Sentencia CP-406-18 — Registro 14230
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Homicidio, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación y declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. – El impetrante alega que el sentenciador no observó en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica, y que el razonamiento del juzgador lo considera como infracción al postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, así como de veracidad, el cual, como sabemos el razonamiento debe derivar de elementos auténticos, la regla de veracidad que exige, que todo razonamiento intelectivo se desprende de una prueba, sin alterar los resultados de ésta. Para esta Sala de lo Penal es importante aclarar que, al conocer de los recursos de casación por el motivo alegado por el recurrente, de “no haberse observado las reglas de la sana crítica”, el control casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del entendimiento humano (lógica, experiencia y psicología), y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas aplicables al caso concreto. En la valoración de la Prueba testifical consistente en la declaración de la testigo María Arminda Ferrufino, quien expresó que, : “El día jueves 21 de mayo, a eso de las 4:40 de la tarde con su esposo recibieron una llamada de Adela López, que fueran a traer un dinero de unos cerdos que le habían fiado, a las 4:45 pm salieron de la casa de habitación con rumbo a Alianza, en el camino se encontraron con unos asaltantes por el puente de Alianza, al lado izquierdo estaba J. T., al lado derecho el otro joven que no lo reconoció; no les hicieron señal de parada, salió un disparo el cual entró por su puerta impactando en su esposo Simón, el balazo en el lado desecho, ella estaba recostada y vio al joven J. T., quien andaba camisa larga ancha de manga y cuando la vio este se cubrió la cabeza entonces ella le dijo que de gusto se cubría porque ya lo había reconocido que era el nieto de Lidia García, inmediatamente J. abrió la puerta del carro procediendo a registrar a su esposo, y solo se llevó el celular porque su esposo echaba bastante sangre; el otro muchacho junto con J. le pedían pistola, ella se salió del carro y dejaron de registrar l carro, pero empezó a luchar y vio que el arma que andaba el desconocido era una chimba; ella llevaba mil (L 1,000) lempiras en un frasco y dijeron vámonos que va a venir la policía; al siguiente día del hecho detuvieron a J. pero también detuvieron a otra persona, manifestando la declarante que reconoció a J., pero no al otro a ese no le sabía el nombre, pero dicen que era Kevin Cordova. En el interrogatorio respondió: J. no portaba arma, J. Turcios le quitó el celular a su esposo Simón quien no portaba arma ese día que ocurrieron los hechos, la calle era sola, de tierra sin casas alrededor, que solo fue un disparo. La defensa encontró contradicción en las declaraciones previas de la testigo, que, en audiencia inicial, donde declaró que a su esposo Simón López no le habían sustraído nada, ya que la cartera la andaba atrás y él no lo registró, y en el debate afirmó que J. le quitó el celular a su esposo sin justificar porque el cambio de versión; la declarante. Aclaró que, quien disparó fue el otro sujeto, primera vez que veía su rostro, era trigueño, gordo, tenía aruñones era ñato, afirmó que en la Sala de Juicio no se encontraba la persona que le disparó a su esposo.” Esta Sala considera que lo declarado por la Testigo María Arminda Ferrufino, quien identifica plenamente al acusado J. E. T. G., en la sala de juicio está debidamente corroborado en el debate por los medios de prueba documentales, como ser: Acta de Inspección Ocular (F. 22-24) de fecha 22 de mayo del 2015; Autorización de Ingreso a Vivienda (F.18) de fecha 22 de mayo 2015; Acta de Registro Personal (F.16) de fecha 22 de mayo 2015; Acta de Decomiso (F17) de fecha 22 de mayo 2015; Acta de Inspección de Vehículo y recolección de indicios (F 25) de fecha 22 de mayo 2015; Acta de Levantamiento del señor Simón López (F.8-11) de fecha 21 mayo 2015, como causa probable de muerte herida penetrante en tórax con lesión de órganos vitales; Certificación de Acta de Defunción del occiso Simón López (F 102). El recurrente denuncia que en el apartado de la valoración de la prueba el juzgador instituyó: “que, los testigos de cargo no establecieron alguna comunicabilidad de circunstancias que indiquen la existencia de elementos previos donde, se establezca la participación de J. a la consumación del homicidio en perjuicio del señor Simón López, asimismo arrojaron duda razonable en cuanto al hecho de que al señor Simón López se le hubiere despojado de alguna pertenencia”; Considera que por el razonamiento