Sentencia CP-414-18 — Registro 15659
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 .
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL PRIMER MOTIVO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. – Establece el recurrente que el a quo no observó en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica, señala que dicha apreciación la considera como infracción al postulado de la Derivación integrado por el principio de la Razón Suficiente, pues aunque el juzgador concede credibilidad a la prueba de cargo, no logra llegar a la convicción de que Israel Tovias Rodríguez Gonzáles, cometió el delito homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Pedro Alberto Cerrato Roque; conclusión a la que hubiese llegado de haber valorado la prueba de forma conjunta y armónica, pues con la misma se logró acreditar sin lugar a dudas, los hechos y la conclusión a la que hubiese llegado el juzgador sería definitivamente opuesta, es decir la responsabilidad del acusado por la comisión del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa. Para esta Sala, es importante aclarar que al conocer de los Recursos de Casación por el motivo alegado por el recurrente, de no haberse observado las reglas de la Sana Crítica” el control casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, (lógica, experiencia y psicología ) y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto.- Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o auténtica. En el presente caso que nos ocupa y sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta Sala de lo Penal, considera que los jueces sentenciadores no irrespetaron las reglas de la Sana Crítica, en concreto las reglas de la lógica, el juzgador estableció que: “con la declaración del señor Pedro Adalberto Cerrato Roque y Reyna Leticia Arguijo Laínez, se acredita que efectivamente en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciséis (2016)..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Israel Tovias Rodriguez Gonzales, como autor responsable de Faltas contra las Personas, en perjuicio de Pedro Adalberto Cerrato Roque, la pena de treinta (30) días de prisión y se declaró la responsabilidad civil. El acusado cumplió la pena impuesta encontrándose en prisión preventiva. En conclusión, conforme las disposiciones del CP 130-2017, le correspondería cumplir al acusado una pena abstracta por Faltas contra las Personas, en perjuicio de Pedro Adalberto Cerrato Roque, (artículo 599), la pena de tres (3) a cinco (5) meses de prisión o multa de cincuenta (50) a noventa y nueve (99) días. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que el Código Penal 130-2017 prevé una pena abstracta mayor a la del Código Penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de ésta, al no ser una norma penal sustantiva más favorable..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Certificación
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 414-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Israel Tovías Rodríguez Gonzáles, del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del señor Pedro Adalberto Cerrato Roque.- Segundo: Condenó al señor Israel Tovías Rodríguez Gonzáles, por el delito de Faltas contra las Personas, en perjuicio del señor Pedro Adalberto Cerrato Roque, a la pena de treinta días de prisión, sin embargo este Tribunal por unanimidad de votos exime al condenado de la imposición de prisión ya que se cumplió ese término máximo al serle impuesto una prisión preventiva por el delito por el cual se le trajo a proceso.- Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el Ministerio Público, asimismo procedió decretar el comiso de un arma blanca tipo cuchillo en virtud de que se presentó ante este Tribunal como objeto de ejecución en los hechos, se evacúo y se entregó al Ministerio Público, por ende obra en su poder. Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil del señor Israel Tovías Rodríguez Gonzales. son partes en única instancia: La Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y la Abogada Lorena Sorto Zelaya, en su condición de defensora privada del señor Israel Tovías Rodríguez Gonzales, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia “Único: Que en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciséis (2016), aproximadamente a las ocho y treinta de la noche (8:30 pm), se conducía en su mototaxi el Señor Pedro Adalberto Cerrato Roque, en compañía de su esposa Reyna Leticia Arguijo y otra persona, cuando al ir por la cuesta de Doña Munda, a inmediaciones del Barrio las Lomas del Municipio de Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán, repentinamente le salió al paso el Señor Israel Rodriguez Gonzáles, quien trató de subirse a la moto taxi; Pedro Adalberto Cerrato Roque, trató de evadirlo pero, el Señor Israel Rodríguez, lo siguió, logró subirse y le asestó a Pedro Cerrato, una puñalada en la espalda provocándole una herida superficial a la altura del Tórax posterior, lo que le causó una incapacidad de siete (7) días, sin peligro de muerte.