Sentencia CP-377-18 — Registro 14675
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso. CADA UNO DE LOS MOTIVOS NO SON DE RECIBO. Resulta evidente que el recurrente ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos. Ante una denuncia de violación a las reglas de la Sana Critica, corresponde a la Sala de lo Penal, auditar el razonamiento judicial, comprobando si la motivación intelectiva es acorde con ésta o por el contrario existe divorcio; para ello es preciso que el recurrente, no solo manifieste la existencia del vicio, sino que se focalice la regla del correcto entendimiento humano que considera violentada, cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y, a efecto de demostrar su razón, realice la debida confrontación entre uno y otro. La simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación de las reglas de la sana critica y aquejar la valoración de la prueba en los términos analizados, meya negativamente en la suerte del recurso. Han sido muchas las sentencias en donde la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Para el caso en estudio, el recurrente, fue constante en citar los dichos de los testigos protegidos y del medio de prueba pericial, evacuados en juicio, extrayendo lo más relevante de su contenido para luego describir lo que su criterio se probó o no se acreditó, remarcando que con dicha prueba no se demostraba la responsabilidad de los acusados en los delitos enjuiciados, el recurrente entonces no hace menos que presentar una queja sobre la valoración, al no estár de acuerdo con ella, lo que es un alegato que no es propio para un recurso de casación. De la lectura del recurso, nada se dice cual de los razonamientos esgrimidos por los sentenciadores incurre en violatorio de la regla de derivación, es decir, no existe en el escrito del recurso la identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. El defensor privado, no ha indicando de manera puntual en cada uno de sus motivos, algún postulado intelectivo de la valoración, que considere viciado por su errónea construcción o por arribar a una inferencia equívoca y ajena a la regla lógica de derivación. En el caso subjudice, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por la recurrente, dado que su denuncia la dirige no en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. Expone una reflexión que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación o no de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que define el recurrente como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional. Desafortunadamente la recurrente acude a esta única instancia como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, cuando el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el recurso planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...
De la Procedencia del Recurso. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizamos con detenimiento. El recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. El recurrente, en su desarrollo recursivo, ha hecho caso omiso a lo anteriormente planteado, al no señalar la norma autorizante del recurso, que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio, luego plantea dos motivos en uno solo al señalar que, “al momento de la valoración de la prueba no se observa que haya aplicado las reglas de la sana critica, así como no existe la suficiente motivación fáctica para dictar la sentencia hoy recurrida.” Inobservando la ley procesal en su artículo 363, el cual manda que, cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, al ser la falta de claridad absoluta. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011)..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Carlos Ovidio Hernández Guzmán y Yoni Willian Hernández Guzmán, la pena principal de sesenta (60) años de reclusión, como autores responsables penalmente de tres delitos de asesinato, en perjuicio de la vida de Marcos Guzmán García, Jorge Humberto Guzmán y Orlando Guzmán Arita, de los que cumpliría solo 30 años por disposición del artículo 35 del CN 144-83; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de asesinato (Art. 193), cuya pena es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión por cada uno de los tres delitos de asesinatos; en suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por los acusados Carlos Ovidio Hernández Guzmán y Yoni Willian Hernández Guzmán, de aplicarse la nueva normativa penal sería de sesenta (60) a setenta y cinco (75) años de prisión, a partir de lo anterior es posible determinar, que la pena concreta impuesta a los acusados, conforme el CP-144-83 al ser de sesenta (60) años de reclusión, se encuentra comprendida dentro del marco abstracto que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del 130-2017, que prevé una pena para las mismas conductas delictivas de sesenta (60) a setenta y cinco (75) años de prisión, no procediendo su modificación. Así las cosas y conforme las reglas del concurso real (Art. 66): las penas impuestas hacen una suma total de sesenta (60) años de reclusión, misma que traspasa el limite objetivo ordinario de 30 años que es el mismo límite que establecía el artículo 35 del Código Penal 144-83. Por otra parte, y para efectos de determinar la aplicación del límite subjetivo se señala que la pena más grave impuesta es la de 20 años de reclusión, la que multiplicada por 03 da un resultado de 60 años, lo que nos vuelve a determinar que el límite a aplicar es el objetivo ordinario, el que -como se ha señalado- coincide con el límite objetivo que establecía el Código Penal anterior. En consecuencia, no procede la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, pues el máximo objetivo a cumplir (al ser de 40 años de prisión) no representa tampoco una circunstancia más favorable..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 377-2018, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 377-2018, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Yoni Willian Hernández Guzmán, como autor responsable penalmente de tres delitos de Asesinato, en perjuicio de los señores Marcos Guzmán García, Jorge Humberto Guzmán y Orlando Guzmán Arita a la pena de sesenta años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. SEGUNDO: Condenó al señor Carlos Ovidio Hernández Guzmán, como autor responsable penalmente de tres delitos de Asesinato, en perjuicio de los señores Marcos Guzmán García, Jorge Humberto Guzmán y Orlando Guzmán Arita a la pena de sesenta años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: Declaró a los condenados Yoni Willian Hernández Guzmán y Carlos Ovidio Hernández Guzmán, responsables civilmente. CUARTO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procedió decretar el comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, los Abogados Jorge Roberto Acosta Erazo y Francisco Alberto Bocanegra Murcia, actuando en su condición de defensores privados de los acusados Carlos Ovidio Hernández Guzmán y Yoni Willian Hernández Guzmán respectivamente. Son partes en única instancia: El Abogado Francisco Alberto Bocanegra Murcia; el Abogado Jorge Roberto Acosta Erazo, ambos defensores privados, en su condición de recurrentes; la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “UNICO.- En fecha siete de agosto del año dos mil trece, como a eso de las diez de la mañana, los señores MARCO GUZMAN GARCIA JORGE HUMBERTO GUZMAN y ORLANDO GUZMAN ARITA, regresaban de realizar trabajos de agricultura de la aldea de Nueva Fraternidad, Ocotepeque trasladándose en el vehículo propiedad del señor Marcos Guzmán García, con destino a la aldea San Jerónimo, cuando fueron interceptados por un grupo de personas que vestían uniforme policial, portaban armas de fuego cortas y largas, y algunos de ellos con sus rostros cubiertos; quienes dispararon en contra de la humanidad de los señores MARCOS GUZMAN GARCIA JORGE HUMBERTO GUZMAN y ORLANDO GUZMAN ARITA, ocasionándoles heridas que les provocaron la muerte, entre ese grupo de personas se encontraban YONI WILLIAM HERNANDEZ GUZMAN y CARLOS OVIDIO HERNANDEZ GUZMAN.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Jorge Roberto Acosta Erazo, defensor privado de Carlos Ovidio Hernández Guzmán, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente:“EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.- MOTIVO PRIMERO DE CASACIÓN: No haber observado el Sentenciador en la valoración de la prueba consistente en la Declaración Testifical rendida por el TESTIGO PROTEGIDO SOLDADO 23 en base a las Reglas y normas de la Sana Crítica.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final de los Numerales: 1, 2, 3, 4 del Artículo: 362 del Código Procesal Penal.- Para los efectos de este motivo se citan como Infringidos los Artículos: 202 del Código Procesal Penal en la parte que dice: “LAS PRUEBAS SERAN VALORADAS C0N ARREGLO A LA SANA CRITICA…” en relación con lo dispuesto en los Artículos: 336 Párrafo Primero y 338 Numerales 1) y 2) del mismo cuerpo legal.- EXPOSICION DEL MOTIVO.- En el FALLO que hoy se recurre no se han inobservado las Reglas de la Sana Critica en la apreciación de la valoración de la prueba y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones que lo llevaron a condenar a nuestro representado el señor: CARLOS OVIDIO HERNANDEZ GUZMAN, si bien la estimación valorativa de las pruebas y las condiciones fácticas de la Sentencia son inatacables en Casación, está en cambio, sujeto a control, el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento.- Es a través de este Recurso que el Tribunal de Casación deberá realizar un examen de la aplicación del Sistema Probatorio establecido por la Ley, con el fin de custodiar la aplicación de las Reglas de la Sana Critica en la Fundamentación de la Sentencia, verificando si se han observado las Reglas fundamentales de la Lógica, la Psicología y la Experiencia, así también como de las ciencias reptoras de los valores del derecho, como ser La Axiología del Derecho que nos enmarca de manera contundente y clara lo siguiente: Es la ciencia que trata de los valores. La Filosofía del Derecho, como fundamento de su existencia, y tiene una doble finalidad: Indagar sobre los orígenes del derecho en búsqueda del concepto más adecuado, como también en lo relativo a sus valores, esto último comprende la Axiología Jurídica, dedicada a tratar los fines valorativos del derecho, encontrarlos, analizarlos, calificarlos y hasta jerarquizarlos. Por otra parte, nos recuerda Luís María Olaso que algunos autores, ante el concepto de “Fines del Derecho”, prefieren el enunciado “Valoración Jurídica” separando los conceptos de valor y bien. Se puede incluir entonces los conceptos: justicia, bien común y seguridad jurídica como Fines del Derecho o como Valoración Jurídica aplicado todo esto en conjunto producto de análisis lógicos científicos de la norma jurídica penal sustantiva como adjetiva caso concreto (https://temasdederecho.wordpress.com/2012/04/04/axiologia-juridica/).- Asimismo otra rama reptora de valores del derecho como ser la Deontología Jurídica que nos establece y determina lo siguiente: Es la rama de la filosofía jurídica que tiene como finalidad específica la determinación de cómo debe ser el derecho y cómo debe ser aplicado. La deontología es la disciplina que se ocupa de los deberes de los profesionales. En el caso de los abogados se trata de una multiplicidad de deberes como son aquellos consigo mismo, con la sociedad, con la profesión, con los clientes, con los colegas, con los jueces, con la entidad gremial. Es aquella parte de la ética profesional que se ocupa de los deberes morales de los abogados, de los deberes de estos servidores del derecho esto como un enunciado dogmático que sirve como lineamiento, parámetro y encuadramiento sobre el cual debe versar toda conducta de los Jueces y Juzgadores al momento de dictar y emitir sus fallos deben considerar no solo las circunstancias de hecho sino también como deben de ser valorados los elementos de prueba evacuados en consonancia con principios y valores de justicia, equidad, realidad, objetividad e igualdad cosas que en el caso concreto que nos ocupa vemos con absoluta preocupación la inobservancias de todos estos fundamentos y elementos doctrinarios por parte del este Juzgador conocedor de esta causa.-https://www.monografía.com/trabajos65/deontologia-juridica/deontologia-juridica.shtml).- Además otra disciplina reptora en la valoración de la prueba como ser La Lógica Jurídica cuando escuchamos la expresión de lógica jurídica esta nos genera algunas expresiones, la primera de ellas es concebir a la lógica como una “Ciencia Auxiliar” de Derecho una especie de método de Investigación aplicable al derecho o bien conceptualizamos esta lógica del derecho como un área del Conocimiento Jurídico, la Lógica Jurídica es una Lógica Material es decir sus reglas principales se encuentran en la lógica formal.- (http://jpitacarrion.galeon.com/) VIOLACION A LA LEY DE LA LÓGICA: PRINCIPIO DE DERIVACIÓN.- El Principio de Derivación consiste en que de cada elemento probatorio se tiene que derivar una conclusión, debiendo existir coherencia entre el primero y segundo, no debiendo violarse en el razonamiento ninguna de las Reglas de la Sana Critica, específicamente la Lógica, según lo que entiende FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal) como derivación, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “EL RAZONAMIENTO DEBE ESTAR CONSTITUIDO POR INFERENCIAS RAZONABLES DEDUCIDAS DE LAS PRUEBAS Y DE LA SUCESIÓN DE CONCLUSIONES QUE EN VIRTUD DE ELLAS SE VAYAN DETERMINANDO".- Para ello la motivación debe ser CONCORDANTE a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente a un elemento de convicción de cual se pueda inferir aquella.- En la Sentencia que hoy se impugna se aprecia el Vicio descrito en la valoración que se hace de la prueba, ya que el tribunal declara como hecho probado UNICO: En fecha trece de agosto del año dos mil trece a esos de las diez de la mañana, los señores MARCOS GUZMAN GARCIA, JORGE HUMBERTO GUZMAN Y ORLANDO GUZMÁN ARITA regresaban de realizar trabajos de agricultura en la aldea de Nueva Fraternidad, Ocotepeque trasladándose en el vehículo propiedad del señor MARCOS GUZMAN GARCIA, con destino a la aldea San Jerónimo, cuando fueron interceptados por un grupo de personas que vestían uniformes policial, portaban armas de fuego cortas y largas y algunos de ellos con sus rostros cubierto; Quienes dispararon en contra de la humanidad de los señores: MARCOS GUZMAN GARCIA, JORGE HUMBERTO GUZMAN Y ORLANDO GUZMAN ARITA, ocasionándoles heridas que les provocaron la muerte, entre ese grupo de personas se encontraban YONI WILLIAM HERNANDEZ GUZMAN Y CARLOS OVIDIO HERNANDEZ GUZMAN.- Pero véase que cuando se interrogo al testigo denominado SOLDADO 23 son contradictorias y alejadas de la lógica ya que como se establece en su declaración rendida ante autoridad competente claramente mediante la modalidad de prueba anticipada la cual se incorporó al presente juicio en etapa de debate mediante su lectura, declaro que el día en el que supuestamente ocurrieron los hechos el escucho una tirason (entendiéndose por este término disparos de arma de fuego), cuando iba para el lugar denominado las cruces manifiesta que se sorprendió y se escondió, luego como a los diez minutos en el lugar de los hechos vio un grupo de hombres que bajaban y declara que escucho que dijeron que acababan de asesinar a tres personas y que no sabía de quienes se trataba, pero extrañamente vemos en su declaración que se acercó aun y con temor y pudo conocer a un grupo de nueve personas detallando sus nombres y apellidos de una manera completa precisa y exacta lo cual nos sorprende sobremanera la exactitud, precisión, con lo que los describe cuando el mismo manifiesta que se encuentra ante un inminente estado de temor, miedo, asombro y nerviosismo que evidentemente se escondió para salvaguardar su vida, lo que nos hace pensar que dicha declaración esta totalmente alejada de la verdad, de la lógica humana y de la lógica jurídica procesal, de la lógica jurídica criminalística a tal grado que establece que eran entre quince a dieciocho personas y que tuvo la capacidad de reconocer a nueve de ellas y que estas personas manifestaron haber dado muerte a tres personas, lo cual linda a todas luces como una declaración totalmente pre fabricada inducida, planificada, preparada para dar con exactitud datos extremadamente complejos para hacer determinados en las condiciones en que se había desarrollado la escena del crimen con lo que esta defensa concluye que dicha declaración es poco creíble alejada de la verdad y de toda lógica cuando la misma es totalmente contradictoria al momento que el testigo dice que después de determinar la cantidad de personas supuestamente participantes en el hecho criminoso; “y que después se dio cuenta que las personas que murieron fueron los señores MARCOS GUZMAN, HUMBERTO GUZMAN Y ORLANDO GUZMAN ARITA, que murieron a balazos que YONI WILLIAM Y CARLOS OVIDIO andaban en el grupo de personas que portaban armas, y que son personas conocidas de la comunidad; Surgiendo por lógica algunas interrogantes: 1.¿Donde se encontraba el testigo al momento de que el escucho que se dispararon las armas?. 2. ¿Vio el quien dio muerte a los Occisos? 3. ¿Vio el cuándo los supuestos hechores dispararon en contra de los occisos? 4. ¿Pudo identificar las características físicas de los supuestos hechores? 5. ¿Porque en su declaración no se determina ninguna característica física de los hechores?? 6. ¿Cómo el testigo determina que los supuestos hechores se referían a los occisos como a las personas a las que habían dado muerte? 7. ¿Cómo es posible que pueda establecer con precisión los nombres de los supuestos hechores si tampoco se ha podido determinar a qué distancia se encontraba del lugar de su escondite al lugar de donde se encontraban estos? 8. ¿Qué tipo de vestuario o indumentaria utilizaban los occisos al momento que se les dio muerte? 9. ¿a qué hora ocurrieron los disparos? 10. ¿en qué orden fueron disparadas las armas que dieron muerte a los occisos? 11. ¿cómo puede determinar el testigo quien dio muerte a cada uno de los occisos? 12. ¿Cómo el testigo logro determinar dentro de las nueve personas que identifica quien de ellas y en que orden en que momento y de que forma dieron muerte a cada uno de los occisos.