anterior, el Juzgador ha incurrido en infracción a la reglas de la Sana Crítica, en su regla de la lógica y dentro de la misma al postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón suficiente, específicamente en el ítem de suficiencia, el que debe estar constituido por Inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que en virtud de las mismas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que de las pruebas aportadas no ha sido posible establecer que el imputado J. E. T., cometió la acción a él reprochada. Esta Sala considera que las declaraciones rendidas por la testigo María Arminda Ferrufino Arias y el testigo investigador Ramiro Canales, son perfectamente coincidentes en los aspectos esenciales del juicio, en relación a la prueba documental de cargo, concretamente sobre la efectiva participación del acusado señor J. E. T., en los hechos sometidos a juzgamiento y por el cual se ha recurrido, por lo que, en el caso que nos ocupa, sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta sala de lo Penal considera que, el a quo debió valorar la prueba conjuntamente de manera congruente y concordante. Por lo expuesto, al no fundarse la sentencia impugnada en inferencias razonables deducidas de las pruebas, ni en la sucesión que de las mismas se debió ir determinando, el fallo incurre en violación a la Regla de Sana Crítica de la Lógica, en su postulado de Derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa del acusado J. E. T. G., que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto. Tomando en consideración lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia impugnada y lo resuelto como consecuencia del recurso de casación por quebrantamiento de forma que ha sido declarado con lugar, es correcto señalar que en base al Código Penal 144-83, le fue impuesto al acusado J. E. T. G. las siguientes penas: 06 años con 08 meses de reclusión, más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, como autor de un delito consumado de Robo Agravado. Conforme al Código Penal 130-2017, el delito de Robo con Intimidación tiene una pena abstracta de 04 a 08 años de prisión, el cual debe de aumentarse 1/3 cuando es agravado, por lo que la nueva pena abstracta es de 08 a 10 años con 08 meses, ello por disposición de los artículos 361 y 363. En el caso sometido a juzgamiento se establece que al señor J. E. T. G. se le impuso una pena de 06 años con 08 meses de reclusión, misma que se encuentra dentro del rango establecido para ese delito en la nueva legislación penal, por lo que no le procede su aplicación retroactiva del decreto 130-2017, pues la pena impuesta en la sentencia se encuentra contenida en el rango de penas establecido en el nuevo Código Penal. .."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha once de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 406-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 406-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor J. E. T. G., como autor del delito de Robo Agravado, en perjuicio de la señora María Arminda Ferrufino, a la pena de seis años, ocho meses de reclusión.- Segundo: Absolvió al señor J. E. T. G., por el delito de Homicidio, en perjuicio del señor Simón López.- Tercero: Absolvió al señor J. E. T. G., por el delito de Robo Agravado, en perjuicio del señor Simón López.- Cuarto: Condenó al señor J. E. T. G. a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Quinto: Se le declaró la responsabilidad civil del señor J. E. T. G..- Sexto: No procedió condenar al señor J. E. T. G. en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. son partes en única instancia: La abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el abogado José Ismael Álvarez Barrera, en su condición de Defensor Privado del señor J. E. T. G., como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia. “Primero: El día veintiuno de mayo del año dos mil quince, aproximadamente las cinco de la tarde, cuando el señor Simón Lopez y su esposa Maria Arminda Ferrufino se conducían en el vehículo tipo pick up, cabina sencilla, marca Toyota, tipo Tacoma t100 por el sector de la aldea La Laguna, municipio de Alianza, departamento de Valle, en el lugar conocido como "Mango Solo", a la altura del puente de ese sector, dos sujetos salieron de manera sorpresiva, uno de ellos identificado como J. E. T. G. y el otro desconocido, ubicados uno a cada extremo del vehículo. Segundo: El sujeto desconocido ubicado al costado del pasajero del automotor donde se conducía la señora Maria Arminda Ferrufino, portaba, una (1) arma de fuego, la cual disparó para obligar a Simón Lopez, a parar la marcha del vehículo, infiriéndole una herida en el pectoral derecho del cuerpo del señor Simón Lopez. Tercero: Una vez herido don Simón Lopez paró la marcha del vehículo siendo despojada Maria Arminda Ferrufino, por el sujeto desconocido de la cantidad de mil lempiras dándose a la fuga con rumbo desconocido. Cuarto: De inmediato el señor Simón Lopez, fue trasladado a un centro hospitalario donde falleció, estableciendo según dictamen de levantamiento cadavérico, como causa probable de muerte herida penetrante en tórax con lesión de órganos vitales compatible con la producida por proyectil disparado por arma de fuego.”