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos La Recurrente Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de los Motivos de la manera siguiente: Exposición de los Motivos de Casación Primer Motivo: “No haber observado el sentenciador, en la Valoración de la prueba las reglas de la Sana Critica”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica al no haberse respetado las mismas en la valoración probatoria. Al hacer la valoración de la prueba y al referirse el Tribunal a la declaración de los testigos de cargo señalo que les concede credibilidad debido a que no aprecia ánimo de perjudicar al encausado, por otra parte, en relación a la evaluación médica señala que es confiable, pero aun así califica que la prueba es insuficiente, para demostrar la existencia de un delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, llegando a la conclusión de que lo que se probó en realidad son Faltas Contra Las Personas y no el delito antes mencionado por el cual el Ministerio Público, acusa al imputado, conclusión que hace basado en el término de a la incapacidad otorgada al ofendido y que el médico forense plasma en su dictamen la cual fue de 7 días y que no tuvo peligro de muerte, tampoco una tercera persona que evitara la consumación del hecho. (Ver la sentencia en su apartado fundamentación jurídica, párrafo segundo). En virtud de lo anterior, debemos señalar que las apreciaciones hechas por el Juzgador, las consideramos como una infracción a Regla Lógica de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de veracidad, pues aunque el juzgador concede credibilidad a la prueba de cargo, no logra llegar a la convicción de que Israel Tovias Rodriguez Gonzales, cometió el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución De Tentativa, en perjuicio de Pedro Alberto Cerrato Roque; conclusión a la que hubiese llegado de haber valorado la prueba de forma conjunta y armónica, pues con la misma se logró acreditar sin lugar a dudas los siguientes hechos; 1.- Con la declaración de la víctima Pedro Alberto Cerrato Roque, queda acreditado no solamente que el imputado le hirió en la espalda, si no lo más importante, después de herirlo con el cuchillo, lo persigue con la intención de seguir agrediéndolo físicamente, pero debido a que el imputado pudo acelerar la moto taxi que manejaba, el imputado no pudo alcanzarlo por lo que no pudo seguir con sus intenciones de causarle la muerte. 2.- De igual forma la testigo Reyna Leticia Arguijo Laínez, esposa de la víctima coincide con su testimonio al referir que su esposo no pudo evitar que el acusado le hiriera con el cuchillo, y que debido a los movimientos de la moto taxi el imputado se cae, pero persiste la intención persiguiéndolos, no logrando alcanzarlos por la velocidad de la moto taxi, y por las advertencias que le hacía ella y la pasajera. 3.- Tanto los testigos de cargo, como el resto de la prueba presentada y evacuada, demostraron las acciones del acusado tendientes a causar la muerte del ofendido Pedro Adalberto Cerrato, pues como antes referimos de sus dichos se pudo establecer que Israel Rodriguez atacó con arma blanca al ofendido hiriéndolo en el tórax, pero para ejecutar esta acción este alcanzó la moto taxi que conducía el ofendido, mientras esta iba en marcha, actos todos, que evidencian la intención de causar muerte por parte del acusado. 4.- Los anteriores testimonios dejan claramente demostrado la causa ajena a la voluntad del acusado que impidió que este se consumara el hecho de muerte, pues de acelerar su moto el ofendido evitó que el ahora acusado lo pudiera alcanzar, aun así, este lo siguió, pero no logró su objetivo. 5.- Considera esta fiscalía que en el presente caso se cumple con los requisitos del artículo 15 del Código Penal por las razones siguientes; 1.-EI acusado realizó actos inequívocos de ejecución al hacerle señales al ofendido para que detuviera su marcha, y luego lo ataca con un arma blanca, ya que la actuación del acusado por sí misma es reveladora y no deja duda de su voluntad subjetiva(dolo) de querer realizar un hecho típico dar muerte 2.- Que en el caso examiné no se consumó por causas ajenas a la voluntad del acusado es correcto encontrarla causa ajena a la voluntad del agente, que también es exigencia objetiva del referido artículo 15, en las advertencias que le hacían al ofendido las pasajeras de la moto taxi quienes le advertían que avenía el imputado detrás de ellos nuevamente con el cuchillo en la mano, así como que pudo llegar el ofendido a un punto de la calle que le permitió aumentar su velocidad y logra escapar de la agresión del imputado, acto que “causa” que el acusado no continuara con su agresión y evita la muerte de la víctima. Estando claro que el acusado intentó darle muerte al ofendido Pedro Adalberto Cerrato Roque habiendo realizado actos de ejecución eficaces, pero que no se consumó el fallecimiento por causas ajenas al imputado. No debió calificarse como Faltas a las Personas, pues si concurren las exigencias objetivas y subjetivas para calificar el hecho como un delito de Homicidio en su Grado de Tentativa. Como podemos observar los relatos de los testigos son en extremo coincidentes con la prueba científica consideramos que la prueba debió valorarse en forma conjunta y siendo así, la conclusión a la que hubiese llegado el juzgador seria definitivamente opuesta, es decir, declarando la responsabilidad Israel Tovias Rodriguez Gonzales, por la comisión del delito de Homicidio En Su Grado de Ejecución De Tentativa en perjuicio de en perjuicio de Pedro Adalberto Cerrato Roque. En este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso. El Ministerio Publico no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejo de valorar el contenido de la misma, ya que los testimonios son congruentes, precisos y claros, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la conclusión de que el imputado sí perpetro el hecho delictivo de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa por ende con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, la Sana Critica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de la Razón Suficiente en su característica de veracidad. Por lo anteriormente expuesto solicitamos se declare procedente el motivo de casación anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último, de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley, su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Normas Autorizantes: Articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Norma que se denuncian Infringida: Sin determinar por el recurrente; Concepto de la Infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Se declare procedente el presente motivo. Establece el recurrente que, la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica al no haberse respetado las mismas en la valoración probatoria. Al hacer la valoración de la prueba y al referirse el Tribunal a la declaración de los testigos de cargo señaló que les concede credibilidad debido a que no aprecia ánimo de perjudicar al encausado, por otra parte, en relación a la evaluación médica señala que es confiable, pero aun así califica que la prueba es insuficiente, para demostrar la existencia de un delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, llegando a la conclusión de que lo que se probó en realidad son Faltas contra las Personas y no el delito antes mencionado por el cual el Ministerio Público acusa al imputado, conclusión que hace basado en el término de la incapacidad otorgada al ofendido y que el médico forense plasma en su dictamen, la cual fue de 7 días y que no tuvo peligro de muerte, tampoco una tercera persona que evitara la consumación del hecho. Que el acusado realizó actos inequívocos de ejecución al hacerle señales al ofendido para que detuviera su marcha, y luego lo ataca con un arma blanca, ya que la actuación del acusado por sí misma es reveladora y no deja duda de su voluntad de querer realizar un hecho típico: dar muerte, que no se consumó por causas ajenas a la voluntad del acusado; es correcto encontrar la causa ajena a la voluntad del agente, que también es exigencia objetiva del referido artículo 15, en las advertencias que le hacían al ofendido las pasajeras de la moto taxi, quienes le advertían que venía el imputado detrás de ellos nuevamente con el cuchillo en la mano, así como que pudo llegar el ofendido a un punto de la calle que le permitió aumentar su velocidad y logra escapar de la agresión del imputado, acto que causa que el acusado no continuara con su agresión y evita la muerte de la víctima. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. Del delito de Homicidio Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta Sala de lo Penal indica que la vida (artículo 3) y la dignidad humana (artículo 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (artículo 3) y la libertad (artículo3), constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (artículo 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (artículo 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger éste derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Homicidio que protege la vida independiente, de la cual goza la persona humana desde su nacimiento como consecuencia de la terminación del proceso de parto (artículo 126 Código Penal) y hasta el cese irreversible de las funciones cerebrales y encefálicas como forma para determinar la muerte (Artículo 13 y 14 de la Ley de Trasplantes y Extracción de Órganos y Tejidos Humanos). El delito de Homicidio está tipificado en el artículo 116 que indica “Quien de muerte a una persona (…) comete el delito de Homicidio Simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión”. Son los elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto activo: Puede ser cualquier persona; 2. Sujeto pasivo podrá ser cualquier persona diferente a: I) Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); II) Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y III) Diferente al presidente de un Poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de magnicidio; 3. Objeto material del delito: es la vida independiente de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; 4. Conducta criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso matar que dicho de otra manera implica privar de la vida; 5. Modalidad criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de Homicidio para darle paso al delito de asesinato; Como elemento subjetivo el tipo penal de Homicidio Simple es el dolo específico de matar (ánimus necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Homicidio Simple: 1. Según su estructura: I) Tipo penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; II) Tipo penal simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; 2. Según su contenido; I) Tipo penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; II) Tipo de conducta instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; III) Tipo penal de acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; IV) Tipo penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; 