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Sentencia CP-366-17 — Registro 12572

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el MP, contra la sentencia de primera instancia que absuelve al imputado por el delito de violación especial

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El motivo es de recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. En el presente caso, el Ministerio Público denuncia que el sentenciador al momento de valorar intelectivamente el acta del testimonio de la niña I. Y. F. V. rendido a través de la cámara Gesell, cometió un vicio lógico de derivación al restarle credibilidad por circunstancias que no son sustancialmente importantes, como ser las posibles confusiones que se hayan generado en su relato. Según la valoración intelectiva del juzgador de dicho testimonio (f. 171v) observa vaguedad sobre los supuestos episodios de agresión sexual que sufrió por parte del acusado, además de considerar la existencia de contradicción, pues aduce que al inicio de la declaración la niña dijo que no fue penetrada, sino que fue hasta después que dijo que sí fue penetrada, y no declaró en debate para interrogarla sobre esa contradicción. De manera previa a referirse al caso bajo estudio, la Sala de lo Penal considera importante recordar que la correcta aplicación de las reglas de la experiencia, consecuentes con el trato digno y compresivo que se le debe dar a todo niño o niña y adolescente en el proceso judicial, tomando en cuenta su consideración personal y sus necesidades inmediatas de edad, sexo, situación personal, discapacidad y nivel de madurez, dictan que el testimonio de un niño debe ser valorado distinto al de un adulto, atendida precisamente su falta de madurez y percepción de los hechos desde su propia experiencia y percepción de la realidad, aspectos que deben ponderarse para valorar sus declaraciones; la experiencia dice que frente a un hecho traumático reaccionan diferente adultos y niños, el niño muestra mayor nerviosismo y menor concentración sobre los hechos y detalles que trascienden al interés judicial, es obvio, que como un mecanismo de defensa en el caso de ser cierto el hecho que se le imputa al acusado, el menor no quiera recordarlo, (ver sentencia de la Sala de lo Penal del 08 de febrero de 2010, recaída en el expediente 404-2008). Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en su guía para tomar acciones y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, señala -entre otras cosas- que los niños pequeños y aquellos que tienen discapacidad mental, no poseen las habilidades madurativas, cognitivas ni evolutivas que se requieren para inventar, fantasear, fabular, fabricar y sostener mentiras complejas de modo creíble, menos todavía podrían hacerlo ante profesionales de la salud mental entrenados para evaluarlos. En este sentido, al remitirnos al contenido de la declaración de la menor I. Y. F. V. (f. 43v), se evidencia que al ser interrogada por el Ministerio Público respondió que el señor Elvin Martínez (acusado) no le metió el pene; seguidamente, al ser interrogada si alguna vez el acusado le había tocado con su pene su vagina, la niña manifestó que sí y también que sintió dolor. Indicando también que quedaba a solas con el acusado cuando su mamá estaba en el trabajo y sus hermanos se encontraban en casa de su abuela materna. Asimismo, la señora juez de garantías formuló interrogante en el sentido de saber si su padrastro (acusado) introdujo alguna vez su pene en su vagina, a lo que la menor respondió que sí. Por otra parte, la señora Mary Yessenia Vásquez Oviedo, madre de la menor, manifestó en juicio (f. 161) que en un primer momento I. Y. le manifestó a ella y a su hermana (tía de la menor), que el señor Elvin Leonel Martínez la tocaba y manoseaba y que no había informado nada porque había sido amenazada. También el testigo Cecilio Guifarro Escobar (esposo de la tía de menor), declaró en juicio que su esposa le había comentado que la niña le dijo que estaban abusando de ella, que el acusado ponía sus partes genitales en la niña y le dolía su parte, reconociendo desde un primer momento que esas acciones eran realizadas por el acusado Elvin Leonel Martínez. De lo anterior, la Sala de lo Penal considera que si bien es cierto la niña I. Y. F. V. cuando estaba siendo interrogada por el Ministerio Público respondió que el acusado no le había metido el pene, y posteriormente, afirmó que le tocó con su pene su vagina y que le dolía su partecita, no es menos cierto, que el sentenciador debe al momento de valorar la referida acta del testimonio, ponderar su falta de madurez y percepción de los hechos desde su propia experiencia y percepción de la realidad, no pudiendo exigir el mismo nivel de precisión y conocimiento en temas sexuales como si se tratara de un adulto, por lo que la conclusión del sentenciador de que debido a esa contradicción, el relato de la niña I. Y. F. V. rendida en cámara Gesell carece de total credibilidad subjetiva y ausencia de persistencia en la incriminación, es una conclusión débil e insuficiente para sostener un juicio de veracidad. Además de ello, resulta también necesario destacar por esta superioridad que adicional a la falta de razón suficiente para desmeritar la credibilidad en el relato de la menor, el sentenciador también ha cometido otros vicios lógicos de derivación y contradicción, pues al valorar intelectivamente el dictamen de evaluación física (f. 169), expresa que no tiene valor probatorio lo manifestado por la niña al médico en el proceso de entrevista de historia médico legal, pues contradice lo manifestado en el artículo 88 de la Constitución de la República, porque no reúne las condiciones de una