Sentencia CP-389-18 — Registro 14110
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo no es de Recibo. Conforme lo ha señalado esta Sala de Casación en fallos anteriores, el motivo de casación cuyo fundamento sea la vulneración al Estado de Inocencia, nuestra misión radica en determinar si el Juzgador al llegar a la convicción de culpabilidad lo hizo utilizando un proceso adecuado y contó con la prueba suficiente y válida para ello, debiendo verificar cinco puntos específicos, en primer lugar que la prueba se haya obtenido y reproducido mediante los procedimiento legales; como segundo requisito que esas pruebas se hayan desarrollado bajo los principios del juicio oral; tercer requerimiento es que se debe verificar que esas pruebas fueron debidamente razonadas por el Sentenciador; cuarto precepto es que se debe establecer si esos razonamientos probatorios del A-quo se conformaron en base a la reglas del correcto pensamiento humano y como último criterio debe verificar esta Sala de Casación si se contaron con los suficientes medios probatorios mediante los cuales se acrediten los elementos objetivos y subjetivos del delito acusado y por consiguiente la participación que haya tenido el acusado en esos hechos. El último de los aspectos es el que la censora considera no se cumple en las presentes diligencias, pues considera que no hay prueba directa de la participación del señor Emerson Namir Landes Garcia en los hechos investigados, argumento con el cual esta Sala de lo Penal no esta de acuerdo, pues al revisar la sentencia recurrida encontramos pruebas suficientes para conformar en el Juzgador la certeza necesaria para determinar la culpabilidad del imputado en el delito acusado, no es la cantidad de prueba la que determina la suficiencia probatoria, sino que la calidad que ésta tenga y el valor probatorio que el A-quo le otorgue. En el debate o juicio oral del encartado Landes Garcia se evacuó la declaración del señor Cristian Leonardo Cano Agusto, quien fue claro y categórico al afirmar que el 2 de diciembre de 2015 se encontraba en un patrullaje de rutina en la colonia Unidad y Fuerza de Comayagüela, cuando se les acercó una persona para decirle que en un callejón de la colonia había un ciudadano vendiendo droga, al dirigirse al lugar encontraron a una persona sospechosa, al practicarle un registro personal se le encontró una bolsa plástica conteniendo marihuana, luego en una bolsa del pantalón se el encontró unas piedras de crack y en la otra se le encontró cocaína, además se le encontró en posesión de 1,080.00 lempiras. También se evacuó el acta de registro personal en la cual se detalla la droga y el dinero decomisado, en dicho documento se calza la firma del ahora imputado, la del investigador, la del testigo Cristian Leonardo Cano y la de un testigo. Se contó además con el acta de decomiso a secuestro que va en total consonancia con el acta de registro personal y de igual forma la prueba pericial ratificada por la doctora Rosina Judith Morales Zelaya, con lo cual se determinó que la clase de droga decomisada era crack, cocaína y marihuana y con un peso que excede el consumo personal inmediato. Al analizar todas estas pruebas el Tribunal realizó una adecuada valoración intelectiva y determinó no solo los elementos objetivos del tipo penal, sino que además los elemento subjetivos, lo cual llevó a determinar la culpabilidad del acusado en los hechos investigados; para esta Sala de lo Penal no podemos desconocer que el acusado fue capturado infraganti es decir en posesión en varias partes de su cuerpo de la droga decomisada, la declaración del policía que lo captura es una prueba directa de su participación y al efectuarle el registro personal confirman el dicho de la persona que puso en sobre aviso a los agentes del orden; la declaración del señor Cristian Leonardo Cano contiene pruebas corroborativas como ser el acta de registro personal, misma que es firmada por el propio acusado y por un testigo que da fiabilidad a dicha acto, además del acta de decomiso que se desprende precisamente del registro personal. En el presente caso considera esta Sala de lo Penal que el Estado de Inocencia que le asistió en todo momento al ahora acusado fue vencido legalmente en juicio mediante las pruebas suficientes para determinar su participación en los hechos investigados, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo no es de Recibo. Conforme el vicio denunciado por la recurrente, esta Sala de Casación efectuó una revisión detallada de la valoración probatoria realizada por el A-quo y no encuentra que sus juicios de valor sean contrarios a las reglas del correcto pensamiento. La recurrente si bien no ha utilizado de forma adecuada la técnica casacionista para hacer valer su posición, pues en muchos de sus argumentos realiza cuestionamiento de instancia y expone el valor probatorio que a su criterio se le debió dar a la prueba lo cual es erróneo, aunado a eso establece la declaración de un testigo que nunca fue evacuado en juicio, como ser Rosa Midgalia Merlo, cuyo testimonio no se escuchó en la vista judicial; a pesar de dichas inconsistencias es posible para esta Sala de lo Penal determinar el objeto de su impugnación y será sobre ese punto que se dará respuesta. En el acápite “Valoración de la Prueba” el Sentenciador expuso en primera instancia la valoración descriptiva de la prueba evacuada en el debate, es decir describió los aspectos importantes de la prueba y consignó los dichos de los testigos y de la prueba pericial; posteriormente estableció la valoración intelectiva en la cual esgrime juicios de valor coherente y derivados, teniendo como base y fundamento las reglas del correcto pensamiento humano. En relación a la declaración del policía Cristian Leonardo Cano Agusto, acta de registro personal y acta de decomiso el Sentenciador estableció “Con la prueba testifical de cargo respecto a las diligencias realizadas para la constatación del delito, la evidencia incautada al imputado Emerson Namir Lander Garcia, mientras se le practicó el registro personal en la colonia Unidad y Fuerza; esta prueba es conteste con los hallazgos encontrados en el cuerpo de señor Lander por dicho testigo, consistente en una bolsa negra conteniendo en su interior hierva seca (marihuana), en la bolsa entera del pantalón cinco empaques de un deposito cada uno conteniendo en su interior droga (piedra crack) y cuatro empaques de un deposito cada uno con cocaína, y en la bolsa izquierda del pantalón la cantidad de 1080.00 lempiras al momento de practicarle el registro, información que fue consignada en los documentos que se ratificaron por el mismo agente. Los documentos traídos a juicio a efecto de acreditar la constatación del delito y la participación del acusado merecen para este Tribunal credibilidad y valor probatorio, como ya lo hemos explicado anteriormente, pues en ella se plasma el día, el lugar y la hora en que se realizaron los registros y complementados con la declaración del agente de policía que participó en la detención y decomiso y quien redactó las actas correspondientes.” Considera esta Sala de lo Penal que la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica hizo que el Juzgador conformara un fallo que cumple con las características de una motivación lógica, pues la misma es congruente, pues sus razonamientos y deducciones contienen una apropiada reciprocidad y concordancia entre sí; además de ser concordante, pues cada conclusión a la que arribó el Juzgador derivó de un elemento de prueba; de igual forma los juicios de valor no son contradictorios pues están ausentes de raciocinios que al enfrentarse se anulen entre sí; podemos afirmas además que los razonamientos del Sentenciador son inequívocos al no permitir que se cuestione el alcance o significado de sus razonamientos y por último son suficientes, pues los mismos están conformados por conclusiones que se derivan de una serie de pensamientos que provocan un juicio de certidumbre. Recordemos que nos enfrentamos ante un delito infraganti, pues el acusado fue detenido en el momento en que se encontraba en el callejón y portaba en sus ropas droga (marihuana, crack y cocaína) en una cantidad que no es compatible para el consumo personal inmediato, todo lo cual quedó así confirmado con la declaración del policía que realizó la captura y que además practicó el registro personal, en dichas actas encontramos la firma del ahora acusado y de las personas que participaron en ese acto de investigación, por lo que los juicios de valor que hizo el Juzgador a toda la prueba evacuada tiene como fundamento las reglas de la sana crítica, por lo que este motivo de casación debe ser desestimado.