Sentencia CP-426-17 — Registro 12453
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de Pública, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL MOTIVO ES DE RECIBO. El artículo 337 del Código Procesal Penal hondureño configura una obligación de correlación entre acusación y sentencia con respecto al objeto del proceso, prohibiéndole al órgano judicial la posibilidad de aplicar una pena por un hecho o a un sujeto distinto al introducido en el proceso por las partes. En este sentido, el principio acusatorio forma parte del haz de garantías de nuestro sistema procesal, directamente vinculado con el derecho fundamental a la defensa que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, que, como es notorio, proscribe toda posible indefensión. Toda persona acusada tiene derecho a conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación a fin de no quedar sumida en una completa indefensión, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el tribunal de forma que se configure un delito distinto diferente al que fue objeto de debate procesal. El derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo que es incompatible con un sistema de derechos fundamentales y libertades públicas. Consecuencia de todo ello es que siempre ha de haber la debida congruencia entre la acusación y la condena, de modo que el Tribunal sentenciador no pierda su objetividad alterando de oficio los hechos o su calificación jurídica, salvo que actué dentro del marco legal de lo pedido, en ejercicio de su facultad individualizadora. Ese derecho a ser informado de la acusación exige un conocimiento completo de los hechos de que se es acusado y de la calificación jurídica formulada por las partes acusadoras, y, a su vez, es presupuesto necesario de la evitación de indefensión que irremisiblemente se produce cuando se dictan condenas por hechos y cualificaciones de los mismos en un momento en que las posibilidades de defensa ya han pasado. En el presente caso se observa, que el tribunal de sentencia ha apreciado oficiosamente un delito que supera la expectativa punitiva del ente acusador, reprochando penalmente a la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez, un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, que se penaliza con quince (15) a veinte (20) años de reclusión, más multa de un millón de lempiras (L 1,000,000.00); cuando la pretensión punitiva del Ministerio Público es por Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas, que contiene una pena abstracta de seis (6) a nueve (9) años de reclusión, y multa de cincuenta mil lempiras (L 50, 000.00) a cien mil lempiras (L 100, 000.00). Al remitirnos al contenido de la audiencia preliminar (f. 145) y del auto de apertura a juicio (f. 147) en la etapa intermedia del proceso, al momento en que el Ministerio Público formalizó acusación, calificó el accionar de la señora Marlin Cecilia Castillo, como un delito de Almacenamiento Ilícito de Drogas, el cual no está como tal tipificado en la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes, sino que es un verbo rector que forma parte del concepto de Tráfico Ilícito de Drogas que se da en el artículo 5 numeral 34 de dicha ley. Sin embargo, al momento de fundamentar su pretensión punitiva, el Ministerio Público lo hizo conforme al artículo 22 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes (f. 147), que contiene el delito de Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas, atribuyendo su participación a título de autora y fijando un marco abstracto de la pena pretendida de seis (6) a nueve (9) años de reclusión, más la multa respectiva. Posteriormente, en el juicio oral y público, el Ministerio Público al momento de exponer su posición sobre la formalización de la acusación, manifestó que calificaba los hechos siempre como un delito de Almacenamiento Ilícito de Drogas, fundamentándose esta vez conforme al artículo 18 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes (el cual tipifica el delito de Tráfico Ilícito de Drogas y fija una doble pena: reclusión de 15 a 20 años, más multa de un millón de lempiras (L 1,000,000.00)). Al momento de expresar sus conclusiones (f. 198) el ente fiscal consideró que se debe condenar a la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez, conforme al artículo 22 de la ley previamente citada, por ser autora responsable penalmente de un delito de Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas. Seguidamente, el presidente del Tribunal de Sentencia, le solicitó al fiscal del Ministerio Público que aclare el ilícito reprochado a la señora Castillo Martínez y el fundamento jurídico utilizado, a lo que el Ministerio Público aclaró que su pretensión punitiva desde un inicio siempre ha sido por Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas, conforme al artículo 22 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes, y que la pena abstracta pretendida es de seis (6) a nueve (9) años de reclusión, más su multa respectiva de cincuenta mil lempiras (L 50, 000.00) a cien mil lempiras (L 100, 000.00). Sucede que, el Tribunal de Sentencia al momento de dictar la sentencia definitiva, condenó por un delito por el cual no fue formalizado en la acusación por el Ministerio Público, pues desde aquel momento, este sostuvo su acusación bajo la premisa del artículo 22 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes.
Al respecto, este Tribunal de Casación ha expresado con anterioridad que la concreta calificación jurídica y la fijación del quantum de la pena son potestades exclusivas del juzgador, y por lo tanto, sujetas al principio de legalidad e iura novit curia, y por ello fuera de toda posible disposición de las partes, más en todo caso, le está vedado calificar el hecho de forma más grave en perjuicio del imputado, pudiendo no obstante calificarlo a su favor hasta el punto de poder estimarlo como constitutivo de falta. A criterio de esta Sala de lo Penal, la modificación introducida por el sentenciador en la calificación del delito contra la Salud Pública, atribuido a la imputada Marlin Cecilia Castillo Martínez, se considera que es lesivo para su derecho de defensa, pues el Tribunal de Instancia por decisión expresa del legislador hondureño en el artículo 337 del Código Procesal Penal, no puede calificar el hecho de manera más gravosa de la que resultara de la formalización de la acusación, o en su caso, de la ampliación de la misma en el debate cuando la hubiere, desprendiéndose de los antecedentes que el Ministerio Público mantuvo durante todo el transcurso del proceso la calificación de los hechos debatidos por las partes, como un delito de Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas tipificado en el artículo 22 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes, y no es sino hasta en sentencia, que s el Tribunal de Instancia calificó los hechos como un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, tipificado en el artículo 18 del texto punitivo antes relacionado. Por las razones antes expuestas, esta Sala de lo Penal considera que el Tribunal A Quo ha quebrantado la exigencia de la debida correlación entre acusación y sentencia prevista por el artículo 337 del Código Procesal Penal, de tal manera que el motivo invocado por el censor debe ser estimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.6 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de las Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: I. “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 426-2017 por Infracción de Precepto Constitucional, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Condenó a la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez, como autora penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de Pública, sin la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, a la pena de quince años de reclusión, la que deberá cumplir en el Centro de Readaptación Femenina (CEFAS), en la aldea de Támara, Francisco Morazán, así como también se le impone una multa de un millón de lempiras (L 1, 000,000.00). Será computable a efecto del cumplimiento de la pena, el tiempo que la procesada ha permanecido cautelarmente privada de la libertad por esta causa. Segundo: Absolvió a la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez, del delito de Almacenamiento Ilegal de Armas Comerciales, previsto y sancionado en el artículo 332-B del Código Penal. Tercero: Condenar a la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo que dure la misma, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Cuarto: Se decretó el comiso de la droga ocupada y demás efectos del delito como las balanzas y el dinero incautado. La droga deberá ser incinerada mientras que las armas y municiones deberán entregarse a sus legítimos dueños. Los teléfonos celulares y demás objetos no vinculados a los hechos deberán devolverse al Ministerio Público por no ser pertinentes. Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: No se declaró la responsabilidad civil de la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, el Abogado Miguel Ángel Maldonado, en su condición de defensor público de la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez. Son partes en única instancia: Los Abogados Alba Regina Paniagua y Arnaldo Alcides García, defensores públicos de la señora Marlín Cecilia Castillo Martínez, como recurrente; y, la Abogada Marina Audely Varela, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: Que el día viernes uno de Julio de 2016 a las 10:00 horas se allanó y registró con autorización judicial la vivienda ocupada por Marlín Cecilia Castillo Martínez ubicada en la Colonia Las Américas, municipio de Esparta, a mano izquierda antes de llegar al puente de San Juan Pueblo, en la carretera que de Tela conduce a La Ceiba habiéndose designado como Juez ejecutor al Agente de la Dirección Policial de Investigación Carlos Josué Bueso López quien se presentó al lugar junto con fiscales del Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional y un técnico de inspecciones oculares. SEGUNDO: Se dividió la casa en cuadrantes encontrándose lo siguiente: Cuadrante Uno (sala comedor del ala derecha) a) seis envoltorios plásticos conteniendo hierba seca en el suelo, cerca del sofá b) seis bolsas plásticas conteniendo hierba seca que estaban sobre una mesa de madera c) Una balanza marca Royal colgada cerca de la refrigeradora.- Cuadrante Dos (Dormitorio) 2 bolsas plásticas conteniendo polvo blanco en su interior, 1 memoria USB de colores negro y gris, un celular blanco marca Olla, una tarjeta de identidad a nombre de Marlin Cecilia Castillo Martínez, una lata de metal dentro de la cual había una cámara digital marca KODAK y 24 teléfonos celulares, 1 bolsita plástica conteniendo polvo blanco y nueve sobres de color blanco en los que se lee bicarbonato de sodio.- En Cuadrantes 3 (Baño) Cuatro (Dormitorio) y Cinco. No se encontraron indicios.- Cuadrante Seis (Dormitorio) se observa ropa dispersa y sobre una mesa color café se encontró una maleta de viaje con teniendo en su interior dos escopetas calibre 12, una bolsa plástica conteniendo hierba seca, 4 cartuchos sin percutir y tres proyectiles metálicos, una balanza de metal color gris.- Cuadrante Siete (Área de la sala que se encuentra en el Ala Izquierda) sobre la parte superior de un mueble o centro de entretenimiento se encuentra una bolsa plástica transparente y en su interior hierba seca; Cuadrante Ocho (Pasillo que divide en dos alas la casa) se encuentra estacionada una motocicleta marca Pulsar, color rojo y negro, placa MBD-3194, dos bicicletas marca Bacini, una cuatrimoto color rojo, marca Shneray, dos mesas de billar, una discomóvil de 12 parlantes, una bola de disco móvil, 2 Power y seis mixers, una mesa de plástico color roja sobre la que estaban tres teléfonos celulares y tres cargadores para celular.- Cuadrante Nueve (Patio Trasero) debajo de la raíz de una bola de bambú seis bolsas plásticas conteniendo en su interior hierba seca, una bolsa de plástico conteniendo en su interior cuarenta y tres (43) bolsas plásticas transparentes conteniendo en su interior piedra de color blanco, cuatro mil lempiras en billetes de diferentes denominaciones.- Cuadrante Número Diez (área externa al perímetro del solar a la orilla del Rio San Juan) Al pie de un árbol de pino había una bolsa de plástico transparente y dentro de ella cinco bolsas plásticas que contenían en su interior polvo blanco, asimismo se encontró la cantidad de mil ochocientos noventa y nueve lempiras (L 1,899.00) en billetes de diferentes denominaciones y diecisiete (17) dólares americanos, unos metros más adelante se aprecia una bolsa plástica conteniendo hierba seca, más adelante otro agujero conteniendo tres (3) paquetes de hierba seca, más adelante sobre la maleza nueve (9) bolsas conteniendo hierba seca, un poco más adelante una bolsa plástica conteniendo en su interior una cuchara de metal color gris y polvo blanco, cerca del anterior trece bolsas plásticas conteniendo hierba seca. Cuadrante 11 (apartamento ubicado en la parte trasera del solar) no se encontraron objetos relacionados al caso. TERCERO: La hierba seca decomisada durante el allanamiento resulto ser marihuana (tetrahidrocannabinol) con peso neto de 3209.1 gramos. CUARTO: Los 43 envoltorios conteniendo piedras con peso neto de 43 gramos dieron positivo de cocaína crack, Las 9 bolsitas color blanco conteniendo polvo blanco con peso neto de 359.2 gramos dio negativo de cocaína, las dos bolsitas plásticas con peso de 86.7 gramos dieron positivo de clorhidrato de cocaína, los 10 envoltorios plásticos conteniendo polvo blanco con peso total de 4.39 gramos dieron positivo de clorhidrato de cocaína. QUINTO: la escopeta calibre 12 GAUGE, Marca Hatsan, modelo Escort con número de serie 161230 registrada a nombre de Osman Omar Ramírez Hernández presenta buen estado de funcionamiento mecánico operativo. SEXTO: la escopeta calibre 12 GAUGE, Marca AKKAR, modelo KARATAY TAKTIK con número de serie 9561339 registrada a nombre de Marvin Joaquín Lacoth presenta buen estado de funcionamiento mecánico operativo. SEPTIMO: Marlin Cecilia Castillo Ramírez carece de licencia registrada para portar armas de fuego.” III. RECURSOS DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogado Miguel Ángel Maldonado, en su condición de defensor público de la señora Marlín Cecilia Castillo Martínez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción del precepto Constitucional contenidos en el artículo 99 en relación con el artículo 200, del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: La norma que ha violentado gravemente el Juzgador, es el artículo 99 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 99: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad. La ley determinara los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro de allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleve a cabo”. Esta norma constitucional en relación a lo que establece el artículo 200 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 200: “Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información”. SEGUNDO: La Ley determina los requisitos y las formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleve a cabo. Así mismo el articulo 212 nos establece los requisitos para la práctica de los allanamiento de morada y la excepción a la regla, el artículo 213 que nos establece el contenido del mandamiento de la orden de allanamiento y específicamente el numeral 2) de este artículo que nos establece como requisito fundamental la indicación precisa del lugar o lugares que habrán de ser registrados y el numeral 5) de este mismo artículo que nos establece el motivo preciso del allanamiento, con indicación concreta de las personas u objetos buscados, si son conocidos y de las diligencias por practicar. La infracción planteada del precepto constitucional se produce por vía de acción, A) cuando el Tribunal niega la petición de nulidad planteada por nuestra parte. TERCERO: En el sentido de que se ejecutó el allanamiento en la vivienda de la señora Manen Alvarado y lo cual no es congruente al nombre de nuestra representada, solicitando una autorización judicial para la práctica de un allanamiento y registro a una supuesta vivienda, ordenando el allanamiento en contra de una señora Manen Alvarado, nombrando como juez ejecutor al señor Carlos Josué Bueso López, debiendo dicho Tribunal hacer un allanamiento a una persona a la cual no es nuestra representada, y las actas de vigilancia también corresponden a la señora’ Manen Alvarado y como se puede observar el nombre de mi representada es MARLIN CECILIA CASTILLO MARTINEZ .para acreditar este extremo basta con hacer el cotejo de las actas de allanamiento practicadas por el respectivo Juez Ejecutor. Sin embargo, el Tribunal acepto medios de prueba que fueron obtenidos vulnerando garantías procesales, establecidas en la Constitución de la República, además desarrolladas en los articulo 166 N. 5 y 7, 200, 212, 213 N. 5 del Código Procesal Penal, y en base a la legalidad del acta de allanamiento después del análisis de las mismas se puede apreciar que las personas encargadas de realizar la misma no tenían debidamente identificada quien era el titular del derecho de habitación del domicilio en mención. Situación está de la cual se desprende el vicio invocado, al no individualizar a la sospechosa. CUARTO: Por lo que esta defensa concluye que estarnos ante una violación de una garantía constitucional contenida en el artículo 99 de La Constitución de la República, norma constitucional de orden programática por estar condicionada al cumplimiento de otra norma o procedimiento en este caso el artículo 212 párrafo segundo y numerales 1,2,3 y 4, era legitima la petición de nulidad , además de lo antes expuesto también está contenida expresamente en el artículo 166 numeral 5 y 7, serán nulos los actos procedimentales realizados con violación de los derechos y libertades fundaméntales de la persona, consagradas en la Constitución de la República, Los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y demás leyes, este último artículo lo citamos porque el Tribunal de sentencias denegó la solicitud de nulidad del allanamiento planteada por la Defensa. QUINTO: En consecuencia de lo anterior el Tribunal acepto medios de prueba que fueron obtenidos vulnerando garantías procesales establecidas en la Constitución de la República, elementos sustraídos de la casa de habitación de Marlen Alvarado y no de mi defendida Marlin Cecilia Castillo Martínez, careciendo de eficacia probatoria, por tratarse de prueba prohibida como expresamente lo manda el artículo 200 del Código Procesal penal, no pudiendo en consecuencia servir de fundamento para una sentencia condenatoria. INTERPRETACION PRETENDIDA. En virtud de que nuestra representada señora MARLIN CECILIA CASTILLO MARTINEZ, fue condenada en una clara violación al artículo 99 de La Constitución de la República, y careciendo de eficacia probatoria los medios de prueba presentadas por parte del Ministerio Publico, por tratarse de prueba prohibida como expresamente lo señala el artículo 200 del Código Procesal Penal, no pudiendo en consecuencia servir de fundamento para una sentencia condenatoria, lo procedente en este caso, es que la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo y dicte una nueva sentencia mediante la cual absuelva de toda responsabilidad a nuestra representada. EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: Falta de congruencia de la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337 párrafo 1 reformado del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362 N.6 del Código Procesal Penal. EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN -El primer supuesto previsto en el artículo 337 reformado del Código Procesal Penal, sobre el Principio de Congruencia es aquel que exige que: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en auto de apertura a juicio, o en su caso en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”. Si el Tribunal considera que el hecho enjuiciado es constitutivo de falta, podrá apreciarlo así en su sentencia sin perder su competencia para el enjuiciamiento del caso. Ante lo anterior se hace necesario que identifiquemos los elementos por su orden: Formalización de la Acusación, en la contestación de cargos, y en el auto de apertura de juicio en su caso en la ampliación de la acusación y por último en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate.