Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-384-18 — Registro 14108

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el MP contra la sentencia de primera instancia que condena al imputado por el delito de Homicidio Culposo Agravado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso es de Recibo. El recurrente argumenta que la sentencia que se impugna incurre en infracción de ley por aplicación indebida del artículo 121 del Código Penal. Reprocha que conforme el relato factico de la sentencia recurrida en la conducta del acusado Julián Oseguera Posadas, se manifiestan los elementos del dolo. Reprocha que en el apartado de fundamentación jurídica, párrafo tercero, el sentenciador descarta el dolo, en razón de que “..la prueba testifical ha servido para acreditar la comisión de un delito culposo agravado, por cuanto el proceder de Julián Oseguera se materializa de forma específica y directa al haber disparado de manera imprudente, producto de la ingesta alcohólica, en tres ocasiones el arma de fuego que portaba, dirección del sitio donde se realizaba una celebración del día de la madre, impactando uno de los disparos a la niña M. E. O. , causándole la muerte.” El recurrente discrepa con dicha argumentación en razón a que, si el sujeto activo dispara su arma con la voluntad dirigida sobre una multitud que celebra en la vía pública, con el pleno conocimiento del peligro, es inobjetable que si se produce un homicidio se realiza ante la presencia del dolo eventual. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que en Casación lo único que procede analizar si estos estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche. En este caso el tribunal e juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: El día sábado 10 de mayo, año 2008, a eso de las siete y treinta de la noche en el caserío Mercedes del Perico, aldea la Calera, jurisdicción del municipio El Triunfo, Departamento de Choluteca,  la señora Santos Emiliana Maradiaga se encontraba con su hija M. E. O. M., de ochos años cerca de la entrada a un corral cercado donde se hacían los preparativos para realizar una fiesta de la comunidad para conmemorar el día de las madres. Segundo: La señora Santos Emiliana envió a su hija M. E. O. M. a comprar unas enchiladas, por lo que la niña se separó de madre y se encamino a comprar el encargo, deteniéndose unos momentos en la mesa ubicada a la entrada del corral. Tercero: En esos momentos, transitando por la calle, frente al sitio de fiesta, caminaba el señor Julián Oseguera, quien en aparente estado ebriedad, era conducido y auxiliado por su hijo Danilo Oseguera, en dirección a su vivienda. Cuarto: Julián Oseguera al encontrarse próximo a la entrada al corral, sacó su arma de fuego y efectuó tres disparos, impactando el primero de ellos a la altura de la ceja derecha de la niña M. E. O. , quien cayó inmediatamente al suelo, prosiguiendo Julián su camino hacia su casa de habitación. Quinto: El padre de la niña, de nombre Santos Humberto Ortiz López, quien se encontraba en el sitio, al enterarse de lo acontecido fue en busca de Julián Oseguera a quien junto a otras personas logró despojarlo del arma de fuego y lo condujo nuevamente al lugar del suceso, donde entregó el arma al Alcalde Auxiliar, quien a su vez puso a la orden de la autoridad competente a Julián Oseguera, el arma incautada y el correspondiente permiso de portación de arma. Sexto: La niña M. E. O. fue llevada de urgencia al Hospital del Sur, falleciendo en el trayecto.”. Esta Sala considera que en la base fáctica de la sentencia impugnada preinserta la acción ilícita desplegada por el acusado Julián Oseguera Posadas no se configura en los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Homicidio Culposo Agravado en perjuicio de la niña M. E. O. , tipificados y sancionados en el artículo 121 del Código Penal, que establece: “El autor de un homicidio culposo será castigado con tres (3) a cinco (5) años. Si el autor hubiese cometido el hecho como consecuencia de encontrarse en estado de ebriedad o de haber consumido drogas prohibidas por la ley, se castigará con la pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años.” Esta Sala considera que la conducta desplegada por el acusado señor Julián Oseguera Posadas no es culposa, en tanto que en ella no concurre imprudencia grave u omisión inexcusable del deber objetivo de cuidado al momento de hacer tres disparos con el arma de fuego que portaba, sin apreciar que en lugar aledaño estaban  personas, entre niños y adultos, celebrando el día de la madre, y producto de su accionar uno de esos disparos impacta en la niña M. E. O. , causándole una herida en la frente, la que más tarde le provoca la muerte. Este hecho ilícito atribuido al señor Julián Oseguera Posadas es calificado indebidamente como un delito de Homicidio culposo agravado por el solo haberlo cometido “aparente estado de ebriedad”. Esta circunstancia no fue comprobada científicamente por lo que se parte de la premisa que el acusado Julián Oseguera Posadas tenía la capacidad de comprensión para poder prever que alguno de sus disparos de su arma de fuego realizados por él en todas direcciones, podía llegar a impactar y causar graves perjuicios a alguna de las personas presente en el lugar. Por todo ello esta Sala concluye que, la sentencia impugnada incurre en defecto por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 121 del Código Penal vigente al momento de la comisión del ilícito.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."el Recurso es de Recibo.  Infracción de Ley por haber incurrido el tribunal Sentenciador en falta de aplicación de los Artículos 13 segundo párrafo y 116 del Código Penal. Argumenta el recurrente que los hechos declarados probados revelan en el acusado Julián Oseguera Posadas, una aceptación del resultado, sugieren su consentimiento o al menos su indiferencia a cerca de la probabilidad del suceso dañoso, describen que sacó un arma de fuego y que la acciona en dirección de una muchedumbre, lo que denota que al menos por un tiempo suficiente desarrolla un razonamiento acerca de las consecuencias de su decisión, por lo que existió aceptación, conformación o resignación del hecho, al disparar sobre personas lo que representa una acción peligrosa. Considera que el estar ingerido de bebidas alcohólicas no quita el dolo debido a que en todo instante mantiene el dominio del hecho, pudiendo obrar con libertad a pesar de la ligera disminución de sus facultades. Por lo que estima que se reúnen los requisitos del dolo eventual. En el presente caso, el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO: El día sábado 10 de mayo, año 2008, a eso de las siete y treinta de la noche en el caserío Mercedes del Perico, aldea la Calera, jurisdicción del municipio El Triunfo, Departamento de Choluteca, la señora Santos Emiliana Maradiaga se encontraba con su hija M. E. O. M., de ochos años cerca de la entrada a un corral cercado donde se hacían los preparativos para realizar una fiesta de la comunidad para conmemorar el día de las madres. SEGUNDO: La señora Santos Emiliana envió a su hija M. E. O. M. a comprar unas enchiladas, por lo que la niña se separó de madre y se encamino a comprar el encargo, deteniéndose unos momentos en la mesa ubicada a la entrada del corral. TERCERO: En esos momentos, transitando por la calle, frente al sitio de fiesta, caminaba el señor Julián Oseguera, quien en aparente estado ebriedad, era conducido y auxiliado por su hijo Danilo Oseguera, en dirección a su vivienda. CUARTO: Julián Oseguera al encontrarse próximo a la entrada al corral, sacó su arma de fuego y efectuó tres disparos, impactando el primero de ellos a la altura de la ceja derecha de la niña M. E. O. , quien cayó inmediatamente al suelo, prosiguiendo Julián su camino hacia su casa de habitación. QUINTO: El padre de la niña, de nombre Santos Humberto Ortiz López, quien se encontraba en el sitio, al enterarse de lo acontecido fue en busca de Julián Oseguera a quien junto a otras personas logró despojarlo del arma de fuego y lo condujo nuevamente al lugar del suceso, donde entregó el arma al Alcalde Auxiliar, quien a su vez puso a la orden de la autoridad competente a Julián Oseguera, el arma incautada y el correspondiente permiso de portación de arma. SEXTO: La niña M. E. O. fue llevada de urgencia al Hospital del Sur, falleciendo en el trayecto.” Los hechos declarados probados se configuran perfectamente en los artículos 13 segundo párrafo y 116 del Código Penal que tipifican y sancionan el delito de Homicidio Simple en perjuicio la menor M. E. O. M., en virtud que, el acusado señor Julián Oseguera Posadas hace tres disparos en varias direcciones con el arma de fuego que portaba, sin apreciar que en lugar se encuentran personas en el lugar, entre niños y adultos, celebrando el día de la madre, hecho en que uno de sus disparos impacta en la niña M. E. O. , causándole una herida en la frente, la que más tarde le provoca la muerte, hecho cometido como consecuencia de encontrarse el señor Julián Oseguera Posadas en “aparente estado de ebriedad”. En este caso, en el juicio no existe prueba científica de la que se deriva que el acusado Julián Oseguera Posadas tenga perdido su capacidad de aceptar, consentir o prever la probabilidad de producir un suceso dañoso. Por lo anterior Esta Sala considera efectivamente mantenía la capacidad de comprender y de aceptar las consecuencias de su decisión, al disparar un lugar público en que encontraban varias personas de la comunidad, entre niños y adultos, acción peligrosa, que justificada por el hecho de andar ingerido de bebidas alcohólicas, circunstancia que excluye el dolo de su accionar, pues aún y cuando sus facultades están disminuidas por la ingesta de alcohol, conserva el dominio del hecho, y realiza su accionar ilícito lesivo contra la vida de las personas, sin importarle las consecuencias. Por lo expuesto, esta Sala concluye que el tribunal de juicio incurre infracción de ley por falta de aplicación de los Artículos 13, segundo párrafo y 116 del Código Penal.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."El Recurso no es de Recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, de la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, al valorar los siguientes medios de prueba siguientes: Testifical: 1. Santos Emiliana Maradiaga, manifestó que la menor de ocho años de edad andaba con ella en el baile cuando iba pasando el señor Julián por la calle con dirección a su casa y este disparó en tres ocasiones, hiriendo mortalmente a la menor. 2. Santos Eudilio Ochoa Maradiaga. 3.Santos Humberto Ortiz López, aseveró en juicio que después de que el acusado hirió a su hija se fue tras él antes de que huyera, le quitó el arma y lo puso a la orden de las autoridades. 