Sentencia CP-378-17 — Registro 12573
Resumen
En primera instancia se absuelve a los imputados por los delitos de Robo Agravado, Daños, Privación Injusta de la Libertad y Asociación Ilícita, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el MP. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente funda su motivo único de casación por quebrantamiento de forma por la violación de las reglas de la sana crítica, concretamente de la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia en la valoración de la prueba de cargo siguiente: 1) Declaración de los testigos Edin Xavier Ortiz oficial de Policía, Testigo Lenin Fidel Perdomo oficial de Policía, Arnulfo Ramírez López, Testigo Protegido “3” y Testigo Protegido “5”; 2) Inspección Ocular de fecha 5 de octubre del 2012, ratificada por José Luis Pavón; y, 3) Informe de Daños, documento remitido por el señor Julio Cesar Sosa, Gerente de Planta Caicesa, por considerar el juzgador que no hay prueba de cargo suficiente que establezca la participación de los acusados Andrés Valladares Hernández, Isabel Manzanares Herrera, Olvin Javier Manzanares Cantarero, Nelson Ulises Turcios, Norma Suyapa Leiva Hernández, en los delitos de Robo Agravado y Daños en perjuicio de la Empresa Caicesa, por los que formalizó acusación del Ministerio Público. Esta Sala considera que, al valorar la prueba de cargo, el tribunal de juicio no infringe las reglas de las sana crítica de la lógica de la derivación en su principio de razón suficiente, en virtud de que, si bien de las declaraciones de los testigos oculares empleados de la Empresa Caicesa, y la rendida por los Policías resulta que a los acusados en mención se les detuvo por parte de la Policía cuando intentaban salir de las instalaciones de la empresa, el juzgador consideró que tal aseveración carece de soporte probatorio en consideración a que la policía les da detención por el dicho de aldeanos que no los ubicaban como vecinos del lugar y por haber sido reconocidos por los empleados de la fábrica, sin embargo a dicha prueba de testigos de cargo el juzgador les resta credibilidad por considerar que los empleados de la fábrica Caicesa al declarar manifiestan el grupo de las personas que se introdujeron en forma violenta a las instalaciones de la Empresa Caicesa andaban con sus rostros cubiertos con pasamontañas, razón por la que el juzgador de instancia les resta credibilidad, pues al tener cubiertos sus rostros no es posible que hayan identificado a los acusados señores Andrés Valladares Hernández, Isabel Manzanares Herrera, Olvin Javier Manzanares Cantarero, Nelson Ulises Turcios, Norma Suyapa Leiva Hernández, como partícipes de los hechos ilícitos que se les atribuyen. Por lo anterior, esta Sala considera que efectivamente la información vertida por el testigo de cargo, es débil e insuficiente, dadas las inconsistencias puestas de manifiesto en juicio, y por carecer dichas declaraciones incriminatorias de corroboración por otro medio de prueba, por lo que se concluye que, en el presente caso, el juzgador no ha violado la reglas de la sana critica, de la lógica de derivación, en su postulado de razón suficiente, en la valoración de la prueba de cargo..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-378-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete; dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual: Primero: Absolvió: a los señores Andrés Valladares Hernández, Isabel Manzanares Herrera, Olvin Javier Manzanares Cantarero, Nelson Ulises Turcios Martínez y Norma Suyapa Leiva Hernández, de los delitos de Robo Agravado, Daños, Privación Injusta de la Libertad y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Empresa Caicesa, Empleados y Guardias de Seguridad de la Empresa Caicesa y la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: No procedió condenar en costas al Ministerio Público.- Son Partes: La Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco, Dinabel López Duron, en su condición de defensores públicos de la señora Norma Suyapa Leiva Hernández, como parte recurrida; y, la Abogada Gladys Lamar Ortíz, en su condición de Defensora Pública de los señores Andrés Valladares Hernández, Isabel Manzanares Herrera, Olvin Javier Manzanares Cantarero y Nelson Ulises Turcios Martínez, también como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: El día cuatro de octubre del año dos mil doce, entre siete y cincuenta y ocho de la de la noche, en el municipio de San Francisco, departamento de Atlántida, llegaron hasta el portón principal de la planta de producción de la Empresa denominada “Compañía Agrícola Industrial Ceibeña, S.A. (Caicesa), un grupo de entre veinticinco (25) a treinta (30) personas, con sus rostros cubiertos y llevando consigo armas de fuego de calibre desconocido, quienes lograron introducirse y tomaron el control de esas instalaciones, sometiendo a todos los empleados que no lograron escapar y bajo la amenaza de matarlos los retuvieron contra su voluntad en la zona de la bascula, en donde permanecieron bajo la custodia de un grupo de ellos, mientras el resto del grupo derribaban las puertas de las oficinas administrativas, para regístralas, saqueándolas, ocasionando daños a la edificación por un monto de cuatrocientos cuarenta mil novecientos cincuenta lempiras (Lps.440,950.00), así mismo tomaron equipo de esas oficina valorado en ciento cuarenta y cuatro mil treinta lempiras con veintiocho centavos (Lps.144,030.28) y documentos de la empresa. SEGUNDO: Momentos después llegan al lugar agentes de la Policía Nacional, tratando de ingresar a las instalaciones de la empresa, siendo recibidos con ráfagas de disparos por armas de fuego, ante esta situación los agentes decidieron retirarse sin lograr el desalojo de la empresa.