- En el presente caso se observa de las diligencias del expediente judicial que se indicio una acusación con el nombre de almacenamiento ilícito de drogas, así se presentó la acusación y así se obtuvo el auto de formal procesamiento incluso así se formalizo en la etapa intermedia en la audiencia preliminar y en la audiencia del juicio oral y público con tipificación legal en el artículo 22 de la Ley de uso indebido de drogas de este mismo modo se formaliza entendiendo que el delito por el cual el Ministerio Publico ha formalizado y ha mantenido desde el principio es por facilitación de local para el tráfico de consumo ilícito de drogas en relación al artículo 5 numeral 34 el cual hace referencia al verbo rector de almacenamiento de drogas, porque el almacenamiento ilícito de drogas en si en la ley no está tipificado corno tal, sino que es parte de un verbo rector que incluye el concepto de tráfico ilícito de drogas como acción emergente dentro del numeral 34 del artículo 5 en ese sentido considerando que es preciso llevarlo a donde se encuentra una pena abstracta que pueda ser punible para sancionar y se dirige al artículo 22 de la ley sobre uso indebido de drogas y sustancias sicotrópicas. La penas abstracta es la que establece el artículo 22 que es de 6 a 9 años de Prisión.- El Principio de Congruencia que recoge el artículo 337 reformado del Código Procesal Penal, constituye uno de los pilares torales del sistema acusatorio y que representa la ruptura de uno de los paradigmas del arbitrio judicial que imperaba en el sistema inquisitivo, este articulo no prohíbe modificar la calificación del delito, pudiendo el Juzgador calificarlos en forma distinta siempre y cuando no sea en perjuicio del imputado, vale decir que podrá hacerse cualquier calificación siempre que no sea de mayor perjuicio que la que originalmente se venía aplicando, en otras palabras debe mantenerse la homogeneidad del bien jurídico lesionado. Siguiendo a CALAMDREI[1], las facultades del juzgador o tribunal con el sistema acusatorio se condicionan a una solicitud particular de protección jurídica en la que se permite evaluar el delito y cambiar su tipo penal por uno menos gravoso al solicitado, mas no está facultado para cambiar el tipo penal a una situación más gravosa. Lo anterior es lo que ha ocurrido con mi representado donde el tipo penal constituye uno más gravoso. -Y siendo que nuestra ley en el artículo dos —A en su numeral 1 del Código Penal ordena que las acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas con arreglo a dos o más preceptos de este código se sancionaran observando las reglas siguientes: 1. El precepto especial se aplicara con preferencia al precepto general …2…3…. Es por eso que, de lo antes expuesto, la Defensa Publica solicita se case la sentencia a favor de mi representada por el delito de Almacenamiento ilícito de Drogas que tiene una pena de seis a nueve años y no como condeno el Tribunal sentenciador por Tráfico Ilícito de Drogas con una pena de quince años. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente recurso se presenta en el fallo mismo, por lo que solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante. TERCER MOTIVO. EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. TERCER MOTIVO: Infracción de ley por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 5 N.34 relacionado con el artículo 18 de la Ley de Uso indebido de Drogas y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Sicotrópicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: La norma sustantiva infringida es el Articulo 5 N° 34 relacionado con el artículo 18 de la Ley de y Uso indebido de Drogas y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Sicotrópicas que establece: Articulo 5 N° 34: “TRAFICO ILICITO: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del País y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas”. Artículo 18: “El que trafique con drogas estupefacientes o sustancias contraladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un Millón a cinco Millones de Lempiras”. Artículos que ha aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencias, al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece ese artículo por las razones siguientes así: El Juzgador en referencia declaró corno Hecho Probado el siguiente: PRIMERO: “Que el día viernes uno de Julio de 2016 a las 10:00 horas se allano y registro con autorización judicial la vivienda ocupada por Marlin Cecilia Castillo Martínez ubicada en la Colonia Las Américas, Municipio de Esparta, a mano izquierda antes de llegar al puente de San Juan Pueblo en la carretera que de Tela conduce a la Ceiba habiéndose designado corno Juez Ejecutor al Agente de la Dirección Policial de Investigación Carlos Josué Bueso López quien se presentó al lugar junto con fiscales del Ministerio Publico agentes de la Policía Nacional y un técnico de inspecciones oculares. SEGUNDO: Se dividió la casa en cuadrantes encontrándose lo siguiente: Cuadrante Uno(sala comedor del ala derecha) a) seis envoltorios plásticos conteniendo hierba seca en el suelo, cerca del sofá) b)seis bolsas plásticas conteniendo hierba seca que estaban sobre una mesa de madera c) Una balanza marca royal colgada cerca de la refrigeradora, Cuadrante Dos (Dormitorio) 2 bolsas plásticas conteniendo polvo blanco en su interior, 1 memoria USB de colores negro y gris, un celular blanco marca olla, una tarjeta de identidad a nombre de Marlin Cecilia Castillo Martínez, una lata de metal dentro de la cual había una cámara digital marca Kodak y 24 teléfonos celulares, 1 bolsita plástica conteniendo polvo blanco y nueve sobres de color blanco en los que se lee bicarbonato de sodio. En cuadrante 3 (baño) cuatro (dormitorio) y cinco. No se encontraron indicios. Cuadrante Seis (dormitorio) se observa ropa dispersa y sobre una mesa color café se encontró una maleta de viaje conteniendo en su interior dos escopetas calibre 12, una bolsa plástica conteniendo hierba seca. 4 cartuchos sin percutir y tres proyectiles metálicos, una balanza de metal color gris. Cuadrante siete (área de la sala que se encuentra en el ala izquierda Sobre la parte superior de un mueble o centro de entretenimiento se encuentra una bolsa plástica transparente y en su interior hierba seca, Cuadrante Ocho (Pasillo que divide dos añas de la casa) se encuentra estacionada una motocicleta marca pulsar, color rojo y negro placa MBD-3194, dos bicicletas marca Bacini, una cuatrimoto color rojo, marcha cheneray, dos mesas de billar, una discomóvil de 12 parlantes, una bola de disco móvil, 2 poweer y seis mixers, una mesa de plástico color roja sobre la que estaban tres teléfonos celulares y tres cargadores para celular.- Cuadrante Nueve ((Patio Trasero) debajo de la raíz de una bola de bambú seis bolsas plásticas conteniendo en su interior hierba seca, una bolsa de plástico conteniendo en su interior cuarenta y tres (43) bolsas plásticas transparentes conteniendo en su interior piedra de color blanco, cuatro mil lempiras en billetes de diferentes denominaciones.