. Recurso de Casación. Motivos y Argumentos. El Recurrente abogado Jorge Lagos, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “Motivo de Casación Por Quebrantamiento de Forma Motivo Único: Haber dictado el Tribunal de Sentencia un fallo absolutorio, en inobservancia a las Reglas de la Sana Crítica en la valoración de la Prueba. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362, numeral 3) del Código Procesal Penal. Exposición del Motivo: La conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las Reglas de la Sana Crítica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia. Para establecer los errores de valoración en que ha incurrido el Tribunal, en desapego a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa procesal penal, que establece: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida"; efectuaremos un análisis de los medios de prueba de cargo allegados legalmente al juicio, mismos que estuvieron integrados por prueba testifical, pericial, y documental, que se detalla a continuación: Testifical, declaración de la señora María Arminda Ferrufino Arias, quién expresa en relación a los hechos lo siguiente: el día jueves 21 de mayo a eso de las cuatro cuarenta de la tarde con mi esposo recibimos una llamada de Adela López que fueran a traer un dinero de unos cerdos que le habían fiado, a las 4:45 p.m., salimos de la casa de habitación con rumbo a Alianza, en el camino se encontraron con unos asaltantes por el puente de Alianza, al lado izquierdo estaba J. T., al lado derecho el otro joven que no lo reconoció, no nos hicieron señal de parada salió un disparo el cual entró por su puerta impactando en su esposo Simón el balazo en el lado derecho, yo estaba recostada y vi al joven J. T. quien andaba camisa larga ancha de mangas y cuando la vio éste se cubrió la cabeza, entonces le dije que de gusto se cubría porque yo lo había reconocido que era el nieto de Lidia García, inmediatamente J. abrió la puerta del carro procediendo a registrar a su esposo, y solo se llevó el celular porque su esposo echaba bastante sangre, el otro muchacho junto con J. le pedían pistola, ella se salió del carro y dejaron de registrar el carro .y empecé a luchar por que le vi el arma que andaba el joven desconocido era una chimba, yo llevaba mil Lempiras en un frasco luego ellos dijeron vámonos que va a venir la policía". Declaración del señor Ramiro Canales, al interrogatorio de las partes contestó: "Que se encontraba de turno y fue su persona quien realizó las diligencias del 21 de mayo, consistentes en tomar declaración de la pareja del fallecido, realizó inspección…. se detuvo a J. por la declaración de la ofendida ya que manifestó que ella reconoció a J., la señora María proporcionó el nombre de J. porque supuestamente este ya había trabajado con el difunto, según la declaración de la viuda solo uno de los asaltantes andaba armado…” Documental 1.- Inspección ocular a la escena del crimen ratificada por el agente Ramiro Canales realizada al vehículo. 2.- Acta de inspección ocular realizada al vehículo tipo pick-up, cabina sencilla, arca Toyota, modelo Tacoma, ratificada en el debate por Marvin Geovany López Mendoza. Pericial 1.- Acta de Levantamiento de cadáver del occiso Simón López, ratificada en el debate por la doctora Teresa de Jesús Barahona Ruiz. Respecto de la valoración conjunta de la probanza diremos que el juzgador no valoró en todo su contexto la declaración de la señora María Arminda Ferrufino, porque aseveramos esta afirmación, porque solo tuvo por cierto lo relacionado al robo de los mil Lempiras que fue objeto la señora María Arminda, desvalorando el resto de su contenido por una circunstancia irrelevante, respecto a la sustracción del celular a su esposo cuando refirió este aspecto en el debate, dicho evento que no lo refirió en la declaración rendida en la audiencia inicial cuando manifestó que a su esposo no le habían quitado nada porque la cartera la andaba atrás y el celular en la bosa de adelante del pantalón, a pesar de que la testigo a descrito perfectamente el contexto de cómo sucedieron los hechos( lugar solitario, en un puente, dos personas una a cada extremo del vehículo, solo uno portaba arma de fuego y es quien dispara, identifica