Sentencia CP-417-17 — Registro 13257
Resumen
En primera instancia se condenó a la imputada del delito de Comercialización Ilegal de Productos o Sub-Productos Forestales, en perjuicio del Estado de Honduras, resolviendo No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la procedencia de la retroactividad de la ley penal, decreto N.130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"..DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. En virtud que esta Sala de lo Penal ya ha explicado en qué consiste el Principio de Debida Técnica Recursiva, se hace evidente la inadecuada técnica de la censora al momento de argumentar y desarrollar su impugnación, lo que vuelve el presente recurso falto de claridad y precisión, haciendo difícil que se pueda dar una respuesta concreta a los cuestionamientos de la recurrente. La Recurrente, al desarrollo de su libelo y al pasar a desarrollar sus argumentos recursivos desconoce lo fijado en los hechos probados, desarrollando los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y transcribe el artículo 174 de la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre; de la misma forma realizando alegatos de instancia. Con ello la Recurrente erróneamente pretendió que esta Sala de lo Penal hiciese una nueva valoración de la prueba a efecto de desvincular a su representada del delito, algo prohibido por la ley como se ha explicado.Esta Sala de lo Penal observa que, en el presente caso, el motivo de casación por infracción de ley sustantiva invocado por la recurrente carece de claridad y precisión, ya que el recurrente no expone de forma clara, porque el precepto penal que refiere como infringido, no está de acuerdo con los hechos que se declararon probados en la sentencia y como ya se dijo, centra su alegato en cuestionar la valoración de la prueba y no la infracción a la norma sustantiva en relación al cuadro fáctico, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que esta pueda admitirse y analizarse jurídicamente , es preciso que el mismo este dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito como esencia misma del derecho penal. Por otra parte, esta Sala de lo Penal observa que el hecho declarado probado por el juzgador ha sido relatado cronológicamente, derivado de la prueba directa e indiciaria legalmente incorporada al juicio, con el que el a quo ha logrado formar la certeza de su convicción judicial acerca de la participación de la acusada Orbelinda Bonilla Argueta en el delito de Comercialización Ilegal de Productos o sub Productos Forestales. Por lo expuesto esta sala de lo Penal, declara sin lugar el motivo de casación invocado por la recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"....- Ponderación en el Caso Concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora Orbelinda Bonilla Argueta, la sanción de siete años de reclusión, como responsable del delito de Comercialización Ilegal de Producto Forestal, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, así como las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de Comercialización Ilegal de Producto Forestal, cuyo supuesto de hecho ahora se encuentra sancionado por el delito de Explotación Ilegal de Recursos Naturales, en el artículo 325, prevé como sanción la pena de tres (3) a seis (6) años y multa de trescientos (300) a seiscientos (600) días. En conclusión, conforme las disposiciones del CP 130-2017, le correspondería cumplir a la acusada una pena abstracta por el delito de Explotación Ilegal de Recursos Naturales de tres (3) a seis (6) años y multa de trescientos (300) a seiscientos (600) días, los cuales solo cumpliría 30 años en caso que la pena individualizada sobrepasara el límite objetivo ordinario (Art. 66 NCP). Entre las circunstancias personales de la acusada Orbelinda Bonilla Argueta, se encuentra que es comerciante y propietaria de la Maderera Xiomara; a partir de lo anterior es posible determinar la pena a imponer a la acusada en 3 años de prisión y multa de trescientos días. Conforme a la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, al ser la pena de siete años de prisión, el rango es inferior en el nuevo Código Penal; Por tanto, corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que Si es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación penal: la pena de reclusión individualizada conforme a la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre; y la pena de prisión abstracta que correspondería aplicar a la acusada conforme el CP 130-2017. .."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en los Recursos de Casación SP-417-2017 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete; dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, mediante la cual: Primero: Condenó: a la señora Orbelinda Bonilla Argueta, como autora del delito de Comercialización Ilegal de Productos o Sub-Productos Forestales, en perjuicio del Estado de Honduras, a la pena de siete años de reclusión.- Segundo: Condenó: a la señora Orbelinda Bonilla Argueta, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se declaró la responsabilidad civil de la señora Orbelinda Bonilla Argueta.- Cuarto: No se declaró el comiso.- Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Son Partes En Única Instancia: La Abogada Lorena Sirjan Hernández Elencoff, en su condición de Defensora Privada de la señora Orbelinda Bonilla Argueta, como parte recurrente. II. HECHOS PROBADOS:“Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Único: Que el día veinte de mayo del año dos mil ocho, en horas de la tarde la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la ciudad de Tocoa, Colón fue informada acerca de que en el negocio denominado Maderera Xiomara propiedad de la señora Orbelinda Bonilla Oseguera, el cual se encuentra ubicado en el barrio los laureles de la ciudad de Tocoa, Colón; había una determinada cantidad de madera de procedencia sospechosa es así que en cumplimiento de la denuncia No.148-08 como a eso de las tres con cincuenta minutos de la tarde los agentes de investigación criminal se constituyeron en el depósito con registro número No.1006 denominado Maderas Xiomara propiedad de la señora Orbelinda Bonilla Argueta, donde junto a los funcionarios representantes de la Región Forestal del Atlántico (RFA) de AFE-COHDEFOR, representantes del CONADEH uno de la Delegación Departamental de Tocoa, y uno del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (MFI) y la Fiscalía del Ministerio Publico procedieron a informar a la señora Orbelinda Bonilla Argueta en su condición de propietaria del depósito Maderas Xiomara de la diligencia a realizar, es así que de manera inmediata se procedió a la inspección del plantel del depósito encontrando cuatro lotes de madera de color Pochote “Bombacopsis” y Caoba Hondureña “Swietenia Macrophylla” que hicieron un total de cuatrocientos sesenta y siete (467) piezas con un volumen de seis mil cuatrocientos setenta p.t. (6,470.00 p.t.) (35.95m), por lo que se le solicitaron a la propietaria del depósito la señora Orbelinda Bonilla Argueta, las correspondientes guías de movilización o facturas originales codificadas que acreditasen la procedencia y legalidad en la adquisición de la referida madera, manifestando la señora Orbelinda Bonilla Argueta no tenía la documentación requerida y que decidía no mencionar como obtuvo la madera ni quien se la vendió; lo que tuvo como consecuencia que se procediera al decomiso de la madera encontrada en tal virtud se documentó la existencia de la cantidad de madera de color madera consistente en: caoba 49 piezas volumen en pies tablares 590 volumen en M3 3.28 y de cedro pechota 418 piezas, volumen en pies tablares 5,880 volumen en M3, 32.67; los cuales hicieron un total de 467 piezas y un volumen en pies de 6,470, volumen en M3 35.95, ubicada una parte en el interior del depósito y la otra parte enfrente de dicho depósito de madera; una vez decomisada la madera fue puesta a disposición de AFE-COHDEFOR, de la ciudad de Tocoa, Colón.