4. Juan Benito Estrada, sostuvo que Julián Oseguera Posadas se encontraba en estado de ebriedad al disparar a la víctima. 5. Rosa Centeno Maradiaga. Documental: 1. Acta de Peritaje de incautación de arma de Fuego. 2. Acta de Levantamiento cadavérico: subraya que se incautó un arma de fuego, tipo revólver, supuestamente calibre 38, con cacha de plástico color negro, con capacidad para seis proyectiles, encontrándose en la recámara tres casquillos percutidos y tres no percutidos, reconociendo el arma y el carnet de portación. 3. Acta de Inspecciones Oculares: determina que en la entrada de un corral se localizaron manchas de sangre. 4. Certificación de Acta de Defunción. 5. Álbum Fotográfico. Esta Sala estima que las razones vertidas por el juzgador para sostener que el acusado Julián Oseguera Posadas no estaba plenamente consciente al momento de ejecutar los hechos, por lo que no tuvo la intención de provocar daño, por encontrase en estado de ebriedad, son coherentes y suficientes, para con ellas establecer la participación del acusado en el hecho imprudente que se le imputa. Esta Sala considera que los razonamientos vertidos por el tribunal de juicio no infringen la regla de sana crítica, de la lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, que requieren de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad, y establece la obligatoriedad de que las afirmaciones, deducciones y conclusiones de la sentencia resulten congruentes y guarden adecuada correlación entre sí no infringe la regla 1ógica de derivación pues, la motivación de la sentencia respeta el principio de razón suficiente, por el cual el razonamiento ha de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas ya enunciadas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas fueron determinando, debido a que los razonamientos de los jueces de sentencia están constituidos por deducciones razonables originadas de las pruebas. En el presente caso, de la declaración de testimonio de Santos Emiliana Maradiaga, se deriva que el acusado hizo los disparos con dirección a la multitud, sin ningún tipo de vacilación, ello no descarta en manera alguna la concurrencia de un tipo de embriaguez que alteró moderadamente el entendimiento del acusado. Asimismo, de la declaración de Santos Humberto Ortiz López se deriva que Julián Oseguera luego de hacer los disparos con su arma de fuego, continua caminando en compañía de su hijo hasta llegar a su vivienda, hasta donde el testigo padre la niña perjudicada lo alcanza, desarma y lo conduce hasta presentarlo a las autoridades, declaraciones que analizadas en forma armoniosa y conjunta con el resto de la prueba agregada al juicio corrobora que al momento de los hechos el acusado Julián Oseguera Posadas aparentaba encontrase en estado de ebriedad conmoderada alteración de su conciencia y la voluntad, a consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente basa el motivo de casación por quebrantamiento de forma en virtud que la sentencia que se impugna carece de motivación fáctica y jurídica. Alega que el Tribunal obvió establecer los fundamentos jurídicos o fácticos en los que se basa para imponer la pena concreta al acusado Julián Oseguera Posadas de seis años de reclusión por el delito Homicidio Culposo Agravado, y que no expresa las causas de atenuación o agravación de la responsabilidad penal, que es donde no se encuentra motivada debidamente la sentencia recurrida, al no establecer las razones jurídicas y fácticas que llevaron al Tribunal sentenciador a ir más allá de la pena mínima, al no existir circunstancias agravantes, y por el contrario si haber una circunstancia atenuante. Esta Sala considera que, de la detenida lectura de la sentencia impugnada emitida por el tribunal de instancia, resulta que la sentencia recurrida no adolece del vicio de falta de fundamentación fáctica y jurídica, respecto de las circunstancias agravantes y atenuantes. En este caso, el juzgador no incurre en defectos de insuficiencia o falta de motivación fáctica o jurídica, pues el tribunal de casación colige en el razonamiento del juzgador un proceso racional que lleva al tribunal A quo a considerar probada la circunstancia de encontrarse el acusado Julián Oseguera Posadas, en un aparente estado de ebriedad al momento de la comisión de los hechos..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto. En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Julián Oseguera Posadas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Julián Oseguera Posadas, la pena de 6 años de reclusión, como autor del delito de Homicidio Culposo Agravado, en perjuicio de la niña M. E. O. M., y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, se le declaró la civilmente responsable, sin condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio, comiso del arma de fuego utilizada por el acusado para la comisión del delito por el que se le condena. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Julián Oseguera Posadas como persona responsable del delito de Homicidio Simple, mediando dolo eventual, le correspondería ser sancionado penalmente con la pena de 15 a 20 años de prisión. (Artículo 192). Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio a favor del señor Julián Oseguera Posadas, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 384-2018, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-384-2018 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, Departamento de Choluteca, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Julián Oseguera Posadas, como autor del delito de Homicidio Culposo Agravado, en perjuicio de la niña M. E. O. M., a la pena de seis años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Julián Oseguera Posadas, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal.- Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Julián Oseguera Posadas, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al señor Julián Oseguera Posadas.- Quinto: Se declaró el comiso de un revólver calibre 38 especial, serie 2J429023, brasileño, 3 proyectiles y 3 casquillos, arma de fuego, marca Taurus, cacha de hule de color negro y un carnet de portación de armas.- Sexto: Se ordenó las medidas de seguridad consistentes en: Someter al imputado durante su reclusión a tratamiento especial reeducativo en cuanto a la ingesta de bebidas alcohólicas; asimismo, la prohibición por el término de un año, de concurrir a sitios o expendios de bebidas alcohólicas, efectiva a partir del cumplimiento de la pena de reclusión impuesta. SON PARTES: El Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente-recurrida; y la Abogada Liliana María Aronne Salazar, en su condición de Defensora Privada del señor Julián Oseguera Posadas, como parte recurrente-recurrida. II. HECHOS PROBADOS. “PRIMERO: El día sábado 10 de mayo, año 2008, a eso de las siete y treinta de la noche en el caserío Mercedes del Perico, aldea la Calera, jurisdicción del municipio El Triunfo, Departamento de Choluteca, la señora Santos Emiliana Maradiaga se encontraba con su hija M. E. O. M., de ochos años cerca de la entrada a un corral cercado donde se hacían los preparativos para realizar una fiesta de la comunidad para conmemorar el día de las madres. SEGUNDO: La señora Santos Emiliana envió a su hija M. E. O. M. a comprar unas enchiladas, por lo que la niña se separó de madre y se encamino a comprar el encargo, deteniéndose unos momentos en la mesa ubicada a la entrada del corral. TERCERO: En esos momentos, transitando por la calle, frente al sitio de fiesta, caminaba el señor Julián Oseguera, quien en aparente estado ebriedad, era conducido y auxiliado por su hijo Danilo Oseguera, en dirección a su vivienda. CUARTO: Julián Oseguera al encontrarse próximo a la entrada al corral, sacó su arma de fuego y efectuó tres disparos, impactando el primero de ellos a la altura de la ceja derecha de la niña M. E. O. , quien cayó inmediatamente al suelo, prosiguiendo Julián su camino hacia su casa de habitación. QUINTO: El padre de la niña, de nombre Santos Humberto Ortiz López, quien se encontraba en el sitio, al enterarse de lo acontecido fue en busca de Julián Oseguera a quien junto a otras personas logró despojarlo del arma de fuego y lo condujo nuevamente al lugar del suceso, donde entregó el arma al Alcalde Auxiliar, quien a su vez puso a la orden de la autoridad competente a Julián Oseguera, el arma incautada y el correspondiente permiso de portación de arma. SEXTO: La niña M. E. O. fue llevada de urgencia al Hospital del Sur, falleciendo en el trayecto.”. III. RECURSO DE CASACIÓN: El Recurrente Abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente-recurrida, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del Artículo 121 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como. infringido por Aplicación Indebida textualmente dice: Artículo 121: El autor de un homicidio culposo será castigado con tres (3) a cinco (5) años. Si el autor hubiese cometido el hecho como consecuencia de encontrarse en estado de ebriedad o de haber consumido drogas prohibidas por la ley, se castigará con la pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años. El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “PRIMERO: El día sábado 10 de Mayo, año 2008, a eso de las siete y treinta de la noche en el caserío Mercedes del Perico, aldea La Calera, jurisdicción del municipio de El Triunfo, Departamento de Choluteca, la señora Santos Emiliana Maradiaga se encontraba con su hija M. E. O. M., de ocho años cerca de la entrada de un corral cerca de la entrada a un corral donde se hacían los preparativos para realizar una fiesta de la comunidad para conmemorar el día de las madres. SEGUNDO: La señora Santos Emiliana envió a su hija M. E. O. M. a comprar unas enchiladas, por lo que la niña se separó de su madre y se encaminó a comprar el encargo, deteniéndose unos momentos en la mesa ubicada a la entrada del corral. TERCERO: En esos momentos, transitando por la calle, frente al sitio de la fiesta, caminaba el señor Julián Oseguera, quien en aparente estado de ebriedad, era conducido y auxiliado por su hijo Danilo Oseguera, en dirección a su vivienda. CUARTO: Julián Oseguera al encontrarse próximo a la entrada al, sacó su arma de fuego y efectuó tres disparos, impactando el primero de ellos a la altura de la ceja derecha de la niña M. E. O. , quien cayó inmediatamente al suelo, prosiguiendo Julián su camino hacia su casa de habitación. QUINTO: El padre de la niña, de nombre Santos Humberto Ortiz López, quien se encontraba en el sitio, al enterarse de lo acontecido fue en busca de Julián Oseguera a quien junto a otras personas logró despojarlo del arma de fuego y lo condujo nuevamente al lugar del suceso, donde entregó el arma al Alcalde Auxiliar, quien a su vez puso a la orden de la autoridad competente a Julián Oseguera, el arma incautada y el correspondiente