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Sentencia CP-425-18 — Registro 14723

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, contra la sentencia de primer instancia que condena al imputado como autor del delito de Negación de Asistencia Familiar

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."La Sala de lo Penal, después de leer el recurso, la sentencia impugnada emitida por mayoría y el voto disidente, considera importante referirse a la naturaleza del delito que motivó el presente enjuiciamiento.- Nos ocupa una acusación planteada contra el acusado, al que se le imputa una conducta humana consistente en la omisión de pago de pensión alimenticia; acusación que requiere demostrar que el acusado Abilio Adalid Sánchez Márquez fue requerido fehacientemente para ello, que estaba en capacidad de pagar y que decidió omitir dicho pago, afectando así la congrua subsistencia de sus menores hijos.- Las partes y los jueces no deben perder la noción de que el derecho penal hondureño es un derecho de acto y no de autor; no se juzga al acusado por ser buen o mal padre, por ello el reproche que hace la mayoría del tribunal de sentencia de que el acusado no realizó visitas a sus menores hijos, que no conocía con exactitud su edad o el grado de escolaridad de sus hijos no tiene relación alguna con la imputación; el juzgamiento es especificó a una conducta tipificada como delito: (se insiste) el haber sido requerido para el pago de una obligación legal de alimentos y la omisión de honrar dicho pago en ese momento (después de ser requerido) aun cuando tenía la posibilidad económica para hacerlo (núcleo del reproche), afectando la congrua existencia sus dos menores hijos; ¿fue el acusado requerido para el pago de alimentos?, ¿podía pagar los alimentos debidos el acusado al momento de ser requerido? ¿el acusado, teniendo a su alcances recursos económicos, decidió dejar de pagar la pensión alimenticia a favor de sus menores hijos al momento de ser requerido?.- Así entonces no está a discusión si el acusado ha sido buen o mal padre, si tiene -o no- obligación alimenticia, o si ha cumplido de manera eficiente con dicha obligación, hechos que sin duda pueden ser objeto de reproche por el derecho de familia.- El proceso penal tiene por objeto definir si el acusado realizó una conducta humana específica de omisión que el legislador definió como delito y por tanto generadora de responsabilidad penal que amerite la imposición de una sanción; todo lo que esté fuera de tal definición es impertinente dentro del universo del derecho penal. Los hechos probados de la sentencia determinan la existencia de dos personas, ambos menores de edad, los niños F. A. S.C. y D. A. S. C., cuyo padre es el señor Abilio Adalid Sánchez Márquez; además indican que el señor Abilio Adalid Sánchez Márquez, ha “pasado” (entregado) cantidades de dinero en concepto de alimentos a favor de los menores mencionados, en una cantidad no correspondiente con aquella señalada por el Juzgado de Letras Segundo de Intibucá.- Los lacónicos hechos probados no establecen un ámbito temporal de los hechos; no indica la fecha de nacimiento de ninguno de los menores de edad, no determina la fecha en que el Juzgado de Letras Segundo de Intibucá fijó una cuantía de pago en concepto de alimentos, ni tampoco se señala en que fechas el acusado realizó el pago de dichas cantidades de manera insuficiente; por otra parte, tampoco se señala a cuanto ascendía la obligación alimenticia respecto a cada uno de los hijos del acusado, la capacidad de pago del acusado, las cantidades dadas por éste, y esencialmente que dichas cantidades eran insuficientes para proporcionar una congrua existencia a los menores hijos (independientemente de si esa cantidad era aquella que había fijado el Juzgado de Letras de Intibucá) y además, que la omisión de satisfacer los alimentos era injustificada por el acusado, pues teniendo la capacidad de pago decidió no hacerlo. La Sala de lo Penal, tras confrontar lo declarado probado por el tribunal de sentencia y la norma penal vigente en el momento del hecho, ha concluido que el ámbito situacional que fija el tipo penal como conducta a ser reprochada no se identifica en el relato histórico dado por probado, por lo que la declaratoria de culpabilidad hecha por el tribunal al acusado Abilio Adalid Sánchez Márquez, como responsable de un delito de negación de asistencia familiar, contenido