Sentencia CP-383-17 — Registro 12574
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Esta Sala observa que el recurrente basa el motivo de casación en tres diferentes motivos por quebrantamiento de forma, infracción de ley penal sustantiva y por infracción de Precepto constitucional, sin embargo, el recurrente se limita a desarrollar solamente el primero, es decir el de Quebrantamiento de forma, fundado en que la declaración de los hechos probados por el tribunal no es clara, pues estima que el tribunal de juicio no valora los medios de prueba aportados por la defensa consistentes en la declaración del testigo señor Santos Oveniel Bueso García quien dejo el arma olvidada y cuando se dio cuenta de lo sucedido fue a buscarlo ya lo tenían detenido, ni la prueba documental consistente en la documentación del arma de fuego tipo escuadra, calibre 40, serie A222507 a nombre de Santos Oveniel Bueso García. Por lo anterior, reprocha que el hecho declarado probado único es escueto, parco, sintético y lacónico, en atención de lo que considera que la sentencia recurrida carece de hechos probados. Esta Sala observa que el Juzgador declara terminantemente probado el hecho siguiente: “Uno: El día miércoles 14 de enero del año dos mil quince, a eso de las once con treinta minutos de la mañana, los policías Olvin Jose Pineda Gomez y Aracely Hernández, circulaban en una patrulla policial en el barrio el Centro de Santa Rita Copan, cuando observaron por unaestación de servicio (gasolinera) un vehículo pick up color azul que realizo una maniobra sospechaba el cual era conducido por el señor Juan Jose Martinez Hernández por lo de inmediato fue requerido por los agentes del orden y al momento de practicarle un registro se le encontró a la altura de la cintura una arma de fuego calibre 40, marca CZ75B, serie número A222507 sin el correspondiente permiso de portación y por tal razón dicho acusado fue trasladado a la jefatura policial de Copan Ruinas y en seguida puestos a la orden de la autoridad judicial competente para su enjuiciamiento.”. La Sala reitera que para apreciar este defecto procesal no basta que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es preciso que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, o que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo. No corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento sobre la valoración de la prueba, dado el tipo de motivo invocado por el recurrente. En el presente caso el juzgador de instancia, narra el hecho probado en forma clara, precisa y terminante, en el que afirma categóricamente la participación del acusado Juan Jose Martinez Hernández en los actos ilícitos por lo que se le condena, en virtud de al momento de ser requerido por agentes de policía y practicarle un registro se le encontró a la altura de la cintura un arma de fuego calibre 40, marca CZ75B, serie número A222507 sin el correspondiente permiso de portación. La forma en que los hechos son declarados probados no deja ninguna duda sobre los acontecimientos, ni impide la conexión de los hechos con la fundamentación jurídica y parte resolutiva del fallo, tampoco crea laguna o vacío en la descripción histórica, por lo que en la forma en que están redactados opera como primera premisa que, con la calificación jurídica como segunda premisa, encaja perfectamente en el silogismo de la sentencia que se impugna. Asimismo, se deben dar entre los hechos declarados probados en la sentencia que se impugna, y no con relación al fallo de culpabilidad que se produce después del debate, mucho menos ha de residir en las contradicciones que se hayan producido entre los testigos, las que después de ser valoradas por el juzgador conforme a las reglas de la sana crítica para producir un estatuto de verdad. Esta Sala no se pronuncia sobre el motivo de Infracción de Ley Penal Sustantiva, ni sobre el de Infracción de Precepto Constitucional, en razón a que, si bien el recurrente solo se limita a anunciarlos, pero no lo llega a explicar, darles contenido, ni desarrollar, defecto que se opone a una debida técnica recursiva, que además ordena que para mayor claridad y precisión los motivos de casación sean enunciados en forma separada. Por lo anterior, la sentencia recurrida no adolece de los defectos o vicios de forma alegados por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-383-2017 por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, mediante la cual Primero: Condenó al señor Juan José Martínez López, como autor del delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Juan José Martínez López.