Público, dejando de lado su exigencia de objetividad con relación al Principio de presunción de inocencia y establecer de qué forma se ha inferido el resultado de culpabilidad, mediante la aplicación de un correcto análisis del derecho positivo y la aplicación de las normas jurídicas así como de la dogmática, pues el tipo penal de asesinato es causar la muerte de una persona, mediante circunstancias especiales propias del tipo, en el cual debemostrarse la participación de esa acción, en la cual los elementos descriptivos del tipo penal se cumplan, así como también los elementos objetivos y subjetivos donde ese accionar, típico sea también doloso y precisamente donde el Conducta Típica: El Asesinato consiste en dar muerte a otra persona y en el cual además deben darse circunstancias calificadoras que lo hacen una norma especial, en el presente juicio no se da la concurrencia de ninguna no hay Alevosía, se descarta la premeditación conocida, por la falta de prueba que haya demostrado sus tres elementos como ser el ideológico, cronológico y psicológico. Se podría creer que por la forma en que manifiestan los testigos pudiese existir la alevosía, para lo cual el artículo 27 numeral 2 define: Hay Alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarlas, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. Se trata de un tipo prohibitivo, lo que se prohíbe precisamente es la causa de la muerte, con la concurrencia de circunstancias especiales. Siempre que exista un nexo causal entre la acción y el resultado. Tercero: En el presente caso estamos ante la complicidad simple, en tal sentido y se entiende que el acusado no tuvo una participación directa, pero sin embargo, se dice que el cómplice coopera en la ejecución del hecho delictivo, por un acto anterior a este o simultaneo con este… la pregunta entonces es como ya lo había referido especificadamente, cual es tal cooperación?, pues se menciona que tuvo dominio del hecho, estuvo en concierto previo con los demás autores, pero no en condiciones iguales, se dice que él acompañó a los demás pero nunca se acreditó que él disparó, pues según testigos este no disparó y sindican quien fue el que disparó. Es así que la mayoría del tribunal en la fundamentación jurídica, comienza manifestando que existe una participación en el delito a título de cómplice simple sin explicar que ha inferido la aplicación de la Teoría del Dominio del Hecho en el cual, cada uno de los participantes realiza un rol específico para realizar una acción determinada, Es así que esta afirmación es propia de la circunstancias siguientes: 1) Alevosía, 2) Con premeditación conocida 3)…. 4) Con ensañamiento, Aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Estima el Tribunal de Sentencia que al hacer un análisis de los medios de prueba desplegados por el Ministerio Público, resultan ser objetivamente confiables, creíbles y suficientes para enervar el estado de inocencia del señor Francisco Aguilera Sosa, como Cómplice en la comisión de un delito de ASESINATO, ya que se probó que ellos, fueron las personas que desplegaron un comportamiento activo, que culminó con la muerte violenta del señor Abimael Laínez Molina.- Segundo: Es necesario entonces determinar si se dan elementos objetivos y subjetivos del tipo penal del delito de Asesinato, en el presente caso así como establecer el sujeto activo y pasivo de la conducta reprochable. El artículo 117 del código penal establece el delito de Asesinato, como ya lo hemos citado de forma literal en la presente sentencia, exige esta norma que exista un sujeto activo: Que puede ser cualquier persona. De los hechos declarados probados se desprende que en fecha 12 de Septiembre del año 2005, en horas de la mañana el occiso Salió de su morada en la aldea Montecristo, municipio de Coray, Valle, y en esos instantes al caminar cerca de su casa de habitación cuatro personas que se encontraban ocultos entre los matorrales siendo estos Jairo Guevara, Olvin Canales, Alexis Canales y Francisco Aguilera (hoy imputado), quienes portando armas de fuego y sin mediar palabras empezaron a dispararle en forma simultánea contra la humanidad del occiso, podemos corroborar que las personas que realizan esta acción son los señores antes indicados. Sujeto Pasivo: Persona sobre la cual recae la acción y que pierde la vida, en este caso el sujeto pasivo es el señor ABIMAEL LAINEZ MOLINA. Produjera el resultado muerte del señor ABIMAEL LAÍNEZ MOLINA, el cual nunca fue demostrado durante el juicio, atribuyendo a mi defendió un actuar doloso, inexistente que tampoco fue acreditado y utilizando equivocadamente la aplicación de la teoría del dominio del Hecho, para sindicarlo como autor, así como erróneamente se ha utilizado la aplicación de la Teoría de la imputación objetiva, para establecer la comisión también del Delito de Asesinato y peor aún creer que la participación imputable es como Cómplice simple, sin