en el artículo 177 del código penal 144-88, es una violación al estado material de inocencia, como lo denuncia la Defensa Pública. El recurrente señaló en su impugnación que el tribunal de sentencia debió acatar lo dispuesto imperativamente en el artículo 339 del Código Procesal Penal, respecto a que, a falta de prueba que acredite el delito, se deberá dictar una sentencia absolutoria a favor de la persona acusada; así entonces, entre los alegatos el recurrente enfatiza que el acusado  no tenía la capacidad económica para entregar la cantidad de dinero que le había señalado el Juzgado de Letras, precisamente y desde la perspectiva inversa, es uno de los elementos esenciales del tipo penal, el hecho de que la persona acusada tuviese la capacidad económica para procurar, en concepto de alimentos, la congrua existencia de cada uno de sus menores hijos, y que aun conociendo dicha capacidad, omita honrar la obligación sin justificación alguna, aun a pesar de ser requerido para ello; elementos esenciales que están ausentes en la descripción de los hechos probados y que hacen que el reclamo de la Defensa Pública deba ser estimado, dado que la declaratoria de culpabilidad hecha al acusado Abilio Adalid Sánchez Márquez se basa en una declaratoria de hechos probados que no reflejan la existencia de un hecho delictivo subsumible en el ámbito situacional del delito contenido en el artículo 177 VCP 144-83, dándose así claramente la violación al estado material de Inocencia, que reconoce la Constitución de la República como una garantía constitucional.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha once de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 425-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero pronuncian, En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación número SP-425-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha uno de junio del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Abilio Adalid Sánchez Márquez, como autor del delito de Negación de Asistencia Familiar, en perjuicio de los menores D. A. S. C. y F. A. S.C., a la pena de un año de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil.- Segundo: Se le advirtió al señor Abilio Adalid Sánchez Márquez, que tiene la obligación alimenticia para los menores D. A. S. C. y F. S. C., lo anterior conforme al artículo 179 del Código Penal.- Tercero: Se declaró al señor Abilio Adalid Sánchez Márquez, responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido. Cuarto: No procedió condenar en costas al acusado Abilio Adalid Sánchez Márquez. Son partes en única instancia: Los abogados José Roberto Izaguirre y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del señor Abilio Adalid Sánchez Márquez, como parte recurrente y la abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la primera instancia. Primero: En fecha diez (10) de abril de dos mil catorce (2014), en la ciudad de la Esperanza Intibucá el Registro Nacional de las Personas de dicha localidad extendió certificación de acta de nacimiento números 1004-2007-00138 y 1004-2009-00065, perteneciente a los menores F. A. S.C. Y D. A. S. C., respectivamente, siendo su padre Abilio Adalid Sánchez Márquez.- Segundo: Si bien, el señor Abilio Adalid Sánchez Márquez, ha pasado cantidades de dinero en concepto de alimentos a favor de sus menores hijos, no es menos cierto que las mismas no están acorde con las cantidades impuestas por el Juez de Letras Segundo de Intibucá. Recurso de Casación. - Motivos Y Argumentos. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Motivo Único: Infracción de los artículos 89, Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 90, nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; el artículo 94, A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente, Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.) Juicio Previo. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. Artículo. 2.