permiso de portación de arma. SEXTO: La niña M. E. O. fue llevada de urgencia al Hospital del Sur, falleciendo en el trayecto.” (Lo resaltado es nuestro). Al examinar el factum, se evidencia que concurre la aplicación indebida del artículo 121 del Código Penal, ya que en la conducta del acusado se manifiestan los elementos del dolo. Aunque el recurso de casación por Infracción de Ley debe apegarse de manera absoluta al relato fáctico, debemos hacer alusión al apartado de fundamentación jurídica, donde el sentenciador de manera textual en el párrafo tercero dice: “el Tribunal descarta el dolo, en razón de que la prueba testifical ha servido para acreditar la comisión de un delito culposo agravado, por cuanto el proceder de Julián Oseguera se materializa de forma específica y directa al haber disparado de manera imprudente, producto de la ingesta alcohólica, en tres ocasiones el arma de fuego que podaba, dirección del sitio donde se realizaba una celebración del día de la madre, impactando uno de los disparos a la niña M. E. O. , causándole la muerte.” Se discrepa con dicha argumentación porque si el sujeto activo dispara su arma con la voluntad dirigida precisamente a realizar una acción antijurídica, al hacerlo sobre una multitud que celebra en la vía pública, con el pleno conocimiento del peligro, es inobjetable que si se produce un homicidio se realiza ante la presencia del dolo eventual. Si la más segura consecuencia era la de lesionar o matar a alguien que se encontrara en medio del gentío, ese resultado lo representó el activo por ser efecto normal o de alta probabilidad de realización, y ante tal situación debió abstenerse de ejecutar la acción, pero si por el contrario, ratificó su voluntad de disparar en tres ocasiones, asumiendo indiferencia respecto del resultado letal finalmente producido, el homicidio imputado a título de dolo no le viola garantía alguna. Es preciso indicar que la culpa consciente o con representación caracteriza aquellos supuestos en que el sujeto reconoce el peligro de su acción, pero confía en que no tendrá lugar el resultado, y en el expediente de mérito el acusado nunca dirigió su arma a un objetivo inanimado en particular, por lo que asumió la posibilidad de inferir un balazo a cualquiera de los parroquianos que disfrutaban del convivio. La Sala de Lo Penal ha repetido, ciñéndose a doctrina humanista, que el punto de referencia para la configuración del delito culposo lo proporciona el deber objetivo de cuidado, residiendo el núcleo del tipo imprudente en la contrariedad entre la acción realizada y la que debería haber sido realizada en virtud del deber de cuidado, que el autor debe observar en sus acciones. En el caso in examine, el deber objetivo de cuidado implicaba la precaución de no sacar un arma de fuego y apuntar en dirección a las personas, ya que sacar un arma de fuego y disparar voluntariamente en dirección de donde se encuentran transeúntes, denota que si bien pudo no desearse el resultado final, el accionar del acusado lleva una aceptación del resultado e incorpora una actitud de total desprecio por el bien jurídico protegido especificado, así que no concurre culpa. (Ver sentencia No. 352=08 de fecha 11 de Abril de 2012). En virtud de lo anteriormente expresado, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso por la existencia de un error en la selección del precepto.” “SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación de los Artículos 13 segundo párrafo y 116 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Artículo 13: El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo. El delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan. Artículo 116: Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes Artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. Tres son los ingredientes fundamentales que deben reunirse a la hora de evaluar si una persona ha obrado con dolo eventual, en el caso de muerte de la víctima, en primer lugar, la representación de la eventualidad del resultado por parte del autor, la actitud de indiferencia en torno a la probabilidad de su ocurrencia y la previsionalidad del resultado. Así las cosas, la jurisprudencia de la Sala de lo Penal establece que cuando los hechos probados revelan una aceptación del resultado por parte del imputado, describiendo comportamientos del procesado, que sugieren o indican su consentimiento o al menos indiferencia en relación a la probabilidad del suceso dañoso, es lo menos que se puede inferir del accionar del procesado, ya que el hecho probado describe que sacó un arma de fuego y la acciona en dirección de una muchedumbre, esto denota que el autor dispuso de un tiempo suficiente a efecto de desarrollar un razonamiento consistente acerca de las consecuencias de su decisión, lo que lleva a concluir que sí existió una aceptación, conformación o resignación del hecho, pues la lógica y la experiencia advierten que disparar sobre personas representa una acción en extremo peligrosa y quien porta un arma conoce los resultados que puede producir el uso de la misma en un determinado momento. Que haya ingerido bebidas alcohólicas no desvanece el dolo porque el sujeto en todo instante mantuvo el dominio del hecho, pudiendo obrar con absoluta libertad pese a la ligera disminución de sus facultades. (Ver sentencia No. 352=08 de fecha 11 de abril de 2012). En conclusión, el desvalor del delito de Homicidio Doloso produjo la Falta de Aplicación del artículo 116, en relación con el 13 del cuerpo legal sustantivo, por lo que se espera que la Sala de Lo Penal corrija tal irregularidad haciendo la subsunción adecuada.” IV.- “Continúa manifestando el Recurrente en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA ÚNICO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el juzgador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica, prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: TESTIFICAL: 1. Santos Emiliana Maradiaga, manifestó que la menor de ocho años de edad andaba con ella en el baile cuando iba pasando el señor Julián por la calle con dirección a su casa y este disparó en tres ocasiones, hiriendo mortalmente a la menor. 2. Santos Eudilio Ochoa Maradiaga. 3.Santos Humberto Ortiz López, aseveró en juicio que después de que el acusado hirió a su hija se fue tras él antes de que huyera, le quitó el arma y lo puso a la orden de las autoridades. 4. Juan Benito Estrada, sostuvo que Julián Oseguera Posadas se encontraba en estado de ebriedad al disparar a la víctima. 5. Rosa Centeno Maradiaga. DOCUMENTAL: 1. Acta de Peritaje de incautación de arma de Fuego. 2. Acta de Levantamiento Cadavérico: subraya que se incautó un arma de fuego, tipo revólver, supuestamente calibre 38, con cacha de plástico color negro, con capacidad para seis proyectiles, encontrándose en la recámara tres casquillos percutidos y tres no percutidos, reconociendo el arma y el carnet de portación. 3. Acta de Inspecciones Oculares: determina que en la entrada de un corral se localizaron manchas de sangre. 4. Certificación de Acta de Defunción. 5. Álbum Fotográfico. El Tribunal en la valoración intelectiva de la prueba no logra derivar que el ciudadano Julián Oseguera Posadas estuvo consciente de todo lo que ejecutó. Entonces, resulta evidente, que al concluir el juzgador que de parte del acusado no hubo intención de provocar daño, porque estaba ebrio, vulnera la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente en su característica de suficiencia, en vista de que al valorar el contenido de la probanza, no le otorgó el mérito que realmente poseía, pues de otra manera hubiera adquirido la certeza de que el sujeto manejó la situación a su antojo, aparte de que en ningún momento se corroboró en el proceso que este hubiese caído en grados de inconsciencia alcohólica que le alteraran la cognición. El A-quo ha inobservado las reglas de la sana crítica en su principio de derivación de la razón suficiente, al entender que de las probanzas valoradas en conjunto no es posible derivar dolo en la causa, dado que elabora un análisis basado en meras especulaciones, no en pruebas, porque de acuerdo al testimonio de Santos Emiliana Maradiaga los disparos los hizo el enjuiciado directamente a la multitud, sin mostrar ningún tipo de vacilación. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. La embriaguez relativa, semiplena, incompleta, según las máximas de la experiencia, no es obstáculo para que la persona se desenvuelva conforme a las reglas básicas de la convivencia, puesto que de lo contrario tal circunstancia se convertiría en una excusa permanente en los casos de homicidio. Los testimonios acreditan que el acusado nunca cayó en un estado de embriaguez aguda que pudiese trastornar su entendimiento de manera relevante, puesto que de la declaración de Santos Humberto Ortiz López se puede extraer que Julián Oseguera intentó escapar de la escena, pero que fue rápidamente alcanzado y sometido, lo cual sugiere que este entendía a la perfección lo que había hecho. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo a efecto de que se corrija el fallo en el seno de La Sala de Lo Penal.” V.- La Recurrente Abogada Liliana María Aronne Salazar, en su condición de Defensora Privada del señor Julián Oseguera Posadas, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: Que la sentencia carezca de motivaciones fácticas o jurídicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El fallo que se recurre en este acto, considera esta defensa por ser notorio este hecho, adolece de vicios como lo es la falta de motivación jurídica tal como lo señala el artículo 69 del Código penal en su segundo párrafo cuando establece lo siguiente: “...EN LA MOTIVACION DE LA SENTENCIA EL JUEZ CONSIGNARA EXPRESAMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS SEÑALADAS EN EL PARRAFO ANTERIOR QUE HA TENIDO EN CUENTA PARA DETERMINAR LA EXTENSIÓN DE LA PENA”. Vale mencionar que el Tribunal Sentenciador encontró culpable a mi representado JULIAN OSEGUERA POSADAS del delito de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO en perjuicio de M. E. O., (NUMERAL SEGUNDO DE LA FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA) delito que contempla una pena de CINCO A OCHO AÑOS DE RECLUSION, pues tal como su nombre lo indica el tipo penal lleva implícita la agravante de embriaguez; no obstante el Tribunal de Sentencia de Choluteca obvió establecer cuáles fueron los fundamentos jurídicos o fácticos en los cuales se basa para imponer a mi representado la pena concreta de SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito citado. Pues solo encontramos la decisión del Tribunal, plasmada en la sentencia recurrida, justo en la parte de la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA, en el numeral CUARTO, así: “FUNDAMENTACIÓN JURIDICA... CUARTO: AUN CUANDO LA PRUEBA