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS “La recurrente Abogada Lorena Sirjan Hernández Elencoff, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: Primer Motivo De Casación: Haber incurrido el Tribunal Sentenciador en Infracción de Ley por aplicación indebida del artículo 174 de La Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Precepto Autorizante: El presente motivo de Casación se encuentra autorizado en el artículo 360 primer párrafo del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El Tribunal de sentencia hace una flagrante violación de la interpretación del artículo 174 de la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, que literalmente dice: Quien ponga o de en venta un producto o sub-producto forestal, de procedencia ilegal, para beneficio propio o de terceros, provenga del terreno público o privado, será sancionado con pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión. Siendo que para la calificación del antes citado delito, es necesaria la concurrencia de elementos objetivos y subjetivos siguientes: a) Elemento del tipo objetivo: Quien realice actos de comercio ilegal de productos o subproductos forestales, en el presente caso no hubo pruebas que indicaran si hubo una Empresa Maderera Forestal e incluso si la misma era ilegal o que perteneciera a la señora Orbelinda Bonilla Argueta, pero lo más indicativo no hubo evidencia alguna puesta a la orden del Tribunal Sentenciador. b) Elemento del Tipo Subjetivo: Quien tenga la intención de Comercializar productos o Subproductos Forestales de manera ilegal; la intención que tuvo mi representada fue demostrar que la madera era de su hijo y que la misma la compro de forma legal en Maderas Dary ubicada en la Aldea Tepuesteca, Olanchito Yoro, acreditando dicho extremo con la factura original y que no fue de manera dolosa, madera que fue sacada de la vivienda de la señora orbelida Bonilla Argueta, ilegal, violentando los procedimientos de ley, sin una de parte de la fiscalía ni mucho menos una orden judicial, que los facultara para poderla sustraerla y que pese ante el enorme emolumento de pruebas suficientes para absolver el Tribunal condeno por mayoría de sus miembros. Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a esa determinación, ya que decidió un fallo de condena en menosprecio de no existir evidencia probatoria alguna, a pesar de poner a la vista las pruebas suficientes que probaban la no culpabilidad de mi representada, mismas que no fueron valoradas por el Tribunal Sentenciador. En el presente caso existe una indeterminación de la acción de “comercializar” de forma ilegal, la supuesta madera, evidencia material del delito, es decir el honorable tribunal no evacuo pieza de convicción, del supuesto decomiso, por no existir; por ende, al faltar un elemento de la tipicidad objetiva, se carece de un elemento del tipo y por lo tanto no se debió presentar requerimiento fiscal o inclusive el tribunal de sentencia dictar un fallo absolutorio. No se acredito en ningún momento la supuesta comercialización ilegal de la supuesta madera, ya que en legal y debida forma NO fue puesta la evidencia ante el Tribunal, es de notar lo manifestado por el ente fiscal en la audiencia de Juicio Oral y Público, quien de viva vos, manifestó que desconocen el paradero de la madera decomisada. El voto disidente establece: Que el día martes veinte de Mayo del año dos mil ocho, en horas de la tarde, empleados de AFE COHDEFOR, con jurisdicción en Atlántida, en un procedimiento arbitrario, decomisaron 467 piezas de madera a la joven Darla Elencoff, en casa de la señora Orbelinda Bonilla Argueta, quien no se encontraba en la misma, al llegar la señora le pidieron documentación de la madera la cual manifestó que la haría llegar, porque su hijo era el encargado y se encontraba fuera por estar recién operado, posteriormente en la misma tarde regresa la señora con la factura original de la madera comprada y la pone a la vista de las autoridades, a la que el Tribunal sentenciador no le da ningún valor probatorio, a pesar de ser la prueba más importante ya que con ella se está acreditando la legalidad de la madera y en ningún momento se le encontró en plena acción de realizar actos de comercio a terceros, con el propósito de sacar beneficio, por lo tanto no se configuro la tipificación del supuesto delito. Conclusión: Con todo lo anterior es evidente que el Tribunal de Trujillo, Colon, violento la ley, actuando arbitrariamente los Miembros de este Honorable Tribunal, al no tomar en consideración, el elemento probatorio concluyente en este Juicio que nos ocupa como ser la factura original de compra, que hiciera mi representada a la Maderera Dary, desprendiéndose de todo este juicio de que mi representada fue llevada a juicio Oral y Público precisamente por suponerla como responsable del Delito de Comercialización Ilegal De Productos Forestales y en el cual no vemos en donde está la ilegalidad cometida por mi representada, si el elemento probatorio principal en este tipo de juicios y delitos, es precisamente haberle acreditado al Tribunal la adquisición legal de este producto forestal, aludido por la Fiscalía del Despacho.” “Segundo Motivo: Quebrantamiento De Forma. La sentencia recurrida adolece de los vicios siguientes: 1) Se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, asimismo excluyo y dejo de considerar alguna prueba de valor decisivo, como ser la factura original de la compra de madera. 2) Carece de motivaciones fácticas o jurídicas y las existentes resultan insuficientes y contradictorias, asimismo en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. 3)La Inobservancia de las reglas establecidas en el presente código para la realización del Juicio Oral y Público o en el pronunciamiento de la sentencia. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 202, 336 numeral 2, articulo 362 numerales 2, 3 y 5 del Código Procesal Penal. Explicación De Motivo: 1) La sentencia recurrida se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, asimismo dejo de considerar alguna prueba de valor decisivo, el articulo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal, describe: El Tribunal para resolver solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica. Por su parte el artículo 202 del mismo cuerpo legal establece: Valoración de la Pruebas. La Sana Crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, el Órgano Jurisdiccional formara su convicción, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la Regla Cuarta del artículo 338 del mismo cuerpo legal, este sistema de valoración que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas, que determinen su convencimiento; pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común, resulta que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía de impugnación, contiene vicios graves que atentan contra las reglas de la Sana Critica, a observarse en la valoración de las y que se convierte, en consecuencia en la violación de los artículos antes mencionados. Dentro de los vicios relacionados anteriormente se encuentra la falta de valoración a una prueba decisiva: 1) Honorable Tribunal, no habéis valorado la incorporación de factura de compra original de la madera que se incorporó a la mancomunidad de la prueba, debido a que la misma reviste valor decisivo, al ser una compra legal, por ende, su procedencia es totalmente legal, desvanece su procedencia ilegal, misma que fue realizada por persona que no fue sometida a enjuiciamiento y que acredita la compra por bien hecha de la Madera en la Maderera Dary en Tepusteca, Olanchito Yoro. Prueba incorporada por esta defensa y que este tribunal no le dio ningún valor probatorio, esta falta de valoración; aduce el tribunal es porque estima que los testimonios y las pruebas de cargo merecen mayor credibilidad, sin hacer una valoración armónica y conjunta de los demás medios de prueba evacuados en el debate, defecto que lleva a desvirtuar la eficacia, que según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios).- 2) Fue incorporada prueba documental con la calidad de copias, de informes (denominados 60 y 24 (de año del 2003 al 2006 copias ilegibles) que carecen de valor, que no tiene la calidad de prueba pre constituida y no fueron ni judicializado para introducirse a contradictorio. Ni tuvieron el carácter de dictamen y tampoco un testigo podía ratificarlos, resultando manifiesta la violación al debido proceso, debiendo el sensor NO dar ninguna credibilidad por la falta de garantía de autenticidad. Son documento como lo manifestó el testigo Fausto Mejía Zelaya, bajados de la Web. -2) Carecen de Motivación fácticas o jurídicas y las existentes resultan insuficientes y contradictorias, asimismo en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Antes de entrar a explicar la infracción del Juzgador, veremos en qué consisten las reglas de la Sana Crítica.