Sentencia CP-404-18 — Registro 14111
Resumen
En primera instancia se absuelve a los acusados por los delitos de Tráfico de Drogas y Portación Ilegal de Arma Comercial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo no es de Recibo. – El recurrente denuncia que, el Tribunal de Sentencia no ha aplicado el artículo 332 del Código Penal, en donde se describen todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal para tener por establecido que los acusados participaron a títulos de autores en el delito de Portación Ilegal de Armas, pues se encontraron las armas en las habitaciones que ocupaban en la vivienda, con buen estado de funcionamiento y sin contar con la autorización legal para portarlas; considera la recurrente que los decretos de veda no es una cláusula legal que despenaliza los delitos comprendidos en el artículo 332 B del Código Penal. Para efecto de elaborar una exposición sistemática de la relevancia jurídico-penal de la acción realizada por los señores L. M. D. y Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez, es necesario abordar el contenido el artículo 332-B del Código Penal decreto 144-83, el cual establece que: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.” Los hechos probados de la sentencia en relación al delito de Portación Ilegal de Armas establecen que: “Primero: En fecha 15 de mayo del año 2016 elementos de la Fuerza de Tarea Maya Chortí, que forman parte de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional de Policía Militar conocida como (FUSINA) recibieron información anónima que supuestamente en una casa de habitación en el barrio Flor Azul en el sector Sula del Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbará, en casa de habitación que era habitada por personas que supuestamente se dedicaban a la comercialización de droga, por lo cual se realizaron algunas diligencias de constatación como la ubicación de la vivienda y vigilancias y a raíz de éstas se autoriza un allanamiento de fecha 18 de junio de 2016, en el cual se procede a la inspección de la vivienda en donde se encuentra en una de las habitaciones un revolver calibre 357 Magnum serie 15895571 con empuñadura de madera conteniendo 6 proyectiles esta arma se encontró en la habitación del señor Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez y en otras partes de la casa, se encontró en uno de los baños en el inodoro en cuyo tanque de agua se encontraron 102 puntas de bolsas plásticas transparentes, las cuales al menos 19 presentaban residuos de polvo blanco, razón por la cual esta evidencia posteriormente fue evaluada en un laboratorio criminalístico especialista en toxicología, determinándose que efectivamente estas puntas de bolsas plásticas habían estado en contacto con la droga conocida como cocaína, sin poder establecer en que cantidad y cuando ni que personas manipularon esa sustancia, prosiguiendo con la inspección y allanamiento a la casa de habitación encontraron otras dos armas de fuego con las siguientes características un arma de fuego tipo pistola, color gris, marca Girsan, calibre 9 mm, serie T636808A03293 con su respectivo cargador que en su interior contenía 16 proyectiles, además de una pistola marca NZ85B, Serie 302958, calibre 9 mm., con su respectivo cargador y 16 proyectiles estas fueron encontradas en el dormitorio que ocupaba el joven L. M. D., asimismo en el resto de la inspección en distintas partes de la vivienda se encontraron diferentes cantidades de moneda en efectivo consistentes en 52,408.00 lempiras, 2,705 quetzales y 40 dólares, asimismo se procedió al decomiso de un vehículo tipo pick up, marca Toyota, color blanco, con placa PD06362 FDP, año 1994, una motocicleta marca Honda, color roja, placa M0072DHH, las cuales fueron decomisadas. Segundo: Como consecuencia del proceso investigativo del caso, el allanamiento, les dieron detención a los señores L. M. D. y Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez como supuestos autores del hecho.” La Sala de lo Penal, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal, dichos decretos no despenalizan bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados), Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad pública sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. Establece la recurrente que en el presente caso existe una aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal, pues no quedo establecido en los hechos declarados como probados, que los señores L. M. y Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez, almacenaran dichas armas sin el permiso de la autoridad correspondiente; en virtud que el recurso presentado se refiere a la infracción de ley por aplicación indebida de ley sustantiva, nuestra tarea como controladores de casación será el estudio detallado del cuadro fáctico declarado como probado, mismo que resulta inalterable en esta etapa casacional. Esta Sala de lo Penal, al efectuar el estudio normativo del tipo penal sustantivo de Portación Ilegal de Armas comercial, invocado por la recurrente, encuentra sumamente claro que dicha norma exige dentro de los elementos objetivos que lo describen que, no se cuenta con “permiso de la autoridad competente,” en los hechos probados de la sentencia en resumen quedó establecido que, en una casa de habitación en el barrio Flor Azul en el sector Sula del Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbará, en fecha 15 de mayo del año 2016 se encontró, en una de las habitaciones un revolver calibre 357 Magnum serie 15895571 con empuñadura de madera conteniendo 6 proyectiles esta arma se encontró en la habitación del señor Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez; asimismo encontraron otras dos armas de fuego con las siguientes características un arma de fuego tipo pistola, color gris, marca Girsan, calibre 9 mm, serie T636808A03293 con su respectivo cargador que en su interior contenía 16 proyectiles, además de una pistola marca NZ85B, Serie 302958, calibre 9 mm., con su respectivo cargador y 16 proyectiles estas fueron encontradas en el dormitorio que ocupaba el joven L. M. D.. Si bien los acusados poseían armas de fuego, las cuales están descritas debidamente en el primer hecho probado, pero en ningún momento se da por probado que dicha arma se portaba sin el permiso de la autoridad correspondiente, tal como lo exige el artículo 332-B del Código Penal, para que una conducta se pueda adecuar a la prohibición normativa establecida en dicho tipo penal, consecuentemente dicha conducta no se enmarca dentro de la primer gran categoría de la teoría del delito conocida como “La Antijuricidad Penal”, dentro de la cual en la dogmática moderna se consideran comprendidos los elementos objetivos del tipo penal, siendo estos los descriptivos y normativos del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego comercial contenido en el artículo 332-B del Código Penal, ya que para que dicha conducta se pueda enmarcar dentro del tipo penal aludido necesariamente debió haber quedado probado en el factum del fallo, que los acusados no contaban con autorización para la portación de arma, que le fue encontrada en su posesión, pues el sólo haberse probado que las mismas fueron decomisadas, no es suficiente para determinar que dicha conducta llena el elemento objetivo exigido en el tipo penal invocado por la recurrente.