a uno de los agresores por ser familia de persona conocida, posición de la declarante, etc.), y que justo de ese ataque inesperado fue despojada del dinero que portaba, que si lo tiene el juzgador por cierto en la presente causa, entonces resulta incoherente que este Tribunal no tome en cuenta esta declaración para vincular al acusado J. E. T., con el robo y la muerte del señor Simón López, quien ha mantenido la resolución delictiva de cometer el robo, a través de la intimidación realizada por el disparo de arma de fuego hacia las personas que se encontraban en el vehículo, y si la considere para el robo. Así mismo el juzgador, ha violentado el principio de la derivación principalmente a la veracidad cuando establece en el apartado de la valoración de la prueba en el numeral 3 lo siguiente: "que los testigos de cargo no establecieron alguna comunicabilidad de circunstancias que indiquen la existencia de elementos previos donde se establezca la participación de J. a la consumación del homicidio en perjuicio del señor Simón López, asimismo arrojaron duda razonable en cuanto al hecho de que al señor Simón López se le hubiere despojado de alguna pertenencia", esté razonamiento carece de inferencias razonables, y no corresponde a la prueba legalmente incorporada a la vista pública, por cuanto que, con el testimonio de la señora María Arminda Ferrufino, y el resto de la prueba de cargo(acta de inspección ocular a la escena del crimen y el levantamiento cadavérico), los que derivaron en los hechos probados para establecer que el acusado en compañía de la otra persona estaban apostados en el puente, esperando a que pasada un transeúnte y para poder robarle le disparaban para detener la marcha del vehículo, acusado y desconocido que actuaban bajo un plan, en común acuerdo, puesto que cada se ubicaron al lado derecho e izquierdo del automotor, y desde el momento que uno de ellos decide utilizar el arma de fuego(la única que portaban), hacia la humanidad de las personas que van al interior del vehículo, ambos, se vuelven coautores del resultado, recordemos que la ofendida ha manifestado que "no les hicieron señal de parada, salió un disparo, el cual entró por su puerta, el cual recibe su esposo en el costado derecho, porque ella estaba recostada", por esa razón el disparo impacta en el costado derecho del conductor, y aún herido continúan con su resolución delictiva de robar lo que llevaban, esta resolución delictiva que en la doctrina llamamos "teoría del dominio del hecho" tal y como lo afirma Welzel: "Coautoría es autoría, cuya especialidad consiste en que el dominio del hecho delictivamente unitario no reside en un individuo, sino que reside conjuntamente en varios… El dominio del hecho corresponde aquí en común a todos: no a un individuo, ni tampoco varios individuos en concreto, sino que todos juntos son titulares de la decisión, constituyendo la actividad de cada uno, junto con las de los demás, en virtud de la conexión de sentido dada por la decisión común de acción, un todo unitario"[1], (lo subrayado es nuestro). Sobre esta postura La Sala Penal ha dejado sentada la doctrina legal respecto de la Coautoría, en las sentencias: de fecha 12/12/ 2016 del Exp 402-2013, de fecha 12/12/2016 del Exp 513-2014, de fecha 12/01/2016 del Exp 025-2013, de fecha 22/09/2015 del Expediente 229-2014, de fecha 19/05/2015 del Exp 365-2012, de fecha 10/02/2015 del Exp 235-2012, entre otros, Fernando Velásquez, Velásquez (Velásquez, Velásquez, Fernando, en Derecho Penal Parte General de Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997. Pág. 614), explica que el Concurso de Personas en el Hecho Punible estudia el grado de intervención en el delito, bajo la diferenciación de la autoría y participación; en la autoría se estudia la autoría inmediata o material, autoría mediata, la coautoría y la coautoría sucesiva; en cambio en el tema de los partícipes se estudia al cómplice, al cómplice necesario y al inductor.- Ahora bien el legislador hondureño regula la intervención en el delito de manera diferente al trato que le da la doctrina, estableciendo en el Código Penal que son participantes del delito los autores y los cómplices: 1. Se consideran autores, según indica el artículo 32 del Código Penal: El Autor Inmediato o Material, la Co-Autoría, Autoría Sucesiva, la Autoría Mediata por Fuerza en el Instrumento (no incluye la autoría mediata por error del Instrumento), el Inductor y el Cómplice Necesario y; 2. Son Cómplices, conforme el artículo 33 del Código Penal del mismo cuerpo legal, los que, no siendo autores, cooperan en la ejecución del hecho delictivo por un acto anterior a éste o simultaneo con éste; de esta manera el legislador penal de manera muy propia redacta el artículo 