TESTIFICAL TANTO DE CARGO, COMO DE DESCARGO ESTABLECIERON QUE JULIAN OSEGUERA AL MOMENTO DE DISPARAR SE ENCONTRABA INGERIDO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS; EN APEGO A LO MANIFESTADO POR LOS TESTIGOS PRESENCIALES DE CARGO, APRECIA ESTA CIRCUNSTANCIA, COMO AGRAVANTE, DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 121 DEL REFERIDO CUERPO PENAL, SIRVIENDO DE APOYO EL LOS ELEMENTOS DE LA PRUEBA QUE SE DESPRENDEN DE LAS VERSIONES DE LOS TESTIGOS PRESENCIALES”. (El resaltado es propio de la suscrita) Así también transcribo el numeral primero de la parte resolutiva del fallo que se recurre en este acto: “PARTE RESOLUTIVA... POR TODO LO ANALIZADO Y MANIFESTADO, ESTE TRIBUNAL DE SENTENCIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, FALLA: PRIMERO: CONDENAR A JULIAN OSEGUERA POSADAS, COMO AUTOR DEL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO, EN PERJUICIO DE LA NIÑA M. E. O. M., A LA PENA DE SEIS AÑOS DE RECLUSION LA QUE DEBERÁ CUMPLIR EN LA PENITENCIARIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, QUEDANDO SUJETO A TRABAJAR EN OBRAS PUBLICAS O EN LABORES DEL ESTABLECIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY QUE REGULA LA LEY DEL SISTEMA PENITENCIARIO.” Si la Ley Penal le exige al Juez que debe motivar en la sentencia y consignar cuales son las circunstancias (atenuantes y agravantes) que toma en cuenta para determinar la extensión de la pena, es decir que el punto de partida al momento de dictar una sentencia condenatoria es la pena mínima que en el caso de autos es de CINCO AÑOS, sin embargo aun cuando el Tribunal observa y dice que no hay NINGUNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE, más si encuentra UNA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE, va más allá de 10 que establece la ley saltando la pena mínima e imponiendo más años de los que la ley le permite imponer en el caso de autos, pues condena a mi representado a la pena concreta de SEIS AÑOS DE RECLUSION. A éste análisis le sumamos que el artículo 338 del Código Procesal Penal, señala también que en la sentencia deberá consignarse en párrafos separados, de manera clara, suscinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, también señala esta disposición procesal que el Juez sentenciador deberá expresar las causas de atenuación o agravación de la responsabilidad penal y es allí donde nos detenemos porque no se encuentra motivada debidamente la sentencia recurrida en cuanto a las razones jurídicas y fácticas que llevaron al Tribunal sentenciador a ir más allá de la pena mínima sin existir circunstancias agravantes sino por el contrario si hay una circunstancia atenuante. Exige la ley en las disposiciones procesales citadas que estas motivaciones deben establecerse en la fundamentación jurídica en párrafos separados, los que, a la simple lectura de la misma, no encontramos.” “SEGUNDO MOTIVO: Que en la sentencia dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Como consecuencia del análisis de la sentencia recurrida, esta defensa llega al punto de considerar que también existe una clara contradicción en las motivaciones jurídicas y el cómputo de la pena final y concreta; la contradicción a que me refiero se encuentra en el numeral séptimo del fallo precisamente de la Audiencia de individualización de la pena; de la simple lectura del citado numeral SEPTIMO, puede apreciarse que la estructura gramatical de éste es contradictoria en sí mismo y con lo que se encuentra en la PARTE RESOLUTIVA numeral PRIMERO, y para una mejor discusión me permito transcribirlos: “AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACION DE PENA... PRIMERO: ESTE TRIBUNAL, TOMANDO COMO REFERENCIA EL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO PENAL, EL QUE APLICADO AL IMPUTADO SE LOGRA ESTABLECER Y APRECIAR, POR UNA PARTE, LA EXISTENCIA DE UNA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE, COMO SER LA AUSENCIA DE ANTECEDENTES JUDUCIALES, A FAVOR DE JULIAN OSEGUERA, CON LO CUAL ACREDITA SER PRIMO DELICUENTE. AUN CUANDO LA PRUEBA TESTIFICAL TANTO DE CARGO, COMO DE DESCARGO ESTABLECIERON QUE JULIAN OSEGUERA AL MOMENTO DE DISPARAR SE ENCONTRABA INGERIDO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS; EXTREMO QUE ES APRECIADO MEDIANTE LA PRUEBA TESTIFICAL DIRECTA, CONFIGURANDOSE EL AGRAVANTE SEÑALADO EN PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 121 DEL REFERIDO CUERPO PENAL.” EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE INVOCADA POR EL MINISTERIO PUBLICO, SEÑALADA EN EL NUMERAL 16 DEL ARTÍCULO 27 DE LA NORMATIVA PENAL, NO ES APRECIADA, POR CUANTO PARA QUE EXISTIERA UNA OFENSA DE DESPRECIO POR PARTE DE JULIAN OSEGUERA PARA CON LA NIÑA M. E. O., EL AGENTE ACTIVO DEBIO OBRAR CON PLENA CONCIENCIA SOBRE EL ACTO EJECUTADO, LO CUAL NO SUCEDIÓ EN EL PRESENTE CASO, EM RAZON DE QUE JULIAN OSEGUERA AL REALIZAR LOS TRES DISPAROS, FUERON HECHOS BAJO INGESTA ALCOHOLICA, ES DECIR QUE FALTO EN EL ANIMO DE JULIAN LA CONDICION DE PREVEER PARA EVITAR OCASIONAR EL DAÑO CAUSADO, PRODUCIENDOSE EL RESULTADO DE MANERA AZAROSA EN LA QUE SI BIEN NO HUBO DOLO, PERO SI HUBO CULPA; POR CONSIGUIENTE, NO HABIENDO CIRCUSNTANCIAS AGRAVANTES QUE APRECIAR, ES PROCEDENTE APLICARLE AL IMPUTADO UNA PENA DE SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN.” (El resaltado es propio de la suscrita) Así también transcribo el numeral primero de la parte resolutiva del fallo que se recurre en este acto: “PARTE RESOLUTIVA... POR TODO LO ANALIZADO Y MANIFESTADO, ESTE TRIBUNAL DE SENTENCIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, FALLA: PRIMERO: CONDENAR A JULIAN OSEGUERA POSADAS, COMO AUTOR DEL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO, EN PERJUICIO DE LA NIÑA M. E. O. M., A LA PENA DE SEIS AÑOS DE RECLUSION LA QUE DEBERÁ CUMPLIR EN LA PENITENCIARIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, QUEDANDO SUJETO A TRABAJAR EN OBRAS PUBLICAS O EN LABORES DEL ESTABLECIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY QUE REGULA LA LEY DEL SISTEMA PENITENCIARIO.” Tal como se puede apreciar nos encontrarnos ante una enorme contradicción cuando el Tribunal sentenciador declara que “SE LOGRA ESTABLECER Y APRECIAR, POR UNA PARTE, LA EXISTENCIA DE UNA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE, COMO SER LA AUSENCIA DE ANTECEDENTES JUDUCIALES, A FAVOR DE JULIAN OSEGUERA, CON LO CUAL ACREDITA SER PRIMO DELICUENTE” y se le suma a esta decisión que “NO HABIENDO CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES QUE APRECIAR...” sin embargo contradictoriamente concluye en que “ES PROCEDENTE APLICARLE AL IMPUTADO UNA PENA DE SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN” La Doctrina contempla un PRINCIPIO importantísimo en materia penal como lo es el PRINCIPIO DE INHERENCIA: El principio de inherencia tiene por finalidad impedir que las agravantes genéricas se puedan aplicar en aquellos casos en que la propia norma penal la contemple dentro de la figura delictiva que regule; es decir, aquellas que sean inherentes al tipo penal, impidiendo así que pueda simultanearse con la de carácter genérico. Por ejemplo, la muerte de una persona realizada con alevosía. En este caso se castigaría como asesinato, porque así lo determina el artículo 117 del Código Penal, que tiene una mayor pena que el homicidio, pero impide que pueda aplicarse además la agravante genérica del artículo 27.2 del Código Penal (alevosía). Con ello, se trata de evitar que una misma conducta o circunstancia concurrente al hecho se sancione doblemente, vulnerando el principio ne bis in ídem. Hay que diferenciar entre las circunstancias agravantes o atenuantes genéricas, que son aquellas que concurren junto con el hecho delictivo como elementos accidentales del mismo y sin el cual el delito existiría igualmente, y las circunstancias agravantes o atenuantes específicas que contempla la norma penal y que condicionaría la existencia del delito previsto en el tipo penal. Las agravantes que se van a explicar son las genéricas. En efecto, realmente no resulta proporcionado tener en cuenta un mismo hecho con un doble efecto, pues ello supondría una agravación doble, la del hecho y la de la circunstancia agravante, con base en el mismo fundamento (se trataría de otra manifestación de la regla del ne bis in idem, que impide aplicar a un mismo hecho dos preceptos, por razones de primacía de la proporcionalidad sobre la seguridad). En cuanto a este Principio de inherencia, conviene señalar cómo aquellos datos que pertenezcan a la descripción del hecho típico no pueden tomarse en cuenta además como circunstancias modificativas: la embriaguez, que puede dar lugar a una circunstancia atenuante (art. 26.3), no puede tenerse en cuenta como tal en el delito culposo bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Hablamos en este caso de inherencia de la circunstancia fáctica (embriaguez o alevosía) respecto al tipo en cuestión. Consecuentemente considera esta defensa privada que existen claras y abiertas contradicciones cuando el Tribunal de Sentencia considera que el delito por el cual se le encuentra responsable a mi representado es el de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO el cual de acuerdo al artículo 121 del Código Penal se pena con CINCO A OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN, tal como su nombre lo indica la embriaguez es la agravante que tipifica el delito y acuerdo al principio citado de inherencia, automáticamente no puede aplicarse ésta como agravante. Pero como el Tribunal no ha apreciado esta agravante, entonces la pregunta es sobre qué base circunstancial fáctica el Tribunal extiende la pena más allá de la mínima, si además el Tribunal si apreció una atenuante COMO SER LA AUSENCIA DE ANTECEDENTES JUDUCIALES, A FAVOR DE JULIAN OSEGUERA, CON LO CUAL ACREDITA SER PRIMO DELICUENTE. OFRECIMIENTO DE PRUEBA: Para probar los vicios anteriormente mencionados, ofrezco como medio de prueba para ser evacuado como lo estime oportunamente la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la prueba siguiente: a) inspección al Acta de Debate.” IV. FUNDAMENTACIÓN. Recurso de Casación por infracción de ley, por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 121 del Código Penal, interpuesto por el Abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Primer Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 121 del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen. Infracción de Ley por Aplicación Indebida del Artículo 121 del Código Penal que literalmente dice: “El autor de un homicidio culposo será castigado con tres (3) a cinco (5) años. Si el autor hubiese cometido el hecho como consecuencia de encontrarse en estado de ebriedad o de haber consumido drogas prohibidas por la ley, se castigará con la pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años. Del relato