3. Según el sujeto activo: I) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; II) Tipo penal común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; 4. Según el bien jurídico tutelado: I) Tipo penal mono ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; II) Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la Tentativa El Iter Criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el derecho penal de los que son relevantes. El Iter Criminis se divide en dos fases: Fase Interna: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su la ideación (surgimiento de la idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal. Fase Intermedia: Es una fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos como regla general no son punibles, a excepción de aquellos que constituyan amenaza. Fase Externa: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta fase se divide en tres etapas: los Actos Preparatorios y los Actos Ejecutivos, y a depender de la efectividad de estos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación. Los Actos Preparatorios consisten en el cconjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo. Los actos ejecutivos son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los actos ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá de si estamos ante una tentativa o un delito consumado. La tentativa, conocida como delito tentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 CP). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos van encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15CP); el dolo debe coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; comienzo de la ejecución del delito: Al mencionar el artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución, refiere a aquellos actos que deben llevar al sujeto activo a la consumación del delito, para ello en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido: i. actos inequívocos: exige el Artículo 15 del Código Penal que los actos de ejecución deben ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); ii. Actos Idóneos: El artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, lo que implica que el autor debe realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguno al bien jurídico protegido; y iii. Involuntaria falta de consumación: como requisito final la consumación no debe producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 CP), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Del Delito Consumado. La consumación es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 del CP). Es así que la tentativa, es la ejecución incompleta de un hecho tipificado en la ley penal y el cual nunca llega a consumarse debido a que: a) El sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que éste se haya consumado por la intervención de otros agentes o circunstancias ajenas al iter criminoso (tentativa acabada). b) El sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que éste se haya consumado debido a que tales actos de ejecución fueron imperfectos o eran inidóneos para ello (tentativa imperfecta o inidónea). C) El sujeto activo no pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad (tentativa inacabada). La tentativa punible se diferencia de los actos preparatorios (no punibles), ya que la primera representa un peligro concreto al bien jurídico protegido por el tipo penal con el comienzo de la ejecución y el segundo, consiste en que los actos que pretenden preparar la ejecución del delito, no representan un peligro para el bien jurídico protegido. De la valoración de la prueba testifical. Ciertamente la valoración del medio de prueba testifical es uno de los procesos más difíciles en la tarea de un juzgador, aun cuando sea la más común de las pruebas; ello debido a la multiplicidad de variables a tener en cuenta al momento de hacer dicha valoración, que van desde los aspectos relativos a la percepción de los hechos objeto de relato, hasta la forma en que el testigo da a conocer dicha información. La valoración individual de las declaraciones testificales debe partir de la concepción de que toda declaración es el relato de un hecho pasado que ha percibido una persona por conducto de sus sentidos, ergo es el acto mediante el cual la persona acude a su memoria para describir un suceso, reproduciendo no solo hechos sino también sentimientos y sensaciones; por tanto, su captación y reproducción puede verse condicionada por muchos factores. Es común el error en los tribunales de justicia de hacer la valoración binaria de la prueba testifical, al señalar que el testigo dice la verdad o miente, más esta es una forma de valoración simplista que desconoce la propia naturaleza humana, la cual es mucho más compleja. - En principio, el Tribunal de Sentencia debe valorar las condiciones imperantes al momento en que el testigo percibió por sus sentidos los hechos objetos del relato, tales como: a. Aspecto Biológico: Capacidad biológica del testigo de percibir los hechos por medio de sus sentidos; así pues, la capacidad visual, auditiva, olfativa, gustativa o táctil del testigo debe ser objeto de valoración por el Tribunal; b. Aspecto Ambiental: Condiciones imperantes al momento del hecho que le hayan permitido al testigo poder percibir con sus sentidos los hechos objeto del relato; c. Aspecto Psicológico: Estado anímico del