- Cuarto: Se ordenó la devolución del arma a su respectivo dueño. SON PARTES: El Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, en su condición de Defensor Privado del señor Juan José Martínez López, como parte recurrente; y la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Uno: El día miércoles 14 de enero del año dos mil quince, a eso de las once con treinta minutos de la mañana, los policías OLVIN JOSE PINEDA GOMEZ y ARACELY HERNANDEZ, circulaban en una patrulla policial en el barrio el Centro de Santa Rita Copan, cuando observaron por una estación de servicio (gasolinera) un vehículo pick up color azul que realizo una maniobra sospechaba el cual era conducido por el señor JUAN JOSE MARTINEZ HERNANDEZ por lo de inmediato fue requerido por los agentes del orden y al momento de practicarle un registro se le encontró a la altura de la cintura una arma de fuego calibre 40, marca CZ75B, serie número A222507 sin el correspondiente permiso de portación y por tal razón dicho acusado fue trasladado a la jefatura policial de Copan Ruinas y en seguida puestos a la orden de la autoridad judicial competente para su enjuiciamiento.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, en su condición de Defensor Privado del señor Juan José Martínez López, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Se ha acreditado que al imputado se le encontró una arma de fuego que el arma tiene perfecto funcionamiento, lo que realmente se debe debatir es si el hecho es punible, si el imputado merece ser castigado por un hecho circunstancial de que una persona distinta a él haya dejado olvidada el arma, y que el imputado haya quedado en devolverla precisamente en el momento que la policía lo detiene, fueron minutos los que trascurrieron tal como lo establece el señor Santos Oveniel Bueso García que dejo el arma olvidada y cuando se dio cuenta de lo sucedido fue a buscarlo ya lo tenían detenido, el objetivo del Tribunal es impartir justicia por lo tanto pregunto si es justo castigar al imputado por una arma que no es de su propiedad, justicia que no fue impartida por el Tribunal de Sentencias al declarar culpable a mi representado por un delito que no cometió, por lo que solicitamos se dicte una sentencia absolutoria a favor del imputado y que se retiren las medidas cautelares que se impusieron anteriormente.- PRIMER MOTIVO: Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobado, que tal declaración no sea clara…..- PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 numeral 1 código procesal penal.- Además del precepto penal adjetivo que se invoca como infringido, también se robustece con otras del mismo cuerpo de normas como ser los artículos 337 y 338 numeral 1 del código procesal penal que mandan: Artículo 337. “Congruencia de la sentencia con la acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formulación de la acusación….. NI CALIFICAR LOS HECHOS EN PERJUICIO DEL ACUSADO EN FORMA DISTINTA DE LA QUE RESULTE DE LAS ACTUACIONES ANTES INDICADAS.- Articulo 338 numeral 1: “En párrafos separados y numerados se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, DESCRITOS CON CLARIDAD, PRECISION Y COHERENCIA....” ES CONVENIENTE aclarar para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia recurrido, en primer lugar: teniendo el conocimiento que “La declaración de los hechos probados” constituye el CIMIENTO o mejor dicho “EL ARRANQUE” de toda Sentencia Penal, la cual se construye en párrafos separados y numerados, haciendo declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, DESCRITOS (representando de modo que de cabal idea de lo sucedido)con claridad; insertando en primer lugar que hechos considera ciertos y para ello solo podrá contar con las pruebas que se han practicado; contando el Tribunal de Sentencia con gran cantidad de indicios supuestamente concatenados, los hechos probados hubieran sido construidos en base a estos hechos debidamente probados con estos indicios (cuestión que no sucedió); en segundo lugar: los hechos que prometió probar el fiscal en la formalización de la acusación al inicio del Debate fueron otros, completamente diferentes a los que sustanciaron en el juicio. En definitiva, los Hechos Probados NO EXISTEN, el hecho probado UNICO solamente señala extremos, día, hora, lugar, el hecho circunstancial de que una persona distinta a él haya dejado olvidada el arma, y que el imputado haya quedado en devolverla precisamente en el momento que la policía lo detiene, por ningún lugar señala hechos probados ya que NO DESCRIBE LAS ACCIONES que tengan trascendencia jurídica. EXPLICACION DEL MOTIVO PRIMERO: El hecho probado UNICO considera ciertos: a) la fecha y la hora en que sucedió el hecho, que los policías observaron por una estación de servicio (gasolinera) un vehículo pick up color azul que realizo una maniobra sospechosa el cual era conducido por el señor Juan José Martínez Hernández por lo que de inmediato fue requerido y al momento de practicarle un registro se le encontró una arma de fuego calibre 40, marca CZ75B.