factico de la sentencia recurrida se evidencia la aplicación indebida del artículo 121 del Código Penal, ya que en la conducta del acusado se manifiestan los elementos del dolo. En el apartado de fundamentación jurídica, el sentenciador en párrafo tercero dice: “El Tribunal descarta el dolo, en razón de que la prueba testifical ha servido para acreditar la comisión de un delito culposo agravado, por cuanto el proceder de Julián Oseguera se materializa de forma específica y directa al haber disparado de manera imprudente, producto de la ingesta alcohólica, en tres ocasiones el arma de fuego que podaba, dirección del sitio donde se realizaba una celebración del día de la madre, impactando uno de los disparos a la niña M. E. O. , causándole la muerte.” Se discrepa con dicha argumentación porque si el sujeto activo dispara su arma con la voluntad dirigida precisamente a realizar una acción antijurídica, al hacerlo sobre una multitud que celebra en la vía pública, con el pleno conocimiento del peligro, es inobjetable que si se produce un homicidio se realiza ante la presencia del dolo eventual. Concepto General. A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto especifico. El delito es culposo cuando es resultado de imprudencia, impericia o negligencia, o cuando es producto de la inobservancia de una ley, de un reglamento, órdenes, resoluciones o deberes, atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente. El artículo 13 del Código Penal, se comete por imprudencia, impericia, negligencia, considerándolo igual culposo cuando es producto de la inobservancia de una ley, reglamento o de órdenes, deberes…, siguiéndose el sistema de crimina culposa o sistema cerrado (numerus clausus), según el cual sólo se sancionan como delito las conductas culposas expresamente reguladas en la ley. Santiago Mir Puig, afirma que: “La culpa consciente se da cuando, si bien no se quiere causar la lesión, se advierte su posibilidad y sin embargo, se actúa; se reconoce el peligro de la situación, pero se confía en que no se dará lugar al resultado lesivo”… “mientras el delito doloso supone la realización del tipo con conocimiento y voluntad, en el delito imprudente el sujeto no quiere cometer el hecho previsto en el delito doloso, pero lo realiza con la infracción de la norma de cuidado”. La conducta es imprudente, por faltar el autor a las normas del deber objetivo de cuidado, y al decir de Ignacio Berdugo Gómez de la Torre: “El núcleo esencial del injusto del delito imprudente y es el fundamento de la desvalorización de la acción”, considerado un principio general del ordenamiento íntimamente ligado a la prohibición de causar daño a los demás”[1]. Muñoz Conde señala: “El deber de cuidado es ante todo objetivo, ya que para fijarlo no se acude al cuidado que en el caso concreto debería aplicar el autor, si no al cuidado requerido en la vida de relación social. Lo que supone un juicio normativo que fija la conducta que hubiese seguido, una persona razonable”[2] “En el dolo condicionado o eventual, el sujeto se representa la posibilidad de producción de un resultado típico y sin embargo actúa, aceptando o consintiendo, al menos, las consecuencias de su acción”. [3] “En la culpa consciente o con previsión, el autor sabe que su conducta puede producir una lesión del bien jurídico, pero espera o confía que dicha lesión no se producirá finalmente. …El dolo eventual y la culpa consciente se parecen en que en ambos el autor sabe que su acción puede llegar a producir un daño, una lesión de un bien jurídico protegido, pero se diferencian en que en el dolo eventual, el autor actúa porque consiente y asume las consecuencias que su proceder produzca, en tanto que en la culpa consciente actúa porque espera y confía en que no se producirá ningún daño; en la culpa consciente se supone que el autor no actuaría en el caso de estar seguro o creer que el daño habría de producirse, en tanto que en el dolo eventual el autor no se detiene ni aún en el caso de creer que lo más probable es que el daño se produzca”. [4] De la Procedencia Recurso. El Recurso es de Recibo. El recurrente argumenta que la sentencia que se impugna incurre en infracción de ley por aplicación indebida del artículo 121 del Código Penal. Reprocha que conforme el relato factico de la sentencia recurrida en la conducta del acusado Julián Oseguera Posadas, se manifiestan los elementos del dolo. Reprocha que en el apartado de fundamentación jurídica, párrafo tercero, el sentenciador descarta el dolo, en razón de que “..la prueba testifical ha servido para acreditar la comisión de un delito culposo agravado, por cuanto el proceder de Julián Oseguera se materializa de forma específica y directa al haber disparado de manera imprudente, producto de la ingesta alcohólica, en tres ocasiones el arma de fuego que portaba, dirección del sitio donde se realizaba una celebración del día de la madre, impactando uno de los disparos a la niña M. E. O. , causándole la muerte.” El recurrente discrepa con dicha argumentación en razón a que, si el sujeto activo dispara su arma con la voluntad dirigida sobre una multitud que celebra en la vía pública, con el pleno conocimiento del peligro, es inobjetable que si se produce un homicidio se realiza ante la presencia del dolo eventual. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que en Casación lo único que procede analizar si estos estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche. En este caso el tribunal e juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: El día sábado 10 de mayo, año 2008, a eso de las siete y treinta de la noche en el caserío Mercedes del Perico, aldea la Calera, jurisdicción del municipio El Triunfo, Departamento de Choluteca, la señora Santos Emiliana Maradiaga se encontraba con su hija M. E. O. M., de ochos años cerca de la entrada a un corral cercado donde se hacían los preparativos para realizar una fiesta de la comunidad para conmemorar el día de las madres. Segundo: La señora Santos Emiliana envió a su hija M. E. O. M. a comprar unas enchiladas, por lo que la niña se separó de madre y se encamino a comprar el encargo, deteniéndose unos momentos en la mesa ubicada a la entrada del corral. Tercero: En esos momentos, transitando por la calle, frente al sitio de fiesta, caminaba el señor Julián Oseguera, quien en aparente estado ebriedad, era conducido y auxiliado por su hijo Danilo Oseguera, en dirección a su vivienda. Cuarto: Julián Oseguera al encontrarse próximo a la entrada al corral, sacó su arma de fuego y efectuó tres disparos, impactando el primero de ellos a la altura de la ceja derecha de la niña M. E. O. , quien cayó inmediatamente al suelo, prosiguiendo Julián su camino hacia su casa de habitación. Quinto: El padre de la niña, de nombre Santos Humberto Ortiz López, quien se encontraba en el sitio, al enterarse de lo acontecido fue en busca de Julián Oseguera a quien junto a otras personas logró despojarlo del arma de fuego y lo condujo nuevamente al lugar del suceso, donde entregó el arma al Alcalde Auxiliar, quien a su vez puso a la orden de la autoridad competente a Julián Oseguera, el arma incautada y el correspondiente permiso de portación de arma. Sexto: La niña M. E. O. fue llevada de urgencia al Hospital del Sur, falleciendo en el trayecto.”. Esta Sala considera que en la base fáctica de la sentencia impugnada preinserta la acción ilícita desplegada por el acusado Julián Oseguera Posadas no se configura en los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Homicidio Culposo Agravado en perjuicio de la niña M. E. O. , tipificados y sancionados en el artículo 121 del Código Penal, que establece: “El autor de un homicidio culposo será castigado con tres (3) a cinco (5) años. Si el autor hubiese cometido el hecho como consecuencia de encontrarse en estado de ebriedad o de haber consumido drogas prohibidas por la ley, se castigará con la pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años.” Esta Sala considera que la conducta desplegada por el acusado señor Julián Oseguera Posadas no es culposa, en tanto que en ella no concurre imprudencia grave u omisión inexcusable del deber objetivo de cuidado al momento de hacer tres disparos con el arma de fuego que portaba, sin apreciar que en lugar aledaño estaban personas, entre niños y adultos, celebrando el día de la madre, y producto de su accionar uno de esos disparos impacta en la niña M. E. O. , causándole una herida en la frente, la que más tarde le provoca la muerte. Este hecho ilícito atribuido al señor Julián Oseguera Posadas es calificado indebidamente como un delito de Homicidio culposo agravado por el solo haberlo cometido “aparente estado de ebriedad”. Esta circunstancia no fue comprobada científicamente por lo que se parte de la premisa que el acusado Julián Oseguera Posadas tenía la capacidad de comprensión para poder prever que alguno de sus disparos de su arma de fuego realizados por él en todas direcciones, podía llegar a impactar y causar graves perjuicios a alguna de las personas presente en el lugar. Por todo ello esta Sala concluye que, la sentencia impugnada incurre en defecto por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 121 del Código Penal vigente al momento de la comisión del ilícito. Recurso de Casación de infracción de ley, por falta de aplicación de los Artículos 13 segundo párrafo y 116 del Código Penal. Segundo Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de los Artículos 13 segundo párrafo y 116 del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, dictando de inmediato la sentencia de fondo que en derecho corresponda. Resumen. Infracción de Ley por Falta de Aplicación de los Artículos 13 segundo párrafo y 116 del Código Penal. Artículo 13: El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo. El delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan. Artículo 116: Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes Artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. Los hechos probados revelan una aceptación del resultado por parte del imputado, describiendo comportamientos que sugieren su consentimiento o al menos indiferencia en relación a la probabilidad del suceso dañoso, es lo menos que se puede inferir del accionar del procesado. El hecho probado describe que sacó un arma de fuego y la acciona en dirección de una muchedumbre, esto denota que el autor dispuso de un tiempo suficiente a efecto de desarrollar un razonamiento consistente acerca de las consecuencias de su decisión, lo que lleva a concluir que sí existió una aceptación, conformación o resignación del hecho, pues la lógica y la experiencia advierten que disparar sobre personas representa una acción en extremo peligrosa y quien porta un arma conoce los resultados que puede producir el uso de la misma en un determinado momento. Que haya ingerido bebidas alcohólicas no desvanece el dolo porque el sujeto en todo instante mantuvo el dominio del hecho, pudiendo obrar con absoluta libertad pese a la ligera disminución de sus facultades. Concepto General del Recurso. A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto especifico. El dolo eventual se extrae del término normativo “aceptar, por ende, las consecuencias…”. En estos casos el autor prevé la posible producción de un resultado sin pretenderlo inicialmente, pero lo admite en la eventualidad de que se produzca, los elementos cognoscitivo y volitivo resultan de menor intensidad respecto al dolo directo en el cual se manifiestan de manera contundente.