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Sentencia CP-376-18 — Registro 14674

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por los delitos de Asociación Ilícita, Facilitación del Local para el Tráfico de Drogas y por Posesión de Drogas Ilícitas para Consumo Personal, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declarando la PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 de algunos de los imputados y la NO PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a uno de los condenados, Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Debe tener presente el recurrente, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba; se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las normas que deban aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Tomando en cuenta lo anterior, la Sala de lo Penal ha realizado un análisis de juricidad del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, confrontándolo con la norma penal sustantiva aplicada por el tribunal a quo y del cual el recurrente denuncia su aplicación indebida, y aprecia que el precepto penal aplicado por el tribunal de instancia (artículo 332 del Código Penal 144-83) si regula o contiene los hechos que fueron declarados probados y por tanto dicho artículo y hechos declarados probados por el tribunal de instancia se corresponden en forma congruente. El recurrente en la exposición de su recurso establece que de la relación de hechos probados no se identifican los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de asociación ilícita, olvida que mediante este recurso no pueden intentar que dichos hechos probados sean modificados a partir de una revalorización de los medios de prueba, pues alega o aqueja que, las pruebas aportadas en juicio no están en armonía con lo revelado por los cuatro hechos probados; argumento que debió ser expuestos desde la perspectiva de otro recurso por quebrantamiento de forma. Aun y cuando el censor han sostenido que el hecho probado no circuncribe que los imputados pertenezcan a alguna asociación ilícita, menos su permanencia en ella, sin embargo, de la simple lectura del cuadro fáctico refleja que “Durante los años 2012 y 2013 los señores Lázaro Rodríguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, esteban Aguirre Quiroz y Gerson Fermín Aguirre Quiroz, forman parte del grupo denominado "Los Perrones" quienes se dedicaban a realizar acciones reñidas con la ley…” El hecho probado describe con claridad los requisitos de tipicidad, asi como sus elementos escenciales de permanencia a una organización con la finalidad de cometer acciones contrarias a la ley. Resuelve esta Sala de lo Penal que los hechos declarados probados se ajustan de manera perfecta al ámbito situacional del supuesto que describe el tipo penal de Asociación Ilícita, al confrontar los hechos declarados probados en la sentencia ahora impugnada, con la norma penal contenida en el artículo 332 del Código Penal 144-83, se llega a la conclusión de que no existe vicio in iudicando, pues los juzgadores han hecho una elección correcta de la norma penal que gobierna el caso concreto resuelto. Por lo tanto, no procede el motivo de casación invocado. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán ser ordenados por el tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensas de los acusados Lázaro Rodríguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, Esteban Aguirre Quiroz, Gerson Fermín Aguirre Quiroz, Maximiliano Montoya Gutiérrez y Cristian Noé Padilla Padilla que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Lázaro Rodríguez Montoya, Esteban Aguirre Quiroz y Gerson Fermín Aguirre Quiroz, las sanciones por un delito, a saber: i) 13 años con 04 meses de reclusión a Guillermo Mejía Sandoval, ii) 14 años de reclusión por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. iii. En cuanto a la pena principal de multa los juzgadores se llamaron al silencio; más la imposición de penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Se impuso al señor Maximiliano Montoya Gutiérrez la sanción por un delito, a saber: 06 años de reclusión por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. ii. Multa de cincuenta mil lempiras (L50,000.00). Más la imposición de: I. Pena accesoria de inhabilitación absoluta; II. Pena accesoria de interdicción civil; III. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; IV. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario; V. El comiso. Se impuso al señor Cristian Noé Padilla Padilla la medida de seguridad a saber: i) 30 días de Internamiento en un Centro de Desintoxicación del Estado, como autor del delito de Posesión de Drogas Ilícitas para Consumo Personal, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. Ii) Multa de quinientos lempiras (L500.00). Más la imposición de penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo de duración de la condena; y, la responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por los acusados correspondería la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada a los señores Lázaro Rodríguez Montoya, Esteban Aguirre Quiroz, Guillermo Mejía Sandoval y Gerson Fermín Aguirre Quiroz, por el delito de Asociación Ilícita, está prevista en el Artículo 554 del Código Penal 130-2017 como delito de Asociación para delinquir, cuya pena para los simples integrantes es de seis (6) a diez (10) años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días que equivale a un margen abstracto de dos mil lempiras (L 2, 000.00) a dos millones quinientos mil lempiras (L 2, 500,000.00) La pena impuesta a los acusados Lázaro Rodríguez Montoya, Esteban Aguirre Quiroz, Guillermo Mejía Sandoval y Gerson Fermín Aguirre Quiroz, conforme el CP-144-83 es mucho más gravosa que la que contempla el CP 130-2017 para los mismos hechos delictivos, por lo que corresponde la aplicación retroactiva de este último cuerpo normativo por ser más favorable al caso concreto; debiendo los beneficios penitenciarios ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...En relación a la conducta reprochada al acusado Maximiliano Montoya Gutiérrez, está prevista en el Artículo 311 del Código Penal 130-2017 como delito de tráfico de droga por posesión para la facilitación de su consumo ilegal, sancionado con pena de 4 a 7 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L 2,000.00 a L 2,500,000.00, por considerar la marihuana una droga que no causa grave daño a la salud; Lo anterior, permite determinar que en el caso particular del acusado Maximiliano Montoya Gutiérrez, la pena impuesta conforme el CP-144-83 al ser de seis (06) años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras (L50,000.00), se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de cuatro (4) a siete (7) años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días que equivale a un margen abstracto de dos mil lempiras (L 2,000.00) a dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00). Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Finalmente, en relación al señor Cristian Noé Padilla Padilla delito de Posesión de Drogas ilícitas para el Consumo Personal, tipificado en el artículo 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, tal conducta fue despenalizada por el legislador en el Código Penal 130-2017; procede su sobreseimiento definitivo. A partir de lo anterior y al corresponderle la aplicación retroactiva a los condenados Lázaro Rodríguez Montoya, Esteban Aguirre Quiroz, Guillermo Mejía Sandoval y Gerson Fermín Aguirre Quiroz procede individualizar la pena conforme dispone el artículo 70 del CP 130-2017; en los hechos declarados probados, no concurre ninguna circunstancia atenuante ni agravante contempladas en los artículos 31 y 32 del cuerpo legal señalado. Teniendo presente lo antes referido y ante la ausencia de información de las circunstancias personales de los condenados y observando la gravedad del hecho, se fijan las nuevas penas en su límite mínimo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 376-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 376-2018, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a los señores Lázaro Rodríguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, Esteban Aguirre Quiroz y Gerson Fermín Aguirre Quiroz, como autores responsables penalmente de un delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión, Asimismo se le impuso al señor Guillermo Mejía Sandoval una pena de catorce años de reclusión.- SEGUNDO: Condenó al señor Maximiliano Montoya Gutiérrez, como autor del delito de Facilitación del Local para el Tráfico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras a la pena de seis años de reclusión, más una multa de cincuenta mil lempiras. TERCERO: Condenó al señor Cristian Noé Padilla Padilla, como autor del delito de Posesión de Drogas Ilícitas para Consumo Personal, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras a la medida de seguridad de treinta días de Internamiento en un Centro de Desintoxicación del Estado y una multa de quinientos lempiras, que deberá enterar en la Tesorería General de la República, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- CUARTO: Absolvió a los señores Reynaldo Ramón Padilla, Mario Alexis Chavarría, Zenón Gutiérrez Gutiérrez, Santos Gutiérrez Gutiérrez y Marcial Aguirre Oseguera, del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. QUINTO: Absolvió a los señores Guillermo Mejía Sandoval, Marcial Aguirre Oseguera y Maximino Montoya Gutiérrez, del delito de Posesión Ilegal de Arma Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- SEXTO: Absolvió a los señores Cristian Noé Padilla Padilla y Zenón Gutiérrez, del delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- SÉPTIMO: Absolvió al señor Maximiliano Montoya Gutiérrez, del delito de Posesión para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud Interior del Estado de Honduras.- OCTAVO: Absolvió al señor Cristian Noé Padilla, del delito de Posesión para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud Interior del Estado de Honduras.