- Cuadrante número Diez (área externa al perímetro del solar a la orilla del Rio San Juan) Al pie de un árbol de pino había una bolsa de plástico transparente y dentro de ella cinco bolsas plásticas que contenían en su interior polvo blanco, asimismo se encontró la cantidad de mil ochocientos noventa y nueve lempiras (L. 1.899.00) en billetes de diferentes denominación y diecisiete (17) dólares americanos, unos metros más adelante se parecía una bolsa plástica conteniendo hierba seca, más adelante otro agujero conteniendo tres (3) paquetes de hierba seca, más adelante sobre la maleza nueve (9) bolsas conteniendo hierba seca, un poco más adelante una bolsa plástica conteniendo en su interior una cuchara de metal color gris y polvo blanco, cerca del anterior trece bolsas plásticas conteniendo hierba seca. Cuadrante 11 (apartamento ubicado en la parte trasera del solar) no se encontraron objetos relacionados al caso. TERCERO: La hierba seca decomisada durante el allanamiento resulto ser marihuana (tetrahidrocannabinol) con peso de 3209.1 gramos. CUARTO: Los 43 envoltorios conteniendo piedras con peso neto de 43 gramos dieron positivo de cocaína crack. las 9 bolsitas color blanco conteniendo polvo blanco con peso neto de 3 59.2 gramos dio negativo de cocaína, las dos bolsitas plásticas con peso de 86,7 gramos dieron positivo de clorhidrato de cocaína, los 10 envoltorios plásticos conteniendo polvo blanco con peso total de 4.39 gramos dieron positivo de clorhidrato de cocaína. QUINTO: La escopeta calibre 12 GAUGE marcha Hatsan, modelo escort con número de serie 161230 registrada a nombre de Osman Omar Ramírez Hernández presenta buen funcionamiento mecánico operativo. SEXTO: La escopeta calibre 12 GAUGE, marca AKKAR Modelo KARATAY TAKTIK con número se serie 9561339 registrada a nombre de Marvin Joaquín Lacoth presente buen estado de funcionamiento mecánico operativo. SEPTIMO: Marlin Cecilia Castillo Ramírez carece de licencia registrada para portar armas de fuego”. La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal, en ellos el juzgador plasma su criterio concluyente, declarando expresamente que hechos estima acreditados conforme a los elementos de prueba aportados, de esa realidad concreta se extraen todas las consecuencias que de ella se deriven, entre estas, la adecuación o no de ese cuadro fáctico al presupuesto normativo penal que se supone infringido. El Juzgador calificó los hechos declarados probados, como constitutivos de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, fundamentándose en el artículo 5 n. 34 relacionado con el artículo 18 de la Ley de Tráfico y Uso indebido de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, el cual no se debió aplicar. Del fáctum se desprende que el comportamiento de la imputada MARLIN CECILIA CASTILLO MARTINEZ, no se subsume en el delito de Tráfico Ilícito de droga, es necesario analizar el apartado primero de los Hechos Probados si la acción realizada se puede considerar típica, entendiendo que dicha acción se encuentra señalada en el tipo penal que establece la ley. Ya que en el mismo claramente se infiere que el día viernes uno de julio de 2016 a las 10:00 horas se allano y registro con autorización judicial la vivienda ocupada por Marlin Cecilia Castillo Martínez ubicada en la Colonia Las Américas, Municipio de Esparta, a mano izquierda antes de llegar al Puente de San Juan Pueblo en la Carretera que de Tela conduce a la Ceiba, por lo que no se desprende que mi representada haya ejecutado diversidad de conductas de los elementos objetivos del tipo que se describen como las de comprar o vender, suministrar o entregar drogas o estupefacientes a cualquier título a terceras personas, colocando la salud pública en una condición de peligro. Los requisitos para la configuración del delito de Tráfico de Drogas ya apreciados son dos: Elemento objetivo determinado por la existencia y posesión del ámbito especial de protección, de las sustancias estupefacientes lo que equivale a tenencia, en un lugar cualquiera a su disposición y el otro elemento que es el subjetivo o tendencial, que es el propósito de trasmitir o propagar la droga a terceros, o de alguna manera promover o favorecer o facilitar su consumo de forma onerosa o de forma gratuita. Elementos que no están configurados en el caso que nos ocupa, porque ciertamente si se sigue leyendo el resto de los hechos probados, mi representada no tiene ningún accionar que la implique en el delito como ser el de Tráfico Ilícito de Drogas, por el cual fue condenada. Esta defensa considera que el Juzgador arriba a tal decisión, por una errónea aplicación del referido artículo, pues en los hechos probados no se aprecia el Tráfico Ilícito de Drogas, por lo que la condena de mi representada es injusta desde todo punto de vista, debiendo haber. INTERPRETACION PRETENDIDA Partiendo de la declaración de los hechos probados, consideramos que se ha infringido un precepto penal por aplicación indebida contenido en el artículo 5 N. 34 relacionado con el artículo 18 de la Ley de y Uso indebido de Drogas y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Sicotrópicas, por lo que se pretende que se admita y se declare con lugar el presente Recurso, case la sentencia recurrida y proceda a revocarla dictando una nueva.” I. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[2] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por el abogado Miguel Ángel Maldonado, defensor público de la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez. Único Motivo. Precepto Autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 99 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: infracción a la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio. Pretensión: declarar con lugar el recurso interpuesto, casar la sentencia impugnada y absolver de toda responsabilidad a la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez. Expresa el censor del fallo que el artículo 99 de la Constitución de la República ha sido infringido por el sentenciador, ya que el allanamiento realizado al domicilio de la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez, no reúne los requisitos que establece la normativa procesal penal en sus artículos 212 y 213. Ello en razón de que se ordenó el allanamiento en el domicilio de una persona distinta al de la acusada, pues la autorización judicial era para realizar el allanamiento en la morada de la señora Marlen Alvarado y no en el de la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez, como efectivamente se realizó. Por lo anterior, concluye que se está en una clara violación a la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio y los medios de prueba que fueron obtenidos de dicha actuación, carecen de eficacia probatoria por tratarse de prueba prohibida conforme el artículo 200 del Código Procesal Penal. Del domicilio y del allanamiento de morada. El constituyente hondureño determinó la necesidad de declarar en el artículo 99 de la Constitución de la República, la garantía de la inviolabilidad del domicilio como instrumento para la salvaguarda del derecho a la intimidad en este especifico ámbito. El domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende, no solo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc., que se interconecten entre sí y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualiza el artículo 220 del Código Penal. Son elementos del domicilio: 1. Elementos objetivos: a. Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo. b. Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura. c. Que sea apto para el desarrollo de la vida privada. 2. Elementos subjetivos: a. Que el espacio físico esté siendo usado, permanente o temporalmente, para el desarrollo de la esfera privada de la vida. b. Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida de las personas, segregando los mismos a dicho espacio. En conclusión, el domicilio con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tengan acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas. Ahora bien, como consecuencia de la inviolabilidad del domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir, que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y excepcionalmente como cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de allí la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un estado de necesidad o delito flagrante: 1. Ingreso y/o registro autorizado: Es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio para que un tercero ajeno a éste ingrese y, en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora, en cualquier día y que tendrá validez para efectos procesales siempre que se sigan las siguientes reglas: a. Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito. B. Que una persona mayor de edad que more en el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar. C. Hacerse acompañar los agentes de la autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan como testigos de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso. D. Solo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados. E. Que se le permita a una de las personas moradores, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no exista peligro para la vida y que no vaya a entorpecer el resultado de la diligencia. F. Los agentes de la autoridad deberán abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizó el ingreso, salvo en los casos donde en el proceso de registro se revele la perpetración de un delito, sus instrumentos o efectos. G. Dejar constancia en acta de todo lo actuado, inventariando los objetos que hayan sido decomisados, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizó el ingreso al domicilio. 