- Horas mas tarde entre dos y tres de la madrugada del día cinco de octubre, llegaron elementos de la Policía Militar y se dividieron en dos grupos con el objetivo de ingresar a la empresa, enfrentándose nuevamente las personas que se habían tomado esas instalaciones, disparando sus armas contra ellos, perdiendo la vida en el fuego cruzado dos personas no identificadas en este proceso; momentos mas tarde al ver la desventaja en la que se encontraban y la oscuridad del lugar, los elementos de la Policía Militar decidieron replegarse en la plantación de palma africana para esperar el amanecer, momento en que el grupo de personas armadas dentro de CAICESA, aprovecho para retirarse del lugar. TERCERO: En el transcurso de la mañana del mismo día, los elementos de la Policía Nacional lograron liberar a todos los empleados que aun permanecían dentro de las instalaciones de CAICESA y dieron detención en las plantaciones de palma africana, a un grupo de diecinueve (19) personas entre ellos a los señores Andrés Valladares Hernández, Isabel Manzanares Herrera, Olvin Javier Manzanarez Cantarero, Nelson Ulises Turcios Martinez y Norma Suyapa Leiva Hernández, quienes posteriormente fueron remitieron a la autoridad competente..” Recurso de Casación La recurrente Abogada Cecilia Andrade, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, se evacuó durante la Audiencia de Juicio, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: 1) Declaración del testigo Edin Xavier Ortiz quien manifiesta: Es oficial de policía, que en fecha 4 de Octubre sucedieron los hechos en la empresa CAICESA, ubicada en San Francisco, Atlántida, era de suma importancia nos trasladamos a dicho lugar, porque se encontraban varias personas privadas de libertad… llegando a la entrada de la fábrica, manifestamos que éramos policías y en segundo escuchamos ráfaga de disparos.... en horas de la madrugada logramos entrar en la planta... nos dimos cuenta hubo robo de dinero... las personas de la planta nos decían quienes eran empleados de la fabrica ellos mismos nos iban indicando y logramos detener varias personas. Interroga el Ministerio Público: Si conozco a las personas que están aquí en esta sala como las personas que tenían ese día a los empleados si habían daños en las instalaciones habían vidrios quebrados las personas que están privadas reconocieron a las personas que las tenían privadas y nos dijeron que portaban armas en horas de a noche. 2) Testigo Lenin Fidel Perdomo quien manifiesta lo siguiente: Es oficial de planta de la Policía de La Ceiba, el 4 de Octubre del 2012, “a las ocho de la noche recibimos denuncia que un grupo de personas portando arma de fuego, tenían personas portando arma de fuego, tenían tomada la empresa, llegamos al lugar como a eso de la nueve de la noche, nos acercamos a las instalaciones del plantel, fuimos sorprendidos por ráfagas de disparos de grueso calibre, como era de noche optamos por retirarnos y esperar que aclarara, se pidió apoyo y como a eso de la una de la madrugada llegó un grupo del ejército ... a eso de cinco con treinta de la mañana nos acercamos una operación policial a tomar control plantel,…… sometimos a la impotencia a todas las personas que se encontraban, empezamos a identificar empleados al dar sus declaraciones manifestaron que esas personas eran las que acompañaban a las personas que portaban arma de fuego... las victimas si pudieron reconocer sus agresores, eso fue lo que nos ayudó que las personas empleadas comenzaran a identificar las actuación de las personas sospechosas. Las personas que detuvimos no tenían armas, éstas personas intentaban darse a la fuga, los que tenían armas se fueron en horas de noche”. 3) Declaración testifical de Arnulfo Ramírez López quien manifiesta lo siguiente: “El 4 de Octubre del 2012, fue en horas de la noche, estaba trabajando, oí gritar la gente, dijeron que venían los tacamiches, todo mundo salió despavorido, quise saltar una cerca y no pude, la tercera vez logré saltar, cuando iba llegando al otro lado no me quedó chance, venían dos personas armadas con el rostro cubierto y me dijeron “bájate de Ahí” dos guardias iban conmigo, ahí en la báscula nos dejaron, no nos movimos, nos tenían custodiados por dos de ellos... solo oíamos los sonidos del edificio que tiraban puertas... al siguiente día si miramos los daños en la oficina, papelería en el piso, archivos tirados. 