- NOVENO: Condenó a los señores Lázaro Rodríguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, Esteban Aguirre Quiroz, Gerson Fermín Aguirre Quiroz y Maximiliano Montoya Gutiérrez a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- DÉCIMO: Declaró la responsabilidad civil a los condenados.- DÉCIMO PRIMERO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. DÉCIMO SEGUNDO: Declaró El Comiso respecto a las siguientes evidencias: 1.- Una empuñadura de madera, color café, 2.- cuatro tubos de metal. 3.dos mecanismos de percusión artesanal metálicos. 4.- Una arma de fuego tipo. Escopeta de cañón basculante, Marca: Victor, calibre: 16GA, sin serie.5.- Una arma de fabricación casera, estilo: Escopeta, calibre: 410GA, el cual consta de guardamanos y culata de madera, sistema de percusión y cañón metálicos unidos en una sola pieza. 6.Un arma de fuego artesanal o casera estilo, escopeta, calibre: 16GA, la cual consta de guardamanos y culata de madera color azul y sistema de persecución y cañón metálicos unidos. 7.- Un arma de fuego artesanal o casera estilo, escopeta, calibre: 16GA, la cual consta de guardamanos y culata de madera color café y sistema de persecución y cañón metálicos. 8.- Un arma de fuego artesanal o casera estilo, escopeta, calibre: Escopeta corta, calibre 410 GA, la cual consta de guardamanos de madera y sistema de persecución y cañón metálicos unidos en una sola pieza o conjunto. 9.- Un arma de fuego tipo: Revolver, marca: Colt, calibre: .38SPL, serie: 25432. 10.- Un arma de fuego tipo: Revolver, Marca: FY L, modelo: Ranger 102, calibre: .38 SPL, serie# 06974D. 11.- Un arma de fuego tipo: Revolver, marca: Smith & Wesson, modelo: 10-5, calibre: .38 SPL, sin serie. 12.- Un arma de fuego de fabricación artesanal o casera, estilo: Escopeta, calibre: 20GA, la cual consta de guardamanos de madera color café y sistema de percusión y cañón metálico unidos. 13.- Un rollo de papel periódico, que en su interior contiene marihuana. 14.- Una bolsa Plástica de color negro, conteniendo hierba seca marihuana, evidencias que están bajo resguardo del Ministerio Público. De las mismas se ordenó, la destrucción de todas la Armas antes mencionadas, igualmente se ordenó la destrucción de la Droga. La cual deberá correr a cargo del juez de ejecución. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado Karovin Martínez Girón, defensor público de los imputados Lázaro Rodríguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, Esteban Aguirre Quiroz y Gerson Fermín Aguirre Quiroz. Son partes en única instancia: El Abogado Arnaldo Alcides García Alvarado, defensor público, en su condición de recurrente; y la Abogada Paz Yamileth Reyes, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: Durante los años 2012 y 2013, los señores LÁZARO RODRÍGUEZ MONTOYA, GUILLERMO MEJÍA SANDOVAL, ESTEBAN AGUIRRE QUIROZ Y GERSON FERMÍN AGUIRRE QUIROZ, forman parte de un grupo denominado "Los Perrones", quienes se dedicaban a realizar acciones reñidas con la Ley, en las comunidades de Las Lagunas, Los llanitos, El Rodeo, El Buen Pastor, Los Imposibles, todas pertenecientes al Municipio de El Rosario, Departamento de Comayagua, por lo que a raíz de estas acciones, algunas personas interpusieron las denuncias antes las autoridades policiales y de investigación, es así, que ante tales denuncias se formaron varios equipos interpoliciales, solicitando ante el órgano jurisdiccional competente las autorizaciones para allanar las viviendas de los señores LÁZARO RODRÍGUEZ MONTOYA, GUILLERMO MEJÍA SANDOVAL, ESTEBAN AGUIRRE QUIROZ Y GERSON FERMÍN AGUIRRE QUIROZ, ubicadas en la aldea Las Lagunas y El Buen Pastor respectivamente, por lo que en fecha 8 de diciembre del año dos mil trece, agentes de la policía militar del orden público y de otras dependencias policiales, procedieron a realizar los allanamientos en las viviendas referidas, resultando con la detención de los señores LÁZARO RODRÍGUEZ MONTOYA, GUILLERMO MEJÍA SANDOVAL, ESTEBAN AGUIRRE QUIROZ Y GERZON FERMÍN AGUIRRE QUIROZ, así como también, se encontró en los predios de la vivienda del señor Mejía Sandoval un arma de fabricación casera en perfecto estado de funcionamiento, la cual fue lanzada por esté desde el interior de la vivienda, por la ventana, hasta el lugar donde fue encontrada por los agentes policiales. SEGUNDO: Ese mismo día el señor MAXIMILIANO MONTOYA GUTIERREZ tenía en el interior de su casa de habitación ubicada en aldea Las Lagunas, un arma de fuego de Fabricación Casera la cual se encontraba en buen estado de funcionamiento, así como también mantenía bajo una mesa dispuesta en una caja la cantidad de 450,0 gramos de marihuana, los cual fue encontrada por los agentes policiales en el marco de un allanamiento realizado en su casa de habitación, resultando además, la detención del señor Montoya Gutiérrez. De igual manera en el mismo lugar y fecha, el señor MARCIAL RODRÍGUEZ OSEGUERA, tenía en su casa de habitación ubicada en la Aldea la Laguna, el Rosario Comayagua, un