- Esta defensa es del Criterio que era preciso dejar claramente definido en el hecho probado Único, el ámbito temporal, espacial de la comisión del delito que en dicha declaración nunca se determinó que estas fueran las personas que dieron muerte a los hoy occisos ya que en ningún momento el testigo presencio los hechos in situ, es decir, en el lugar exacto donde se dio la escena de muerte de los occisos. El articulo: 338 regla Cuarta, Numeral: 1) del Código Procesal Penal, establece que la Declaración de Hechos Probados se consignara en párrafos separados y numerados, SE HARA DECLARACIÓN EXPRESA Y TERMINANTE DE LOS HECHOS QUE SE CONSIDEREN PROBADOS, DESCRITOS CON CLARIDAD, PRECISIÓN Y COHERENCIA, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse.- Es importante Hacer Mención que los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida, de la Sentencia Penal, de lo cual se deduce, que el Tribunal de Sentencias, tiene la Obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de la prueba evacuada durante el debate.- La Omisión de la individualización y identificación exacta de los supuestos hechores o ejecutantes de las conductas o verbos generadoras del tipo penal de asesinato es una grave violación a los principios fundamentales del debido proceso quebrantando de forma sistemática y arbitraria el estado de inocencia constitucionalmente tutelado por el ordenamiento jurídico vigente, esto queda evidenciado con las declaraciones de ambos testigos cuando esta prueba es la prueba elemental sustancial y se constituye como la columna vertebral de la cadena de racionamiento lógico jurídico de la que se deriva el convencimiento o ratio que determina la configuración del fallo en la presente Sentencia ya que la demás prueba recae sobre hechos que son si bien es cierto irrefutables verdaderos e indiscutibles, ya que existen cualitativa y cuantitativamente, como ser la existencia de los occisos que se acreditan con los dictámenes forenses es un hechos absolutamente incuestionable, axiomas que se contrasta con la tesis derivada de la circunstancia de establecer quien participo en la comisión del delito, cuando ocurrieron los hechos, donde ocurrieron los hechos, en qué circunstancias o condiciones ocurrieron los hechos, y cuál fue la participación exacta directa e inmediata que pudieron haber tenido los supuestos hechores en relación con las víctimas y el hecho criminoso; A esto se le denomina el ámbito temporal y espacial en que debe enmarcarse todo análisis y toda conclusión razonada por parte del ente acusador para decretar y esgrimir su sentencia cosa que en el hecho que nos ocupa no vemos tal circunstancia ya que en ningún momento se puede establecer con claridad de qué forma, modo, tiempo, momento, o espacio ocurrieron los hechos y que grado de vinculación con la escena del crimen y con elementos del cuerpo del delito, han tenido los supuestos hechores o el hechor y el grado de partición de este en el caso concreto que se está juzgando.- El Honorable Tribunal de Sentencias en el caso que nos ocupa, únicamente consigno en el Hecho Probado UNICO: En fecha trece de agosto del año dos mil trece a esos de las diez de la mañana, los señores MARCOS GUZMAN GARCIA JORGE HUMBERTO GUZMAN Y ORLANDO GUZMAN ARITA regresaban de realizar trabajos de agricultura en la aldea de Nueva Fraternidad, Ocotepeque trasladándose en el vehículo propiedad del señor MARCOS GUZMAN GARCIA con destino a la aldea San Jerónimo cuando fueron interceptados por un grupo de personas que vestían uniformes policial, portaban armas de fuego cortas V largas y algunos de ellos con sus rostros cubierto: Quienes dispararon en contra de la humanidad de los señores: MARCOS GUZMAN GARCIA JORGE HUMBERTO GUZMAN Y ORLANDO GUZMAN ARITA, ocasionándoles heridas que les provocaron la muerte, entre ese grupo de personas se encontraba YONI WILLIAM HERNANDEZ GUZMAN Y CARLOS OVIDIO HERNANDEZ GUZMAN.- En este orden de ideas la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en el Fallo dictado en la Sentencia: SJCSJ CP 1076 se pronunció de la siguiente forma: Los impetrantes tienen razón, por cuanto se aprecia que en la Sentencia no se observó la Regla Lógica de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente, por lo cual el razonamiento debe de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando.- De esta manera, se puede apreciar que en la Sentencia que hoy se impugna no se observó la Regla Lógica de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente, por lo cual, el razonamiento debe de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando.-” “MOTIVO SEGUNDO DE CASACIÓN.- En la Sentencia que ahorra se recurre también se han inobservado las Reglas de la Sana Critica en la valoración de la Prueba del TESTIGO CLAVE XA1 quien al momento de deponer su declaración en el debate fue incensaste, contradictorio y ambiguo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación también se encuentra comprendido en la parte final de los Numerales: 1, 2 y 3 del Artículo: 362 del Código Procesal Penal.- Para los efectos de este Segundo motivo también se citan como Infringidos los Artículos: 202 del Código Procesal Penal en la parte que dice: “LAS PRUEBAS SERAN VALORADAS CON ARREGLO A LA SANA CRITICA…", en relación con lo dispuesto en los Artículos: 336 Párrafo Primero y 338 Numeral 2) del mismo cuerpo legal.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO.- En la Sentencia que ahorra se recurre se inobservaron las Reglas de la Sana Critica al momento de valorar el Medio de Prueba consistente en LA DECLARACION DEL TESTIGO CLAVE XA1 "LOS ORGANOS ENCARGADOS DE LA PERSECUCIÓN PENAL ESTARAN OBLIGADOS A HACER VALER CON IGUAL CELO, NO SOLO LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE ESTABLEZCAN Y AGRAVEN LA RESPONSABILIDAD DEL IMPUTADO, SINO TAMBIEN, LAS QUE LO EXIMAN DE ELLA LA EXTINGAN O ATENUEN”.- En consideración a lo anterior fácilmente se puede apreciar que en la Sentencia que ahora se recurre al momento de valorar el Medio de Prueba consistente en LA DECLARACION DEL TESTIGO CLAVE XA1, que se encuentra en los folios 347, 348, 349 la cual se incorporó por medio de lectura, se inobservaron las Reglas de la Sana Critica; pues analizando y valorando en forma conjunta la declaración del TESTIGO PROTEGIDO XA1, quien declaro que cuando andaba trabajando en una finca de repente observo que venía un carro tipo diez y media a once fue cuando comenzaron los disparos, entonces vi que le tiraron al chofer que eran entre doce y quince personas que todos andaban con armas cortas y largas y de esas personas reconoció a nueve; ROBERTO HERNANDEZ, MARVIN ENRIQUEZ, ISAIAS HERNANDEZ, CARLOS OVIDIO, ANGEL CASTRO, YONI WILLIAM. EDAS OMAR HERNANDEZ, JORGE LEONEL AGUILAR, estas personas masacraron con armas cortas y largas a MARCOS GUZMAN, JORGE GUZMAN, ORLANDO GUZMAN, dijo además que después de haberle dado muerte a estas personas, los hechores se robaron las cosas que estaban en el vehículo y después huyeron del lugar hacia el lugar conocido como Vega Vieja, manifestó que presencio el hecho pero que se ocultó para no ser descubierto pero que vio cuando el grupo de 12 a 15 personas portaban armas de fuego y disparaban contra ofendidos que se transportaban en el color rojo que quedo en el lugar del hecho. El ENTE JUZGADOR: manifiesta en la resolución 0 fallo que ahora se recurre en su valoración de la prueba taxativamente expresa: A estas declaraciones testificales el tribunal de sentencia les concede total valor probatorio, pues se percibe por estos jugadores, que los testigos han aportado elementos consistentes sobre los hechos por ellos narrados, sin evidenciar en ellos animo alguno de alterar los conocimientos que tienen de los mismos, pues de esas declaraciones se desprende que el siete de agosto del año dos mil trece fallecieron de manera violenta los señores MARCOS GUZMAN JORGE HUMBERTO GUZMAN Y ORLANDO GUZMAN ARITA tal como lo acredita los dictámenes de levantamiento de cadáveres los cuales serán valorados más delante de la sentencia quedando acreditado que los señores Yoni William Hernández Guzmán y Carlos Ovidio Hernández Guzmán, participación en la ejecución del hecho, con la declaración del testigo XA1, quien manifestó que presencio el momento cuando los acusados dispararon en contra de los ofendidos que se conducían en un vehículo. color rojo, dijo además que Yoni William fue la persona que le quito la vida al señor Marcos Guzmán, declaración que a criterio del Juzgador es congruente con lo narrado por el testigo protegido SOLDADO 23 quien manifestó que escucho cuando loa acusados decían que habían dado muerte a tres personas, y que DESPUES SE DIO CUENTA QUE LAS PERSONAS FALLECIDAS ERAN LOS SEÑORES MARCOS GUZMAN GARCIA JORGE HUMBERTO GUZMAN Y ORLANDO GUZMAN ARITA manifestó además de forma muy escueta que vio a YONI WILLIAM HERNANDEZ GUZMAN y a CARLOS OVIDIO HERNANDEZ GUZMAN, situación está que al ser declarada por este testigo Soldado 23 en relación a la declaración de XA1 nos sorprende sobre manera que es una literal calca, una declaración con la otra y que el ente juzgador le atribuya un alto valor probatorio como lo deja manifiesto en su fallo cuando expresa en la parte final del numeral uno de su valoración de prueba que dicho dato coincide totalmente con lo expresado con lo declarado por e} testigo XA1 y más aún nos preocupa la vulneración de las leyes de la lógica y de la sana critica cuando expresa que estas declaraciones son creíbles y confiables con las que el tribunal da por acreditado el hecho probado como único cuando a todas luces podemos apreciar que se ha vulnerado las leyes de la lógica del racionamiento lógico jurídico ya que ambas