4) Declaración testifical del Testigo Protegido “3” quien manifestó lo siguiente: “Era como las 7:50, cuando escuché disparos, yo corrí adentro a las oficinas centrales, logré entrar, se escuchaban tiros, transcurrió el tiempo después venían derribando las oficinas centrales, me sacaron y me llevaron al sitio donde estaban todos, estuve como l5 minutos y luego me mandaron con la policía para que les dijera que era una invasión y que se retiran, yo llegué a la policía me encañonó y les dije que era una invasión que tenían que retirarse, salí de manos de la policía y me fui para mi casa. A preguntas del Ministerio Público: No conozco a las personas, todos están cubiertos no pude identificar a nadie”. 5) Testigo Protegido numero 5 quien depuso lo siguiente: “Estaba estacionado en la base como a las ocho de la noche nos avisaron de que habían ingresado los invasores y lo que hicimos fue escondernos atrás de la fábrica, me amenazaron de muerte, me apuntaban con dos armas AK-47, me tuvieron de rehén....la idea de ellos era destruir los tanques andaban bombas y como no lograron su objetivo se fueron al plan “B”, para abrir el cajero le pidieron a un chofer que fuera a traer herramientas, andaban dos mujeres con ellos y a las dos o tres de la mañana fue el último tiroteo con los soldados y guardias y fue, cuando se fue el primer grupo y se fueron varios y solo quedaron unos que fue los que capturaron”. 6) Inspección Ocular de fecha 5 de Octubre del 2012, ratificada por José Luis Pavón:……“Nos trasladamos a las oficinas administrativas de CAICESA,…… en la parte central de dichas oficinas se observa una puerta de madera la cual su llavín presenta signos de violencia al igual dañado el marco, al ingresar al interior se observa una sala de espera, en el centro de dicha sala se encontró una caja fuerte color café y beige, se observa que fue violentada, cerca de la caja fuerte se observó una caja pequeña de color roja, la cual la tapadera fue violentada…… se inspecciono las siguientes oficinas: Oficina ISO 9001, Sala de Conferencia, Cocina, Oficina de Mantenimiento, Oficina de Productores Independientes, Oficina de Gerencia Agrícola, Oficinas de Planilla, Oficinas de Estadísticas, Oficina de Gerencia Administrativa, Oficina de Gerencia de Planta. Todas estas oficinas anteriormente descritas sus puertas fueron violentadas y dañadas de ser saqueadas ya que en todas se encontraron gavetas y papelería en el suelo y además se observaron solo los cargadores de computadora portátiles. 7) Informe de Daños: Documento remitido por el señor Julio Cesar Sosa, gerente de Planta CAICESA dirigido al Ministerio Público el cual indica... El valor individual entre equipo de oficina, puertas, ventanas, llavines, equipo de comunicación, agrupados por área: Oficina de Bascula, Oficina DEI, Oficina de Supervisores de Finca, Oficina de Dispensario, Oficina de Gerencia Administrativa. Oficina de Estadísticas, Sala de Recepción, Oficina ISO, Salón de Conferencias, Área del Comedor, Oficina de Mantenimiento, Supervisores de Planta, haciendo un total de Cuatrocientos Cuarenta Mil Novecientos Cincuenta (L.440,950.00). El equipo sustraído de dichas instalaciones asciende a valor Ciento Cuarenta y Cuatro Mil, Treinta con Veintiocho Centavos (Lps.144.030.28). El Sentenciador en el Apartado Octavo de la Fundamentación Jurídica, estableció: Que no hay prueba de cargo suficiente que establezca la participación de los acusados en los delitos por los cuales ha formalizado acusación del Ministerio Público, y que deviene en la obligación conforme al artículo 339 del Código Procesal Penal decretar su absolución. En virtud de lo anterior, debemos señalar que la referida apreciación hecha por el Juzgador, la consideramos como una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, Principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador en el numeral Noveno del apartado supra indicado que la actividad probatoria resultó insuficiente para enervar el estado de inocencia. Consideramos que si el sentenciador hubiese hecho una correcta valoración de la prueba en conjunto, habría concluido que la misma se complementa entre sí y es coherente en su contenido, pues el juzgador se limitó únicamente a estimar las declaraciones que no pudieron identificar a nadie al tener cubiertos sus rostros considerándolas suficientes para arribar a su resolución; evidenciándose de ésta manera una apreciación superficial, al no tomar en consideración todo su relato, sino que les otorgó valor de forma parcial y no en su conjunto, lo cual llevó al sentenciador a una conclusión errónea, pues sí analizamos la prueba en su totalidad, observamos que la misma se complementa, afirmando aspectos de fundamental relevancia que perfectamente fueron demostrados, centrándose entre ellos una total coherencia, veamos: • Es importante establecer que los empleados de CAICESA, le manifestaron a los agentes policías quiénes eran empleados y quiénes no, fue así que lograron identificar a las personas ajenas a la empresa y procedieron a su detención tal y como