arma de fabricación casera, la cual se encontraba en perfecto estado de funcionamiento, lo que conllevo a su detención. TERCERO: En la misma fecha en la aldea Las Lagunas, en la vivienda del señor ZENON GUTIERREZ, en el marco de una diligencia policial fue encontrada en el interior de la misma, una arma de fuego marca ranger, calibre 38, tipo revolver, serie 06974-D, la cual estaba en perfecto estado de funcionamiento, sin tener la autorización expedida por la autoridad correspondiente para tenerla a su disposición. CUARTO: Ese mismo día el señor CRISTIAN NOÉ PADILLA, se encontraba en la aldea El Rodeo y tenía a su disposición una arma de fuego tipo revolver, marca colt, 38 especial, Serie 25432, la cual estaba en buen estado de funcionamiento, y sin tener la autorización expedida por la autoridad competente para tenerla a su disposición, además, de llevar consigo en la bolsa del pantalón la cantidad de 32.7 gramos de marihuana, la cual era para su consumo personal.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Karovin Martínez Girón, actuando en su condición de defensor público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: Infracción por aplicación indebida del precepto Contenido en los artículos 332 vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero Del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Por una parte la norma sustantiva infringida es el artículo 332 del Código Penal que establece: 332 "ASOCIACION ILICITA. "Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de CIEN MIL (L.100,000,00) a TRECIENTOS MIL (L.300.00.00) Lempiras a los Integrantes o personas vinculadas a los grupos estructurados de dos (2) o mas personas, que se asocien o actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido en la Constitución de la República y el Código Penal. La misma pena establecida en el párrafo anterior aumentada en dos tercios (2/3) se impondrá a los jefes o cabecillas de los grupos descritos en dicho párrafo. Se considera Jefe o Cabecilla aquellos que sean reconocidos o identificados como tales, cuyas decisiones influyan en la planificación y acciones del grupo………..” Artículo que ha sido aplicado incorrectamente por el Tribunal de Sentencias al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece este artículo. PRIMERO: EL Tribunal en referencia declaro como probados los siguientes hechos: “PRIMERO: Durante los años 2012 y 2013 los señores Lázaro Rodríguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, esteban Aguirre Quiroz y Gerson Fermín Aguirre Quiroz, forman parte del grupo denominado "Los Perrones" quienes se dedicaban a realizar acciones reñidas con la ley, en las comunidades de Las Lagunas, los Llanitos. El Rodeo, El Buen Pastor, Los Imposibles, todas pertenecientes al Municipio de El Rosario, departamento de Comayagua, por lo que a raíz de estas acciones algunas personas interpusieron las denuncias ante las autoridades policiales y de investigación, es así que ante tales denuncias se formaron varios equipos interpoliciales, solicitando ante el órgano jurisdiccional competente las autorizaciones para allanar las viviendas de los señores LAZARO RODRIGUEZ MONTOYA, GUILLERMO MEJIA SANDOVAL, ESTEBAN AGUIRRE QUIROZ Y GERSON FERMIN AGUIRRE QUIROZ, ubicadas en la aldea Las Lagunas y El Buen Pastor respectivamente, por lo que en fecha 8 de diciembre del año dos mil trece, agentes de la policía militar del orden público y otras dependencias policiales, procedieron a realizar los allanamientos en las viviendas referidas, resultando con la detención de los señores LAZARO RODRIGUEZ MONTOYA, GUILLERMO MEJIA SANDOVAL, ESTEBAN AGUIRRE QUIROZ Y GERSON FERMIN AGUIRRE QUIROZ, así como también se encontró en los predios de la vivienda del señor Mejía Sandoval, un arma de fabricación casera en perfecto estado de funcionamiento, la cual fue lanzada por este desde el interior de la vivienda, por la ventana, hasta el lugar donde fue encontrada por los agentes policiales. SEGUNDO: Ese mismo día el señor MAXIMILIANO MONTOYA GUTIERREZ tenía en el interior de su casa de habitación ubicada en la aldea Las Lagunas un arma de fuego de Fabricación casera la cual se encontraba en buen estado de funcionamiento, así como también mantenía bajo una mesa dispuesta en una caja la cantidad de 450.0 gramos de marihuana, la cual fue encontrada por los agentes policiales en el marco de un allanamiento realizado en su casa de habitación, resultando además la detención del señor Montoya Gutiérrez. De igual manera en el mismo lugar y fecha el señor MARCIAL RODRIGUEZ OSEGUERA, tenia en su casa de habitación ubicada en la aldea La Laguna el Rosario Comayagua, un arma de fabricación casera, la cual se encontraba en perfecto estado de funcionamiento, lo que conllevo a su detención. TERCERO: En la misma fecha en la aldea Las Lagunas en la vivienda del señor ZENON GUTIERREZ, en el marco de una diligencia policial fue encontrada en el interior de la misma, un arma de fuego marca ranger, calibre 38, tipo revolver, serie 06974-D la