declaraciones testificales en ningún momento se ha podido establecer con claridad con certeza incuestionable la identificación o individualización de ambos imputados en relación a cada una de las víctimas u ofendidos a parte que no se logra determinar aspectos fundamentales que pudieran hacer valida y creíbles estas declaraciones como ser las características físicas de cada uno de los supuestos hechores si los observaron y determinaron dentro de las nueve personas que reconocieron, tal es el caso que el testigo clave XA1 en su declaración de prueba anticipada de ea entre ver la evidente clara contradicción al momento de expresar en el interrogatorio por parte del ministerio público en la pregunta formulada ¿Quiénes de todas esas personas portaban armas largas V cortas?, en el penúltimo renglón del folio 192 del expediente de mérito registrado en el Tribunal de sentencias expresa en su respuesta dijo: R/-Modesto Hernández, Yoni William, CARLOS OVIDIO REYES todos ellos, lo que nos hace pensar que dichas declaraciones están sistemáticamente prediseñadas con el propósito de utilizarlas como medio determinante en la toma de decisión del fallo del este JUZGADOR pero que las mismas adolecen de todas credibilidad porque las mismas son alejadas de las leyes de la lógica humana y jurídica, ya que estaba hablando de una persona distinta por lo que se ve que no tiene claro el nombre correcto de la identidad de la persona de que se trata, recalcando a la vez que jamás dio características físicas es decir bajito, chaparro, negrito, pelón gordito o cualquier otra que hubiera determinado con certeza que era de la misma persona de la cual se estaba hablando.- VIOLACION A LA LEY DE LA LÓGICA: PRINCIPIO DE LA INDIVIDUALIZACION DEL IMPUTADO.- Nuestra normativa procesal penal en el Artículo 103 establece la identidad física del imputado y el proceso conocido esto y también como el principio de identidad o de individualidad o individualización del imputado cuando no exista duda que la persona imputada es realidad la que está siendo objeto de la persecución penal cualquier inaptitud de los datos suministrados u obtenidos de conformidad al artículo 102 que establece que es indispensable la identificación plena del imputado y se hará tomando como base su cedula de identidad, en defecto de esta se identificara tomando los datos personales relacionados con su nombre y apellido, sexo, lugar, y fecha de nacimiento, color de piel, ojos y pelo, estatura, impresiones digitales, señas particulares, estado civil, en general cualquier otro dato que sirva para identificarlo. Si se niega a colaborar o si suministra datos falsos o incompletos la identificación se hará por medio de testigos, en la forma prescrita para los reconocimientos o por otros medios lícitos que se estimen útiles; en tal sentido en relación con el artículo 253 del código procesal penal que establece el reconocimiento de personas en rueda, Artículo 253. Reconocimiento de personas en rueda. Para identificar a una persona o para establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto, deberá practicarse su reconocimiento, el cual se hará de la manera siguiente: 1) Quien lleve a Cabo el reconocimiento, describirá a la persona de que se trate y manifestará si después del hecho que es objeto de investigación, la ha visto de nuevo, en qué lugar, por qué motivo y con qué propósito; 2) Se tomarán las previsiones para que el imputado no se desfigure y se le pondrá junto a otras personas que físicamente se le parezcan, 3) Se preguntará a quien lleva a cabo el reconocimiento, si entre las personas a que se refiere el numeral anterior, se halla el imputado y, en caso afirmativo, se le invitará para que lo señale en forma precisa; 4) Finalmente, quien lleve a cabo el reconocimiento, expresará las diferencias y semejanzas que observe entre el estado actual de la persona señalada y el que tenía en la época a que se refiere la declaración. El reconocimiento procederá aún sin el consentimiento del imputado. Cuando el imputado no pueda estar presente, se podrá utilizar su fotografía u otros registros. La observación de las personas a que se refieren los numerales 1) y 2), se practicará desde un lugar en el que quien hace la identificación no pueda ser visto por aquel a quien se trata de identificar. Artículo 254 del CPP. Reconocimiento de varias personas. Cuando sean varias las personas que deban practicar el reconocimiento, éste se llevará a cabo en actos separados para cada uno de ellos, cuidando que quien haya hecho el reconocimiento, no se comunique con los demás antes que aquellos practiquen el reconocimiento. Cuando sean varios los imputados deberán ser reconocidos por una persona, el reconocimiento deberá hacerse individual o conjuntamente, pero en todo caso, los imputados son los que deberán estar acompañados por otras personas. En este orden de ideas todo proceso penal para poderse llevarse a cabo, requiere de un imputado debidamente determinado, plenamente individualizado como el presunto autor de un hecho ilícito, tal individualización es un presupuesto necesario, imprescindible para poder dar curso al proceso en sede judicial: el imputado debe haber sido debidamente particularizado, es decir identificado con sus nombres, apellidos y su documento de identidad si lo tiene, e individualizado con los demás datos personales que lo singularizan y lo hacen único, tales como su edad (para poder saber si es mayor de edad y pasible de responsabilidad), lugar de origen, nombres de sus padres ó filiación familiar, domicilio, grado de instrucción, ocupación y sus características físicas corporales. Pero además el imputado, conforme lo ha señalado reiteradamente en la Sala de lo Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia, debe ser individualizado en la forma con que presuntamente habría participado en los hechos. Solo de ese modo se puede garantizar que la persecución penal y las potestades punitivas del Estado se dirijan contra una persona cierta, específica, respecto a la cual deben existir elementos válidos que permitan presumir su participación en la comisión de un delito. La palabra INDIVIDUALIZACION, conforme el diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, significa: “individuar, particularizar.” En tanto que la palabra IDENTIFICACION, en sus dos acepciones más útiles para nuestros fines, significa: “Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca” y “Dar los datos personales necesarios para ser reconocido.” (VER: http://rae.es/). De ambas palabras, nuestro Código Procesal Penal utiliza la palabra identificación del imputado e identificación física equivalente doctrinariamente a INDIVIDUALIZAR, esto quiere decir: que propugna que se debe singularizar, que se debe particularizar al imputado plenamente, esto es: con los datos que lo hacen una persona única e inconfundible y además en el sentido de sus características físicas para que no exista duda que la persona a la que se le imputa un delito y que está haciendo objeto de persecución penal sea realmente la que se encuentre en un nexo factico de vinculación a los verbos rectores del tipo penal que se esté juzgando. La individualización del imputado, permite asegurar: A) Que el proceso se centre contra una persona cierta y determinada y no contra personas ajenas a los hechos o eventuales homónimos B) Que, se puedan solicitar y dictar, si fuere el caso las medidas de coerción procesal personal que correspondan conforme a ley. C) Y finalmente, la debida individualización del imputado permite garantizar el derecho fundamental de defensa, que ampara al incriminado, como a todo sujeto, en este orden de ideas es cuestionable en imperativo categórico establecer y afirmar que las declaraciones de ambos testigos no están enmarcadas dentro de estos preceptos ya que las mismas si bien es cierto sistemáticamente coinciden y parecieran que fueran una misma lo que nos hace pensar que fueron dirigidas de forma preestablecida pero que en ningún momento estas logran la individualización de quien dio muerte a quien por lo que no se puede determinar con certeza que estos testigos de cargo hayan estado presentes en el lugar de los hechos y en el tiempo y en el espacio que ocurre el acaecimiento de los hechos que configuran este delito; por lo que nos sorprende realmente y sobre manera las motivaciones y nociones lógicas que ha utilizado el ente juzgador para determinar que dichas declaraciones son confiables y con ellos se da por acreditado y probado el hecho único.” “MOTIVO TERCERO DE CASACIÓN.- En la Sentencia que ahorra se recurre también se han inobservado las Reglas de la Sana Critica en la valoración de la Prueba Pericial consistente en el dictamen numero A-SPS-2069-13 realizado por el doctor DARWIN ARMAS CRUZ de fecha 23 de marzo del año dos mil dieciocho incorporada mediante lectura.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación también se encuentra comprendido en la parte final de los Numerales: 1, 2 y 3 del Artículo: 362 del Código Procesal Penal.- Para los efectos de este Segundo motivo también se citan como Infringidos los Artículos: 202 del Código Procesal Penal en la parte que dice: “LAS PRUEBAS SERAN VALORADAS CON ARREGLO A LA SANA CRITICA…”, en relación con lo dispuesto en los Artículos: 336 Párrafo Primero y 338 Numeral 2) del mismo cuerpo legal.— EXPOSICIÓN DEL MOTIVO.