haberse acreditado cual fue tal colaboración para así imputarle dicha participación. Del análisis que desarrollaremos podrá apreciarse, como de forma equivocada el tribunal con la mayoría de sus miembros hace infererencias propias de la parte sustantiva y de dogmática jurídica que de forma equivocada le lleva a concluir un resultado incorrecto. Cabe señalar que el honorable Tribunal, por su mayoría de Miembros, en lo que respecta a la fundamentación jurídica de la sentencia estableciendo: Primero: Aspectos que deben probarse en el Proceso Penal, refieren a lo que establece el Artículo 32 del código penal donde establece que serán responsables de la comisión de un delito los Autores o los cómplices… que por lo tanto la probanza del ente acusador durante el juicio debe estar orientada a acreditar dos extremos; a) La existencia de un hecho típico que llene todas las características establecidas en la norma penal tanto en sus elementos objetivos como subjetivo; b) La participación que la persona ha tenido en ese hecho típico. Segundo: Respecto a los elementos que integran el delito por los que el ministerio Público acusó y la concurrencia de los mismos en el hecho probado.- En tal sentido, es necesario analizar si en el presente caso, se ha realizado una acción que pueda considerarse típica, entendiendo que dicha acción se encuentra señalada en el tipo penal que se establece en el título primero Delitos contra la Vida y la integridad Corporal capitulo uno del Código Penal, como ser el delito de Asesinato que está contenido en el artículo 117 el cual establece: Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañe de robo o violación, la pena será de treinta a privación de por vida de libertad.- Sobre la participación del delito los Artículos 31 y 32, establecen que son responsables criminalmente los autores y cómplices, y se considera autor quien forma parte directa en la ejecución del hecho y los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan en la ejecución del hecho, por un acto sin el cual no se hubiese efectuado, por lo que es necesario establecer una acción dolosa, entendiendo que cuando nos referimos al dolo “se produce un resultado típicamente Antijurídico, con conciencia de que se quebranta el deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de casualidad existente entre la manifestación Humana y el cambio en el mundo exterior, con voluntad de realizar la acción y con representación del resultado que se quiera o ratifique”, situación que no paso en el presente juicio pues mi defendido no ha tenido que ver en tales hechos injustamente atribuidos; En relación a la participación que se le atribuye cabe señalar que sobre el tema ya el Código Penal en sus artículos 31 y 32 claramente dice que son responsables criminalmente los autores y cómplices, y se considera autor quien toma parte directa en la ejecución del hecho y los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan en la ejecución del hecho, por un acto sin el cual no se hubiese efectuado, en ningún momento de este juicio se logró demostrar que mi defendido tuviese participación ni como autor ni como cómplice, puesto que el tribunal aduce que ha sido cómplice, entonces nos preguntamos cuál es esa colaboración que ha realizado el acusado, en otras palabras que este indujera o utilizare fuerza directamente para que las otras personas cometieran el delito, se habla que el hecho lo cometieron varias personas, pero no se tiene claro cuáles fueron las acciones atribuibles a cada uno de ellos, no ha podido ser determinado por la pésima investigación con la cual fue manejado el caso, que insidiosamente ha pretendido establecer un móvil supuesto para que se sentencia ahora recurrida, específicamente a la Regla de la Sana Crítica, de la Ley Fundamental de la Lógica, en su Principio Lógico de No Contradicción. RECLAMACIONES PRESENTADAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL: El Vicio Procesal que sirve de fundamento al RECURSO DE CASACIÓN, desarrollado por la Impetrante en el presente Recurso, fue cometido en el Acto mismo de la Sentencia ahora Recurrida, y por lo tanto, por su naturaleza, no se pudo intentar Reclamo alguno para su subsanación, ya que no era el momento procesal oportuno, por ello, es que hasta ahora que se interpone el presente Recurso.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículos 13, 32, 117 del Código Penal Vigente. Concepto de la infracción: Mala aplicación de la norma sustantiva. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se declare con lugar este motivo de casación. Establece la recurrente que hay mala aplicación de los artículos 13, 32 del Código Penal Vigente en relación al tipo doloso, la autoría y la utilización de la dogmática, sobre la teoría del hecho y artículo 117 del Código Penal Vigente el cual establece el tipo penal de asesinato. Del delito de Asesinato Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Sentencia afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art.3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho, el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Asesinato. El delito de Asesinato, protege la vida independiente como bien jurídico protegido y está tipificado en el artículo 117 que indica que “es reo de asesinato quien de muerte a una persona”, ejecutando el hecho mediante alevosía, premeditación conocida, causando grandes estragos o con ensañamiento. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: Sujeto Activo puede ser cualquier persona; Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona diferente a: los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y diferente al Presidente de un Poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio. Objeto material del delito es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida. Modalidad Criminosa entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que debe llevarse a cabo mediante una de las cuatro formas descritas en el tipo penal, siendo éstas: alevosía, premeditación conocida, mediante la producción de grandes estragos o con ensañamiento. Como elemento subjetivo el tipo penal de Asesinato requiere el dolo específico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir, o producirá la muerte de otra persona y, de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; adicionalmente el delito requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la modalidad criminosa (alevosía, premeditación, mediante ensañamiento o grandes estragos) y que quiera procurarla y/o aprovecharse de ésta. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Asesinato, las siguientes: Según su Estructura: Tipo penal especial: Por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otro delito (Homicidio), al que se agregan otros elementos para constituirse en un tipo penal distinto; Tipo penal simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; Según su Contenido; Tipo Penal de resultado: que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; Tipo de conducta instantánea: al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; Tipo penal de acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; Tipo penal cerrado: porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; Según el Sujeto Activo: Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; Según el Bien Jurídico Tutelado: Tipo penal monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; Tipo penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona De la Alevosía La alevosía, conforme lo conceptualiza el artículo 27.2 del Código Penal, es cuando el sujeto activo realiza un delito en contra de la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para el agresor de la defensa que pudiese ofrecer la persona ofendida.- Es importante resaltar dos puntos: Primero: que para la existencia de la alevosía no se requiere que el delito sea de carácter consumado, basta que el sujeto activo haya pretendido realizar la acción alevosa para que la circunstancia pueda ser considerada existente; Segundo: Para la existencia de la alevosía no es suficiente con la concurrencia objetiva de una situación de indefensión, sino que es preciso, además, el ánimo por parte del sujeto activo de buscar y aprovecharse de esa situación.- Del concepto se derivan tres clases de alevosía: 1. La Alevosía Proditoria, conocida también como aleve o traicionera, existe en los casos en donde la agresión del sujeto activo precede de una trampa, emboscada, celada o apostamiento, actuando el autor sobre seguro y a traición, por tanto, adicionalmente requiere un ámbito previo de premeditación; 2. Alevosía Sorpresiva, conocida también como súbita o inopinada, se presenta cuando la agresión del sujeto activo es de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevisto por el sujeto pasivo (ex improvissu), no permitiendo al sujeto pasivo reaccionar mucho menos evitar la agresión; típicamente la alevosía sorpresiva se presenta cuando el sujeto pasivo se encuentra de espaldas de su agresor, pero también puede presentarse cuando éste se encuentre de frente, a la vista, procurando el sujeto activo no revelar sus intenciones hasta cuando proceda a la ejecución del ataque procurando la suerte que el acto improvisto le de la ventaja; y 3. Alevosía de Prevalimiento, llamada con los nombres de desvalimiento o indefensión, que se presenta cuando el sujeto activo aprovecha una situación especial de indefensión o desamparo del sujeto pasivo que le impide defenderse, así por ejemplo los casos en donde la víctima se encuentre dormida, embriagada, esposada, retenida en una celda, etc.- En este tipo de alevosía, el estado de indefensión no es provocado por el sujeto activo, quien al visualizarlo lo aprovecha para ejecutar su ataque.