Sentencia CP-352-18 — Registro 15195
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación, y Declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, así como la suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. Establece la recurrente que de los hechos declarados probados se colige que, al señor Richi Josué Aplicano Sierra, se le practicó un registró y se le encontró una bolsa plástica conteniendo en su interior seis envoltorios de papel periódico con hierba seca marihuana, con un peso neto de 18,0 gramos; que llevaba escondido entre su ropa interior, conducta que es típica, antijurídica, culpable y punible que se subsume en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. La sentencia examinada, describe como hechos probados: Primero: El día dos de septiembre del año dos mil diecisiete, aproximadamente a eso de las once de la noche, en un operativo de rutina agentes de la policía nacional detuvieron al señor Richi Josué Aplicano Sierra, en la aldea valle de San Francisco, departamento de Francisco Morazán; a quien al momento de practicarle un registró se le encontró una bolsa plástica conteniendo en su interior seis envoltorios de papel periódico con hierba seca marihuana, con un peso neto de 18,0 gramos; que llevaba escondido entre su ropa interior, procediendo los agentes de policía al decomiso de la droga y a la detención del imputado.” En cuanto a este hecho probado, queda claro que, en efecto al señor Richi Josué Aplicano Sierra, se le practicó un registró y se le encontró una bolsa plástica conteniendo en su interior seis envoltorios de papel periódico con hierba seca marihuana, con un peso neto de 18,0 gramos; que llevaba escondido entre su ropa interior y en la que se establece que la misma no es compatible con la dosis considerada para consumo personal, por lo tanto, no puede considerarse para consumo personal inmediato. De la configuración jurídica del tipo penal, se determina que: 1. Es sujeto activo: Cualquier persona sin condición en particular. (al señor Richi Josué Aplícano Sierra) 2. Verbo Rector: Facilitar, esto es proporcionar algo, bien o servicio. En el caso particular de este tipo penal, será facilitar un local o un medio de trasporte para el tráfico de drogas. (en posesión del señor Richi Josué Aplícano Sierra) 3. Objeto del Delito: sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas. (18.0 gramos de marihuana) 4. Sujeto Pasivo: La Salud de la Población del Estado de Honduras. En otras palabras, luego de analizar las pruebas vertidas en juicio, debe llegarse a una decisión sobre la cual no queden dudas, pese a ello no es posible en el caso de autos afirmar en grado de certeza, que a partir de los hechos declarados como probados, se hayan podido producir actos de comercio, pero si se colige que el imputado facilitó un medio de trasporte para el tráfico de drogas y que es posible afirmar por tanto que la intención del sujeto activo, es la de facilitar intencionalmente el medio de transporte para tener 18.0 gramos de marihuana, pues no se acredita un ánimo delictivo diferente. Por lo anteriormente expuesto, debe declararse con lugar este único motivo casacional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se absolvió al señor Richi Josué Aplícano Sierra, del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. De acuerdo a la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas (art. 22), a la persona responsable del delito de facilitación de local para el tráfico o consumo de drogas, se le impondrá sanción de seis (6) a nueve (9) años de reclusión más multa de cincuenta (50) a cien (100) mil lempiras; en el caso examinado por no tener circunstancias agravantes ni atenuantes se le impondría una pena de seis (6) años de reclusión más una multa de cincuenta (50) mil lempiras por el delito de facilitación de local para el tráfico o consumo de drogas. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de droga por facilitación de local para el tráfico o consumo de drogas (Art. 311), cuya pena es: a. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o b. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: i.- Diez mil (10.000) gramos de marihuana; ii.- Mil (1000) gramos de hachís; iii.- Dos mil (2000) gramos de cocaína; iv.- Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; v.- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; vi.- Doscientos (200) gramos de droga sintética; o vii.- Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. Retornando al caso concreto, el acusado, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de 18.0 gramos de marihuana, considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; cantidad no compatible para el consumo personal inmediato; conducta que castiga el NCP con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L 2,000.00 a L 2,500,000.00. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena a imponer al acusado, conforme el CP-144-83 al ser de seis (6) más multa de cincuenta (50) mil lempiras, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgados conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Que debemos condenar y condenamos al acusado Richi Josué Aplicano Sierra, como responsable de un delito consumado de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a cumplir la pena principal de siete (4) años de prisión; multa de cien días, a razón de veinte lempiras exactos por cada día, dando un total de dos mil lempiras (L 2,000.00) y a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (art. 41.2) por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales. Las penas principales impuestas se cumplirán en el orden siguiente: penas de prisión de manera sucesiva, iniciando con la más grave, a la que deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; la pena de multa deberá cumplirse 30 días hábiles después de adquirir firmeza esta sentencia, enterado lo debido a la Procuraduría General de la Republica, salvo resolución de pago diferido emitido por el Juzgado de Ejecución como consecuencia de haberse acreditado justa causa, la pena accesoria se cumplirá de manera simultánea a las penas principales de prisión..."
