Sentencia CP-374-18 — Registro 14229
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por los delitos de Asesinato seguido de Robo Agravado Continuado, Posesión Ilegal de Arma Comercial y Asociación Ilícita, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Para efecto de elaborar una exposición sistemática de la relevancia jurídico-penal de la acción realizada por el señor Miguel Ángel Ramírez Herrera, es necesario abordar el contenido del artículo 332-B del Código Penal 144-83, el cual establece que: “quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.” Asimismo, mediante el decreto legislativo 184-2013, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 5 de octubre del 2013, prorrogado en su vigencia por un período de 6 meses mediante el decreto legislativo 63-2014, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 6 de noviembre del 2014 contados a partir de su fecha de vencimiento, es decir, con una temporalidad que abarca hasta el 5 de abril del 2015; el legislador estableció un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego uso comercial la pueda legalizar aunque no posea factura de venta de La Armería, con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura. Los hechos probados de la sentencia establecen que en fecha 07 de febrero del año 2014, se realizó allanamiento en la colonia Suazo Córdova, frente a la escuela Jaime, ubicada en El Progreso, departamento de Yoro; encontrándosele a Héctor Orlando Cruz Ríos un arma de fuego marca Taurus, serie KOH16999, calibre 380, de la cual no tenia autorización para tenerla. Si bien es cierto, para esa fecha se encontraba en vigencia el decreto legislativo 184-2013, tampoco es menos cierto, que la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus prórrogas, es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, acudan a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial durante el período de vigencia del decreto 184-2013 y su prórroga, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona en posesión de un arma de fuego comercial, sin autorización durante el tiempo de la veda tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no para su simple posesión, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende del fáctum de la sentencia, que al acusado Héctor Orlando Cruz Ríos se le realiza un allanamiento en su vivienda, ubicada en la colonia Suazo Córdova, frente a la escuela Jaime, de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, a razón de que el día sábado 01 de febrero de 2014 participó en un hecho violento, en el cual disparó en reiteradas ocasiones al señor Jonathan Perdomo Benítez, procediendo a tomar dinero de la financiera; circunstancia a partir de la cual se colige objetivamente que la intencionalidad del acusado no es precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su registro. Por lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332-B del Código Penal, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. No cabe duda entonces de que el acusado es responsable penalmente de un delito de posesión ilegal de arma de fuego de uso comercial, pues le fue decomisada al realizarse el allanamiento de un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus serie KOH16999, calibre 380, sin contar con el permiso de la autoridad competente; tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Elvin José Duarte Núñez; en consecuencia, y en relación a él, se reforma parcialmente la parte resolutiva de la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en los siguientes términos: 1) Que debemos condenar y condenamos al acusado Elvin José Duarte Núñez de generales conocidas en el acumulado judicial, como autor penalmente responsable de un delito de Posesión Ilegal de Insignias Exclusivas de los Cuerpos de Seguridad en perjuicio de La Fe Pública, a cumplir la pena principal de Dos años de Prisión. 2) Que debemos condenar y condenamos al acusado Elvin José Duarte Núñez de generales conocidas en el acumulado judicial, como autor penalmente responsable de un delito de Encubrimiento en perjuicio de La Administración de Justicia, a cumplir la pena principal de Dos meses de Prisión. 3) El cumplimiento de las penas principales deberá ajustarse a las siguientes reglas: a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir del tiempo en que el reo Elvin José Duarte Núñez, haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; c.- El lugar de cumplimiento de las penas de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. 