-) Estado De Inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. El Tribunal establece como hecho probado que mi defendido ha cometido el delito de Negación De Asistencia Familiar en perjuicio de Del Orden De Familia De Greyci Ordelia Romero Lizardo E Irwin Leonardo Romero Lizardo, tal como lo establece: Primero: en fecha (10) de abril de dos mil catorce (2014), en la ciudad de la Esperanza, Intibucá, el Registro Nacional de las Personas de dicha localidad extendió certificación de acta de nacimiento números 1004.2007-00138 Y 1004-2009-00065, perteneciente a menores F. A. S.C. Y D. A. S. C., respectivamente, siendo su padre Abilio Adalid Sánchez Márquez. Segundo: Si' bien, el señor Abilio Adalid Sánchez Márquez ha pasado cantidad de dinero en concepto de alimentos a favor de sus menores hijos, no es menos cierto que las mismas no están acorde con las cantidades impuestas por el Juez de Letras Segundo de Intibucá. Del anterior hecho trascrito, el Tribunal Sentenciador llegó a la convicción que mi representado es culpable del delito de Negación De Asistencia Familiar en perjuicio Del Orden De Familia De Los Menores D. A. S. C. Y F. A. S.C.. El Estado de inocencia es “...un estado inherente a la persona humana...”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (art.89) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (art.1 y 2 del Código Procesal Penal), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una actividad probatoria de cargo suficiente y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el lícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor de aquel. Lo anterior, no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra[1]. El artículo 339 del Código Procesal Penal, establece si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable, cosa que no hizo el Tribunal Sentenciador en este caso.- La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no solo por la existencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiere.[2] En el juicio oral y público se presentó la declaración de la señora Marta Isabel Castillo Vigil quien declaró: “Que interpuso demanda en el juzgado de letras, para que Miguel Ángel, me ayudara con la manutención de mis hijos, y en una cuenta en Concepción me hiciera los depósitos, y como un año me deposito 1,100 pero después dejó de cumplir, hasta el 2016, hizo deposito muy poco de 500 0 600; llego con el uniforme de los niños y les quedaba grande él se comprometió a cambiarlos y no regresó. lo demando porque como madre soltera no puedo ayudarle a mis hijos, la primera vez lo demande en noviembre 2011, en el Juzgado de Paz, quedo con 800 pesos, incumplió y entonces me bien para aquel en el Juzgado de letras quedamos en 1,100 para cada niño incumplió otra vez; durante el acuerdo él no me dijo nada que no tenía trabajo, porque no hablamos, ahora nos comunicamos, la última vez que los vio fue a finales de febrero, los niños están en tercer y cuarto grado; a veces salgo a lavar, y en apoyo en docente para dar clases; los hijos necesitan hacerse exámenes, comprarse cosas en la escuela, a veces me he esforzado a veces a cubierto, pero es injusto no los tuve sola”. Del interior relato podemos observar que la señora expresa que se comprometió a darles en concepto de manutención a favor de sus menores hijos la cantidad de L.1,100 pero que mi defendido ya le había manifestado que no tenía trabajo. Haciendo uso a su derecho a declarar, el señor Abilio Adalid Sánchez manifestó: “Yo a ella le he depositado lo poco que, ganado, a veces no le he dado porque no he tenido trabajo, y tengo otro hijo con otra señora que tengo. En Concepción en el juzgado, me notificaron que pasara mensualmente 900 lempiras, después me demandó en el juzgado de Letras al año parece, creo que fue el 2012 o 2013, me comprometí a ponerle la mensualidad que allí dice L.1,100, a partir de esa fecha que me pusieron aquí en La Esperanza, al principio puede, después no porque tuvo otro hijo, no recuerdo cuando deposite, algunos meses si le puse hasta L.2000, en el 2014 no recuerda, en el año 2015 no recuerdo las cantidades y depósitos en el 2016 de 500, 600, en el 2017 he depositado lo mismo...yo vivo en Colomoncagua, ellos viven en Concepción, soy jornalero me pagan 70 lempiras, no me dan trabajo a veces , veces propio, tengo otro hijo D. L.” Como prueba documental, la parte defensora presentó varios recibos con valores de: L.200, L.400, L.500, L.1,100, Ll, 200, L.3,000. Si bien es cierto no coincide con el valor establecido en el acuerdo, tampoco es menos cierto que haya dejado totalmente de cumplir con sus obligaciones como padre. El señor Adalid Sánchez Márquez en su declaración fue claro al establecer que jamás ha incumplido con sus deberes hacia sus menores hijos, pues como se probó en el juicio oral y público se presentaron varios recibos, además agregó que casi no mira a su hijos ya que reside