- las reglas de la sana critica o sana critica racional, como lo afirma la doctrina o la mayoría de los estudiosos del derecho, consisten en que el juzgador está obligado a respetar los principios del recto entendimiento humano, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común, la lógica lleva consigo las siguientes Leyes: a) Ley de Identidad, b) Ley de Contradicción, c) Ley de Tercero Excluido y d) Ley de Razón Suficiente. Ley de identidad: Conforme a esta ley, el Tribunal entre otras cosas está obligado a identificar plenamente a los partícipes en el juicio, específicamente al o los autores del delito, su grado de participación la infracción cometida etc. ley de Contradicción: Esta Ley se viola cuando el Tribunal en una sentencia valora la prueba de tal suerte que en una de sus partes se afirma que algo es cierto y luego se niega dicha afirmación. ley de tercero excluido: Esta Ley se viola cuando los hechos que el Tribunal estima probados, no son congruentes con la prueba que se haya ejecutado en el Juicio Oral o Debate, de tal manera que sería ilógica que una sentencia donde se afirma que el imputado es inocente o culpable según el caso, cuando los elementos de prueba con que el Juzgador sustento el fallo reflejan lo contrario de lo que determino el decisor. ley de razón suficiente: Esta Ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo, no se encuentran debidamente probados o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no puede establecer una conclusión lógica sea de culpabilidad o inocencia. (Caso concreto este, puesto que el Tribunal está enjuiciando comportamientos anteriores, a los acaecidos el día de los hechos). la psicología, que es otra de las reglas de la sana crítica, esta es considerada como una ciencia empírica, del pensamiento humano, que el Juez tiene el deber de aplicarla en la valoración de las pruebas, es decir que esta regla de la Sana Crítica, no es más que aquellos razonamientos Psicológicos que el Juzgador en ciertos casos debe emplear al momento de emplear su veredicto. En lo que respecta a la experiencia común, son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, apresables espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles. - Veamos en que consiste la violación por parte del Sentenciador a las Reglas de la Sana Crítica al momento de Valorar la Prueba: • Los hechos probados por El Tribunal por mayoría, no corresponden a los medios de pruebas evacuados en legal y debida forma. Honorable Tribunal de la valoración de las pruebas evacuadas, como lo dice el Honorable Juez que emite su Voto Disidente: Se probó que: Los medios de pruebas evacuados carecen de motivación fáctica y jurídica, resultando que, en la valoración de la prueba, no se observaron las reglas de la sana crítica, pues de haberse observado Honorable Magistrados, se habría valorado la factura de compra de la madera original, la falta de pieza de convicción, de evidencia en el Debate, que desapareció de supuestamente de las instalaciones de AFE-COHDEFOR y que está bajo responsabilidad de La Fiscalía de Tocoa del Ministerio Público; las incorporaciones arbitrarias de fotocopias de pruebas documentales denominados informes 60 y 24 inclusive de hechos de años anteriores, los cuales son borrosos e ilegibles, manuscritos incompletos, los cuales ni debieron ser admitido con ratificación de la figura de “testigos”, constituyendo también manifiesta falta de garantía de autenticidad. a) La valoración para el caso del agente de investigación Santos Emilio Murillo Molina, reconoce en su declaración que fue un procedimiento arbitrario, mal hecho por su persona, que cuando le avisan que vaya a ver una madera a la vivienda de la señora Orbelinda Bonilla Argueta, mi representada no se encontraba en el lugar de los hechos y solo encontró empleados de AFE-COHDEFOR, que reconoce que hubo negligencia de su parte. También existe una cadena de custodia sin firmar, reconoce el agente Santos Murillo negligencia de su parte porque no la firmó y que fue entregada al fiscal Nelson Maradiaga, (Q.D.D.G), perdiendo así el eslabón y garantía de credibilidad de dicha cadena. Manifestando que no tiene conocimientos técnicos para determinar, cantidades, volumen o especie en cuanto al rubro de la madera. El mismo es un testigo referencial, reconoce su manifiesto desconocimiento en el área técnico forestal, manifiesto que no ubico a la supuesta imputada o testigos responsables de la comisión del supuesto ilícito, desconoce donde se encuentra el objeto del delito, a pesar de todo lo antes descrito y de todas las irregularidades el tribunal sentenciador de dio valor probatorio de forma arbitraria sin apego a las reglas de la sana crítica. B) Existen claras contradicciones en la declaración del Testigo Fausto Mejia Zelaya quien compareció el día de los hechos como Comisionado de Derechos Humanos y no, así como pretende hacer creer el ente fiscal, pero no está de más notar que en su deposición el testigo Fausto Mejía Zelaya, manifestó que mi representada la señora Orbelinda Bonilla Argueta le manifestó que si tenía las facturas de compra. A sabiendas de lo depuesto por el testigo arriba indicado, el tribunal de igual manera tuvo a bien dar valor probatorio al testimonio del señor Fausto Mejia Zelaya y con ello vulnero el estado de inocencia de mi representada note magistrado la poca apreciación al sano juicio y criterio del tribunal sentenciador. C)El testigo Lindersay Antonio Eguigurens Rivera, No compareció a declarar al presente juicio, incorporando su declaración como lectura autorizada… no ratificaron dictámenes ni declaro ante juez competente, por lo que no debió el Tribunal Sentenciador darle valor probatorio. El artículo 311 del Código Procesal Penal, establece las lecturas autorizadas, es claro al establecer que las mismas, únicamente pueden ser allegadas a Juicio de manera excepcional, y por ende este Honorable Tribunal no debió acomodarse al ente acusador admitiendo las mismas por el hecho de manifestar que dichos señores ya referidos no formaban parte en ese momento de COHDEFOR, ya que la obligación de ellos como ente acusador es precisamente tener a la mano todo su legado probatorio de los cuales se pretendan valer en juicio y ofertarlo al Tribunal, denotándose entonces la flagrante violación por parte del honorable Tribunal a lo preceptuado, en el artículo 4 del Código Procesal Penal, que concierne el PRINCIPIO DE contradicción, por ende a una clara indefensión para con mi representada, al no tener la oportunidad de contrainterrogar al testigo. El testigo Lindersay Antonio Eguiguerens Rivera, incorporado su dicho, mediante lectura autorizada, no sometiéndose a contradictorio, este testigo su dicho no es corroborable, no pudo ser incorporado al debate, no pudo ampliar su deposición mediante contradictorio, la prueba que pretendía ratificarse era un documento bajado de la web y una copia fotostática por lo que surge carencia a la Garantía de Autenticidad, aunado a este que tampoco dicho informe fue ratificado por el testigo supra indicado, quien supuestamente lo elaboro.- Nuevamente el Tribunal sentenciador no aplica las reglas de la sana crítica. honorables magistrados el tribunal en su sentencia debió valorar que el testigo Lindesain, reconoce en audiencia inicial, que mi representada le dijo que la madera era comprada y pese a que posteriormente se presentó con la factura original, los juzgadores faltaron a la sana critica al no valorar este extremo. c) el testigo de cargo Jose Alfredo Martinez Morales, incorporado mediante lectura autorizada, no fue sometido a contradictorio por ende la valoración que hace el tribunal., quebranto el debido proceso, aunado que sus deposiciones desvanecen la acusación de mi representada contribuyendo así, al esclarecimiento de la verdad y que este Tribunal faltando a la objetividad que todo juzgador debe tener no le dio valor probatorio.- D)El Tribunal falta a la verdad en la valoración del informe 60, el mismo es una flagrante violación al debido proceso, un medio de prueba documental insólitamente ratificado por un testigo el señor Fausto Mejia Zelaya, que no fue ni propuesto, ni admitido en la audiencia de proposición de prueba, incluso no es perito adscrito al ministerio público, aunado a todo esto el Honorable Tribunal admite el medio de prueba, como una simple fotocopia, sin estar debidamente autenticada, en consecuencia se le resta toda garantía de autenticidad y por ende valor crediticio, el mismo refiere a una socialización de una nueva ley forestal, áreas protegidas y vida silvestre, concluyen en que deben mejorarse las supervisiones a industrias forestales primarias y secundarias y regiones de AFE COHDEFOR locales, quebrantando con ello las normas procesales de obligatorio cumplimiento, y la inobservancia de las reglas de la sana critica en la valoración de las pruebas. Cabe hacer notar que el medio de prueba denominado informe 60, no se observa firma del responsable de la elaboración, cuanta con anexos y manuscritos borrosos e ilegibles. Es de notar que en el informe 60 no hubo participación ni coordinación con las autoridades de AFE COHDEFOR de Tocoa, Colon; medio de prueba que fue valorado por el tribunal sentenciador sin aplicar los elementos esenciales del artículo 202 del Código Procesal Penal. E) Este Honorable Tribunal, violenta una vez más, el estado de inocencia de mi representada la señora Orbel1nda Bonilla Argueta, al admitir y dar valor probatorio a un informe número 24 de la Misión Conjunta AFE COFIDEFOR — MFI, elaborado por el proyecto Global Witness en Honduras, de fecha Veinticuatro de Agosto del año dos mil seis, el mismo es improcedente al ser una fotocopia sin autenticar, admitido como medio de prueba en consecuencia carece de garantía de autenticidad, por ende el tribunal no debió darle valoración alguna, aunado que el mismo es de años anteriores al hecho sometido a enjuiciamiento, su aplicación son leyes forestales de ámbito administrativo, con anexos en manuscrito borroso e ilegible en consecuencia su credibilidad es nula.