- Constituyendo el dolo eventual un límite entre el dolo directo y la culpa consciente con representación, lo cual como es conocido plantea cierta problemática, pues tanto en el dolo eventual como en la culpa consciente el autor aunque inicialmente no quiere el resultado se (representa) su posible resultado, por ello, con respecto al dolo eventual y su distinción con la culpa consciente la doctrina1 además de las conocidas teorías del asentimiento según la cual existe dolo eventual cuando el autor prevé el resultado como posible, no lo quiere, pero lo acepta si se produce.- Y la de la probabilidad, según la cual hay dolo eventual si el autor prevé la realización del resultado no solamente como posible sino como probable; ilustrando también en la actualidad una posición ecléctica, que combina la conciencia de la peligrosidad de la acción con un momento voluntario.- “Exigiendo por una parte, que el sujeto “tome en serio”, la posibilidad del delito, y por otra, que el mismo “se conforme” con dicha posibilidad aunque sea a disgusto. Tomar en serio la posibilidad del delito, equivaldría a “no descartar”, que se pueda producir: a “contar” con la posibilidad del delito. Conformarse con la posible producción del delito significa por lo menos, “resignarse a ella” siquiera como consecuencia eventual desagradable cuya posibilidad no consigue hacer desistir al sujeto de su acción: significa el grado mínimo exigible para que pueda hablarse de “aceptar” y por tanto de “querer”.[5] De la Procedencia Recurso. el Recurso es de Recibo. Infracción de Ley por haber incurrido el tribunal Sentenciador en falta de aplicación de los Artículos 13 segundo párrafo y 116 del Código Penal. Argumenta el recurrente que los hechos declarados probados revelan en el acusado Julián Oseguera Posadas, una aceptación del resultado, sugieren su consentimiento o al menos su indiferencia a cerca de la probabilidad del suceso dañoso, describen que sacó un arma de fuego y que la acciona en dirección de una muchedumbre, lo que denota que al menos por un tiempo suficiente desarrolla un razonamiento acerca de las consecuencias de su decisión, por lo que existió aceptación, conformación o resignación del hecho, al disparar sobre personas lo que representa una acción peligrosa. Considera que el estar ingerido de bebidas alcohólicas no quita el dolo debido a que en todo instante mantiene el dominio del hecho, pudiendo obrar con libertad a pesar de la ligera disminución de sus facultades. Por lo que estima que se reúnen los requisitos del dolo eventual. En el presente caso, el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO: El día sábado 10 de mayo, año 2008, a eso de las siete y treinta de la noche en el caserío Mercedes del Perico, aldea la Calera, jurisdicción del municipio El Triunfo, Departamento de Choluteca, la señora Santos Emiliana Maradiaga se encontraba con su hija M. E. O. M., de ochos años cerca de la entrada a un corral cercado donde se hacían los preparativos para realizar una fiesta de la comunidad para conmemorar el día de las madres. SEGUNDO: La señora Santos Emiliana envió a su hija M. E. O. M. a comprar unas enchiladas, por lo que la niña se separó de madre y se encamino a comprar el encargo, deteniéndose unos momentos en la mesa ubicada a la entrada del corral. TERCERO: En esos momentos, transitando por la calle, frente al sitio de fiesta, caminaba el señor Julián Oseguera, quien en aparente estado ebriedad, era conducido y auxiliado por su hijo Danilo Oseguera, en dirección a su vivienda. CUARTO: Julián Oseguera al encontrarse próximo a la entrada al corral, sacó su arma de fuego y efectuó tres disparos, impactando el primero de ellos a la altura de la ceja derecha de la niña M. E. O. , quien cayó inmediatamente al suelo, prosiguiendo Julián su camino hacia su casa de habitación. QUINTO: El padre de la niña, de nombre Santos Humberto Ortiz López, quien se encontraba en el sitio, al enterarse de lo acontecido fue en busca de Julián Oseguera a quien junto a otras personas logró despojarlo del arma de fuego y lo condujo nuevamente al lugar del suceso, donde entregó el arma al Alcalde Auxiliar, quien a su vez puso a la orden de la autoridad competente a Julián Oseguera, el arma incautada y el correspondiente permiso de portación de arma. SEXTO: La niña M. E. O. fue llevada de urgencia al Hospital del Sur, falleciendo en el trayecto.” Los hechos declarados probados se configuran perfectamente en los artículos 13 segundo párrafo y 116 del Código Penal que tipifican y sancionan el delito de Homicidio Simple en perjuicio la menor M. E. O. M., en virtud que, el acusado señor Julián Oseguera Posadas hace tres disparos en varias direcciones con el arma de fuego que portaba, sin apreciar que en lugar se encuentran personas en el lugar, entre niños y adultos, celebrando el día de la madre, hecho en que uno de sus disparos impacta en la niña M. E. O. , causándole una herida en la frente, la que más tarde le provoca la muerte, hecho cometido como consecuencia de encontrarse el señor Julián Oseguera Posadas en “aparente estado de ebriedad”. En este caso, en el juicio no existe prueba científica de la que se deriva que el acusado Julián Oseguera Posadas tenga perdido su capacidad de aceptar, consentir o prever la probabilidad de producir un suceso dañoso. Por lo anterior Esta Sala considera efectivamente mantenía la capacidad de comprender y de aceptar las consecuencias de su decisión, al disparar un lugar público en que encontraban varias personas de la comunidad, entre niños y adultos, acción peligrosa, que justificada por el hecho de andar ingerido de bebidas alcohólicas, circunstancia que excluye el dolo de su accionar, pues aún y cuando sus facultades están disminuidas por la ingesta de alcohol, conserva el dominio del hecho, y realiza su accionar ilícito lesivo contra la vida de las personas, sin importarle las consecuencias. Por lo expuesto, esta Sala concluye que el tribunal de juicio incurre infracción de ley por falta de aplicación de los Artículos 13, segundo párrafo y 116 del Código Penal. Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservar el Juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Primer Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 362. 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen. Casación por Quebrantamiento de Forma por no haber observado el sentenciador las reglas de la Sana Crítica en la valoración de la prueba de cargo siguiente: Testifical: 1. Santos Emiliana Maradiaga, manifestó que la menor de ocho años de edad andaba con ella en el baile cuando iba pasando el señor Julián por la calle con dirección a su casa y este disparó en tres ocasiones, hiriendo mortalmente a la menor. 2. Santos Eudilio Ochoa Maradiaga. 3.Santos Humberto Ortiz López, aseveró en juicio que después de que el acusado hirió a su hija se fue tras él antes de que huyera, le quitó el arma y lo puso a la orden de las autoridades. 4. Juan Benito Estrada, sostuvo que Julián Oseguera Posadas se encontraba en estado de ebriedad al disparar a la víctima. 5. Rosa Centeno Maradiaga. Documental: 1. Acta de Peritaje de incautación de arma de Fuego. 2. Acta de Levantamiento cadavérico: subraya que se incautó un arma de fuego, tipo revólver, supuestamente calibre 38, con cacha de plástico color negro, con capacidad para seis proyectiles, encontrándose en la recámara tres casquillos percutidos y tres no percutidos, reconociendo el arma y el carnet de portación. 3. Acta de Inspecciones Oculares: determina que en la entrada de un corral se localizaron manchas de sangre. 4. Certificación de Acta de Defunción. 5. Álbum Fotográfico. Reprocha que el tribunal de juicio de la valoración intelectiva de la prueba sostiene que el acusado Julián Oseguera Posadas no estaba consciente al momento de ejecutar los hechos, por lo que no tuvo la intención de provocar daño, por encontrase en estado de ebriedad, razonamiento que vulnera la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente en su característica de suficiencia. Al valorar la prueba el tribunal valora que el acusado manejó la situación a su antojo, en ningún momento determina en el proceso si el acusado tenía el grado de inconsciencia alcohólica que alterara la cognición. El A quo elabora un análisis basado en especulaciones y no en las pruebas, porque de acuerdo al testimonio de Santos Emiliana Maradiaga, el acusado hizo los disparos directamente a la multitud, sin mostrar ningún tipo de vacilación. Considera que la embriaguez relativa, semiplena, incompleta, según las máximas de la experiencia, no es obstáculo para que la persona se desenvuelva conforme a las reglas básicas de la convivencia, puesto que de lo contrario tal circunstancia se convertiría en una excusa permanente en los casos de homicidio. Los testimonios acreditan que el acusado nunca cayó en un estado de embriaguez aguda que pudiese trastornar su entendimiento de manera relevante, puesto que de la declaración de Santos Humberto Ortiz López se puede extraer que Julián Oseguera intentó escapar de la escena, pero que fue rápidamente alcanzado y sometido, lo cual sugiere que este entendía a la perfección lo que había hecho. Concepto General del recurso. Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[6]. Concepto específico: Al valorar la prueba el tribunal valora que el acusado manejó la situación a su antojo, en ningún momento determina en el proceso si el acusado tenía el grado de inconsciencia alcohólica que alterara la cognición. El A quo elabora un análisis basado en especulaciones y no en las pruebas, porque de acuerdo al testimonio de Santos Emiliana Maradiaga, el acusado hizo los disparos directamente a la multitud, sin mostrar ningún tipo de vacilación. Considera que la embriaguez relativa, semiplena, incompleta, según las máximas de la experiencia, no es obstáculo para que la persona se desenvuelva conforme a las reglas básicas de la convivencia, puesto que de lo contrario tal circunstancia se convertiría en una excusa permanente en los casos de homicidio. De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, de la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, al valorar los siguientes medios de prueba siguientes: Testifical: 1. Santos Emiliana Maradiaga, manifestó que la menor de ocho años de edad andaba con ella en el baile cuando iba pasando el señor Julián por la calle con dirección a su casa y este disparó en tres ocasiones, hiriendo mortalmente a la menor. 