declaración testifical y solo tienen ese carácter las rendidas ante juez competente. Sin embargo, más adelante (f. 171v), colige según la historia médico legal e historia social del dictamen de psicología y del dictamen social respectivamente, ambos practicados a la niña I. Y. F. V., que ésta había señalado al acusado como su agresor por miedo al verdadero culpable y por ello señaló a otra persona como su agresor. Es decir, el sentenciador aquí sí hace mano de lo relatado por la niña I. Y. F. R., en el proceso de entrevista de las pericias psicológica y social, para restarle credibilidad a su testimonio rendido en la cámara Gessel bajo control jurisdiccional. A este respecto, el asunto de las declaraciones rendidas ante perito ya ha sido tema fijado en jurisprudencia por parte de esta Sala de lo Penal, en el cual ha estimado que el medio de prueba pericial tiene como objeto aportar información especializada al tribunal en torno a una ciencia, arte u oficio, para ello se designan personas que tengan la experticia relacionada con el tema a estudiar, quienes con ese afán recaban los datos necesarios para luego hacer uso de sus conocimientos particulares y dar una opinión apoyada tanto en los principios científicos que rigen el tema, como en su experiencia profesional; en los estudios como: las pruebas de evaluación médica, psiquiátrica o psicológica encontramos la “Historia Médico Legal” que es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima del caso concreto; esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia, colaboran en la realización de la misma contestando las preguntas del perito, más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben durante el proceso ante órgano jurisdiccional; las declaraciones llamadas a valorar son las rendidas ante juez competente, ello porque el órgano jurisdiccional que recibe esta declaración se encarga de la observancia de los principios que gobiernan la actividad procesal, tal como igualdad, contradicción, concentración, publicidad, defensa e inmediación y que no son, ni tienen que ser observados en un abordaje clínico, habida cuenta de que no es ese su objeto, sino que, como ya se ha señalado, es el estudio científico o empírico (dependiendo si son peritos letrados o iletrados en el campo de estudio) de un hecho relacionado con la causa criminal. (ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 22 de noviembre de 2017, recaída en el expediente SP 103-2014). El tribunal de sentencia de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, comete un error lógico de derivación porque el medio probatorio no encuentra correspondencia con su conclusión valorativa por una indebida inferencia, cuando toma como premisa -para restar valor probatorio al testimonio de la menor- la declaración rendida por ésta en el proceso de abordaje clínico de la prueba pericial de psicología y sociología, ya que el sentenciador no puede ni debe revestir a un perito especializado en dichas ciencias, como garante de los derechos de inmediación, contradicción, concentración y publicidad, que rigen la actividad de la prueba. Asimismo, también comete un vicio lógico de contradicción al decir primeramente, y con acierto, que las declaraciones rendidas ante los peritos no tienen validez para ser tomadas como tal en el proceso penal; más, sin embargo, posteriormente toma ese proceso de entrevista rendido en la pericia psicológica y la pericia social, para restar credibilidad al testimonio de la niña I. Y. F. V., rendido a través de la cámara Gesell bajo control jurisdiccional. En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el tribunal de sentencia ha realizado una valoración probatoria que ciertamente transgrede la regla lógica de derivación para dictar el fallo absolutorio. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."El motivo es de recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. En el presente caso, el Ministerio Público denuncia que el sentenciador al momento de valorar intelectivamente el acta del testimonio de la niña I. Y. F. V. rendido a través de la cámara Gesell, cometió un vicio lógico de derivación al restarle credibilidad por circunstancias que no son sustancialmente importantes, como ser las posibles confusiones que se hayan generado en su relato. Según la valoración intelectiva del juzgador de dicho testimonio (f. 171v) observa vaguedad sobre los supuestos episodios de agresión sexual que sufrió por parte del acusado, además de considerar la existencia de contradicción, pues aduce que al inicio de la declaración la niña dijo que no fue penetrada, sino que fue hasta después que dijo que sí fue penetrada, y no declaró en debate para interrogarla sobre esa contradicción. De manera previa a referirse al caso bajo estudio, la Sala de lo Penal considera importante recordar que la correcta aplicación de las reglas de la experiencia, consecuentes con el trato digno y compresivo que se le debe dar a todo niño o niña y adolescente en el proceso judicial, tomando en cuenta su consideración personal y sus necesidades inmediatas de edad, sexo, situación personal, discapacidad y nivel de madurez, dictan que el testimonio de un niño debe ser valorado distinto al de un adulto, atendida precisamente su falta de madurez y percepción de los hechos desde su propia experiencia y percepción de la realidad, aspectos que deben ponderarse para valorar sus declaraciones; la experiencia dice que frente a un hecho traumático reaccionan diferente adultos y niños, el niño muestra mayor nerviosismo y menor concentración sobre los hechos y detalles que trascienden al interés judicial, es obvio, que como un mecanismo de defensa en el caso de ser cierto el hecho que se le imputa al acusado, el menor no quiera recordarlo, (ver sentencia de la Sala de lo Penal del 08 de febrero de 2010, recaída en el expediente 404-2008). Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en su guía para tomar acciones y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, señala -entre otras cosas- que los niños pequeños y aquellos que tienen discapacidad mental, no poseen las habilidades madurativas, cognitivas ni evolutivas que se requieren para inventar, fantasear, fabular, fabricar y sostener mentiras complejas de modo creíble, menos todavía podrían hacerlo ante profesionales de la salud mental entrenados para evaluarlos. En este sentido, al remitirnos al contenido de la declaración de la menor I. Y. F. V. (f. 43v), se evidencia que al ser interrogada por el Ministerio Público respondió que el señor Elvin Martínez (acusado) no le metió el pene; seguidamente, al ser interrogada si alguna vez el acusado le había tocado con su pene su vagina, la niña manifestó que sí y también que sintió dolor. Indicando también que quedaba a solas con el acusado cuando su mamá estaba en el trabajo y sus hermanos se encontraban en casa de su abuela materna. Asimismo, la señora juez de garantías formuló interrogante en el sentido de saber si su padrastro (acusado) introdujo alguna vez su pene en su vagina, a lo que la menor respondió que sí. Por otra parte, la señora Mary Yessenia Vásquez Oviedo, madre de la menor, manifestó en juicio (f. 161) que en un primer momento I. Y. le manifestó a ella y a su hermana (tía de la menor), que el señor Elvin Leonel Martínez la tocaba y manoseaba y que no había informado nada porque había sido amenazada. También el testigo Cecilio Guifarro Escobar (esposo de la tía de menor), declaró en juicio que su esposa le había comentado que la niña le dijo que estaban abusando de ella, que el acusado ponía sus partes genitales en la niña y le dolía su parte, reconociendo desde un primer momento que esas acciones eran realizadas por el acusado Elvin Leonel Martínez. De lo anterior, la Sala de lo Penal considera que si bien es cierto la niña I. Y. F. V. cuando estaba siendo interrogada por el Ministerio Público respondió que el acusado no le había metido el pene, y posteriormente, afirmó que le tocó con su pene su vagina y que le dolía su partecita, no es menos cierto, que el sentenciador debe al momento de valorar la referida acta del testimonio, ponderar su falta de madurez y percepción de los hechos desde su propia experiencia y percepción de la realidad, no pudiendo exigir el mismo nivel de precisión y conocimiento en temas sexuales como si se tratara de un adulto, por lo que la conclusión del sentenciador de que debido a esa contradicción, el relato de la niña I. Y. F. V. rendida en cámara Gesell carece de total credibilidad subjetiva y ausencia de persistencia en la incriminación, es una conclusión débil e insuficiente para sostener un juicio de veracidad. Además de ello, resulta también necesario destacar por esta superioridad que adicional a la falta de razón suficiente para desmeritar la credibilidad en el relato de la menor, el sentenciador también ha cometido otros vicios lógicos de derivación y contradicción, pues al valorar intelectivamente el dictamen de evaluación física (f. 169), expresa que no tiene valor probatorio lo manifestado por la niña al médico en el proceso de entrevista de historia médico legal, pues contradice lo manifestado en el artículo 88 de la Constitución de la República, porque no reúne las condiciones de una declaración testifical y solo tienen ese carácter las rendidas ante juez competente. Sin embargo, más adelante (f. 171v), colige según la historia médico legal e historia social del dictamen de psicología y del dictamen social respectivamente, ambos practicados a la niña I. Y. F. V., que ésta había señalado al acusado como su agresor por miedo al verdadero culpable y por ello señaló a otra persona como su agresor. Es decir, el sentenciador aquí sí hace mano de lo relatado por la niña I. Y. F. R., en el proceso de entrevista de las pericias psicológica y social, para restarle credibilidad a su testimonio rendido en la cámara Gessel bajo control jurisdiccional. A este respecto, el asunto de las declaraciones rendidas ante perito ya ha sido tema fijado en jurisprudencia por parte de esta Sala de lo Penal, en el cual ha estimado que el medio de prueba pericial tiene como objeto aportar información especializada al tribunal en torno a una ciencia, arte u oficio, para ello se designan personas que tengan la experticia relacionada con el tema a estudiar, quienes con ese afán recaban los datos necesarios para luego hacer uso de sus conocimientos particulares y dar una opinión apoyada tanto en los principios científicos que rigen el tema, como en su experiencia profesional; en los estudios como: las pruebas de evaluación médica, psiquiátrica o psicológica encontramos la “Historia Médico Legal” que es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima del caso concreto; esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia, colaboran en la realización de la misma contestando las preguntas del perito, más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben durante el proceso ante órgano jurisdiccional; las declaraciones llamadas a valorar son las rendidas ante juez competente, ello porque el órgano jurisdiccional que recibe esta declaración se encarga de la observancia de los principios que gobiernan la actividad procesal, tal como igualdad, contradicción, concentración, publicidad, defensa e inmediación y que no son, ni tienen que ser observados en un abordaje clínico, habida cuenta de que no es ese su objeto, sino que, como ya se ha señalado, es el estudio científico