en Colomoncagua y ellos en Concepción, que es jornalero y le pagan 70 lempiras, a veces no le dan trabajo, a veces trabaja en lo propio y que tiene otro hijo de nombre D. Es de considerar que mi defendido es un jornalero y lo que percibe en concepto de salario es muy poco, pero aun así es responsable. Dentro de la criminología crítica, la criminalización puede ser de dos tipos: primaria, la que se refiere al proceso mediante el cual el Estado selecciona conductas sobre las que establece respuestas represivas bajo el justificativo de peligrosidad, este tipo de criminalización se hace en abstracto, pues se desconoce concretamente quienes serán las personas que van a realizarlas, se traduce generalmente en la elaboración de leyes y tipos penales que identifican conductas como socialmente reprochables y posiblemente peligrosas y, la criminalización secundaria , que a diferencia de la anterior, se configura como un hecho concreto que recae sobre destinatarios determinados, condicionada por el poder, es decir, quien lo ejércelo cataloga bajo ciertos estereotipos y circunstancias coyunturales, determinando quienes serán las personas objeto de dicha criminalización, la que será ejecutada por las agencias policiales, judiciales y penitenciarias[3]. Es importante mencionar que en un país donde los niveles de pobreza, el rechazo y de exclusión social son muy altos, mismos que dan por resultado desempleo, analfabetismo, falta de oportunidades, etc. situaciones que en ningún momento pueden dar origen a “criminalizar la pobreza” En nuestro caso en específico no se puede reprochar penalmente el hecho de no tener los ingresos suficientes para mantener a los hijos, mi defendido no desconoce y tampoco tiene la intención de ser irresponsable, pues con lo poco que percibe en su trabajo como jornalero les proporciona cierta cantidad de dinero. En ningún momento se configura el elemento subjetivo del tipo penal acusado, pues se demostró en juicio que mi defendido si hizo los depósitos, a lo mejor no en las cantidades establecidas, por las razones que el propio imputado explicó y que fueron ratificadas por la propia madre de los menores. Ante una sentencia condenatoria en contra de mi defendido donde criminaliza la pobreza, con dicho fallo no se puede establecer una verdadera convicción de culpabilidad en consecuencia no se ha enervado el estado de inocencia del cual goza mi representado desde el inicio del proceso. Es así como el Tribunal Sentenciador dicta sentencia condenatoria en contra de mi defendido violentando su derecho constitucional de presunción de inocencia y de vencimiento en juicio. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente recurso, absolviendo de toda responsabilidad al señor Abilio Adalid Sánchez Márquez. Fundamentación Jurídica. Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior4. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del órgano jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo numerus apertus, son: 1. Negación de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación restrictiva de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho constitucional del bloque constitucional, o sobre una doctrina legal constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe utilizar este tipo de recurso en la medida en que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (recurso ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República; Artículos 1, 2 y 339 del Código Procesal Penal; Motivo: Violación al Estado Material de Inocencia; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Se declare con lugar el Recurso de Casación. Al amparo de la vía recursiva que autoriza el artículo 361 del Código Procesal Penal, el recurrente impugna la sentencia definitiva emitida en el presente caso, por considerar que la misma violenta el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Discute el recurrente, a partir de la declaración de la testigo Marta Isabel Castillo, que si bien el acusado se había comprometido a dar una pensión por alimentos de L 1,100.00, pero éste ya había manifestado que no tenía trabajo; además que se debe considerar que el acusado, conforme su declaración, es un jornalero y que lo que percibe de salario es muy poco, pero que aun así es responsable, presentándose varios recibos de pagos de alimentos, los que si bien no coinciden con el valor establecido en el acuerdo (acuerdo suscrito por la señora