— b) No toma en cuenta 1.— la declaración del señor Santos Oveniel Bueso García que dejo el arma olvidada y cuando se dio cuenta de lo sucedido fue a buscarlo ya lo tenían detenido, 2.- Prueba Documental consistente en la documentación de la arma de fuego tipo escuadra, calibre 40, serie A222507 a nombre de Santos Oveniel Bueso García.— Como podemos observar Honorables Magistrados el Hecho Probado Único, es escueto, parco, sintético, etc.se encuentra desnudo completamente, como un árbol sin ramas; si los hechos probados fueran así de lacónicos, bastaría expresar: “Juan robo a Pedro”, “Miguel violo a Doris”, como es nuestro Hecho Probado Juan José Martínez cometió el delito de Portación Ilegal de Armas”, EVIDENTEMENTE los Hechos Probados, FALTAN, NO EXISTEN, el Hecho Probado UNICO solamente señala extremos, (día, hora, lugar) por ningún lado señala los hechos probados, NO DESCRIBE LAS ACCIONES que rodearon el hecho ilícito: NI el antes, NI el momento, NI el después, ya que todos ellos constituyen la trascendencia jurídica. SEGUNDO: Como lo señale anteriormente los Hechos Probados son EL ARRANQUE de la Sentencia, es decir que de aquí parte, para seguir con la Valoración de la Prueba que fue tenida en cuenta para declarar los Hechos Probados NO ES A LA INVERSA, que se va a partir de la Valoración de la Prueba para posteriormente declarar los Hechos Probados. La valoración de la prueba contiene cinco (5) apartados que contienen siete (7) medios de prueba evacuados en el Debate, valoraciones contenidas en DOS (2) PÁGINAS, con un análisis que cae en la conjetura y en la que no valora la prueba presentada por la defensa, y solo valora la prueba presentada por la parte acusadora la cual es circunstancial.- TERCERO: El código Procesal Penal Comentado (La Biblia de los Jueces y Tribunales) nos enseña “que procederá el Recurso de Casación en la forma, si falta esa declaración, o si no es clara, es decir que los hechos no hayan sido expuestos sin obscuridad, en secuencia lógica, fácilmente entendibles” como ya lo hemos asegurado NO EXISTEN, “siendo que la finalidad de la sentencia es establecer la verdad procesal, resulta indispensable que esta verdad se establezca con claridad” esta relación deberá de contener una narración precisa, expresa y TERMINANTE DE TODOS LOS HECHOS ESENCIALES, y si bien deben de ser excluidos de la misma aquellos hechos que sean innecesarios para resolver el conflicto, nunca deben omitirse datos esenciales y relevantes para la descripción del hecho” ES NOTORIO al revisar los Hechos Probados, no adquiere esa nominación, porque le FALTA para que sea una verdadera declaración y la que encontramos la misma NO ES CLARA.” FUNDAMENTACIÓN Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma. Por falta de claridad en la declaración de los hechos estimados probados por el tribunal. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Falta de claridad en los hechos declarados probados por el tribunal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Quebrantamiento de forma por estimar que la declaración de los hechos probados por el tribunal no sea clara, lo que se robustece lo dispuesto en los artículos 337 y 338 numeral 1 del Código Procesal Penal que mandan: artículo 337 “Congruencia de la sentencia con la acusación y el articulo 338 numeral 1: “En párrafos separados y numerados se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia...”