o empírico (dependiendo si son peritos letrados o iletrados en el campo de estudio) de un hecho relacionado con la causa criminal. (ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 22 de noviembre de 2017, recaída en el expediente SP 103-2014). El tribunal de sentencia de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, comete un error lógico de derivación porque el medio probatorio no encuentra correspondencia con su conclusión valorativa por una indebida inferencia, cuando toma como premisa -para restar valor probatorio al testimonio de la menor- la declaración rendida por ésta en el proceso de abordaje clínico de la prueba pericial de psicología y sociología, ya que el sentenciador no puede ni debe revestir a un perito especializado en dichas ciencias, como garante de los derechos de inmediación, contradicción, concentración y publicidad, que rigen la actividad de la prueba. Asimismo, también comete un vicio lógico de contradicción al decir primeramente, y con acierto, que las declaraciones rendidas ante los peritos no tienen validez para ser tomadas como tal en el proceso penal; más, sin embargo, posteriormente toma ese proceso de entrevista rendido en la pericia psicológica y la pericia social, para restar credibilidad al testimonio de la niña I. Y. F. V., rendido a través de la cámara Gesell bajo control jurisdiccional. En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el tribunal de sentencia ha realizado una valoración probatoria que ciertamente transgrede la regla lógica de derivación para dictar el fallo absolutorio. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintiuno el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-493-2017 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual Primero: Absolvió al señor Denmork Agustus Washington Stewart, del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor G. S. M. P.. - Segundo: No procedió condenar en costas al Ministerio Público. Son partes en única instancia: La abogada Karen Lizeth Martínez Ponce, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reniery Amador Espinal, Defensores Públicos del señor Denmork Augustus Washington Stewart, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia Único: En fecha 24 de enero de 2016 G. S. M. P., de doce años de edad, hija de Heribert Moore Tatum y April Aline Powery Almendarez, residente en Barrio Flowers Bay, Roatán, Islas de La Bahía; teniendo himen integro tampoco presentaba lesiones en su cuerpo ni en sus genitales. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Único Motivo: Que al haber dictado el Juzgador sentencia absolutoria por el delito de Violación Especial, lo hizo valorando la prueba inobservando las reglas de la Sana Crítica. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El Juzgador consideró dictar un fallo absolutorio, estimando que de la prueba de cargo se tuvo por cierto el siguiente hecho probado: Único: En fecha veinticuatro (24) de enero de 2016 G. S. M. P., de doce años de edad, hija de Heribert Moore Tatum y April Aline Powery Almendarez, residente en Barrio Flowers Bay, Roatán, Islas de la Bahía teniendo himen integró tampoco presentaba lesiones en su cuerpo ni en sus genitales. Es precisamente el íter lógico de valoración de prueba producida en el juicio por parte del Juzgador y su consecuente resultado que derivó en el único hecho que estimó probado en donde radica el presente reproche recursivo, por cuanto de la lectura de éste se desprende que para el Tribunal A quo, el único médico probatorio vinculante resultó ser las conclusiones del Dictamen de Evaluación Física practicado a la ofendida y que como en éste se concluye que la evaluada presentaba himen íntegro, ello es suficiente para dictar un fallo absolutorio, ya que esta pericia no resultó útil ni suficiente para tener por acreditado un abuso sexual en la evaluada por parte del acusado por no haberse concatenado dicho medio de prueba con los otros evacuados de los cuales no puede extraerse una conclusión distinta de que los hechos no pudieron ser distintos que los narrados por la ofendida, y que de haberlo advertido así el Juzgador como parte de una correcta valoración de la prueba mediante arreglo a las reglas de la sana crítica, hoy estaríamos ante un fallo condenatorio. Y es que como expresamos, para el Tribunal el único punto relevante a extraer del resultado de la prueba pericial de evaluación física practicado a la ofendida G. S. M. P., es que en éste se concluye que la evaluada presentaba himen íntegro, sin embargo no apreció el Juzgador que el perito que ratificó dicho dictamen al momento de responder al interrogatorio de las partes también refirió: Que podía introducir el paso de dos dedos, con una vagina amplia, y que ese tipo de himen permite la penetración de un pené, no precisamente se tiene que romper. — De ahí entonces que la pericia en comento no descarta la existencia de un abuso sexual, al contrario, el mismo constituye un indicio fuerte que obligatoriamente debió concatenarse con el resto de la probanza. El Tribunal resta valor probatorio a las declaraciones de la ofendida G. S. M., misma que fue introducida al debate mediante la exhibición en soporte audiovisual (Cd) por haberse tomado en audiencia inicial utilizando la técnica de la cámara de Gessel bajo las formalidades de la prueba anticipada, sobre este testimonio el Juzgador apreció contradicción en sí misma respecto si existió o no penetración, ya que la ofendida primero citó que el acusado se puso un condón y luego metió el pene en su vulva, y posteriormente dijo que, ella tenía su ropa interior puesta, que no le dolió y que no se fijó en que parte su vulva él acusado puso su pene. En cuanto a las declaraciones