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...2L MOTIVO NO ES DE RECIBO. De la jurisprudencia que ha dictado esta Sala de lo Penal, la cual fue explicada de forma detallada en los apartados anteriores, este Tribunal de Casación es del criterio que la conducta del imputado Emerson Namir Landes Garcia, no se subsume en el tipo penal previsto por el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, pues del relato fáctico no se desprende que haya realizado la acción de facilitar a otro individuo, el medio de transporte, es decir, proporcionar el vehículo en el que se transportaba una importante cantidad de droga cuyo peso excede el consumo personal inmediato según arroja el dictamen toxicológico, sino que asumió la tarea de alto riesgo como era la de transportar por sí mismo la droga antes relacionada. Y es que si partimos, como lo entiende esta Sala, que el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, comprende la acción que se limita a la facilitación o el suministro, ya sea a título oneroso o gratuito del vehículo o medio de transporte, utilizado por otro para el acarreo de la sustancia prohibida, que el legislador hondureño ha considerado merecedora de menor pena; el transporte de la droga incautada al acusado Emerson Namir, es decir, por sí mismo, indudablemente constituye un hecho punible y de alto riesgo, que se comprende dentro del término genérico y por tanto utilizado en el ámbito penal del tráfico ilícito de drogas[8], que se configura al tenor de lo previsto en los artículos 18, 19 y 5 No. 34) de la ley penal especial tantas veces referida, todo ello teniendo en cuenta que no existe disposición legal en contrario que configure al transporte de drogas pre-ordenado al tráfico como un tipo autónomo y merecedor de menor pena, sino como una modalidad de lo que global y genéricamente se conoce como tráfico ilícito de drogas. Sin embargo y conforme lo regula el artículo 350 del Código Procesal Penal, esta Sala de Casación se ve imposibilitada a modificar la sentencia dictada contra el acusado Emerson Namir Landes Garcia, pues la “Prohibición de Reforma Peyorativa” (Non Reformatio in Pejus) establece que, la sentencia que resuelva un recurso sólo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación y solo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna otra parte recurrente y siempre que no agrave lo ya pretendido por ésta, ante el órgano judicial que dictó la resolución recurrida. En tal sentido no podemos como Tribunal de Casación perjudicar al imputado imponiendo la sentencia que en derecho le corresponde pues no ha recurrida el Ministerio público y quien presentó la impugnación es su defensa, en ese sentido, aunque a criterio de esta Sala de lo Penal los hechos se subsumen en el delito de tráfico de drogas, no es posible su modificación por disposición legal expresa del artículo 350 de la ley procesal, por las razones antes expuestas es procedente desestimar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada del acusado Emerson Namir Landes Garcia que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Emerson Namir Landes Garcia, del delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas, imponiéndole una pena principal de 6 años de reclusión y una multa de cincuenta mil lempiras. Conforme la nueva legislación penal decreto 130-2017 en su artículo 311, la conducta reprochada al acusado constituye un delito de tráfico de droga por posesión para el transporte, cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde:https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando la cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: a. Diez mil (10.000) gramos de marihuana; b. Mil (1000) gramos de hachís; c. Dos mil (2000) gramos de cocaína; d. Dos mil (2000) gramos de alcaloide derivado de la cocaína; e. Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; f. Doscientos (200) gramos de droga sintética; o g. Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. A partir de lo expuesto, se determina la presencia de un concurso ideal conforme al artículo 67 del nuevo Código Penal, el cual establece su existencia cuando con una (1) sola acción u omisión se infringe diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación del concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. En el caso presente, tenemos un mismo precepto (artículo 311 del nuevo Código Penal) que regula dos supuestos de hecho distintos, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que no causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días; y, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que sí causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Corresponde la imposición de la pena correspondiente a este último delito por contener la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), lo que equivale a trece (13) años cuatro (4) meses de prisión, y seiscientos sesenta y seis (666) días multa, con un valor mínimo por día de veinte lempiras (L 20.00) y máximo de cinco mil lempiras (L 5,000.00) (Artículo 53 del nuevo Código Penal), lo que fija un margen abstracto de multa que oscila entre trece mil trescientos treinta y tres lempiras con veinte centavos (L 13, 333.20) a tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos lempiras (L 3, 333,300.00). De lo que se puede deducir que la pena de 6 años impuesta por el Tribunal Sentenciador conforme el decreto 144-83, es mucho menor que la pena que tendría que imponérsele conforme a la nueva legislación penal, de ahí pues que no corresponde aplicar retroactivamente el decreto 130-2017 pues la misma no le favorece al acusado..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 389-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a un día del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 389-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Emerson Namir Landes García, como autor del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis años de reclusión, más una multa de cincuenta mil lempiras. Segundo: Condenó al señor Emerson Namir Landes García a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Emerson Namir Landes García a favor del Estado de Honduras. Quinto: Se decretó el comiso de los 143.8 gramos de marihuana, 0.37 gramos de cocaína y 0.51 gramos de crack, evidencias que fueron decomisadas al imputado, los cuales permanecerán bajo la custodia del Ministerio Público y deberá ser puesta a la orden del Juez de Ejecución para proceder al cumplimiento de esta pena y la posterior destrucción de la droga. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, quebrantamiento de forma e infracción de ley, la Abogada Ayling Pérez Fiallos, en su condición de defensora privada del imputado. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Ayling V. Pérez Fiallos, en su condición de defensora privada del señor del Emerson Namir Landes García, como parte recurrente y el Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “ÚNICO: En fecha dos de diciembre del año dos mil quince, en la colonia Fuerza Unidas de Comayagüela, miembros de la Policía Militar transitaban en la calle principal de dicha colonia, aproximadamente a la una de la tarde, cuando una persona del sexo masculino denunció que en el callejón de la misma calle principal se encontraba una persona vendiendo drogas, en vía pública; trasladándose los miembros de la policía a verificar dicha denuncia, encontrando al señor Emerson Namir Landes García a quien se le practicó un registro personal, encontrándole en la bolsa del pantalón una bolsa plástica, color negro conteniendo marihuana con un peso de 143.8 gramos, 4 blister con un peso de 0.37 gramos de cocaína y 5 blister conteniendo crack con un peso de 0.51 gramos, cantidades que no son consideradas para consumo personal inmediato.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “PRIMER MOTIVO DE CASACION INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EL CUAL LITERALMENTE DICE: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente” (las negritas y el subrayado es nuestro) PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Dicha norma Constitucional en relación a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2 que instituye: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. De Igual forma el Código Procesal Penal en su artículo 2 relata: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código." CONCEPTO O SENTIDO DE LA INFRACCION.- Violación del artículo 89 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 2 del Código Procesal penal. PRIMERO. De lo anterior se desprende que es una obligación del Estado y especialmente de los Tribunales que imparten Justicia en un Proceso Penal, el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho; el hecho de no haberse identificado plenamente la plenamente la actividad que se encontraba desarrollando ml representado, constituye una flagrante vulneración a la PRESUNCION DE INOCENCIA.- Resulta Honorable corte, que la fiscalía del Ministerio Público durante todo el proceso, propuso la declaración del TESTIGO CRISTIAN LENARDO CANO AGURCIA. supuestamente presencial del hecho no se enervo el Estado de Inocencia. SEGUNDO: Resulta Honorable Tribunal de Casación, que mi representado fue condenado por un delito de Facilitación de los medios de Transporte para el trafico de drogas, Sin existir una sola prueba directa de su participación y mucho menos indicios que nos lleven a la conclusión que en efecto participó en los hechos sometidos a juzgamiento. El tribunal A-quo no contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación de mi patrocinado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción; y además, puede comprobar que en la preceptiva Motivación de la Sentencia se na expresado por el Juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo infringiendo las Reglas de la Sana Crítica. Por ende será esta Honorable Corte, quien deberá realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos comprometidos con la inmediación, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria La Presunción de Inocencia supone que como se parte de la Inocencia quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla; y es al Ente Acusador a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución, aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador es quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado; y no ésta quien tiene que probar su inocencia. La Presunción de Inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar, y dentro de la objetividad que debe imperar según lo manda la Constitución y el Código Procesal penal, a pesar de haberse solicitado al Ministerio Público y al Juzgado de Instrucción la Prueba toxicológica realizada a mi representado, jamás fue anexada al expediente de merito siendo esta un aprueba crucial para llegar a la verdad material de los hechos. Por ende dicha prueba es espuria y por ende dicha diligencia vulnera el Principio de Inocencia, ya que el A-quo saca un razonamiento distinto a los resultados de las pruebas. Apoyándose únicamente en la declaración testifical del policía CRISTIAN LEONARDO CANO AGURCIA y el decomiso que supuestamente realiza dicho agente de policía, dicha diligencia y testimonio, no puede tener suficiente valor probatorio para enervar el Estado de Inocencia del Acusado y condenarlo, circunstancia que vicia la Sentencia Condenatoria y vulnera el Derecho a la Presunción de Inocencia que consagra el Artículo 89 de la Constitución de la República. TERCERO: En conclusión Honorable Tribunal de Casación, este testigo nunca fue contundente en establecer quien fue quien interpuso la denuncia, ni