Jerarquía: Reiterativa
"...Que debemos condenar y condenamos al acusado Richi Josué Aplicano Sierra, como responsable de un delito consumado de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a cumplir la pena principal de siete (4) años de prisión; multa de cien días, a razón de veinte lempiras exactos por cada día, dando un total de dos mil lempiras (L 2,000.00) y a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (art. 41.2) por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales. Las penas principales impuestas se cumplirán en el orden siguiente: penas de prisión de manera sucesiva, iniciando con la más grave, a la que deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; la pena de multa deberá cumplirse 30 días hábiles después de adquirir firmeza esta sentencia, enterado lo debido a la Procuraduría General de la Republica, salvo resolución de pago diferido emitido por el Juzgado de Ejecución como consecuencia de haberse acreditado justa causa, la pena accesoria se cumplirá de manera simultánea a las penas principales de prisión..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 41, N.2 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero pronuncian, en nombre del estado de honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-352-2018 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Richi Josué Aplícano Sierra, del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras.- Segundo: No se le declaró la responsabilidad civil del señor Richi Josué Aplícano Sierra.- Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público.- Cuarto: No procedió decretar el comiso.- Quinto: Se ordenó extender la carta de libertad definitiva, una vez que la sentencia adquiera carácter de firme. son partes en única instancia: La Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y la Abogada Francis Lyzbeth López Murillo, en su condición de procuradora judicial de la Procuraduría General de la República; los Abogados José Roberto Izaguirre Santos y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos del señor Richi Josué Aplicano Sierra, como partes recurridas. Hechos Probados de la instancia “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes. Primero: El día dos de septiembre del año dos mil diecisiete, aproximadamente a eso de las once de la noche, en un operativo de rutina agentes de la policía nacional detuvieron al señor Richi Josue Aplicano Sierra, en la aldea valle de San Francisco, departamento de Francisco Morazán; a quien al momento de practicarle un registró se le encontró una bolsa plástica conteniendo en su interior seis envoltorios de papel periódico con hierba seca marihuana, con un peso neto de 18,0 gramos; que llevaba escondido entre su ropa interior, procediendo los agentes de policía al decomiso de la droga y a la detención del imputado.” recurso de casación. motivos y argumentos La Recurrente, Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “Exposición De Los Motivos De Casación Único Motivo: “Falta de Aplicación del artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas” Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente establece: Artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil Lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de substancias estupefacientes, sicotrópicos y otras drogas peligrosas”. El hecho declarado probado por el Juzgador fue el siguiente: “Primero: "el día dos de septiembre del año dos mil dieciséis aproximadamente a eso de las once de la noche, en un operativo de rutina agentes de la policía nacional detuvieron al señor Richi Josué Aplicano sierra, en la aldea valle de san francisco, departamento de francisco Morazán; a quien al momento de practicarle un registro se le encontró una bolsa plástica conteniendo en su interior seis envoltorios de papel periódico con hierba seca supuesta marihuana, con un peso neto de 18,0 gramos; que llevaba escondido entre su ropa interior, procediendo los agentes de policía al decomiso de la droga y a la detención del imputado.” Según se consigna en el factum, el imputado ejecutó el hecho (transportar drogas) dentro de su ropa interior, encontrándole en el registro, una bolsa plástica conteniendo seis envoltorios de papel periódico, conteniendo en su interior hierba seca, la cual resultó ser la cantidad de 18,0 gramos de marihuana, lo cual fue verificado por la Policía Nacional. Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación del artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, ya que se considera que se presentan todos los requisitos exigidos por dicho cuerpo legal para considerar la participación del acusado a título de Autor en el delito señalado, como se puede colegir de la simple lectura del Factum. Aunque este motivo de casación, por impetrarse vía infracción de ley, requiere básicamente del análisis comparativo entre el factum y la parte dispositiva de la sentencia; para evidenciar cómo la acción descrita en aquél evidencia la violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar al enjuiciado como autor directo del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, contenido en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Substancias Psicotrópicas, siendo que los elementos del tipo se configuran en la acción perpetrada por el acusado quien portaba en su ropa interior la cantidad de 18,0 gramos de marihuana, misma que no es compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato, infringiendo lo establecido en la norma legal precitada, haremos referencia a la sentencia dictada por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, misma que se registra bajo el número SP-43-2010, de fecha 8 de Noviembre del año 2012, mediante la cual define a lo que se enmarca como una acción de facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas: “...Como lo explica Acale Sánchez, “el transporte es realizado en algunos casos por la persona que ha comprado para sí la droga, pero mayoritariamente, por personas, contratadas para esa concreta función tan arriesgada y tan vulnerable a la intervención policial, si bien a la vista de la jurisprudencia existente en este punto, el transportista no suele dar el nombre de quien le contrató.” Más adelante, la citada autora señala que “…el transporte como forma de hacer circular la droga, es una de las conductas que sin lugar a dudas ha sido considerada por la jurisprudencia que pone en peligro el bien jurídico la salud pública, pues supone un acto material de difusión de la droga.” Remitiéndose a un precedente jurisprudencial de su país, la penalista antes mencionada expresa que el transporte ha sido definido en los siguientes términos: “…transporte vale tanto como la acción de trasladar la droga tóxica o estupefaciente de un punto a otro, con ulterior finalidad de transmisión a otro u otros, y puede hacerse mediante el uso de cualquier vehículo o medio de locomoción (ferrocarril, automóvil, embarcación o bicicleta), a lomos de caballerías, o vehículos de tracción animal, o...mediante mujeres porteadoras, las que disimulando debajo de sus ropas, pueden llevar cantidades de hachís o de otras sustancias estupefacientes...”. Así las cosas, debemos ahora determinar qué se entiende por facilitar: De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, facilitar es “hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. También puede entenderse como equivalente a “proporcionar o entregar”. Por tanto, la acción perpetrada por el acusado, constituye el delito antes mencionado, el cual se configura con el hecho de hacer posible la circulación o el traslado de la droga con el objetivo de transmitirla o promover su difusión a otras personas; conducta que se evidencia de la simple lectura del factum cuando el mismo señala que los policías le practicaron un registro y le encontraron en su ropa interior seis envoltorios de papel periódico conteniendo hierba seca marihuana, y con la prueba pericial se evidencio que se trataba de marihuana con un peso de 18,0 gramos. Al analizar la sentencia impugnada, se concluye que del factum se puede sustraer los siguientes extremos: 1.- Que se estaba realizando un operativo de rutina en la aldea Valle de San Francisco departamento de Francisco Morazán. 2.- Que en ese operativo se le dio detención al imputado Richi Josue Aplicano Sierra. 3.- Que al momento de practicarle el registro personal se encontró escondido dentro de su ropa interior una bolsa plástica, la cual contenía 6 envoltorios de papel periódico, con un peso total de 18,0 gramos. Extremos todos, que se configuran en el ilícito tipificado en la norma penal que se relaciona como infringida. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado, Richi Josue Aplicano Sierra, Ejecutó Acciones Constitutivas Del Delito De Facilitación De Medios De Transporte Para El Tráfico Ilícito De Drogas, establecido en las normas precitadas, así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber dictado tal sentencia a la imputada ha producido, en consecuencia, la violación del precepto penal contenido en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas; Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Pretensión: Sea declarado con lugar el recurso. El recurrente señala que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, ha hecho una falta de aplicación del artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, que contiene el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas; explica que al haber omitido los juzgadores su aplicación para condenar al enjuiciado como