cual estaba en perfecto estado de funcionamiento, sin tener la autorización expedida por la autoridad correspondiente para tenerla a su disposición. CUARTO: Ese mismo día el señor CRISTIAN NOE PADILLA se encontraba en la Aldea El Rodeo y tenía a su disposición una arma de fuego tipo revolver, marca Colt 38 especial, serie 25432, la cual estaba en buen estado de funcionamiento y sin tener la autorización expedida por la autoridad competente para tenerla a su disposición, además de llevar consigo en la bolsa del pantalón la cantidad de 327 gramos de marihuana, la cual era para su consumo personal. SEGUNDO: Al analizar el contenido de los cuatro hechos probados se observa que el Tribunal Sentenciador no analizó los elementos requeridos para establecer si se configuraba o no el tipo penal acusado cual es el de Asociación Ilícita. Como se puede apreciar del conjunto del relato fáctico que constituye para los efectos de casación verdades indiscutibles, por lo que por una parte se desprende que en la ejecución del delito de Asociación Ilícita hemos de decir que confrontados los hechos declarados probados específicamente párrafo primero con la prueba aportada por el ente acusador como lo es el Ministerio Público, esta defensa considera que los mismos no resultan adecuados a lo que dispone el artículo 332 del Código Penal vigente, que reprime a toda persona asociada ilícitamente de manera permanente para delinquir, quedando la conducta de imputados LAZARO RODRIGUEZ MONTOYA, GUILLERMO MEJIA SANDOVAL, ESTEBAN AGUIRRE QUIROZ Y GERSON FERMIN AGUIRRE fuera del contexto de la norma penal citada (artículo 332 del Código Penal).- Por lo que no basta con la simple declaración de testigos protegidos que resultaron ser de referencia (de oídas), en vista que no se presentó ninguna persona ofendida como medio de prueba al juicio oral y público para establecer realmente que se habían cometido tales ilícitos penales, o un medio de prueba de una investigación profunda de que dichos imputados fueran cabecillas o miembros activos de dicha organización delictiva, o como se dijo que el segundo al mando de la misma era el señor Lázaro Montoya, es decir que en todo el proceso no se probó fehacientemente ninguna actividad delictiva, por lo que era necesario que fuera producto de una vigilancia y observación continua debidamente documentada, ya sea con fotografías, o cintas de video por parte de la policía, pero lo cierto es que en el caso de marras los agentes se hacen presente al lugar del hecho practicando allanamientos, y no desprendiéndose del juicio oral por prueba aportadas que se debiera a una vigilancia u observación continua documentada. TERCERO: Es así que la acción típica de la conducta prohibida por la ley requiere que se pertenezca a una mara, pandilla o a cualquier grupo ilícito, ya sea en calidad de jefe, cabecilla o simple miembro, grupos que en definitiva son los considerados como asociaciones ilícitas por la norma penal. Para pertenecer a uno de estos grupos, se supone que existe un concierto de voluntades de varias personas con fines delictivos, en los que participan según en la condición en que se pertenezca al grupo (jefes, cabecillas o simples miembros), los hechos declarados probados en la sentencia de mérito no constituyen el ilícito penal que pretendía el Ministerio Público al acusar, por cuanto no se cumplen los elementos objetivo y subjetivo que se requiere para la existencia de este delito como lo señalamos a continuación: Elemento o Tipo objetivo del delito de Asociación Ilícita requiere en primer lugar que las personas se hallen materialmente integradas a un grupo u organización dedicada a delinquir y en segundo lugar que la integración de estas personas a los aludidos grupos tenga persistencia en el tiempo, es decir que no se haya interrumpido su permanencia a causa de un desistimiento voluntario y definitivo del sujeto activo, en algún momento previo a su captura, reiteramos que la asociación debe de ser duradera, no puede ser una organización fugaz que tenga como único objetivo cometer un hecho punible aislado sino que se requiere un constante concierto para la práctica de actividades delictivas. El elemento subjetivo del tipo penal en cuestión lo constituye la persistencia de ánimo de mantenerse asociado para delinquir.