[1] De la Premeditación La premeditación es el estado intelectivo que se caracteriza por la frialdad de ánimo en el autor y la persistencia en la resolución delictiva, por cuanto éste contempla la posibilidad de realizar el delito y persiste con dicha idea por un tiempo claramente diferenciado; es así que la idea del delito no nace en el momento en que éste es ejecutado, sino que de él se tiene una idea preconcebida y acariciada; debe tenerse en cuenta, que la premeditación no implica planeamiento, aunque el planeamiento siempre es característica intrínseca de la premeditación, ya que una persona puede concebir la idea de ejecutar el delito, tenerlo presente en su mente como algo deseable y realizarlo al momento en que circunstancialmente identifica un momento como el ideal para hacerlo, sin que medie planificación; por el contrario, cuando la persona se plantea el modo o la forma de ejecutar el delito, ejecutándolo de tal manera implica planeamiento y por ende premeditación.[2] La premeditación se compone de tres elementos:1- Elemento Cronológico: Que implica una dilatación de tiempo entre la resolución delictiva y su ejecución; no existe un parámetro de tiempo determinado, más si requiere que entre el momento de la decisión delictiva y el momento de la ejecución de la conducta que busca su materialización exista una disolución temporal que permita apreciar los demás elementos de la premeditación. 2- Elemento Ideológico: Consistente en la persistencia en la resolución delictiva, en el cual el sujeto activo no solo haya ideado el cometimiento del delito, sino que persista en la idea de su ejecución, representándose formas, medios, instrumentos o momentos para su materialización, ejecutando la conducta como decisión razonada, para lograr un resultado contemplado y deseado; y 3- Elemento Psicológico: Frialdad de ánimo del sujeto activo, pues el delito no se comete por el estado de ánimo surgido del momento, sino como consecuencia de una -más o menos larga- contemplación reflexiva, teniendo la oportunidad de considerar todas las variables que pueden presentarse tanto en la ejecución del delito como posterior a éste, sin que el posible reproche social, el riesgo de sanción penal y principalmente el daño a la vida de terceros le desanime en su plan delictivo. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley, Único Motivo. El recurso no es de recibo. El examen del hecho único declarado probado por la sentencia impugnada de fecha 18 de junio de 2018, arroja como resultado la plena identificación de la modalidad criminosa contemplada en el artículo 117 numeral 1 del Código Penal, por lo que es esta la norma que debe ser aplicada al caso concreto, tal y como lo hiciera el tribunal de Sentencia.

Conforme al hecho probado único, el cual fue transcrito Ut Supra, los juzgadores establecieron: 1. Los hechos ocurrieron en fecha 12 de septiembre de 2005, en horas de la mañana, en la aldea Montecristo, Coray Valle. 2. Los señores Jairo Guevara, Olvin Canales, Alexis Canales y Francisco Aguilera Sosa, portando armas de fuego, esperaban al señor Abimael Laínez Molina. 3. Cuando el señor Abimael Laínez Molina, salió de su casa de habitación y cuando caminaba frente a su casa a pocos metros le salieron a su paso cuatro personas que se encontraban ocultos entre los matorrales, y sin mediar palabras empezaron a disparar en forma simultánea contra la humanidad del señor Abimael Laínez. 4. El señor Abimael Laínez, al ser impactado de manera directa y en reiteradas ocasiones, muere al instante y en el mismo lugar, posteriormente dándose a la fuga los acusados. Como lo explica el A quo, tal acción de dar muerte al señor Abimael Laínez Molina, aniquilando cualquier posibilidad de defensa, al haberlo emboscado por un grupo de cuatro individuos contra él, lo que anula la posibilidad de reaccionar para defenderse, la situación de indefensión en que se encontraba Abimael Laínez aprovechada por sus agresores y asegurando la falta de riesgo para sus victimarios; criterio de los juzgadores que, a considerar lo declarado probado, es correcto, pues la circunstancia alevosa proditoria se origina por: Momento del hecho: el hecho fue realizado en horas de la mañana, en la aldea Coray, Valle.- Forma de realizar el hecho: Los acusados, como lo señalada el hecho probado, portaban armas, esperan a Abimael Laínez, quien al salir de su casa de habitación y cuando caminaba frente a su casa a pocos metros le salieron a su paso cuatro personas ocultos en unos matorrales y sin mediar palabras empiezan a dispararle..