lo refiere el testigo Edin Xavier Ortíz ...las personas de la planta nos decían quienes eran empleados de la fabrica ellos mismos nos iban indicando y logramos detener varias personas. viéndose fortalecido su dicho con lo manifestado por el testigo Lenin Fidel Perdomo quien estableció lo siguiente: Sometimos a la impotencia a todas las personas que se encontraban, empezamos a identificar empleados al dar sus declaraciones manifestaron que esas personas eran las que acompañaban a las personas que portaban arma de fuego... las víctimas si pudieron reconocer sus agresores, eso fue lo que nos ayudó que las personas empleadas comenzaran a identificar la actuación de las personas sospechosas. Evidenciándose de esta manera que los imputados si participaron en los hechos denunciados por el ente acusador, ya que los agentes policiales tuvieron el cuidado de ir identificando las personas ajenas a la empresa con la colaboración de los empleados. • Aunado a lo anterior los imputados fueron detenidos cuando intentaban huir de la instalaciones de CAICESA, como se patentiza de la deposición rendida por el agente de policía Lenin Fidel Perdomo al manifestar lo siguiente: Las personas que detuvimos no tenían armas, éstas personas intentaban darse a la fuga, los que tenían armas se fueron en horas de noche; dicha deposición se concatena con el testimonio rendido por el Testigo Protegido numero 5 quien expresó que a las dos o tres de la mañana fue el último tiroteo con los soldados y guardias y fue, cuando se fue el primer grupo y se fueron varios y solo quedaron unos que fue los que capturaron; evidenciándose de esta manera que los imputados sí eran parte del grupo que ingresó de manera violenta a las instalaciones de dicha empresa, ya que se les dio detención justamente cuando pretendían salir de la instalaciones lógicamente para evadir responsabilidad. •Consecuentemente el testigo Arnulfo Ramírez, testigo Protegido número “5” y el testigo Protegido “3”, fueron coincidentes al establecer que ellos fueron sometidos y llevados a un sector denominado “Báscula” por las personas por las personas que ingresaron por la fuerza a la planta teniéndolos privados de su libertad toda la noche del 4 de octubre del 2012, siendo rescatados por la policía al día siguiente cuando a toman control de las instalaciones en horas tempranas de la mañana. Es importante acotar que el testigo Arnulfo Rodríguez, si bien menciona que se encontraba en la báscula como rehén, pero desde ahí logró escuchar los sonidos del edificio que tiraban puertas…. al siguiente día si miramos los daños en la oficina, papelería en el piso, archivos tirados, por otra parte el testigo Protegido 5 arguyó que para abrir el cajero le pidieron a un chofer que fuera a traer herramientas, relatos que viene a ser fortalecido con el acta de Inspección que establece “Todas estas oficinas anteriormente descritas sus puertas fueron violentadas y dañadas de ser saqueadas ya que en todas se encontraron gavetas y papelería en el suelo y además se observaron solo los cargadores de computadoras portátiles.” Así el informe de Daños establece el perjuicio a las diferentes oficinas y equipo de oficina que asciende a Cuatrocientos Cuarenta Mil Novecientos Cincuenta (Lps.440.950) y lo sustraído que a Ciento Cuarenta y Cuatro con Treinta lempiras y Veintiocho Centavos (144,030.28) patentizándose de esta manera que no solo retuvieron a las personas, sino que se dedicaron a destruir y saquear las diferentes dependencias de la CAICESA. Es evidente que los personas que ingresaron armadas al lugar donde se encuentra ubicado CAICESA, tenían tareas repartidas pues el testigo Protegido “5” es claro cuando manifiesta que mientras los tenían retenidos a ellos, escuchaban como derribaban las puertas es decir los que portaban las armas fueron los que sometieron a los empleados y la seguridad de la empresa y las demás personas que los acompañaban causaban daños (derribaban las puertas oficinas) y estando dentro sustrajeron equipo de oficina tal como se desprende del informe de Daños que indican que también se apropiaron de varias computadoras con un costo que supera a los cien mil lempiras. Resulta imprescindible efectuar una breve reseña de lo que doctrinariamente se entiende como la “teoría de dominio del hecho” y de “imputación objetiva del resultado”; ello con el objeto de evidenciar que en posiciones ampliamente reiteradas por el Tribunal Supremo Español la aplicación de ambas, desde la óptica de co-autoría (tal como el caso que nos ocupa por tratarse de la concurrencia de varias personas en la realización de un hecho, según división de funciones acordadas en común, antes o durante la realización del delito, configurándose un co-dominio funcional del hecho, de una correlación en la fase de ejecución). Teoría del dominio del hecho. Esta teoría fue propuesta por Welzel y está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa. Por dominio del hecho debe entenderse la voluntad y poder de disposición sobre el curso del suceso típico. Este requisito, a pesar de basarse en el