- Este elemento está constituido por el dolo, que necesariamente debe reflejar el conocimiento que tienen los sujetos que forman parte del grupo o pandilla que estos grupos cometen lícitos penales sin embargo tienen el firme propósito de pertenecer a dichos grupos y delinquir dentro de los mismos. Analizada la sentencia de mérito, y con lo antes manifestado concluimos diciendo, que en la misma, en cuanto a que los acusados sean miembros de una asociación lícita no se logró enervar el estado de inocencia de los mismos, pues únicamente existe haberse demostrado que se cometieron hechos aislados o hechos concretos en particular, por lo que no se produce la Nena convicción de que los acusados efectivamente sean miembros de un grupo asociado lícitamente. Examinado lo anterior, siendo que la normativa penal establece claramente que solamente son responsables quienes actúan como autores o cómplices, a título de dolo o culpa y no habiéndose probado ni la configuración del tipo penal acusado ni la participación culpable de los acusados como autores de los hechos que les fuera atribuido, no puede declararse la culpabilidad de los mismos por lo antes manifestado, debiéndose para tal efecto declarar la libre absolución de los imputados por este delito tal y como lo recomienda el artículo 339 del Código Procesal Penal. CUARTO: Recordemos que el factum del fallo está orientado a subsumir la acción imputada en el tipo penal contenido en el artículo 332 del Código Penal vigente como acción consumada, de tal manera que la calificación del hecho debe de estar en armonía con la parte resolutiva del fallo y siendo que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son inobjetables, en ese sentido el fallo no se circunscribe como verdad que los imputados pertenezcan a alguna asociación lícita y su permanencia a ella en forma indefinida y en este caso se produce una incongruencia entre el los cuatro hechos estimados y declarados probados con el delito del cual se les acusa es decir al delito de Asociación Ilícita. De lo anterior se desprende que la conducta narrada en los cuatro hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencias no son constitutivos de una “ASOCIACION ILICITA” como erróneamente fue calificado por el Tribunal Sentenciador, por lo que la resolución del Tribunal Sentenciador de condenar a los imputados por el delito apuntado obedece a un acto deliberado de aplicar en forma indebida el artículo 332 del Código Penal, por lo tanto la defensa estima que las pruebas aportadas en juicio no están en armonía con lo que revela los cuatro hechos probados, en consecuencia con fundamento en esas consideraciones la defensa pretende que se anule la sentencia condenatoria del A-quo por las razones señaladas y que se absuelva a los imputados LAZARO RODRIGUEZ MONTOYA, GUILLERMO MEJIA SANDOVAL, ESTEBAN AGUIRRE QUIROZ Y GERSON FERMIN AGUIRRE declarando con lugar el recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto a favor de los imputados.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa pública de los imputados Lázaro Rodríguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, Esteban Aguirre Quiroz y Gerson Fermín Aguirre Quiroz. Único motivo. Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 332 del Código Penal 144-83. Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del artículo que contienen el tipo penal de Asociación Ilícita; Pretensión: Declarar ha lugar el recurso y se absuelva a sus representados. Aqueja el censor, que al analizar el contenido de los cuatro hechos probados, observó que el tribunal sentenciador, no analizó los elementos requeridos para establecer si se configuraba o no, el tipo penal de asociación ilícita. Continuó en su desarrollo recursivo el recurrente, que siendo confrontados los hechos probados con la prueba aportada por el ente acusador, consideró que los mismos no resultan adecuados a lo que dispone el artículo 332 del Código Penal, que reprime a toda persona asociada ilícitamente de manera permanente para delinquir, quedando la conducta de los imputados Lazaro Rodriguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, Esteban Aguirre Quiroz y Gerson Fermín Aguirre, fuera del contexto de la norma penal citada (artículo 332 del Código Penal). Según el censor, no basta con la simple declaración de los testigos protegidos, que resultaron ser de referencia (de oídas), en vista de que no se presentó ninguna persona ofendida como medio de prueba al juicio oral y público, para establecer realmente si se habían cometido tales ilícitos penales, o un medio de prueba de una investigación profunda de que dichos imputados fueran cabecillas o miembros activos de dicha organización delictiva, al mando el señor Lázaro Montoya, es decir, que en todo el proceso no se probó fehacientemente ninguna actividad delictiva, por lo que era necesario que fuera producto de una vigilancia y observación continua debidamente documentada, ya sea con fotografías, o cintas de video por parte de la policía. Concluye el recurrente, que las pruebas aportadas en juicio no están en armonía con lo revelado por los cuatro hechos probados. De la procedencia del recurso. El Recurso no es de recibo. Debe tener presente el recurrente, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba; se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las normas que deban aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Tomando en cuenta lo anterior, la Sala de lo Penal ha realizado un análisis de juricidad del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, confrontándolo con la norma penal sustantiva aplicada por el tribunal a quo y del cual el recurrente denuncia su aplicación indebida, y aprecia que el precepto penal aplicado por el tribunal