. El hecho probado único considera ciertos la fecha y hora en que sucedió el hecho, que los policías observaron por una estación de servicio (gasolinera) un vehículo pick up color azul que realizo una maniobra sospechosa el cual era conducido por el señor Juan José Martínez Hernández por lo que de inmediato fue requerido y al momento de practicarle un registro se le encontró una arma de fuego calibre 40, marca CZ75B. El tribunal no toma en cuenta la declaración del señor Santos Oveniel Bueso García que dejo el arma olvidada y cuando se dio cuenta de lo sucedido fue a buscarlo ya lo tenían detenido. Tampoco la prueba documental consistente en la documentación del arma de fuego tipo escuadra, calibre 40, serie A222507 a nombre de Santos Oveniel Bueso García. El hecho probado único, es escueto, parco, sintético, lacónico, por lo que evidentemente los hechos probados, faltan, no existen. El hecho probado no describe las acciones que rodearon el hecho ilícito, ni el antes, ni el momento, ni el después, de trascendencia jurídica. La valoración de la prueba de los siete medios de prueba evacuados en el debate, caen en la conjetura, no se valora la prueba presentada por la defensa, sino solo la presentada por la parte acusadora la que es circunstancial, por lo que la declaración de hechos probados no es clara. Concepto General del recurso El Jurista Español José Maria Luzón Cuesta, respecto a la falta de claridad en los hechos probados, considera que: “conforme a reiteradísima jurisprudencia, el vicio procesal se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarlos en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones dubitativas alternativas, en definitiva, consecuencia de la ambigüedad del relato. Así, pues, la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible, por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, o el contenido de los correspondientes pronunciamientos civiles. Por consiguiente no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o quaestio iuris”[1] Concepto específico: El hecho probado no describe las acciones que rodearon el hecho ilícito, ni el antes, ni el momento, ni el después, de trascendencia jurídica. La valoración de la prueba de los siete medios de prueba evacuados en el debate, caen en la conjetura, no se valora la prueba presentada por la defensa, sino solo la presentada por la parte acusadora la que es circunstancial, por lo que la declaración de hechos probados no es clara. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Esta Sala observa que el recurrente basa el motivo de casación en tres diferentes motivos por quebrantamiento de forma, infracción de ley penal sustantiva y por infracción de Precepto constitucional, sin embargo, el recurrente se limita a desarrollar solamente el primero, es decir el de Quebrantamiento de forma, fundado en que la declaración de los hechos probados por el tribunal no es clara, pues estima que el tribunal de juicio no valora los medios de prueba aportados por la defensa consistentes en la declaración del testigo señor Santos Oveniel Bueso García quien dejo el arma olvidada y cuando se dio cuenta de lo sucedido fue a buscarlo ya lo tenían detenido, ni la prueba documental consistente en la documentación del arma de fuego tipo escuadra, calibre 40, serie A222507 a nombre de Santos Oveniel Bueso García. Por lo anterior, reprocha que el hecho declarado probado único es escueto, parco, sintético y lacónico, en atención de lo que considera que la sentencia recurrida carece de hechos probados. Esta Sala observa que el Juzgador declara terminantemente probado el hecho siguiente: “Uno: El día miércoles 14 de enero del año dos mil quince, a eso de las once con treinta minutos de la mañana, los policías Olvin Jose Pineda Gomez y Aracely Hernández, circulaban en una patrulla policial en el barrio el Centro de Santa Rita Copan, cuando observaron por una estación de servicio (gasolinera) un vehículo pick up color azul que realizo una maniobra sospechaba el cual era conducido por el señor Juan Jose Martinez Hernández por lo de inmediato fue requerido por los agentes del orden y al momento de practicarle un registro se le encontró a la altura de la cintura una arma de fuego calibre 40, marca CZ75B, serie número A222507 sin el correspondiente permiso de portación y por tal razón dicho acusado fue trasladado a la jefatura policial de Copan Ruinas y en seguida puestos a la orden de la autoridad judicial competente para su enjuiciamiento.”