Sentencia CP-407-17 — Registro 12575
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa de los imputados, contra la sentencia de primera instancia que los condena como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO ES DE RECIBO. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en Falta de Aplicación del artículo 66, en relación al 116, ambos del Código Penal. El artículo 66 del Código Penal vigente al momento de los hechos establece: “Al autor de una tentativa y al cómplice de delito consumado se sancionará con la pena aplicable al autor del delito consumado rebajada en un tercio (1/3). En el caso que el delito esté penado con privación de la libertad por vida, se les aplicará de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión.”. Por su parte el artículo 116. Del mismo cuerpo legal dispone: “Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes Artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.”. En el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Único: El jueves veintidós de enero del dos mil quince, a las doce del mediodía los testigos protegidos “Quiritís” y “Quirino”, se encontraban en los predios de la Inmobiliaria Santa Lucia ejerciendo sus labores de vigilancia del predio, quienes escucharon un ruido en la parte alta de la montaña similar al producido cuando se cortan árboles, observando al llegar a dicho lugar a tres personas, entre ellos Ever Asael Zúniga Moreno y Eduardo Joset Corea Lara, por lo que uno de los testigos les pidió que abandonasen el lugar, sin embargo, ambas personas antes mencionadas se acercaron al testigo de sobrenombre Quirino y le apuntaron con armas de fuego, exigiéndole que tirara todas sus pertenencias al suelo, ordenándole que no se moviera, por lo que el testigo Quiritis intento reportar la situación a los demás compañeros vigilantes que se encontraban en los predios por medio del radio woki toki marca Motorola que portaba, por lo que una de las personas que se introdujeron en el predio le propinó un golpe en el brazo derecho para que soltara el radio, logrando despojarlo del mismo y entre dos de estas personas lanzaron al suelo al testigo de sobrenombre Quiritis, por lo que al ver esta acción el testigo Quirino andaba un machete y se dispuso a intervenir en su defensa, por lo que el señor Ever Asael Zúniga Moreno disparó el arma sobre el pecho del testigo protegido Quirino, la cual se atascó, momento que aprovechó el testigo protegido Quirino para darle un machetazo con el cual le corto una mano al señor Ever Asael Zúniga Moreno, logrando a continuación ambos testigos protegidos salir corriendo del lugar, por lo que Eduardo Joset Corea Lara, junto con su acompañante salen en persecución del testigo protegido Quiritis realizándole un disparo de arma de fuego, el cual logra escapar ileso del lugar y los compañeros del testigo protegido piden apoyo a la policía, los cuales se desplazan en una patrulla requiriendo a los testigos protegidos que iban corriendo en la carretera que conduce a Valle de Ángeles y proceden a capturar al señor Eduardo Joset Corea Lara, en las inmediaciones en que ocurrieron los hechos, encontrándose al señor Joset Corea Lara en posesión de una pistola calibre 3.80 con empuñadura de madera color café con 5 proyectiles sin percutir en el cargador y un proyectil atascado en la recamara que no disparo, siendo capturado posteriormente en el Hospital Escuela el señor Ever Asael Zúniga Moreno el cual se encontraba en dicho hospital por la pérdida de la mano.” Esta Sala observa que en el numeral quinto del apartado de fundamentación jurídica del fallo impugnado, el tribunal de sentencia se lee: “La pena abstracta para castigar el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa con base en los artículos 15 y 116 del Código Penal oscila entre diez (10) a trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión”, no obstante por error material en el numeral primero de la parte resolutiva del fallo el tribunal impone al señor Ever Asael Zúniga Moreno la pena concreta de quince (15) años de reclusión, lo que excede los límites punitivos previstos para el delito por el que se le condena. Por lo expuesto, esta Sala considera que efectivamente la decisión del juzgador infringe de ley penal sustantiva por falta de aplicación del artículo 66, en relación al 116, ambos del Código Penal, en virtud que al autor de una tentativa se ha de imponer la pena establecida para el delito consumado en este caso de Homicidio rebajada en un tercio, pues en este caso el juzgador consideró la no concurrencia de circunstancias agravantes, por lo que se le debió imponer la pena mínima para el autor de Homicidio en grado de ejecución de tentativa, de diez años de reclusión. Por lo anterior, esta Sala concluye que declara ha lugar el motivo de casación de infracción de ley, invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son:1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: d. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Eduardo Joset Corea Lara., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Eduardo Joset Corea Lara, las penas principales siguientes: 1) De quince (15) años de reclusión, autor del delito de Homicidio Simple en Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del testigo Protegido Quirino; 2) De seis (6) años, ocho (8) meses, de reclusión, por el delito de Robo Agravado en perjuicio de los Testigos Protegidos Quirino y Quiritis; y, 3) De tres (3) años de Reclusión, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Tipo Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos, penas que en concurso real de delitos suman la cantidad de veinticuatro años (24), ocho (8) meses de Reclusión. En este caso la Sala de lo Penal ha declarado ha lugar el motivo único de Infracción de Ley Penal Sustantiva invocado por las Abogadas Irma Lizeth Aguilar y Giovenezza Dubois Zavala, en su condición de Defensores Públicos del señor Eduardo Joset Corea Lara, por lo que anula en numeral primero de la parte dispositiva del fallo de la sentencia impugnada y en su lugar, condenar al señor Eduardo Joset Corea Lara, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido Quirino, a la pena de diez años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Asimismo, ha declarado Ha lugar el motivo único de Infracción de Ley Penal Sustantiva invocado por la Abogada Carmen Reina Ortíz, en su condición de Defensora Pública del señor Ever Asael Zúniga Moreno, por lo que anula en numeral cuarto de la parte dispositiva del fallo de la sentencia impugnada y en su lugar, condena al señor Ever Asael Zúniga Moreno, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido Quiritis, a la pena de diez años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Panas rebajadas impuestas a los acusados señor Eduardo Joset Corea Lara, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido Quirino y al señor Ever Asael Zúniga Moreno, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido Quiritis, que han de tomarse en cuenta para la ponderación de retroactividad de la ley penal más favorable. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Eduardo Joset Corea Lara como autor responsable de los delitos de: 1) Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido Quiritis, por el que le correspondería ser sancionado penalmente con una pena abstracta establecida en el artículo 192 en el Nuevo Código Penal con pena de Quince (15) a veinte (20) años de prisión rebajada en una cuarta parte, de conformidad a lo que dispone el artículo 21 inciso b) en relación al artículo 62, por tratarse de una tentativa acabada, que se produce cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y esta no se produjo, y que corresponde a la pena abstracta comprendida entre once (11) años, Tres (3) meses a quince (15) años de Prisión; 2) Robo Agravado en perjuicio de los Testigos Protegidos Quirino y Quiritis, por el que le correspondería ser sancionado con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión de conformidad a lo que dispone el artículo 361 del nuevo Código Penal, aumentada en una tercera parte, por haber cometido el hecho empleando arma peligrosa, en estricta aplicación de lo que dispone el artículo 363.6 del Nuevo código Penal, por lo que la nueva pena abstracta sería de ocho (8) años a diez (10 ) años, ocho (8) meses de prisión; y, 3) Tenencia o Porte Ilegal de Arma de Fuego Permitida en perjuicio del Orden Público, por el que le correspondería ser sancionado con una pena de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 580.1 del Nuevo Código Penal. Todas las penas anteriores, en concurso real de delitos que suman una nueva pena abstracta de veinte (20) años, tres (3) meses a veintinueve (29) años, ocho (8) meses de prisión. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, respecto al señor Ever Asael Zúniga Moreno , como autor responsable de los delitos de: 1) Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido Quiritis, por el que le correspondería ser sancionado penalmente con una pena abstracta establecida en el artículo 192 en el Nuevo Código Penal con pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión rebajada en una cuarta parte, de conformidad a lo que dispone el artículo 21 inciso b) en relación al artículo 62, por tratarse de una tentativa acabada, que se produce cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y esta no se produjo, y que corresponde a la pena abstracta comprendida entre once (11) años, Tres (3) meses a quince (15) años de Prisión. Por todo lo anterior, Conforme al Código Penal 130-2017 a los acusados Eduardo Joset Corea Lara y Ever Asael Zúniga Moreno, le sería aplicables la pena accesoria de inhabilitación absoluta, de privación de todos los honores, cargos, oficios públicos, aunque sean electivos, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena. A partir de lo anterior, al haber prosperado el motivo de casación a favor del acusado señor Eduardo Joset Corea Lara, la pena impuesta acumulada que conforme el CP-144-83 sería la siguiente: 1) De Diez (10) años de reclusión, autor del delito de Homicidio Simple en Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del testigo Protegido Quirino; 2) De seis (6) años, ocho (8) meses, de reclusión, por el delito de Robo Agravado en perjuicio de los Testigos Protegidos Quirino y Quiritis; y, 3) De tres (3) años de Reclusión, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Tipo Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos, penas que en concurso real de delitos suman la cantidad de diecinueve (19) años, ocho (8) meses de Reclusión, la que es menor a la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017 que prevé una pena acumulada por esos mismos delitos de veinte (20) años, tres (3) meses a veintinueve (29) años, ocho (8) meses de prisión, además de penas privativas de otros derechos, que no le fueron impuestas; y respecto a la pena impuesta al señor Ever Asael Zúniga Moreno, conforme el CP-144-83 es de diez (10) años de reclusión es también menor a la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017 que prevé una pena para el mismo delitos de once años (11) años, tres (3) meses de Prisión, y conlleva la aplicación de penas accesorias. Por tanto, no corresponde a los señores Eduardo Joset Corea Lara y Ever Asael Zúniga Moreno, la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. ..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-407-2017 por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Eduardo Joset Corea Lara, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido QUIRINO, a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; Segundo: Condenó al señor Eduardo Joset Corea Lara, como autor del delito de Robo Agravado, en perjuicio de los Testigos Protegidos QUIRINO y QUIRITIS, a la pena de seis años y ocho meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Condenó al señor Eduardo Joset Corea Lara, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Condenó al señor Ever Asael Zúniga Moreno, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido QUIRITIS, a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal Quinto: Se declaró responsable civilmente a los señores Eduardo Joset Corea Lara y Ever Asael Zúniga Moreno, de la restitución del objeto robado e indemnización de perjuicios ocasionados por los delitos por los cuales se les condena; Sexto: Se declaró el comiso de un arma de fuego calibre .380 admitida y evacuada como medio de prueba del debate; Séptimo: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a los señores Eduardo Joset Corea Lara y Ever Asael Zúniga Moreno. SON PARTES: Los abogados Alba Regina Paniagua y Mario Reiniery Amador, en su condición de Defensores Públicos del señor Eduardo Joset Corea Lara, como parte recurrente; los abogados Alba Regina Paniagua y Arnaldo Alcides García, en su condición de Defensores Públicos del señor Ever Asael Zúniga Moreno, como parte recurrente; y, la abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Único: El jueves veintidós de enero del dos mil quince, a las doce del mediodía los testigos protegidos “Quiritís” y “Quirino”, se encontraban en los predios de la Inmobiliaria Santa Lucia ejerciendo sus labores de vigilancia del predio, quienes escucharon un ruido en la parte alta de la montaña similar al producido cuando se cortan árboles, observando al llegar a dicho lugar a tres personas, entre ellos Ever Asael Zúniga Moreno y Eduardo Joset Corea Lara, por lo que uno de los testigos les pidió que abandonasen el lugar, sin embargo, ambas personas antes mencionadas se acercaron al testigo de sobrenombre Quirino y le apuntaron con armas de fuego, exigiéndole que tirara todas sus pertenencias al suelo, ordenándole que no se moviera, por lo que el testigo Quiritis intento reportar la situación a los demás compañeros vigilantes que se encontraban en los predios por medio del radio woki toki marca Motorola que portaba, por lo que una de las personas que se introdujeron en el predio le propinó un golpe en el brazo derecho para que soltara el radio, logrando despojarlo del mismo y entre dos de estas personas lanzaron al suelo al testigo de sobrenombre Quiritis, por lo que al ver esta acción el testigo Quirino andaba un machete y se dispuso a intervenir en su defensa, por lo que el señor Ever Asael Zúniga Moreno disparó el arma sobre el pecho del testigo protegido Quirino, la cual se atascó, momento que aprovechó el testigo protegido Quirino para darle un machetazo con el cual le corto una mano al señor Ever Asael Zúniga Moreno, logrando a continuación ambos testigos protegidos salir corriendo del lugar, por lo que Eduardo Joset Corea Lara, junto con su acompañante salen en persecución del testigo protegido Quiritis realizándole un disparo de arma de fuego, el cual logra escapar ileso del lugar y los compañeros del testigo protegido piden apoyo a la policía, los cuales se desplazan en una patrulla requiriendo a los testigos protegidos que iban corriendo en la carretera que conduce a Valle de Ángeles y proceden a capturar al señor Eduardo Joset Corea Lara, en las inmediaciones en que ocurrieron los hechos, encontrándose al señor Joset Corea Lara en posesión de una pistola calibre 3.80 con empuñadura de madera color café con 5 proyectiles sin percutir en el cargador y un proyectil atascado en la recamara que no disparo, siendo capturado posteriormente en el Hospital Escuela el señor Ever Asael Zúniga