testificales rendidas en audiencia inicial e incorporadas al debate mediante lectura de April Mine Powery Almendarez (madre de la ofendida), y de H. K. M. P. (hermano de la ofendida), a ambos testimonios no les ofrece valor probatorio, por estimar que la primera es testigo referencial del dicho de sus hijos, y el segundo únicamente identifica al hombre subido en su hermana y que ambos estaban en el suelo con los pantalones abajo, pero que siendo que ninguno de los deponentes fue llevado a la sala de juicio, el tribunal no tiene la certeza de que los testigos en caso de que hubieran comparecido, habrían sostenido sus dichos para así verificar su persistencia como requisito de credibilidad. Siendo incorrecta esta apreciación por parte del A quo, en el caso de la Ofendida, partiendo de que la niña, dada su edad y las condiciones en que se desarrolló la dinámica de los hechos que sufrió, ella no pudo ser contundente ante el Juez de garantía de describir a precisión el acto de penetración por parte del acusado, sin embargo, no apreció ni valoró el Tribunal, que ella fue contundente en manifestar que Denmork Agustus Washington al momento de los hechos utilizó un condón, objeto que efectivamente fue ubicado, levantado y recolectado como evidencia por los investigadores en el lugar donde la misma ofendida los condujo y que afirmó se sucintaron los hechos, tal como se acreditó con los medios de prueba documentales consistentes en acta de ingreso a vivienda del acusado y Acta de Inspección Ocular a los investigadores donde se hizo constar el hallazgo de la evidencia. Si utilizamos la psicología como regla integrante de la Sana Crítica, porque el Juzgador no se preguntó ¿Cómo supo la niña G. S. M., que en ese lugar se encontraría esa evidencia (condón) si ella no hubiese vivido lo depuesto por ella? por otra parte a ese indicio, le fue extraído muestras de fluido, que efectivamente dieron positivo en presencia de restos seminales y espermatozoides, los cuales una vez comparadas con muestras extraídas al acusado, también coincidieron que aquellos hallazgos según estudio de perfil genético coinciden en un grado de probabilidad de 99.999999999999999% con el perfil genético del imputado, ambas circunstancias acreditadas con los medios de prueba periciales de Dictámenes de Serología Forense No. 2016-0501-0507- 3332 y No.2017-0801-0501-0521. Y es que también resulta lógica la conducta del acusado del uso de un preservativo al momento de ejecutar el acto de abuso sexual en contra de la niña ofendida, por cuanto tenía conocimiento de que él padece una enfermedad infecto-contagiosa, tal como se acreditó con el medio de prueba pericial de serología forense No.0507-5979/SF-0001-9-2016. Por lo que al haber inobservado estas circunstancias que se derivaban de la prueba en comento, el Sentenciador incurrió en el quebrantamiento de la regla de la Psicología, junto a la demás regla lógica que a continuación se sigue desarrollando. No resulta lógicamente razonable las estimaciones por las cuales el Tribunal desvaloró las declaraciones de los testigos April Atine Powery Almendares, y H. K. M. P., en primer lugar porque ya el Código Procesal Penal en su artículo 311 prevé en qué casos procede la incorporación de lecturas autorizadas al juicio, de manera tal, que si los testimonios rendidos en audiencia inicial por los testigos en referencia fueron evacuados en el acto del debate, es porque se acreditó las circunstancias que imposibilitaron la presencia de los deponentes y ello no debió incidir en el desvalor probatorio que por ello estimó el A quo; por otra parte, tampoco tiene razón el Tribunal de restarle valor a dichas testimonios, bajo el argumento de que no lograron llegar a tener certeza de sus dichos, en virtud que ante la incomparecencia de ellos al debate, desconocen si estos hubieran persistido en sus dichos, esta apreciación inclusive, evidencia un probable quebranto a la regla de la lógica, específicamente del postulado de derivación en su principio de razón suficiente en su característica de veracidad, puesto que denota claramente que esa razón conllevó al Juzgador a tomar una decisión resultado de una errónea valoración, por cuanto este razonamiento en concreto, no se deriva en lo absoluto de algún elemento auténtico, ya que las mismas constituyen inferencias propias de su imaginación que no tienen apoyo en prueba alguna evacuada en el juicio, pues el A quo no puede desde ningún punto cuestionar circunstancias que no se apreciaron en el acto mismo del juicio. Y ya en las cuestiones de fondo de los testimonios en referencia, ambos son coherentes con lo depuesto por la ofendida, si bien la April Aline Powery Almendarez, es referencial de los hechos juzgados en sí, no menos cierto es, que su conocimiento deviene del propio relato de sus hijos, y por otra parte, es testigo presencial por haberlo apreciado a través de sus propios sentidos, de la conducta de su menor hija G. S., desde que llegó a su casa recién pasado los hechos, y además de las condiciones emocionales que padece su hija como consecuencia de ello, citando que debe darle una pastilla a su hija que le dio el doctor para ver si puede dormir, porque no duerme y cuando lo hace tiene pesadillas, condiciones estas, que no eran normales en su hija antes de los hechos de abuso sexual; y esto no es un invento de la testigo, ya que fue acreditado con el medio de prueba pericial consistente en la Evaluación Psiquiátrica Forense practicado a la niña ofendida y que se hizo contar en el Dictamen No. 2016-0501-0201-309, en donde el perito quien es profesional y experto en la materia de la pericia, concluyó contundentemente después de un exhaustivo análisis a la paciente que: La evaluada