dolo, es de naturaleza objetiva: lo decisivo no es la simple voluntad de dominio del hecho, sino el voluntario moldeado del hecho. De acuerdo a esta teoría se puede calificar como autor a la persona que sabe el qué, cómo y cuándo se va a realizar el delito, contribuye objetivamente al hecho, (dominio funcional del hecho) y en el caso en que intervengan varias personas, quienes hayan acordado la realización del hecho delictivo. Autor es quien tiene el “Señorío” sobre el hecho, es decir, el concepto de autor se obtiene atendiendo el dominio que objetivamente ejerce el sujeto sobre la conducción de la acción. El autor es el que decide, en líneas generales, el sí y el cómo de la realización del tipo: el que tiene la última palabra y decide si el delito se comete o no. El dominio del hecho puede consistir en el dominio de la acción (inmediata o de propia mano) y dominio funcional del hecho (coautoría)[1] Este último (por ser el de interés en nuestro análisis) es el criterio de imputación de los coautores a la concurrencia de varias personas en la realización del hecho, según división de funciones de significancia esencial, acordadas en común antes o durante la perpetración del ilícito penal. Una vez determinado lo anterior, reviste de trascendencia centrar el análisis en la teoría denominada “Imputación Objetiva del resultado”. En los delitos de resultado es claro que su consumación depende de la producción del resultado típico, y el constatar que el sujeto ha contribuido con su acción a causar el resultado constituye un requisito esencial del tipo objetivo, comprobable vía imputación objetiva. Tal imputación está compuesta por dos elementos: a) La existencia de una relación de causalidad entre la acción y el resultado (ya sea tomando como base la teoría de la adecuación o de la condición adecuada y probable para producir el resultado; o bien la teoría de la causalidad relevante no en base a la probabilidad sino a las exigencias del tipo penal. b) El resultado debe ser la expresión de un riesgo jurídicamente desaprobado implícito en la acción (desvalor de la acción concretado en el resultado típico), siendo en este punto importante verificar si el sujeto activo de un delito ha creado o no el riesgo jurídicamente relevante de lesión a un bien jurídico.[2] Evidenciamos fácilmente cómo el actuar de los imputado, descrito en ese apartado de la sentencia, encaja a plenitud en los requisitos para efectivamente imputarles el resultado como producto de tal acción, ya que dicha conducta de someter a la seguridad y posteriormente a los empleado para luego dañar y saquear, fue una condición adecuada, probable y contenida dentro de las exigencias como para establecer una relación de causalidad entre acción y resultado, y asimismo, éste no fue más que el producto de dicha acción antijurídica. De lo expuesto se desprende que la finalidad objetiva de este curso causal nos conduce a la determinación de que los imputados, en su condición de coautores, tenían el dominio del hecho y su actuar está enlazado indisolublemente al resultado nefasto de perjudicar un lugar del cual ellos eran ajenos. Finalmente, la Fiscalía es del parecer que las pautas de la jurisprudencia sobre la doctrina del dominio del hecho quedan resumidas, al tenor de las últimas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo Español, en fallos emitidos conociendo los recursos de casación pronunciados en las sentencias: SSTS 903/1998. de 2-VII (RJ 1998, 62301); 382/2001, de 13-III(RJ 2001,1353); 1576/2002, de 27-IX ( RJ 2002, 8177); 1890/2002, de 13-XI (RJ 2002, 9835); 2090/2002, de 12-XII (RJ 2003, 95); 1187/2003, de 22-IX (RJ 2003, 6203]; 540/2004, de 5-V (RJ 2004, 2469); 1339/2004, de 24-XI (RJ 2004, 8111); 529/2005, de 27-IV (RJ 2005, 5218); 1049/2005, de 20-IX (RJ 2005, 7089); 1315/2005, de 10-XI (RJ 2006, 3099); 371/2006, de 27-III (RJ 2006, 3305); 497/2006, de 3-V (RJ 2006, 3335) y 732/2006, de 3-VII (RJ 2006, 3985),en los cuales se dejó sentado lo siguiente: 1) La coautoría se aprecia cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Tal conceptuación requiere, de una parte, la existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, y un dominio funcional del hecho con aportación al mismo de una acción en la fase ejecutiva, que integra el elemento objetivo. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo con dominio de la acción, que será funcional si existe la división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción característico de la autoría. 2) La existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, puede concretarse en una deliberación previa realizada por los autores, con o sin reparto expreso de papeles, o bien puede presentarse al tiempo de la elección cuando se trata de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o, en todo caso, muy brevemente anterior a ésta. Y puede ser expresa ó tácita, lo cual es frecuente en casos como el último expuesto, en el que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente mediante su aportación. 