testigo al momento del hecho; así pues, en condiciones estresantes los hechos se percibirán de una forma distinta que en condiciones relajantes o de alegría, viéndose afectado las ideas sobre tiempo, distancia, colores, etc. Además, el aspecto psicológico nos manda a tener en consideración la capacidad de mantener en la memoria los hechos y que dichos recuerdos no se vean condicionados por vivencias anteriores (como por ejemplo perjuicios preexistentes sobre un hecho o una persona) o afectados por vivencias posteriores (como por ejemplo la captación de información sobre el hecho de otras fuentes como otros testigos o medios de comunicación). Adicional la valoración del testimonio el Tribunal de Sentencia debe realizar un debido análisis del contenido del relato prestado en la audiencia de debate, discerniendo aquellos aspectos de la personalidad del testigo que pudiesen afectar la forma de transmitir la información, con otros que sean parte de una intencionalidad de ocultar, tergiversar o inventar una verdad.- Así pues considérese que el nerviosismo, miedo o timidez en una declaración no necesariamente son signos de que el testigo está faltando a la verdad, sino que pueden obedecer a la personalidad, al hecho de enfrentarse ante una situación nueva (prestar declaración testifical) o al hecho de verse obligado a revivir un hecho estresante (en especial para las víctimas); por otro lado el enojo, reticencia o hasta la arrogancia de un testigo no deben ser necesariamente valorados como una actitud adoptada para ocultar la verdad, pues igual puede obedecer a los mismos aspectos antes apuntados. Por otra parte, el Tribunal de Sentencia debe considerar que ningún testigo es objetivo con su relato, pues toda persona al declarar aspira a que se le crea, en especial aquellas cuyas vidas han sido afectadas por el acontecimiento narrado, y por ello buscarán presentar su relato lo más creíble posible, lo que no implica necesariamente falsedad, sino una forma de presentar los hechos en procura de que sean aceptados. El análisis individual, después de la consideración de los aspectos personales, debe implicar un estudio sobre la coherencia interna del relato, de modo que las diferentes partes del suceso están relacionadas de forma lógica entre sí, confirmándose unas a otras; además de que la actitud descrita del testigo, de las otras personas presentes y de la propia, sea acorde con las reglas de la psicología y finalmente que el hecho sea verosímil al obedecer a las máximas de la experiencia común; de lo contrario el relato resultaría poco o nada fiable. La labor de valoración no termina con el análisis individual de la prueba testifical, sino que además debe hacerse una valoración conjunta, entendiéndose como la confrontación de la información proporcionada por el testigo con la información que se deriva de otros medios de prueba, incluyendo otros testigos, para determinar las coincidencias o disparidades que permitan establecer su veracidad, reconstruyendo el hecho histórico donde cada una de los medios de prueba sea una pieza articulada de un todo. Tratándose de la valoración conjunta de medios de prueba testifical, el Tribunal de Sentencia no puede limitarse a hacer una simple confrontación en espera de una coincidencia perfecta, pues nunca dos personas declararán de manera idéntica, aun cuando hayan percibido el hecho al mismo tiempo, pues como se ha señalado ya, los aspectos de personalidad, desarrollo intelectivo, capacidades biológicas y psicológicas determinaran que el relato sea distinto, inclusive a veces hasta contradictorio en algunos detalles, sin que ello implique falsedad por parte de alguno de los testigos. Por el contrario, partiendo de la naturaleza humana, el relato increíblemente coincidente de dos testigos debe alertar al Tribunal de Sentencia por su anormalidad. Así entonces los testigos valorados conjuntamente deben brindar una visión amplia del hecho, con detalles informados a depender del lugar, distancia y oportunidad de percibir el hecho, pudiendo ser hasta contradictorios en aspectos periféricos, pero necesariamente articulados en la dinámica general y coincidentes en aspectos medulares para ser ambos calificados como creíbles. La prueba testifical además debe calzar con el resto de la prueba, en especial con la prueba científica, explicando una lo que la otra no puede, reforzando recíprocamente la información brindada y construyendo entre todos un relato histórico objetivo; la coincidencia perfecta entre la prueba es improbable y jamás debe ser la exigencia del juzgador, sino la coherencia entre los medios de prueba de modo lógico, razonable y verosímil, que construya unos hechos necesarios, descartando toda otra posibilidad razonable inclusive a nivel de duda, y por tanto dejando como resultado la certeza de lo declarado probado. Retomando entonces: en la declaración testifical, el tribunal imprescindiblemente deberá hacer una valoración, tanto individual como conjunta, en la que tenga en cuenta la multiplicidad de los factores apuntados, ello le permitirá diferenciar los casos en donde un testigo sea sincero, es decir que crea estar diciendo la verdad, aun cuando el hecho narrado sea poco probable o, por el contrario, cuando el relato sea probable aun cuando el testigo no reúna las condiciones de idoneidad; recuérdese que la valoración de un testimonio no consiste en un examen de verdadero o falso, sino en el análisis conjunto de condiciones y aspectos que puedan indicar la probabilidad alta de que el relato corresponde a un hecho real, o su falta de probabilidad a causa de la valoración negativa. En todos los casos, la valoración solo podrá realizarse mediante una correcta inmediación del tribunal con la persona declarante, donde puedan evaluarse las Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), los Principios de la Lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las Máximas de la Experiencia Común (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano).[1] De la procedencia del primer motivo. El Motivo no es de recibo. – Establece el recurrente que el a quo no observó en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica, señala que dicha apreciación la considera como infracción al postulado de la Derivación integrado por el principio de la Razón Suficiente, pues aunque el juzgador concede credibilidad a la prueba de cargo, no logra llegar a la convicción de que Israel Tovias Rodríguez Gonzáles, cometió el delito homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Pedro Alberto Cerrato Roque; conclusión a la que hubiese llegado de haber valorado la prueba de forma conjunta y armónica, pues con la misma se logró acreditar sin lugar a dudas, los hechos y la conclusión a la que hubiese llegado el juzgador sería definitivamente opuesta, es decir la responsabilidad del acusado por la comisión del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa. Para esta Sala, es importante aclarar que al conocer de los Recursos de Casación por el motivo alegado por el recurrente, de no haberse observado las reglas de la Sana Crítica” el control casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, (lógica, experiencia y psicología ) y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto.- Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o auténtica. En el presente caso que nos ocupa y sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta Sala de lo Penal, considera que los jueces sentenciadores no irrespetaron las reglas de la Sana Crítica, en concreto las reglas de la lógica, el juzgador estableció que: “con la declaración del señor Pedro Adalberto Cerrato Roque y Reyna Leticia Arguijo Laínez, se acredita que efectivamente en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciséis (2016), aproximadamente a las ocho y treinta de la noche (8:30 pm), se conducía en su mototaxi el señor Pedro Adalberto Cerrato Roque, en compañía de su esposa Reyna Leticia Arguijo y otra persona, cuando a inmediaciones del barrio Las Lomas del Municipio de Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán, repentinamente le salió al paso el señor Israel Rodriguez Gonzales, quien trató de subirse a la mototaxi, Pedro Cerrato trató de evadirlo pero, el señor Israel Rodriguez lo siguió, logró subirse y le asestó con un cuchillo al señor Pedro Cerrato una herida superficial a la altura del tórax posterior; dichos que quedaron acreditados con el dictamen de evaluación medica forense, en el cual se estableció que al evaluarse físicamente al señor Pedro Cerrato, presentaba una herida de tres centímetros lo cual le causó una incapacidad de siete (7) días, sin peligro de muerte; los dichos de los testigos son creíbles, este Tribunal no denotó por parte de los mismos un interés en perjudicar al encausado, como no se evacuó prueba que contradijera a los mismos, por otra parte el dictamen de evaluación física es objetivamente confiable, fue practicado por profesional dado en la experticia el cual es congruente con lo referido por los testigos en mención y finalmente corroborado con los dichos del agente de policía Félix Orlando Estrada, quien de primera mano proporcionó después de sucedidos los hechos, los medios para auxiliar al señor Pedro Cerrato y conducirlo al centro hospitalario más cercano para que recibiera asistencia médica.” Hemos corroborado que, el a quo ha fundamentado su decisión en los medios de prueba siguientes: la declaración de los testigos Pedro Adalberto Cerrato ( folio # 97) quien declaró que, iba subiendo la cuesta de doña Munda con el pasajero y su esposa, que de repente le salió el muchacho y que se lo quería esquivar y no se podía, que le miró el arma, que el sintió el golpe en la espalda y que acudió a la policía para pedir ayuda que así fue como recibió la herida y si se hubiera parado o bajado hubiera sido víctima, pero continuó marchando, que el agresor andaba un puñal blanco, que el agresor no lo siguió hiriendo porque no lo alcanzó y ya después aceleró. Dichos que son corroborados con la declaración de los testigo Reyna Leticia Arguijo Laínez (folio 97v) y Félix Orlando Estrada Meza (folio # 98v) , Acta de Registro Personal (folio 13), Acta de decomiso, practicada al señor Israel Rodríguez, a quien se le encontró en la parte derecha de la cintura un cuchillo de metal, con empuñadura de color negro (folio 14) y con el dictamen médico de la evaluación física de la víctima 2016-0138, ratificado por el Doctor Oswaldo Ferrera, (folio # 67) en el cual se concluye que, se practicó una evaluación física al señor Pedro Adalberto Cerrato Roque, en fecha 26 de junio del año 2016, que presentaba una herida en el tórax posterior con equimosis perilesional, la cual es compatible a las producidas con objeto con filo, tamaño de la herida 3 