- por lo que el Tribunal en su mayoría se pronuncia de manera arbitraria, sin hacer el debido razonamiento a dicho medio de prueba ofertado por el ente fiscal como lectura autorizada, violentando con ella el razonamiento humano y la sana critica, está más que evidenciado que dicho medio de prueba es irrelevante a los hechos investigados y acaecidos el día Veinte de Mayo del año Dos Mil Ocho (2008), puesto que el mismo arroja información que no tiene nada que ver con el caso concreto que nos ocupa, convirtiéndose este en un medio de prueba inútil.- Vulnerado de esta manera nuevamente el principio de inocencia en contra de mi representada.. en consecuencia, nos encontramos nuevamente en otra flagrancia violación de garantías procesales y constitucionales de obligatorio cumplimiento y que, en el presente caso, el Honorable Tribunal omitió, incorporado por su lectura con violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro segundo del Código Procesal Penal. F) El acta de Inspección Ocular y Adjunto Álbum Fotográfico, como lectura autorizada, a lo cuales este órgano sentenciador le diera valor probatorio para sustentar su fallo de culpabilidad en contra de mi representada, cabe ser mención que dichas actas fueron ratificadas por el agente que las practico. El agente Ricardo Ramos, quien ratifico el acta de inspección, estableció en el juicio que no tiene conocimiento donde dejaron la madera, que incluso quien estuvo a cargo de la inspección fue el sub oficial Santos Murillo, es más que no tiene conocimiento de que era lo que estaba inspeccionado si era caoba o pochota ya que no tiene los conocimientos técnicos, en consecuencia el Tribunal de Sentencia en sus valoraciones vuelve a no observar las reglas de la Sana Crítica, al darle valor a un acta de inspección y álbum y no teniendo la supuesta evidencia, nos encontramos ante un supuesto negocio de madera, donde lógicamente debía de haber más cantidades de madera, en consecuencia vemos simples fotografías que nos muestran una madera pero no se ha traído a juicio el dictamen que determine que la madera supuestamente decomisada sea la misma que refleja el álbum fotográfico así como el acta de inspección, aunado a la cadena de custodia inconclusa y sin una evidencia inexistente. Como podréis observar Honorables Magistrados, el Tribunal Sentenciador al proferir el fallo recurrido, violenta la Ley del Tercero Excluido, ya que como se expuso anteriormente esta Ley se Violenta cuando los elementos de prueba con que el Juzgador sustento el fallo reflejan lo contrario de lo que determinó el decisor, tal es el caso que nos ocupa, en la cual el Tribunal recurrido declaró y afirmó en la valoración de la prueba de descargo lo siguiente: A.1) Las declaraciones de los Testigos de descargo, reflejan que: el testigo Ricardo Martin lozano, manifestó que fue el quien compro la madera por la cantidad de doscientos setenta y dos lempiras (l.272,000.00) que fueron seis mil ochocientos pies, que trabaja como conserje de mi representada y que el señor Omar Padilla Bonilla, el día siete de mayo del año dos mil ocho, lo mando a comprar dicha madera a la maderera Dany ubicada en Tepuesteca, Olanchito Yoro y que le entregaron su factura; que el señor Omar Padilla le encomendó esa labor porque lo estaban operando.- A.2) La declaración del testigo Wilmer Omar Padilla Bonilla, quien manifestó que en efecto le encomendó la tarea de comprar dicha madera al señor Ricardo Martin Lozano, puesto que es dueño de un negocio de compra y venta de madera, legalmente constituido y que lo envió a él, a comprarla porque como dueño no podía debido a que se encontraba recién operado es decir incapacitado, manifestó que el día Veinte de Mayo del año dos Mil Ocho, llegó su mama (mi representada), a su casa diciéndole que habían unos señores de COHDEFOR en la Maderera y que necesitaban la documentación, entregándole las facturas de compra a mi representada quien regresó al lugar de los hechos y ya no se encontraban los miembros de COHDEFOR, únicamente dos policías, quien manifestaron que dichos funcionarios se llevaron la madera en su ausencia, por lo que se acudió a poner a la vista de la Fiscalía de Tocoa, Colon, las factura de compra de la madera en mención, hablando con el fiscal Nelson Maradiaga, quien manifestó que “no tenía autorización y que no existía la madera, que no había quedado ni un palo de madera” asimismo el testigo descargo le manifestó al honorable tribunal que la factura era sellada por el ICF y que era factura original con el sello del ICF que la misma estaba activa legal y autorizada. A.3) De igual manera la defensa técnica de la señora Orbelinda Bonilla Argueta, propuso la declaración testifical de la señora darla carolina Elencoff, quien fue testigo presencial de los hechos y manifestó de viva vos, como sucedieron los hechos, depuso que el día Veinte de Mayo del año dos mil Ocho, en casa de la señora Orbelinda Bonilla Argueta, se personaron unos señores de COHDEFOR, en eso ella llamo a su patrona, porque no estaba en el lugar, al llegar le solicitaron documentos de madera, a lo que mi representada les manifestó “Que ya iba a venir, que iba donde su hijo Omar Padilla, porque él era el encargado” luego ella regreso y ya no estaban los de COHDEFOR solo dos policías.- Como podréis observar Honorables Magistrados, todas las declaraciones de descargo, fueron claras, precisas y congruentes, aportaron elementos útiles, necesarios y fehacientes para el esclarecimiento de la verdad, acreditaron la procedencia y legalidad en la adquisición de la referida madera, pero el Tribunal en su sentencia, atribuye que no surte la eficacia probatoria de descargo, esta evidenciada la falta de objetividad, valoración y sana crítica que el Tribunal realiza a medios de pruebas de suma importancia, constituyendo nuevamente violación a las Reglas de la Sana Crítica y dichas motivaciones son insuficientes, faltando a la verdad, al no valorar de manera objetiva; a hechos contundentes que demostraron la inocencia de mi representada, en el delito que ,se le acusa. B) En cuanto a la prueba documental consistente en: B.1) Acta de decomiso, visible a folio 6 del expediente de mérito, propuesta como prueba documental de la defensa, incorporada mediante lectura autorizada, cabe mencionar como el Ministerio Publico falta al principio de objetividad al no proponer el medio de prueba acta de decomiso, ante el órgano jurisdiccional, diligencia inherente al ministerio público, puesto que si hubiese sido objetivo, no, nos encontráramos interponiendo el presente recurso, ya que la misma es contundente para el esclarecimiento de la verdad al ser un medio de prueba de descargo, en donde se describe: Barrio Los Laureles, Tocoa, Colon, siendo las 16:00 horas del veinte de mayo de dos mil ocho en el negocio de Maderas Xiomara, no estando presente el encargado. Se decomisa la cantidad de 049 piezas de madera de caoba y 0418 piezas de madera de cedro pochota. Sección encargada de la misión: D.V. Firma: Agente de Investigación: Santos Murillo. Honorables magistrados, como es posible que el tribunal, NO le dio el valor de prueba de descargo a dicha acta, ya que solo es realizada por el Agente Santos Murillo, la acción arbitraria de decomisar ante nadie, se corrobora con su declaración, cuando manifiesta que por negligencia no puso a otros agentes de testigos en el decomiso realizado a ninguna persona, refiere que como no tiene experiencia en ese ramo, quien llego fue gente de AFE COHDEFOR, manifestó que nunca vio cuando trasladaron dicha madera. Tal como lo manifestó la fiscalía del Ministerio Publico no se presenta la evidencia porque se desconoce dónde está la madera. En ese sentido el tribunal por mayoría falta a la verdad en la valoración de la sentencia, cabe hacer notar que la misma no establece a quien le decomiso el agente santos murillo, las supuestas piezas de madera descritas en el acta de decomiso, ni a quien se las entrego como se refleja también de manera conjunta en la cadena de custodia, por