. La Sala reitera que para apreciar este defecto procesal no basta que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es preciso que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, o que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo. No corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento sobre la valoración de la prueba, dado el tipo de motivo invocado por el recurrente. En el presente caso el juzgador de instancia, narra el hecho probado en forma clara, precisa y terminante, en el que afirma categóricamente la participación del acusado Juan Jose Martinez Hernández en los actos ilícitos por lo que se le condena, en virtud de al momento de ser requerido por agentes de policía y practicarle un registro se le encontró a la altura de la cintura un arma de fuego calibre 40, marca CZ75B, serie número A222507 sin el correspondiente permiso de portación. La forma en que los hechos son declarados probados no deja ninguna duda sobre los acontecimientos, ni impide la conexión de los hechos con la fundamentación jurídica y parte resolutiva del fallo, tampoco crea laguna o vacío en la descripción histórica, por lo que en la forma en que están redactados opera como primera premisa que, con la calificación jurídica como segunda premisa, encaja perfectamente en el silogismo de la sentencia que se impugna. Asimismo, se deben dar entre los hechos declarados probados en la sentencia que se impugna, y no con relación al fallo de culpabilidad que se produce después del debate, mucho menos ha de residir en las contradicciones que se hayan producido entre los testigos, las que después de ser valoradas por el juzgador conforme a las reglas de la sana crítica para producir un estatuto de verdad. Esta Sala no se pronuncia sobre el motivo de Infracción de Ley Penal Sustantiva, ni sobre el de Infracción de Precepto Constitucional, en razón a que, si bien el recurrente solo se limita a anunciarlos, pero no lo llega a explicar, darles contenido, ni desarrollar, defecto que se opone a una debida técnica recursiva, que además ordena que para mayor claridad y precisión los motivos de casación sean enunciados en forma separada. Por lo anterior, la sentencia recurrida no adolece de los defectos o vicios de forma alegados por el recurrente. V. DECISIÓN. La Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación de Quebrantamiento de forma, invocado por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, en su condición de Defensor Privado del acusado señor Juan José Martínez López. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.
Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena.
B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Juan José Martínez López, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Juan José Martínez López, la pena principal de tres (03) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; y se le declaró su responsabilidad civil derivada del delito cometido y la devolución del arma relacionada a su legítimo propietario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Juan José Martínez López como persona responsable le correspondería del sancionado penalmente De 01 a 04 años de prisión y localización permanente por 02 años, como pena abstracta para el autor del delito de por el delito de Portación Ilegal de armas de fuego permitida (Artículos 580.1). Conforme al Codigo Penal 130-2017 las penas privativas de otros derechos siguientes: 1) Localización permanente por el termino de 02 años efectiva después del efectivo cumplimiento de la pena privativa de libertad; 2) Inhabilitación de profesión, oficio, comercio o industria por el tiempo de duración de la condena; y, 3) y Privación del Derecho de Tenencia y Portación de Armas de Fuego, Explosivos, Municiones y materiales relacionados, durante el tiempo de la condena; 4) Inhabilitación de ciudadanía; y, 5) Inhabilitación de Patria Potestad. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta acumulada al acusado Juan José Martínez López conforme el CP-144-83 de tres (3) años de Reclusión, se encuentra comprendida dentro de los parámetros de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017 que prevé una pena para los mismos delitos la pena de 01 a 04 años de prisión, y conlleva la aplicación de penas privativas de otros derechos, que no le fueron impuestas. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66 y 616 del Código Penal 130-2017; y 362.1 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación de Quebrantamiento de forma, invocado por el Abogado Ovidio Lenin Ayala Orellana, en su condición de Defensor Privado del señor Juan José Martínez López; Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, en la causa en que se condenó al señor Juan José Martínez López, como autor del delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada Coordinadora José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-383-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] “El Recurso de Casación”. 2da Edición 2000. José María Luzón Cuesta. Fiscal del Tribunal Supremo. Editorial Colex. Página 140.