32 del Código Penal al advertir que se consideran autores los enumerados en la norma, ya que en estricto apego a la ciencia penal, el inductor y el cómplice necesario no son autores sino participes. Son muchas las teorías que explican y desarrollan lo relativo al concurso de personas en el hecho punible, entre estas esta la Teoría Objetivo-Subjetiva o Mixta, basada en el dominio del hecho como elemento diferenciador entre el autor y los partícipes. Esta teoría fue propuesta por Welzel, y “…está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa…” (Sentencia Sala de lo Penal del Exp 349-09 del 17/01/13). - Esta teoría ha sido la que ha acogido esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por ser la que más se ajusta a la normativa penal sustantiva vigente, (Ver Sentencia de la Sala de 10 Penal en Exp 376-09 del 11/04/2011, en 057-2010 del 11/04/2012, en Exp 349-09 del 17/01/2013, entre otras). Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. El hecho objeto de dominio estará definido por el legislador en la construcción de los tipos penales como delito (Teoría Formal Objetiva), del que la persona quiere hacer suyo (Teoría Subjetiva), convirtiéndolo en autor. Cuando son varios los ejecutores, tendrán la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos, así podemos diferenciar las clases de dominio (Eugenio Raúl Zaffaroni (2000). Derecho Penal Parte General. Buenos Aires: Sociedad Anónima Editora, pág. 742):1. Dominio de la acción: que es la que posee la persona cuando realiza directamente la acción constitutiva de delito, conocido como autoría directa o material. 2.Dominio funcional: cuando varias personas poseen el dominio a causa de una división ejecutiva del hecho, así por ejemplo la coautoría. 3. Dominio de la Voluntad: se presenta cuando una persona tiene dominio sobre la voluntad de otra, como ocurre en la autoría mediata o la inducción. En el caso particular de la Coautoría se presenta cuando dos o más personas, con base en un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un “co dominio”, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores. En la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de los que realicen el delito deberá tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común. Existen dos tipos de coautoría: coautoría por “co dominio” material del hecho y la coautoría por “co dominio” funcional del hecho o división de tareas: 1. Coautoría por “co dominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza de manera completa la acción en una ejecución conjunta del hecho para asegurar el resultado; Ejemplo: Varias personas disparan a la vez en contra de una misma persona, quien muere por un disparo; y 2. Coautoría por “Co dominio Funcional del Hecho o división Tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito, que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución del hecho, lo que recibe el nombre de Teoría de la Imputación Recíproca. en sentencia. Sala de lo Penal del Exp 069-2009 de fecha 10/06/2010). Son Requisitos para que se presente la coautoría el acuerdo común y la aportación de un hecho objetivo en la fase de ejecución del delito: 1. Acuerdo Común (Pactum Sceleri): Es la reunión de voluntades en un dolo común en donde cada coautor se compromete con los demás en realizar una tarea en la realización del hecho, el acuerdo común es el nexo subjetivo que les une. El acuerdo puede ser expreso o tácito: a. El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación en participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; y b. El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo, el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para alcanzar la empresa delictiva. 2. Aporte Objetivo: En los casos de” co dominio funcional del hecho, el coautor debe aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general, por ello no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito. Esta aportación objetiva individual se considera hecha de manera total o completa cuando se trata de un “co dominio” material del hecho, donde todos los coautores realizan la totalidad de la acción delictiva para asegurar el resultado; y 3. Aportación en la Fase de Ejecución: La aportación del coautor deberá realizarse en el momento o en los momentos de la ejecución del iter criminis, es decir al momento de la realización del tipo penal. Los coautores deben sujetarse a las conductas que abarquen el acuerdo, que es el vínculo que une las acciones u omisiones individuales, de modo que en caso de que uno de ellos realice alguna acción típica fuera de dicho acuerdo, responderá como su autor directo sin que se extienda dicho reproche a los otros; entonces cualquier acción individual de alguno de los coautores que no haya sido acordada como parte del cronograma delictivo o que al menos no haya sido representada su realización como posible (Art. 13 del CP: dolo eventual), solo le será imputable a la persona que la ejecutó sin que se pueda comunicar esta responsabilidad a los demás coautores; La responsabilidad de cada autor se limita al hecho acordado y a los hechos representados como posibles y/o asumidos como necesarios, los excesos cometidos por alguno de ellos de motu propio fuera del plan preconcebido solo serán imputables individualmente a quien los cometió.