2. El allanamiento por orden judicial: Es el acto de investigación consistente en la penetración a un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir orden de allanamiento a que se refiere el artículo 99 de la Constitución de la República es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar en donde se encuentre el domicilio. Establece el artículo 99 de la Constitución de la República que el allanamiento, aun con orden judicial, deberá iniciarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde; el constituyente apreció que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la ley, deberá actuar sin ampararse en la oscuridad de la noche, ergo deberá actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realiza el Estado en aras de la seguridad pública. El propósito de que la ley establezca que solamente un Órgano Jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, entre el principio pro-societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, para la práctica de estas diligencias. El Órgano Jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte la necesidad racional para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento, deberán mantenerse en secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. El decreto judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal, ordenado por el Órgano Jurisdiccional con competencia en el lugar en donde se lleve a cabo. Aun con orden judicial, el allanamiento que se practique irrespetando el protocolo contemplado para tal efecto en los artículos 214 y 215 del Código procesal Penal, será calificado como ilegal.1. Allanamientos por un estado de necesidad o delito flagrante. Establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa a lo anterior, es decir que se podrá realizar un allanamiento sin autorización de las personas que lo habitan o sin orden de autoridad competente y aun fuera de las horas establecidas para ello, cuando sea con el objeto de impedir la comisión de un delito, para pedir la impunidad de delitos, para impedir daños graves a la persona o para impedir daños graves a la propiedad. Lo anterior es desarrollado por el Código Procesal Penal en su artículo 212, determinando que cuando no se pueda obtener autorización judicial para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, es posible practicar un allanamiento, siempre que acontezca una de las siguientes circunstancias: a. Ante casos de flagrancia, cuya noción se forma de tres elementos[3]: I. Inmediatez temporal, referida a la comisión del delito que dentro de poco se perpetrará, la que se está ejecutando o a la que hace instantes se ejecutó. II. Inmediatez personal, que vincula a una persona determinada, ya sea porque se encuentre en el lugar con intención de cometer el delito, ejecutándolo o próximo al lugar en donde se ejecutó.III. Urgencia de intervención para evitar el mal del delito o asegurar al delincuente. A. Cuando la medida sea necesaria para: I. Evitar la comisión de un delito II. Evitar la fuga de un delincuente III. Evitar la pérdida o destrucción de pruebas o evidencias a. Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a esta en circunstancias inusuales. B. Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena. C. Cuando dentro de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio. D. Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes. La autoridad policial encargada del allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación, levantando el acta respectiva de lo actuado, la que deberá ser firmada por los agentes policiales y por las personas en cuya presencia se haya realizado la diligencia o en su caso, se deberá consignar su negativa de no hacerlo. Los agentes de Policía pondrán en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público sobre la práctica del allanamiento, cuando no haya sido ordenada por éste, para que sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la misma en forma previa y acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia. La práctica de un allanamiento con violación a lo relacionado, constituye un delito tipificado en los artículos 202 y 203 del Código Penal 144-83, mismo que es de orden público. Ahora bien, cuando el allanamiento ilegal se produce en perjuicio del acusado, puede tener repercusiones en dos sentidos: 1. En el ámbito penal (extra procesal), ajeno al proceso penal que se conoce en contra de la persona acusada (que se convertiría en ofendida de un allanamiento ilegal): en este caso el Ministerio Público deberá proceder criminalmente en contra de la persona o personas que hayan cometido un allanamiento ilegal, una detención ilegal, en su caso y, en general todo acto que esté tipificado como delito sin importar que estos actos hayan sido cometidos en perjuicio de una persona que esté siendo investigada o procesada por un delito. La Sala de lo Penal quiere ser clara respecto a que un allanamiento ilegal o una detención ilegal en perjuicio del acusado no nulifica el proceso criminal en contra de éste, no lo exime de responsabilidad de los actos criminales que pudiese haber cometido y por tanto no podrán oponerse estos hechos como argumentos de defensa exculpatorios, como bien lo señala el artículo 101 del Código Procesal Penal en su último párrafo; y, 2. En el ámbito procesal, la repercusión de un allanamiento o una detención practicada fuera del marco de la ley, tiene como imperativa consecuencia su declaratoria de ilicitud, así como todo acto de investigación, elemento u objeto de prueba que haya sido obtenida como consecuencia única e inmediata de dicho acto ilegal, ordenado así por el artículo 200 del Código Procesal Penal y en respeto de los derechos fundamentales regulados en la Constitución de la República y los Derechos Humanos reconocidos en los Tratados y Convenios internacionales suscritos por el Estado de Honduras. Nuevamente la Sala de lo Penal recalca que la ilicitud declarada, de un allanamiento o de una detención ilegal, produce efectos procesales en cuanto a que estas actuaciones y todas aquellas que le deriven por dependencia única, no podrán ser utilizadas como medios probatorios en el proceso penal en contra del acusado, más no imposibilita al Estado de Honduras a iniciar y sustentar un proceso penal en contra del acusado, basándose en todas las actuaciones y medios de prueba que hayan sido practicadas y obtenidas lícitamente; ello, como igualmente ya se indicó, sin perjuicio de la deducción de la responsabilidad penal de todas aquellas personas que hayan cometido los actos ilícitos de allanamiento, detención u otros. Concretamente interesa que en el proceso penal la prueba que se reproduzca sea de carácter lícita y de carácter legal. La prueba es de carácter licita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha violentado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del Derecho Interno Hondureño y que compongan el bloque Constitucional.
De lo anterior se concluye que para la existencia de prueba ilícita se requiere los siguientes presupuestos: a. Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba; b. Que dicha obtención haya sido contraria a la ley, es decir no amparada por la ley; Incluye aquí el prevalecimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque constitucional, por cuanto aun cuando un reglamento o una ley autorice la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerara ilícita si contradice normas fundamentales; a. Que la obtención de la fuente de prueba haya significado la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente; b. Que la violación o disminución ilegitima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que estas personas participen como actores del proceso o que sean terceros desligados a éste; c. Que sin la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, d. Que la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del Derecho Humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba. El legislador hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta –Árbol Envenenado-; Pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerá de eficacia probatoria todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o derechos humanos –Frutos del Árbol Envenenado[4]. Un medio de prueba se deriva de otro ilícito, cuando suprimiendo hipotéticamente el segundo, automáticamente el primero se vería igualmente suprimido debido a su dependencia existencialista; a partir de esta idea ultima la prueba ilícita no puede ser apreciada valorativamente, si es posible apreciar aquella que se le derive, siempre que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: a. Hallazgo inevitable o descubrimiento inevitable: Cuando la prueba derivada, con o sin la prueba ilícita, estaba destinada a ser encontrada; dependerá aquí hacer una relación suficientemente razonada del porqué la prueba derivada hubiese sido inevitablemente encontrada, aun cuando no hubiese existido la prueba ilícita; y, b. Fuente independiente: Cuando la prueba derivada se desprenda al mismo tiempo e inevitablemente de otro medio de prueba lícito e independiente al de carácter ilícito; entre la fuente independiente y la prueba ilícita no debe de haber dependencia existencial, relación o subordinación. El estudio a desarrollar por los juzgadores es la relación causal entre la prueba ilícita y la fuente independiente y al determinarse que no existe ninguna, la ilicitud de la prueba no alcanza la prueba derivada, por cuanto ésta última se desprende igualmente de una fuente independiente lícita. El control procesal de la prueba ilícita puede ser de previo o a posteriori: De previo inadmitiendo el medio de prueba en la audiencia de proposición de ésta a consecuencia de su ilicitud (Art. 317 del CPP) o denunciando su ilícito en la etapa de incidentes del debate por hechos nuevos o hechos antes no conocidos hasta entonces (Art. 320 CPP); o a posteriori cuando el Tribunal de Sentencia, en su valoración, niegue crédito a la prueba y a toda aquella que se derive de ésta (Art. 220 CPP) o mediante un recurso de casación. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Como se ha dicho, la denuncia del recurrente gravita en torno al allanamiento de morada realizado en la vivienda donde habita la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez, al considerar que dicha actuación vulneró la garantía de inviolabilidad del domicilio contemplada en el artículo 99 de la Constitución de la República. Arguye el recurrente que su vulneración se ocasiona en virtud de que la autorización judicial, era para ejecutar el allanamiento en el domicilio de la señora Marlen Alvarado, y como se puede observar, prosigue alegando, se realizó en el domicilio de Marlin Cecilia Castillo Martínez.