de instancia (artículo 332 del Código Penal 144-83) si regula o contiene los hechos que fueron declarados probados y por tanto dicho artículo y hechos declarados probados por el tribunal de instancia se corresponden en forma congruente. El recurrente en la exposición de su recurso establece que de la relación de hechos probados no se identifican los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de asociación ilícita, olvida que mediante este recurso no pueden intentar que dichos hechos probados sean modificados a partir de una revalorización de los medios de prueba, pues alega o aqueja que, las pruebas aportadas en juicio no están en armonía con lo revelado por los cuatro hechos probados; argumento que debió ser expuestos desde la perspectiva de otro recurso por quebrantamiento de forma. Aun y cuando el censor han sostenido que el hecho probado no circuncribe que los imputados pertenezcan a alguna asociación ilícita, menos su permanencia en ella, sin embargo, de la simple lectura del cuadro fáctico refleja que “Durante los años 2012 y 2013 los señores Lázaro Rodríguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, esteban Aguirre Quiroz y Gerson Fermín Aguirre Quiroz, forman parte del grupo denominado "Los Perrones" quienes se dedicaban a realizar acciones reñidas con la ley…” El hecho probado describe con claridad los requisitos de tipicidad, asi como sus elementos escenciales de permanencia a una organización con la finalidad de cometer acciones contrarias a la ley. Resuelve esta Sala de lo Penal que los hechos declarados probados se ajustan de manera perfecta al ámbito situacional del supuesto que describe el tipo penal de Asociación Ilícita, al confrontar los hechos declarados probados en la sentencia ahora impugnada, con la norma penal contenida en el artículo 332 del Código Penal 144-83, se llega a la conclusión de que no existe vicio in iudicando, pues los juzgadores han hecho una elección correcta de la norma penal que gobierna el caso concreto resuelto. Por lo tanto, no procede el motivo de casación invocado. Decisión: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán ser ordenados por el tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensas de los acusados Lázaro Rodríguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, Esteban Aguirre Quiroz, Gerson Fermín Aguirre Quiroz, Maximiliano Montoya Gutiérrez y Cristian Noé Padilla Padilla que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Lázaro Rodríguez Montoya, Esteban Aguirre Quiroz y Gerson Fermín Aguirre Quiroz, las sanciones por un delito, a saber: i) 13 años con 04 meses de reclusión a Guillermo Mejía Sandoval, ii) 14 años de reclusión por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. iii. En cuanto a la pena principal de multa los juzgadores se llamaron al silencio; más la imposición de penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Se impuso al señor Maximiliano Montoya Gutiérrez la sanción por un delito, a saber: 06 años de reclusión por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. ii. Multa de cincuenta mil lempiras (L50,000.00). Más la imposición de: I. Pena accesoria de inhabilitación absoluta; II. Pena accesoria de interdicción civil; III. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; IV. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario; V. El comiso. Se impuso al señor Cristian Noé Padilla Padilla la medida de seguridad a saber: i) 30 días de Internamiento en un Centro de Desintoxicación del Estado, como autor del delito de Posesión de Drogas Ilícitas para Consumo Personal, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. Ii) Multa de quinientos lempiras (L500.00). Más la imposición de penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo de duración de la condena; y, la responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por los acusados correspondería la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada a los señores Lázaro Rodríguez Montoya, Esteban Aguirre Quiroz, Guillermo Mejía Sandoval y Gerson Fermín Aguirre Quiroz, por el delito de Asociación Ilícita, está prevista en el Artículo 554 del Código Penal 130-2017 como delito de Asociación para delinquir, cuya pena para los simples integrantes es de seis (6) a diez (10) años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días que equivale a un margen abstracto de dos mil lempiras (L 2, 000.00) a dos millones quinientos mil lempiras (L 2, 500,000.00) La pena impuesta a los acusados Lázaro Rodríguez Montoya, Esteban Aguirre Quiroz, Guillermo Mejía Sandoval y Gerson Fermín Aguirre Quiroz, conforme el CP-144-83 es mucho más gravosa que la que contempla el CP 130-2017 para los mismos hechos delictivos, por lo que corresponde la aplicación retroactiva de este último cuerpo normativo por ser más favorable al caso concreto; debiendo los beneficios penitenciarios ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017. En relación a la conducta reprochada al acusado Maximiliano Montoya Gutiérrez, está prevista en el