lo que es insólito la aberración valorativa que realizo el tribunal en la sentencia a este medio de prueba. La valoración que hizo el tribunal fue, que con esa evidencia se pone de relieve todos y cada uno de los extremos relatados por los testigos Fausto Mejia Zelaya, lindersay Antonio Eguiguerens rivera, José Alfredo Martínez morales y santos murillo molina, por lo que ha sido nuevamente corroborado la falta de aplicación a las reglas de la sana crítica, por parte del tribunal de sentencias, a sabiendas que, este medio de prueba no fue propuesto por el ente acusador, con el ánimo de ocultar información en búsqueda de la verdad materia de los hechos, ante dichos medios de prueba, el sensor en su sentencia no observó de nuevo, las reglas de la sana crítica, en cuanto a la ley del tercero excluido y la ley de razón suficiente. Puesto que la valoración no es congruente con la verdad evidenciada en los medios de prueba evacuados. B. 2) hoja de cadena de custodia visible a folio 7, incorporado mediante lectura autorizada, violentando una vez más, lo establecido en el artículo 4 de la norma procesal, cabe mencionar como el ministerio público falta al principio de objetividad al no proponer el medio de prueba denominado hoja de cadena de custodia, ante el órgano jurisdiccional, diligencia inherente al ministerio público, puesto que si hubiesen sido objetivo, no, nos encontramos interponiendo el presente recurso, ya que la misma es contundente para el esclarecimiento de la verdad, al ser un medio de prueba de descargo, el mismo establece que la persona responsable de dicha prueba fue el agente santos murillo, cadena de custodia que no reúne los requisitos legales, mismo que no tiene acuse de recibo, no se evidencia a quien le entrego el agente santos murillo, el material recibido e inclusive hasta de la existencia de la supuesta madera, al no tener la existencia de la madera no se puedo tener un embalaje, para establecer un procedimiento de investigación ya que no existió la evidencia, el agente santos murillo, manifestó “que el solo lleno los documentos, que el decomiso de la madera lo hizo la gente de COHDEFOR, que no había ninguna persona para el momento de llevarla, que no vio cuando trasladaron la madera referida y que reconoce que el procedimiento fue malo, que hubo negligencia de su parte y arbitrariedad, extremos estos que el honorable tribunal no valoró, los jueces por mayoría en la sentencia faltan a la objetividad de la sana crítica al no darle valor a una hoja de cadena de custodia que no fue realizada en legal y debida forma, en su valoración el tribunal falta a la sana crítica, es insólito puesto que está incompleta, y refleja que el agente santo murillo no entrego la evidencia, nadie la recibió ni firmo, en consecuencia se convierte en nula y por ende toda la configuración del ilícito penal se desvanece. (al no existir el objeto del delito no hay ilícito penal). B.3) a instancia de la defensa técnica de la señora Orbelida Bonilla Argueta, se incorporó mediante lectura autorizada, informe mensual de compra y venta de madera aserrada, correspondiente al mes de abril del año dos mil ocho, registro número 1006, informe mensual de compra y venta de madera aserrada correspondiente al mes de mayo del año dos mil ocho, (2008) registro numero 1006; debidamente con su certificado de autenticidad; se pretendió probar las entradas, salidas y saldos de madera y precisamente probar al tribunal, que la compra de la madera objeto de este debate se encontraba registrada, precisamente en los presentes informes que para tal efecto se llevan como compras mensuales, mismos que fueron remitidos a COHDEFOR y que a la vez fueron propuestos como elementos probatorios de descargo antes el honorable tribunal y que este tribunal no valoró, sino al contrario el tribunal en una completa aberración determina que el medio de prueba acredita de manera inobjetable que la señora Orbelinda Bonilla Argueta, está registrada como la propietaria del depósito maderera Xiomara, nuevamente el honorable tribunal constituye una vaga valoración a dicho medio de prueba. B.4) factura de compra número 0055, visible a folio número 53 del expediente de mérito, de maderas Dary, realizada en Tepuesteca, Olanchito, Yoro; el día siete de mayo del año dos mil ocho, a favor de maderas Xiomara, de Tocoa, colon, con un total de madera de color caoba común, de 457 piezas, equivalentes a 6,800 pies (pt.) Firmada y sellada por AFE-COFIDEFOR, misma que fue propuesta en el presente juicio, con la finalidad de acreditar la adquisición legal de la supuesta madera que se le decomiso a mi representada de manera ilegal y que hasta el momento se desconoce su paradero, puesto que el ente acusador durante el desarrollo del juicio no puso a la vista del sentenciador la evidencia, el tribunal condena aduciendo que mi representada no presentó la documentación requerida por el personal de COHDEFOR, pero el mismo falta a su lógica jurídica y a la verdad, ya que se ha enjuiciado a mi poderdante precisamente por este extremo, pero ya la ley nos da la oportunidad de probar la verdad de los hechos en juicio, la defensa en el momento procesal oportuno ofertó el medio de prueba vital, para el esclarecimiento de los hechos, como lo es la factura de compra de la supuesta madera ilegal, pero este tribunal fuera de toda lógica, se aparta de las reglas de la sana crítica judicial, de modo que consagra una solución manifiestamente contraria a la lógica más elemental y al sentido común, el tribunal estableció en su sentencia que si bien es cierto se estableció la factura número 0055, por seis mil ochocientos pies de madera, de fecha siete de mayo del año dos mil ocho, a favor de madera Xiomara, esta no es susceptible de ser valorada a efectos probatorios de descargo, por la razón legal de que según el tribunal se trata de madera de pino y los cuales no corresponden con la madera de caoba y cedro pochota encontrada en el depósito de maderas Xiomara, el tribunal de Trujillo realiza una valoración fuera de contexto al medio de prueba como lo es la factura, incorpora su sentencia elementos inexistentes, como ser la errónea descripción del tipo de madera al referirse a la compra de madera de “pino” puesto que obra a folio 53 la factura número 0055 y en la misma describe de manera puntual el tipo de madera y que es (caoba), con ello se prueba una vez más que el sentenciador hace valoraciones equívocas, desconoce esta defensa, si por falta de conocimiento o por un lapsus calami, en resumen el honorable tribunal de sentencias de Trujillo, colón viola una vez más, las reglas de la sana crítica y realiza contradicciones al proferir su fallo. Cabe hacer notar que obra en el expediente el acta de inspección ocular, la cual describe con claridad el producto objeto de decomiso y que al cotejarlo con la factura original de compra, se colige o concluye que ambas coinciden en su contenido y contexto, por lo que esta defensa en el curso del debate puedo acreditar y desvirtuar fehacientemente los cargos atribuidos a mi representada con todos los elementos de descargo que se llevaron al presente juicio y aun así no se le dio valor probatorio alguno. B.5) con los documentos denominados tasa municipal ambiental, de fecha cuatro de marzo del año dos mil ocho, permiso de operaciones de la municipalidad de Tocoa, colón, número 0036 para apertura y renovación de negocio de fecha catorce de febrero del año dos mil ocho y el permiso de maderas Xiomara, extendido por AFE-COFIDEFOR, de fecha veintiséis de marzo del año dos mil dos, la cual establece que queda prohibido la compra de madera no amparada en una factura sellada por AFE-COFIDEFOR, con estos medios de prueba documental la defensa de la señora Orbelinda Bonilla Argueta, probo ante el tribunal sentenciador, que su negocio denominado maderas Xiomara, estaba legalmente constituido, cumpliendo con los requisitos necesarios para la explotación de venta y compra de madera, pero el tribunal hace una valoración fuera de contexto, prejuzgando con ello a mi representada y en su análisis continua manifestando que mi representada incurre en responsabilidad por el hecho de no poner a la vista de los funcionarios del COFIDEFOR, las facturas de compra de la madera objeto del supuesto decomiso, este tribunal carece de sentido común y lógica, puesto que en reiteradas ocasiones esta defensa argumentó y presentó la factura original de compra de la madera y fue puesta a la vista del tribunal, quien no le dio valor probatorio alguno, faltando con ello a las reglas de la sana crítica ya que en ningún momento hubo comercialización ilegal por parte de mi representada. B.6) asimismo ocurrió con la constancia extendida por el doctor Iván de Jesús mejía, que corre a folio cincuenta (50) de la causa penal de mérito, de fecha treinta de junio del año dos mil ocho, donde se hace constar que el señor Wilmer Omar padilla Bonilla, se le diagnostico lipoma vermús quiste cetrino, en la clavícula derecha el cual se le extrajo y se envió a biopsia, esta defensa técnica, tuvo a bien proponer como prueba documental dicho medio de prueba con la finalidad de probar en juicio, como en efecto así lo fue, que el señor Wilmer Omar Padilla Bonilla, se encontraba enfermo el día de los hechos, con este medio de prueba se corrobora su dicho en el debate, en el sentido de dejar en claro que las facturas de compra de la madera objeto del delito, estaban bajo su custodia y que una vez que mi representada le informa lo ocurrido, procede a entregárselas para que esta, las pusiera a la vista de las autoridades, quien al llegar al lugar de los hechos, ya no se encontraba el personal de COFIDEFOR y por ende la madera, evitando con ello la entrega de las facturas con la cual se prueba la adquisición legal de la madera, pero el tribunal manifestó en su sentencia que de conformidad a derecho no es susceptible de valoración, dicho medio de prueba, por tanto no procede concederle valor probatorio alguno.