Concluye que lo anterior genera una clara violación a la garantía de inviolabilidad del domicilio y los medios de prueba que fueron obtenidos de dicha actuación, carecen de eficacia probatoria por tratarse de prueba prohibida conforme el artículo 200 del Código Procesal Penal. La Sala de lo Penal considera que no tiene razón el recurrente, dado que al remitirnos a la foliada judicial, consta que el allanamiento de morada realizado por los agentes de la Policía de Investigación, en fecha 1 de julio 2016, en la vivienda ubicada la Colonia Las Américas, Municipio de Esparta, departamento de Atlántida, contaba con previa autorización judicial, misma que cumple con los requisitos exigidos los artículos 212 y 213 del Código Procesal Penal, y que se llevó a cabo cumpliendo con el protocolo establecido en los artículos 214 y 215 de la misma norma procesal. El Ministerio Público solicitó autorización judicial (f. 1) en fecha 30 de junio de 2016, para la práctica de allanamiento de morada y registro de vivienda, por la investigación de la posible comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras, identificando como la morada a allanar la ubicada en la Colonia Las Américas, Municipio de Esparta, departamento de Atlántida, antes del puente de San Juan Pueblo, a mano izquierda, aproximadamente de 120 a 150 metros yendo de la ciudad de Tela hacia la Ceiba, construida de material selecto, repellada la parte frontal y pintada en de color verde menta, techo de zin, portón de hierro pintado en color negro, y ubicada al lado izquierdo de la carretera CA 13. Dicha solicitud fue declarada ha lugar por la juez de garantías en fecha treinta de junio de dos mil dieciséis (f. 19), realizándose la actuación de investigación el 1 de julio de 2016, a las 10:00am, según consta en acta de ejecución de allanamiento (f. 21) y acta de inspección ocular (f. 28). Como resultado, se logró determinar que la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez, era quien habitaba en el lugar, así como también se logró el decomiso de 3, 209.1 gramos de marihuana, 43 gramos de cocaína crack, 90.46 gramos de clorhidrato de cocaína. Además, como hallazgos inevitables, se logró el decomiso de una escopeta calibre 12 GAUGE, marca Hatsan, modelo Escort, con serie 161230, registrada a nombre de Osman Omar Ramírez Hernández; y, una escopeta calibre 12 GAUGE, marca AKKAR, modelo KARATAY TAKTIK, con serie 9561339, registrada a nombre Marvin Joaquín Lacoth. Ambas armas con buen estado de funcionamiento mecánico operativo. La razón de la denuncia de ilicitud del allanamiento de morada, y consecuentemente, de los medios de prueba que se derivan directamente de éste, es porque según la orden judicial de allanamiento, debía practicarse en el domicilio a nombre de la señora Marlen Alvarado y no Marlin Castillo, y arguye que las autoridades investigativas no tenían debidamente identificada quién era el titular del derecho de habitación del domicilio en mención. La Sala de lo Penal destaca que la imprecisión denunciada por el recurrente no puede acarrear las elefantiásicas consecuencias que pretende, pues es una cuestión de nomen iuris el que la solicitud de allanamiento de morada del ente fiscal y así autorizada por la juez de garantías, se haya hecho a nombre de Marlen Alvarado y no de Marlin Castillo. Se destaca que la morada a allanar sí fue debidamente individualizada y resultó ser la hoy acusada Marlin Cecilia Castillo Martínez, la persona quien habitaba en ella, quien recibió la notificación del allanamiento por parte del juez ejecutor, a quien se le entregó la orden judicial y a quien se le decomisó la droga encontrada en el lugar. Había una orden judicial de allanamiento a una casa debidamente individualizada, más quien habitaba en ella no era quien dijo el Ministerio Público al momento de la investigación preliminar (Marlen Alvarado), sino que resultó ser la hoy acusada Marlin Castillo. Precisamente, se le recuerda al recurrente que el objeto de la autorización del allanamiento de morada era para encontrar droga dentro de la vivienda e individualizar a los sospechosos, no pudiendo erigirse una nulidad de dicha actuación por no implicar un cambio sustancial de los hechos que acarree como consecuencia una vulneración de los derechos fundamentales de la acusada, como indebidamente denuncia el recurrente.
Por lo anterior, el motivo decae y no es de recibo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Artículo. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal.
La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (Artículo 165 del Código Procesal Penal). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el abogado Miguel Ángel Maldonado, defensor público de la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez. Único Motivo. Precepto Autorizante: artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 337 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: falta de congruencia de la sentencia y las pretensiones de las partes. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio denunciado consta en la sentencia. Pretensión: casar la sentencia recurrida. Arguye el censor del fallo que el sentenciador ha infringido lo dispuesto en el artículo 337 reformado del Código Procesal Penal, el cual establece que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado, en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. Si el Tribunal de Sentencia considera que el hecho enjuiciado es constitutivo de falta, podrá apreciarlo así en su sentencia sin perder su competencia para el enjuiciamiento del caso. Denuncia que en el presente caso se puede observar que se presentó requerimiento fiscal contra la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez, por el delito de Almacenamiento Ilícito de Drogas, así se obtuvo el Auto de Formal Procesamiento; inclusive, prosigue arguyendo, así se formalizó la acusación en la etapa intermedia y se ratificó en la audiencia del juicio oral y público, bajo la tipificación legal del artículo 22 de la Ley de Uso Indebido de Drogas. De este mismo modo, continúa expresando, se entiende que el delito por el cual el Ministerio Publico ha formalizado y ha mantenido vigente desde el principio su acusación es por Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, cuya pena abstracta según el citado artículo 22 de la Ley Sobre el Uso indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, oscila de 6 a 9 años de reclusión; y que de acuerdo al Principio de Congruencia, el cual constituye uno de los pilares torales del sistema acusatorio y que representa la ruptura de uno de los paradigmas del arbitrio judicial que imperaba en el sistema inquisitivo, se prohíbe modificar la calificación del delito, pudiendo el juzgador calificarlos en forma distinta siempre y cuando no sea en perjuicio del imputado. Argumenta que, las facultades del juzgador o tribunal con el sistema acusatorio, se condicionan a una solicitud particular de protección jurídica en la que se permite evaluar el delito y cambiar su tipo penal por uno menos gravoso al solicitado, mas no está facultado para cambiar el tipo penal a una situación más gravosa. Contrario a lo anterior, arguye, el Tribunal de Sentencia ha modificado la calificación jurídica por un tipo penal más gravoso, cambiando la calificación del delito de Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas, y condena a la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, que tiene una pena abstracta de 15 a 20 años de reclusión y multa de un millón de lempiras (L 1, 000,000.00). Principio de congruencia de la sentencia con la acusación El proceso penal vigente se basa en el principio acusatorio donde la acción penal (pública o privada) es ejercida por un sujeto procesal distinto al que juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contra posición el juzgador está obligado a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. El principio acusatorio da paso al derecho de defensa, permitiendo que el imputado sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra parte el imputado quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa; el destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al mérito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como principio de congruencia de la sentencia con la acusación. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 11 días de agosto del año 2009 contenida en el Expediente 322-2007). El principio de congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, que prohíbe al juzgador distraerse de los elementos objetivos y subjetivos de la acusación: 1. Elemento objetivo: Prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo; 2. Elemento subjetivo: Prohíbe al juzgador extender el derecho punitivo contra persona o personas distintas determinadas en la formalización de la acusación. En resumen, el sentido del principio de congruencia de la sentencia con la acusación es permitir que la persona imputada conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación que le permita ejercer defensa de ésta y no ser condenada por hechos de los que nunca se le dio oportunidad ser oída, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de Sentencia, de forma tal que se configure un delito diferente al que fue objeto de debate procesal; el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo.(Ver sentencia de fecha 20 de junio de 2012 en expediente 308-2009 y de fecha 18 días del mes de octubre de 2012, en expediente 065-2010). Con todo, no debe de entenderse que el juzgador se encuentra atado al contenido de la acusación, tal cual que su respuesta solo pueda ser positiva o negativa a lo planteado en la acusación, el principio de congruencia no limita al Tribunal de Sentencia a calificar los hechos contenidos en la acusación de una manera diferente, siempre que: 1. El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación y que hayan sido probados en el debate; 2. En el fáctum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, pues son estos hechos y circunstancias los que fueron objeto probanza y de contradictorio en el debate; y 3. El delito apreciado por el Tribunal de Sentencia no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto, no podría reprochar penalmente un delito más grave, más si uno de igual o menor gravedad o incluso una falta. Ahora bien, como regla general, el principio de congruencia vincula la sentencia con el contenido de la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, en donde el acusador estatal o privado debe de calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (artículo 301.3 del Código Procesal Penal). Como excepción el artículo 337 del Código Procesal Penal advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio, con la ampliación de la acusación o con las conclusiones de las partes en el debate, en los casos y formas siguientes: 1. Hechos fijados en el auto de apertura a juicio: La fase intermedia del proceso es una etapa crítica sobre las conclusiones de la investigación preparatoria, tiene por objeto el control concreto y previo sobre la validez formal y la seriedad material de la acusación. Lo que se busca con esta etapa procesal es racionalizar la administración de justicia, evitando someter inútilmente a un ciudadano a los rigores del juicio oral. La etapa intermedia se compone por: formalización de la acusación, contestación de cargos y auto de apertura a juicio. El juez o jueza de letras, siempre a la sombra del principio indubio pro accusatione, evaluara si la acusación presentada en la audiencia preliminar tiene apariencia de poder sustentarse en la audiencia de debate, lo cual se conoce como presupuesto objetivo material, pero además verificará si dentro de la acusación se individualiza la persona o personas a las que se le atribuye los hechos imputados, lo cual se denomina presupuesto subjetivo material; es muy importante resaltar que el juez de la etapa intermedia no le corresponde examinar la calificación jurídica de la acusación, de hecho, el Código Procesal Penal no determina que en el auto de apertura a juicio deba existir por parte del juzgador una calificación penal de los hechos que contienen la acusación, ya que su tarea exclusiva es verificar la existencia de los presupuestos objetivos y subjetivos antes explicados (Artículo 302 del código procesal penal). En caso de que la acusación no supere el examen del juez de la etapa intermedia, dictará un sobreseimiento provisional o definitivo, el cual puede afectar total o parcialmente el contenido de la formalización de la acusación; en caso de una afectación parcial (sea porque se dictó sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho especifico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán de ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos la sentencia, además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio.2. Ampliación de la acusación: Determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de: a. Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y b. Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación. Para tal modificación, se requiere que se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos; y que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación. Señala el precepto legal que, reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Finalmente, la norma procesal señala que no constituye ampliación de la acusación: La corrección de errores materiales; la inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta; y la introducción de hechos nuevos, ya que sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; en estos casos dispone el Código Procesal Penal, que se deberá de proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa. 1. Las conclusiones del debate: Por reforma al artículo 337 del Código Procesal Penal, el legislador dispuso que las conclusiones de las partes en la audiencia del debate vinculaban al Tribunal de Sentencia respecto a las decisiones que deba tomar en la sentencia. Es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los apoderados legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar; además es de tener en cuenta que lo señalado en las conclusiones no puede ser objeto de ulterior contradictorio, mucho menos de prueba o contra prueba, pues con esta actuación se da por finalizada la audiencia de debate. Por lo anterior, el derecho de defensa no permite como admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público que conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, pues si no es permisible en la ampliación de la acusación que se hace al inicio del debate, mucho menos podría serlo en la etapa de conclusiones. Por lo anterior se considerará vinculante para el Tribunal: a. La renuncia de la acción penal por parte del Ministerio Público, la que conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal favorecería no solo a la persona imputada sino a todos los involucrados en la acción penal; b. La modificación (sin que sea permisible la inclusión) de las calificaciones penales, siempre que no implique modificación de los hechos imputados; y c. El planteamiento de calificaciones de delitos alternativos sobre los mismos hechos que fueron objeto de debate, en base a la especialidad o subsidiariedad entre unos y otros. No será vinculante el allanamiento por la representación legal del acusado sobre los hechos objeto de imputación, pues deberá ser precisamente definido por el mérito de la prueba, más si puede ser objeto de valoración la aceptación de los hechos que haga el acusado en su última intervención previo a declarar cerrado el debate, valoración que se realizará de manera conjunta con la prueba evacuada. En conclusión, la sentencia estaría vinculada no solo con la formalización de cargos, sino además con el auto de apertura a juicio, la ampliación de cargos realizada en la audiencia de debate y con las conclusiones hechas en la audiencia de debate, siempre que se ajuste a lo señalado en este apartado. De la procedencia del recurso. El motivo es de recibo. El artículo 337 del Código Procesal Penal hondureño configura una obligación de correlación entre acusación y sentencia con respecto al objeto del proceso, prohibiéndole al órgano judicial la posibilidad de aplicar una pena por un hecho o a un sujeto distinto al introducido en el proceso por las partes. En este sentido, el principio acusatorio forma parte del haz de garantías de nuestro sistema procesal, directamente vinculado con el derecho fundamental a la defensa que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, que, como es notorio, proscribe toda posible indefensión. Toda persona acusada tiene derecho a conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación a fin de no quedar sumida en una completa indefensión, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el tribunal de forma que se configure un delito distinto diferente al que fue objeto de debate procesal. El derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo que es incompatible con un sistema de derechos fundamentales y libertades públicas. Consecuencia de todo ello es que siempre ha de haber la debida congruencia entre la acusación y la condena, de modo que el Tribunal sentenciador no pierda su objetividad alterando de oficio los hechos o su calificación jurídica, salvo que actué dentro del marco legal de lo pedido, en ejercicio de su facultad individualizadora. Ese derecho a ser informado de la acusación exige un conocimiento completo de los hechos de que se es acusado y de la calificación jurídica formulada por las partes acusadoras, y, a su vez, es presupuesto necesario de la evitación de indefensión que irremisiblemente se produce cuando se dictan condenas por hechos y cualificaciones de los mismos en un momento en que las posibilidades de defensa ya han pasado. En el presente caso se observa, que el tribunal de sentencia ha apreciado oficiosamente un delito que supera la expectativa punitiva del ente acusador, reprochando penalmente a la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez, un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, que se penaliza con quince (15) a veinte (20) años de reclusión, más multa de un millón de lempiras (L 1,000,000.00); cuando la pretensión punitiva del Ministerio Público es por Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas, que contiene una pena abstracta de seis (6) a nueve (9) años de reclusión, y multa de cincuenta mil lempiras (L 50, 000.00) a cien mil lempiras (L 100, 000.00). Al remitirnos al contenido de la audiencia preliminar (f. 145) y del auto de apertura a juicio (f. 147) en la etapa intermedia del proceso, al momento en que el Ministerio Público formalizó acusación, calificó el accionar de la señora Marlin Cecilia Castillo, como un delito de Almacenamiento Ilícito de Drogas, el cual no está como tal tipificado en la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes, sino que es un verbo rector que forma parte del concepto de Tráfico Ilícito de Drogas que se da en el artículo 5 numeral 34 de dicha ley. Sin embargo, al momento de fundamentar su pretensión punitiva, el Ministerio Público lo hizo conforme al artículo 22 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes (f. 147), que contiene el delito de Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas, atribuyendo su participación a título de autora y fijando un marco abstracto de la pena pretendida de seis (6) a nueve (9) años de reclusión, más la multa respectiva. Posteriormente, en el juicio oral y público, el Ministerio Público al momento de exponer su posición sobre la formalización de la acusación, manifestó que calificaba los hechos siempre como un delito de Almacenamiento Ilícito de Drogas, fundamentándose esta vez conforme al artículo 18 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes (el cual tipifica el delito de Tráfico Ilícito de Drogas y fija una doble pena: reclusión de 15 a 20 años, más multa de un millón de lempiras (L 1,000,000.00)). Al momento de expresar sus conclusiones (f. 198) el ente fiscal consideró que se debe condenar a la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez, conforme al artículo 22 de la ley previamente citada, por ser autora responsable penalmente de un delito de Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas. Seguidamente, el presidente del Tribunal de Sentencia, le solicitó al fiscal del Ministerio Público que aclare el ilícito reprochado a la señora Castillo Martínez y el fundamento jurídico utilizado, a lo que el Ministerio Público aclaró que su pretensión punitiva desde un inicio siempre ha sido por Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas, conforme al artículo 22 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes, y que la pena abstracta pretendida es de seis (6) a nueve (9) años de reclusión, más su multa respectiva de cincuenta mil lempiras (L 50, 000.00) a cien mil lempiras (L 100, 000.00). Sucede que, el Tribunal de Sentencia al momento de dictar la sentencia definitiva, condenó por un delito por el cual no fue formalizado en la acusación por el Ministerio Público, pues desde aquel momento, este sostuvo su acusación bajo la premisa del artículo 22 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes.