autor directo del delito, siendo que los elementos del tipo se configuran en la acción perpetrada por el acusado quien portaba en su ropa interior la cantidad de 18.0 gramos de marihuana. Del delito de Tráfico Ilícito de Drogas: Conviene inicialmente establecer con claridad la significación etimológica de la palabra Tráfico, en tal sentido Tráfico fuera del ámbito vehicular, ha de considerarse como el movimiento de mercancías o personas, término derivado del verbo traficar, compuesto por el léxico latino trans- que significa de un lado para otro. Definido como la acción de traficar, es utilizado como una definición de una acción ilegal de movimiento de bienes, especies o personas como, por ejemplo, el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órganos o la trata de personas. En cuanto a la definición de qué se entiende por tráfico, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como “comerciar, negociar con el dinero y las mercancías”. En el artículo 1 del Convenio Único de 1961 sobre estupefacientes, en el apartado l) se dice que se entiende por tráfico ilícito “el cultivo o cualquier tráfico de estupefacientes, contrarios a las disposiciones de la presente convención”, también en el apartado m) se define lo que se entiende por importación y exportación que es “se entiende en sus respectivos sentidos, el transporte material de estupefaciente de un estado a otro o de un territorio a otro del mismo estado”. Lo importante de todas las definiciones expuestas, es que el acto de tráfico implica necesariamente un movimiento, un traslado de un lugar a otro, relacionado con el comercio, o el negocio con dinero de mercancías. Establecida la definición de tráfico, la ley penal ha definido varios tipos penales, relativos a esta acción, en el caso que nos ocupa la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, refiere en su artículo 18, el tipo penal de Trafico de Drogas, sancionando “… al que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras…”. La conducta típica descrita se centra en actividades dirigidas al movimiento ilícito de drogas, con acciones directamente vinculadas al comercio, esto es a la compra y venta ilícita de este tipo de sustancias. La jurisprudencia española ha entendido que debe comprenderse por tráfico, todos los actos del ciclo económico de la droga, es decir: actos de producción, como lo son el cultivo o la fabricación, actos principales de tráfico, incluyendo dentro de ellos, la transmisión gratuita u onerosa, así como los actos de intermediación en el tráfico, actos auxiliares de tráfico como son: la posesión o tenencia y el transporte, siempre que unos y otros estuvieran pre ordenados a promover, favorecer o facilitar el consumo. Deben incluirse en este apartado los actos de fomento, incluyendo la propaganda y la formulación de ofertas (STS 154/2004 de 13 de febrero de 2004). Se exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) Un elemento objetivo, cual es la realización de algún acto de producción, venta, permuta o cualquier forma de tráfico, transporte, tenencia con destino al tráfico o acto de fomento, propaganda o formulación de ofertas de dichas sustancias, b) Que el objeto material de esas conductas sea alguna de las sustancias recogidas en la lista de los Convenios Internacionales; c) El elemento subjetivo del destino al tráfico ilícito, que en ocasiones no será obtenible por prueba directa, sino deducible del conjunto de sus acciones.[1] En este sentido, la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, define los aspectos en cuanto al tipo penal de tráfico de drogas: 1. Sujeto Activo: Cualquier persona sin cualificación alguna. 2. Verbo Rector: Traficar, esto es, la acción de movilizar, mediante actos de comercio, es decir intercambio monetario. 3. Objeto del Delito: Drogas, estupefacientes o sustancias controladas. 4. Sujeto Pasivo: La Salud de la Población. Sin perjuicio de lo anterior, la definición contenida en el artículo 5 numeral 34 de la misma ley, establece como concepto de Tráfico Ilícito, “…Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito, o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas…”. Esta definición está redactada en consonancia con lo que establece el artículo 1 literal I) de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes y artículo 3 párrafos 1 y 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de Viena, 1988. Sin embargo, nótese que, en la ley especial, la definición del delito de Tráfico de Drogas, contenida en el artículo 18, se limita a la acción de traficar, esto es comercializar, según las definiciones expuestas más arriba. Pese a ello, la ley recoge como tipos penales diferenciados, las demás acciones contenidas en la definición del numeral 34 del artículo 5, de