- En la Sentencia que ahorra se recurre se inobservaron las Reglas de la Sana Critica al momento de valorar el Medio de Prueba consistente en el dictamen numero A-SPS-2069-13 realizado por el doctor DARWIN ARMAS CRUZ de fecha 23 de marzo del año dos mil dieciocho incorporado al debate mediante lectura en el numeral tres de la valoración de la prueba de la sentencia dictada por el ente juzgador establece tac sativamente: “Nos sirve para declarar probado el hecho único la PRUEBA PERICIAL incorporada por lectura consistente en dictamen de autopsia numero A-SPS-2069-13 realizado por el doctor DARWIN ARMAS CRUZ de fecha 23 de marzo del año dos mil dieciocho al cadáver del señor ORLANDO GUZMAN ARITA dictamen que fue ratificado en juicio encontrando cuatro lesiones en diferentes partes del cuerpo producidas por proyectil disparado por arma de fuego, determinándose que la causa de muerte es por herida de arma de fuego (Traumatismo Cráneo encefálico abierto y laceración cerebral) concluyendo que desde el punto de vista médico legal la manera de muerte es homicida. Tal como se desprende de la sentencia emitida por el ente juzgador, el ente acusador si bien es cierto presenta el dictamen pericial de autopsia del cadáver del señor ORLANDO GUZMAN ARITA, acta de levantamiento de cadáver, álbum fotográfico, y actas de inspección ocular, esto no prueba fehacientemente la participación de los acusados en el ilícito que se está juzgando ya que si bien es cierto se acredita que efectivamente una persona que murió de manera violenta (Producto de un disparo de arma de fuego) el lugar donde esa persona falleció (Aldea Nueva Fraternidad, del municipio y departamento de Ocotepeque) no presento ningún elemento probatorio científico que pudiera acreditar el nexo vinculador a la participación en el ilícito acusado o por lo menos un elemento probatorio que diera una sospecha en contra del imputado en la comisión de ese delito. Vistas así las cosas y de conformidad a como está diseñado nuestro sistema procesal penal, mediante el cual es la fiscalía la que debe por lo menos acreditar: 1. La probable realización del hecho es decir que el señor ORLANDO GUZMAN ARITA fue objeto de una muerte de manera violenta. 2. La relevancia Jurídico Pena}, es decir la conexión que hay entre los hechos, la prueba aportada para establecerlos, y hacerlos encuadrar dentro del tipo penal acusado (Asesinato Articulo 117 del Código Penal Vigente). 3. La probable participación del imputado, es decir que actos realizo el imputado para participar en la comisión del ilícito penal que se le acusa, conforme a la prueba aportada. De lo anterior, el ente acusador en la vista únicamente acredito los primeros dos requisitos, como ser la probable realización del hecho, y la relevancia jurídica penal, pues acredito que efectivamente existe una muerte violenta que se puede tipificar en el delito de ASESINATO, pero no acreditó el tercer requisito, LA PROBABLE PARTICPACION DEL IMPUTADO, ni mínimamente como lo exige el artículo 294 del Código Procesal Penal, por lo que es cuestionable el racionamiento lógico en relación a esta prueba aportada que hace el ente acusador para reafirmar que el mismo le sirve para declarar probado el hecho único que se esgrime en su sentencia condenatoria cuando este medio de prueba no vincula de ninguna manera, en ningún momento en ningún tiempo y en ningún grado a mi defendido en la comisión del delito de ASESINATO en contra de los hoy occisos, con lo cual es mas que evidente que se han inobservado las reglas de la sana critica en la aplicación de los racionamientos lógicos de la valoración de dicha prueba por parte del ente juzgador pues analizando y valorando en forma conjunta tanto las declaraciones de testigos como la prueba documental consistente en actas de levantamiento de cadáver de ORLANDO GUZMAN ARITA5 JOSE HUMBERTO GUZMAN Y MARCOS GUZMAN GARCIA, álbum fotográfico, croquis, certificación de actas de nacimiento de las víctimas, acta de inspección ocular con el respectivo álbum fotográfico, no vemos por ningún motivo conexión lógico fáctica entre los hechos alegados en el debate por el ente acusador como la prueba aportada por este y la participación que pudiera haber tenido mi representado, en consideración a lo anterior fácilmente se puede apreciar que la sentencia que ahora se recurre el ente juzgador no ha hecho una correcta apreciación de las normas de la sana crítica y su valoración ha sido pobre y carente de raciocinio lógico en base a los argumentos y preceptos legales que he dejado expuestos.” El recurrente Abogado Francisco Alberto Bocanegra Murcia, defensor privado de Yoni Willian Hernández Guzmán, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “PRIMERO: en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), se inició la celebración de audiencia de debate en la cual el Ministerio Publico formalizo la acusación en contra de mi representado por suponerlo responsable del delito de ''Asesinato", y a la vez propuso sus medios de prueba como ser: Documental, consistente en l. Dictamen de autopsia emitido y ratificado por el Doctor DARWIN ARMAS CRUZ. 2. Acta de inspecciones oculares realizada por el señor MANUEL MUÑOZ, 3. Acta de Levantamiento de cadáver realizada por el doctor ELIAS EUCEDA. 4. Certificación de acta de nacimiento del imputado. 5. Certificación de acta de nacimiento de los ofendidos 6. Dictamen denominado evaluación de cadáver practicado por la doctora MARDI AVILA. 7.- incorporación por lectura de declaraciones hechas por los testigos PROTEGIDOS soldado 23 y TESTIGO PROTEGIDO XAI tomadas en la etapa preparatoria del proceso. SEGUNDO: El tribunal de Sentencia de Ocotepeque, al momento de la valoración de la prueba no se observa que haya aplicado las reglas de la sana critica, así como no existe la suficiente motivación fáctica para dictar la sentencia hoy recurrida. El ministerio Publico no ha demostrado la certeza que mi representado perpetuo el delito que se le imputa, con el medio de prueba denominado dictamen de autopsia A-SPS-2069-13, el cual fue ratificado por el doctor DARWIN ARMAS, patólogo forense, sirve para determinar causa, manera e identificación del individuo al que se le ha dado muerte, este medio de prueba NO vincula al imputado con los hechos investigados. Con el medio de prueba denominado acta de inspecciones oculares el cual fue realizado por el policía MANUEL MUÑOZ, debo manifestar que dicha inspección ocular se practicó más de tres (3) años después de que sucedieron los hechos, y tal como lo aclaro el policía que practico la inspección, el informe se realizó “a base a las declaraciones de testigos”. También debo agregar que en tres (3) años, una escena de crimen cambia muchísimo, tanto por intervención de personas como por efectos de la naturaleza misma. En esta inspección ocular nunca se apreciaron elementos que indiquen y apunten que el imputado participo en esos hechos relatados por personas que “dicen ser testigos.” Me pregunto ¿Cómo puede valorar el tribunal de sentencia un informe de inspecciones oculares realizado tres (3) años después de los hechos y el cual se realizó a base de declaraciones de personas? Donde jamás se encontró ningún casquillo de bala, ningún elemento por mínimo que sea que vincule al imputado con el crimen. Y como podemos ver, este medio de prueba al igual que el anterior, NO vincula al imputado con el delito imputado. Con el medio de prueba denominado Acta de levantamiento de Cadáver realizado y ratificado por el Médico Forense ELIAS EUCEDA, se determina la manera en que se les dio muerte a las personas, la cantidad y la ubicación de los impactos de bala, la posición en la que se encontraban las personas fallecidas, así como el reconocimiento e identificación de las víctimas por parte de sus familiares, pero al igual que los medios de prueba que suceden, NO existe ninguna vinculación entre el hecho y el imputado o los imputados. Con el medio de prueba denominado certificación de acta de nacimiento de los imputados, pues el Ministerio Publico lo que hace es individualizar con este documento de identificación a las personas que está acusando, pero por supuesto NO vincula a los imputados con los hechos. Con el medio de prueba denominado Dictamen de evaluación de los cadáveres, ratificado por la doctora MARDI AVILA, como su nombre lo indica, lo que hace este médico es una evaluación de los cadáveres, describiendo en este cada uno de los impactos de bala, sus orificios de entrada y salida, la causa de muerte, etc., y lo que me llama poderosamente la atención es que la doctora MARIDI AVILA manifestó que hubo un análisis balístico de elementos metálicos en los cuerpos, los cuales fueron enviados esas muestras al respectivo laboratorio, y del cual NO se sabe más, nunca se presento al presente juicio los resultados de esos análisis de los elementos metálicos extraídos en los cuerpos, algo que considero de VITAL importancia para el esclarecimiento de la verdad, ya que de esa manera hubiésemos conocido con exactitud que tipo de arma fue la que se utilizó para perpetuar ese crimen. El ministerio Público nunca se pronuncio al respecto, NO existe dicho resultado importante, convirtiéndose esto en un ENIGMA, algo que queda simplemente en un Misterio. Del medio de prueba, consistentes en las declaraciones de los testigos protegidos soldado 23 y testigo protegido XA1, dichas