si elaboraron algún tipo de vigilancia a ml representado, simplemente porque no se llevo a cabo la diligencia vulnerándose así el Principio de Inocencia y el debido proceso que Constitucionalmente le asiste. La jurista española María Félix Tena Aragón en su obra “Manual de Derecho Constitucional” (De Honduras) página 34 y 61, nos habla un poco acerca del Derecho a la “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA” y nos relata: “Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, más allá de su contenido material, que sera objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida. Por tanto, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya prueba de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado”. Tal como lo afirma la jurista María Félix, se entenderá vulnerado la Presunción de Inocencia cuando se condene sin prueba de cargo válida, extendiéndose por ésta, entre otras, cuando el razonamiento del juez sea ilógico o insuficiente, tal como ocurre en el caso subjudice en donde los Jueces han valorado prueba que nos indica como responsable a mi representado. La Jurista Tena Aragón en su página 61 de la obra antes citada sigue ilustrándonos y nos dice: “La significación preponderante de la presunción de inocencia afecta a las exigencias respecto a la prueba, necesarias para que pueda hacerse, una válida declaración de, culpabilidad. Se infringe la presunción de inocencia cuando, sin que se pruebe, legal y previamente, la culpabilidad de un acusado, se refleja en una resolución judicial que le afecta el sentir de que es culpable.” Tal es el caso de mi representado, que fue condenado con pruebas que arriban a meras sospechas, ya que nunca se acredito de manera contundente y mediante la documentación legal, que acreditara sin lugar a dudas su participación en el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Trafico de Drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras. en ese orden de ideas podemos concluir que el Tribunal Sentenciador infringió gravemente el Derecho a la PRESUNCION DE INOCENCIA, y que la única forma de enmendarlo es declarando con lugar el presente recurso de casación, dictando la SENTENCIA ABSOLUTORIA por el delito de facilitación de los medios de transporte para el tranco de drogas que corresponde”. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: HABER INCURRIDO EL TRIBUNAL SENTENCIADOR, EN INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA, A LA HORA DE VALORAR LA PRUEBA DE CARGO. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado en el artículo 362.3 norma infringida artículo 202, ambos del código procesal penal. CONCEPTO O SENTIDO DE LA INFRACCIÓN: La sana crítica nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconsejan la razón y el criterio racional, puesto en juicio. Implica analizar en forma conjunta, sinceramente y sin prejuicios, los testimonios y toda la evidencia física, técnica y científica que sobre el tema debatido, sea vertida en el contradictorio. En nuestra opinión, el Tribunal de Sentencia que decidió su fallo por la condena de mi representada, omitió gravemente las reglas de la sana crítica, específicamente las relacionadas con las de la psicología y las reglas de la experiencia, estructurando toda la fundamentación de su fallo en la credibilidad total que le asignaron al testimonio del Testigo de cargo CANO, cuyo contenido resulta seriamente cuestionable al momento de contrastarlo con el resto del universo probatorio, lo que conlleva a la violación a las reglas de la sana crítica PRIMERO: Violación a las reglas de la Psicología: Los jueces optaron por la condena de mi defendida, obviando la observancia de las reglas de la psicología, las máximas de la experiencia que Integran la sana critica, cuando dan total credibilidad a lo declarado por la testigo Rosa Migdalia Merlo, para el Tribunal ha valorado la prueba de acuerdo a las reglas de la sana critica, de manera que los hechos declarados probados anteriormente han sido demostrados mediante prueba suficiente y practicada válidamente en el acto de inicio. tal v como se transcribió lo depuesto por dicha testigo en el primer motivo de casación, con todas las contradicciones e incongruencias de la referida declaración. CRISTIAN LEONARDO CANO AGUSTO.- Declara: el 2 de diciembre del 2015 nos encontrábamos en la Coloma Unidad y Fuerza de Comayagüela haciendo un patrullaje de rutina como a las 13:00 horas de la tarde de inmediato se nos acercó una persona de sexo masculino que dos cuadras adelante había un callejón y que pasaba un muchacho vendiendo droga de inmediato nos movilizamos hacia el callejón observando a un ciudadano que vestía una camiseta color blanco un pantalón blanco y unos tenis blancos en el momento que él observa la presencia de la policía militar se pudo observar que se puso de una forma sospechosa con ganas de salir corriendo, de inmediato nosotros nos bajamos de la patrulla y lo detuvimos y le hicimos registro personal y en ese momento debajo de su camisa se encontraba una bolsa plástica de color negro conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, luego en la bolsa frontal derecha de su pantalón se encontraba una bolsa blanca pequeña plástica transparente y se encontraba en su interior un empaque con cinco piedras de supuesta droga que es crack, luego se encontró otro empaque en la misma bolsa que contenía cuatro depósitos en cual contenía en su interior cada una de ellas supuesta cocaína luego hicimos registro en su bolsa frontal izquierda de su pantalón encontrándole la cantidad de L 1,080.00 lempiras nueve billetes de cien lempiras dos de cincuenta lempiras tres de veinte lempiras uno de diez y la cantidad de dos billetes de cinco lempiras, luego lo subimos a la patrulla y nos trasladamos al Core Siete para hacerles sus trámites correspondientes y ponerlo a la orden de la Fiscalía del Tribunal. A PREGUNTAS DE LA FISCALIA; ¿Cristian cuantos elementos andaban el día del patrullaje? Cinco, ¿El registro al incautado quien lo realizo? Mi persona, ¿Cómo era el lugar de los hechos donde encontraron el encausado? Un callejón nada más, ¿Había más personas en ese callejón? Solamente el. ¿Me podría dar las características de la persona que detuvo en ese momento? Trigueño, contextura delgada y bajo, A PREGUNTAS DE LA DEFENSA: ¿Cuándo usted hace el registro con que otras personas se encuentra usted? Solamente con otro compañero, ¿Como se llama ese compañero? Juan Luis Castro Mejía, ¿En que número de patrulla se encontraba ese día? No me recuerdo la verdad, ¿A qué horas hace el registro? A las trece cero, cero. ¿A qué horas termina? A las trece cero cinco, ¿El acta de lectura de los hechos a qué horas la realizan? No recuerdo. Me podría decir cómo era la camisa de que usted requirió? Solo recuerdo que era camiseta blanca nada más, Usted declaró que bajo la camisa habían encontrado una bolsa, ¿De qué color era esa bolsa? Bolsa plástica de color negro, ¿El callejón donde requieren a esta persona tiene salida? No recuerdo la verdad ¿Cuantas personas se encontraban en la zona personas que no eran policía? Solo el nada más, ¿Descríbame el lugar donde lo detuvieron? La verdad no lo recuerdo, ¿Mencióneme las personas que se encontraban en ese patrullaje? Solo el compañero que me cubría por mientras hacia el registro. ¿Dónde se encontraban los otros tres agentes? Se encontraban dándole seguridad a la patrulla, ¿Ese día a qué horas salen y a qué lugar se dirigían a donde están asignados? Desde las seis de la mañana, exactamente a esa colonia a las trece horas, ¿A quién le hacen la denuncia que se encuentra vendiendo droga? Se nos acercó una persona de sexo masculino el cual manifestó que dos cuadras adelante nabla un callejón y se encontraba un muchacho vendiendo marihuana a las personas que ¿Quiero que me describa como se le acerco una persona a ustedes si ustedes iban en la patrulla? Nosotros nos paramos porque él nos hizo señas nada más nos dijo que dos cuadras adelante había un callejón y había un muchacho vendiendo droga, Esa persona que los detiene les hace la descripción de cómo es la persona que está vendiendo drogas? Que era trigueña, vestía camiseta blanca, pantalón blanco y tenis blanco, ¿Descríbame el lugar donde les hizo la parada SI no que solo se acercó y nos dijo nada mas eso fue, ¿Como andaba vestida la persona que les hace la denuncia? No recuerdo la verdad, ¿Cómo recuerda exactamente la cantidad de billetes y las denominaciones de dicho registro? Lo recuerdo porque mi persona fue quien hizo el registro. VALORACION CONJUNTA HECHA POR EL TRIBUNAL SENTENCIADOR: Con la prueba pericial de cargo respecto a las diligencias realizadas por el testigo Cristóbal Enrique Archaga Rodas, para la constatación del delito, así como la evidencia incautada al imputado EMERSON NAMIR LANDER GARCIA, mientras se le practicó el registro personal. En la colonia Unidad y Fuerza, esta prueba es conteste con los hallazgos encontrados en el cuerpo del señor Landes, por dicho testigo; consistente en una bolsa negra conteniendo en su Interior hierba seca (marihuana), en la bolsa entera del pantalón cinco empaques de un deposito cada uno conteniendo en su interior droga (piedra crack), y cuatro empaques de un deposito cada uno con (cocaína), y en la bolsa izquierda del pantalón la cantidad de (Lps. 1080) al momento de practicarle el registro información que fue consignada en los documentos que se ratificaron por el mismo agente. Los documentos traídos a juicio a efecto de acreditar la constatación del delito y la participación del acusado merece para este Tribunal credibilidad y valor probatorio, como ya lo hemos explicado anteriormente, pues en ella se plasma el día, el lugar y la hora en que se realizaron los registros y decomisos de las evidencias traídas a juicios, documentos que son complementados con la declaración del agente de policía que participo en la detención y decomiso y quien redacto las actas correspondientes. El hecho es que el testigo contradictorio, está claro en las declaraciones subrayadas por la suscrita esto nos hace presumir la existencia de un acuerdo previo que incluyó el cumplimiento de instrucciones dadas por el Ministerio Público al testigo, sobre la forma y contenido de sus respuestas, sin importar si estas pudieran corresponder o no con la verdad. Los Juzgadores Inobservan la Inmediación de la prueba testimonial en referencia, al condenar a mí patrocinado, ignorando estas incoherencias, despreciando con ello una de las reglas que integran la sana crítica, como método obligatorio, de orden legal, impuesto a los Jueces de sentencia para la valoración de la prueba, lo que los hizo arribar a una conclusión errada acerca del valor que han debido darle a los testimonio antes transcritos. ROSINA JUDITH MORALES ZELAYA.