4) Se condena al señor Elvin José Duarte Núñez a las penas accesorias de inhabilitación especial y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. Así como también a trabajar por el tiempo de la condena de prisión en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, en donde se encuentren internados, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 374-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 374-2018, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Héctor Orlando Cruz Ríos, como coautor penalmente responsable del delito de Asesinato seguido de Robo Agravado Continuado, en perjuicio del señor Jonathan Perdomo Benítez, Compañía de Seguridad PROTEH y Compañía Financiera COFISA, a la pena de cincuenta años de reclusión, absolviéndole del cargo imputado en perjuicio de la señora Sarahi Villanueva. De igual manera se condenó por el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial a la pena de cuatro años de reclusión y por el delito de Asociación Ilícita en su condición de miembro, a la pena de veinte (20) años de reclusión, ambos delitos en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, que en concurso real con las otras penas anteriores, suman setenta y cuatro (74) años de reclusión, pena a la que se le ha de descontar el tiempo que dicho acusado haya estado privado de su libertad. Asimismo, se le absolvió por el delito de Asociación Ilícita en condición de líder en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Se le condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. SEGUNDO: Condenó al señor Milton Noel Flores Ortiz, como coautor penalmente responsable del delito de Asesinato Seguido de Robo Agravado Continuado, en perjuicio del señor Jonathan Perdomo Benítez, Compañía de Seguridad PROTEH y Compañía Financiera COFISA, a la pena de cuarenta y cinco años de reclusión, absolviéndolo del cargo imputado en perjuicio de la señora Sarahi Villanueva. De igual manera se condenó por el delito de Asociación Ilícita en su condición de miembro, a la pena de veinte años de reclusión, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, penas a las que se le ha de descontar el tiempo que dicho acusado haya estado privado de su libertad, en concurso real con la pena anterior, sumando una pena de sesenta y cinco (65) años de reclusión. Se les condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: Condenó al señor Carlos Alexander Matute Núñez, por el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres años de reclusión, pena que se le ha de descontar el tiempo que dicho acusado haya estado privado de su libertad, se le condenó a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Se le concedió la Suspensión Condicional de la Ejecución Penal por este delito.- CUARTO: Condenó al señor Elvin José Duarte, por el delito de Tenencia de Insignia Policial, en perjuicio de La Fe Pública a la pena de siete años de reclusión. De igual manera, se le condenó por el delito de Encubrimiento en perjuicio de La Administración Pública a la pena de cuatro de reclusión, pena que en concurso real con la anterior se le ha de descontar el tiempo que dicho acusado haya estado privado de su libertad.- Ambas penas bajo cumplimiento del concurso real y que sumados constituyen once (11) años de reclusión. Se le absolvió por el delito de Alteración de Series de Vehículo, en perjuicio de La Propiedad y La Fe Pública por el que fue acusado. Se les condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. QUINTO: Absolvió al señor Esdras Joel Bardales Chapas, por el delito de Asesinato seguido de Robo Agravado Continuado, en perjuicio del señor Jonathan Perdomo Benítez, Empresa de Seguridad PROTEH, Compañía Financiera COFISA y la señora Sarahi Villanueva. Se le absolvió del delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEXTO: Declaró la responsabilidad Civil de los señores Héctor Orlando Cruz Ríos, Milton Noel Flores Ortíz, Carlos Alexander Matute y Elvin José Duarte. SÉPTIMO: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a los señores Héctor Orlando Cruz Ríos, Milton Noel Flores Ortíz, Carlos Alexander Matute y Elvin José Duarte ni al Ministerio Público. OCTAVO: Dispuso de las piezas de convicción de la siguiente manera:1.- Un arma de fuego tipo pistola marca Taurus, modelo PT58SS, calibre .380 Auto serie KOH16699 con su cargador la cual no se encuentra registrada y siendo efecto de un delito conocido en el presente caso es procedente decretar su comiso. 2.- Un arma de fuego tipo pistola, marca Raven, modelo P-25, calibre 25 Auto, serie 146149, la cual se encuentra en mal estado y no se encuentra registrada sin embargo, no resultó vinculada al presente caso, y por lo tanto, este tribunal considera que lo mas adecuado es que se proceda a su destrucción ya que la misma no puede ser objeto de comparación con ninguna evidencia y por tanto no resulta útil dicha arma ni en éste ni en ningún otro caso.- Un arma de fuego tipo revólver, marca FyL modelo 102 Ranger, calibre .38 SPL, serie 09265G, obtenida de una diligencia en la que no aparece vinculada al presente proceso, siendo propiedad de una Empresa de Seguridad, por lo que es procedente que la misma sea devuelta al Ministerio Público para que continúe con la investigación contra otras personas que resulten sospechosas. 4.- Un arma de fuego tipo pistola, marca Smith y Wesson, modelo SW 380, calibre .380 Auto, serie RAF6463, con su cargador, misma que no apareció vinculada con este caso, pero que igualmente, al no estar registrada, es procedente que la misma sea devuelta al Ministerio Público para que proceda con las investigaciones correspondientes en torno a dicha arma de fuego. 5.