Moreno el cual se encontraba en dicho hospital por la pérdida de la mano.” RECURSO DE CASACIÓN: Las recurrentes Abogadas Irma Lizeth Aguilar y Giovenezza Dubois Zavala, en su condición de Defensores Públicos del señor Eduardo Joset Corea Lara, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto constitucional y por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 89 y 90, (PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 351 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas entre otras cosas disponen que: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y que ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor EDUARDO JOSET COREA LARA por los delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA y ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS “QUIRITIS” y “QUIRINO” infringe gravemente los fundamentales derechos a la presunción de inocencia y debido proceso, que por mandato constitucional le asisten al imputado. TERCERO: El Juzgador declaró terminantemente probado, que el imputado EDUARDO JOSET COREA LARA, el 22 de enero de 2015, mediante intimidación y violencia se apropió de bienes muebles de los testigos protegidos “Quiritis” y “Quirino”, asimismo, realizó un disparo con arma de fuego contra la humanidad del testigo protegido “Quiritis”. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque los hechos antes referidos no están respaldados por prueba suficientemente apta para acreditar la participación que en los mismos habría tenido el señor EDUARDO JOSET COREA LARA, pues, si bien es cierto el ente acusador, en la audiencia de juicio oral y público, ofreció prueba testifical y pericial balística, con la pretensión de acreditar la participación de EDUARDO JOSET COREA LARA en los hechos que se le imputan, sin embargo, el dicho de los supuestos ofendidos testigos protegidos “Quiritis” y “Quirino” no está rodeado de corroboradores periféricos de carácter objetivo que los respalden, contrario a ello la prueba pericial balística la desdice, resultando tales declaraciones en la pura manifestación subjetiva de ellos. QUINTO: El quebranto a los fundamentales derechos de presunción de inocencia y debido proceso del que goza el imputado se produce, porque las declaraciones de los ofendidos, como prueba decisiva de cargo, muestran insalvables debilidades e inconsistencias que las vuelven inciertas, fragilidad que se advierte cuando se las confronta con los resultados consignados en el dictamen forense de pericia balística número 546-2014, presentado por el perito oficial del Ministerio Público Jonny Alexander Flores, quien concluyó que el arma de fuego periciada por él, que sería la utilizada para intentar darle muerte al testigo protegido “Quirino”, se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, desvirtuando que la misma presentara algún atasco en su recámara, tampoco encontró que alguno de los proyectiles que portaba estuviere percutido, poniendo en duda la versión de los testigos que aseguraron que con esa arma se le intentó quitar la vida al testigo protegido “Quirino” y que no se produjo el disparo mortal por sufrir un atasco en la recámara del arma, problema operativo que es rotundamente negado por el perito balístico Jonny Alexander Flores; los resultados de la pericia antes referida, hace patente la incertidumbre del relato de los testigos de cargo y por tanto inadecuados para servir de soporte a un fallo condenatorio, como indebidamente lo resolvió el Tribunal de juicio. SEXTO: En un Estado de Derecho, como Honduras, la presunción de inocencia y el debido proceso exigen, que cualquier condena penal debe fundarse en pruebas concluyentes que den certeza de la existencia del delito y de la participación dolosa o culposa del imputado; exigencias que no se cumplen en el presente caso en el que se condenó al señor EDUARDO JOSET COREA LARA sin una base probatoria apropiada que le de sustento al fallo recurrido. SÉPTIMO: Conscientes estamos de que al Tribunal de casación no le es dable realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso se hace patente el vicio denunciado, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad de la sentencia impugnada y del juicio oral y público en el que fue dictada, ordenado la celebración de uno nuevo en el que sean observadas las normas constitucionales denunciadas como infringidas.” “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO UNICO: Infracción de Ley por falta de aplicación del artículo 66 en relación al 116, ambos del Código Penal. El presente motivo de casación está comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN PRIMERO: En el caso de mérito el Juzgador luego de valorar la prueba evacuada en el juicio declaró terminantemente probado, el hecho ÚNICO siguiente: “UNICO: El jueves veintidós de enero del dos mil quince, a las doce del mediodía los testigos protegidos “Quiritis” y “Quirino”, se encontraban en los predios de la Inmobiliaria Santa Lucia (sic) ejerciendo sus labores de vigilancia del predio, quienes escucharon un ruido en la parte alta de la montaña similar al producido cuando se cortan árboles, observando al llegar a dicho lugar a tres personas, entre ellos EVER ASAEL ZUNIGA MORENO y EDUARDO JOSET COREA LARA, por lo que uno de los testigos les pidió que abandonasen el lugar, sin embargo, ambas personas antes mencionadas se acercaron al testigo de sobrenombre Quirino y le apuntaron con arma de fuego, exigiéndole que tirara todas sus pertenencias al suelo, ordenándole que no se moviera, por lo que el testigo Quiritis intento(sic) reportar la situación a los demás compañeros vigilantes que se encontraban en los predios por medio de radio woki toki marca Motorola que portaba, por lo que una de las personas que se introdujeron en el predio le propinó un golpe en el brazo derecho para que soltara el radio, logrando despojarlo del mismo y entre dos de estas personas lanzaron al suelo al testigo de sobrenombre Quiritis, por lo que al ver esta acción el testigo Quirino andaba un machete y se dispuso a intervenir en su defensa, por lo que el señor Ever Asael Zúniga Moreno disparó el arma sobre el pecho del testigo protegido Quirino, la cual se atasco(sic), momento que aprovecho(sic) el testigo protegido Quirino para darle un machetazo con el cual le corto(sic) una mano al señor Ever Asael Zúniga Moreno, logrando a continuación ambos testigos protegidos salir corriendo del lugar, por lo que Eduardo Joset Corea Lara, junto con su acompañante salen en persecución del testigo protegido Quiritis realizándole un disparo de arma de fuego, el cual logra escapar ileso del lugar y los compañeros del testigo protegido piden apoyo a la policía, los cuales se desplazan en una patrulla requiriendo a los testigos protegidos que iban corriendo en la carretera que conduce a Valle de Ángeles y proceden a capturar al señor Eduardo Joset Corea Lara, en las inmediaciones en que ocurrieron los hechos, encontrándose al señor Joset Corea Lara en posesión de una pistoki calibre 3.80 con empuñadura de madera color café con 5 proyectiles sin percutir en el cargador y un proyectil atascado en la recamara que no disparo(sic), siendo capturado posteriormente en el Hospital Escuela el señor Ever Asad Zúniga Moreno el cual se encontraba en dicho hospital por la pérdida de la mano”. SEGUNDO: El Juzgador calificó que parte del referido cuadro fáctico es constitutivo de un delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO “QUIRITIS”, refiriendo en el párrafo tercero del numeral QUINTO del apartado de FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, del fallo impugnado, que: “la pena abstracta para castigar el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa con base en los artículos 15 