Artículo 311 del Código Penal 130-2017 como delito de tráfico de droga por posesión para la facilitación de su consumo ilegal, sancionado con pena de 4 a 7 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L 2,000.00 a L 2,500,000.00, por considerar la marihuana una droga que no causa grave daño a la salud; Lo anterior, permite determinar que en el caso particular del acusado Maximiliano Montoya Gutiérrez, la pena impuesta conforme el CP-144-83 al ser de seis (06) años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras (L50,000.00), se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de cuatro (4) a siete (7) años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días que equivale a un margen abstracto de dos mil lempiras (L 2,000.00) a dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00). Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Finalmente, en relación al señor Cristian Noé Padilla Padilla delito de Posesión de Drogas ilícitas para el Consumo Personal, tipificado en el artículo 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, tal conducta fue despenalizada por el legislador en el Código Penal 130-2017; procede su sobreseimiento definitivo. A partir de lo anterior y al corresponderle la aplicación retroactiva a los condenados Lázaro Rodríguez Montoya, Esteban Aguirre Quiroz, Guillermo Mejía Sandoval y Gerson Fermín Aguirre Quiroz procede individualizar la pena conforme dispone el artículo 70 del CP 130-2017; en los hechos declarados probados, no concurre ninguna circunstancia atenuante ni agravante contempladas en los artículos 31 y 32 del cuerpo legal señalado. Teniendo presente lo antes referido y ante la ausencia de información de las circunstancias personales de los condenados y observando la gravedad del hecho, se fijan las nuevas penas en su límite mínimo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; interpuesto por el Abogado Karovin Martínez Girón, defensor público de los imputados Lázaro Rodríguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, Esteban Aguirre Quiroz y Gerson Fermín Aguirre Quiroz. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a los ahora condenados Lázaro Rodríguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, Esteban Aguirre Quiroz, Gerson Fermín Aguirre Quiroz y del señor Cristian Noé Padilla Padilla; en consecuencia, y en relación a ellos, se reforma parcialmente la parte resolutiva de la sentencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en los siguientes términos: 1) Que debemos condenar y condenamos a los acusados Lázaro Rodríguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, Esteban Aguirre Quiroz y Gerson Fermín Aguirre Quiroz de generales conocidas en el acumulado judicial, como autores penalmente responsable de un delito de Asociación para Delinquir en perjuicio del Ejercicio de Derechos Fundamentales, a cumplir la pena principal de Seis años de Prisión; asimismo, multa de cien días, con un valor de L 20.00, ascendiendo la pena a L 2,000.00. 2) El cumplimiento de las penas principales deberá ajustarse a las siguientes reglas: a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que los reos Lázaro Rodríguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, Esteban Aguirre Quiroz y Gerson Fermín Aguirre Quiroz, hayan estado privados totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; c.- El lugar de cumplimiento de las penas de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. 3) Se condena a los señores Lázaro Rodríguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, Esteban Aguirre Quiroz y Gerson Fermín Aguirre Quiroz a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. Así como también a trabajar por el tiempo de la condena de prisión en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, en donde se encuentren internados, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos. 4) Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara a los reos Lázaro Rodríguez Montoya, Guillermo Mejía Sandoval, Esteban Aguirre Quiroz y Gerson Fermín Aguirre Quiroz civilmente responsables por las consecuencias resultantes del delito consumado; responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente. 5) Que debemos sobreseer y sobreseemos definitivamente al señor Cristian Noé Padilla Padilla, de generales conocidas en el acumulado judicial, por ser considerado autor penalmente responsable del delito de Posesión de Drogas Para el Consumo, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Maximiliano Montoya Gutiérrez. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Cuarto: Ante lo dispuesto en apartado anterior, Declara Firme y Ejecutable los pronunciamientos segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo primero y décimo segundo de la parte resolutiva de la sentencia. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha dos de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 376-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

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