Marta Isabel Castillo y el señor Adalid Sánchez, sobre la pensión por alimentos a pagar por éste último a sus dos hijos menores de edad), discute el recurrente que lo cierto es que no ha dejado de cumplir con sus obligaciones como padre. Argumenta el recurrente que no es posible reprochar penalmente que el acusado no tenga los ingresos suficientes para mantener a sus hijos; que éste no desconoce su obligación y que no ha tenido la intención de ser irresponsable. - Concluye que no se puede establecer una verdadera convicción de culpabilidad, por ello considera que no se ha enervado el estado de inocencia; que al dictar una sentencia condenatoria se violento el estado de inocencia y de vencimiento en juicio. Del delito de Negación de Asistencia Familiar. El delito de negación de asistencia familiar tiene relación directa con el derecho de familia, en particular con la paternidad, filiación patria potestad y el derecho de alimentos. Recordemos que la paternidad es la calidad de padre que una persona tiene con respecto a otra que es su hijo; entretanto filiación es la calidad de hijo que tiene una persona con respecto a otra que es su padre; es decir que filiación es el vínculo jurídico que puede generarse por la procreación o por la adopción. El artículo 104 del Código de Familia indica que la filiación de los hijos constará en el libro de inscripción de nacimientos del respectivo Registro Civil, y podrá ser acreditada mediante: 1. La certificación del acta de inscripción expedida con las formalidades legales; 2. Declaración de la filiación hecha en Escritura Pública, e inscrita en el RNP; y/o 3. Sentencia judicial que reconozca filiación, inscrita en el RNP. La filiación produce cuatro clases de efectos: i.- Relaciones personales de los padres y de los hijos; ii.- Relaciones Patrimoniales entre hijos y padres; iii.- Relación de representación legal de los padres para con los hijos; y iv.- Derecho de sucesión. Las tres primeras relaciones se regulan bajo la figura de patria potestad, que conforme el artículo 185 del Código de Familia es un conjunto de derechos y deberes que los padres tienen con respecto a la persona y a los bienes de sus hijos; su régimen legal será de protección a los menores, impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de ésta, al padre o a la madre en los casos previstos por esta ley. Indica el artículo 186 del Código de Familia que la patria potestad comprende un conjunto derechos y obligaciones, entre los cuales está el derecho/deber de alimentos. Desde la perspectiva de los padres, el artículo 121 de la Constitución de la República indica que éstos están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos durante su minoría de edad, y en los demás casos en que legalmente proceda; definiendo el 207-A del Código de Familia como alimento, todo lo que sea indispensable para el desarrollo integral de una persona, como ser el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, formación integral y educación o instrucción; tal obligación recae en ambos padres (Art. 211 CF) por igual, quienes la honrarán en una cantidad proporcional a su capacidad económica y/o proporcional a su respectivo patrimonio, de modo que si por cualquier causa uno de ellos esté imposibilitado de poderlos sufragar, le corresponderá al otro hacerlo totalmente (Art. 218 CF). Conforme la legislación hondureña, los alimentos que los padres deben a sus hijos son congruos, es decir aquellos que cubiertos en su debida proporción permitan desarrollarse modestamente al menor de edad de manera equilibrada a la dinámica social que desarrolle; para tal efecto serán fijados en proporción a la capacidad económica de cada padre y en relación con las necesidades del menor de edad. Los alimentos deberán ser dados en cuotas adelantadas en períodos de tiempos regulares, que podrá ser semanal, quincenal o mensual; su cuantía podrá ser modificada en cualquier tiempo en atención a la variación de circunstancias personales de los padres y/o de los hijos, que aconsejen su aumento o disminución (Art. 220 CF). El derecho de alimentos es personalísimo e irrenunciable, por lo que aun con acuerdo conciliatorio, de disminución o exoneración, la obligación persiste en la cuantía y periodicidad que les haga calificar como congruos; Además tal obligación es preferente a cualquier otra de distinta naturaleza; y deberá satisfacerse a prorrata en los casos en que una persona