- Un arma de fuego tipo revólver, marca Taurus, modelo 85 calibre .38 SPL, serie TD28082, la cual no se encuentra registrada y siendo efecto de un delito conocido en el presente caso es procedente decretar su comiso. Respecto a los celulares y sus accesorios tales como chips, porta chips, baterías, memorias usadas para celular, así como las computadoras, que si bien fueron puestas como evidencias, las mismas no resultaron de utilidad al proceso, ni fueron objetos o efectos provenientes o relacionados con delitos, por lo que los mismos deberán ser devueltos a los que resulten su propietario. En relación a la memoria USB color roja dentro de la cual se encontraron varias imágenes con las que el Ministerio Público pretendió vincular a uno de los acusados, es procedente que la misma sea devuelta al Ministerio Público para proseguir con las investigaciones orientadas a la determinación de alguna responsabilidad penal relacionado con lo ahí contenido. En cuanto al par de zapatos marca Axion, con los cuales se vinculó al acusado Héctor Orlando Cruz Ríos en el presente caso, los mismos es procedente ordenar su destrucción ya que no serán más de utilidad una vez firme este fallo. Finalmente, en relación a un vehículo tipo taxi, una motocicleta marca Italika y otra motocicleta marca Bajaj, no procede pronunciarse este tribunal debido a que, si bien fueron propuestas como evidencias, las mismas nunca fueron evacuadas ni puestas a disposición del tribunal y el Ministerio Público estableció que quedaría en el Ministerio Público para su preservación y custodia cuya ubicación quedaría acreditada con las pericias acreditativas. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado Karovin Martínez Girón, defensor público del imputado Héctor Orlando Cruz Ríos. Son partes en única instancia: El Abogado Karovin Martínez Girón, defensor público, en su condición de recurrente; y el Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: El día sábado primero (01) de febrero de 2014, siendo las diez y cuarenta de la mañana 10:40 am) en la Colonia Los Profesionales, el señor Jonathan Perdomo Benítez se encontraba en el interior de las instalaciones de COFISA del Municipio de Choloma, fungiendo como guardia de seguridad asignado a la puerta de entrada de dichas oficinas, cuando en ese momento llegaron cuatro personas, dos de ellos conduciendo cada uno una motocicleta. El pasajero de una de tales motocicletas resultó ser Milton Noel Flores Ortiz y otro individuo que llegó a pie hasta dichas oficinas, quien resultó ser Héctor Orlando Cruz, llevando colgando en su persona un pequeño maletín de color oscuro. Este último al entrar a dichas instalaciones fue recibido por el guardia de seguridad y ante la posibilidad de ser registrado, el señor Héctor sacó de inmediato un arma de fuego con el cual disparó en reiteradas ocasiones contra dicho guardia de seguridad de nombre Jonathan Perdomo Benítez, quien cayó herido en el suelo en el interior de las mencionadas oficinas, luego conminó a la personas que se encontraban en el interior, recuperó el maletín que había quedado sujeto en el cuerpo de Jonathan Perdomo Benítez y procedió a tomar dinero de la financiera. En tanto eso sucedía, el señor Milton Noel Flores Ortiz, ingresó igualmente a las instalaciones de Cofisa, y encontrándose en el suelo el señor Jonathan Perdomo Benítez, disparó igualmente contra la humanidad de este, y le quitó el arma de fuego que el señor Jonathan Portaba en su cintura asignada a su persona en virtud de sus funciones y que era un revolver marca Doberman Extra, calibre 22, serie 232 y propiedad de empresa de seguridad Proteh S de RL. Acto seguido, Milton Noel Flores Ortiz se unió a Héctor en la acción que éste ejecutaba en el interior. Posteriormente, uno de los conductores de una de las motos quedó afuera, frente a la entrada de la financiera, esperando a bordo de la motocicleta en tanto que el segundo conductor ingresó a las instalaciones, portando sobre su cabeza un casco protector, uniéndose a la acción ejecutada por Héctor y Milton, conminando los presentes de la financiera, y saliendo después los tres del lugar por la puerta principal, llevándose consigo la cantidad de 69,762.01 Lempiras, propiedad de la financiera y el arma asignada al guardia de seguridad antes mencionado; tomando el que portaba el casco, su posición de conductor de una de las motocicletas, en tanto que Milton y Héctor tomaron su posición como pasajeros en ambas motocicletas y yéndose todos del lugar con rumbo desconocido. SEGUNDO: Habiendo obtenido la policía noticia de lo acontecido, se pusieron en marcha diligencias investigativas hasta que a través de un informante, se recibió noticia de los lugares donde Héctor y Milton Noel Flores Ortiz solían encontrarse, así como también referencia de otras tres personas de nombre Carlos Alexander Matute, Esdras Joel Bardales y Elvin José Duarte, llevándose a cabo varios allanamientos. Es así como el día siete de febrero del mismo año dos mil catorce, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Colonia Buenos Aires, del Municipio de El Progreso, departamento de Yoro, donde se encontraba Elvin José Duarte, donde se le encontró una chapa policial de a DNIC color amarillo sin número de identificación. Asimismo, se realizó allanamiento en una vivienda número 224 ubicada en la 7 calle 3 avenida colonia Bendeck de El Progreso Yoro, donde se encontró a Carlos Alexander Matute, a quien se le encontró un arma de fuego tipo pistola marca Taurus calibre.38 serie TD28082, sin tener autorización legal para tenerla. Se realizó también allanamiento en la colonia Suazo Córdova frente a la escuela Jaime, de El Progreso, Yoro, lugar donde se le encontró a Héctor Orlando Cruz Ríos un arma de fuego marca Taurus serie KOH16999 calibre 380, de la cual no tenía autorización para tenerla. Se realizó además allanamiento en otras dos viviendas, en una de las cuales encontraron dos armas de fuego, una color gris, empuñadura de madera color café serie 146149 y otra pistola gris con negro de empuñadura de plástico con serie RAF6463, que tampoco estaban registradas. TERCERO: El señor Héctor Orlando Cruz y Milton Noel Flores Ortiz, conforman ambos, parte de un grupo de personas que se han dedicado a realizar actos reñidos con la ley.