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditó los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Ahora bien en aras del control del convencionalidad que debe observar todo Tribunal de la República y que manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de la inadecuada técnica recursiva del impetrante, esta Sala de lo Penal ha procedido a analizar los juicios de valor esgrimidos por el Sentenciador sobre las pruebas evacuadas en el debate, y observa que sus razonamientos y conjeturas son el producto de la aplicación correcta de las reglas del recto entendimiento humano, derivando sus conclusiones del resultado obtenido del legajo probatorio y realizando una valoración conjunta y armónica de toda la prueba. Es tal su aplicación de las Reglas de la Sana Crítica, que en su fundamentación probatorio externó las razones de hecho y de derecho por las cuales consideró que el accionar de los acusados L. M. y Francisco Maria Mazariegos, no se encuadran en el delito de Tráfico Ilícito de Drogas y Portación Ilegal de Armas. Si bien el recurrente plantea que el a quo vulneró las reglas de la sana Crítica, el mismo solo realizó argumentos de instancia describiendo los medios de prueba de cargo, aduciendo que los mismo no se conformaron en base a las pruebas evacuadas, que todos los elementos constituyen prueba indiciaria, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de mala aplicación de la regla de derivación y obvió plasmar adecuadamente esos razonamientos equívocos del Sentenciador. En ese sentido considera este alto Tribunal, que las pruebas fueron razonadas de manera correcta, externando sus conclusiones en base a las reglas de la Sana Crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 404-2018, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP 404-2018 por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a los señores L. M. D. y Francisco María Mazariegos, del delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras.- Segundo: Absolvió a los señores L. M. D. y Francisco María Mazariegos, del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Tercero: No procedió condenar en costas, no procedió el comiso ni la declaratoria de responsabilidad civil. Son partes en única instancia: La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado Allan Leonel Reyes Portillo, en su condición de Defensor Privado de los señores L. M. D. y Francisco María Mazariegos Gutiérrez, como parte recurrida. II. Hechos Probados de la instancia “Primero: En fecha 15 de mayo del año 2016 elementos de la Fuerza de Tarea Maya Chortí, que forman parte de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional de Policía Militar conocida como (FUSINA) recibieron información anónima que supuestamente en una casa de habitación en el barrio Flor Azul en el sector Sula del Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbará en casa de habitación que era habitada por personas que supuestamente se dedicaban a la comercialización de droga, por lo cual se realizaron algunas diligencias de constatación como la ubicación de la vivienda y vigilancias y a raíz de éstas se autoriza un allanamiento de fecha 18 de junio de 2016, en el cual se procede a la inspección de la vivienda en donde se encuentra en una de las habitaciones un revolver calibre 357 Magnum serie 15895571 con empuñadura de madera conteniendo 6 proyectiles esta arma se encontró en la habitación del señor Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez y en otras partes de la casa, se encontró en uno de los baños en el inodoro en cuyo tanque de agua se encontraron 102 puntas de bolsas plásticas transparentes, las cuales al menos 19 presentaban residuos de polvo blanco, razón por la cual esta evidencia posteriormente fue evaluada en un laboratorio criminalístico especialista en toxicología, determinándose que efectivamente estas puntas de bolsas plásticas habían estado en contacto con la droga conocida como cocaína, sin poder establecer en que cantidad y cuando ni que personas manipularon esa sustancia, prosiguiendo con la inspección y allanamiento a la casa de habitación encontraron otras dos armas de fuego con las siguientes características un arma de fuego tipo pistola, color gris, marca Girsan, calibre 9 mm, serie T636808A03293 con su respectivo cargador que en su interior contenía 16 proyectiles, además de una pistola marca NZ85B, Serie 302958, calibre 9 mm., con su respectivo cargador y 16 proyectiles estas fueron encontradas en el dormitorio que ocupaba el joven L. M. D., asimismo en el resto de la inspección en distintas partes de la vivienda se encontraron diferentes cantidades de moneda en efectivo consistentes en 52,408.00 lempiras, 2,705 quetzales y 40 dólares, asimismo se procedió al decomiso de un vehículo tipo pick up, marca Toyota, color blanco, con placa PD06362 FDP, año 1994, una motocicleta marca Honda, color roja, placa M0072DHH, las cuales fueron decomisadas. Segundo: Como consecuencia del proceso investigativo del caso, el allanamiento, les dieron detención a los señores L. M. D. y Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez como supuestos autores del hecho.” III. Recurso de Casación. - Motivos y Argumentos La Recurrente abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “Exposición Del Motivo Por Infracción De Ley Motivo Único: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del Artículo 332-B del Código Penal. Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 332-B: “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial". (Lo resaltado es nuestro). El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “Primero: “En fecha 15 de mayo del año 2016 elementos de la Fuerza de Tarea Maya Chorti, que forman parte de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional de Policía militar conocida como (FUSINA)recibieron información anónima que supuestamente en una casa de habitación en el Barrio Flor Azul en el sector Sula Municipio de Macuelizo, departamento de santa Barbará en casa de habitación que era habitada por personas que supuestamente se dedicaban a la comercialización de droga, por lo cual se realizaron algunas diligencias de constatación como la ubicación de la vivienda y vigilancias y a raíz de estas se autoriza un allanamiento de fecha 18 de junio del 2016, en el cual se procede a la inspección de la vivienda en donde se encuentra en una de las habitaciones un revolver calibre 3.57magnum serie 15895571 con empuñadura de madera conteniendo 6 proyectiles esta arma se encontró en la habitación del señor Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez y en otras partes