presenta trastorno de estrés postraumático secundario al evento estresante vivido (violación), y además evidenció trastorno afectivo depresión de intensidad grave secundario al evento estresante vivido (violación); sin embargo y catastróficamente para el Sentenciador, este medio de prueba únicamente es orientador de probable abuso sexual, pero nunca contundente en determinar la existencia o no de ello, y que siendo que en la evaluación física descarta el abuso, por lo tanto la prueba pericial psiquiátrica carece de valor, por cuanto además el experto psiquiatra no recogió en su dictamen si la depresión y el estrés diagnosticados a la evaluada se pueden deber a causas como la desintegración familiar u otra circunstancias propia del entorno de la niña ofendida; de ello no podemos menos que reprochar enfáticamente que el Tribunal definitivamente transgrede una vez más el postulado de derivación en su principio de razón suficiente en su característica de veracidad de la regla lógica, ya que pretende incorporar a su razonamiento elementos que no arroja la prueba evacuada, ya que si el perito psiquiatra no hace constar lo estimado por el A quo, es porque ello no fue apreciado en el acto de la evaluación, por ende el Juzgador tiene vetado si quiera inferirlo en su valoración. Por otra parte, tampoco fue apreciado, que el testimonio del niño H. K. M. P., fue igualmente trascendental en la investigación, ya que éste fue consistente con la declaración de la niña ofendida y su madre, y que junto con el resto del andamiaje probatorio de cargo visto de la manera en que lo exponemos, no puede menos que confirmar el erróneo trabajo de valoración de la prueba por parte del A quo, quien demostró que valoró la prueba de manera aislada, lo cual contraviene a la Sana Crítica en donde debió observar toda la carga probatoria en su conjunto, de manera armónica y concatenada, llevándolo a inobservar cuestiones de fondo que de haber cumplido con su función, hubiese dictado un fallo distinto. Bajo estos extremos la actuación de valoración de la prueba efectuada por el Juzgador además de ser violatoria de los reglas integrantes de la sana crítica anteriormente descritas, también es infractora a la Regla Lógica en el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, dado que las razones expuestas para dictar un fallo absolutorio se enfocaron en circunstancias periféricas al asunto tratado, y no de la esencia de lo realmente derivado de las probanzas del juicio, pues si se concatena toda esta prueba, no puede extraerse una conclusión distinta de que efectivamente Denmork Agustus Washington Stewart abusó sexualmente de la niña de 12 años de edad G. S. M. P.. Es así que en resumen, si el Juzgador se hubiese apegado a la observación irrestricta de las reglas integrantes de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba evacuada, tal como hemos señalado y hubiese armonizado la prueba en su conjunto, el resultado del proceso hubiese sido un fallo distinto al emitido y por ende ajustado a derecho, dado que la prueba de cargo específicamente la declaración de la víctima es concordante con la prueba pericial y por otro lado, no se evidenciaron factores de los que se infiera que en ella o en sus familiares hubiese ánimo de perjudicar al acusado, por ende de esto se refleja que los hechos no pudieron haber ocurrido de manera distinta que la narrada por la Ofendida y para ello bastaba concatenar de manera armónica toda el andamiaje probatorio incorporado al proceso, y resultado de ello es que efectivamente quien dijo la verdad en todo el proceso, fue la víctima. En consecuencia, instamos a Vosotros Honorables Magistrados que se le dé la oportunidad al Ministerio Publico en un nuevo debate, para lograr la realización de justicia en el caso que hoy nos ocupó; haciendo la aclaración que el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo en el acto mismo de sentenciar, razón por la cual no se hizo reclamo anterior. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma

El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de cpp); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 cpp), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la Recurrente debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero cpp) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 cpp); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 cpp); Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la Recurrente; y Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Motivo: Violación de las reglas de la sana critica en la valoración intelectiva de la prueba; Concepto de la infracción: Quebrantamiento de la regla de la psicología; Quebrantamiento de la regla lógica de derivación, en su postulado de razón suficiente; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Sin determinar por el recurrente; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad de reclamo previo por estar contenido el vicio en la sentencia definitiva; y Pretensión: Se ordene la celebración de una nueva audiencia de debate. El Ministerio Público presenta recurso de casación por quebrantamiento de forma en contra de la sentencia emitida el 08 de septiembre de 2017 por el tribunal de sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida. El recurrente se fundamenta en que la decisión descansa en razonamientos intelectivos que inobservan las reglas de la sana critica; especifica que se realizó una incorrecta valoración del dictamen de estudio clínico hecho a la menor, pues los hallazgos del perito no descartan la posibilidad de que ésta haya sido víctima de un delito de índole sexual; por otra parte el recurrente relaciona el contenido de la declaración de la menor, poniendo