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Karovin Martínez Girón, actuando en su condición de defensor público del imputado Héctor Orlando Cruz Ríos, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNICO: Infracción por violación o falta de aplicación del artículo 2 contenido en el Decreto N. 184-2013 de fecha 1 de septiembre del año 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 5 de Octubre del año 2013, artículo 1 de la prorroga decreto N.63-2014, publicado el seis (6) de Noviembre del año 2014, y de la prorroga artículo 1 del Decreto N. 60-2015, publicado el 8 de septiembre del 2015. Contentivo en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y otros similares en relación con el Articulo 96 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Precepto penal sustantivo que se invoca como infringido por violación o falta de aplicación prescriben lo siguiente: Articulo 2 contenido en el Decreto NO 184-2013: “Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad y que fuera prorrogado según el Decreto N. 63-2014 que se invoca Articulo 2 donde prorroga la vigencia de lo dispuesto en el Decreto N. 184-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013, el cual establece un periodo de veda por un año. Y que fuera otra vez prorrogado por una año más o sea el año 2015 según el Artículo 1 del Decreto N. 60-2015, publicado el 8 de septiembre del 2015, por su parte la norma legal citada en relación al Artículo 96 de la Constitución señala: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueve Ley favorezca al delincuente o procesado” El Juzgador en referencia declaro como probados los siguientes hechos: PRIMERO: “El día sábado primero (1) de febrero de 2014, siendo las 10.40 a.m. en la Colonia Los Profesionales, el señor Jonathan Perdomo Benítez se encontraba en el interior de las instalaciones de COFISA del Municipio de Choloma, fungiendo como guardia de seguridad asignado a la puerta de entrada de dichas oficinas, cuando en ese momento llegaron cuatro personas, dos de ellos conduciendo cada uno una motocicleta. El pasajero de una de tales motocicletas resulto ser Milton Noel Flores Ortiz y otro individuo que llego a pie hasta dichas oficinas, quien resulto ser Héctor Orlando Cruz, llevando condigo en su persona un pequeño maletín de color oscuro. Este último al entrar a dichas instalaciones fue recibido por el guardia de seguridad y ante la posibilidad de ser registrado, el señor Héctor saco de inmediato un arma de fuego con el cual disparo en reiteradas ocasiones contra dicho guardia de seguridad de nombre Jonathan Perdomo Benítez, quien cayo herido en el suelo en el interior de las mencionadas oficinas, luego conmino a las personas que se encontraban en el interior, recupero el maletín que había quedado sujeto en el cuerpo de Jonathan Perdomo Benítez y procedió a tomar dinero de la financiera. En tanto eso sucedió, el señor Milton Noel Flores Ortiz, ingreso igualmente a las instalaciones de Cofisa y encontrándose en el suelo el señor Jonathan Perdomo Benitez disparo igualmente contra la humanidad de este y le quito el arma de fuego que el señor Jonathan portaba en su cintura signada a su persona en virtud de sus funciones y que era un revolver marca Doberman Extra, calibre 22, serie232 y propiedad de la empresa de seguridad Proteh S. de R.L…. acto seguido, Milton Noel Flores Ortiz se unió a >Hector en la acción que este ejecutaba en el interior. Posteriormente uno de los conductores de una de las motos quedo afuera, frente a la entrada de la financiera, esperando a bordo de la motocicleta, en tanto que el segundo conductor ingreso a las instalaciones, portando sobre su cabeza un casco protector, uniéndose a la acción ejecutada por Héctor y Milton , conminando los presentes de la financiera y saliendo después los tres del lugar y por la puerta principal, llevándose consigo la cantidad de 69,762.01 lempiras, propiedad de la financiera y el arma asignada al guardia de seguridad antes mencionado, tomando el que portaba el casco, su posición de conductor de una de las motocicletas, en tanto que Milton y Hector tomaron su posición como pasajeros en ambas motocicletas yéndose todos del lugar con rumbo desconocido. SEGUNDO: Habiendo obtenido la policía noticia de lo acontecido, se pusieron en marcha diligencias investigativas hasta que a través de un informante, se recibió noticia de los lugares donde Hector y Milton Noel Flores Ortiz solían encontrarse, así como también referencia de otras tres personas de