tal suerte que la siembra, plantación o cultivo, está determinada en el artículo 16; la fabricación en el artículo 17; el financiamiento en el artículo 19, hasta llegar a la sanción correspondiente a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos y otras drogas peligrosas, contenida en el artículo 22 de dicha ley y establecido como el delito de Facilitación de Local o Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas. Del delito de Facilitación de los Medios de Transporte: De conformidad con el texto del artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, se establece que: “… Se le impondrá sanción de seis a nueve años de reclusión más multa de cincuenta a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas…”. De la configuración jurídica del tipo penal, se determina que: 1. Es sujeto activo: Cualquier persona sin condición en particular. 2. Verbo Rector: Facilitar, esto es proporcionar algo, bien o servicio. En el caso particular de este tipo penal, será facilitar un local o un medio de trasporte para el tráfico de drogas.3. Objeto del Delito: sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas. 4. Sujeto Pasivo: La Salud de la Población del Estado de Honduras. De lo anterior es posible determinar que el tipo penal va dirigido a sancionar a quien de manera intencional (ánimo penal) facilite un local (casa, almacén, bodega, etc.) o un medio de transporte (aéreo, marítimo o terrestre), para el tráfico (movilización o comercialización posterior) de la droga. En otras palabras, la acción del sujeto activo de este tipo penal es la de proporcionar las facilidades para almacenar o transportar las sustancias psicotrópicas, sin que ello represente un acto de comercialización propiamente dicho, de la droga almacenada o transportada; en otras palabras, la acción sancionable es la de almacenar o trasportar, no el acto de vender, comprar o negociar de otra forma el producto ilícito. Si bien como se ha podido establecer, el fin último es precisamente el tráfico de drogas, la diferencia en la sanción radica precisamente en la resolución o subjetividad demostrada por el sujeto activo; es decir, el aspecto subjetivo demostrado que indique el conocimiento e intención de facilitar un local o los medios de transporte, para el fin último, el tráfico de drogas, o si por el contrario la intención del sujeto activo va definida directamente a la acción específica de traficar. De la Procedencia del Recurso. el recurso es de recibo. Establece la recurrente que de los hechos declarados probados se colige que, al señor Richi Josué Aplicano Sierra, se le practicó un registró y se le encontró una bolsa plástica conteniendo en su interior seis envoltorios de papel periódico con hierba seca marihuana, con un peso neto de 18,0 gramos; que llevaba escondido entre su ropa interior, conducta que es típica, antijurídica, culpable y punible que se subsume en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. La sentencia examinada, describe como hechos probados: Primero: El día dos de septiembre del año dos mil diecisiete, aproximadamente a eso de las once de la noche, en un operativo de rutina agentes de la policía nacional detuvieron al señor Richi Josué Aplicano Sierra, en la aldea valle de San Francisco, departamento de Francisco Morazán; a quien al momento de practicarle un registró se le encontró una bolsa plástica conteniendo en su interior seis envoltorios de papel periódico con hierba seca marihuana, con un peso neto de 18,0 gramos; que llevaba escondido entre su ropa interior, procediendo los agentes de policía al decomiso de la droga y a la detención del imputado.” En cuanto a este hecho probado, queda claro que, en efecto al señor Richi Josué Aplicano Sierra, se le practicó un registró y se le encontró una bolsa plástica conteniendo en su interior seis envoltorios de papel periódico con hierba seca marihuana, con un peso neto de 18,0 gramos; que llevaba escondido entre su ropa interior y en la que se establece que la misma no es compatible con la dosis considerada para consumo personal, por lo tanto, no puede considerarse para consumo personal inmediato. De la configuración jurídica del tipo penal, se determina que: 1. Es sujeto activo: Cualquier persona sin condición en particular. (al señor Richi Josué Aplícano Sierra) 2. Verbo Rector: Facilitar, esto es proporcionar algo, bien o servicio. En el caso particular de este tipo penal, será facilitar un local o un medio de trasporte para el tráfico de drogas. (en posesión del señor Richi Josué Aplícano Sierra) 3. Objeto del Delito: sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas. (18.0 gramos de marihuana) 4. Sujeto Pasivo: La Salud de la Población del Estado de Honduras. En otras palabras, luego de analizar las pruebas