de la casa, se encontró en uno de los baños en el inodoro en cuyo tanque de agua se encontraron 102 puntas de bolsas plásticas transparentes, las cuales al menos 19 presentaban residuos de polvo blanco, razón por la cual esta evidencia posteriormente fue evaluada en un laboratorio criminalística especialista en toxicología determinándose que efectivamente estas puntas de bolsas plásticas habían estado en contacto con la droga conocida como cocaína, sin poder establecer en qué cantidad y cuando ni que personas manipularon esa sustancia, prosiguiendo con la inspección y allanamiento a la casa de habitación encontraron dos armas de fuego con las siguientes características un arma de fuego tipo pistola, color gris, marca Girsan, calibre 9mm, serie T636808A03293 con su respectivo cargador que en su interior contenía 16 proyectiles, además de una pistola marca NZ85B, serie 302958 calibre 9mm con su respectivo cargador y 16 proyectiles estas fueron encontradas en el dormitorio que ocupaba el joven L. M. D., asimismo en el resto de la inspección en distintas partes de la vivienda se encontraron diferentes cantidades de moneda en efectivo consistentes en 52,40800 lempiras, 2,705 quetzales y 40 dólares, asimismo se procedió al decomiso de un vehículo tipo pick up, marca Toyota, color blanco con placa PD06362 FDP AÑO 1994, una motocicleta marca Honda, Color rojo, placa m0072dhh las cuales fueron decomisadas. Segundo: Como consecuencia del proceso investigativo del caso, el allanamiento, les dieron detención a los señores L. M. D. y Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez como supuestos autores del hecho.” Al examinar el factum, se evidencia que concurre una falta de aplicación del artículo 332 B del Código Penal, ya que se describe en el mismo, todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que los acusados Lizandro Mazariegos Duarte y Francisco Maria Mazariegos, participaron a título de Autor en el delito de Portación Ilegal De Arma De Fuego, pues, se encuentro en una de las habitaciones del señor Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez un revolver calibre 3.57magnum serie 15895571 con empuñadura de madera conteniendo 6 proyectiles. Asimismo, se encontraron dos armas de fuego con las siguientes características un arma de fuego tipo pistola, color gris, marca Girsan, calibre 9mm, serie T636808A03293 con su respectivo cargador que en su interior contenía 16 proyectiles, además de una pistola marca NZ85B, serie 302958 calibre 9mm con su respectivo cargador y 16 proyectiles estas fueron encontradas en el dormitorio que ocupaba el joven L. M. D.. Las cuales presentaba buen estado de funcionamiento mecánico y operativo capaz de efectuar disparos con la cartuchería del calibre para lo cual fue fabricada, sin contar en ese momento los encausados, con la autorización legal para portarla. No obstante, que el recurso de Infracción de Ley debe apegarse de manera absoluta al relato fáctico, debemos hacer alusión al apartado de fundamentación jurídica, en el numeral tercero cuando el juzgador establece lo siguiente; “…no obstante el tribunal ha entrado en conocimiento y ha analizado los decretos conocidos como decretos de veda, si bien no fueron alegados por la parte defensora, pero el principio Jura Novit Curia “los jueces conocemos el derecho” es decir aunque no sea esgrimido o argumentado por algunas de las partes la aplicación de un derecho si este es atinente al caso y se tiene que considerar que los decretos de Veda 1842013, luego 63-2014, 60-2015 y actualmente está vigente el decreto de Veda n°52-2017, que permite a los particulares acercarse al registro balístico nacional y proceder al respectivo registro de arma calibre de unos comercial que tengan a su disposición hasta la fecha del 31 de diciembre del 2015….apreciando una ley penal intermedia es decir se despenaliza o no se aplica la penalización a la posesión de armas de fuego comercial desde el 2013 hasta diciembre del 2015, quedando un espacio del 2016 no regulado no obstante cuando se vuelve aplicar otra vez la Veda en el 2017 se establece a través de doctrina que esta nueva prórroga debe aplicarse en el periodo intermedio, puesto que debe de haberse iniciado el proceso o haberse concluido en este momento procesal, tiene que aplicarse la ley vigente en este momento cuando le es más favorable al imputado, es por tal razón que este tribunal aplica la despenalización del tipo de Portación Ilegal de Arma Comercial por considerar que no puede penalizarse la conducta por la vigencia del actual decreto 52-2017.” Consideramos que dichos decretos no es una cláusula que despenaliza los delitos comprendidos en el artículo 332 B del Código Penal, sino que su único alcance es permitir que el ciudadano, por un período de tiempo establecido, al acudir voluntariamente a registrar su arma”. Es por ello, que en los casos donde se encuentre a un sujeto portando un arma, y en este caso específico, un arma de fuego comercial sin el permiso respectivo emitido por la autoridad competente, a fin de analizar si existió una intención dirigida a la entrega del arma. De no concurrir elementos que permitan llegar a esa conclusión, deberá considerarse la presencia del delito correspondiente, a la Portación Ilegal de Arma comercial, pues el precepto en mención, no constituye una cláusula general de exención de responsabilidad penal. En la presente causa, se tuvo como un hecho probado, que los enjuiciados Lizandro Mazariegos Duarte Y Francisco Maria Mazariegos, participaron a título de Autor en el delito de Portación Ilegal De Arma De Fuego, pues, se encuentro en una de las habitaciones del señor Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez un revolver calibre 3.57magnum serie 15895571 con empuñadura de madera conteniendo 6 proyectiles. Asimismo se encontraron dos armas de fuego con las siguientes características un arma de fuego tipo pistola, color gris, marca Girsan, calibre 9mm, serie T636808A03293 con su respectivo cargador que en su interior contenía 16 proyectiles, además de una pistola marca NZ85B, serie 302958 calibre 9mm con su respectivo cargador y 16 proyectiles estas fueron encontradas en el dormitorio que ocupaba el joven L. M. D., decomiso realizado a los encausado y que dicha arma conforme el dictamen de Balística se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo, relato que no evidencia que los imputados en cuestión, tuviere la voluntad de entregar el arma o registrarla pues la misma se encontraban ocultas es más se aprecia que se describe todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, establecidos en el artículo 332-B del Código Penal. Es por ello que en relación al Decreto 184-2013, ampliado mediante los decretos 63-2014 y 60-2015, que comprende lo referente a la veda, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido: “El espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos al Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar a la ciudadanía haga efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras…”(Ver Amparos SCO-241-351-365 Y 378-2015/ 1104-14. En ese orden de ideas, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que: “El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles. Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”. Así pues, constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior; 3) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar armas o municiones del país de forma lícita (a través del control aduanero) o ilícita; 4) Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: i) La ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; ii) Que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; iii) Que el arma sea de aquellas consideradas permitidas (Al referirnos con arma de fuego permitida es en referencia a aquellas armas que el Estado de Honduras permite su comercialización, susceptibles de ser objeto de permiso de posesión y portación) por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego o munición permitido, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo…”[1] y en el caso in examiné, es claro que el cuadro factico plasmado por el sentenciador, cumple con todos estos presupuesto, los cuales se enmarcan en el artículo 332-B del Código Penal, de ahí que debió dictarse una sentencia condenatoria en contra de los ahora imputados. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” Continúa manifestando la recurrente en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. “Exposición del Motivo de Casación. Motivo Único: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, en relación al delito de Tráfico De Droga, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: prueba pericial: 1. Dictamen toxicológico número 2016951105063823-2 El cual fue ratificado por el doctor Marco Antonio Fuentes en el cual establece que recibió en el departamento de control de evidencias un envoltorio plástico transparente conteniendo en su interior 102 envoltorios plásticos transparentes en forma de puntas de los cuales 19 tenían residuos de polvo blanco, en análisis solicitado fue realizar escáner de jones, y concluyendo que si hay presencia de trazas de cocaína, la metodología empleada no puede determinar ni el tiempo ni la conservación de las trazas de las sustancias, no se puede determinar ni la cantidad ni la calidad de los residuos de droga, esto debido a que el análisis solo puede determinar la presencia de trazas de narcóticos. prueba documental acta de allanamiento ratificada por el agente Gerson Edil Ardón Flores, en la cual se constató que se realizó un allanamiento en el lugar denominado Sula, Macuelizo, Santa Barbará en el Barrio Azul, en fecha 18 de junio del año 2016. En la casa de habitación de los encausados encontrando armas en las habitaciones de los encausados y al preguntarles estos no tenían permiso de portación de las mismas y en el cuadrante número cinco en el cual se encuentra el baño donde se observa un inodoro donde el canino de narcótico dio la señal en el tanque del baño siendo las 7:30 de la mañana se encontró una bolsa de plástico transparente conteniendo en su interior puntas de bolsas plásticas con residuos de polvo blanco supuesta cocaína. Se encontró además en una gavetas siendo las 8:20 de la mañana dos carteras, una color café la cual contenía en su interior 4,260 lempiras exactos, la segunda cartera de color rojo la cual contenía en su interior 7,317 lempiras exactos, 30 quetzales y se levantaron además 13 teléfonos celulares de diferentes marcas, se encontró bajo una maleta un monedero negro con blanco conteniendo en su interior 5,831.00 lempiras exactos y 40,00 dólares, se decomisó un vehículo tipo pick up, marca Toyota color blanco, placa PD632 FDP, motor 3760739-22R, año 1994, Chasis RN101-n028955, y una motocicleta marca Honda color rojo y placa M0072DHH… acta de inspecciones oculares, levantamiento de indicios, La cual fue ratificada por el señor Ariel Gonzalo Castellano Ardón, en la cual señala que se encontró en la vivienda armas, dinero, 13 teléfonos de diferentes marcas. Asimismo, se establece que en un baño de la vivienda donde se observa un inodoro donde el canino de narcótico dio la señal en el tanque del baño, y se encontró una bolsa de plástico transparente conteniendo en su interior puntas de bolsas plásticas con residuos de polvo blanco supuesta cocaína. Declaración del Señor Wilson Rene Estrada, la cual se introdujo mediante lectura autorizada y manifestó: "Que el 15 de mayo recibí una información por parte de una fuente que en el Barrio Flor Azul del Municipio de Santa Barbará en la vivienda del señor Francisco Maria Mazariegos se estaban dando cosas ilícitas, como por ejemplo venta de droga y lavado de activos, ya que por la información me dirigí el 20, 21, y 22 del mismo mes a realizar vigilancias por lo cual observe que entraban y salían personas de dicha vivienda donde hacían intercambio de dinero de droga de la cual fui notificado el 18 de este mes de junio a realizar un allanamiento a dicha vivienda, por lo cual se encontraban dos personas en dicha casa, encontrándose tres armas de fuego y dinero en efectivo y unas puntas para envoltorios de droga por lo cual fueron remitidos a la fiscalía para hacer los trámites correspondientes. A pregunta de la Fiscalía contesto: que observo diversidad de personas que llegaban al lugar en motos taxis, a pie y en carro. Refiere además que encontraron en un recipiente de agua del sanitario unas bolsas plásticas puntas de cocaína, y se encontraron además tres armas de fuego y tuvieron conocimiento que esas armas pertenecían al dueño de la casa. Se encontró dinero como ser quetzales, dólares y billete hondureño de quinientos, cien y cincuenta. A preguntas del juez contesto: Al joven lo observa que entraba y salía por detrás de la casa hay unas gradas por donde salen y entran y el otro señor solo salía a observar donde tenía un vehículo de los imputados a quien vio hacer intercambio típico de droga. Acta de vigilancia número 1 En la cual se establece que en la comunidad de Sula, Santa Bárbara, el día 20 de mayo del 2016 siendo las 15:30 horas se procede a realizar diligencia de vigilancia con relación a venta de supuesta droga y portación ilegal de armas, observando que llegaron dos individuos en bicicleta al estar frente a la vivienda se bajó solamente un individuo que ingreso al patio de la vivienda hasta llegar a la puerta principal de la vivienda y después de un minuto este salió de la vivienda y continuaron su camino en conjunto con el que lo acompañaba en una bicicleta, a las 6:40 horas llego un individuo de contextura fornida a bordo de una motocicleta color negra, quien solamente se estaciono frente al portón de la vivienda, observando que salió del interior de la casa L. M., posteriormente le entrego en su mano una especie de bolsa supuesta cocaína al ciudadano que conducía la motocicleta quien posteriormente se retiró de la zona con rumbo desconocido, de