- Declara: realizo el Dictamen 2016-0801-05069622-1-2-3, se recibió el día 3 de diciembre tres bolsas plásticas de la sección de control de evidencia debidamente cerradas y selladas y firmadas con el número de caso 2016-0801-0506-9622-1-2-3, la primera con una plástica negra con marihuana con hierba seca supuestamente se le realizaron tres análisis correspondientes un ensayo químico- un ensayo macroscópico y microscópico siendo positivos todos y determinado que la hierba decomisada era marihuana, en la bolsa numero dos se tenían cuatro listas de un deposito con una capsula transparente con polvo blanco se realizan los análisis un ensayo clínico que consta de tres reactivo aspecto fotografía infrarroja con transformada de curiel y que se determina que es positivo para cocaína crack, así cada una de las muestras se le determina el peso y en la cantidad de marihuana sale 143.8 gramos siendo esta no compatible con el consumo personal inmediato, al polvo blanco que se determinó que era cocaína clorhidrato con el peso de 0 37 gramos, que es compatible con el consumo diario inmediato, las piedras blancas que se determinó que es cocaína crack con peso 0.51 que es compatible con el uso personal inmediato todos estos con el punto de vista toxicológico. VALORACION CONJUNTA HECHA POR EL TRIBUNAL SENTENCIADOR: El dictamen elaborado por la perito en toxicología, merecen para este Tribunal credibilidad y valor probatorio, en primer lugar porque fue realizado por profesional experto en la materia, la doctora morales, estableció que la bolsa que contenía la droga es positivo para marihuana con un peso de 143.8 gramos, 4 blíster con un peso de 0.37 gramos de cocaína y 5 blíster conteniendo crack con un peso de 0.51 gramos, así cada una de las muestras se le determina el peso y en la cantidad de marihuana sale 143.8 gramos siendo esta no compatible con el consumo personal inmediato, mismas que fueron evacuados en la audiencia de juicio oral. Que si bien es cierto con el dictamen toxicológico se demuestra científicamente que la droga encontrada al imputado era marihuana con un peso de 143.8 gramos, siendo esta no compatible con el consumo personal inmediato, polvo blanco que se determinó que era cocaína clorhidrato con el peso 0.37 gramos compatible con el consumo diario inmediato, piedras blancas que se determinó que es cocama crack con peso de 0.51 que es compatible con el uso personal inmediato, igualmente cierto es que la conclusión del peritaje de que la evidencia incautada sobrepasa la cantidad mínima considerada para consumo personal inmediato en el caso de la marihuana. no puede ser tomada en cuenta porque no puede ser vinculante para sancionar la conducta de forma distinta que no sea la sanción que señala la ley para el consumo personal, por las razones siguientes: A) la forma en que se encontró la hierba seca, aunada a la adicción confesada del imputado sugieren que no se disponía el local para facilitación de consumo o trafico: B) los hechos demostrados objetivamente permiten colegir conforme las reglas de la experiencia que las personas adictas a las drogas suelen, conforme va creciendo su adicción, adquirir mayores cantidades de drogas para tenerlas a su disposición C) No existe prueba periférica que haya comprobado objetivamente que se facilitaba el local ya sea para consumo de otros o para el tráfico. D) El dictamen pericial si bien constituye un medio altamente técnico científico, son opiniones y como tales al igual que el resto de la prueba, queda sujeto a la libre valoración del juzgador, sin existir preeminencia para ningún medio probatorio, por ello ha reiterado en múltiples ocasiones la Corte Suprema de Justicia, se ha dicho que “siendo la pericia sólo un medio de prueba, sus conclusiones, no serán obligatorias para el juez, quien podrá desatenderlas, e incluso (caso extremo) decidir en oposición a ella. Así resulta del sistema de la libre convicción que autoriza a meritar y, por ende, descalificar el dictamen pericial, por infracción a las reglas de la lógica, la psicología o la experiencia común. SEGUNDO: Violación a las reglas de la experiencia: Por otra parte, la valoración del testimonio de los Testigo, debió efectuarse en consonancia con lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal, que dice: “Artículo 202. Valoración de las pruebas. La sana crítica Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica- El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. De la lectura del acta de juicio se desprende con claridad que no hubo otros testimonios que refuercen el relato brindado por el Testigo, en cuanto a circunstancias de modo tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos que culminaron con el ilícito, en vista de que no hubo otros medios de prueba como Actas de Vigilancia, Denuncias interpuestas por ciudadanos, otros testimonios pruebas que en su conjunto hubieran reforzado los dichos del testigo de del Ministerio Público, tomando en consideración de que el practico el Registro Personal, realizo el decomiso e hizo la lectura de derechos en vista de no recordar la lectura de derechos. Y es aquí donde cuestionamos la violación por parte del Tribunal Sentenciador de las reglas de la experiencia, ya que el móvil que se infiere de los relatos testimoniales NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON Ml DEFENDIDO. La experiencia del hombre y mujer común nos indican que el criminal actúa por una motivación preexistente, a lo cual suele llamársele “móvil del hecho” y es precisamente este elemento el que el Ministerio Público, no logró acreditar con relación al acusado. Cabe mencionar que el agente se puso más nervioso de lo normal al momento de hacer su deposición. Los Agentes no hicieron ningún esfuerzo investigativo, ya que no existe denuncia interpuesta contra el sindicado, no se realizó ninguna diligencia tendiente a investigar quien era la persona que se encontraba vendiendo droga, en virtud de que mi representado fue encontrado en un callejón solo, las máximas de la experiencia nos dicen que las personas que consumen drogas, buscan sitios aislados para poder consumirlas, y los vendedores buscan sitios en los cuales transiten las personas para poder vender, en consecuencia obligaban al Ministerio Público y al órgano investigador a agotar exhaustivamente una línea de investigación que descartara sin lugar a dudas, la posibilidad de que EMERSON NAMIR LANDES GARCIA, hubiese sido la responsable del ilícito antes enunciado, por los cuales se juzgó y que injustamente se le atribuyó. En mí convicción, los jueces que optaron por la condena de mi defendido, obviaron la exigencia contenida en el articulo 202 del Código Procesal Penal, que los obliga a relacionar de modo racional y armónico, toda la prueba en su conjunto para formarse a partir de ello la libre convicción, apegados a las reglas de la sana crítica. Evidentemente en el caso que nos ocupa fueron despreciadas al menos dos del conjunto de reglas que conforman la sana crítica y que están referidas a las reglas de la psicología y a las de la experiencia, tal como lo hemos expuesto anteriormente, por ende el Tribunal violó las reglas del correcto entendimiento humano, la psicología, las máximas de la experiencia, en perjuicio de mi representado. INTERPRETACION DE SENTENCIA FERENDA: En relación a lo antes expuesto el Tribunal de Sentencia no realizó valoración alguna en cuanto a estos hechos, desconociéndose cuál fue el proceso de análisis llevado a cabo para dejar de considerar éstas incongruencias en las declaraciones de los hechos es por tal razón que es procedente que se case la Sentencia recurrida.” “TERCER MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: HABER INCURRIDO EL TRIBUNAL SENTENCIADOR, EN INCONGRUENCIA ENTRE LA SENTENCIA Y LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado en el artículo 362.6 norma infringida artículo 337, ambos del código procesal penal. CONCEPTO O SENTIDO DE LA INFRACCIÓN: En el caso de mérito, se presentó a declarar al Juicio Oral y Público, el TESTIGO CRISTIAN LEONARDO CANO AGURCIA, a quien el A-quo le dio total credibilidad a la declaración del Testigo, siendo que ello no era suficiente para tener certeza de la participación del Señor EMERSON NAMIR LANDES GARCIA, como autor del delito de Facilitación de los medios de Transporte para el Tráfico de droga, pues la Parte Acusadora no logró establecer plenamente para que fin estaba destinada la droga, si para el tráfico, para el consumo para la facilitación en fin cabe mencionar su señoría que al momento de presentar el Requerimiento Fiscal el Ministerio Público, califico el mismo como un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, la defensa desde el inicio discutió una posesión de droga y el Juez de Instrucción la califico en Facilitación de los Medios de Transporte para el Trafico Ilícito de Droga, Sin embargo el ente acusador y la defensa presentamos los respectivos Recursos de Apelación y la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, falla declarando sin lugar el Recurso interpuesto por el ente Fiscal y Ha Lugar el recurso interpuesto por la defensa en virtud de tratarse de un delito de Posesión de Droga el Ente Acusador siguió manteniendo su tesis de Tráfico de Droga tanto es así que en la Audiencia Preliminar Formaliza la Acusación por el Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, sin embargo en el Tribunal de Sentencia, aun y cuando los representantes del Ministerio Público tienen unidad de actuaciones se manifiesta en desacuerdo con la calificación del delito y sostiene