3)No es necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo, y concretamente en el asesinato la materialización de la agresión letal, pues a la realización del delito se llega, conjuntamente, por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales esenciales y decisivas. En consecuencia, a través del desarrollo del “pactum scaeleris” y del co-dominio funcional del hecho, cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del tipo, que sin embargo contribuyen de forma decisiva a su ejecución. 4) Cada coautor, sobre la base de un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una consecuencia de la actividad que aporta en la fase ejecutiva y que la sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores. Su aportación a la fase de ejecución del delito es de tal naturaleza, según el plan seguido en el hecho concreto, que no resulta prescindible. 5) Según la teoría del dominio del hecho, son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aún no reproduciéndolo, tengan el dominio funcional del hecho, de suerte que sea éste, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca. 6) La coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. No puede, pues, ser autor sólo el que ejecuta la acción típica, esto es, el que realiza la acción expresada por el hecho rector del tipo sino también todos los que la dominan en forma conjunta, dominio funcional del hecho. 7) La realización conjunta del hecho sólo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en los hechos. Sólo pueden ser dominados los hechos que se conocen” Por tanto si hubiese existido por parte del juzgador una valoración de la prueba en consonancia con las reglas de la sana crítica, este hubiese concluido en la participación de los acusados ANDRES VALLADARES HERNANDEZ, ISABEL MANZANARES HERRERA, OLVIN JAVIER MANZANARES CANTARERO, NELSON ULISES TURCIOS, NORMA SUYAPA LEIVA HERNANDEZ, como coautores responsables de las imputaciones realizadas pues la prueba debió valorarse de forma conjunta y siendo así, la conclusión a la que hubiese llegado el juzgador sería definitivamente opuesta, es decir hubiera condenado. Respecto a lo anteriormente expuesto consideramos oportuno relacionar la Postura de la Sala Penal en la sentencia CP-01-2009 de fecha once de Marzo de 2010, respecto a la valoración de la prueba testifical, en la cual se pronuncia en los siguientes términos: “Esta Sala de lo Penal aprecia que el A Quo ha realizado una valoración conjunta y armoniosa de la prueba de cargo legalmente incorporada al juicio, de la que ha derivado participación de los acusados en los ilícitos por lo que... fueron llamados a juicio. En la fundamentación intelectiva de la prueba el Juzgador ha vertido razonamientos lógicos, coherentes y suficientes, fundados en las reglas de la sana crítica racional, para ponderar la prueba y con ella formar su convicción. Aprecia esta sala que si bien, se han puesto de manifiesto algunas inconsistencias entre lo declarado por los testigos de cargo entre si, lo cual es muy natural en esta clase de juicios, estas discordancias son leves, y carecen de virtualidad para excluir a todos o a alguno de los acusados de su participación culpable. Está visto que un testigo ocular, dadas las circunstancias del caso, podrá incurrir en una omisión de un dato no relevante o cometer un error de apreciación o de percepción, sin que ello sea necesariamente un signo de falsedad o simulación. En el presente caso, el Juzgador ha complementado las leves omisiones e inconsistencias en que podían haber incurrido los testigos de cargo, lo cual ha resultado de la valoración conjunta y armoniosa de toda la prueba legalmente incorporada al juicio...” Igualmente cabe referir la sentencia CP-198-2008 de fecha 29 de Septiembre de 2009, en la cual la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relación a la credibilidad de los testimonios y su valoración por el sentenciador, estimó lo siguiente: “Esta Sala de lo Penal, reconoce que la credibilidad se erige en problema fundamental y complejísimo en materia testifical, donde ha de determinarse por el Juez tanto la credibilidad general del testigo (o sea, si merece crédito en principio por sus condiciones morales e intelectuales) como la especial en el asunto de que se trate (o sea, si lo conoce y será sincero). En cuanto a la credibilidad general ha de precisarse en primer término, si existe, o no algunas de las causas generales que la supriman: la mitomanía o tendencia a mentir, la ausencia de lucidez mental, la falta de serenidad para declarar. En cuanto a la credibilidad especial, el juez ha de basarse en las reglas generales de la sana crítica, en los antecedentes del testigo y sobre todo, en la correlación de los testimonios con las demás pruebas”. La prueba de cargo evacuada en juicio nos conduce a tener por acreditada sin lugar a dudas la existencia del hecho, lo que no ha sido negado por el Juzgador, asimismo la participación de los acusados como coautores de la comisión de los delitos de Robo Agravado, Daños, Privación Injusta de la Libertad. En este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de