-Número de participantes: El hecho fue realizado por cuatro (4) personas portando armas de fuego: Jairo Guevara, Olvin Canales, Alexis Canales y Francisco Aguilera Sosa. Es claro entonces que el hecho fue resultado de una decisión producto de un razonamiento de la forma ideal de llevar a cabo el delito y de una situación psicológica de frialdad de ánimo para ejecutarlo tal como se había representado. Los hechos descritos permiten identificar la existencia de una alevosía proditoria, pues los hechos idearon una forma de ejecución que permitiese minimizar los riesgos de una posible defensa y además asegurar en una alta probabilidad el resultado ante la seguridad que los medios y forma elegidos le proporcionaron. En cuanto a la participación del acusado en los hechos, que a criterio del A quo se acreditó fue a título de cómplice del delito de Asesinato, es preciso establecer que de acuerdo al artículo 33 del Código Penal (decreto 144-83), se determina que: “…son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos…”. De conformidad con el hecho probado y atendiendo el razonamiento del A quo, quien llega a la convicción de que el señor Francisco Aguilera, participó, tuvo conocimiento, colaboró, estando más encaminada la conducta a cooperar de forma simple y no de manera necesaria o imprescindible, por lo que finalmente estima el sentenciador que el señor Aguilera ha participado en el Asesinato de Abimael Laínez Molina a título de cómplice simple. Para desarrollar lo atinente a la participación del señor Francisco Aguilera Sosa y de acuerdo a los reproches expresados por la censora, es necesario que esta Sala de lo Penal se refiera a la teoría del Dominio de Hecho, desarrollada en la doctrina como herramienta de utilidad para distinguir la participación de la autoría. Así, se entiende por dominio del hecho, el acto doloso de tener en las manos el curso del suceso típico, para esta teoría, será autor quien domina la ejecución del hecho. Para Zaffaroni[3], el dominio del hecho se rige tanto por aspectos objetivos como subjetivos, puesto que el señorío del autor sobre el curso del hecho lo proporciona tanto la forma en que se desarrolla en cada caso la causalidad de la dirección que a la misma se le imprime, no debiendo confundirse con el dolo, porque hay dolo también en la participación (el cómplice y el instigador actúan con dolo). De este modo, el aporte al hecho que cada uno hace es de naturaleza tal, que conforme al plan concreto del hecho, sin este aporte el hecho no podría haberse realizado. Dicho de otro modo y más concisamente, la teoría del domino del hecho permite distinguir más claramente la diferencia entre autor y partícipe; así, será autor quien domina la configuración del hecho típico, y partícipe quien no ejerce tal dominio y solo colabora con un hecho doloso ajeno.El cómplice se caracteriza por actuar con conocimiento y de modo voluntario en el injusto, prestando colaboración a quien ejerce control sobre el curso del mismo. Para Bacigalupo[4] el cómplice sólo es caracterizable negativamente; es el que ha prestado una colaboración que no es indispensable para la comisión del delito. Con respecto al momento del aporte, cabe señalar que se puede dar tanto en la etapa de la preparación como en la etapa de ejecución, no hay una complicidad posterior a la consumación. De este modo el A quo ha llegado a la conclusión de que el señor Francisco Aguilera Sosa, ha participado en un hecho, prestando una colaboración simultánea, estando en el lugar del hecho, participando, pero su actuación fue distinta a la de los demás y su colaboración no fue imprescindible para la consumación del injusto, por tanto, no reúne los requisitos del coautor. Por otro lado, encuentra esta Sala de lo Penal, que de conformidad con los hechos probados declarados en la sentencia, se establece que: “… El día doce de septiembre del año dos mil cinco en la Aldea de Monte Cristo, Coray, Valle, en horas de la mañana el señor Abimael Laínez Molina salió de su casa de habitación y cuando caminaba frente a su casa a pocos metros le salieron a su paso cuatro personas que se encontraban ocultas entre los matorrales; JAIRO GUEVARA, OLVIN CANALES, ALEXIS CANALES Y FRANCISCO AGUILERA SOSA, el ahora imputado, portando armas de fuego y sin mediar palabras empezaron a dispararle en forma simultánea contra la humanidad del señor Abimael Láinez Molina…” Respetando los hechos declarados como probados en la sentencia censurada, claramente se concluye la participación de Francisco Aguilera Sosa, en un hecho violento que dio como resultado el fallecimiento del señor Abimael Laínez Molina. Encuentra esta Sala de lo Penal, que el sentenciador incurre en un yerro al atribuir al señor Aguilera Sosa, dominio en el hecho, puesto que habiendo sido declarado cómplice, siguiendo la teoría del dominio del hecho, éste no ha debido tener control sobre el curso de la acción y la producción del resultado. Sin embargo, de los hechos probados es posible establecer que Francisco Aguilera Sosa ha participado en un hecho delictivo ajeno, con conocimiento del mismo y su ilicitud, así como con la voluntad de colaborar en dicha ejecución. Su participación, aunque no indispensable, sirve a los fines de ejecución al permitir que el ataque fuese realizado en grupo, participando el señor Aguilera Sosa, en el mismo, ejecutando actos de cooperación que facilitaron el hecho violento en el que falleció Abimael Láinez Molina. Es así que la Sala de lo Penal, encuentra que conforme al razonamiento del A quo expresado en los hechos probados, fue acreditada la participación de Francisco Aguilera Sosa, en el delito de Asesinato en perjuicio de Abimael Laínez Molina, a título de participación de cómplice simple. Por lo anterior el motivo debe ser desestimado. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica al valorar la prueba. Reclamación Ex Ante: Se produce en el acto mismo de sentenciar. Pretensión: Se declare con lugar el motivo el recurso. Establece la recurrente, que la sentencia que hoy se impugna contradice lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal, el que establece que las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. - El órgano Jurisdiccional, formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida; situación que no ha pasado en el fallo de la presenta causa, por lo que se ha violentado las reglas de la sana crítica, específicamente la regla de la lógica, concretamente del postulado de derivación y dentro de éste, el de razón suficiente, ya que la prueba no ha sido valorada de forma armónica y concatenada, lo que viene a provocar un vicio procesal que debe ser enmendado mediante sentencia por la Sala de lo Penal. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debecidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la lógica no formal, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión deberivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo usoo de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual, la defensa privada transcribe las declaraciones testificales de cargo, se dedica a elaborar alegatos propios de instancia que resultan insuficientes para autorizar la potestad revisora del control de racionalidad de la actividad valorativa de instancia, pues si la prueba es insuficiente para acreditar la responsabilidad penal del acusado en los hechos que se le imputa, no es una cuestión que atañe al motivo invocado por el recurrente. O bien, el concluir que el sentenciador a vertido fundamentación inconsistente para restar valor probatorio y que los testigos no han sido concordantes entre sí mismos como entre ambos, es una apreciación subjetiva del recurrente en la que pasa por alto la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. A partir de lo alegado, la Sala de lo Penal no tiene duda que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo hecho o aspectos que sean contradictorios, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa privada, todo ello impropio de sede casacional. Por lo anterior, el motivo decae y debe ser desestimado. DECISIÓN. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del cp decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Francisco Aguilera Sosa, una pena principal de reclusión de trece (13)años cuatro (4) meses de reclusión, como cómplice simple del delito de asesinato en perjuicio de Abimael Laínez Molina, la que deberán cumplir en el Centro Penal de Nacaome, departamento de Valle; o donde el Juez de Ejecución considere más conveniente, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, el cual, al habérsele condenado como cómplice simple, según el artículo 61 párrafo segundo, establece: “…A los cómplices de un delito consumado o intentado, se le debe imponer la pena prevista por la Ley para los autores del mismo delito, rebajada en un tercio (1/3)”. Quedando la pena con un margen abstracto de trece (13) años cuatro (4) meses a veinte (20) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Francisco Aguilera Sosa, conforme el CP-144-83 al ser de 13 años 4 meses de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 13 años 4 meses a 20 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo y por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Blanca Argentina Gómez Matamoros, en su condición de defensora privada del señor Francisco Aguilera Sosa, en la causa instruida por el delito de asesinato en su grado de complicidad simple, en perjuicio de Abimael Laínez Molina. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- TERCERO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Nacaome, departamento de Valle. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Maria del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 426-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

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[1] Ver al respecto las Sentencias de la Sala de lo Penal siguientes: Exp. 277-2015, Exp. 129-2015 y Exp. 335-2015.

[2] Ver al respecto Sentencia de la Sala de lo Penal del 27de mayo de 2014, en Exp 057-2012

[3] Zaffaroni, Eugenio Raúl (1990). Manual de Derecho Penal; Parte General. Ediciones Jurídicas, p.572

[4] Bacigalupo Enrique. Manual de Derecho Penal, Parte General. Editorial Temis, Santa Fe Bogotá, Colombia. 1996. Pág. 210 y 211.