una acusación con Facilitación de los Medios de Transporte para el Trafico de Drogas, y es que yo creo que aquí deberíamos valorar si las opiniones de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán realmente tienen peso jurídico ya que no se respeta la opinión de la Corte de Apelaciones, en el sentido que existe reiteradas sentencias en que la Corte de Apelaciones ha dejado plasmado cuando es tráfico, cuando facilitación y cuando posesión, porque si no, no tienen sentido la existencia del artículo 24 de la Ley Sobre Uso Indebido y 1 ratico lliC1to de Drogas y Sustancias Psicotropicas, en virtud que el Ente Acusador en un marcado delito de Desobediencia, ignora las Sentencia emitidas por esa Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal, violentando de esta manera el debido proceso, en virtud de que la sentencia debe de ser acorde con la formalización de la acusación esto en la audiencia Preliminar que es donde se Formaliza la acusación, cabe mencionar que presentaron medios de prueba con un delito de Tráfico ilícito de Drogas, es hasta el juicio Oral la representante del Ministerio Público no amplio la acusación, solo modifico la calificación del delito, Sin fundamentar el artículo 321 “AMPLIACION DE LA ACUSACIÓN. Si durante el juicio se tienen noticias de circunstancias o hechos, relacionados con el hecho objeto del juicio, que, no hayan sido mencionados en la acusación y que puedan modificar la calificación legal o la pena del delito, el fiscal o el Acusador Privado podrá modificar su calificación o ampliar oralmente la acusación para que aquellos sean considerados durante el debate nos dice el artículo 337 “CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA CON LA ACUSACIÓN. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura ajuicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en la forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas” nos dice relacionado con el artículo 362 numeral 6, es por ello que al no haberse fundamentado y al estar la defensa en desacuerdo con la modificación del delito ya que esto perjudica notablemente a mi representado, en vista de que hablamos de hechos mas gravosos, la Fiscalía se vio incapaz de sustentar la acusación con el delito de tráfico que venía sosteniendo, cambiando deliberadamente la calificación en perjuicio de mi representado, es por tal razón de que se debe casar la sentencia ahora recurrida. De lo expuesto se deduce, que no había razón para modificar la calificación del delito ya que durante el juicio no se tuvieron noticias de circunstancias o hechos, relacionados con el objeto del juicio, que la Facilitación de los medios de transporte para el tráfico jamás lo menciono el ente acusador, aunado a esto cabe destacar que a mi representado se le realizo un examen toxicológico para determinar su grado de adicción, examen que el ente acusador jamas incorporo al expediente de mérito, ocultando pruebas que le favorecen al imputado y a contrario sensu agrava el delito, impidiendo con sus actuaciones llegar a la verdad material de los hechos. INTERPRETACION DE SENTENCIA FERENDA En relación a lo antes expuesto el Tribunal de Sentencia no valoro las circunstancias que debió mantener el ente acusador y fundamentar para la calificación del nuevo delito sin tener noticia de circunstancias o hechos relacionados con el objeto del juicio y es que los hechos seguían siendo los mismos por tal razón debió haber declarado sin lugar la modificación del delito tal y como lo solicito la defensa, es por tal razón que es procedente que se case la Sentencia recurrida. Recurso de Casación por Infracción de Ley “CUARTO MOTIVO DE CASACION POR VIOLACION EN LA APLICACION INDEBIDA DE PRECEPTO PENAL SUSTANTIVO: contenido en el artículo 24 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo por el cual se considera violación por aplicación indebida del artículo en relación, está comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE INFRACCION El concepto de La Infracción la explico de la siguiente manera: Prescribe el artículo que se considera infringido por aplicación indebida, así artículo 24: “El que con fines ilícitos tenga en su poder sustancias químicas, básicas y esenciales, así como insumos para la fabricación de drogas que produzcan dependencia, será castigado con reclusión de tres a seis años y multa de veinte mil a cincuenta mil lempiras” Pues bien en la sentencia que se censura son los hechos que se declararon probados y los cuales fueron transcritos en el acápite con el mismo título del presente libelo. Consideramos que este acto de encontrar la referida marihuana por sí solo no vincula a EMERSON NAMIR LANDES GARCÍA, con lo que estipula el artículo 22 de La Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico de Droga y Sustancias Psicotrópicas, sino fue demostrado en el transcurso del juicio estar facilitando medios de transporte para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupetacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas. En consecuencia EMERSON NAMIR LANDES GARCÍA, no puede conceptuársele de otra forma que no sea el de Poseedor, en vista que para ser facilitador con lleva una serie de requisitos para que se dé el mismo es decir testigos que así lo indicaran o de observancia v seguimiento investigativo por el órgano competente, por lo que en el presente caso no se demostró con certeza que el señor EMERSON NAMIR LANDES GARCÍA, haya estado realizando este tipo de actos, esto quedó demostrado del análisis correspondiente de las acciones sometidas a enjuiciamiento en base a las pruebas aportadas en el proceso. De lo antes expuesto se deduce que mi representado se encontraba en un callejón solo, por ende no podía estar vendiendo droga, ya que no se encontraban más personas con él, no se puede deducir que estaba transportando la droga en virtud de que no existe ningún testimonio que así lo haya demostrado y que el hecho de haber encontrado la cantidad de 143.8 gramos de droga (marihuana) que no es compatible para el consumo personal inmediato, por consiguiente consideramos que se ha aplicado indebidamente el referido artículo, siendo lo correcto la aplicación del articulo 24 de la Ley de Uso Indebido y Trafico ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas en base a las consideraciones siguientes explica: 1) El principio de intangibilidad de los hechos probados implica una aceptación irrefutable de los hechos probados que constituyen el marco histórico que sirve de base a la sentencia como verdades incuestionables. 2) Que los hechos declarados probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde, hecho y precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación Indebida; la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente, de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia, dicho esto, y al realizar el parangon entre hechos probados y norma penal sustantiva a efecto de determinar su supuesta incongruencia o su correspondencia. 3) El artículo 22 de la Ley sobre Uso indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas dispone que “se impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias, estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas”, verificado un estudio detenido de dicho precepto penal, al confrontarlo con los hechos que fueron declarados probados, se observa claramente que el precepto penal aplicado por el Tribunal de sentencia no regula o contiene los hechos que fueron declarados probados y por tanto norma y hecho no se corresponden en forma congruente en tanto que el hecho probado no puede enmarcarse en el precepto penal aplicado por el Tribunal de Sentencia. No es posible colegir que la cantidad de marihuana encontrada a mi representado sea destinada para facilitar los medios de transporte para el tráfico o consumo de dicha droga. Al examinar los hechos declarados probados por el juzgador se evidencia que se encontró 143.8 gramos de hierba que resultó ser marihuana, que fue encontraba situada en su cuerpo, conducta que se subsume en el delito de Posesión de Droga de conformidad con el artículo 24 de la Lev sobre Uso indebido v Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas que a su letra dice: “El que con fines ilícitos tenga en su poder sustancias químicas, básicas y esenciales, así como insumos para la fabricación de drogas que produzcan dependencia, será castigado con reclusión de tres a seis años y multa de veinte mil a cincuenta mil lempiras”, por ende esta es la norma que segun los hechos probados Intangibles corresponde a la pena aplicar al caso concreto. INTERPRETACION DE SENTENCIA FERENDA: Por lo y para concluir tratándose de infracción de ley por falta de aplicación de algún precepto penal de carácter sustantivo, la aceptación indiscutible de los hechos que se han estimado probados y a partir de ahí, configurar el recurso demostrando que se omitió aplicar al cuadro fáctico un precepto penal que ciertamente regula o recoge el marco histórico descriptivo fijado por el juzgador pero que fue omitido por este, en el caso concreto se aprecia la necesidad de confrontar los hechos declarados probados con la norma que se invoca como inaplicada a efecto de determinar si en efecto era factible aplicarla en el caso subjudice hablamos del artículo 24 de la Ley sobre Uso indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, encontrando que dicho precepto penal si es congruente en su totalidad con los hechos probados que fueron fijados por el Tribunal de Sentencia, por lo tanto resulta obvio que al resistirse el Tribunal de Sentencia a adoptar este precepto penal, lo infringió por falta de aplicación, consecuentemente es procedente y como sentencia ferenda es preponderante Declarar Ha Lugar el presente Recurso de Casación.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo. 2. Aplicación restrictiva de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo. 