la misma, ya que los testimonios son congruentes, precisos y claros, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que los imputados sí perpetraron el hecho delictivo por el cual fueron enjuiciados; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en sus características tanto de veracidad como de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Fundamentación Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservar el juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Casación por Quebrantamiento de forma al no haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Con la finalidad de acreditar los hechos, se evacuó durante la audiencia de juicio, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: 1) Declaración de los testigos Edin Xavier Ortiz oficial de Policía, Testigo Lenin Fidel Perdomo oficial de Policía, Arnulfo Ramírez López, Testigo Protegido “3” y Testigo Protegido “5”; 2) Inspección Ocular de fecha 5 de octubre del 2012, ratificada por José Luis Pavón; y, 3) Informe de Daños, documento remitido por el señor Julio Cesar Sosa, Gerente de Planta Caicesa. En el apartado octavo de la fundamentación jurídica, el juzgador estableció que no hay prueba de cargo suficiente que establezca la participación de los acusados en los delitos por los cuales ha formalizado acusación del Ministerio Público, y que deviene en la obligación conforme al artículo 339 del Código Procesal Penal decretar su absolución, apreciación que el recurrente considera que infringe la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia. El juzgador se limitó a estimar las declaraciones que no pudieron identificar a nadie al tener cubiertos sus rostros considerándolas suficientes para arribar a su resolución, por lo que les otorgó valor de forma parcial y no en su conjunto, lo que llevó al sentenciador a una conclusión errónea. Sí analizamos la prueba en su totalidad, observamos que fue probado que los empleados de Caicesa manifestaron a los Policías quiénes de los detenidos eran empleados y quiénes no, por lo que lograron identificar a las personas ajenas a la empresa y procedieron a su detención, tal y como refieren los testigos Edin Xavier Ortíz. y el testigo Lenin Fidel Perdomo, quienes manifestaron que sometieron a la impotencia a todas las personas que se encontraban, empezamos a identificar a los empleados los que manifestaron que los detenidos eran las que acompañaban a las personas que portaban armas de fuego... que las víctimas pudieron reconocer a sus agresores, lo que les ayudó a identificar a los sospechosos. De esta manera considera que los imputados si participaron en los hechos denunciados, los que fueron detenidos cuando intentaban huir de las instalaciones de Caicesa, como refiere el Agente de Policía Lenin Fidel Perdomo. Al manifestar las personas que detuvimos no tenían armas, que estas personas intentaban darse a la fuga, y que los que tenían armas se fueron en horas de noche. En relación a lo declarado por el Testigo Protegido “5” quien expresó que a las dos o tres de la mañana fue el último tiroteo con los soldados y guardias y fue, cuando se fue el primer grupo y se fueron varios y solo quedaron unos que fue los que capturaron. Lo que evidencia que los imputados eran parte del grupo que ingresó de manera violenta a las instalaciones de dicha empresa, y se dio detención cuando pretendían salir de las instalaciones para evadir responsabilidad. Los testigos Arnulfo Ramírez, testigo Protegido número “5” y Testigo Protegido “3”, fueron coincidentes al establecer que fueron sometidos y llevados a un sector denominado “Báscula” por las personas que ingresaron por la fuerza a la planta teniéndolos privados de su libertad toda la noche del 4 de octubre del 2012. Es evidente que los personas que ingresaron armadas al lugar donde se encuentra ubicado Caicesa, tenían tareas repartidas, pues el testigo Protegido “5” manifiesta que mientras los tenían retenidos a ellos, escuchaban como derribaban las puertas es decir los que portaban las armas fueron los que sometieron a los empleados y la seguridad de la empresa y las demás personas que los acompañaban causaban daños (derribaban las puertas oficinas) y estando dentro sustrajeron equipo de oficina, tal como se desprende del informe de Daños que indican que también se apropiaron de varias computadoras con un costo que supera a los cien mil lempiras. Si hubiese existido por parte del juzgador una valoración de la prueba en consonancia con las reglas de la sana crítica, este hubiese concluido en la participación de los acusados Andrés Valladares Hernández, Isabel Manzanares Herrera, Olvin Javier Manzanares Cantarero, Nelson Ulises Turcios, Norma Suyapa Leiva Hernández, como coautores responsables de las imputaciones realizadas, pues la prueba debió valorarse de forma conjunta y siendo así, la conclusión a la que hubiese llegado el juzgador sería definitivamente opuesta, es decir hubiera condenado. Concepto General del recurso Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[3]. Concepto específico: En el apartado