igual manera hubieron otras visitas a la vivienda donde los individuos se tardaban aproximadamente dos minutos y después se retiraban, finalizando la vigilancia de la vivienda a las 7:30 horas. Acta de vigilancia numero 2 Realizada el día 21 de mayo del 2016, empezó a las 8:42 horas y observo llegar a un individuo en una moto taxi de color roja quien se bajó frente a la vivienda sospechosa y se dirigió al interior de la misma y se retiró y se subió a la moto taxi y se retiró del lugar de igual manera siguieron llegando en el transcurso del día otras personas que llegaron en un camión color blanco, un vehículo color verde todos entraban a la vivienda y luego salían con rumbo desconocido. Acta De Vigilancia Numero 3 Realizada el día 22 de mayo del 2016, donde se observa llegaron dos jóvenes quienes llegaron a pie a dicha casa, estos ingresaron a la casa hasta el porche donde salió un joven sin camisa el cual se pudo identificar que era L. M., quien hizo un intercambio de supuesta droga por dinero, después de esto los dos jóvenes salieron con rumbo desconocido. Se pudo observar que el joven Mazariegos, entro a la vivienda y salió nuevamente y se pudo observar que este entrego una bolsa de color negro al individuo que conducía un vehículo el cual le entrego dinero a cambio y seguidamente salió con rumbo desconocido. Refiere además que hubieron otras visitas de individuos que se conducían en una moto taxi, así como una camioneta color negro en la cual el joven Mazariegos les entrego una caja la cual la metió rápidamente a la vivienda sin mediar palabras alguna y la camioneta salió en marcha rápida con rumbo desconocido, oficio número 588-2015 emitido por el Departamento Balístico Nacional de Armas, el cual refiere en su contenido que los acusados no tienen armas registradas a su nombre y que las armas encontradas no tienen registró alguno y no tienen reporte de Robo. Prueba Testifical Declaración de Gerson Edil Flores, quien manifestó: "Estar asignado en Copán, en la Fuerza de Tarea Maya Chorti y en fecha 18 de junio del 2016, fue notificado para realizar un allanamiento a la comunidad de Flor Azul, municipio de Macuelizo, departamento de Santa Barbará, ingresando a las 06.05 a la vivienda donde lo atendió el señor Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez, le notificaron la orden de Allanamiento y les permitió ingresar a dicha vivienda, se realizó la misma mediante cuadrantes y en el cuadrante número cinco encontró en el baño el perro canino de narcótico droga que dio positivo, se encontraron 102 bolsitas donde contenía supuesta cocaína, se encontró en otros cuadrantes dinero en moneda hondureña y moneda guatemalteca, en otro cuadrante se encontraron teléfonos, computadoras, se le decomiso el vehículo y una moto. El juzgador ante esta probanza en su acápite de valoración probatoria estableció:” Que el contenido de los documentos que anteceden, no fueron contradichos por las partes y son sustento para que este Tribunal tenga por probados los hechos que han declarado probados en la presente sentencia.” Al valorar la prueba supra descrita, el sentenciador consideró que: “La declaración del testigo de cargo a le merecen credibilidad sin que haya prueba en contrario pues quedo probado que el agente realizo el allanamiento a la vivienda de los señores L. M. D. y Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez, así como que se encontró 102 puntas de bolsas de nylon dinero en efectivo, quetzales, lempiras, dólares, asimismo que se encontraron tres armas de fuego dentro de dicha vivienda…” Refiere además el juzgador en su acápite de fundamentación jurídica en el numeral primero:” Los hechos declarados probados por este Tribunal de Sentencia, si bien establecen el hallazgo de rasgos de sustancias controladas o prohibidas conforme a la ley de Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, no derivan de la prueba indicios certeros múltiples y unívocos que convenzan positivamente a estos juzgadores que los señores L. M. D. y Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez hayan tenido participación en el delito o vínculo alguno con el Trafico de Drogas…” Debemos señalar, que las anteriores apreciaciones por parte del Tribunal, constituyen una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente. en su característica de suficiencia, en virtud que al valorar el contenido de la probanza, el Sentenciador no le otorgó la valía que realmente posee, atendiendo su contenido, pues de otra manera habría concluido en que, efectivamente en la vivienda de los encausados L. M. D. y Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez se les encontró 102 puntas que se encontraban en el tanque del sanitario en el agua y que al ser analizadas mediante el dictamen Toxicológico se establece que 19 de estas puntas se encuentran traza de cocaína, extremo este se concatena a las probanzas de las tres vigilancias realizadas a dicha vivienda y donde se observa por parte del testigo Wilson Rene Estrada el intercambio que hacían las personas que llegaban a dicha vivienda que era la entrega de droga por dinero. De ahí que, si el sentenciador hubiese realizado una valoración conjunta de los medios de prueba incorporados por el ente acusador, la conclusión del presente proceso sería una sentencia condenatoria en contra de L. M. D. y Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez dado que todos estos elementos constituyen prueba indiciaria suficiente para acreditar cómo se desarrollaron los hechos y evidenciar la responsabilidad de los acusados como autores de los mismos. Sobre los indicios la Honorable Sala de lo Penal, se ha pronunciado de la forma siguiente: “Los indicios pueden ser actos previos, concomitantes o posteriores a la comisión del delito, estos hechos sirven al juzgador, ante la ausencia de prueba directa, para inferir otros que le permiten reconstruir el hecho juzgado”. Ver sentencia No 922-04 de fecha 13 de diciembre de 2004. En este mismo orden de ideas, la Jueza Doña María de Jesús Hernández Elvira, de la Comunidad Autónoma de Canarias de España; ha comentado a través de ensayo relacionado a La Prueba Indiciaria en el Proceso Penal, que desde el punto de vista material es preciso cumplir con requisitos que se refieren tanto a los indicios en sí mismos como a la deducción o inferencia, por lo cual se requiere: a) Que estén plenamente acreditados. b) De naturaleza inequívocamente acusatoria. c) Que sean plurales o siendo único que posea una singular potencia acreditativa. d) Que sean concomitantes el hecho que se trate de probar. e) Que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que refuercen entre sí. De igual forma la autora supra referida, señalada que la validez y eficacia de la prueba indiciaria es necesaria “porque es un hecho que, en los juicios criminales, no siempre es posible esa prueba directa, por muchos esfuerzos que se hagan para obtenerla. Prescindir de la prueba indiciaria, conduciría en ocasiones a la impunidad