vertidas en juicio, debe llegarse a una decisión sobre la cual no queden dudas, pese a ello no es posible en el caso de autos afirmar en grado de certeza, que a partir de los hechos declarados como probados, se hayan podido producir actos de comercio, pero si se colige que el imputado facilitó un medio de trasporte para el tráfico de drogas y que es posible afirmar por tanto que la intención del sujeto activo, es la de facilitar intencionalmente el medio de transporte para tener 18.0 gramos de marihuana, pues no se acredita un ánimo delictivo diferente. Por lo anteriormente expuesto, debe declararse con lugar este único motivo casacional. DECISIÓN: Declarar ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se absolvió al señor Richi Josué Aplícano Sierra, del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. De acuerdo a la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas (art. 22), a la persona responsable del delito de facilitación de local para el tráfico o consumo de drogas, se le impondrá sanción de seis (6) a nueve (9) años de reclusión más multa de cincuenta (50) a cien (100) mil lempiras; en el caso examinado por no tener circunstancias agravantes ni atenuantes se le impondría una pena de seis (6) años de reclusión más una multa de cincuenta (50) mil lempiras por el delito de facilitación de local para el tráfico o consumo de drogas. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de droga por facilitación de local para el tráfico o consumo de drogas (Art. 311), cuya pena es: a. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o b. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: i.- Diez mil (10.000) gramos de marihuana; ii.- Mil (1000) gramos de hachís; iii.- Dos mil (2000) gramos de cocaína; iv.- Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; v.- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; vi.- Doscientos (200) gramos de droga sintética; o vii.- Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. Retornando al caso concreto, el acusado, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de 18.0 gramos de marihuana, considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; cantidad no compatible para el consumo personal inmediato; conducta que castiga el NCP con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L 2,000.00 a L 2,500,000.00. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena a imponer al acusado, conforme el CP-144-83 al ser de seis (6) más multa de cincuenta (50) mil lempiras, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgados conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. - Segundo: Casa la sentencia de fecha siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y como consecuencia, revoca la misma; Tercero: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada al ahora condenado Richi Josué Aplícano Sierra , en consecuencia, se emite el siguiente pronunciamiento: i.- Que debemos condenar y condenamos al acusado Richi Josué Aplicano Sierra, como responsable de un delito consumado de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a cumplir la pena principal de siete (4) años de prisión; multa de cien días, a razón de veinte lempiras exactos por cada día, dando un total de dos mil lempiras (L 2,000.00) y a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (art. 41.2) por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales. Las penas principales impuestas se cumplirán en el orden siguiente: penas de prisión de manera sucesiva, iniciando con la más grave, a la que deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; la pena de multa deberá cumplirse 30 días hábiles después de adquirir firmeza esta sentencia, enterado lo debido a la Procuraduría General de la Republica, salvo resolución de pago diferido emitido por el Juzgado de Ejecución como consecuencia de haberse acreditado justa causa, la pena accesoria se cumplirá de manera simultánea a las penas principales de prisión. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaria del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento; y además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del señor Richi Josué Aplícano Sierra. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. Maria del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto del dos mil veintidós. Certificación de sentencia dictada el veintinueve de abril del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-352-2018.
JOSE RAMON CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
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[1] MARTÍN PALLÍN, J. A.: Impacto social, criminológico, político y normativo del tráfico de drogas, en Delitos contra la salud pública y contrabando, Cuadernos de Derecho Judicial V/2000, Madrid 2000, pág. 43.