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe utilizar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de infracción de precepto constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma Constitucional que se denuncia infringida: artículo 89. Concepto de la infracción: vulneración a la Presunción de Inocencia Pretensión: que se declare ha lugar el presente recurso y se dicte una sentencia absolutoria. Explicó la recurrente que el ahora acusado fue condenado por un delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas, sin existir una sola prueba directa de su participación y mucho menos indicios que lleven a la conclusión que en efecto participó en los hechos sometidos a juicio. Del Estado de Inocencia El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio. El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal. c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad. d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Conforme lo ha señalado esta Sala de Casación en fallos anteriores, el motivo de casación cuyo fundamento sea la vulneración al Estado de Inocencia, nuestra misión radica en determinar si el Juzgador al llegar a la convicción de culpabilidad lo hizo utilizando un proceso adecuado y contó con la prueba suficiente y válida para ello, debiendo verificar cinco puntos específicos, en primer lugar que la prueba se haya obtenido y reproducido mediante los procedimiento legales; como segundo requisito que esas pruebas se hayan desarrollado bajo los principios del juicio oral; tercer requerimiento es que se debe verificar que esas pruebas fueron debidamente razonadas por el Sentenciador; cuarto precepto es que se debe establecer si esos razonamientos probatorios del A-quo se conformaron en base a la reglas del correcto pensamiento humano y como último criterio debe verificar esta Sala de Casación si se contaron con los suficientes medios probatorios mediante los cuales se acrediten los elementos objetivos y subjetivos del delito acusado y por consiguiente la participación que haya tenido el acusado en esos hechos. El último de los aspectos es el que la censora considera no se cumple en las presentes diligencias, pues considera que no hay prueba directa de la participación del señor Emerson Namir Landes Garcia en los hechos investigados, argumento con el cual esta Sala de lo Penal no esta de acuerdo, pues al revisar la sentencia recurrida encontramos pruebas suficientes para conformar en el Juzgador la certeza necesaria para determinar la culpabilidad del imputado en el delito acusado, no es la cantidad de prueba la que determina la suficiencia probatoria, sino que la calidad que ésta tenga y el valor probatorio que el A-quo le otorgue. En el debate o juicio oral del encartado Landes Garcia se evacuó la declaración del señor Cristian Leonardo Cano Agusto, quien fue claro y categórico al afirmar que el 2 de diciembre de 2015 se encontraba en un patrullaje de rutina en la colonia Unidad y Fuerza de Comayagüela, cuando se les acercó una persona para decirle que en un callejón de la colonia había un ciudadano vendiendo droga, al dirigirse al lugar encontraron a una persona sospechosa, al practicarle un registro personal se le encontró una bolsa plástica conteniendo marihuana, luego en una bolsa del pantalón se el encontró unas piedras de crack y en la otra se le encontró cocaína, además se le encontró en posesión de 1,080.00 lempiras. También se evacuó el acta de registro personal en la cual se detalla la droga y el dinero decomisado, en dicho documento se calza la firma del ahora imputado, la del investigador, la del testigo Cristian Leonardo Cano y la de un testigo. Se contó además con el acta de decomiso a secuestro que va en total consonancia con el acta de registro personal y de igual forma la prueba pericial ratificada por la doctora Rosina Judith Morales Zelaya, con lo cual se determinó que la clase de droga decomisada era crack, cocaína y marihuana y con un peso que excede el consumo personal inmediato. Al analizar todas estas pruebas el Tribunal realizó una adecuada valoración intelectiva y determinó no solo los elementos objetivos del tipo penal, sino que además los elemento subjetivos, lo cual llevó a determinar la culpabilidad del acusado en los hechos investigados; para esta Sala de lo Penal no podemos desconocer que el acusado fue capturado infraganti es decir en posesión en varias partes de su cuerpo de la droga decomisada, la declaración del policía que lo captura es una prueba directa de su participación y al efectuarle el registro personal confirman el dicho de la persona que puso en sobre aviso a los agentes del orden; la declaración del señor Cristian Leonardo Cano contiene pruebas corroborativas como ser el acta de registro personal, misma que es firmada por el propio acusado y por un testigo que da fiabilidad a dicha acto, además del acta de decomiso que se desprende precisamente del registro personal. En el presente caso considera esta Sala de lo Penal que el Estado de Inocencia que le asistió en todo momento al ahora acusado fue vencido legalmente en juicio mediante las pruebas suficientes para determinar su participación en los hechos investigados, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica Reclamación ex-ante: sin determinar por la censora Pretensión: que se case la sentencia recurrida. Explicó la censora que se violentó la regla de la psicología, cuando se le da total credibilidad a lo declarado por la testigo Rosa Migdalia Merlo. En relación al testigo Cristian Leonardo Cano Agusto y a la prueba pericial, pues el hecho es que el testigo es contradictorio, hace presumir la existencia de un acuerdo previo que incluyó el cumplimiento de instrucciones por el Ministerio Público, sobre la forma y el contenido de sus respuestas. También afirmó que se vulneró la regla de la experiencia, pues establece que no hubo la declaración de otros testimonios que refuercen el relato brindado por el testigo, tampoco actas de vigilancias o denuncias interpuestas por ciudadanos. Refiere la recurrente que, la experiencia del hombre y mujer común indica que, el criminal actúa por una motivación preexistente a los cual suele llamarse móvil del hecho y es precisamente ese elemento que el Ministerio público no pudo acreditar. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iiii. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Conforme el vicio denunciado por la recurrente, esta Sala de Casación efectuó una revisión detallada de la valoración probatoria realizada por el A-quo y no encuentra que sus juicios de valor sean contrarios a las reglas del correcto pensamiento. La recurrente si bien no ha utilizado de forma adecuada la técnica casacionista para hacer valer su posición, pues en muchos de sus argumentos realiza cuestionamiento de instancia y expone el valor probatorio que a su criterio se le debió dar a la prueba lo cual es erróneo, aunado a eso establece la declaración de un testigo que nunca fue evacuado en juicio, como ser Rosa Midgalia Merlo, cuyo testimonio no se escuchó en la vista judicial; a pesar de dichas inconsistencias es posible para esta Sala de lo Penal determinar el objeto de su impugnación y será sobre ese punto que se dará respuesta. En el acápite “Valoración de la Prueba” el Sentenciador expuso en primera instancia la valoración descriptiva de la prueba evacuada en el debate, es decir describió los aspectos importantes de la prueba y consignó los dichos de los testigos y de la prueba pericial; posteriormente estableció la valoración intelectiva en la cual esgrime juicios de valor coherente y derivados, teniendo como base y fundamento las reglas del correcto pensamiento humano. En relación a la declaración del policía Cristian Leonardo Cano Agusto, acta de registro personal y acta de decomiso el Sentenciador estableció “Con la prueba testifical de cargo respecto a las diligencias realizadas para la constatación del delito, la evidencia incautada al imputado Emerson Namir Lander Garcia, mientras se le practicó el registro personal en la colonia Unidad y Fuerza; esta prueba es conteste con los hallazgos encontrados en el cuerpo de señor Lander por dicho testigo, consistente en una bolsa negra conteniendo en su interior hierva seca (marihuana), en la bolsa entera del pantalón cinco empaques de un deposito cada uno conteniendo en su interior droga (piedra crack) y cuatro empaques de un deposito cada uno con cocaína, y en la bolsa izquierda del pantalón la cantidad de 1080.00 lempiras al momento de practicarle el registro, información que fue consignada en los documentos que se ratificaron por el mismo agente. Los documentos traídos a juicio a efecto de acreditar la constatación del delito y la participación del acusado merecen para este Tribunal credibilidad y valor probatorio, como ya lo hemos explicado anteriormente, pues en ella se plasma el día, el lugar y la hora en que se realizaron los registros y complementados con la declaración del agente de policía que participó en la detención y decomiso y quien redactó las actas correspondientes.” Considera esta Sala de lo Penal que la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica hizo que el Juzgador conformara un fallo que cumple con las características de una motivación lógica, pues la misma es congruente, pues sus razonamientos y deducciones contienen una apropiada reciprocidad y concordancia entre sí; además de ser concordante, pues cada conclusión a la que arribó el Juzgador derivó de un elemento de prueba; de igual forma los juicios de valor no son contradictorios pues están ausentes de raciocinios que al enfrentarse se anulen entre sí; podemos afirmas además que los razonamientos del Sentenciador son inequívocos al no permitir que se cuestione el alcance o significado de sus razonamientos y por último son suficientes, pues los mismos están conformados por conclusiones que se derivan de una serie de pensamientos que provocan un juicio de certidumbre. Recordemos que nos enfrentamos ante un delito infraganti, pues el acusado fue detenido en el momento en que se encontraba en el callejón y portaba en sus ropas droga (marihuana, crack y cocaína) en una cantidad que no es compatible para el consumo personal inmediato, todo lo cual quedó así confirmado con la declaración del policía que realizó la captura y que además practicó el registro personal, en dichas actas encontramos la firma del ahora acusado y de las personas que