en relieve que ésta refirió que el acusado uso preservativo (condón), en su ataque, mismo que fue recolectado como evidencia momentos después cuando se hizo inspección del lugar por la autoridad policial, conteniendo fluidos corporales que pertenecían al acusado, así determinado por el dictamen de serología forense. Sigue señalando el recurrente que el a-quo hizo una incorrecta valoración de las declaraciones de los testigos April Alani Powery Almendares y H. K. M. P., al cuestionar que al no haber acudido a la audiencia de debate no se podía saber si mantendrían o no sus versiones de los hechos que informaron en la audiencia inicial y cuyo contenido fue introducido por lectura. Además, cuestiona el recurrente la valoración que hizo el a-quo al dictamen psiquiátrico, pues considera que las razones de los juzgadores para restarle valor provienen de hechos que no fueron apreciados en la evaluación, sino que se trata de hipótesis indebidamente incluidas. Concluye el recurrente que los jueces hicieron una indebida derivación del contenido probatorio emitiendo una sentencia absolutoria como consecuencia, decisión final viciada que debe de ser invalidada por esta Sala de Casación. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. - El recurso es de recibo.- El caso que nos ocupa trata de la imputación hecha por el Ministerio Público al Señor Denmork Agustus Washington Stewart, por suponerlo responsable, a título de autor, de un delito consumado de violación especial, en perjuicio de la niña G. S. M. P., que tuvo como resultado la emisión de una sentencia absolutoria a su favor, al hacer sido el criterio de los jueces de sentencia que la prueba de cargo presentada no era merecedora de valor, y por ende imposibilitada de acreditar la acusación; empero tal conclusión es como consecuencia de una serie de razonamientos intelectivos que los judiciales realizaron al margen de las reglas de la sana critica, volviendo invalida la decisión adoptada. Los señores Jueces no dan crédito a la información que compartió la menor G. S. M. P., en su declaración, señalando que nada de lo que ésta dijo era creíble, ello por considerar que se contradijo en un hecho especifico: el acceso carnal; indicaron los jueces que la testigo primero señala que el acusado le introdujo el pene en la vulva después de colocarse un condón, pero que también señala que tenía su ropa interior puesta, que no se fijó en que parte de la vulva el acusado puso su pene y que no sintió dolor.- Los juzgadores hacen su análisis con alto rigor sin consideración de que se trata de una niña de 12 años que describe un hecho traumático, el que se conjuga con su falta de conocimiento sobre el acto sexual: por otra parte la supuesta contradicción se restringe estrictamente al acceso carnal (considerado como inexistente por los jueces), lo que fue suficiente para restar credibilidad a la totalidad de la declaración, a pesar de que la testigo narro una secuencia de hechos, desde su conocimiento previo sobre la persona del acusado, la decisión de salir de su casa para pasear en bicicleta con su hermano, el encuentro con el acusado, su abordaje, su traslado a un sector desolado, la agresión sexual, la intromisión afortunada de su hermano y su traslado a su casa, sin advertir coincidencias o la falta de ella con el resto de la actividad probatoria. Otro error apreciable en la valoración hecha por el a-quo de la declaración de la menor es la confrontación que hacen de la historia médico legal contenida en el dictamen de evaluación médica con lo señalado por ésta; Los juzgadores elevan a la posición de declaración una historia médico legal realizada en el proceso de abordaje de un estudio, que se recibe sin garantías procesales, de hecho sin la presencia de ninguna de las partes, anotada por el perito forense quien la indaga no con propósitos de juzgamientos sino de obtener una información preliminar para realizar su estudio. Finalmente, el tribunal de sentencia cuestiona que la menor G. M. no haya huido o tratado de huir cuando el acusado estaba colocándose el condón, exigiendo una reacción calculada a una niña de 12 años que, conforme a la acusación, estaba siendo agredida por un hombre de 52 años de edad, en un lugar desolado, que apenas tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo. Otras de las razones por las cuales los juzgadores no dieron crédito a la acusación, sin indicar que era un reparo a lo señalado por la testigo G. S. M. o por el testigo H. K. M. P., es la descripción de que cuando el acusado realizaba su ataque sexual el testigo H. K., de diez años de edad, se aproximó y al ver a su hermana en el suelo y encima de ella al acusado, grito a éste para que la dejara, reaccionando el acusado de manera inmediata, dejando a la menor y alejándose del lugar; para los juzgadores es inverosímil que el acusado haya sentido intimidación de un niño de 10 años, cuando previamente había usado la fuerza para someter a la ofendida, quien se insiste es una niña de 12 años; tales consideraciones son simplistas sin consideración del contexto, pues no se hace análisis de la distancia que tenía el menor y, por ende el riesgo que sus gritos alertaran a otras personas que pudiesen estar cerca del lugar en donde estaba éste; por otra parte el tribunal de sentencia tampoco hizo consideración si el acusado había o no terminado de satisfacer sus instintos libidinosos al momento de que el menor llegó al lugar y por ende la ausencia de razones de persistir en el ataque; en resumen el razonamiento judicial es limitado sin que derive de razones suficientes del porque este hecho, del que coincide tanto la niña G. S. M. como el niño H. K. M. P. en sus relatos, no es creíble. En cuanto a la