tenga la obligación de alimentos a favor de varios menores de edad (Art. 223 CF); la negativa de proporcionar alimentos sin causa justa, no solo constituye una infracción del derecho de familia, sino que en determinadas circunstancias puede generar responsabilidad penal. En la anterior codificación penal, en el Título IV, del Libro II, que lleva por rúbrica «Delitos contra el estado civil y el orden de la familia», encontrabamos dos tipos de delitos distintos que, prácticamente, no tienen relación entre sí. En los delitos contra el estado civil se protege este bien jurídico desde la perspectiva de las relaciones familiares, esto es, el estado civil familiar de las personas, es decir, el hecho de la pertenencia de una determinada persona a una familia, derivada del matrimonio o la adopción. Pero además los delitos contra el orden de la familia, cuyo bien jurídico era la institución de la familia y los deberes familiares. Es necesario hacer un paréntesis, resaltando que las figuras penales tenían como propósito sancionar las infracciones más graves por conductas que el derecho de familia no podía contener, puesto que aquellas que no alcanzaban tal gravedad, aun cuando fuesen igualmente infracciones debían resolverse fuera del derecho penal. Dos comportamientos se tipifican como negación de la asistencia familiar: incumplir la prestación alimentaria sin justa causa y colocarse en situación de insolvencia para eludir la prestación alimentaria; ambos delitos de acción pública. En específico el contenido en el artículo 177 sancionaba: “Quien, estando obligado legalmente, o en virtud de sentencia firme, después de haber sido requerido fehacientemente, dejare sin justa causa de proveer a la subsistencia del cónyuge, de los hijos menores de veintiún años o del pupilo bajo su guarda, será sancionado con reclusión de uno a tres años. En la misma pena incurrirá quien en iguales circunstancias, dejare de proporcionar los recursos necesarios a sus ascendientes o descendientes que se encuentren inválidos, enfermos o por cualquier causa incapacitados para el trabajo”. La construcción típica del otrora vigente delito nos permite identificar como elementos objetivos y subjetivos los siguientes: Sujeto Activo: recaía en la persona que legalmente tenía la obligación de prestar subsistencia; tal obligación debía estar prevista en una disposición legal valida y estar vigente al momento de la conducta delictiva; en el caso de la obligación de alimentos debía constar en la ley y/o ser declarada judicialmente; Como sujeto pasivo, en el caso particular, se encontraban los pupilos, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad que estuviesen cursando sus estudios superiores iniciados en su minoría de edad, o los hijos mayores de edad incapacitados, a quienes se les deba alimentos.- Es importante apuntar que en caso de existir concurso de personas obligadas, la omisión de una de ellas no eximía a la otra de brindar los recursos necesarios de subsistencia; así entonces cuando uno de los padres no provea alimentos, el otro padre no podría justificar dar solo una parte de ellos bajo el argumento de que el resto le corresponde al otro progenitor; la obligación de proveer alimentos recae en ambos padres, siendo de carácter solidaria, por lo que la omisión de uno (con o sin justificación), genera la obligación del otro de proveerlos en su totalidad, ello sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra aquel; La conducta criminosa, centrada en el verbo rector, es la de dejar de proveer los recursos necesarios para la subsistencia del sujeto pasivo; por tanto, la conducta se considera realizada por la omisión absoluta, como por la omisión parcial, cuando la porción dada no llegue a satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. - Por otra parte, la conducta criminosa está condicionada a dos situaciones distintas: Que previo a la omisión se hubiese requerido al sujeto activo a proveer dichos recursos; requerimiento que debe ser inequívoco, hecho en el tiempo en que la obligación de dar alimentos se encontraba vigente, exigible y vencida; requerimiento que podría ser formulado por el sujeto pasivo directamente, por su representante legal, por su apoderado legal o por autoridad estatal competente; y, Que la omisión fuese sin justificación, es decir que el sujeto activo omita brindar los recursos aun a pesar de tener la posibilidad de hacerlo; tal posibilidad debe existir al momento de ser requerido, por tanto el delito se generaría aun cuando previo al requerimiento, el sujeto activo hubiese estado impedido, siempre que al momento del requerimiento la capacidad de dar alimentos exista.- La situación de insolvencia (no buscada de propósito para eludir sus obligaciones alimentarias) o la imposibilidad para hacer frente a sus deberes asistenciales, excluía la culpabilidad, tal y como lo preceptuaba el Artículo 25.2 del CP: no es exigible responsabilidad penal a quien incurre en alguna omisión, hallándose impedido por causa legítima o insuperable. Como elemento subjetivo, el tipo penal requiere que el sujeto activo conozca de su obligación de dar alimentos, conozca de la mora de proveerlos, conozca que ha sido requerido para el pago de dicha obligación, conozca que está en posibilidad de proveerlos al momento de ser requerido y desee aun con ello y de a propósito omitir la obligación. En resumen, el tipo penal tiene como elementos: i.- La obligación legal de alimentos; ii.- Falta de cumplimiento de la obligación; iii.- Requerimiento de cumplimiento de la obligación; iv.- Posibilidad de cumplir la obligación al momento del requerimiento; y, v.- Omisión de cumplimiento. De la procedencia del recurso .- El recurso no es de recibo.- La Sala de lo Penal, después de leer el recurso, la sentencia impugnada emitida por mayoría y el voto disidente, considera importante referirse a la naturaleza del delito que motivó el presente enjuiciamiento.- Nos ocupa una acusación planteada contra el acusado, al que se le imputa una conducta humana consistente en la omisión de pago de pensión alimenticia; acusación que requiere demostrar que el acusado Abilio Adalid Sánchez Márquez fue requerido fehacientemente para ello, que estaba en capacidad de pagar y que decidió omitir dicho pago, afectando así la congrua subsistencia de sus menores hijos.- Las partes y los jueces no deben perder la noción de que el derecho penal hondureño es un derecho de acto y no de autor; no se juzga al acusado por ser buen o mal padre, por ello el reproche que hace la mayoría del tribunal de sentencia de que el acusado no realizó visitas a sus menores hijos, que no conocía con exactitud su edad o el grado de escolaridad de sus hijos no tiene relación alguna con la imputación; el juzgamiento es especificó a una conducta tipificada como delito: (se insiste) el haber sido requerido para el pago de una obligación legal de alimentos y la omisión de honrar dicho pago en ese momento (después de ser requerido) aun cuando tenía la posibilidad económica para hacerlo (núcleo del reproche), afectando la congrua existencia sus dos menores hijos; ¿fue el acusado requerido para el pago de alimentos?, ¿podía pagar los alimentos debidos el acusado al momento de ser requerido? ¿el acusado, teniendo a su alcances recursos económicos, decidió dejar de pagar la pensión alimenticia a favor de sus menores hijos al momento de ser requerido?.- Así entonces no está a discusión si el acusado ha sido buen o mal padre, si tiene -o no- obligación alimenticia, o si ha cumplido de manera eficiente con dicha obligación, hechos que sin duda pueden ser objeto de reproche por el derecho de familia.- El proceso penal tiene por objeto definir si el acusado realizó una conducta humana específica de omisión que el legislador definió como delito y por tanto generadora de responsabilidad penal que amerite la imposición de una sanción; todo lo que esté fuera de tal definición es impertinente dentro del universo del derecho penal. Los hechos probados de la sentencia determinan la existencia de dos personas, ambos menores de edad, los niños F. A. S.C. y D. A. S. C., cuyo padre es el señor Abilio Adalid Sánchez Márquez; además indican que el señor Abilio Adalid Sánchez Márquez, ha “pasado” (entregado) cantidades de dinero en concepto de alimentos a favor de los menores mencionados, en una cantidad no correspondiente con aquella señalada por el Juzgado de Letras Segundo de Intibucá.