de ciertos delitos, y especialmente de los perpetrados con particular astucia, lo que provocaría una grave indefensión social[2], por tanto, la prueba indirecta aportada en el caso subjudice, de haber sido valorada de forma conjunta, resulta suficiente para destruir la presunción de inocencia del acusado. De ahí que, atendiendo la posición jurisprudencial y doctrinal referida, vemos que el Juzgador considera que no se puede condenar a un enjuiciado porque a su juicio le resta credibilidad al testimonio del testigo de cargo, así como el resto de la prueba incorporada, constituyen múltiples indicios, los que al ser concatenados permiten imponer una condena, ya que éstos son concomitantes, anteriores y posteriores, como sucede en el caso subjudice, donde los sucesos previos y posteriores al hecho nos conducen a establecer la culpabilidad de los encausados señor L. M. D. y Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez además de tener la característica de concomitantes por estar relacionados entre sí, como se expone a continuación: *Indicios Anteriores al Delito: Con las tres vigilancias realizadas a dicha vivienda y donde se observa por parte del testigo Wilson Rene Estrada el intercambio que hacían las personas que llegaban a dicha vivienda con los encausados en la entrega de droga por dinero. *Indicios Concomitantes al delito: Con el Acta de Allanamiento se pudo comprobar lo observado en las tres vigilancias que se realizaron por parte del testigo Wilson Rene Estrada y los hallazgos corresponden a la conducta observada de personas que llegaban a dicha vivienda y que intercambiaban droga por dinero, como lo manifestó el testigo Gerson Edil Flores. *Indicios Posteriores al Delito: Con el dictamen Toxicológico, se estableció que las 102 puntas encontradas, 19 de ellas presentaban trazas de cocaína, aspecto este que se deriva que efectivamente en esas bolsas plásticas había droga cocaína, siendo racional que al encontrarse la evidencia en el tanque de un sanitario con agua este polvo que estaba contenido en la bolsa plástica se disolvió. Por tanto, tal y como lo hemos venido señalando, con la prueba antes descrita, se genera una pluralidad de indicios que fortalecen la tesis acusatoria, quedando descubierta la relación directa y clara entre delito cometido y la participación de los acusados como autor del mismo, conclusión a la que se arriba si se valora la prueba de manera conjunta y armónica, siendo evidente que el juzgador con el fallo ahora censurado incumplió lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea”. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009 En consecuencia, en este orden de ideas, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que los testimonios son congruentes, precisos y claros, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que los imputado sí perpetraron el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado, por lo que debió ser condenado por el delito de Tráfico de Drogas y Portación Ilegal de Armas; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente: en su característica de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” IV. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332 B del Código Penal; Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del artículo 332 B del Código Penal; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Sea declarado con lugar el recurso. El recurrente señala que el Tribunal de Sentencia no ha aplicado el artículo 332 del Código Penal, en donde se describen todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal para tener por establecido que los acusados participaron a títulos de autores en el delito de Portación Ilegal de Armas, pues se encontraron las armas en las habitaciones que ocupaban en la vivienda, con buen estado de funcionamiento y sin contar con la autorización legal para portarlas; considera la recurrente que los decretos de veda no es una clausula legal que despenaliza los delitos comprendidos en el artículo 332 B del Código Penal. De la Clasificación de las Armas de Fuego (Lícitas e Ilícitas, de Guerra o de Uso Personal). Se ha podido constatar por parte de esta Sala de lo Penal, la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; así pues, en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B. Sin embargo, tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, en los fallos No. 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, todos del 28 de julio de 2016, fijando doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuales son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez, algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: 1.) Armas de Guerra: El artículo 332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente, debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además a la Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo Sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y cconforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2.) Armas de uso personal: El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), siendo éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a qué ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (Armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años De los decretos legislativos de gracia o de “veda” o “amnistía” El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003. Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigor precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. g. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. h. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. i. Decreto No. 052-2017: El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los decretos legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal. A. Sala de lo Constitucional: en sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los expedientes números 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B. Sala de lo Penal: a partir del año 2018, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico, el Decreto Legislativo060-2015, constituye una prórroga del Decreto Legislativo 063-2014, el cual a su vez, constituye resolución legislativa de prórroga del Decreto Legislativo 184-2013, con cuya vigencia se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general, no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. El Decreto No. 060-2015 (tema del Recurso de Casación que nos ocupa), se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la Procedencia del Motivo por Infracción de Ley. El Motivo no es de Recibo. – El recurrente denuncia que, el Tribunal de Sentencia no ha aplicado el artículo 332 del Código Penal, en donde se describen todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal para tener por establecido que los acusados participaron a títulos de autores en el delito de Portación Ilegal de Armas, pues se encontraron las armas en las habitaciones que ocupaban en la vivienda, con buen estado de funcionamiento y