2. Santos Eudilio Ochoa Maradiaga. 3.Santos Humberto Ortiz López, aseveró en juicio que después de que el acusado hirió a su hija se fue tras él antes de que huyera, le quitó el arma y lo puso a la orden de las autoridades. 4. Juan Benito Estrada, sostuvo que Julián Oseguera Posadas se encontraba en estado de ebriedad al disparar a la víctima. 5. Rosa Centeno Maradiaga. Documental: 1. Acta de Peritaje de incautación de arma de Fuego. 2. Acta de Levantamiento cadavérico: subraya que se incautó un arma de fuego, tipo revólver, supuestamente calibre 38, con cacha de plástico color negro, con capacidad para seis proyectiles, encontrándose en la recámara tres casquillos percutidos y tres no percutidos, reconociendo el arma y el carnet de portación. 3. Acta de Inspecciones Oculares: determina que en la entrada de un corral se localizaron manchas de sangre. 4. Certificación de Acta de Defunción. 5. Álbum Fotográfico. Esta Sala estima que las razones vertidas por el juzgador para sostener que el acusado Julián Oseguera Posadas no estaba plenamente consciente al momento de ejecutar los hechos, por lo que no tuvo la intención de provocar daño, por encontrase en estado de ebriedad, son coherentes y suficientes, para con ellas establecer la participación del acusado en el hecho imprudente que se le imputa. Esta Sala considera que los razonamientos vertidos por el tribunal de juicio no infringen la regla de sana crítica, de la lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, que requieren de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad, y establece la obligatoriedad de que las afirmaciones, deducciones y conclusiones de la sentencia resulten congruentes y guarden adecuada correlación entre sí no infringe la regla 1ógica de derivación pues, la motivación de la sentencia respeta el principio de razón suficiente, por el cual el razonamiento ha de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas ya enunciadas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas fueron determinando, debido a que los razonamientos de los jueces de sentencia están constituidos por deducciones razonables originadas de las pruebas. En el presente caso, de la declaración de testimonio de Santos Emiliana Maradiaga, se deriva que el acusado hizo los disparos con dirección a la multitud, sin ningún tipo de vacilación, ello no descarta en manera alguna la concurrencia de un tipo de embriaguez que alteró moderadamente el entendimiento del acusado. Asimismo, de la declaración de Santos Humberto Ortiz López se deriva que Julián Oseguera luego de hacer los disparos con su arma de fuego, continua caminando en compañía de su hijo hasta llegar a su vivienda, hasta donde el testigo padre la niña perjudicada lo alcanza, desarma y lo conduce hasta presentarlo a las autoridades, declaraciones que analizadas en forma armoniosa y conjunta con el resto de la prueba agregada al juicio corrobora que al momento de los hechos el acusado Julián Oseguera Posadas aparentaba encontrase en estado de ebriedad con moderada alteración de su conciencia y la voluntad, a consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas. Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, por considerar que la sentencia carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, presentada por la Abogada Liliana María Aronne Salazar, en su condición de Defensora Privada del señor Julián Oseguera Posadas. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Por adolecer la sentencia recurrida de falta de motivación fáctica y jurídica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Primer Motivo. Resumen. Casación de quebrantamiento de forma por considerar que la sentencia carece de motivaciones fácticas o jurídicas. El Tribunal obvió establecer los fundamentos jurídicos o fácticos en los que se basa para imponer la pena concreta al acusado Julián Oseguera Posadas de seis años de reclusión por el delito Homicidio Culposo Agravado. La sentencia recurrida, en la parte de la fundamentación jurídica, numeral cuarto, así: “fundamentación jurídica... cuarto: aun cuando la prueba testifical tanto de cargo, como de descargo establecieron que Julián Oseguera al momento de disparar se encontraba ingerido de bebidas alcohólicas; en apego a lo manifestado por los testigos presenciales de cargo, aprecia esta circunstancia, como agravante, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 121 del referido cuerpo penal, sirviendo de apoyo los elementos de la prueba que se desprenden de las versiones de los testigos presenciales”. La Ley Penal le exige al Juez que debe motivar en la sentencia y consignar cuales son las circunstancias (atenuantes y agravantes) que toma en cuenta para determinar la extensión de la pena, el punto de partida al dictar una sentencia condenatoria es la pena mínima de cinco años, sin embargo aun cuando el tribunal observa que no hay ninguna circunstancia agravante, más si encuentra una circunstancia atenuante, va más allá de diez, saltando la pena mínima, pues condena al acusado a la pena de seis años de reclusión. El Juez sentenciador deberá expresar las causas de atenuación o agravación de la responsabilidad penal, y allí es donde no se encuentra motivada debidamente la sentencia recurrida, en cuanto a las razones jurídicas y fácticas que llevaron al Tribunal sentenciador a ir más allá de la pena mínima sin existir circunstancias agravantes, y por el contrario haber una circunstancia atenuante. Concepto General del recurso. “Art. 362 3) Los tres primeros que se agrupan en esta norma y que se estudiaran conjuntamente, guardan bastante similitud, en cuanto a su estructura, con el numeral l), por lo que al mismo me remito; si bien aquellos hacen alusión a los hechos probados, mientras que el precepto objeto de examen se refiere a la fundamentación de la sentencia. El cuarto vicio formal que contempla este artículo y que será analizado de forma independiente, tiene lugar cuando en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.

Que la sentencia carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, o que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias: Los vicios procesales que justifican la existencia de este motivo de casación consisten, bien en que la sentencia carezca por completo de motivación, o bien que la motivación sea insuficiente o contradictoria. Son defectos procesales que se cometen en los apartados relativos a la valoración de la prueba y a la fundamentación jurídica, que toda sentencia debe contener y que -al igual que se dijo para los defectos en la narración de los hechos probados-, la ausencia total de motivación (fáctica, jurídica o de ambas), comporta siempre la anulación del fallo, pues sume a las partes en la más absoluta indefensión y priva a la CSJ del conocimiento de una de las premisas esenciales que justifican el fallo. La motivación de la sentencia cumple dos funciones básicas: por un lado, la extrema que permite a las partes controlar la actividad jurisdiccional y, de otro, cumple una función interna para que el tribunal ejerza una forma de autocontrol al elevar la sentencia, sabiendo que puede ser revisada, evitando expresar razonamientos incompletos, incoherentes, absurdos, ilógicos y, en definitiva, arbitrarios. Por este cauce casacional se corrigen, en general, aquellas deficiencias estructurales de la sentencia, que incumplan de una manera palmaria las exigencias mínimas de motivación referentes a la valoración de las pruebas para declarar los hechos probados y a la fundamentación jurídica de los pronunciamientos del fallo, contenidas en los apartados 2) y 3) de la regla cuarta del art. 338 que pormenoriza los requisitos de la sentencia. La insuficiencia de motivación es un concepto subjetivo que debe ser interpretado respectivamente, de manera que solo se apreciará en aquellos casos en que no resulte posible colegir el proceso racional que llevó al tribunal a quo a considerar probados los hechos consignados en el factum, o a aplicar los preceptos penales de los que el fallo trae causa y no cuando los razonamientos sean escuetos o equivocados. Tanto la insuficiencia motivatoria, cuanto las contradicciones en la fundamentación de la sentencia han de ser casuales y trascendentes respecto al fallo. En cuanto a la contradicción, además de ser patente e insubsanable, debe resultar de los propios términos de la fundamentación fáctica o jurídica…”.[7]Concepto específico: El Juez sentenciador no expresa las causas de atenuación o agravación de la responsabilidad penal, que es donde no se encuentra motivada debidamente la sentencia recurrida. No establece las razones jurídicas y fácticas que llevaron al Tribunal sentenciador a ir más allá de la pena mínima sin existir circunstancias agravantes, y por el contrario haber una circunstancia atenuante. De la Procedencia del Recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente basa el motivo de casación por quebrantamiento de forma en virtud que la sentencia que se impugna carece de motivación fáctica y jurídica. Alega que el Tribunal obvió establecer los fundamentos jurídicos o fácticos en los que se basa para imponer la pena concreta al acusado Julián Oseguera Posadas de seis años de reclusión por el delito Homicidio Culposo Agravado, y que no expresa las causas de atenuación o agravación de la responsabilidad penal, que es donde no se encuentra motivada debidamente la sentencia recurrida, al no establecer las razones jurídicas y fácticas que llevaron al Tribunal sentenciador a ir más allá de la pena mínima, al no existir circunstancias agravantes, y por el contrario si haber una circunstancia atenuante. Esta Sala considera que, de la detenida lectura de la sentencia impugnada emitida por el tribunal de instancia, resulta que la sentencia recurrida no adolece del vicio de falta de fundamentación fáctica y jurídica, respecto de las circunstancias agravantes y atenuantes. En este caso, el juzgador no incurre en defectos de insuficiencia o falta de motivación fáctica o jurídica, pues el tribunal de casación colige en el razonamiento del juzgador un proceso racional que lleva al tribunal A quo a considerar probada la circunstancia de encontrarse el acusado Julián Oseguera Posadas, en un aparente estado de ebriedad al momento de la comisión de los hechos. Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, por considerar que la sentencia adolece de motivaciones contradictorias. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Por adolecer la sentencia recurrida de motivación insuficiente o contradictoria. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Segundo Motivo. Resumen. Casación por Quebrantamiento de forma por estimar que la sentencia contiene motivación insuficiente o contradictoria. Existe una clara contradicción en las motivaciones jurídicas y el cómputo de la pena final y concreta. La contradicción se encuentra en numeral séptimo del fallo, precisamente de la Audiencia de individualización de la pena. De la simple lectura del numeral séptimo, puede apreciarse que es contradictoria en sí mismo y con la parte resolutiva numeral primero, cuando el tribunal sentenciador declara que: “se logra establecer y apreciar, por una parte, la existencia de una circunstancia atenuante, como ser la ausencia de antecedentes judiciales, a favor de Julián Oseguera, con lo cual acredita ser primo delincuente” y se le suma a esta decisión que “no habiendo circunstancias agravantes que apreciar...” sin embargo concluye en que: “es procedente aplicarle al imputado una pena de seis años de reclusión”. La doctrina contempla un principio de inherencia: El principio de inherencia tiene por finalidad impedir que las agravantes genéricas se puedan aplicar en aquellos casos en que la propia norma penal la contemple dentro de la figura delictiva que regule. Existen claras y abiertas contradicciones cuando el tribunal de sentencia considera que el delito por el cual se le encuentra responsable al acusado es el de homicidio culposo agravado, que de acuerdo al artículo 121 del Código Penal se pena con cinco a ocho años de reclusión. Tal como su nombre lo indica la embriaguez es la agravante que tipifica el delito y acuerdo al principio citado de inherencia, automáticamente no puede aplicarse ésta como agravante, pero el tribunal no ha apreciado esta agravante, entonces sobre qué base circunstancial fáctica el tribunal extiende la pena más allá de la mínima, si además el tribunal apreció una atenuante como ser la ausencia de antecedentes judiciales, a favor de Julián Oseguera. Concepto General del recurso. “Los vicios procesales que justifican la existencia de este motivo de casación consisten, bien en que la sentencia carezca por completo de motivación, o bien que la motivación sea insuficiente o contradictoria. Son defectos procesales que se cometen en los apartados relativos a la valoración de la prueba y a la fundamentación jurídica, que toda sentencia debe contener y que -al igual que se dijo para los defectos en la narración de los hechos probados-, la ausencia total de motivación (fáctica, jurídica o de ambas), comporta siempre la anulación del fallo, pues sume a las partes en la más absoluta indefensión y priva a la CSJ del conocimiento de una de las premisas esenciales que justifican el fallo. La motivación de la sentencia cumple dos funciones básicas: por un lado, la extrema que permite a las partes controlar la actividad jurisdiccional y, de otro, cumple una función interna para que el tribunal ejerza una forma de autocontrol al elevar la sentencia, sabiendo que puede ser revisada, evitando expresar razonamientos incompletos, incoherentes, absurdos, ilógicos y, en definitiva, arbitrarios. Por este cauce casacional se corrigen, en general, aquellas deficiencias estructurales de la sentencia, que incumplan de una manera palmaria las exigencias mínimas de motivación referentes a la valoración de las pruebas para declarar los hechos probados y a la fundamentación jurídica de los pronunciamientos del fallo, contenidas en los apartados 2) y 3) de la regla curta del art. 338 que pormenoriza los requisitos de la sentencia. La insuficiencia de motivación es un concepto subjetivo que debe ser interpretado respectivamente, de manera que solo se apreciará en aquellos casos en que no resulte posible colegir el proceso racional que llevó al tribunal a quo a considerar probados los hechos consignados en el factum, o a aplicar los preceptos penales de los que el fallo trae causa y no cuando los razonamientos sean escuetos o equivocados. Tanto la insuficiencia motivatoria, cuanto las contradicciones en la fundamentación de la sentencia han de ser casuales y trascendentes respecto al fallo. En cuanto a la contradicción, además de ser patente e insubsanable, debe resultar de los propios términos de la fundamentación fáctica o jurídica…”. [8] Concepto específico: Existe una clara contradicción en las motivaciones jurídicas y el cómputo de la pena final y concreta. La contradicción se encuentra en numeral séptimo del fallo, precisamente de la Audiencia de individualización de la pena. De la simple lectura del numeral séptimo, puede apreciarse que es contradictoria en sí mismo y con la parte resolutiva numeral primero, cuando el tribunal sentenciador declara que: “se logra establecer y apreciar, por una parte, la existencia de una circunstancia atenuante, como ser la ausencia de antecedentes judiciales, a favor de Julián Oseguera, con lo cual acredita ser primo delincuente” y se le suma a esta decisión que “no habiendo circunstancias agravantes que apreciar...” sin embargo concluye en que: “es procedente aplicarle al imputado una pena de seis años de reclusión”. De la Procedencia del Recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente basa el motivo de casación por Quebrantamiento de forma en virtud que la sentencia que se impugna adolece de motivación contradictoria. Alega que existe una clara contradicción en las motivaciones jurídicas y el cómputo de la pena final y concreta, cuando el tribunal sentenciador declara que: “se logra establecer y apreciar, por una parte, la existencia de una circunstancia atenuante, como ser la ausencia de antecedentes judiciales, a favor de Julián Oseguera, con lo cual acredita ser primo delincuente” y se le suma a esta decisión que “no habiendo circunstancias agravantes que apreciar...” sin embargo concluye en que: “es procedente aplicarle al imputado una pena de seis años de reclusión”. La doctrina contempla un principio de inherencia: El principio de inherencia tiene por finalidad impedir que las agravantes genéricas se puedan aplicar en aquellos casos en que la propia norma penal la contemple dentro de la figura delictiva que regule. Esta Sala considera que, la sentencia impugnada no adolece del vicio de fundamentación fáctica y jurídica contradictoria, respecto de las circunstancias agravantes y atenuantes, en virtud que lleva inherente la circunstancia agravante de encontrase el acusado en estado de aparente ebriedad al momento de hacer los tres disparos en varias direcciones en un lugar en el que se encontraban varias personas entre ellos niños y adultos, y de uno de los disparos quitarle la vida a la menor quien en vida fuera M. E. O. M., por lo que no aprecia en este caso, defecto de motivación fáctico y jurídica contradictoria, dado el razonamiento coherente del tribunal sentenciador. V. DECISIÓN: la Sala declara: 1) Ha Lugar los dos motivos de casación por Infracción de ley, invocados por el Abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; 2) No Ha Lugar y el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma, invocado por el Abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; 3) No Ha Lugar los dos motivos de casación por Quebrantamiento de forma, invocado por la Abogada Liliana María Aronne Salazar, en su condición de Defensora Privada del señor Julián Oseguera Posadas. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto. En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Julián Oseguera Posadas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Julián Oseguera Posadas, la pena de 6 años de reclusión, como autor del delito de Homicidio Culposo Agravado, en perjuicio de la niña M. E. O. M., y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, se le declaró la civilmente responsable, sin condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio, comiso del arma de fuego utilizada por el acusado para la comisión del delito por el que se le condena. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Julián Oseguera Posadas como persona responsable del delito de Homicidio Simple, mediando dolo eventual, le correspondería ser sancionado penalmente con la pena de 15 a 20 años de prisión. (Artículo 192). Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio a favor del señor Julián Oseguera Posadas, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362.2 del Código Procesal Penal. 516 y 564 del Código Penal vigente. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar los dos motivos de casación por Infracción de ley, invocado por el Abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; y No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma invocado por el Abogado mismo Fiscal del Ministerio Público; Segundo: Declara No Ha Lugar los dos motivos Quebrantamiento de forma, invocados por la Abogada Liliana María Aronne Salazar, en su condición de Defensora Privada del señor Julián Oseguera Posadas, en la causa en que se le condenó al señor Julián Oseguera Posadas, como autor del delito de Homicidio Culposo Agravado, en perjuicio de la niña M. E. O. M.; Segundo: no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal contenida en el Decreto 130-2017, por no representar un beneficio a favor del señor Julián Oseguera Posadas; Tercero: Condenar al señor Julián Oseguera Posadas, como autor del delito de Homicidio Simple, mediando dolo eventual, en perjuicio de la niña M. E. O. M., a la pena de Quince años de prisión y se le imponen las penas de suspensión de la ciudadanía por el tiempo de la condena, prohibición de tenencia o portación de armas de fuego durante el tiempo de la condena, y de prohibición de residencia, aproximación y comunicación con la familia de la víctima por el tiempo de la condena; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha nueve de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 384-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

[1] Gómez de la Torre Ignacio Berdugo y otros. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Barcelona 1996. Editorial Praxis. Primera Edición. P. 170 y 171

[2] Mir Puig Santiago Op. Cit. P. 280 y 281.

[3] Lecciones de Derecho Penal I. Parte General. Décima Edición. Autor Doctor René Suazo Lagos. Página144.

[4] Lecciones de Derecho Penal I. Parte General. Décima Edición. Autor Doctor René Suazo Lagos. Página148.

[5] Véase. Llobet Rodríguez, Javier, Delitos en Contra la Vida y la Integridad Corporal. Derecho Penal. Parte Especial. Editorial Jurídica Continental, Costa Rica. 2001. Página 56. Casación Penal S.P. No.352-08

[6] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005

[7] Cuadernos de Estudios Judiciales. Los Recursos. Ángel Llorente Fernández de la Reguera y Rixi Moncada Godoy. Páginas 120 y 121.

[8] Cuadernos de Estudios Judiciales. Los Recursos. Ángel Llorente Fernández de la Reguera y Rixi Moncada Godoy. Páginas 120 y 121.