declaraciones que fueron rendidas en audiencia inicial, en la etapa preparatoria del proceso y que fueron incorporadas mediante lectura en la audiencia de Debate, debo decir lo siguiente: en primer lugar, en Honduras la figura del “Testigo Protegido” se ha desvirtuado o incluso me atrevo a decir que se ha degenerado, ya que estos, haciéndose valer de encontrarse adentro de una cabina de madera con un vidrio que NO permite que nadie los vea, y que solamente ellos pueden ver a las personas que se encuentran en la sala, en otras palabras, estos se sienten con la libertad de decir cualquier cosa que quieran, o que se les ocurra para poder inculpar deliberadamente a un imputado. Contradictorias, además de ser estas alejadas de la realidad, con una pisca de fantasía, exageradas, alejadas de la verdad, así fueron las declaraciones rendidas por los testigos protegidos y que fueron incorporadas mediante lectura a la audiencia de debate. Respecto a los “testigos protegidos” debo hacer la siguiente observación y a la vez la siguiente interrogante: ¿Por qué no acudieron a la audiencia de debate? La respuesta es la siguiente: los testigos que declararon en etapas tempranas del proceso, temen cometer más errores de los que ya analizaremos más adelante e incurrir en el delito de falso testimonio y que se ordene su juzgamiento enmarcado en dicha calificación penal (Falso testimonio). El “testigo protegido SOLDADO 23” declara de manera fantasiosa que iba caminando a plenas luz del día pues apenas eran las diez y treinta de la mañana (10:30 am) hacia el lugar denominado Las Cruces, manifiesta que camino un poco y cuando escucho una tirazón se sorprendió en vez de asustarse por lo que al “sorprenderse” se escondió en ese momento, aquí me pregunto yo ¿Cuál es la reacción normal de un persona cuando va caminando hacia un rumbo y escucha que más adelante hubo muchos disparos? La respuesta es sencilla: pues por lógica o sentido común, va a detenerse y regresarse por donde venía por temor a que le suceda algo si sigue el rumbo que llevaba y en el que se escuchó la percusión de ráfagas de disparos. Pues este testigo sorprende a todos diciendo que después de esconderse, salió y siguió caminado hacia donde iba. Asimismo es un insulto a nuestra inteligencia que el testigo manifieste que estando a unos diez minutos del lugar de los hechos se detuvo nuevamente la pregunta es ¿Por qué se detuvo de nuevo? Y ¿Cómo sabia el testigo que estaba a diez minutos del lugar de los hechos? ¿Qué fue lo que hizo que se volviera a detener cuando ya se había detenido anteriormente y se había escondido cuando escucho los disparos y aun así decidió continuar con su camino? Al parecer este es un enigma más grande que el de la santísima trinidad. Lo que resulta más increíble e irrisorio aun es que, siendo esas horas de la mañana (10:30 am), escucho “risadas”, gente que venía caminando, y es aquí donde el testigo repentinamente se ubica según lo dice el “desde arriba” tratando de explicar que el estaba de nuevo escondido en algún tipo de bordo o pequeña montaña, ya no iba caminando, algo que es muy contradictorio y carente de lógica y sentido común. Asimismo es algo increíble que a plena luz del día, después de que alguien acribille no a una, ni a dos, sino a tres personas, y más increíble aun, que los supuestos asesinos son residentes en la aldea donde sucedieron los hechos, el testigo manifiesta que venían caminando los supuestos hechores hacia su aldea, tranquilos, por la calle y además riéndose y gritando “acabamos de asesinar a tres personas” por favor, esto es un insulto a la inteligencia humana, ¿acaso podrían quince o más personas que acaban de asesinar a tres individuos venir caminando campantemente con rumbo a su casa que está a cinco minutos del lugar de los hechos, además venir riéndose y carcajeándose, comentando en voz alta, casi gritando que acaban de asesinar a tres personas que también son de esa misma aldea? Pues la respuesta por lógica es NO es cierto, en primer lugar la reacción de cualquier asesino es huir lejos, al menos e temporalmente, en segundo lugar nunca vendrían caminando, gritando, carcajeándose que acababan de asesinar a tres personas, ya que cualquier otra persona que estuviese trabajando en alguna de las fincas que están a los costados de la calle podrían escuchar, NO es creíble que un grupo de quince o dieciocho personas que anden todas armadas, hasta dos armas cada uno entre ellas armas cortas y largas, automáticas, no se conduzcan en vehículo. Asimismo llama la atención que el testigo utiliza la palabra “ASESINAR” para referirse a la expresión que dijeron los quince individuos cuando gritaban “acabamos de asesinar a tres personas” cuando sabemos todos que ese término no es utilizado comúnmente en las personas, sino que se utiliza más bien el término “MATAR”, algo que deja en evidencia que el testigo es un testigo preparado. NO es creíble que además de manifestar el testigo que escucho lo anterior, dice haberse acercado aún más al grupo que iba caminando para ver si identificaba a las personas, puesto que si escucho que se trataba de asesinos, lo que menos quiere un persona en esas circunstancias es acercarse a ellos pues pueden detectar su presencia y asesinarlo a el también. NO ES CREÍBLE que el testigo protegido manifieste que de ese grupo de más de quince personas, pudo reconocer a NUEVE DE ELLOS, ya que según dijo el testigo, nueve individuos andaban sin ningún tipo de tapujo o mascara que cubriera su rostro y seis o nueve si portaban pasamontañas o mascara en el rostro. En esta observación debo decir que es ilógico que de un grupo de quince a dieciocho supuestos asesinos que tienen su domicilio en el lugar donde ocurrieron los hechos, la mitad anden con pasamontañas en sus cabezas y rostro y la otra mitad NO, esa es una declaración inventada, sin fundamentos lógicos, así como es casi imposible en las circunstancias en las que se encontraba el testigo, pudiera este reconocer a NUVE (9) personas, ya que es un número elevado de rostros que memorizar, lo normal es que reconociera a unos 3 0 4 a lo sumo, así como recordar su nombre completo y en la audiencia repetir el nombre de los nueve que según el reconoció, el testigo lo repitió en mas de una ocasión en el mismo orden en el que los menciono al principio como si hubiese memorizado una lista, tal y como podemos apreciar en el folio ciento noventa hecho por el Tribunal de Sentencia. El testigo muestra gran contradicción al momento que la fiscal le pide que explique que tipo de sonido escucho cuando iba caminado, el testigo manifiesta que el único ruido que escucho fue “el de como una explosión o nada más como el de una peña que había rodado” aquí podemos denotar la contradicción con su declaración inicial donde manifestó haber escuchado “una tirazon” así descrito por este. Este testigo nunca vio los hechos, no es un testigo ocular de los hechos, además de contradecir el sonido que escucho, primero dice haber escuchado sonidos de armas de fuego descritos por el como “tirazon”, y minutos después dice que nada mas escucho un ruido como un explosión como si una peña rodara. Al momento que esta defensa le preguntaba a que distancia se encontraba de los quince o dieciocho personas este respondió que como a uno ocho metros de distancia, lo cual es increíble ya que ocho metros es un distancia tan corta que a plenas diez de la mañana cualquiera de los dieciocho muchachos que iban caminando podría notar la presencia de alguien en la zona. Pero resulta más incomprensible aun la motivación fáctica, la valoración de la prueba y aplicación de la sana crítica por parte del tribunal ya que el testigo manifestó que el iba con rumbo a la aldea Las Cruces por la calle de tierra que conduce a esa comunidad, cuando escucho que más adelante como a diez minutos hubo una tirazon o una explosión como haya sido ya que se contradice en este extremo, la pregunta es ¿acaso no vio la escena del crimen cuando siguió caminando rumbo al lugar de destino? Pues la respuesta del testigo por increíble que parezca es que el se dio cuenta de los hechos violentos hasta que llego a su lugar de destino y escucho que gente comentaba lo del asesinato. El testigo aunque metafóricamente paso por encima de los cuerpos sin vida y del vehículo, NO pudo verlos, y se dio cuenta hasta llegar a la aldea Las Cruces. En cuanto al reconocimiento fisico al imputado que el testigo protegido realizo en el acto de la audiencia, cuando se le pregunto si el sospechoso estaba presente en la sala, debo enfatizar, que mi representado se encontraba con una gran desventaja, ya que tanto, el Juez, como el apoderado defensor, como es normal, se encontraban vestidos de una manera muy elegante, vestidos como tales, muy formales, y por otra parte la fiscal era mujer igual que la secretaria, y la única persona del sexo masculino que se encontraba en ese lugar con una vestimenta de un humilde agricultor, atuendos sucios, camisa y jean roto y sucio por el trabajo del campo, zapatos de hombre de campo, etc, era el imputado, por tanto era fácil de identificar a quien era la persona que estaban acusando y poder señalarla y describirla. Si la declaración del primer testigo fue contradictoria, preparada, además de estar alejada de la realidad, con una pisca de fantasía, exageradas, alejadas de la verdad, la declaración del testigo