testigo April Powery, madre de la menor, los juzgadores señalaron que se trata de una testigo no presencial que al relatarlos hechos era más precisa que los testigos presenciales; los juzgadores no aterrizan en señalar si es creíble o no el contenido de la declaración, pero entiende esta Sala de lo penal que su valoración fue negativa, valoración que es incorrecta pues la testigo tiene una doble condición: reproduce lo que sabe por información brindada por los testigos presenciales, que además son sus menores hijos y por ende ha tenido la oportunidad de escucharlos en varias ocasiones y poder reproducir dicha información frente a un tribunal gracias a su madures, pero además la testigo da cuenta de hechos que percibió directamente, como ser el comportamiento de la niña G. S. M. después de los hechos, en particular la necesidad de la administración de pastillas para que ésta pudiese dormir, lo que según se señala, no era necesario previo al día en que ocurrieron los supuestos hechos; por tanto el rechazo hecho por los señores jueces indicando que es como consecuencia de que se trata de una testigo de referencia es indebido, no solo porque aun cuando tenga tal condición debe de procederse a valorar su declaración y señalar por qué merece o no merece crédito, en relación a su confiabilidad como persona y coincidencia con otros medios de prueba, sino porque además la testigo relata hechos de los que tuvo conocimiento de manera directa, al haberlos percibido por sus sentidos, de los que no se hizo derivación alguna por los señores jueces de sentencia. El recurrente discute que es un razonamiento que compromete la lógica el usado por el tribunal de sentencia mediante el cual explica por qué resta valor a las declaraciones rendidas por los testigos April Powery y H. K. M. P.. Para los jueces el que los testigos no comparezcan personalmente al debate imposibilita poder saber si hubiesen mantenido la versión de los hechos que informaron en la audiencia inicial; Sobre las declaraciones introducidas por lectura la Sala de lo Penal ha señalado que deben de valorarse tanto individual como de manera conjunta con la prueba aportada y que, como requisito de valoración, el tribunal deberá de señalar que incidencia tuvo el hecho de no poder contar con la inmediación del testimonio, pero ello no debe de ser entendido que los jueces deben valorar negativamente el medio de prueba que carezca de inmediación, pues ello es transgredir el artículo 336 del Código Procesal Penal que manda que deben de ser valorados (positiva o negativamente) todos los medios de prueba que hubiesen sido presentados en la audiencia de debate.- En el caso de mérito los jueces valoraron negativamente los dos medios de prueba testifical señalados, no ser contradictorios, imprecisos, pocos creíbles, etc. sino al poner en duda si éstos seguirían manteniendo la integridad del relato de haber comparecido, duda que no constituye razón de valoración sino una mera especulación; los jueces debieron valorar el contenido de la prueba y, en su caso, enumerar los deméritos que constituye el no haber tenido inmediación. Finalmente, dentro de los argumentos recursivos planteados por el Ministerio Público está el señalar que la valoración del medio de prueba dictamen psiquiátrico fue valorado en base a hechos que no fueron contemplados por el perito.- El recurrente se refiere a lo señalado por los jueces de sentencia, quienes indicaron que en el dictamen no se descarta que la depresión y el estrés postraumático diagnosticado a la evaluada no procede de otras causas originadas por un hogar desintegrado u otra circunstancia; razonamiento que revela la confusión de los jueces entre dos campos del conocimiento, pues mientras la psiquiátrica es una ciencia, parte de la biología, encargada del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades mentales, es decir que tiene como centro de estudio los estados anormales de la mente, la psicología es una rama de las ciencias sociales que se define como una disciplina encargada del comportamiento y los procesos mentales, teniendo como centro de estudio la percepción, conocimiento, emoción, personalidad, comportamiento y relaciones interpersonales de la persona; Por tanto el medio de prueba, tanto respecto a la experticia del perito, como al método utilizado y las conclusiones arribadas, debieron de ser valorados conforme a su naturaleza, a la idoneidad del método científico y su resultado; así entonces el cuestionar sobre ambientes familiares, relaciones interpersonales y demás sale de la esfera de la medicina psiquiátrica para pasar a ser campo de estudio de la psicología. Decisión: Estimar el motivo único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto

La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal Decide: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Se casa la sentencia de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete (f. 178) dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, decretando su nulidad, así como la nulidad de la audiencia de juicio que le origina de fecha veintiséis y veintisiete de julio del mismo año.- Y MANDA: Primero.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del Señor Denmork Agustus Washington Stewart, en el cual deberán de participar un Jueces/as distinto/as a aquellos/as que concurrieron a la audiencia de debate y que tuvo como resultado la sentencia de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete.- Segundo.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada Coordinadora José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado . RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-493-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL