Sentencia CP-407-18 — Registro 14231
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Robo Agravado, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declara la procedencia retroactiva de la ley penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. El recurrente no es claro en su planteamiento, denuncia la violación de tres normas constitucionales diferentes, que reconocen los derechos fundamentales: Derecho de no auto incriminarse (Art. 88) al estado de inocencia (Art. 89), y al debido proceso legal (Art. 90), pero en su libelo desarrolla el estado de inocencia como norma superior transgredida en el caso concreto. Conforme lo ha señalado esta Sala de Casación en fallos anteriores, el motivo de casación cuyo fundamento sea la vulneración al Estado de Inocencia, nuestra misión radica en determinar si el juzgador al llegar a la convicción de culpabilidad lo hizo utilizando un proceso adecuado y contó con la prueba suficiente y válida para ello, debiendo verificar cinco puntos específicos, en primer lugar que la prueba se haya obtenido y reproducido mediante los procedimiento legales; como segundo requisito que esas pruebas se hayan desarrollado bajo los principios del juicio oral; tercer requerimiento es que se debe verificar que esas pruebas fueron debidamente razonadas por el sentenciador; de igual forma se debe establecer si esos razonamientos probatorios del A-quo se conformaron con base en la reglas del correcto pensamiento humano y por último, si se contaron con los suficientes medios probatorios mediante los cuales se acrediten los elementos objetivos y subjetivos del delito acusado y por consiguiente la participación que haya tenido el acusado en esos hechos. En su explicación el censor estableció que el juzgador en la audiencia de juicio oral y público, evacuó como prueba directa de cargo en relación al delito de Robo Agravado únicamente las declaración de los ofendidos, mismas que estuvieron huérfanas de otras pruebas que las confirmen, porque el contenido del video de las cámaras de seguridad ubicadas en la vivienda de la familia Ponce Salgado, se pudo apreciar que las personas que posiblemente se apropiaron de los bienes de los ofendidos andaban cubiertos sus rostros y otras partes de sus cuerpos impidiendo con ello una identificación plena. Contrario a su argumento, esta Sala de lo Penal analizó la sentencia recurrida, y pudo comprobar que se presentaron diferentes medios probatorios, entre ellos las declaraciones de José Nelson Ponce Salgado y Cándida Elena Matamoros Ramirez; además de pruebas documentales como, Acta de Inspección No. 1229-2017 de fecha 24 de agosto 2017 (F.18); Factura extendida por Aeropost.com, No de orden 10075805, (F.86); Acta de Recolección de Indicios de fecha 25 de agosto 2017 (F.89); medio de prueba audiovisual DVD de fecha 24 de agosto 2017; de dichos medios de prueba el sentenciador ha realizado una valoración conjunta, extensa y clara en la que ha concluido, en otorgarles credibilidad a los testigos de cargo, pues han sido congruentes entre sí y de forma muy explícita han referido que conocieron de los hechos por residir en la vivienda de donde se sustrajeron las cámaras. Fue cuestionado por la defensa el hecho de que el contenido del video de las cámaras de seguridad ubicadas en la vivienda de la familia Ponce Salgado, se pudo apreciar que las personas que posiblemente se apropiaron de los bienes de los ofendidos andaban cubiertos sus rostros y otras partes de sus cuerpos impidiendo con ello una identificación plena, sin embargo, el juzgador explicó que en el video presentado en la audiencia de juicio donde se observa dos sujetos del sexo masculino, uno de ellos se sube a la verja utilizando la misma vestimenta descrita por la señora Cándida Elena, procede a arrancar algo colocado en la parte superior de la pared exterior de su casa de habitación, estableciéndose que el sujeto que vestía una calzoneta, sandalias de supuesto hule y cubierto desde la cabeza con una sábana color gris, sin camisa, (descripción que dio la testigo Carmen Elena al momento que ella se levanta y ve por la ventana de su casa de habitación, cuando los observa) al pasar frente a ella ya no llevan puesto ni la sabana gris Miguel Armando, ni la camisa sobre su cabeza Josué Daniel, quien este último vestía con un pantalón largo y zapatos tipo botas, llevando las pertenencias de vestimenta en sus manos y las dos cámaras de seguridad. Estableció también el juzgador, que se puede dar credibilidad al documento factura la cual es consistente con el Acta de Inspección Ocular. Para este Supremo Tribunal, el sentenciador a externado amplios razonamientos sobre las pruebas evacuadas en el juicio y aunque la prueba de cargo consistió en 2 testigos y pruebas documentales, pudo extraer de ellos la certeza necesaria de culpabilidad de los acusados Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert, valoraciones que consideramos adecuadas y conformes a las reglas de la Sana Crítica; todas esos razonamientos y conclusiones a los que arribó el Sentenciador, hizo que la presunción de inocencia que goza todo acusado se viera comprometida ante la certeza que se adquirió para establecer la culpabilidad del acusado; razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública de los acusados Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert, la pena de 06 años ocho (8) meses de reclusión por un delito de Robo Agravado (Art. 217 y 225 numeral 3) Código Penal Decreto 144-83; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; Se declaró la Responsabilidad Civil. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017, el delito de la conducta reprochada a los acusados de Robo Agravado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito Robo con Fuerza (Art. 360), sancionado con pena de 02 a 04 años de prisión. A partir de lo expuesto, se concluye que para los señores Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert, si corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por representar un beneficio respecto al quantum de la pena de prisión en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, los hechos se realizaron sin la concurrencia de atenuantes ni agravantes, fijándose la pena dentro del marco establecido para el delito en atención a las circunstancias personales y a la mayor o menor gravedad del hecho, encontrándose como tal, las siguientes: el señor Daniel Josué Lambert Sierra, hondureño, 28 años de edad, guardia de seguridad, sin antecedentes penales; el señor Miguel Armando Avilez Lambert, hondureño, 20 años de edad, albañil, sin antecedentes penales. Por lo anterior se fijan las nuevas penas para los señores Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert, en su límite mínimo de dos (2) años de prisión; y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 407-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día de diciembre de dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 407-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Daniel Josué Lambert Sierra, como autor del delito de Robo Agravado, en perjuicio del señor José Nelson Ponce Salgado, a la pena de seis años, ocho meses de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Miguel Armando Avilez Lambert, como autor del delito de Robo Agravado, en perjuicio del señor José Nelson Ponce Salgado, a la pena de seis años, ocho meses de reclusión.- Tercero: Condenó a los señores Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Quinto: Se declaró la responsabilidad civil de los señores Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert.- Sexto: Se declaró el comiso de tres D.V.D color gris marca HP leyenda D.V.D-R 16X4.7gb, 120 min. Que se encuentran en poder del Ministerio Público. Son Partes en la Única Instancia: Los abogados Mario Reniery Amador Espinal y Gladys Lamar Ortiz Osorto, en su condición de defensores públicos de los señores Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert, como parte recurrente y el abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “Único: En fecha veinticuatro de agosto del año dos mil diecisiete, aproximadamente a las cuatro y cincuenta de la madrugada, los señores Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilés Lambert, llegaron a la casa de habitación del señor José Nelson Ponce Salgado, ubicada en la colonia altos del Paraíso de la ciudad de Comayagüela; quienes jalando fuertemente arrancaron dos cámaras de seguridad, que se encontraban instaladas en la pared exterior de la vivienda y se las llevaron consigo.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos El Recurrente Abogado Karovin Martínez Girón, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “ Indicación de los motivos de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional Único: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los Artículos 88, 89 Y 90, (presunción de inocencia, juicio previo y debido proceso), en relación con los Artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo: Primero: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1) Sólo hará prueba la declaración rendida ante juez competente; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probada los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. segundo: el juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra de los señores Daniel Josué Lambert sierra y miguel armando avilés Lambert por el delito de robo agravado en perjuicio de José Nelson Ponce salgado infringe gravemente los fundamentales derechos de presunción de inocencia, juicio previo y al debido proceso que les asisten a los imputados por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda razonable, la imputación en contra de dichos señores, produjo un muy pobre aporte de pruebas. Tercer: En la audiencia de juicio oral se evacuó como prueba directa de cargo en relación al delito de Robo Agravado únicamente las declaración de los ofendidos, mismas que estuvieron huérfanas de otras pruebas que las confirmen, porque el contenido del video de las cámaras de seguridad ubicadas en la vivienda de la familia Ponce Salgado, contrario a confirmar las declaraciones de cargo las colman de incertidumbres, pues en las imágenes proyectadas en el juicio se pudo apreciar que las personas que posiblemente se apropiaron de los bienes de los ofendidos andaban cubiertos sus rostros y otras partes de sus cuerpos impidiendo con ello una identificación plena. Cuarto: El vicio que denunciamos se produce porque la acreditación de la participación en los hechos ilícitos por los que fueron condenados los señores Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert no está respaldada con prueba de cargo suficientemente apta, ya que la misma, como antes dijimos, está limitada, decisivamente, en las declaraciones de los ofendidos, pero ellas no proporcionan elementos certeros que acrediten la participación de los imputados en ellos, tampoco los aportan las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la vivienda de la familia Ponce Salgado, resultando evidente que lo que subyace es una enemistad manifiesta de los ofendidos hacia los imputados lo que les condujo a sospechar de ellos, sin embargo, tal condición anímica no es suficiente para demostrar la participación de los encartados en los hechos ilícitos a ellos atribuidos. Quinto: Entendido estoy que en el sistema de valoración probatoria de la sana crítica es legalmente posible sustentar un fallo de condena en la declaración del ofendido, pero ella debe tener una serie de corrobora dores, periféricos que la confirmen, condición que, en el caso de mérito, no se satisface, pues como lo ha sostenido esta defensa durante todo el juicio, el Ministerio Público no aportó pruebas de cargo que, fuera de toda duda razonable, acrediten la participación de los imputados en los hechos ilícitos a ellos atribuidos. Sexto: En un Estado de Derecho, como Honduras, la presunción de inocencia, juicio previo y el debido proceso exigen que cualquier condena judicial debe fundarse en pruebas concluyentes que den certeza de la existencia del delito y la participación dolosa o culposa de los imputados; exigencias que no se cumplen en el presente caso en el que se condenó a los señores Daniel Josué Lambert sierra y miguel armando avilés Lambert sin una base probatoria apropiada que le de sustento al fallo recurrido, violentando con ello los fundamentales derechos antes referidos. Pretensión: Consciente estoy que al Tribunal de casación no le está permitido realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso y sin necesidad de desarrollar un riguroso examen de las pruebas de cargo se hace patente el vicio denunciado, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad del fallo impugnado y ordenar su reenvío para que el mismo sea sustanciado con absoluto respeto de los derechos fundamentales de los señores Daniel Josué Lambert sierra y miguel armando avilés Lambert.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al Derecho Procesal Penal o al Derecho Penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer uso de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa. Único motivo. Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal; Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 88, 89 y 90 de la Constitución de la República; Concepto de la infracción: violación a la Presunción de inocencia, Juicio Previo y debido proceso; Pretensión: Se declare la nulidad del fallo impugnado. Explicó el recurrente que el juzgador en la audiencia de juicio oral y público, evacuó como prueba directa de cargo en relación al delito de Robo agravado, únicamente las declaración de los ofendidos, mismas que estuvieron huérfanas de otras pruebas que las confirmen, porque el contenido del video de las cámaras de seguridad ubicadas en la vivienda de la familia Ponce Salgado, contrario a confirmar las declaraciones de cargo las colman de incertidumbres, pues en las imágenes proyectadas en el juicio se pudo apreciar que las personas que posiblemente se apropiaron de los bienes de los ofendidos andaban cubiertos sus rostros y otras partes de sus cuerpos impidiendo con ello una identificación plena. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en -al menos- una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del ius puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado/a a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debemostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado/a le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado/a, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá, como competencia, el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el Tribunal de Sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al Tribunal de Sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana crítica; no puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba. En particular, cuando se alega violación al debido razonamiento probatorio, el recurrente debe seguir una debida técnica para su planteamiento, misma que va desde la identificación del razonamiento judicial que considera cuestionable, identificación de la reglas del recto entendimiento humano que han sido infringidas con su debida explicación, confrontación entre el razonamiento judicial y la norma del correcto pensamiento y, con ello, la subsecuente demostración de la existencia del vicio, lo que debe rematarse con la explicación del porqué ese vicio condiciona la decisión final del tribunal y, por ende, porqué esa decisión no es válida.- La simple expresión de desacuerdo con el razonamiento judicial contenido en la sentencia, aun cuando se señale cuáles son éstos, no satisface lo señalado, pues para que la violación al estado de inocencia pueda ser de recibo se requiere demostrar que la decisión judicial descansa en juicios y pensamientos que colisionen con los principios del recto entendimiento humano. Del Debido Proceso Legal. La Garantía del Debido Proceso, invocada por el pretensor, como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del Derecho Procesal Penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte; así pues, los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad e independencia del juez; v.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- A la igualdad de armas procesales; vii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- A una justicia gratuita; en fin el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”.El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es, cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. El recurrente no es claro en su planteamiento, denuncia la violación de tres normas constitucionales diferentes, que reconocen los derechos fundamentales: Derecho de no auto incriminarse (Art. 88) al estado de inocencia (Art. 89), y al debido proceso legal (Art. 90), pero en su libelo desarrolla el estado de inocencia como norma superior transgredida en el caso concreto. Conforme lo ha señalado esta Sala de Casación en fallos anteriores, el motivo de casación cuyo fundamento sea la vulneración al Estado de Inocencia, nuestra misión radica en determinar si el juzgador al llegar a la convicción de culpabilidad lo hizo utilizando un proceso adecuado y contó con la prueba suficiente y válida para ello, debiendo verificar cinco puntos específicos, en primer lugar que la prueba se haya obtenido y reproducido mediante los procedimiento legales; como segundo requisito que esas pruebas se hayan desarrollado bajo los principios del juicio oral; tercer requerimiento es que se debe verificar que esas pruebas fueron debidamente razonadas por el sentenciador; de igual forma se debe establecer si esos razonamientos probatorios del A-quo se conformaron con base en la reglas del correcto pensamiento humano y por último, si se contaron con los suficientes medios probatorios mediante los cuales se acrediten los elementos objetivos y subjetivos del delito acusado y por consiguiente la participación que haya tenido el acusado en esos hechos. En su explicación el censor estableció que el juzgador en la audiencia de juicio oral y público, evacuó como prueba directa de cargo en relación al delito de Robo Agravado únicamente las declaración de los ofendidos, mismas que estuvieron huérfanas de otras pruebas que las confirmen, porque el contenido del video de las cámaras de seguridad ubicadas en la vivienda de la familia Ponce Salgado, se pudo apreciar que las personas que posiblemente se apropiaron de los bienes de los ofendidos andaban cubiertos sus rostros y otras partes de sus cuerpos impidiendo con ello una identificación plena. Contrario a su argumento, esta Sala de lo Penal analizó la sentencia recurrida, y pudo comprobar que se presentaron diferentes medios probatorios, entre ellos las declaraciones de José Nelson Ponce Salgado y Cándida Elena Matamoros Ramirez; además de pruebas documentales como, Acta de Inspección No. 1229-2017 de fecha 24 de agosto 2017 (F.18); Factura extendida por Aeropost.com, No de orden 10075805, (F.86); Acta de Recolección de Indicios de fecha 25 de agosto 2017 (F.89); medio de prueba audiovisual DVD de fecha 24 de agosto 2017; de dichos medios de prueba el sentenciador ha realizado una valoración conjunta, extensa y clara en la que ha concluido, en otorgarles credibilidad a los testigos de cargo, pues han sido congruentes entre sí y de forma muy explícita han referido que conocieron de los hechos por residir en la vivienda de donde se sustrajeron las cámaras. Fue cuestionado por la defensa el hecho de que el contenido del video de las cámaras de seguridad ubicadas en la vivienda de la familia Ponce Salgado, se pudo apreciar que las personas que posiblemente se apropiaron de los bienes de los ofendidos andaban cubiertos sus rostros y otras partes de sus cuerpos impidiendo con ello una identificación plena, sin embargo, el juzgador explicó que en el video presentado en la audiencia de juicio donde se observa dos sujetos del sexo masculino, uno de ellos se sube a la verja utilizando la misma vestimenta descrita por la señora Cándida Elena, procede a arrancar algo colocado en la parte superior de la pared exterior de su casa de habitación, estableciéndose que el sujeto que vestía una calzoneta, sandalias de supuesto hule y cubierto desde la cabeza con una sábana color gris, sin camisa, (descripción que dio la testigo Carmen Elena al momento que ella se levanta y ve por la ventana de su casa de habitación, cuando los observa) al pasar frente a ella ya no llevan puesto ni la sabana gris Miguel Armando, ni la camisa sobre su cabeza Josué Daniel, quien este último vestía con un pantalón largo y zapatos tipo botas, llevando las pertenencias de vestimenta en sus manos y las dos cámaras de seguridad. Estableció también el juzgador, que se puede dar credibilidad al documento factura la cual es consistente con el Acta de Inspección Ocular. Para este Supremo Tribunal, el sentenciador a externado amplios razonamientos sobre las pruebas evacuadas en el juicio y aunque la prueba de cargo consistió en 2 testigos y pruebas documentales, pudo extraer de ellos la certeza necesaria de culpabilidad de los acusados Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert, valoraciones que consideramos adecuadas y conformes a las reglas de la Sana Crítica; todas esos razonamientos y conclusiones a los que arribó el Sentenciador, hizo que la presunción de inocencia que goza todo acusado se viera comprometida ante la certeza que se adquirió para establecer la culpabilidad del acusado; razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por la defensa pública. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública de los acusados Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert, la pena de 06 años ocho (8) meses de reclusión por un delito de Robo Agravado (Art. 217 y 225 numeral 3) Código Penal Decreto 144-83; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; Se declaró la Responsabilidad Civil. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017, el delito de la conducta reprochada a los acusados de Robo Agravado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito Robo con Fuerza (Art. 360), sancionado con pena de 02 a 04 años de prisión. A partir de lo expuesto, se concluye que para los señores Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert, si corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por representar un beneficio respecto al quantum de la pena de prisión en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, los hechos se realizaron sin la concurrencia de atenuantes ni agravantes, fijándose la pena dentro del marco establecido para el delito en atención a las circunstancias personales y a la mayor o menor gravedad del hecho, encontrándose como tal, las siguientes: el señor Daniel Josué Lambert Sierra, hondureño, 28 años de edad, guardia de seguridad, sin antecedentes penales; el señor Miguel Armando Avilez Lambert, hondureño, 20 años de edad, albañil, sin antecedentes penales. Por lo anterior se fijan las nuevas penas para los señores Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert, en su límite mínimo de dos (2) años de prisión; y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 361 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo interpuesto por el Abogado Karovin Martínez Girón, en su condición de defensor público de los señores Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert. .- Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conducta reprochada a los acusados Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert.; En consecuencia, reforma los pronunciamientos primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i.- Que debemos condenar y condenamos a los señores Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert, como autores del delito de Robo con Fuerza en perjuicio de José Nelson Ponce Salgado, a cumplir la pena principal de dos (2) años de prisión, pena a la que se deberá restar el tiempo en que los acusados hayan estado cautelarmente privados de su libertad como consecuencia de este proceso judicial . ii.- Que debemos condenar y condenamos a los señores Daniel Josué Lambert Sierra y Miguel Armando Avilez Lambert, como autores del delito de Robo con Fuerza, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión.- Tercero: Declara Firme y Ejecutable los pronunciamientos cuarto, quinto, sexto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha dos de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 407-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.