nombre Carlos Alexander Matute, Esdras Joel Bardales y Elkin Jose Duarte, llevándose a cabo varios allanamientos. Es así como el día siete de febrero del mismo año dos mil catorce se realizo un allanamiento en una vivienda ubicada en Colonia Buenos Aires, del Municipio de El Progreso, departamento de Yoro, donde se encontraba Elvin Josué Duarte, donde se le encontró una chapa policial de la DNIC color amarillo sin numero de identificación. Asimismo se realizo allanamiento en una vivienda numero 224 ubicada en la 7 calle 3 avenida colonia Bendeck de El Progreso Yoro, donde se encontró a Carlos Alexander Matute, a quien se le encontró un arma de fuego tipo pistola marca Taurus, calibre 38 serie TD28082, sin tener autorización legal para tenerla. Se realizó también allanamiento en la Colonia Suazo frente a la escuela Jaime de El Progreso Yoro, lugar donde se le encontró a Héctor Orlando Cruz Ríos una arma de fuego marca Taurus serie KOH016999, calibre 380, de la cual no tenia autorización para tenerala. Se realizo además allanamiento en otras dos vivienda, en una de las cuales encontraron dos armas de fuego, una color gris, empuñadura de madera color café, serie 146149 y otra pistola gris con negro de empañadura de plástico con serie RAF6463, que tampoco estaban registradas. TERCERO: El señor Hector Orlando Cruz y Milton Noel Flores Ortiz, conforman ambos, parte de un grupo de personas que se han dedicado a realizar actos reñidos con la ley. Recurso que explico de la manera siguiente:PRIMERO: Al analizar el contenido del hecho probado se puede observar como verdad incuestionable. Es así como el día siete de febrero del mismo año dos mil catorce se realizo también allanamiento en la Colonia Suazo frente a la escuela Jaime de El Progreso Yoro, lugar donde se le encontró a Hector Orlando Cruz Rios una arma de fuego marca Taurus serie KOH16999, calibre 380, de la cual no tenia autorización para tenerla. De este punto del hecho probado es que resulta claramente identificada la infracción por violación del artículo 2 contenido en el Decreto N. 184-2013 de fecha 1 de septiembre del año 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 5 de Octubre del año 2013, y el artículo 2 del Decreto Numero 63-2014, publicado el 6 de noviembre del 2014, Artículo 1 del Decreto N. 60-2015, publicado el 8 de septiembre del 2015. contentivo en la Ley de Control de armas de Fuego, Municiones y Explosivos y otros similares, si se entiende que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la infracción por violación es la falta de aplicación de la ley o de la doctrina legal en la resolución en cuestión debatida. Es decir se produce cuando el Juez pasa por alto la existencia de una norma legal reguladora de la relación jurídica debatida, o se resiste en forma deliberada a aplicarla no obstante su validez formal, esta falta de aplicación tiene que resultar necesariamente partiendo de los hechos declarados probados en la sentencia. SEGUNDO: La infracción denunciada se produjo cuando de los hechos probados se deriva de manera evidente que mi representado Hector Orlando Cruz Rios, fue encontrado en posesión de la referida arma comercial, sin contar con permiso alguno, sin embargo el articulo 2 contenido en el Decreto N. 184-2013 de fecha 1 de septiembre del año 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 5 de Octubre del mismo año y el artículo 2 del Decreto Numero 63-2014, publicado el 6 de noviembre del 2014, que se invocan como infringidos, se desprende que tal Decreto se otorgo por el termino de un año un periodo de veda prorrogando dicho termino por otro año más o sea por todo el año dos mil catorce y dos mil quince, para registrar las armas que estaban en situación irregular. De allí resulta claro que al cobrar vigencia el artículo del mencionado Decreto en mención deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-13, del Código Penal, por cuanto este Decreto es de materia penal y favorece desde luego a mi patrocinado. TERCERO: De lo antes expuesto consideramos que el Tribunal sentenciador debió tomar en cuenta los aspectos antes indicados para dictar su sentencia condenatoria por Portación Ilegal de Armas de Fuego Comercial, y debió aplicar la norma prescrita en el artículo dos (2) y uno (1) de los mencionados decretos, y procediendo a absolver de toda responsabilidad Penal a mi representado. Del examen de los autos revela que el imputado fue sorprendido en posesión del arma de fuego el 5 de febrero del año 2015 y el decreto Numero 184-2013 de fecha I de septiembre del año 2013 fue publicado en el diario oficial la Gaceta el 5 de Octubre del 2013, y de la prorroga artículo 1 del decreto N. 63-2014, publicado el seis (6) de Noviembre del año 2014, Artículo 1 del Decreto N. 60-2015, publicado el 8 de septiembre del 2015. en consecuencia al momento de la comisión del hecho este precepto se encontraba en vigencia, y de manera retroactiva con fundamento en el principio de retroactividad de la ley regulada en el artículo 96 constitucional. INTERPRETACION PRETENDIDA. Esta Defensa pretende se aplique la norma denunciada como infringida y se absuelva de la responsabilidad Penal sobre el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial mi representado HECTOR ORLANDO CRUZ RIOS, ya que al no aplicarla a los hechos por los cuales se encontró culpable al encartado el juzgador de instancia infringió por falta de aplicación y esta se da cuando la norma no es seleccionada para resolver el caso, debiendo serlo, independiente a qué resultado se haya llegado, ya sea porque se ignora su existencia, porque no se le considera vigente o por un equivocado entendimiento de su significación o su alcance.