protegido denominado XA1, aún es más. Este testigo declara que vio entre doce (12) a quince (15) personas, mientras que el primer testigo dijo ver entre quince (15) a dieciocho (18) personas, el segundo testigo dice haber visto solamente cinco encapuchados y los demás con su rostro al descubierto (algo que no tiene sentido igualmente), mientras que el primer testigo dijo que andaban nueve personas con el rostro cubierto y otras nueve sin cubrirlo haciendo un total de 18 personas, el segundo testigo dice que solamente cino (5)personas andaban con el rostro cubierto (la mitad de lo que dijo el primero. Asimismo el testigo declaro que los asesinos SE TOMARON SU TIEMPO, algo que es ilógico y contrario a lo que sucede en este tipo de masacres. El testigo XA1 utiliza los mismos términos que el Testigo soldado 23 en cuanto a que “andaban armas largas y cortas”, lo describe exactamente con las mismas palabras que el testigo primero, algo que es un indicador que los testigos fueron previamente preparados para que declararan esas falsedades, podemos observar como al repetir sus nombres lo hace en el mismo orden como si hubiese tenido que memorizar algo. Lo impactante es que el testigo XA1 en su declaración plasmada en el folio ciento noventa y dos (192) vuelto, manifiesta que el acto o los hechos en los que se le dio muerte a tres personas por un grupo de dieciocho individuos, duro un lapso de tiempo entre media hora hasta una hora, pregunto ¿puede un asesinato en la manera que sucedió este hecho durar de media hora a una hora cuando son dieciocho personas contra tres? La respuesta es NO. El tiempo que pudo durar un asesinato como el que nos ocupa es de uno a dos minutos a lo sumo. Además el testigo no dice cómo ni donde logro ocultarse para sustentar sus declaraciones, asimismo dijo NO haber visto a nadie más en ese lugar durante los treinta minutos que transcurrieron después del asesinato, por tanto nos preguntamos ¿y el primer testigo? ¿No que estaba a diez (10) minutos del lugar de los hechos? El segundo testigo dice que no vio a alguien más en esa zona. Asimismo resulta increíble además que manifieste ver que después de asesinar a las personas los supuestos hechores le robaron las cosas, como pudo fijarse en esos detalles difíciles de apreciar ya por el ojo humano. Asimismo el testigo de dice que los hechores huyeron hacia la aldea Vega Vieja, Fraternidad, mientras que el testigo protegido soldado 23 declaro que los dieciocho hombres que encontró caminaban de regreso a San Jerónimo, Dolores. Pero lo que más llama poderosamente la atención de este testigo tal y como consta al final del folio 193 y a inicios del folio 193 vuelta, del tribunal de Sentencia, es que al momento de ser interrogado por el defensor, y preguntarle ¿si los hechores se conducían en vehículo? Este respondió: “si, en vehículo” cuando el defensor le dice “perdón” para que el testigo le repita, este dice: “si, en vehículo andaban”. Entonces el defensor con una expresión de notar el grave error del testigo al responder eso, dice: “No más preguntas su señoría” la Fiscal se da cuenta del error de la testigo y de manera astuta pide la palabra y se levanta dejando en evidencia tanto con su expresión corporal como facial, y con un tono de voz como queriendo hacer que recuerde el guion la testigo, expresando su malestar por el error y porque la testigo entendiera el lenguaje corporal, en ese momento la fiscal dice textualmente: “la fiscalía tiene otras preguntas”. “Dado que el testigo ha manifestado que los hechores se conducían en vehículo”. Y pregunta: “testigo XA1 ¿en que vehículo se conducían?” como podemos notar, la fiscalía repregunta de manera astuta sin expresar a quien se refiere cuando dice “¿En qué vehículo se conducían?” por lo que el testigo, creyendo que se refiere siempre a los hechores contesta: “En un Vehículo rojo”, Y es ahí donde la fiscalía en un intento de hacer recordar a la testigo lo que debía decir y que se había equivocado expresa: “¿Y los muertos?”. A lo que el testigo capta su error y responde: “allí iban en el carro”. De lo anteriormente relatado y que consta en el folio 193 y 193 vuelta, debo manifestar que: Desconozco los motivos o razones por las que el secretario del juzgado de letras en la transcripción del acta de audiencia inicial modifico lo subrayado en este párrafo, cambiando la parte donde el testigo manifestó: “Si, en vehículo” Y “Si, en vehículo andaban” por “sin vehículo sin vehículo andaban”. Pero me sirve de fundamento para demostrar que fue el secretario quien cambio la transcripción de acta de audiencia inicial a final del folio 193 e inicios del folio 193 vuelto, folios del tribunal de sentencia, ya que la fiscal como se aprecia, después de culminar el interrogatorio de la defensa, pide la palabra y vuelve a hacer las mismas preguntas para conducir al testigo a una corrección de su testimonio, y literalmente acepta lo dicho por el testigo así: “Dado que el testigo ha manifestado que los hechores se conducían en vehículo”. Es injusto, ilegal que condene a una persona cuando suceden estas situaciones irregulares que de la manera aquí expresada y explicada se evidencia la alteración en la transcripción de un acta de audiencia inicial. El Tribunal de Sentencia no hizo una valoración adecuada, no siguió las normas de la sana critica, el imputado demostró que se encontraba en otro lugar ese día, esa hora, y demostró con quienes se encontraba y que estaba haciendo.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada del acusado Carlos Ovidio Hernández Guzmán. Primer motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numerales 1, 2, 3 y 4 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 en relación con 336 párrafo primero y 338 numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba la declaración testifical rendida por el testigo protegido soldado23, en base a las reglas y normas de la sana critica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Sin determinar por el recurrente. La recurrente, inicia su exposición recursiva, señalando conceptos doctrinales de la axiología del derecho, la filosofía del derecho, la deontología jurídica, la lógica jurídica, la axiología jurídica y del principio de derivación, asimismo referencias de connotados juristas, luego procede a describir el cuadro fáctico, para denunciar que, en el interrogatorio, el testigo protegido Soldado23 evidenció contradicciones alejadas de la lógica, procediendo a describir parte de esa declaración y concluyendo que dicha declaración esta totalmente alejada de la verdad, de la lógica humana, lógica jurídica procesal, lógica jurídica criminalística; que linda a todas luces como una declaración totalmente pre fabricada inducida, planificada, preparada para dar con exactitud datos extremadamente complejos. Luego aqueja el recurrente, que la omisión de la individualización y identificación exacta de los supuestos hechores o ejecutantes de las conductas o verbos generadoras del tipo penal de asesinato, es una grave violación a los principios fundamentales del debido proceso, quebrantando de forma sistemática y arbitraria el estado de inocencia constitucionalmente tutelado por el ordenamiento jurídico vigente, esto queda evidenciado con las declaraciones de ambos testigos. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada del acusado Carlos Ovidio Hernández Guzmán. Segundo motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numerales 1, 2 y 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 en relación con 336 párrafo primero y 338 numeral 2 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: Haberse inobservado las reglas de la sana critica, en la valoración de la prueba del testigo protegido clave XA1, quien al momento de deponer su declaración fue incensaste, contradictorio y ambiguo; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Denuncia el recurrente, que se inobservo las reglas de la sana critica al analizar y valorar en conjunto la declaración del testigo protegido XA1, luego describe un segmento de esa declaración, posteriormente relata la valoración que realizara los juzgadores, para manifestar que le sorprende sobre manera que es una “literal calca”, una declaración con la otra y que le es de preocupación al expresar el sentenciador, que las declaraciones son creíbles y confiables, cuando según el recurrente, se aprecia que ambas declaraciones testificales en ningún momento se ha podido establecer con claridad, con certeza incuestionable, la identificación o individualización de ambos imputados en relación a cada una de las víctimas u ofendidos y de no lograr determinar aspectos fundamentales que pudieran hacer valida y creíbles estas declaraciones, como ser las características físicas de cada uno de los supuestos hechores, si los observaron y determinaron dentro de las nueve personas que reconocieron. Refiere el recurrente, que dichas declaraciones están sistemáticamente prediseñadas con el propósito de utilizarlas como medio determinante en la toma de decisión del fallo, que a su entender adolecen de credibilidad. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada del acusado Carlos Ovidio Hernández Guzmán. Tercer motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numerales 1, 2 y 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 en relación con 336 párrafo primero y 338 numeral 2 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: Haberse inobservado las reglas de la sana critica, en la valoración de la prueba pericial consistente en el dictamen número A-SPS-2069-13; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Sin determinar por el recurrente. En su desarrollo recursivo el recurrente, denuncia que este medio de prueba junto con otros, no acredita fehacientemente la participación de los acusados, pues se acredita que una persona murió de manera violenta, no presento ningún elemento probatorio científico para acreditar el nexo vinculador a la participación en el ilícito acusado, por lo menos un elemento probatorio que diera una sospecha en contra del imputado en la comisión de ese delito, concluyendo el recurrente, ser cuestionable el razonamiento lógico en relación a esta prueba. Observa esta Sala de lo Penal, que los tres motivos de casación por Quebrantamiento de Forma, denunciando violación a las reglas de la sana critica, contienen los mismos errores de técnica recursiva, por tanto, para mantener la coherencia de la Sentencia Penal, serán resueltos en un mismo apartado. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social.
Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv Cuando la conclusión este basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. Cada uno de los motivos no son de recibo. Resulta evidente que el recurrente ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos. Ante una denuncia de violación a las reglas de la Sana Critica, corresponde a la Sala de lo Penal, auditar el razonamiento judicial, comprobando si la motivación intelectiva es acorde con ésta o por el contrario existe divorcio; para ello es preciso que el recurrente, no solo manifieste la existencia del vicio, sino que se focalice la regla del correcto entendimiento humano que considera violentada, cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y, a efecto de demostrar su razón, realice la debida confrontación entre uno y otro. La simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación de las reglas de la sana critica y aquejar la valoración de la prueba en los términos analizados, meya negativamente en la suerte del recurso. Han sido muchas las sentencias en donde la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Para el caso en estudio, el recurrente, fue constante en citar los dichos de los testigos protegidos y del medio de prueba pericial, evacuados en juicio, extrayendo lo más relevante de su contenido para luego describir lo que su criterio se probó o no se acreditó, remarcando que con dicha prueba no se demostraba la responsabilidad de los acusados en los delitos enjuiciados, el recurrente entonces no hace menos que presentar una queja sobre la valoración, al no estár de acuerdo con ella, lo que es un alegato que no es propio para un recurso de casación. De la lectura del recurso, nada se dice cual de los razonamientos esgrimidos por los sentenciadores incurre en violatorio de la regla de derivación, es decir, no existe en el escrito del recurso la identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. El defensor privado, no ha indicando de manera puntual en cada uno de sus motivos, algún postulado intelectivo de la valoración, que considere viciado por su errónea construcción o por arribar a una inferencia equívoca y ajena a la regla lógica de derivación. En el caso subjudice, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por la recurrente, dado que su denuncia la dirige no en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. Expone una reflexión que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación o no de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que define el recurrente como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional. Desafortunadamente la recurrente acude a esta única instancia como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, cuando el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el recurso planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada del acusado Yoni Willian Hernández Guzmán. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Sin determinar por el recurrente. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el recurrente; Concepto de la infracción expuesto: No se observa que se haya aplicado las reglas de la sana critica y no existir la suficiente motivación fáctica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El censor, denuncia que el Tribunal de Sentencia al momento de la valoración de la prueba, no se observa que haya aplicado las reglas de la sana critica, sin describir a lo largo de su recurso, cual, de todas las reglas, es la violentada, asimismo de denunciar, el no existir la suficiente motivación fáctica para dictar la sentencia recurrida. Luego procede a cuestionar cada medio de prueba evacuado. De la Procedencia del Recurso. El motivo no es de recibo. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizamos con detenimiento. El recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. El recurrente, en su desarrollo recursivo, ha hecho caso omiso a lo anteriormente planteado, al no señalar la norma autorizante del recurso, que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio, luego plantea dos motivos en uno solo al señalar que, “al momento de la valoración de la prueba no se observa que haya aplicado las reglas de la sana critica, así como no existe la suficiente motivación fáctica para dictar la sentencia hoy recurrida.” Inobservando la ley procesal en su artículo 363, el cual manda que, cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, al ser la falta de claridad absoluta. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). V. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en cada uno de sus tres motivos; interpuestos por el Abogado Jorge Roberto Acosta Erazo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo; interpuesto por el Abogado Francisco Alberto Bocanegra Murcia. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de las defensas privadas de los acusados Carlos Ovidio Hernández Guzmán y Yoni Willian Hernández Guzmán, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Carlos Ovidio Hernández Guzmán y Yoni Willian Hernández Guzmán, la pena principal de sesenta (60) años de reclusión, como autores responsables penalmente de tres delitos de asesinato, en perjuicio de la vida de Marcos Guzmán García, Jorge Humberto Guzmán y Orlando Guzmán Arita, de los que cumpliría solo 30 años por disposición del artículo 35 del CN 144-83; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de asesinato (Art. 193), cuya pena es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión por cada uno de los tres delitos de asesinatos; en suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por los acusados Carlos Ovidio Hernández Guzmán y Yoni Willian Hernández Guzmán, de aplicarse la nueva normativa penal sería de sesenta (60) a setenta y cinco (75) años de prisión, a partir de lo anterior es posible determinar, que la pena concreta impuesta a los acusados, conforme el CP-144-83 al ser de sesenta (60) años de reclusión, se encuentra comprendida dentro del marco abstracto que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del 130-2017, que prevé una pena para las mismas conductas delictivas de sesenta (60) a setenta y cinco (75) años de prisión, no procediendo su modificación. Así las cosas y conforme las reglas del concurso real (Art. 66): las penas impuestas hacen una suma total de sesenta (60) años de reclusión, misma que traspasa el limite objetivo ordinario de 30 años que es el mismo límite que establecía el artículo 35 del Código Penal 144-83. Por otra parte, y para efectos de determinar la aplicación del límite subjetivo se señala que la pena más grave impuesta es la de 20 años de reclusión, la que multiplicada por 03 da un resultado de 60 años, lo que nos vuelve a determinar que el límite a aplicar es el objetivo ordinario, el que -como se ha señalado- coincide con el límite objetivo que establecía el Código Penal anterior. En consecuencia, no procede la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, pues el máximo objetivo a cumplir (al ser de 40 años de prisión) no representa tampoco una circunstancia más favorable. IV. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su sus tres motivos; interpuestos por el Abogado Jorge Roberto Acosta Erazo, actuando en su condición de defensor privado del acusado Carlos Ovidio Hernández Guzmán. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo; interpuestos por el Abogado Francisco Alberto Bocanegra Murcia, actuando en su condición de defensor privado del acusado Yoni Willian Hernández Guzmán. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los ahora condenados Carlos Ovidio Hernández Guzmán y Yoni Willian Hernández Guzmán. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de los señores Carlos Ovidio Hernández Guzmán y Yoni Willian Hernández Guzmán, como autores responsable penalmente de tres delitos de Asesinato, en perjuicio de los señores Marcos Guzmán García, Jorge Humberto Guzmán y Orlando Guzmán Arita. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Secretaria Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 377-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
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