- Los lacónicos hechos probados no establecen un ámbito temporal de los hechos; no indica la fecha de nacimiento de ninguno de los menores de edad, no determina la fecha en que el Juzgado de Letras Segundo de Intibucá fijó una cuantía de pago en concepto de alimentos, ni tampoco se señala en que fechas el acusado realizó el pago de dichas cantidades de manera insuficiente; por otra parte, tampoco se señala a cuanto ascendía la obligación alimenticia respecto a cada uno de los hijos del acusado, la capacidad de pago del acusado, las cantidades dadas por éste, y esencialmente que dichas cantidades eran insuficientes para proporcionar una congrua existencia a los menores hijos (independientemente de si esa cantidad era aquella que había fijado el Juzgado de Letras de Intibucá) y además, que la omisión de satisfacer los alimentos era injustificada por el acusado, pues teniendo la capacidad de pago decidió no hacerlo. La Sala de lo Penal, tras confrontar lo declarado probado por el tribunal de sentencia y la norma penal vigente en el momento del hecho, ha concluido que el ámbito situacional que fija el tipo penal como conducta a ser reprochada no se identifica en el relato histórico dado por probado, por lo que la declaratoria de culpabilidad hecha por el tribunal al acusado Abilio Adalid Sánchez Márquez, como responsable de un delito de negación de asistencia familiar, contenido en el artículo 177 del código penal 144-88, es una violación al estado material de inocencia, como lo denuncia la Defensa Pública. El recurrente señaló en su impugnación que el tribunal de sentencia debió acatar lo dispuesto imperativamente en el artículo 339 del Código Procesal Penal, respecto a que, a falta de prueba que acredite el delito, se deberá dictar una sentencia absolutoria a favor de la persona acusada; así entonces, entre los alegatos el recurrente enfatiza que el acusado no tenía la capacidad económica para entregar la cantidad de dinero que le había señalado el Juzgado de Letras, precisamente y desde la perspectiva inversa, es uno de los elementos esenciales del tipo penal, el hecho de que la persona acusada tuviese la capacidad económica para procurar, en concepto de alimentos, la congrua existencia de cada uno de sus menores hijos, y que aun conociendo dicha capacidad, omita honrar la obligación sin justificación alguna, aun a pesar de ser requerido para ello; elementos esenciales que están ausentes en la descripción de los hechos probados y que hacen que el reclamo de la Defensa Pública deba ser estimado, dado que la declaratoria de culpabilidad hecha al acusado Abilio Adalid Sánchez Márquez se basa en una declaratoria de hechos probados que no reflejan la existencia de un hecho delictivo subsumible en el ámbito situacional del delito contenido en el artículo 177 VCP 144-83, dándose así claramente la violación al estado material de Inocencia, que reconoce la Constitución de la República como una garantía constitucional. Decisión: Estimar el único motivo del Recurso de casación por infracción de precepto constitucional que ha planteado la Defensa Pública. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 177 del Código Penal; 361 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Con Lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por el abogado Julio Cesar Mendoza, apoderado defensor público; en consecuencia se casa la sentencia de fecha uno de junio de dos mil diecisiete (f. 124), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua.- Segundo: Revoca la parte resolutiva de la sentencia emitida por mayoría, dictándose en su lugar la siguiente resolución: Primero: Que debemos absolver y se absuelve, al señor Abilio Adalid Sánchez Márquez, como presunto responsable a título de autor directo de un delito consumado de Negación de Asistencia Familiar, en perjuicio de los menores de edad D. A. S. C. y F. A. S.C.; Segundo: Declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal - Y Manda: Primero: En aplicación del artículo 372 párrafo segundo del Código Procesal Penal, se proceda a librar los mandamientos respectivos que hagan cesar toda medida cautelar impuesta al señor Abilio Adalid Sánchez Márquez, con ocasión del presente proceso judicial.- Segundo: Que la Secretaría del Despacho proceda a notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, después de lo cual deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. LETY EMELDA POSADAS. SECRETARIA ACTUANTE SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 425-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

[1] Sentencia de recurso de casación penal N=304-2010, de fecha 30 de mayo del 2011.

[2] Sentencia de la Sala Penal, Corte Suprema de Justicia CP002-2009. Pág. 9 y 10.

[3] Paredes Torres, María, Criminalización de la pobreza y Derechos Humanos, año 2015, Universidad Carlos III de Madrid.