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa pública del imputado Héctor Orlando Cruz Ríos. Único motivo. Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 2 contenido en el decreto legislativo 184-2013; 1 del decreto legislativo 63-2014; 1 del decreto legislativo 60-2015 en relación con el 96 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de los decretos que contienen el periodo de veda para el registro de armas; Pretensión: Absolver a su representado del delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial. Aqueja el censor, que, al analizar el contenido del hecho probado, se puede observar, como verdad incuestionable, que el día 07 de febrero del año 2014, se realizó allanamiento en la Colonia Suazo, frente a la escuela Jaime de El Progreso Yoro, encontrándosele a Héctor Orlando Cruz Ríos un arma de fuego marca Taurus serie KOH16999, calibre 380, de la cual no tenia autorización para tenerla. A criterio del censor, de lo anterior resulta claramente identificada, la infracción por violación del artículo 2 contenido en el Decreto N. 184-2013 de fecha 1 de septiembre del año 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 5 de octubre del año 2013; el artículo 2 del Decreto Numero 63-2014, publicado el 6 de noviembre del 2014; y, el artículo 1 del Decreto N. 60-2015, al haberse otorgado por el termino de un año, un periodo de veda, prorrogando dicho término por otro año más, o sea por todo el año 2014 y 2015, para registrar las armas que estaban en situación irregular. Concluye el recurrente, resultar claro que al cobrar vigencia los decretos relacionados dejaron en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-B del Código Penal. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. Para efecto de elaborar una exposición sistemática de la relevancia jurídico-penal de la acción realizada por el señor Miguel Ángel Ramírez Herrera, es necesario abordar el contenido del artículo 332-B del Código Penal 144-83, el cual establece que: “quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.” Asimismo, mediante el decreto legislativo 184-2013, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 5 de octubre del 2013, prorrogado en su vigencia por un período de 6 meses mediante el decreto legislativo 63-2014, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 6 de noviembre del 2014 contados a partir de su fecha de vencimiento, es decir, con una temporalidad que abarca hasta el 5 de abril del 2015; el legislador estableció un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego uso comercial la pueda legalizar aunque no posea factura de venta de La Armería, con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura. Los hechos probados de la sentencia establecen que en fecha 07 de febrero del año 2014, se realizó allanamiento en la colonia Suazo Córdova, frente a la escuela Jaime, ubicada en El Progreso, departamento de Yoro; encontrándosele a Héctor Orlando Cruz Ríos un arma de fuego marca Taurus, serie KOH16999, calibre 380, de la cual no tenia autorización para tenerla. Si bien es cierto, para esa fecha se encontraba en vigencia el decreto legislativo 184-2013, tampoco es menos cierto, que la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus prórrogas, es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, acudan a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial durante el período de vigencia del decreto 184-2013 y su prórroga, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona en posesión de un arma de fuego comercial, sin autorización durante el tiempo de la veda tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no para su simple posesión, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende del fáctum de la sentencia, que al acusado Héctor Orlando Cruz Ríos se le realiza un allanamiento en su vivienda, ubicada en la colonia Suazo Córdova, frente a la escuela Jaime, de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, a razón de que el día sábado 01 de febrero de 2014 participó en un hecho violento, en el cual disparó en reiteradas ocasiones al señor Jonathan Perdomo Benítez, procediendo a tomar dinero de la financiera; circunstancia a partir de la cual se colige objetivamente que la intencionalidad del acusado no es precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su registro. Por lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332-B del Código Penal, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. No cabe duda entonces de que el acusado es responsable penalmente de un delito de posesión ilegal de arma de fuego de uso comercial, pues le fue decomisada al realizarse el allanamiento de un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus serie KOH16999, calibre 380, sin contar con el permiso de la autoridad competente; tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017
Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensas de los acusados Héctor Orlando Cruz Ríos, Milton Noel Flores Ortiz, Carlos Alexander Matute Núñez y Elvin José Duarte Núñez, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Héctor Orlando Cruz Ríos, las sanciones por tres delitos, a saber: i. 50 años de reclusión por el delito de Asesinato seguido de Robo Agravado Continuado en perjuicio del señor Jonathan Perdomo Benítez, Compañía de Seguridad PROTEH y Compañía Financiera COFISA; ii. 04 años de reclusión por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego de uso Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. iii. 20 años de reclusión por el delito de Asociación ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; que en concurso real suman setenta y cuatro (74) años de reclusión; más la imposición de penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Se impuso al señor Milton Noel Flores Ortiz la sanción por dos delitos, a saber: i. 45 años de reclusión por el delito de Asesinato seguido de Robo Agravado Continuado en perjuicio del señor Jonathan Perdomo Benítez, Compañía de Seguridad PROTEH y Compañía Financiera COFISA; ii. 20 años de reclusión por el delito de Asociación ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; que en concurso real suman sesenta y cinco (65) años de reclusión; más la imposición de penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Al señor Carlos Alexander Matute Núñez se le impuso por un delito, a saber: tres (03) años de reclusión por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego de uso Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Más la imposición de: I. Pena accesoria de inhabilitación Especial; II. Pena accesoria de interdicción civil; III. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; IV. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Finalmente se impuso al señor Elvin José Duarte Núñez la sanción por dos delitos, a saber: i. 07 años de reclusión por el delito de Tenencia Ilegal de Insignia de uso exclusivo de la Policía Nacional en perjuicio de La Fe Pública; ii. 04 años de reclusión por el delito de Encubrimiento en perjuicio de La Administración Pública; que en concurso real suman once (11) años de reclusión; más la imposición de penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por los acusados correspondería la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada a los señores Héctor Orlando Cruz Ríos y Milton Noel Flores Ortiz, por el delito de Asesinato seguido de robo agravado continuado, está previsto de manera independiente y diferenciada en el Código Penal 130-2017, como Asesinato (Art. 193) cuyo marco de pena abstracto es de 20 a 25 años de prisión y como Robo con violencia Agravado Continuado tiene una pena base de 4 a 8 años (Art. 361); pero al tratarse de un delito con dos agravates (Art. 363 numeral 4 y 9), debera aumentarse 2/3, siendo la pena abstracta de 8 a 13 años con 4 meses; pero al ser continuado (Art. 68NCP) la pena a imponer al autor de los delitos consumados debe oscilar entre la mitad superior hasta una pena superior en un tercio (1/3), por lo que la pena abstracta final sería de diez (10) años con ocho (08) meses y doce (12) días a diecisiete (17) años con nueve (09) meses y dieciocho (18) días de prisión. Asimismo, la conducta reprochada al condenado Héctor Orlando Cruz Ríos y Carlos Alexander Matute Núñez, por el delito de posesión ilegal de arma de fuego de uso comercial, está previsto en el Código Penal 130-2017, como Tenencia Ilegal de Armas de Fuego (Art. 580) cuyo marco de pena abstracto es de uno (01) a cuatro (04) años de prisión y localización permanente de hasta 02 años. En relación a la conducta reprochada a los condenados Héctor Orlando Cruz Ríos y Milton Noel Flores Ortiz por el delito de Asociación Ilícita, está previsto en el Código Penal 130-2017, como Asociación para delinquir (Art. 554) cuya pena para los simples integrantes es de 6 a 10 años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días que equivale a un margen abstracto de dos mil lempiras (L2,000.00) a dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00). Finalmente, en relación al condenado Elvin José Duarte Núñez, por el delito de Tenencia Ilegal de Insignia de uso exclusivo de la Policía Nacional, está previsto en el Código Penal 130-2017, como Posesión Ilegal de Insignias Exclusivas de los Cuerpos de Seguridad (Art. 473), cuyo marco de pena abstracto es de 02 a 04 años de prisión; por el delito de Encubrimiento (Art.513), la pena es la correspondiente al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3), en este caso el delito encubierto se trata de un delito de hurto (artículo 357), debido a utilizar un vehiculo automotor sin la debida autorización y al no devolverla en un plazo no superior de 12 horas, corresponde establecer la pena de prisión de 06 meses a 02 años, lo que nos da un nuevo marco abstracto de dos (02) meses a seis (06) meses de prisión. A partir de lo anterior, de aplicar el Código Penal 130-2017, corresponderá a: 1. Héctor Orlando Cruz Ríos, por los delitos de Asesinato, Robo con violencia Agravado Continuado, Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, y Asociación para delinquir, en suma, una pena abstracta de treinta y siete (37) años con ocho (08) meses y doce (12) días a cincuenta y seis (56) años con nueve (09) meses y dieciocho (18) días de prisión. 