sin contar con la autorización legal para portarlas; considera la recurrente que los decretos de veda no es una cláusula legal que despenaliza los delitos comprendidos en el artículo 332 B del Código Penal. Para efecto de elaborar una exposición sistemática de la relevancia jurídico-penal de la acción realizada por los señores L. M. D. y Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez, es necesario abordar el contenido el artículo 332-B del Código Penal decreto 144-83, el cual establece que: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.” Los hechos probados de la sentencia en relación al delito de Portación Ilegal de Armas establecen que: “Primero: En fecha 15 de mayo del año 2016 elementos de la Fuerza de Tarea Maya Chortí, que forman parte de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional de Policía Militar conocida como (FUSINA) recibieron información anónima que supuestamente en una casa de habitación en el barrio Flor Azul en el sector Sula del Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbará, en casa de habitación que era habitada por personas que supuestamente se dedicaban a la comercialización de droga, por lo cual se realizaron algunas diligencias de constatación como la ubicación de la vivienda y vigilancias y a raíz de éstas se autoriza un allanamiento de fecha 18 de junio de 2016, en el cual se procede a la inspección de la vivienda en donde se encuentra en una de las habitaciones un revolver calibre 357 Magnum serie 15895571 con empuñadura de madera conteniendo 6 proyectiles esta arma se encontró en la habitación del señor Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez y en otras partes de la casa, se encontró en uno de los baños en el inodoro en cuyo tanque de agua se encontraron 102 puntas de bolsas plásticas transparentes, las cuales al menos 19 presentaban residuos de polvo blanco, razón por la cual esta evidencia posteriormente fue evaluada en un laboratorio criminalístico especialista en toxicología, determinándose que efectivamente estas puntas de bolsas plásticas habían estado en contacto con la droga conocida como cocaína, sin poder establecer en que cantidad y cuando ni que personas manipularon esa sustancia, prosiguiendo con la inspección y allanamiento a la casa de habitación encontraron otras dos armas de fuego con las siguientes características un arma de fuego tipo pistola, color gris, marca Girsan, calibre 9 mm, serie T636808A03293 con su respectivo cargador que en su interior contenía 16 proyectiles, además de una pistola marca NZ85B, Serie 302958, calibre 9 mm., con su respectivo cargador y 16 proyectiles estas fueron encontradas en el dormitorio que ocupaba el joven L. M. D., asimismo en el resto de la inspección en distintas partes de la vivienda se encontraron diferentes cantidades de moneda en efectivo consistentes en 52,408.00 lempiras, 2,705 quetzales y 40 dólares, asimismo se procedió al decomiso de un vehículo tipo pick up, marca Toyota, color blanco, con placa PD06362 FDP, año 1994, una motocicleta marca Honda, color roja, placa M0072DHH, las cuales fueron decomisadas. Segundo: Como consecuencia del proceso investigativo del caso, el allanamiento, les dieron detención a los señores L. M. D. y Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez como supuestos autores del hecho.” La Sala de lo Penal, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal, dichos decretos no despenalizan bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados), Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad pública sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. Establece la recurrente que en el presente caso existe una aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal, pues no quedo establecido en los hechos declarados como probados, que los señores L. M. y Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez, almacenaran dichas armas sin el permiso de la autoridad correspondiente; en virtud que el recurso presentado se refiere a la infracción de ley por aplicación indebida de ley sustantiva, nuestra tarea como controladores de casación será el estudio detallado del cuadro fáctico declarado como probado, mismo que resulta inalterable en esta etapa casacional. Esta Sala de lo Penal, al efectuar el estudio normativo del tipo penal sustantivo de Portación Ilegal de Armas comercial, invocado por la recurrente, encuentra sumamente claro que dicha norma exige dentro de los elementos objetivos que lo describen que, no se cuenta con “permiso de la autoridad competente,” en los hechos probados de la sentencia en resumen quedó establecido que, en una casa de habitación en el barrio Flor Azul en el sector Sula del Municipio de Macuelizo, Departamento de Santa Barbará, en fecha 15 de mayo del año 2016 se encontró, en una de las habitaciones un revolver calibre 357 Magnum serie 15895571 con empuñadura de madera conteniendo 6 proyectiles esta arma se encontró en la habitación del señor Francisco Maria Mazariegos Gutiérrez; asimismo encontraron otras dos armas de fuego con las siguientes características un arma de fuego tipo pistola, color gris, marca Girsan, calibre 9 mm, serie T636808A03293 con su respectivo cargador que en su interior contenía 16 proyectiles, además de una pistola marca NZ85B, Serie 302958, calibre 9 mm., con su respectivo cargador y 16 proyectiles estas fueron encontradas en el dormitorio que ocupaba el joven L. M. D.. Si bien los acusados poseían armas de fuego, las cuales están descritas debidamente en el primer hecho probado, pero en ningún momento se da por probado que dicha arma se portaba sin el permiso de la autoridad correspondiente, tal como lo exige el artículo 332-B del Código Penal, para que una conducta se pueda adecuar a la prohibición normativa establecida en dicho tipo penal, consecuentemente dicha conducta no se enmarca dentro de la primer gran categoría de la teoría del delito conocida como “La Antijuricidad Penal”, dentro de la cual en la dogmática moderna se consideran comprendidos los elementos objetivos del tipo penal, siendo estos los descriptivos y normativos del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego comercial contenido en el artículo 332-B del Código Penal, ya que para que dicha conducta se pueda enmarcar dentro del tipo penal aludido necesariamente debió haber quedado probado en el factum del fallo, que los acusados no contaban con autorización para la portación de arma, que le fue encontrada en su posesión, pues el sólo haberse probado que las mismas fueron decomisadas, no es suficiente para determinar que dicha conducta llena el elemento objetivo exigido en el tipo penal invocado por la recurrente. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma Autorizante Citada: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Motivo: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Critica; Concepto de la infracción: Infracción a la regla lógica de derivación; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículos 202 del Código Procesal Penal; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Se anule la sentencia recurrida. Establece el recurrente que, el a quo vulneró las reglas de la sana Crítica infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, ya que la prueba fue legalmente incorporada y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que los imputados si perpetraron el hecho delictivo, desarrollando su motivo en el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…[3]” Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. a. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa, señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento.[4] El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Prueba Indiciaria El convencimiento judicial debe de extraerse del conjunto de medios de prueba que las partes presenten en la audiencia de debate; para los Juzgadores es tarea hacer un análisis de dicha prueba, si bien libre de cualquier tasación, está sujeta a las reglas del correcto entendimiento humano, pues no se trata de una facultad omnímoda de valoración sin sujeción a requisitos de ningún tipo, en otras palabras no se trata de una valoración arbitraria (dejada al arbitrio de los Juzgadores), sino una valoración razonada, justificada, ajustada a esas reglas que aglutinamos como normas de la sana critica racional para un correcto entendimiento y sujeta a un control recursivo respecto a su construcción y no en cuanto a su justicia. Es de considerar que normalmente llamamos “plena prueba”, no es más que convencimiento pleno, que es cuando el Juzgador tiene la certeza de que los hechos ocurrieron de una forma determinada y no de otra; el Convencimiento pleno puede ser alcanzado mediante prueba directa o prueba indiciaria, más no mediante prueba circunstancial: 1. La Prueba Directa, es aquella que por sí misma y sin necesidad de inferencia, nos muestra un hecho que debe de ser valorado (positiva o negativamente); 2. Prueba Indirecta o Indiciaria es un hecho, el cual fuese desconocido sino por ser la conclusión necesaria a la que se tiene que llegar después de ser deducida lógicamente de un hecho(s) conocido(s) a través de prueba que ha logrado convencimiento pleno. La prueba indiciaria es un hecho antes desconocido (Conclusión), pero que se alcanza tras la inferencia (premisa menor) de un hecho conocido (premisa mayor). Entre más sea el número de prueba indiciaria (Concurso de indicios), y especialmente que revista de necesaria (no contingente) e independiente (sin relación entre una y otra), mejor será para lograr pasar de la probabilidad a la certeza, es decir, a un estado de convencimiento pleno; 4. Prueba Circunstancial: Es el hecho o conjunto de hechos que contingentemente muestran una posible realidad sin excluir otras, es decir tales hechos encuentran explicación en múltiples escenarios posibles sin que ninguno de ellos se anteponga o pueda excluir a los otros; a la prueba circunstancial la componen el indicio contingente y el indicio anfibológico. Cuando es posible la representación de diversas realidades antagónicas, derivadas de un mismo acervo probatorio, se produce un estado mental intermedio conocido como duda. Las reglas de la sana critica o del recto entendimiento humano alcanzan a la Prueba Indiciaria, misma que constituye un proceso de razonamiento valido para sustentar una sentencia definitiva, sea ésta de carácter condenatoria o absolutoria; la prueba indiciaria no es la legalización de la intuición o de la sospecha, son procesos de razonamientos objetivos y demostrables, que arrojan verdad sobre los hechos y su virtualidad está demostrada en el derecho penal; es importante apuntar que la conclusión llegada a través de prueba indiciaria no puede contravenir la conclusión a la que sea posible llegar con prueba directa respecto a los mismos hechos (Probatio Vincit Praesumptionem). Conforme al Diccionario Enciclopédico Océano (Diccionario Enciclopédico Océano, CD 2003), la palabra indicio tiene su origen de la palabra latín Indicium, lo cual es el fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido, lo que no se aleja mucho del dado por el Diccionario Jurídico Espasa, (Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Espasa Calpe S.A., 2003. pág. 821) al conceptualizar como indicio, en el derecho procesal, es el hecho que permite deducir o inferir la existencia de otro no percibido o conocido que es el jurídicamente relevante. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditó los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Ahora bien en aras del control del convencionalidad que debe observar todo Tribunal de la República y que manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de la inadecuada técnica recursiva del impetrante, esta Sala de lo Penal ha procedido a analizar los juicios de valor esgrimidos por el Sentenciador sobre las pruebas evacuadas en el debate, y observa que sus razonamientos y conjeturas son el producto de la aplicación correcta de las reglas del recto entendimiento humano, derivando sus conclusiones del resultado obtenido del legajo probatorio y realizando una valoración conjunta y armónica de toda la prueba. Es tal su aplicación de las Reglas de la Sana Crítica, que en su fundamentación probatorio externó las razones de hecho y de derecho por las cuales consideró que el accionar de los acusados L. M. y Francisco Maria Mazariegos, no se encuadran en el delito de Tráfico Ilícito de Drogas y Portación Ilegal de Armas. Si bien el recurrente plantea que el a quo vulneró las reglas de la sana Crítica, el mismo solo realizó argumentos de instancia describiendo los medios de prueba de cargo, aduciendo que los mismo no se conformaron en base a las pruebas evacuadas, que todos los elementos constituyen prueba indiciaria, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de mala aplicación de la regla de derivación y obvió plasmar adecuadamente esos razonamientos equívocos del Sentenciador. En ese sentido considera este alto Tribunal, que las pruebas fueron razonadas de manera correcta, externando sus conclusiones en base a las reglas de la Sana Crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. Decisión Declara no ha lugar el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo. Declara no ha lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra L. M. D. y Francisco Mazariegos, quienes fueron acusados del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras y por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. - Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 404-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
Página 25 De 32
[1] Sentencia de fecha 17 de enero del 2013, recaída en el Recurso de Casación Penal No.S.P.248=2010.
[2] http://icalanzarote.com/docus/articulo/prueba_indiciaria.pdf
[3] Ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal y Exp 88-09 de fecha 20 de octubre del 2011.
[4] Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156.