octavo de la fundamentación jurídica, el juzgador estableció que no hay prueba de cargo suficiente que establezca la participación de los acusados en los delitos por los cuales ha formalizado acusación del Ministerio Público, y que deviene en la obligación conforme al artículo 339 del Código Procesal Penal decretar su absolución, apreciación que el recurrente considera que infringe la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia. De la Procedencia del Recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente funda su motivo único de casación por quebrantamiento de forma por la violación de las reglas de la sana crítica, concretamente de la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia en la valoración de la prueba de cargo siguiente: 1) Declaración de los testigos Edin Xavier Ortiz oficial de Policía, Testigo Lenin Fidel Perdomo oficial de Policía, Arnulfo Ramírez López, Testigo Protegido “3” y Testigo Protegido “5”; 2) Inspección Ocular de fecha 5 de octubre del 2012, ratificada por José Luis Pavón; y, 3) Informe de Daños, documento remitido por el señor Julio Cesar Sosa, Gerente de Planta Caicesa, por considerar el juzgador que no hay prueba de cargo suficiente que establezca la participación de los acusados Andrés Valladares Hernández, Isabel Manzanares Herrera, Olvin Javier Manzanares Cantarero, Nelson Ulises Turcios, Norma Suyapa Leiva Hernández, en los delitos de Robo Agravado y Daños en perjuicio de la Empresa Caicesa, por los que formalizó acusación del Ministerio Público. Esta Sala considera que, al valorar la prueba de cargo, el tribunal de juicio no infringe las reglas de las sana crítica de la lógica de la derivación en su principio de razón suficiente, en virtud de que, si bien de las declaraciones de los testigos oculares empleados de la Empresa Caicesa, y la rendida por los Policías resulta que a los acusados en mención se les detuvo por parte de la Policía cuando intentaban salir de las instalaciones de la empresa, el juzgador consideró que tal aseveración carece de soporte probatorio en consideración a que la policía les da detención por el dicho de aldeanos que no los ubicaban como vecinos del lugar y por haber sido reconocidos por los empleados de la fábrica, sin embargo a dicha prueba de testigos de cargo el juzgador les resta credibilidad por considerar que los empleados de la fábrica Caicesa al declarar manifiestan el grupo de las personas que se introdujeron en forma violenta a las instalaciones de la Empresa Caicesa andaban con sus rostros cubiertos con pasamontañas, razón por la que el juzgador de instancia les resta credibilidad, pues al tener cubiertos sus rostros no es posible que hayan identificado a los acusados señores Andrés Valladares Hernández, Isabel Manzanares Herrera, Olvin Javier Manzanares Cantarero, Nelson Ulises Turcios, Norma Suyapa Leiva Hernández, como partícipes de los hechos ilícitos que se les atribuyen. Por lo anterior, esta Sala considera que efectivamente la información vertida por el testigo de cargo, es débil e insuficiente, dadas las inconsistencias puestas de manifiesto en juicio, y por carecer dichas declaraciones incriminatorias de corroboración por otro medio de prueba, por lo que se concluye que, en el presente caso, el juzgador no ha violado la reglas de la sana critica, de la lógica de derivación, en su postulado de razón suficiente, en la valoración de la prueba de cargo. DECISIÓN. Esta Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma, invocado por la Abogada Cecilia Andrade, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación del Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362. 3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma invocado por la Abogada Cecilia Andrade, Fiscal en representación del Ministerio Público, en la causa instruida en su contra los señores Andrés Valladares Hernández, Isabel Manzanares Herrera, Olvin Javier Manzanares Cantarero, Nelson Ulises Turcios Martínez y Norma Suyapa Leiva Hernández, a quienes se les absolvió por los delitos de Robo Agravado, Daños, Privación Injusta de la Libertad y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Empresa Caicesa, Empleados y Guardias de Seguridad de la Empresa Caicesa y la Seguridad Interior del Estado de Honduras; Segundo: No procede la aplicación retroactiva de la ley penal contenida en el Decreto 130-2017, en virtud que de no haber prosperado el recurso de casación de Quebrantamiento de forma, invocado por la Fiscal del Ministerio Público; Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-378-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Bramont Arias, Torres Luis A… Esquema de la Parte General, Tratado de Derecho Penal, parte general, Bustos Ramírez, extractados a su vez de la revista de práctica jurídica, número 19, enero-junio 2007, Universidad San Juan Bautista, Lima, Perú.
[2] Gómez de la Torre, Ignacio, Arroyo Zapatero Luis, Lecciones de Derecho Penal, parte general, págs.. 141a 143, Editorial Praxis, Barcelona, España, 1996.
[3] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005