participaron en ese acto de investigación, por lo que los juicios de valor que hizo el Juzgador a toda la prueba evacuada tiene como fundamento las reglas de la sana crítica, por lo que este motivo de casación debe ser desestimado. Segundo Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 337 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes. Reclamación ex-ante: sin determinar por la censora Pretensión: que se case la sentencia recurrida. Explicó la recurrente que, al momento de presentar requerimiento fiscal, el Ministerio Público calificó como un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, la defensa desde el inicio discutió una posesión de droga y el Juez de instrucción la calificó como facilitación de los medios de transporte; sin embargo el ente acusador y la defensa presentamos los respectivo recursos de apelación y la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, falló declarando sin lugar el recurso de apelación de la fiscalía y ha lugar el recurso interpuesto por la defensa; sin embargo el ente acusador siguió manteniendo su tesis de tráfico de drogas y en la audiencia preliminar formalizó por ese delito, es así que el Tribunal de Sentencia calificó como facilitación de los medios de transporte; por lo que se debería valorar si la opinión de la Corte de Apelaciones de los Penal tiene peso jurídico. De la incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes El motivo que establece el artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal, se refiere al caso en que la sentencia establezca otros hechos y asigne una calificación de forma distinta a como se ha concebido en la acusación, contestación de cargos, auto de apertura a juicio, o, en su caso, en la ampliación de la acusación que se hiciere y su respectiva contestación o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, siempre y cuando ese establecimiento de hechos o calificación se efectúe en perjuicio del imputado. Nos referimos entonces a la incongruencia extra petitum, puesto que la sentencia ha otorgado más de lo peticionario por el acusador, tanto en el hecho como en el derecho, perjudicando, en consecuencia, al imputado. Los cabales términos de correlación ente acusación y sentencia se encuentran concebidos en el artículo 337 del Código Procesal Penal, de tal suerte que le es prohibido al juzgador rebasar los límites establecidos en la acusación, puesto que al hacerlo, por un lado genera indefensión al imputado por pronunciarse más allá de las posiciones del contendor (y sobre las cuales en consecuencia no hubo oposición), y, por otro, vulnera el principio acusatorio, al situarse no como tercero imparcial con facultades únicas de juzgar, sino como acusador, al establecer un hecho o asignar una calificación no solicitada por el Ministerio Público o el acusador privado[1]. Conforme a la doctrina mayoritariamente aceptada, aprecia que los aspectos relevantes del “principio acusatorio” son: i) No puede existir proceso sin acusación previa formulada por persona distinta del acusador; y, ii) No cabe condena por hechos distintos, ni persona distinta a los señalados por la acusación. El Art. 337 del Código Procesal Penal, sobre la congruencia entre la sentencia y la acusación, en su parte conducente dispone que: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formulación de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas….” El principio acusatorio admite y presupone el derecho de defensa del imputado y, consecuentemente, la posibilidad de contestación y rechazo de la acusación. Provoca en el proceso penal la aplicación de la contradicción, o sea, el enfrentamiento dialéctico entre las partes, y hace posible el conocer los argumentos de la otra parte, el manifestar ante el Juez los propios, el indicar los elementos fácticos y jurídicos que constituyen su base, y el ejercitar una actividad plena en el proceso, de este modo, es que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él, una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, estando por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual significa en última instancia que ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia. De lo que se desprende que el debate en el proceso penal vincula al Juzgador, impidiéndole excederse de los términos en que viene formulada la acusación o apreciar hechos o circunstancias que no han sido objeto de consideración en la misma, ni sobre las cuales, por lo tanto, el acusado no ha tenido ocasión de defenderse. El sistema acusatorio que informa el proceso penal hondureño particularmente exige que exista la debida correlación entre la acusación y la sentencia, de forma tal que la defensa del imputado tenga oportunidad de alegar, proponer pruebas y participar en su práctica y en el debate, habiendo conocido con antelación suficiente aquello de que se le acusa y sin que la sentencia de modo sorpresivo pueda condenar por algo de lo que antes no se acusó y respecto de lo cual consiguientemente no pudo articularse la estrategia exigida por la ley en garantía de la posición procesal del imputado. La acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de defenderse[2]. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Al analizar el motivo invocado por el recurrente y realizar el estudio de los sucesos, no encuentra esta Sala de lo Penal reproche casacional en las actuaciones del Tribunal Sentenciador al haber calificado los hechos de la acusación como un delito de facilitación de los medios de transporte, a pesar que el ente acusador mantuvo su tesis desde el inicio como un delito de tráfico de drogas y la defensa logró mediante un recurso de apelación que dicha calificación se modificara a un delito de posesión para el trafico de drogas. Un examen detenido de los antecedentes revela que, desde la etapa preparatoria del juicio hasta la conclusión del juicio oral y público, se atribuye al imputado Emerson Namir Landes Garcia habérsele encontrado in fraganti portando en sus ropas droga (marihuana, cocaína y crack) en cantidades que superan el consumo personal inmediato, además de dinero en efectivo. Estos sucesos se han mantenido a la largo del proceso sin que los mismo sufrieran modificaciones, ahora bien, estos hechos fueron calificados por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán como un delito de posesión para el tráfico ilícito de drogas cuando se le presentó un recurso de apelación, sin embargo dicha calificación es provisional por tanto no obliga a que la misma sea aceptada por el Tribunal Sentenciador quien en definitiva es que determina conforme los hechos planteados en la acusación y según las pruebas evacuadas, cual es la calificación jurídica que debe dársele a esos acontecimientos históricos que está juzgando, en tal sentido lo que debe mantenerse incólume son los hechos que ha planteado el ente acusados desde el inicio del proceso penal, pues es sobre esos hechos que la defensa plantea su estrategia del caso y las pruebas que considere necesarias presentar. En el caso de autos la defensa tiene pleno conocimiento desde el inicio del proceso de cuales fueron los sucesos fácticos por los cuales fue traído a juicio su representado y por lo cuales se ha venido defendiendo, hechos que fueron los mismos sobre los cuales los Sentenciadores consideraron que se enmarcaban en una acción reñida contra la ley y le condenaron por el delito de facilitación de los medios de transporte, calificación con la cual esta Sala de Casación no se encuentra de acuerdo, pues conforme a su jurisprudencia y al habérsele encontrado al ahora acusado no solo drogas, sino que además dinero producto de las ventas, perfectamente podría ser encuadrada dicha acción en un delito de tráfico ilícito de drogas, pero que, conforme al principio de no reforma en perjuicio, no puede modificarlo este máximo tribunal. En atención a tales consideraciones, esta Sala no aprecia que exista falta de correlación entre la imputación formulada por el ente acusador y lo resuelto en la sentencia recurrida. Por todas las razones anteriormente expuestas, el motivo bajo examen es desestimado. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Único Motivo Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 24 de la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas. Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de condenado Pretensión: que se declare ha lugar el recurso de casación Explicó la recurrente que, al examinar los hechos probados por el Juzgador se evidencia que, se encontró al ahora acusado 143.8 gramos de hierba seca marihuana que fue encontrada en su cuerpo, conducta que se subsume en el delito de Posesión de Droga de conformidad con el artículo 24 de la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas. De la diferencia entre el delito de Transporte de Drogas y Tráfico Ilícito de Drogas[3]. El artículo 22 de la Ley Sobre Tráfico Ilícito de Drogas establece en lo conducente lo siguiente: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare…los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.” Por su parte, el artículo 18 de la misma ley penal especial prevé que: “el que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras”; señalando en el artículo 5 No. 34) que para los efectos de la presente Ley, salvo indicación expresa en contrario, se entiende por Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas. Huelga decir que amén de un tratamiento punitivo sumamente severo, la técnica utilizada por el legislador hondureño en la tipificación de los delitos relativos al tráfico de drogas es poco afortunada, ya que al definir el tráfico de drogas (art. 5 No. 34) , hace referencia a verbos típicos, como son los de producir, fabricar, tener en depósito, transportar, que a su vez son empleados en los mismos términos o similares en la construcción de otros tipos penales contenidos en la misma ley y que son merecedores de menor pena , así tenemos: el cultivo de plantas estupefacientes, que tiene asignado una pena de nueve a doce años de reclusión, (art. 16); la fabricación de drogas, castigada con una pena de nueve a doce años de reclusión (art. 17); la facilitación intencional