[2] De ahí que resulta desacertada la apreciación del juzgador respecto de la participación del acusado al decir que es cómplice necesario en el delito de robo, en perjuicio de María Arminda Ferrufino tal y como lo establece en el numeral tres de la valoración conjunta de la prueba, pues como se desprende de la probanza ambos individuos J. T. G. y el desconocido actuaron como coautores directos con una distribución de tareas, aunado al hecho que el juzgador no ha dejado expuesto claramente porqué arribó a esa conclusión, sobre este particular diremos que el cómplice necesario es el que en la etapa de preparación o ejecución aporta al hecho principal una contribución sin la cual el delito no hubiere podido cometerse, el elemento que caracteriza a esta forma de complicidad es la intensidad objetiva de su aporte al delito, ya que sin este aporte el hecho no habría podido cometerse de la forma en que se hizo; el segundo elemento es el momento en que se realiza el aporte, quien pone una condición sin la cual el delito no hubiera podido cometerse solo será cómplice si no toma parte en la ejecución, sino solo en la preparación del hecho, si intervino en la ejecución del hecho será coautor pues con un aporte decisivo hubiera tenido el dominio del hecho, en tal sentido la Sala Penal en el fallo S.P.349=2009, desarrolla la figura del cómplice plasmado en el artículo 33 del referido código penal que establece: "Son cómplices lo que, no hallándose comprendido en el Artículo Anterior, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos". En común con todas las formas de participación tiene la complicidad, que se trata de una contribución a la realización del delito, con actos anteriores o simultáneos a la misma, que no pueden, en ningún caso, ser consideradas como de autoría. Se deduce que solo cabe calificar de complicidad los comportamientos de cooperación no necesaria, representado, por tanto, el grado inferior de comportamientos de cooperación necesaria constitutivo de autoría o asimiladas a ella. El problema consiste en saber cuándo una determinada contribución puede estimarse como necesaria. Como en tantos otros casos en los que hay que valorar la gravedad de una conducta, es necesario utilizar criterios objetivos a partir de las circunstancias en las que actúan personas determinadas en el caso concreto. Si desde el punto de vista preventivo, general y especial, la contribución del participe no parece demasiado grave, tampoco será tan importante y necesaria[3]; Así las cosas esta representante de la sociedad no comparte la conclusión a la que ha arribado el juzgador, pues está faltando a las máximas de la experiencia y a la Regla de la Lógica en su postulado de derivación, ya que de haber valorado la prueba en forma conjunta en un todo armónico, la conclusión a la que arribaría sería que el acusado J. E. T. G. actuó en común acuerdo con el otro coimputado para cometer el delito de robo ambos se encontraban agazapados, en el puente Alianza, ubicado en un sector despoblado, utilizando un arma de fuego como medio para cometer la intimidación hacia las personas, y por ende parar la marcha del vehículo, decretando un fallo condenatorio contra el J. E. T. G., por el delito de Homicidio Simple y Robo Agravado, en perjuicio de Simón López. Es criterio de la Sala de lo Penal, que el examen sobre las pruebas está instituido únicamente a efectos de custodiar que se cumpla la aplicación de las reglas de la sana crítica (lógica, psicología y la experiencia) en la fundamentación del fallo; dentro de las reglas de la lógica se encuentra el principio de derivación, que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. Si las conclusiones o derivaciones extraídas no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados o son falseados en su contenido o significado, se violenta la regla de la sana crítica (lógica), como ha sucedido en el caso subjudice. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.”. Fundamentación Jurídica. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último, de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley, su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación.
Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el Principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo. Normas Autorizantes: Articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Norma que se denuncian Infringida: Artículo 202 Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Se declare procedente el presente motivo. Expone el recurrente que, no comparte la conclusión a la que ha arribado el juzgador, pues está faltando a las máximas de la experiencia y a la Regla de la Lógica en su postulado de derivación, ya que de haber valorado la prueba en forma conjunta en un todo armónico, la conclusión a la que arribaría sería que el acusado J. E. T. G. actuó en común acuerdo con el otro coimputado para cometer el delito de robo ambos se encontraban agazapados, en el puente Alianza, ubicado en un sector despoblado, utilizando un arma de fuego como medio para cometer la intimidación hacia las personas, y por ende detener la marcha del vehículo, por lo que debió decretar un fallo condenatorio contra el señor J. E. T. G., por el delito de Homicidio Simple y Robo Agravado, en perjuicio de Simón López; que en el apartado de la valoración de la prueba el juzgador estableció: “ Que, los testigos de cargo no establecieron alguna comunicabilidad de circunstancias que indiquen la existencia de elementos previos donde, se establezca la participación de J. a la consumación del homicidio en perjuicio del señor Simón López, asimismo arrojaron duda razonable en cuanto al hecho de que al señor Simón López se le hubiere despojado de alguna pertenencia”; que este razonamiento carece de inferencias razonables. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que: “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”[4] En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica de la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común.[5] Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el Conocimiento Privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: a. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. b. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. c. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio; iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado; de La Derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; La Conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; Cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa[6], señala que, la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. el recurso es de recibo. – El impetrante alega que el sentenciador no observó en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica, y que el razonamiento del juzgador lo considera como infracción al postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, así como de veracidad, el cual, como sabemos el razonamiento debe derivar de elementos auténticos, la regla de veracidad que exige, que todo razonamiento intelectivo se desprende de una prueba, sin alterar los resultados de ésta. Para esta Sala de lo Penal es importante aclarar que, al conocer de los recursos de casación por el motivo alegado por el recurrente, de “no haberse observado las reglas de la sana crítica”, el control casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del entendimiento humano (lógica, experiencia y psicología), y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas aplicables al caso concreto. En la valoración de la Prueba testifical consistente en la declaración de la testigo María Arminda Ferrufino, quien expresó que, : “El día jueves 21 de mayo, a eso de las 4:40 de la tarde con su esposo recibieron una llamada de Adela López, que fueran a traer un dinero de unos cerdos que le habían fiado, a las 4:45 pm salieron de la casa de habitación con rumbo a Alianza, en el camino se encontraron con unos asaltantes por el puente de Alianza, al lado izquierdo estaba J. T., al lado derecho el otro joven que no lo reconoció; no les hicieron señal de parada, salió un disparo el cual entró por su puerta impactando en su esposo Simón, el balazo en el lado desecho, ella estaba recostada y vio al joven J. T., quien andaba camisa larga ancha de manga y cuando la vio este se cubrió la cabeza entonces ella le dijo que de gusto se cubría porque ya lo había reconocido que era el nieto de Lidia García, inmediatamente J. abrió la puerta del carro procediendo a registrar a su esposo, y solo se llevó el celular porque su esposo echaba bastante sangre; el otro muchacho junto con J. le pedían pistola, ella se salió del carro y dejaron de registrar l carro, pero empezó a luchar y vio que el arma que andaba el desconocido era una chimba; ella llevaba mil (L 1,000) lempiras en un frasco y dijeron vámonos que va a venir la policía; al siguiente día del hecho detuvieron a J. pero también detuvieron a otra persona, manifestando la declarante que reconoció a J., pero no al otro a ese no le sabía el nombre, pero dicen que era Kevin Cordova. En el interrogatorio respondió: J. no portaba arma, J. Turcios le quitó el celular a su esposo Simón quien no portaba arma ese día que ocurrieron los hechos, la calle era sola, de tierra sin casas alrededor, que solo fue un disparo. La defensa encontró contradicción en las declaraciones previas de la testigo, que, en audiencia inicial, donde declaró que a su esposo Simón López no le habían sustraído nada, ya que la cartera la andaba atrás y él no lo registró, y en el debate afirmó que J. le quitó el celular a su esposo sin justificar porque el cambio de versión; la declarante. Aclaró que, quien disparó fue el otro sujeto, primera vez que veía su rostro, era trigueño, gordo, tenía aruñones era ñato, afirmó que en la Sala de Juicio no se encontraba la persona que le disparó a su esposo.” Esta Sala considera que lo declarado por la Testigo María Arminda Ferrufino, quien identifica plenamente al acusado J. E. T. G., en la sala de juicio está debidamente corroborado en el debate por los medios de prueba documentales, como ser: Acta de Inspección Ocular (F. 22-24) de fecha 22 de mayo