centímetros de largo, no hubo peligro de muerte, incapacidad de 7 días, que realizó la evaluación después de la sutura, que no era de gravedad, que no necesitaba nueva evaluación. Si bien el Tribunal sentenciador pudo haber arribado a deducciones o conclusiones distintas a las que dejó plasmadas en el hecho probado; estas conclusiones hubiesen abarcado hasta poder calificar la falta penal por lesiones (artículo 396.1 Código Penal), en la que si era posible determinar un tiempo de incapacidad de la víctima, pero sin que esta Sala pretenda entrar en el fondo del asunto, esa otra deducción lógica no hubiese sido posible subsumirla dentro de la calificación penal del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, como pretende el recurrente, porque como ya se dijo, de la declaración de los testigos evacuados, no se desprenden suficientes elementos para concluir que la intención del acusado haya sido darle muerte a la víctima; el juzgador de instancia ha vertido fundamentos suficientes para determinar que al hacer una subsunción entre el hecho probado y la norma referida, es posible determinar la concurrencia de una falta contra las personas, según lo establece el artículo 396 numeral 1 del Código Penal, que sanciona con prisión de treinta (30) a noventa (90) días a: 1) Quien causare a otro lesiones que produzcan enfermedad o incapacidad para el trabajo hasta por diez (10) días. Tal como lo expone Diego Diez “La diferencia entre el delito y la falta de lesiones reside en la duración de la enfermedad o incapacidad para el trabajo. Si es de hasta diez días, se aplicará la falta del artículo 396 (pro reo habrá que entender que no será delito hasta el undécimo día de duración, a pesar de que el artículo 136 diga literalmente «no menor de 10 días», pues el artículo 396 tipifica como falta las que produzcan tal enfermedad o incapacidad «hasta por diez días» ).”[2] Ante la dificultad de penetrar en la mente del agresor, es decir en su más interno ser para descubrir su intencionalidad, la doctrina considera pertinente examinar los elementos o circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores al hecho; tales como enemistad, amenazas previas, tipo de arma utilizada, la parte del cuerpo a la que se dirige la agresión, la intensidad de los golpes, el potencial resultado letal de las lesiones, en fin cuantos datos externos se puedan extraer del hecho y que sirvan para determinar la verdadera intención del agresor; [3] en consecuencia, de lo anterior, se declara sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público. DECISIÓN. Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo interpuesto por el Ministerio Público. De la procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. Se da conflicto de normas por ámbito temporal cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, o cuando la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. - Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017 (25/06/2020), se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017(Art. 616 CP): Determinación de la pena concreta conforme CP-144-83; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; Determinación de la pena concreta conforme CP-130-2017; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Israel Tovias Rodriguez Gonzales, como autor responsable de Faltas contra las Personas, en perjuicio de Pedro Adalberto Cerrato Roque, la pena de treinta (30) días de prisión y se declaró la responsabilidad civil. El acusado cumplió la pena impuesta encontrándose en prisión preventiva. En conclusión, conforme las disposiciones del CP 130-2017, le correspondería cumplir al acusado una pena abstracta por Faltas contra las Personas, en perjuicio de Pedro Adalberto Cerrato Roque, (artículo 599), la pena de tres (3) a cinco (5) meses de prisión o multa de cincuenta (50) a noventa y nueve (99) días. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que el Código Penal 130-2017 prevé una pena abstracta mayor a la del Código Penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de ésta, al no ser una norma penal sustantiva más favorable. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Marla Iris Cárdenas, fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor Israel Tovías Rodríguez Gonzáles, por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio del señor Pedro Adalberto Cerrato Roque. -Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Israel Tovías Rodríguez Gonzáles. Como consecuencia de lo anterior los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, -Y MANDA: Que la secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. Lety Emelda Posadas. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de noviembre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 414-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Sala de lo Penal
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[1] Al respecto ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, en el Exp 014-2007 y fallo de fecha 28 de julio del 2011, en el Exp 060-2010 de la Sala de lo Penal.
[2] Manual de Derecho Penal, Parte Especial. vol. I. L. Alfredo de Diego Díez, Magistrado - Doctor en Derecho, Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla-España), Pág. 126
[3] VID Sentencia de Casación Penal No SP 339-2010 de fecha 11 de junio del 2013 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.