y 116 del Código Penal oscila entre diez (10) a trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión”, sin embargo, en el numeral PRIMERO de la parte resolutiva del mismo fallo le impone a EDUARDO JOSET COREA LARA la pena concreta de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN misma que excede los límites punitivos previstos para el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA. TERCERO: La anterior decisión constituye una infracción de ley por falta de aplicación del artículo 66 en relación al 116, ambos del Código Penal, en donde se dispone que, al autor de una tentativa se le impondrá la pena prevista para el delito consumado rebajada en un tercio, disminución que en el caso de mérito no se efectuó. Por lo que resulta evidente que el Juzgador al imponer una pena que excede el marco legal de la pena abstracta aplicable lo hace infringiendo la ley por falta de aplicación del artículo 66 en relación al 116 del Código Penal. CUARTO: Con la interposición del presente motivo de casación pretendemos se gradúe adecuadamente la pena que se le debe imponer al señor EDUARDO JOSET COREA LARA, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio del testigo protegido “Quiritis” y que al no concurrir circunstancia agravantes debe imponérsele la pena mínima.” La recurrente Abogada Carmen Reina Ortíz, en su condición de Defensora Pública del señor Ever Asael Zúniga Moreno, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley por falta de aplicación del artículo 66 en relación al 116, ambos del Código Penal. El presente motivo de casación está comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN PRIMERO: En el caso de mérito el Juzgador luego de valorar la prueba evacuada en el juicio declaró terminantemente probado, el hecho ÚNICO siguiente: “UNICO: El jueves veintidós de enero del dos mil quince, a las doce del mediodía los testigos protegidos “Quiritís” y “Quirino” se encontraban en los predios de la Inmobiliaria Santa Lucia (sic) ejerciendo sus labores de vigilancia del predio, quienes escucharon un ruido en la parte alta de la montaña similar al producido cuando se cortan árboles, observando al llegar a dicho lugar a tres personas, entre ellos EVER ASAEL ZUNÍGA MORENO y EDUARDO JOSET COREA LARA, por lo que uno de los testigos les pidió que abandonasen el lugar, sin embargo, ambas personas antes mencionadas se acercaron al testigo de sobrenombre Quirino y le apuntaron con arma de fuego, exigiéndole que tirara todas sus pertenencias al suelo, ordenándole que no se moviera, por lo que el testigo Quíritís intento (sic) reportar la situación a los demás compañeros vigilantes que se encontraban en los predios por medio de radio woki tokí marca Motorola que portaba, por lo que una de las personas que se introdujeron en el predio le propinó un golpe en el brazo derecho para que soltara el radio, logrando despojarlo del mismo y entre dos de estas personas lanzaron al suelo al testigo de sobrenombre Quiritis, por lo que al ver esta acción el testigo Quirino andaba un machete y se dispuso a intervenir en su defensa, por lo que el señor Ever Asael Zúniga Moreno disparó el arma sobre el pecho del testigo protegido Quiríno, la cual se atasco (sic), momento que aprovecho(sic) el testigo protegido Quirino para darle un machetazo con el cual le corto (sic) una mano al señor Ever Asael Zúniga Moreno, logrando a continuación ambos testigos protegidos salir corriendo del lugar, por lo que Eduardo Joset Corea Lara, junto con su acompañante salen en persecución del testigo protegido Quíritís realizándole un disparo de arma de fuego, el cual logra escapar ileso del lugar y los compañeros del testigo protegido piden apoyo a la policía, los cuales se desplazan en una patrulla requiriendo a los testigos protegidos que iban corriendo en la carretera que conduce a Valle de Ángeles y proceden a capturar al señor Eduardo Joset Corea Lara, en las inmediaciones en que ocurrieron los hechos, encontrándose al señor Joset Corea Lara en posesión de una pistola calibre 3.80 con empuñadura de madera color café con 5 proyectiles sin percutir en el cargador y un proyectil atascado en la recamara que no disparo(sic), siendo capturado posteriormente en el Hospital Escuela el señor Ever Ásael Zúniga Moreno el cual se encontraba en dicho hospital por la pérdida de la mano”. SEGUNDO: El Juzgador calificó que parte del referido cuadro fáctico es constitutivo de un delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO “QUIRITIS”, refiriendo en el párrafo tercero del numeral QUINTO del apartado de FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, del fallo impugnado, que: “la pena abstracta para castigar el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa con base en los artículos 15 y 116 del Código Penal oscila entre diez (10) a trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión”, sin embargo, en el numeral CUARTO de la parte resolutiva del mismo fallo le impone a EVER ASAEL ZUNIGA MORENO, la pena concreta de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN misma que excede los límites punitivos previstos para el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA. TERCERO: La anterior decisión constituye una infracción de ley por falta de aplicación del artículo 66 en relación al 116, ambos del Código Penal, en donde se dispone que, al autor de una tentativa se le impondrá la pena prevista para el delito consumado rebajada en un tercio, disminución que en el caso de mérito no se efectuó. Por lo que resulta evidente que el Juzgador al imponer una pena que excede el marco legal de la pena abstracta aplicable lo hace infringiendo la ley por falta de aplicación del artículo 66 en relación al 116 del Código Penal. CUARTO: Con la interposición del presente motivo de casación pretendemos se gradúe adecuadamente la pena que se le debe imponer al señor EVER ASAEL ZUNIGA MORENO, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio del testigo protegido “Quiritis” y que al no concurrir circunstancia agravante debe imponérsele la pena mínima.” Fundamentación Infracción de Precepto Constitucional. Infracción de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República de Honduras, presentado por las Abogadas Irma Lizeth Aguilar y Giovenezza Dubois Zavala, en su condición de Defensores Públicos del señor Eduardo Joset Corea Lara. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 93 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación a los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Reclamación Ex Ante: No reclamada con anterioridad a la interposición del recurso. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se dicte la sentencia de fondo que corresponda de conformidad a derecho. Motivo Único: Infracción de los Preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 89 y 90, (Presunción de Inocencia y Debido Proceso), en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal, que establecen: primero, toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; segundo, que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, y, tercero: Que ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la constitución de la república, los tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. Aprecia que el juzgador al dictar sentencia condenatoria contra del señor Eduardo Joset Corea Lara por los delitos de Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa y Robo Agravado en perjuicio de los Testigos Protegidos “Quiritis” y “Quirino” infringe los fundamentales derechos a la presunción de inocencia y debido proceso, que por mandato constitucional le asisten al imputado. Reprocha que los hechos declarados probados por el tribunal no están respaldados por prueba suficientemente apta para acreditar la participación del imputado, pues el acusador en la audiencia de juicio ofreció prueba testifical y pericial balística, con la pretensión de acreditar su participación, pero, el dicho de los testigos protegidos “Quiritis” y “Quirino” carece de corroboración periférica objetiva. Por el contrario, la prueba pericial balística desdice tales declaraciones, pues las declaraciones de los testigos protegidos muestran debilidades e inconsistencias al confrontarlas con el Dictamen de la Pericia Balística No.546-2014, presentado por el Perito oficial Jonny Alexander Flores, quien concluye que el arma de fuego periciada utilizada para intentar darle muerte al testigo protegido “Quirino”, se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, desvirtuando que presentara algún atasco en su recámara, tampoco encontró que alguno de los proyectiles estuviere percutido, poniendo en duda la versión de los testigos protegidos que aseguraron que con esa arma se intentó quitarle la vida al Testigo Protegido “Quirino” y que no se produjo el disparo mortal por sufrir un atasco en la recámara del arma, problema operativo que es negado por el perito balístico. los resultados de la pericia balístico, hace introduce incertidumbre del relato de los testigos protegidos, por lo que resultan ser inadecuados como soporte del fallo condenatorio. Concepto General del Recurso. Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] Concepto especifico. La Constitución de la República en su Artículo 82 dispone que: “El derecho de defensa es inviolable…”, el que está en estrecha vinculación al derecho-garantía de un Debido Proceso, en cual garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso ha de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley. Deriva del derecho de defensa los sub principios de Contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho de las partes procesales, por intermedio de sus apoderados, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus respectivos derechos. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos, en los derechos procesales. Por Debido Proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia Penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de Defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, en base a un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el Debido proceso encierra todas las Garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como:1. Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta; 2. La Prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. La Constitución de la República en su Art. 90 constitucional establece el Derecho al acusado de gozar de un debido proceso, proceso justo o legal, del que derivan el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo este como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un Juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un Juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del Juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe los preceptos constitucionales que garantizan los derechos de defensa y de Debido Proceso, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Del derecho de defensa deriva del derecho de contradicción o audiencia, de igualdad de armas procesales, derecho a proponer pruebas, formular alegatos y de impugnar resoluciones, derecho a que el juicio se desarrolle en un plano de igualdad frente al poder punitivo del Estado. Por su parte, el debido proceso el Debido proceso encierra todas las Garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como: 1. Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta; 2. La Prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. En este caso el recurrente considera infringidos los preceptos constitucionales de defensa y Debido proceso, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por considerar que en el presente caso los hechos declarados probados por el tribunal no están respaldados por prueba suficientemente apta para acreditar la participación del acusado señor Eduardo Joset Corea Lara, a título de autor de los delitos de Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa y Robo Agravado en perjuicio de los Testigos Protegidos “Quiritis” y “Quirino”, por considerar que en la audiencia de juicio el fiscal del Ministerio Público ofreció prueba testifical y pericial balística, con la pretensión de acreditar su participación, pero, el dicho de los Testigos Protegidos “Quiritis” Y “Quirino” carecen de corroboración periférica objetiva, debido a que por el contrario, la prueba pericial balística contradice las declaraciones de dichos testigos protegidos puesto que al confrontarlas con el Dictamen de la Pericia Balística No.546-2014, presentado por el Perito oficial Jonny Alexander Flores, asegura que el arma de fuego periciada se encuentra en buen estado mecánico y de funcionamiento y niega que se habría producido un atasco del arma lo que impidió que el del acusado, causara una herida de arma de fuego contra el testigo protegido. Esta Sala al analizar los antecedentes del caso, encuentra con la prueba de testigos de caro, el A quo tiene por acreditado el hecho declarado probado, lo cual es corroborado con las conclusiones obtenidas del medio de prueba pericial balístico, practicado por el Perito forense con el que el juzgador concluye que el acusado Eduardo Joset Corea Lara, junto a otros es coautor de Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa y Robo Agravado en perjuicio de los Testigos Protegidos “Quiritis” y “Quirino”. Esta Sala considera que el este caso, el acusado Eduardo Joset Corea Lara ha sido sometido a juicio y juzgado por el tribunal de sentencia con estricta observancia de los derechos, formalidades y garantía que componen el Debido Proceso, entre ellos el derecho de defensa, en tanto que ha tenido derecho al juicio contradictorio, en plano de igualdad frente a su acusador público, en la que ha recaído prueba de cargo suficiente con la que se ha enervado la presunción de inocencia, con prueba directa de cargo a la que el juzgador ha otorgado veracidad y confiabilidad, al no haber motivos para considerar que los Testigos Protegidos “Quiritis” Y “Quirino”, han faltado a la verdad, declaraciones que se corroboran con la prueba balística de las que resulta que el arma que al momento de ser evaluada por el perito estaba en buen estado mecánico y de funcionamiento, lo que no descarta que al momento de los hechos se haya producido un atascado de proyectil en su recama. Por lo anterior, el acusado Eduardo Joset Corea Lara ha estado representados por abogados de la Defensa Pública, en igualdad de condiciones con el Fiscal del Ministerio Público de presentar todo tipo de incidentes, medios de pruebas, alegaciones y presentación de recursos, por lo que concluye que la sentencia impugnada no infringe los preceptos constitucionales que garantizan los derechos de defensa y Debido Proceso consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Recurso de Casación por Infracción de ley por Falta de Aplicación del artículo 66 en relación al 116, ambos del Código Penal, presentado por las Abogadas Irma Lizeth Aguilar y Giovenezza Dubois Zavala, en su condición de Defensores Públicos del señor Eduardo Joset Corea Lara. Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo 66 en relación al 116, ambos del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Motivo Único: Resumen: Infracción de ley por falta de aplicación del artículo 66, en relación al 116, ambos del Código Penal. El juzgador calificó que el cuadro fáctico es constitutivo de un delito de Homicidio Simple en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio del Testigo Protegido “Quiritis”. Del numeral quinto del apartado de fundamentación jurídica del fallo impugnado, se lee: “La pena abstracta para castigar el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa con base en los artículos 15 y 116 del Código Penal oscila entre diez (10) a trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión”: Sin embargo, en el numeral primero de la parte resolutiva del mismo fallo el tribunal impone al señor Eduardo Joset Corea Lara la pena concreta de quince (15) años de reclusión, lo que excede los límites punitivos previstos para el delito por el que se le condena. Decisión que constituye infracción de ley por falta de aplicación del artículo 66, en relación al 116, ambos del Código Penal, en donde se dispone que, al autor de una tentativa se le impondrá la pena prevista para el delito consumado rebajada en un tercio, al no concurrir circunstancias agravantes por lo que se le debió imponer la pena mínima. Concepto General del recurso: A través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto específico El tribunal impone al señor Eduardo Joset Corea Lara la pena concreta de quince (15) años de reclusión, lo que excede los límites punitivos previstos para el delito Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, que de conformidad a los artículos 15 y 116 del Código Penal su pena debe oscilar entre diez (10) a trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión. Decisión que infringe la ley penal sustantiva por falta de aplicación del artículo 66, en relación al 116, ambos del Código Penal. De la Procedencia Recurso. El Recurso es de Recibo. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en Falta de Aplicación del artículo 66, en relación al 116, ambos del Código Penal. El artículo 66 del Código Penal vigente al momento de los hechos establece: “Al autor de una tentativa y al cómplice de delito consumado se sancionará con la pena aplicable al autor del delito consumado rebajada en un tercio (1/3). En el caso que el delito esté penado con privación de la libertad por vida, se les aplicará de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión.”. Por su parte el artículo 116. Del mismo cuerpo legal dispone: “Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes Artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.”. En el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Único: El jueves veintidós de enero del dos mil quince, a las doce del mediodía los testigos protegidos “Quiritís” y “Quirino”, se encontraban en los predios de la Inmobiliaria Santa Lucia ejerciendo sus labores de vigilancia del predio, quienes escucharon un ruido en la parte alta de la montaña similar al producido cuando se cortan árboles, observando al llegar a dicho lugar a tres personas, entre ellos Ever Asael Zúniga Moreno y Eduardo Joset Corea Lara, por lo que uno de los testigos les pidió que abandonasen el lugar, sin embargo, ambas personas antes mencionadas se acercaron al testigo de sobrenombre Quirino y le apuntaron con armas de fuego, exigiéndole que tirara todas sus pertenencias al suelo, ordenándole que no se moviera, por lo que el testigo Quiritis intento reportar la situación a los demás compañeros vigilantes que se encontraban en los predios por medio del radio woki toki marca Motorola que portaba, por lo que una de las personas que se introdujeron en el predio le propinó un golpe en el brazo derecho para que soltara el radio, logrando despojarlo del mismo y entre dos de estas personas lanzaron al suelo al testigo de sobrenombre Quiritis, por lo que al ver esta acción el testigo Quirino andaba un machete y se dispuso a intervenir en su defensa, por lo que el señor Ever Asael Zúniga Moreno disparó el arma sobre el pecho del testigo protegido Quirino, la cual se atascó, momento que aprovechó el testigo protegido Quirino para darle un machetazo con el cual le corto una mano al señor Ever Asael Zúniga Moreno, logrando a continuación ambos testigos protegidos salir corriendo del lugar, por lo que Eduardo Joset Corea Lara, junto con su acompañante salen en persecución del testigo protegido Quiritis realizándole un disparo de arma de fuego, el cual logra escapar ileso del lugar y los compañeros del testigo protegido piden apoyo a la policía, los cuales se desplazan en una patrulla requiriendo a los testigos protegidos que iban corriendo en la carretera que conduce a Valle de Ángeles y proceden a capturar al señor Eduardo Joset Corea Lara, en las inmediaciones en que ocurrieron los hechos, encontrándose al señor Joset Corea Lara en posesión de una pistola calibre 3.80 con empuñadura de madera color café con 5 proyectiles sin percutir en el cargador y un proyectil atascado en la recamara que no disparo, siendo capturado posteriormente en el Hospital Escuela el señor Ever Asael Zúniga Moreno el cual se encontraba en dicho hospital por la pérdida de la mano.” Esta Sala observa que en el numeral quinto del apartado de fundamentación jurídica del fallo impugnado, el tribunal de sentencia se lee: “La pena abstracta para castigar el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa con base en los artículos 15 y 116 del Código Penal oscila entre diez (10) a trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión”, no obstante por error material en el numeral primero de la parte resolutiva del fallo el tribunal impone al señor Eduardo Joset Corea Lara la pena concreta de quince (15) años de reclusión, lo que excede los límites punitivos previstos para el delito por el que se le condena. Por lo expuesto, esta Sala considera que efectivamente la decisión del juzgador infringe de ley penal sustantiva por falta de aplicación del artículo 66, en relación al 116, ambos del Código Penal, en virtud que al autor de una tentativa se ha de imponer la pena establecida para el delito consumado en este caso de Homicidio rebajada en un tercio, pues en este caso el juzgador consideró la no concurrencia de circunstancias agravantes, por lo que se le debió imponer la pena mínima para el autor de Homicidio en grado de ejecución de tentativa, de diez años de reclusión. Por lo anterior, esta Sala concluye que declara ha lugar el motivo de casación de infracción de ley, invocado por el recurrente. Recurso de Casación por Infracción de ley por Falta de Aplicación del artículo 66 en relación al 116, ambos del Código Penal, presentado por la Abogada Carmen Reina Ortíz, en su condición de Defensora Pública del señor Ever Asael Zúniga Moreno. Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo 66 en relación al 116, ambos del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Motivo Único: Resumen: Infracción de ley por falta de aplicación del artículo 66, en relación al 116, ambos del Código Penal. El juzgador calificó que el cuadro fáctico es constitutivo de un delito de Homicidio Simple en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio del Testigo Protegido “Quiritis”. Del numeral quinto del apartado de fundamentación jurídica del fallo impugnado, se lee: “La pena abstracta para castigar el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa con base en los artículos 15 y 116 del Código Penal oscila entre diez (10) a trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión”: Sin embargo, en el numeral primero de la parte resolutiva del mismo fallo el tribunal impone al señor Ever Asael Zúniga Moreno la pena concreta de quince (15) años de reclusión, lo que excede los límites punitivos previstos para el delito por el que se le condena. Decisión que constituye infracción de ley por falta de aplicación del artículo 66, en relación al 116, ambos del Código Penal, en donde se dispone que, al autor de una tentativa se le impondrá la pena prevista para el delito consumado rebajada en un tercio, al no concurrir circunstancias agravantes por lo que se le debió imponer la pena mínima. Concepto General del recurso: A través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto específico El tribunal impone al señor Ever Asael Zúniga Moreno la pena concreta de quince (15) años de reclusión, lo que excede los límites punitivos previstos para el delito Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, que de conformidad a los artículos 15 y 116 del Código Penal su pena debe oscilar entre diez (10) a trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión. Decisión que infringe la ley penal sustantiva por falta de aplicación del artículo 66, en relación al 116, ambos del Código Penal. De la Procedencia Recurso. El Recurso es de Recibo. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en Falta de Aplicación del artículo 66, en relación al 116, ambos del Código Penal. El artículo 66 del Código Penal vigente al momento de los hechos establece: “Al autor de una tentativa y al cómplice de delito consumado se sancionará con la pena aplicable al autor del delito consumado rebajada en un tercio (1/3). En el caso que el delito esté penado con privación de la libertad por vida, se les aplicará de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión.”. Por su parte el artículo 116. Del mismo cuerpo legal dispone: “Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes Artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.”. En el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Único: El jueves veintidós de enero del dos mil quince, a las doce del mediodía los testigos protegidos “Quiritís” y “Quirino”, se encontraban en los predios de la Inmobiliaria Santa Lucia ejerciendo sus labores de vigilancia del predio, quienes escucharon un ruido en la parte alta de la montaña similar al producido cuando se cortan árboles, observando al llegar a dicho lugar a tres personas, entre ellos Ever Asael Zúniga Moreno y Eduardo Joset Corea Lara, por lo que uno de los testigos les pidió que abandonasen el lugar, sin embargo, ambas personas antes mencionadas se acercaron al testigo de sobrenombre Quirino y le apuntaron con armas de fuego, exigiéndole que tirara todas sus pertenencias al suelo, ordenándole que no se moviera, por lo que el testigo Quiritis intento reportar la situación a los demás compañeros vigilantes que se encontraban en los predios por medio del radio woki toki marca Motorola que portaba, por lo que una de las personas que se introdujeron en el predio le propinó un golpe en el brazo derecho para que soltara el radio, logrando despojarlo del mismo y entre dos de estas personas lanzaron al suelo al testigo de sobrenombre Quiritis, por lo que al ver esta acción el testigo Quirino andaba un machete y se dispuso a intervenir en su defensa, por lo que el señor Ever Asael Zúniga Moreno disparó el arma sobre el pecho del testigo protegido Quirino, la cual se atascó, momento que aprovechó el testigo protegido Quirino para darle un machetazo con el cual le corto una mano al señor Ever Asael Zúniga Moreno, logrando a continuación ambos testigos protegidos salir corriendo del lugar, por lo que Eduardo Joset Corea Lara, junto con su acompañante salen en persecución del testigo protegido Quiritis realizándole un disparo de arma de fuego, el cual logra escapar ileso del lugar y los compañeros del testigo protegido piden apoyo a la policía, los cuales se desplazan en una patrulla requiriendo a los testigos protegidos que iban corriendo en la carretera que conduce a Valle de Ángeles y proceden a capturar al señor Eduardo Joset Corea Lara, en las inmediaciones en que ocurrieron los hechos, encontrándose al señor Joset Corea Lara en posesión de una pistola calibre 3.80 con empuñadura de madera color café con 5 proyectiles sin percutir en el cargador y un proyectil atascado en la recamara que no disparo, siendo capturado posteriormente en el Hospital Escuela el señor Ever Asael Zúniga Moreno el cual se encontraba en dicho hospital por la pérdida de la mano.” Esta Sala observa que en el numeral quinto del apartado de fundamentación jurídica del fallo impugnado, el tribunal de sentencia se lee: “La pena abstracta para castigar el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa con base en los artículos 15 y 116 del Código Penal oscila entre diez (10) a trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión”, no obstante por error material en el numeral primero de la parte resolutiva del fallo el tribunal impone al señor Ever Asael Zúniga Moreno la pena concreta de quince (15) años de reclusión, lo que excede los límites punitivos previstos para el delito por el que se le condena. Por lo expuesto, esta Sala considera que efectivamente la decisión del juzgador infringe de ley penal sustantiva por falta de aplicación del artículo 66, en relación al 116, ambos del Código Penal, en virtud que al autor de una tentativa se ha de imponer la pena establecida para el delito consumado en este caso de Homicidio rebajada en un tercio, pues en este caso el juzgador consideró la no concurrencia de circunstancias agravantes, por lo que se le debió imponer la pena mínima para el autor de Homicidio en grado de ejecución de tentativa, de diez años de reclusión. Por lo anterior, esta Sala concluye que declara ha lugar el motivo de casación de infracción de ley, invocado por el recurrente. DECISIÓN, esta Sala declara: 1. No ha lugar el motivo único de Infracción de Precepto Constitucional invocado por las Abogadas Irma Lizeth Aguilar y Giovenezza Dubois Zavala, en su condición de Defensores Públicos del señor Eduardo Joset Corea Lara. 2. Ha lugar el motivo único de Infracción de Ley Penal Sustantiva invocado por las Abogadas Irma Lizeth Aguilar y Giovenezza Dubois Zavala, en su condición de Defensores Públicos del señor Eduardo Joset Corea Lara. 3.Ha lugar el motivo único de Infracción de Ley Penal Sustantiva invocado por la Abogada Carmen Reina Ortíz, en su condición de Defensora Pública del señor Ever Asael Zúniga Moreno. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son:1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla generalaplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: d. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Eduardo Joset Corea Lara., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Eduardo Joset Corea Lara, las penas principales siguientes: 1) De quince (15) años de reclusión, autor del delito de Homicidio Simple en Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del testigo Protegido Quirino; 2) De seis (6) años, ocho (8) meses, de reclusión, por el delito de Robo Agravado en perjuicio de los Testigos Protegidos Quirino y Quiritis; y, 3) De tres (3) años de Reclusión, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Tipo Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos, penas que en concurso real de delitos suman la cantidad de veinticuatro años (24), ocho (8) meses de Reclusión. En este caso la Sala de lo Penal ha declarado ha lugar el motivo único de Infracción de Ley Penal Sustantiva invocado por las Abogadas Irma Lizeth Aguilar y Giovenezza Dubois Zavala, en su condición de Defensores Públicos del señor Eduardo Joset Corea Lara, por lo que anula en numeral primero de la parte dispositiva del fallo de la sentencia impugnada y en su lugar, condenar al señor Eduardo Joset Corea Lara, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido Quirino, a la pena de diez años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Asimismo, ha declarado Ha lugar el motivo único de Infracción de Ley Penal Sustantiva invocado por la Abogada Carmen Reina Ortíz, en su condición de Defensora Pública del señor Ever Asael Zúniga Moreno, por lo que anula en numeral cuarto de la parte dispositiva del fallo de la sentencia impugnada y en su lugar, condena al señor Ever Asael Zúniga Moreno, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido Quiritis, a la pena de diez años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Panas rebajadas impuestas a los acusados señor Eduardo Joset Corea Lara, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido Quirino y al señor Ever Asael Zúniga Moreno, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido Quiritis, que han de tomarse en cuenta para la ponderación de retroactividad de la ley penal más favorable. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Eduardo Joset Corea Lara como autor responsable de los delitos de: 1) Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido Quiritis, por el que le correspondería ser sancionado penalmente con una pena abstracta establecida en el artículo 192 en el Nuevo Código Penal con pena de Quince (15) a veinte (20) años de prisión rebajada en una cuarta parte, de conformidad a lo que dispone el artículo 21 inciso b) en relación al artículo 62, por tratarse de una tentativa acabada, que se produce cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y esta no se produjo, y que corresponde a la pena abstracta comprendida entre once (11) años, Tres (3) meses a quince (15) años de Prisión; 2) Robo Agravado en perjuicio de los Testigos Protegidos Quirino y Quiritis, por el que le correspondería ser sancionado con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión de conformidad a lo que dispone el artículo 361 del nuevo Código Penal, aumentada en una tercera parte, por haber cometido el hecho empleando arma peligrosa, en estricta aplicación de lo que dispone el artículo 363.6 del Nuevo código Penal, por lo que la nueva pena abstracta sería de ocho (8) años a diez (10 ) años, ocho (8) meses de prisión; y, 3) Tenencia o Porte Ilegal de Arma de Fuego Permitida en perjuicio del Orden Público, por el que le correspondería ser sancionado con una pena de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 580.1 del Nuevo Código Penal. Todas las penas anteriores, en concurso real de delitos que suman una nueva pena abstracta de veinte (20) años, tres (3) meses a veintinueve (29) años, ocho (8) meses de prisión. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, respecto al señor Ever Asael Zúniga Moreno , como autor responsable de los delitos de: 1) Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido Quiritis, por el que le correspondería ser sancionado penalmente con una pena abstracta establecida en el artículo 192 en el Nuevo Código Penal con pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión rebajada en una cuarta parte, de conformidad a lo que dispone el artículo 21 inciso b) en relación al artículo 62, por tratarse de una tentativa acabada, que se produce cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y esta no se produjo, y que corresponde a la pena abstracta comprendida entre once (11) años, Tres (3) meses a quince (15) años de Prisión. Por todo lo anterior, Conforme al Código Penal 130-2017 a los acusados Eduardo Joset Corea Lara y Ever Asael Zúniga Moreno, le sería aplicables la pena accesoria de inhabilitación absoluta, de privación de todos los honores, cargos, oficios públicos, aunque sean electivos, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena. A partir de lo anterior, al haber prosperado el motivo de casación a favor del acusado señor Eduardo Joset Corea Lara, la pena impuesta acumulada que conforme el CP-144-83 sería la siguiente: 1) De Diez (10) años de reclusión, autor del delito de Homicidio Simple en Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del testigo Protegido Quirino; 2) De seis (6) años, ocho (8) meses, de reclusión, por el delito de Robo Agravado en perjuicio de los Testigos Protegidos Quirino y Quiritis; y, 3) De tres (3) años de Reclusión, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Tipo Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos, penas que en concurso real de delitos suman la cantidad de diecinueve (19) años, ocho (8) meses de Reclusión, la que es menor a la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017 que prevé una pena acumulada por esos mismos delitos de veinte (20) años, tres (3) meses a veintinueve (29) años, ocho (8) meses de prisión, además de penas privativas de otros derechos, que no le fueron impuestas; y respecto a la pena impuesta al señor Ever Asael Zúniga Moreno, conforme el CP-144-83 es de diez (10) años de reclusión es también menor a la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017 que prevé una pena para el mismo delitos de once años (11) años, tres (3) meses de Prisión, y conlleva la aplicación de penas accesorias. Por tanto, no corresponde a los señores Eduardo Joset Corea Lara y Ever Asael Zúniga Moreno, la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 66 y 116 del Código Penal; y 360 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara: 1) No ha lugar el motivo único de Infracción de Precepto Constitucional invocado por las Abogadas Irma Lizeth Aguilar y Giovenezza Dubois Zavala, en su condición de Defensores Públicos del señor Eduardo Joset Corea Lara; 2) Ha lugar el motivo único de Infracción de Ley Penal Sustantiva invocado por las Abogadas Irma Lizeth Aguilar y Giovenezza Dubois Zavala, en su condición de Defensores Públicos del señor Eduardo Joset Corea Lara; y 3) Ha lugar el motivo único de Infracción de Ley Penal Sustantiva invocado por la Abogada Carmen Reina Ortíz, en su condición de Defensora Pública del señor Ever Asael Zúniga Moreno; Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- Tercero: Casa parcialmente la Sentencia de fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en los numerales primero y cuatro de la parte dispositiva del fallo que se anulan de la sentencia impugnada y en consecuencia en su lugar, Falla: 1) Condenar al señor Eduardo Joset Corea Lara, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido Quirino, a la pena de diez años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; y 2) Condenar al señor Ever Asael Zúniga Moreno, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido Quiritis, a la pena de diez años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Dejar perfectamente válida e incólume los numerales segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo, de la parte dispositiva de la sentencia recurrida, por encontrarse de conformidad a derecho; Quinto: Por lo anterior, las penas acumuladas que le correspondería cumplir al señor Eduardo Joset Corea Lara, son las siguientes: 1) De Diez (10) años de reclusión, autor del delito de Homicidio Simple en Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del testigo Protegido Quirino; 2) De seis (6) años, ocho (8) meses, de reclusión, por el delito de Robo Agravado en perjuicio de los Testigos Protegidos Quirino y Quiritis; y, 3) De tres (3) años de Reclusión, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Tipo Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, que en concurso real de delitos suman la cantidad de diecinueve (19) años, ocho (8) meses de Reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos; Y respecto al señor Eduardo Joset Corea Lara, le correspondería cumplir la pena de Diez (10) años de reclusión, como autor del delito de Homicidio Simple en Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del testigo Protegido Quiritis, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes para que ejecute la presente sentencia. NOTIFÍQUESE. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-407-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.