2. Milton Noel Flores Ortiz, por los delitos de Asesinato, Robo con violencia Agravado Continuado y Asociación para delinquir, en suma, una pena abstracta de treinta y seis (36) años con ocho (08) meses y doce (12) días a cincuenta y dos (52) años con nueve (09) meses y dieciocho (18) días de prisión. Se deduce de lo anterior, que la pena impuesta a los acusados Héctor Orlando Cruz Ríos y Milton Noel Flores Ortiz conforme la legislación penal derogada es mas gravosa, por lo cual, les resultaría más beneficiosa la nueva ley penal, sin embargo, al revisar el límite objetivo extraordinario en el Código Penal decreto 144-83 al señalar las penas acumuladas establece un límite de 30 años y con el nuevo Código Penal decreto 130-2017 es de 40 años, por tanto, es mas favorable para los acusados el decreto 144-83, por el cual solo cumpliran una pena acumulada de 30 años, por ello, no les procede la aplicación del nuevo Código Penal decreto 130-2017. 3. Carlos Alexander Matute Núñez, por un delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego con marco abstracto de uno (01) a cuatro (04) años de prisión y localización permanente de hasta dos (02) años; marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Carlos Alexander Matute Núñez, conforme el CP-144-83 al ser de tres (03) años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. 4. Elvin José Duarte Núñez por dos delitos de Posesión Ilegal de Insignias Exclusivas de los Cuerpos de Seguridad y Encubrimiento, en suma, una pena abstracta de dos (02) años con dos (02) meses a cuatro (04) años con seis (06) meses de prisión. Las penas impuestas al acusado Elvin José Duarte Núñez, conforme el CP-144-83 es mucho más gravosa que aquella que contempla el CP 130-2017 para los mismos hechos delictivos, por lo que corresponde la aplicación retroactiva de este último cuerpo normativo por ser más favorable al caso concreto; debiendo los beneficios penitenciarios ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017. A partir de lo anterior y al corresponderle la aplicación retroactiva al condenado Elvin José Duarte Núñez procede individualizar la pena conforme dispone el artículo 70 del CP 130-2017; en los hechos declarados probados, no concurre ninguna circunstancia atenuante ni agravante contempladas en los artículos 31 y 32 del cuerpo legal señalado. Teniendo presente lo antes referido y ante la ausencia de información de las circunstancias personales de los condenados y observando la gravedad del hecho, se fijan las nuevas penas en sus límites mínimos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; interpuestos por el Abogado Karovin Martínez Girón, defensor público del imputado Héctor Orlando Cruz Ríos. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Elvin José Duarte Núñez; en consecuencia, y en relación a él, se reforma parcialmente la parte resolutiva de la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en los siguientes términos: 1) Que debemos condenar y condenamos al acusado Elvin José Duarte Núñez de generales conocidas en el acumulado judicial, como autor penalmente responsable de un delito de Posesión Ilegal de Insignias Exclusivas de los Cuerpos de Seguridad en perjuicio de La Fe Pública, a cumplir la pena principal de Dos años de Prisión. 2) Que debemos condenar y condenamos al acusado Elvin José Duarte Núñez de generales conocidas en el acumulado judicial, como autor penalmente responsable de un delito de Encubrimiento en perjuicio de La Administración de Justicia, a cumplir la pena principal de Dos meses de Prisión. 3) El cumplimiento de las penas principales deberá ajustarse a las siguientes reglas: a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir del tiempo en que el reo Elvin José Duarte Núñez, haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; c.- El lugar de cumplimiento de las penas de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. 4) Se condena al señor Elvin José Duarte Núñez a las penas accesorias de inhabilitación especial y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. Así como también a trabajar por el tiempo de la condena de prisión en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, en donde se encuentren internados, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los ahora condenados Héctor Orlando Cruz Ríos, Milton Noel Flores Ortiz y Carlos Alexander Matute Núñez. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Cuarto: Ante lo dispuesto en apartado anterior, Declara Firme y Ejecutable los pronunciamientos primero, segundo, tercero, cuarto en relación de la absolutoria a favor de Elvin José Duarte, por el delito de Alteración de series de Vehículo en perjuicio de La Propiedad y la Fe Pública, quinto, sexto, séptimo, sexto(2) de la parte resolutiva de la sentencia. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha dos de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 374-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
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