del 2015; Autorización de Ingreso a Vivienda (F.18) de fecha 22 de mayo 2015; Acta de Registro Personal (F.16) de fecha 22 de mayo 2015; Acta de Decomiso (F17) de fecha 22 de mayo 2015; Acta de Inspección de Vehículo y recolección de indicios (F 25) de fecha 22 de mayo 2015; Acta de Levantamiento del señor Simón López (F.8-11) de fecha 21 mayo 2015, como causa probable de muerte herida penetrante en tórax con lesión de órganos vitales; Certificación de Acta de Defunción del occiso Simón López (F 102). El recurrente denuncia que en el apartado de la valoración de la prueba el juzgador instituyó: “que, los testigos de cargo no establecieron alguna comunicabilidad de circunstancias que indiquen la existencia de elementos previos donde, se establezca la participación de J. a la consumación del homicidio en perjuicio del señor Simón López, asimismo arrojaron duda razonable en cuanto al hecho de que al señor Simón López se le hubiere despojado de alguna pertenencia”; Considera que por el razonamiento anterior, el Juzgador ha incurrido en infracción a la reglas de la Sana Crítica, en su regla de la lógica y dentro de la misma al postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón suficiente, específicamente en el ítem de suficiencia, el que debe estar constituido por Inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que en virtud de las mismas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que de las pruebas aportadas no ha sido posible establecer que el imputado J. E. T., cometió la acción a él reprochada. Esta Sala considera que las declaraciones rendidas por la testigo María Arminda Ferrufino Arias y el testigo investigador Ramiro Canales, son perfectamente coincidentes en los aspectos esenciales del juicio, en relación a la prueba documental de cargo, concretamente sobre la efectiva participación del acusado señor J. E. T., en los hechos sometidos a juzgamiento y por el cual se ha recurrido, por lo que, en el caso que nos ocupa, sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta sala de lo Penal considera que, el a quo debió valorar la prueba conjuntamente de manera congruente y concordante. Por lo expuesto, al no fundarse la sentencia impugnada en inferencias razonables deducidas de las pruebas, ni en la sucesión que de las mismas se debió ir determinando, el fallo incurre en violación a la Regla de Sana Crítica de la Lógica, en su postulado de Derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente. DECISIÓN. Declarar ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en único motivo interpuesto por el Ministerio Público. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa del acusado J. E. T. G., que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto. Tomando en consideración lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia impugnada y lo resuelto como consecuencia del recurso de casación por quebrantamiento de forma que ha sido declarado con lugar, es correcto señalar que en base al Código Penal 144-83, le fue impuesto al acusado J. E. T. G. las siguientes penas: 06 años con 08 meses de reclusión, más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, como autor de un delito consumado de Robo Agravado. Conforme al Código Penal 130-2017, el delito de Robo con Intimidación tiene una pena abstracta de 04 a 08 años de prisión, el cual debe de aumentarse 1/3 cuando es agravado, por lo que la nueva pena abstracta es de 08 a 10 años con 08 meses, ello por disposición de los artículos 361 y 363. En el caso sometido a juzgamiento se establece que al señor J. E. T. G. se le impuso una pena de 06 años con 08 meses de reclusión, misma que se encuentra dentro del rango establecido para ese delito en la nueva legislación penal, por lo que no le procede su aplicación retroactiva del decreto 130-2017, pues la pena impuesta en la sentencia se encuentra contenida en el rango de penas establecido en el nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Jorge Lagos, fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor J. E. T. G., por el delito de Homicidio en perjuicio del señor Simón López y por el delito de Robo Agravado en perjuicio de María Arminda Ferrufino y Simón López. Segundo: Casa parcialmente la sentencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete (f. 124), dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, decretando su nulidad, así como la nulidad parcial de la audiencia de debate que le origina, únicamente respecto del contenido de los numerales segundo y tercero de la parte dispositiva del fallo, por la acusación criminal en los delitos de Homicidio y Robo Agravado en perjuicio de Simón López, declara firme y ejecutable los numerales primero, cuarto, quinto y sexto de la parte dispositiva. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Y MANDA: Primero: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del señor J. E. T. G., por los delito de Homicidio y Robo Agravado en perjuicio del señor Simón López, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete. Segundo: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. Firma y Sello. LETY EMELDA POSADAS. SECRETARIA ACTUANTE. SALA DE LO PENAL.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 406-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
[1] Véase Gimbernat Ordeig, Enrique. Autor y Cómplice en Derecho Penal. Universidad de Madrid Facultad de Madrid Sección de Publicaciones e intercambio. P.128.
[2] Ver SP 084-2014
[3] Muñoz Conde Francisco, García Aran Mercedes. Derecho Penal. Parte General. 2da Edición. Valencia, España, 1996. Páginas 464 y 465.
[4]Ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009; fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; ver fallo de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp. 360-09 y fallo de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal.
[5] Ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal; de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09.
[6] Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156.