del local o los medios de transporte para el tráfico o consumo ilícito de drogas sancionado con una pena de seis a nueve años de reclusión (art. 22), lo que en apariencia provoca un solapamiento de las conductas punibles, es decir, los mismos hechos típicos descritos en varios preceptos a los que no obstante se les estaría asignando penas distintas. En el artículo 5 No. 34) es evidente que la cantidad de verbos descriptivos que contiene, obedece al interés del legislador por cubrir de la mejor forma posible, todo el elenco de actividades que estima puede configurar el complejo de conductas pre ordenadas al tráfico de drogas que usualmente son realizadas por distintas personas que intervienen a lo largo del proceso, lo que en modo alguno excluye que no puedan ser progresiva o simultáneamente realizadas por una misma persona. Esta es una actividad compleja, porque la comercialización, venta o suministro, requieren de un producto 'terminado', es decir, de un proceso de obtención de la materia prima de la droga, de su purificación, 'industrialización' y finalmente su distribución, para llegar al objetivo final que es poder traficar con ella. Planteado lo anterior es pertinente que tratemos de dilucidar si al referirnos al transporte de drogas (art. 5 No. 34) y a la facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas (art. 22), estamos hablando de la misma conducta y por ende sancionada con igual pena, o por el contrario se trata de hechos punibles diferentes y merecedores de distintas sanciones. Como lo explica ACALE SANCHEZ, “el transporte es realizado en algunos casos por la persona que ha comprado para sí la droga, pero mayoritariamente, por personas contratadas para esa concreta función tan arriesgada y tan vulnerable a la intervención policial, si bien a la vista de la jurisprudencia existente en este punto, el transportista no suele dar el nombre de quien le contrató[4].” Más adelante, la citada autora señala que “…el transporte como forma de hacer circular la droga, es una de las conductas que sin lugar a dudas ha sido considerada por la jurisprudencia que pone en peligro el bien jurídico salud pública, pues supone un acto material de difusión de la droga.[5]” Remitiéndose a un precedente jurisprudencial de su país, la penalista antes mencionada expresa que el transporte ha sido definido en los siguientes términos: “…transporte vale tanto como la acción de trasladar la droga tóxica o estupefaciente de un punto a otro, con ulterior finalidad de transmisión a otro u otros, y puede hacerse mediante el uso de cualquier vehículo o medio de locomoción (ferrocarril, automóvil, embarcación o bicicleta), a lomos de caballerías, o vehículos de tracción animal, o…mediante mujeres porteadoras, las que disimulando debajo de sus ropas, pueden llevar cantidades de hachís o de otras sustancias estupefacientes.[6]”. Así las cosas, debemos ahora determinar que se entiende por facilitar. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, facilitar es “hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. También puede entenderse como equivalente a “proporcionar o entregar[7]”. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. De la jurisprudencia que ha dictado esta Sala de lo Penal, la cual fue explicada de forma detallada en los apartados anteriores, este Tribunal de Casación es del criterio que la conducta del imputado Emerson Namir Landes Garcia, no se subsume en el tipo penal previsto por el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, pues del relato fáctico no se desprende que haya realizado la acción de facilitar a otro individuo, el medio de transporte, es decir, proporcionar el vehículo en el que se transportaba una importante cantidad de droga cuyo peso excede el consumo personal inmediato según arroja el dictamen toxicológico, sino que asumió la tarea de alto riesgo como era la de transportar por sí mismo la droga antes relacionada. Y es que si partimos, como lo entiende esta Sala, que el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, comprende la acción que se limita a la facilitación o el suministro, ya sea a título oneroso o gratuito del vehículo o medio de transporte, utilizado por otro para el acarreo de la sustancia prohibida, que el legislador hondureño ha considerado merecedora de menor pena; el transporte de la droga incautada al acusado Emerson Namir, es decir, por sí mismo, indudablemente constituye un hecho punible y de alto riesgo, que se comprende dentro del término genérico y por tanto utilizado en el ámbito penal del tráfico ilícito de drogas[8], que se configura al tenor de lo previsto en los artículos 18, 19 y 5 No. 34) de la ley penal especial tantas veces referida, todo ello teniendo en cuenta que no existe disposición legal en contrario que configure al transporte de drogas pre-ordenado al tráfico como un tipo autónomo y merecedor de menor pena, sino como una modalidad de lo que global y genéricamente se conoce como tráfico ilícito de drogas. Sin embargo y conforme lo regula el artículo 350 del Código Procesal Penal, esta Sala de Casación se ve imposibilitada a modificar la sentencia dictada contra el acusado Emerson Namir Landes Garcia, pues la “Prohibición de Reforma Peyorativa” (Non Reformatio in Pejus) establece que, la sentencia que resuelva un recurso sólo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación y solo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna otra parte recurrente y siempre que no agrave lo ya pretendido por ésta, ante el órgano judicial que dictó la resolución recurrida. En tal sentido no podemos como Tribunal de Casación perjudicar al imputado imponiendo la sentencia que en derecho le corresponde pues no ha recurrida el Ministerio público y quien presentó la impugnación es su defensa, en ese sentido, aunque a criterio de esta Sala de lo Penal los hechos se subsumen en el delito de tráfico de drogas, no es posible su modificación por disposición legal expresa del artículo 350 de la ley procesal, por las razones antes expuestas es procedente desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, quebrantamiento de forma e infracción de ley, interpuestos por la defensa privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada del acusado Emerson Namir Landes Garcia que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Emerson Namir Landes Garcia, del delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas, imponiéndole una pena principal de 6 años de reclusión y una multa de cincuenta mil lempiras. Conforme la nueva legislación penal decreto 130-2017 en su artículo 311, la conducta reprochada al acusado constituye un delito de tráfico de droga por posesión para el transporte, cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde:https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando la cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: a. Diez mil (10.000) gramos de marihuana; b. Mil (1000) gramos de hachís; c. Dos mil (2000) gramos de cocaína; d. Dos mil (2000) gramos de alcaloide derivado de la cocaína; e. Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; f. Doscientos (200) gramos de droga sintética; o g. Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. A partir de lo expuesto, se determina la presencia de un concurso ideal conforme al artículo 67 del nuevo Código Penal, el cual establece su existencia cuando con una (1) sola acción u omisión se infringe diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación del concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. En el caso presente, tenemos un mismo precepto (artículo 311 del nuevo Código Penal) que regula dos supuestos de hecho distintos, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que no causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días; y, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que sí causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Corresponde la imposición de la pena correspondiente a este último delito por contener la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), lo que equivale a trece (13) años cuatro (4) meses de prisión, y seiscientos sesenta y seis (666) días multa, con un valor mínimo por día de veinte lempiras (L 20.00) y máximo de cinco mil lempiras (L 5,000.00) (Artículo 53 del nuevo Código Penal), lo que fija un margen abstracto de multa que oscila entre trece mil trescientos treinta y tres lempiras con veinte centavos (L 13, 333.20) a tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos lempiras (L 3, 333,300.00). De lo que se puede deducir que la pena de 6 años impuesta por el Tribunal Sentenciador conforme el decreto 144-83, es mucho menor que la pena que tendría que imponérsele conforme a la nueva legislación penal, de ahí pues que no corresponde aplicar retroactivamente el decreto 130-2017 pues la misma no le favorece al acusado. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, e Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Ayling Pérez Fiallos, en su condición de Defensora Privada del señor Emerson Namir Landes Garcia a quien se le condenó por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 389-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
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[1] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional, Proyecto Fortalecimiento Poder Judicial de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Año. 2004. Página 602
[2] Vid Sentencia de Casación Penal SP 408-2008, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 09 de septiembre de 2010
[3] Sentencia de Casación Penal SP 43-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de noviembre del 2012
[4] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, en Salud Pública y Drogas Tóxicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 58-59.
[5] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, op cit, pág. 60.
[6] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, op. Cit, pág. 60
[7] Vid, Voz: “facilitar”, en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Tomo I, 21ª Edición, Madrid, 1992, pág. 943.
[8] Vid. Sentencia del 19 de septiembre de 2012 recaída en el Expediente No. 279-2010