Al respecto, este Tribunal de Casación ha expresado con anterioridad que la concreta calificación jurídica y la fijación del quantum de la pena son potestades exclusivas del juzgador, y por lo tanto, sujetas al principio de legalidad e iura novit curia, y por ello fuera de toda posible disposición de las partes, más en todo caso, le está vedado calificar el hecho de forma más grave en perjuicio del imputado, pudiendo no obstante calificarlo a su favor hasta el punto de poder estimarlo como constitutivo de falta. A criterio de esta Sala de lo Penal, la modificación introducida por el sentenciador en la calificación del delito contra la Salud Pública, atribuido a la imputada Marlin Cecilia Castillo Martínez, se considera que es lesivo para su derecho de defensa, pues el Tribunal de Instancia por decisión expresa del legislador hondureño en el artículo 337 del Código Procesal Penal, no puede calificar el hecho de manera más gravosa de la que resultara de la formalización de la acusación, o en su caso, de la ampliación de la misma en el debate cuando la hubiere, desprendiéndose de los antecedentes que el Ministerio Público mantuvo durante todo el transcurso del proceso la calificación de los hechos debatidos por las partes, como un delito de Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas tipificado en el artículo 22 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes, y no es sino hasta en sentencia, que s el Tribunal de Instancia calificó los hechos como un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, tipificado en el artículo 18 del texto punitivo antes relacionado. Por las razones antes expuestas, esta Sala de lo Penal considera que el Tribunal A Quo ha quebrantado la exigencia de la debida correlación entre acusación y sentencia prevista por el artículo 337 del Código Procesal Penal, de tal manera que el motivo invocado por el censor debe ser estimado. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. B. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. C. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. D. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y D. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recuso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el abogado Miguel Ángel Maldonado, defensor público de la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez. Único motivo. Precepto Autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: artículos 5 numeral 34) y 18 de la Ley Sobre el Uso Indebido de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Concepto de la Infracción: aplicación indebida; y, Pretensión: declarar ha lugar el recurso, casar la sentencia recurrida y dictar una nueva sentencia conforme a derecho. El censor del fallo inicia citando el contenido del artículo 18 de la Ley Sobre el Uso Indebido de Drogas y Sustancias Psicotrópicas y de los hechos probados de la sentencia, para luego concluir que de los mismos, no se subsume el actuar de la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez, en el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, ya que no se desprende que dicha acusada haya ejecutado diversidad de conductas de los elementos objetivos del tipo penal que se describen como comprar, vender, suministrar o entregar drogas o estupefacientes a cualquier título a terceras personas. Expresa que el delito de Tráfico de Drogas se configura sobre dos elementos: elemento objetivo, determinado por la existencia y posesión del ámbito especial de protección, de las sustancias estupefacientes lo que equivale a tenencia, en un lugar cualquiera a su disposición; y, el otro elemento, es el subjetivo o tendencial, que es el propósito de trasmitir o propagar la droga a terceros, o de alguna manera promover o favorecer o facilitar su consumo de forma onerosa o de forma gratuita. Elementos que considera no están configurados en el caso que nos ocupa, porque ciertamente de los hechos probados no se desprende ningún accionar que la implique en el delito como ser el de Tráfico Ilícito de Drogas, por el cual fue condenada. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Tomando en cuenta lo anterior, la Sala de lo Penal ha realizado un análisis de juricidad del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, confrontándolo con las normas penales sustantivas aplicadas por el Tribunal A quo y de los cuales el recurrente denuncia su aplicación indebida, y aprecia que los preceptos penales aplicados por el Tribunal de instancia (artículos 5 numeral 34 y 18 de la Ley Sobre uso indebido y Tráfico de Drogas y Sustancias Psicotrópicas) si regula o contiene los hechos que fueron declarados probados y por tanto dichos artículos y hechos declarados probados por el Tribunal de instancia se corresponden en forma congruente. Si bien el recurrente en la exposición de su recurso establece que de la relación de hechos probados no se identifican los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Tráfico de drogas, la Sala de lo Penal ha sostenido a través de su jurisprudencia (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de noviembre de 2011, recaída en el expediente SP 26-2010) que el tráfico no necesariamente implica intercambio de droga por dinero, su acepción implica la posesión dolosa, tener en depósito o almacenamiento, comprar, vender, entregar, suministrar, entre otras actividades que denotan que la droga definitivamente como en el caso subjudice no estaba destinada para el consumo personal inmediato; la descripción de la evidencia recolectada como ser 46 envoltorios que en total contenían 3209.2 gramos de marihuana (tetrahidrocannabinol), 43 envoltorios conteniendo piedras de cocaína crack con peso neto de 43 gramos, dos bolsitas plásticas con 86.7 gramos de clorhidrato de cocaína, 10 envoltorios plásticos que en total contenían 4.39 gramos de clorhidrato de cocaína, dos balanzas de precisión, cuchara con restos de cocaína, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, dinero en moneda nacional y extranjera, ciertamente indican sin lugar a dudas una disposición y actividad de la droga para traficarla con terceros, de tal manera que los hechos no pueden enmarcarse en otros preceptos penales de dicha ley. Por lo tanto, no procede el motivo de casación invocado. I. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitución, en su único motivo, interpuesto por Miguel Ángel Maldonado, en su condición de defensor público de la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez. Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por Miguel Ángel Maldonado, en su condición de defensor público de la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por Miguel Ángel Maldonado, en su condición de defensor público de la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez. I. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal, FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitución, en su único motivo, interpuesto por Miguel Ángel Maldonado, en su condición de defensor público de la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez; 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por Miguel Ángel Maldonado, en su condición de defensor público de la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez; 3) Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el abogado Miguel Ángel Maldonado, defensor público de la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez; 4) Declara la nulidad parcial de la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, del debate que la pronunció y la audiencia de individualización de pena de fecha 27 de julio de 2017, en relación al delito de Tráfico Ilícito de Drogas atribuido a la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez, en perjuicio de la Salud Pública. 5) Declara firme la sentencia absolutoria de fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, por el delito de Almacenamiento Ilegal de Armas de Fuego Comercial, por el que venía siendo acusada la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez. Y MANDA: 1) Que se repita el debate con jueces diferentes a los que participaron en el anulado, para sustanciar la acusación formulada por el delito Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas, por el cual formalizó el ente fiscal en contra de la señora Marlin Cecilia Castillo Martínez; 2) Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintiún días de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-426-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Calamandrei, Piero, CHIOVENDA: RECUERDO DE JURISTAS, Trad. Melendo, Santiago, pag44, Editorial Astrea, Buenas Aires Argentinas, 1959.
[2]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[3] Cabezudo Bajo, María Jose; La Inviolabilidad del Domicilio y el Proceso Penal, Iustel Publicaciones, 2004, Madrid, España, Pág.263.
[4] Teoría originaria de los Estados Unidos de Norte América plasmada en los fallos de la Corte Suprema de Justicia: Silverthorne Lumber Co. Vrs. United States (1920), Nardone vrs. United States, (1939), Mapp vrs Ohio (1961), Escobedo vrs Illinois (1964), Miranda vrs Arizona (1966), Shapman vrs Arizona (1967), Katz vrs United Sates (1967) y Orozco vrs Texas (1969).