- violentando otra vez las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. El requisito exigido para determinar la admisibilidad de un medio de prueba, es que el mismo resulte objetivamente confiable y, desde luego, que no haya sido obtenido mediante métodos prohibidos o ilícitos. Conclusión: el tribunal sentenciador obviando el razonamiento argumentativo, realizando un análisis aislado y parcial de los diversos elementos de juicio obrantes en la causa, sin haberlos integrado ni armonizado debidamente en su conjunto, condenó a mi representada, pese a la falta de elementos de cargo, en consecuencia por ello procede el recurso extraordinario; ya que el razonamiento argumentativo que sustenta la sentencia, se aparta de las reglas de la sana crítica judicial, de modo que priva una solución manifiestamente contraria a las reglas de la lógica y la experiencia, las reglas que exigen, integrar y armonizar debidamente las pruebas producidas, lo cual tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y que constituyan derivación razonada del derecho vigente, con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa, atendiendo también a las máximas de la experiencia, que el que miente en poco miente en todo. Note entonces honorables magistrados que el honorable tribunal de sentencias de Trujillo, basa su fallo en flagrante violación al principio fundamental que debe regirse para este tipo de fallos, como ser el ya reiterado principio de la sana crítica, la objetividad y las máximas de la experiencia, al emitir su fallo de manera arbitraria. Es importantísimo hacer de su conocimiento honorables magistrados, que en el curso del presente juicio, la defensa técnica de la señora Orbelinda Bonilla Argueta, también propuso entre otros elementos de descargo la prueba pericial, a efecto de que mediante el técnico correspondiente se pudiera, practicar la pericia a la madera objeto de decomiso y así acreditarle al tribunal que el dictamen que hubiese emitido el perito, el mismo iba ser coincidente en todo y cada una de sus partes con el producto desglosado en la factura legal de compra que se puso a la vista y que corre agregado en el expediente de mérito a folio 53, para acreditar así, la comercialización legal de este producto forestal, pero durante el desarrollo del debate, esta defensa se vio en la necesidad de renunciar a este elemento probatorio, en vista que no se trajo a juicio la evidencia es decir (la madera) por no existir la misma, siendo obligación ineludible por parte de ente acusador, en este tipo de juicio haber hecho llegar por medio de peritos especializados en la materia el dictamen correspondiente que hubiese dado luces, al honorable tribunal para determinar entre otras cosas, el tipo de madera, su cantidad en pie tabla y sobre todo si la misma, entraba dentro del rango de lo prohibido, lógicamente al haberse extraviado como consta en el expediente de mérito dicha evidencia, no le queda otra al ente acusador más que guardar silencio y obviar este medio elemental de prueba como ser el ya referido dictamen pericial, mismo que estaba en la obligación el ente acusador de llevarlo a ratificar a juicio, denotándose entonces la falta de objetivad por parte de los miembros de ese honorable tribunal, al encontrar a mi representada culpable del ilícito, ya que no había el fundamento legal probatorio de cargo que demostrara, que efectivamente si era responsable de tal hecho investigado. Podréis observar honorables magistrados, que mi representada fue culpable de este hecho que nos ocupa, por mayoría de miembros del tribunal y no por unanimidad y que el tribunal se pronunció en una flagrante violación a las normas de estricto cumplimiento, puesto que las mismas carecen de motivaciones fácticas y jurídicas, así como la debida aplicación a las reglas de la sana crítica. 3.) La inobservancia de las reglas establecidas en el presente código, para la realización del juicio oral y público o en el pronunciamiento de la sentencia. 1) Violación al principio de contradicción: en reiteradas ocasiones esta defensa solicitó al honorable tribunal, que las declaraciones recibidas en audiencia, ante el juzgado de letras competente, por los señores Lindersay Antonio Eguiguens rivera y Jose Alfredo Martinez morales, se introdujeran mediante lectura autorizada, situación y oposición que el tribunal sentenciador no valoró y violó con ello el principio de contradicción y por ende el derecho de esta defensa a contrainterrogar a los testigos de cargo, restricción severa al derecho de defensa que asiste a mi representada, como derecho inviolable, según lo establece el artículo 82 de nuestra carta magna y ratificado en los artículos 4, 14 y 15 del código procesal penal. 2) articulo 311.— lecturas autorizadas excepcionalmente: 2.1) el caso que nos ocupa el honorable tribunal, redacta su fallo condenatorio, en contra de mi representada; al introducir de manera arbitraria una fotocopia de un medio de prueba documental, denominados informes 60 y 24, sin estar debidamente autenticados, pruebas ratificadas de manera aberrantes por el testigo fausto Mejia Zelaya, quien no fue propuesto ni admitido en la audiencia de proposición de medios de prueba, como perito para tal efecto, sino que se recibió su deposición como simple testigo, en consecuencia no estaba facultado para poder ratificar la prueba documental, creando con ello vicio de nulidad; por parte del honorable tribunal al darle valor probatorio en su sentencia; cómo podemos constatar en la sentencia a folio 175 numeral segundo 2.1 informe número 60, en consecuencia existió una flagrante violación al debido proceso e inobservancias a las reglas del debate. 2.2) de igual forma el honorable tribunal, en su sentencia; inobserva las reglas establecidas para el debate; al incorporar una fotocopia sin autenticar de un documento, denominado informe 24; el cual inclusive hace referencia a supuestos hechos, ocurridos en los años 2003 y 2006, mismos que no tienen nada que ver, con el hecho que nos ocupa. De haber sido objetivo el honorable tribunal, redactando su fallo de acuerdo a principio de la sana crítica y las máximas de la experiencia, sin duda alguna que este veredicto hubiere sido favorable a mi representada. 2.3) el tribunal sentenciador en una clara violación a lo establecido en el artículo 338 del código procesal penal, en cuanto a los requisitos de la sentencia, hace pronunciamiento inconsistente, puesto que incorpora a la sentencia desde el folio 175, 176, 177, 178, un desglose de números, vagos confusos, que lejos de dar claridad al fallo, los mismos no aportan nada relevante y que por ende vulnera las reglas en el pronunciamiento de la sentencia. Una consideración final al respecto, es que el objeto del proceso es la realización pronto y efectiva de la justicia penal (artículo 8), sin embargo, la justicia no puede ser efectiva si se condena un inocente y para evitar ese oprobio, ha de procurarse la búsqueda de la verdad material, la verdad real y no una mera verdad formal, porque es nada nada más y nada menos que el derecho fundamental de la libertad, tutelado constitucionalmente (artículo 69 C.R.) El que está en juego y sobre el cual ha de decidir el tribunal y siendo que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el estado, según el artículo 59 de nuestra carta magna, no puede escucharse en un formalismo, el tribunal de sentencia para evitar descubrir la verdad y así justificar un fallo condenatorio. Conclusión: con todo lo anterior, es evidente que el tribunal de sentencia de Trujillo, colón; violentó el principio de contradicción, el artículo 311, 338, del código procesal penal, produciendo una restricción severa al ejercicio efectivo de la defensa técnica como derecho fundamental de mi representada, tutelado por la constitución de la república, en el artículo 82, con lo cual atropello el principio derecho de presunción de inocencia que le asiste a mi representada, según el artículo 89 constitucional. Tomando en consideración que la presunción de inocencia, no es un principio general del derecho, sino un auténtico derecho constitucional de aplicación directa por los tribunales de justicia.” IV. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe de entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Motivos. Único Motivo *Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 174 de la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre; *Concepto de la Infracción planteado: Aplicación indebida de del artículo 174 de la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre; *Pretensión: Se decrete una Sentencia Absolutoria. Resumen Establece el recurrente que, en el presente caso existe una indeterminación de la acción de “comercializar” de forma ilegal, la supuesta madera, evidencia material del delito, es decir el honorable tribunal no evacuo pieza de convicción, del supuesto decomiso, por no existir; por ende, al faltar un elemento de la tipicidad objetiva, se carece de un elemento del tipo y por lo tanto no se debió presentar requerimiento fiscal o inclusive el tribunal de sentencia dictar un fallo absolutorio. No se acredito en ningún momento la supuesta comercialización ilegal de la supuesta madera, ya que en legal y debida forma NO fue puesta la evidencia ante el Tribunal. De la Debida Técnica Recursiva Es claro para esta Sala de lo Penal que las Censoras no se ocuparon, previo a la confección de su recurso, de hacer el estudio de la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento, por lo que es oportuno hacer una breve relación de ello. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Pretensor cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: 1. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i).- La expresión de la voluntad de impugnar; y ii).- La Fundamentación de la impugnación; Añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición.- Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; El recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone.- Además el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicacióny demostración del vicio:1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el/la Censor/a deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamento y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el/la Censor/a deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y/o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el/la Censor/a deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-Quo.- La identificación del motivo de casación lleva el/la Censor/a a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i).- Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii).- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii).- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el/la Censor/a señala: i).- El tipo de Recurso de Casación (Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma o Infracción de Precepto Constitucional); ii).- La norma autorizante que no solo identifica el recurso, sino el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; iii).- Concepto de la Infracción, el cual debe de ser planteando no solo individualizando el motivo del recurso, el que debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido, sino que además personalizando el motivo en relación al caso concreto; iv).- Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; v).- Reclamación Ex Ante: Que implica señalar que peticiones (incluyendo recursos), fueron planteados por el Recurrente previo al recurso de casación para sanear el vicio, o en su caso, la imposibilidad legal para hacerlo; vi).- Aplicación Pretendida: Es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el/la Censor/a su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley.La explicación debe de ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado.- La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El/la Censor/a, aun cuando allá identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no vera prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el/la Censor/a que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán de ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada; Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. - Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”.Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del Recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del Recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el/la Censor/a, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011, del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. En virtud que esta Sala de lo Penal ya ha explicado en qué consiste el Principio de Debida Técnica Recursiva, se hace evidente la inadecuada técnica de la censora al momento de argumentar y desarrollar su impugnación, lo que vuelve el presente recurso falto de claridad y precisión, haciendo difícil que se pueda dar una respuesta concreta a los cuestionamientos de la recurrente. La Recurrente, al desarrollo de su libelo y al pasar a desarrollar sus argumentos recursivos desconoce lo fijado en los hechos probados, desarrollando los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y transcribe el artículo 174 de la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre; de la misma forma realizando alegatos de instancia. Con ello la Recurrente erróneamente pretendió que esta Sala de lo Penal hiciese una nueva valoración de la prueba a efecto de desvincular a su representada del delito, algo prohibido por la ley como se ha explicado.Esta Sala de lo Penal observa que, en el presente caso, el motivo de casación por infracción de ley sustantiva invocado por la recurrente carece de claridad y precisión, ya que el recurrente no expone de forma clara, porque el precepto penal que refiere como infringido, no está de acuerdo con los hechos que se declararon probados en la sentencia y como ya se dijo, centra su alegato en cuestionar la valoración de la prueba y no la infracción a la norma sustantiva en relación al cuadro fáctico, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que esta pueda admitirse y analizarse jurídicamente , es preciso que el mismo este dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito como esencia misma del derecho penal. Por otra parte, esta Sala de lo Penal observa que el hecho declarado probado por el juzgador ha sido relatado cronológicamente, derivado de la prueba directa e indiciaria legalmente incorporada al juicio, con el que el a quo ha logrado formar la certeza de su convicción judicial acerca de la participación de la acusada Orbelinda Bonilla Argueta en el delito de Comercialización Ilegal de Productos o sub Productos Forestales. Por lo expuesto esta sala de lo Penal, declara sin lugar el motivo de casación invocado por la recurrente. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Único Motivo *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 2, 3 y 5 del Código Procesal Penal. *Norma Procesal que se denuncia Infringida: Artículo 202, 336 numeral 2, 3 y 5 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, asimismo excluyo y dejo de considerar alguna prueba de valor decisivo, como ser la factura original de compra de madera. Carece de motivaciones fácticas o jurídicas y las existentes resultan insuficientes y contradictorias, asimismo en la no haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente código para la realización del juicio oral y público o en el pronunciamiento de la sentencia. *Reclamación Ex Ante: El yerro que produce la interposición del recurso se presentó en el acto de sentenciar, por ello no hubo reclamación previa. *Pretensión: Que se case la sentencia recurrida. Resumen. Explicó el censor que, dentro de los vicios relacionados anteriormente se encuentra la falta de valoración a una prueba decisiva: 1) La incorporación de factura de compra original de la madera que se incorporó a la mancomunidad de la prueba, debido a que la misma reviste valor decisivo, al ser una compra legal, por ende, su procedencia es totalmente legal, desvanece su procedencia ilegal, misma que fue realizada por persona que no fue sometida a enjuiciamiento y que acredita la compra por bien hecha de la Madera en la Maderera Dary en Tepusteca, Olanchito Yoro. Prueba incorporada por esta defensa y que este tribunal no le dio ningún valor probatorio, esta falta de valoración; aduce el tribunal es porque estima que los testimonios y las pruebas de cargo merecen mayor credibilidad, sin hacer una valoración armónica y conjunta de los demás medios de prueba evacuados en el debate, defecto que lleva a desvirtuar la eficacia, que según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios).- 2) Fue incorporada prueba documental con la calidad de copias, de informes (denominados 60 y 24 (de año del 2003 al 2006 copias ilegibles) que carecen de valor, que no tiene la calidad de prueba pre constituida y no fueron ni judicializado para introducirse a contradictorio. Ni tuvieron el carácter de dictamen y tampoco un testigo podía ratificarlos, resultando manifiesta la violación al debido proceso, debiendo el sensor no dar ninguna credibilidad por la falta de garantía de autenticidad. Son documento como lo manifestó el testigo Fausto Mejía Zelaya, bajados de la Web. -2) Carecen de Motivación fácticas o jurídicas y las existentes resultan insuficientes y contradictorias, asimismo en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Antes de entrar a explicar la infracción del Juzgador. De la procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, nota que las impetrantes plantean como motivo único en el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en la que establece como violaciones que la sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, asimismo excluyo y dejo de considerar alguna prueba de valor decisivo, como ser la factura original de compra de madera; Carece de motivaciones fácticas o jurídicas y las existentes resultan insuficientes y contradictorias, asimismo en la no haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica; La inobservancia de las reglas establecidas en el presente código para la realización del juicio oral y público o en el pronunciamiento de la sentencia; aunado a lo anterior en su desarrollo del único motivo realiza alegatos de instancia y hace sus propias valoraciones de las pruebas. Esta Sala de lo Penal procede a resolver en base a las consideraciones siguientes: I) Como bien señala Pabón Gómez, el “principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[1]. Este principio asume vigencia plena en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que ”El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. II) Si bien se regula en un mismo inciso varios supuestos o hipótesis, para dar lugar a la casación en la forma, dada las características propias de cada supuesto, resulta obvio que cada uno constituye un vicio diferente y consecuentemente debe ser planteado independientemente, es decir, indicando separadamente cada motivo; por tanto, se infringe la debida técnica casacional al intentar explicar varios vicios y dos se ellos totalmente distintos en un solo motivo, yerro que se aprecia en el recurso que conoce el tribunal de casación penal. III) Se confirma la necesidad de exponer cada motivo de casación por separado, al dar lectura a la explicación del motivo único de casación del impetrante o de los diferentes motivos en uno, anteriormente descritos; llegando a tal punto la falta de precisión y claridad que incluso mezcla y confunde motivos, por ello el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. Aspectos no observados por el censor y que redundan en la falta de aprehensión del recurso y el rechazo del mismo, por lo tanto, no procede el motivo de casación invocado. V. DECISIÓN. Declara No Ha lugar el Recurso De Casación por Infracción de Ley en su único motivo. Declara No Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – La aplicación retroactiva es procedente en el presente caso. A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio De Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. Se da conflicto de normas por ámbito temporal cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez/a deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, o cuando la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben de ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y b. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la Norma Más Favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017 (25/06/2020), se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017(Art. 616 CP), tanto parte general como parte especial: *Determinación de la pena concreta conforme CP-144-83; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; *Determinación de la pena concreta conforme CP-130-2017; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y *Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a.- La ponderación deberá de realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá de realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restara del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite; b.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: Se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i.- Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las Penas No Concursadas; ii.- Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iii.- Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv.- Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora Orbelinda Bonilla Argueta, la sanción de siete años de reclusión, como responsable del delito de Comercialización Ilegal de Producto Forestal, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, así como las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de Comercialización Ilegal de Producto Forestal, cuyo supuesto de hecho ahora se encuentra sancionado por el delito de Explotación Ilegal de Recursos Naturales, en el artículo 325, prevé como sanción la pena de tres (3) a seis (6) años y multa de trescientos (300) a seiscientos (600) días. En conclusión, conforme las disposiciones del CP 130-2017, le correspondería cumplir a la acusada una pena abstracta por el delito de Explotación Ilegal de Recursos Naturales de tres (3) a seis (6) años y multa de trescientos (300) a seiscientos (600) días, los cuales solo cumpliría 30 años en caso que la pena individualizada sobrepasara el límite objetivo ordinario (Art. 66 NCP). Entre las circunstancias personales de la acusada Orbelinda Bonilla Argueta, se encuentra que es comerciante y propietaria de la Maderera Xiomara; a partir de lo anterior es posible determinar la pena a imponer a la acusada en 3 años de prisión y multa de trescientos días. Conforme a la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, al ser la pena de siete años de prisión, el rango es inferior en el nuevo Código Penal; Por tanto, corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que Si es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación penal: la pena de reclusión individualizada conforme a la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre; y la pena de prisión abstracta que correspondería aplicar a la acusada conforme el CP 130-2017. IV. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar los recursos de casación por infracción de ley en su único motivo y quebrantamiento de forma en su único motivo interpuestos por la Abogada Lorena Sirjan Hernández Elencoff , en su condición de defensora privada de la señora Orbelinda Bonilla Argueta;- Segundo: Declara La Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a las conductas reprochadas a la acusada Orbelinda Bonilla Argueta;- En consecuencia, reforma el pronunciamiento primero de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: 1) Que debemos condenar y condenamos a la acusada Orbelinda Bonilla Argueta: como autor de un delito consumado de Explotación Ilegal de Recursos Naturales, en perjuicio del Medio Ambiente, a cumplir las penas principales siguientes: prisión por tres (03) años; multa de trescientos días, a razón de quinientos lempiras exactos por cada día, dando un total de ciento cincuenta mil lempiras exactos (L. 150,000), 2) Se condena a la acusada Orbelinda Bonilla Argueta, a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Art. 41.2) por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales. Así como también a trabajar por el tiempo de la condena de prisión en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. 3) Se mantienen incólumes los demás pronunciamientos de la sentencia impugnada. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados ahora conforme las disposiciones del Código Penal 130-17. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá de devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. -NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. Firma y sello MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-417-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144.