Sentencia CP-348-18 — Registro 14671
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 (Derecho de Defensa y Debido Proceso), en relación con artículos 16 de la Constitución de la República; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. En el presente caso, argumenta el recurrente que el juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor Edward Jared Rodríguez Moncada por el delito de Asesinato en perjuicio de Eva Yadira Mujica Paz infringe los fundamentales derechos de defensa y el debido proceso que le asisten al imputado, porque el fallo condenatorio no cuenta con un adecuado respaldo probatorio que lo sustente. Alega que como prueba decisiva de cargo se presentó la declaración del Testigo Protegido X5 con la que el juzgador declaró terminantemente acreditado que el imputado Edward Jared Rodríguez Moncada disparó un arma de fuego contra la señora Eva Yadira Mujica Paz ocasionándole la muerte por laceración de los pulmones producto de los disparos. Refiere que la apreciación del juzgador es inapropiada, por ser un testigo protegido (oculto y con identidad reservada) que le impidió a la defensa del imputado el ejercicio de un verdadero examen del testigo respecto a posibles intereses ilegítimos, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual conlleva la posibilidad del inculpado de examinar al determinante testigo de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, y al desconocer la identidad del decisivo testigo por parte del imputado deja a su defensa en claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y debido proceso, la declaración del Testigo Protegido X5 además es introducida al debate mediante lectura lo que agrega mayor dificultad al ejercicio de un verdadero contra examen; se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Edward Jared Rodríguez Moncada, porque a él se le condenó con base en la declaración del Testigo Protegido X5 (oculto, con identidad reservada e introducida al debate por lectura) frente a quien, por esa condición de protegido y no presente en el tribunal, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contra examen y, si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero tales medios de prueba no aportan datos que incriminen al señor Edward Jared Rodríguez Moncada. Esta Sala considera que, en el presente caso, el Tribunal de Sentencia de mérito no ha infringido los derechos fundamentales de Defensa y Debido Proceso del acusado Edward Jared Rodríguez Moncada, por considerar que en la secuela del juicio oral y público ha recaido prueba de cargo suficiente en contra del acusado, reproducida siguiendo los derechos, formalidades y garantías establecidas por las leyes, Constitución de la República y los tratados o convenciones internacionales, aprobadas por el Estado de Honduras, en especial el derecho de defensa. La declaración del Testigo Protegido X5, esta corroborada en juicio por los medios de prueba de tipo incriminatorio siguientes: Acta de reconocimiento fotográfico, realizada al acusado Edward Jared Rodriguez Moncada por testigo X5 (folio 14 y 15); Acta de reconocimiento fotográfico realizada al acusado Edward Jared Rodriguez Moncada por el testigo “Libre”, (folio 30); Acta de Registro Personal, (folio 446) en que consta que el señor Edward Jared Rodriguez Moncada, al momento del registro personal portaba en su cintura del lado derecho un arma de fuego tipo revolver, color niquelada sin marca, sin serie con empuñadura de caucho color blanco, calibre desconocido; Prueba Pericial de Autopsia número AT-2016-305 (folio 462 y 463), realizada por el Dr. Raúl Mauricio Guillén Enamorado, sobre el cuerpo sin vida de Eva Yadira Mojica Paz, con el que constata las diversas lesiones que provocaron su muerte a causa de disparos de arma de fuego, en el que recupera de cadáver tres balas que se remiten al laboratorio de Ciencias Forenses para su respectivo análisis pericial; Dictamen de Análisis balístico No. 2020-0801-0502, realizado por el señor Marvin Isaac Urquía Molina sobre el arma de fuego marca Smith y Wesson, sin serie, ni modelo visible, con numeración de yugo 17081, calibre 38, spl, concluyendo: arma en buen estado mecánico y operativo, siendo capaz de disparar la munición para la que fue fabricada, realizando tres disparos en tanque balístico para efectos de posterior pericia balística comparativa; Dictamen de Comparación Balística No. 2017-0801-0501-5143, (folio 438) practicado por el señor Jimmy Bendeck Ordóñez, Perito oficial del Ministerio Público, quien realiza la pericia a partir de las pruebas patrones del arma de fuego tipo revolver, calibre 38 especial, marca Smith y Wesson, No. 17081 en su mango, y tres balas núcleo con rayado balístico de cinco estrías, con giro a la derecha recuperadas en la autopsia 2016-0801-0401-0305, realizándose un dictamen balístico y de comparación, estableciéndose como conclusión: que el arma en mención disparó las tres balas recuperadas en la autopsia anteriormente mencionada; y Evidencia: consistente en la exhibición del arma de fuego contenido en una bolsa plástica transparente, firmada y sellada conteniendo en su interior un arma de fuego tipo revolver, calibre 38 especial, sin marca, sin numero empuñadura de caucho color blanco. Esta Sala considera que el juzgador de instancia alcanza su decisión final no solo con base en la declaración rendida por el Testigo Protegido X5, como prueba anticipada, sino con un abundante número de medios de prueba de testigos, periciales y documentales, y evidencia física, ya relacionadas, con los cuales concluye válidamente que el acusado Edward Jared Rodríguez Moncada es el autor material de la muerte de Eva Yadira Mujica Paz. por lo que la sentencia impugnada no infringe los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ni el 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Edward Jared Rodríguez Moncada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al imputado Edward Jared Rodríguez Moncada la pena de 25 años de reclusión, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Eva Yadira Mujica Paz, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al acusado Edward Jared Rodríguez Moncada como persona responsable le correspondería ser sancionada penalmente con pena de entre 20 y 25 años de prisión (Artículo 193) e inhabilitación absoluta por tiempo de la condena, y las penas accesorias correspondientes. Por anterior, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena a favor del acusado en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia recaída en el Recurso de Casación con registro No. SP-348-2018 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-348-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Edward Jared Rodríguez Moncada, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Eva Yadira Mujica Paz, a la pena de veinticinco años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal.- Segundo: Se declaró la responsabilidad civil del señor Edward Jared Rodríguez Moncada, de la indemnización de perjuicios a favor de familiares y dependientes económicos de la señora Eva Yadira Mujica Paz, como consecuencia de los hechos por los cuales es condenado.- Tercero: No procedió condenar en costas al señor Edward Jared Rodríguez Moncada.- Cuarto: Procedió decretar el comiso del arma tipo revólver calibre .38 spl, marca Smith & Wesson con numeración 17081 en su mango. Son Partes. Los Abogados Mario Reniery Amador Espinal y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensores públicos del señor Edward Jared Rodríguez Moncada, como parte recurrente; y, la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “Único: En fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, a las siete de la noche, en el local denominado “Clínica Médica Familiar” localizada en la colonia San Pablo de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Departamento de Francisco Morazán, aprovechando el momento en que la Doctora Eva Yadira Mujica Paz se encontraba estacionando su vehículo automotor en el interior de esta clínica (la cual a la vez era su casa de habitación), el joven Edward Jared Rodriguez Moncada -de veinte años de edad-, la abordo por la espalda en el momento en que la doctora se bajaba del carro y le realizó varios disparos con un revólver marca Smith & Wesson calibre .38 spl. sin número de serie, ocasionándole la muerte por laceración de los pulmones producto de estos disparos de arma de fuego, dándose a la fuga el señor Edward Jared Rodriguez Moncada en una motocicleta que era conducida por un sujeto que se encontraba en el lugar y que previamente había estado circulando en varias ocasiones cerca de la clínica en mención.” Recurso de Casación. La recurrente Abogada Elsy Sofia Medina Sierra, en su condición de defensora pública del señor Edward Jared Rodríguez Moncada procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 (DERECHO DE DEFENSA y DEBIDO PROCESO), en relación con artículos 16 de la misma Constitución de la República; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1) derecho de defensa es inviolable; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada par el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de las cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal; 3) Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad a interrogar a las testigos presentes en el tribunal. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor EDWARD JARED RODRÍGUEZ MONCADA por el delito de ASESINATO en perjuicio de EVA YADIRA MUJICA PAZ infringe gravemente los fundamentales derechos de defensa y el debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque dicho fallo condenatorio no cuenta con un adecuado respaldo probatorio que lo sustente. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se evacuó, mediante lectura, como prueba decisiva de cargo la declaración del TESTIGO PROTEGIDO X5 con la que el Juzgador declaró terminantemente acreditado que el imputado EDWARD JARED RODRÍGUEZ MONCADA disparó un arma de fuego contra la señora EVA YADIRA MUJICA PAZ ocasionándole la muerte por laceración de los pulmones producto de los disparos. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque la prueba en que se apoya el hecho antes referido no es suficientemente apta para acreditarlo ya que, dicha prueba está constituida, decisivamente, por la declaración del TESTIGO PROTEGIDO X5 de quien el Tribunal la considera válida ya que, para él, no existe circunstancia alguna de la que pueda apreciarse contradicciones en su declaración y que por el contrario se corrobora con la prueba documental y pericial, acreditándose con ella que el acusado se encontró en el preciso lugar, hora y fecha en que sucedieron los hecho; la anterior apreciación del Juzgador inapropiada, porque tratándose de un testigo protegido (oculto y con identidad reservada) le impidió a la defensa del imputado el ejercicio de un verdadero examen del testigo respecto a posibles intereses ilegítimos, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual conlleva la posibilidad del inculpado de examinar al determinante testigo de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, pero el desconocimiento de la identidad del decisivo testigo por parte del imputado lo dejó, a él y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y debido proceso, sumado a ello la declaración del TESTIGO PROTEGIDO X5 fue introducida al debate mediante lectura lo que sumó una dificultad más en contra del ejercicio de un verdadero contra examen. QUINTO: En las condiciones antes referidas la decisión de condena del Juzgador quebranta los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso de los que legalmente goza el señor EDWARD JARED RODRÍGUEZ MONCADA, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios procesales de oralidad, publicidad y contradicción, infringiendo los derechos de defensa y al debido proceso del referido imputado, ya que, como reiteradamente lo hemos dicho, la prueba básica en la que se sustenta el fallo de condena es la declaración del TESTIGO PROTEGIDO X5 (testigo oculto, con identidad reservada y rendida en audiencia previa), misma que no cuenta con corroboradores periféricos que la respalden y por tanto insuficiente para justificar, válidamente, un fallo de condena. SEXTO: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de identidad oculta, reiteradamente han resuelto que: “Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena na puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de Identidad deben tratarse con extrema precaución...b)..., la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista ... estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de Identidad reservada (el “testigo protegido No.1”), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos par sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un Conocimiento indirecto.... Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, la que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao”[1] “…Este Tribunal considera que tanto el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener en anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios”[2]. SÉPTIMO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido, declara que es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el de el señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor EDWARD JARED RODRÍGUEZ MONCADA, porque a él se le condenó con base en la declaración del TESTIGO PROTEGIDO X5 (oculto, con identidad reservada e introducida al debate por lectura) frente a quien, por esa condición de protegido y no presente en el Tribunal, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contra examen y, si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero tales medios de prueba no aportan datos que incriminen al señor EDWARD JARED RODRÍGUEZ MONCADA, por lo anterior legítimamente lo que corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor del señor EDWARD JARED RODRÍGUEZ MONCADA.” Fundamentación Infracción de preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 (Derecho de Defensa y Debido Proceso), en relación con artículos 16 de la Constitución de la República; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículos 93 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación de los artículos 82 y 90 (Derecho de Defensa y Debido Proceso), en relación con artículos 16 de la Constitución de la República; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. Reclamación Ex Ante: No reclamada con anterioridad a la interposición del recurso. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se dicte la sentencia de fondo que corresponda de conformidad a derecho. Motivo Único. Resumen. Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 (Derecho de Defensa y Debido Proceso), en relación con artículos 16 de la Constitución de la República; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. El derecho de defensa es inviolable. Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada par el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de las cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad a interrogar a las testigos presentes en el tribunal. El juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor Edward Jared Rodríguez Moncada por el delito de Asesinato en perjuicio de Eva Yadira Mujica Paz infringe gravemente los fundamentales derechos de defensa y el debido proceso que le asisten al imputado, porque el fallo condenatorio no cuenta con un adecuado respaldo probatorio que lo sustente. Como prueba decisiva de cargo está la declaración del Testigo Protegido X5 con la que el juzgador declaró terminantemente acreditado que el imputado Edward Jared Rodríguez Moncada disparó un arma de fuego contra la señora Eva Yadira Mujica Paz ocasionándole la muerte por laceración de los pulmones producto de los disparos. La prueba en que se apoya el hecho antes referido no es suficientemente apta para acreditarlo ya que, dicha prueba está constituida, decisivamente, por la declaración del Testigo Protegido X5 que el Tribunal considera válida, sin contradicciones y por entender que se corrobora con la prueba documental y pericial. La apreciación del juzgador es inapropiada, por ser un testigo protegido (oculto y con identidad reservada) que le impidió a la defensa del imputado el ejercicio de un verdadero examen del testigo respecto a posibles intereses ilegítimos, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual conlleva la posibilidad del inculpado de examinar al determinante testigo de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, y al desconocer la identidad del decisivo testigo por parte del imputado deja a su defensa en claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y debido proceso, declaración del Testigo Protegido X5 además es introducida al debate mediante lectura lo que agrega mayor dificultad al ejercicio de un verdadero contra examen. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes, en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de identidad oculta, reiteradamente han resuelto que: “Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido, declara que es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados.” En el caso de mérito, al igual que en el del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Edward Jared Rodríguez Moncada, porque a él se le condenó con base en la declaración del Testigo Protegido X5 (oculto, con identidad reservada e introducida al debate por lectura) frente a quien, por esa condición de protegido y no presente en el Tribunal, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contra examen y, si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero tales medios de prueba no aportan datos que incriminen al señor Edward Jared Rodríguez Moncada. Concepto General del Recurso Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[3] Concepto específico. La Constitución de la República en su Artículo 82 dispone que: “El derecho de defensa es inviolable…”, el que está en estrecha vinculación al derecho-garantía de un Debido Proceso, en cual garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso ha de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley. Deriva del derecho de defensa los sub principios de Contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho de las partes procesales, por intermedio de sus apoderados, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus respectivos derechos. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos, en los derechos procesales. Por Debido Proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, en base a un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el debido proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como:1. Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta; 2. La prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. La Constitución de la República en su Art. 90 constitucional establece el Derecho al acusado de gozar de un debido proceso, proceso justo o legal, del que derivan el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo este como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un juez independiente e imparcial y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un Juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 (Derecho de Defensa y Debido Proceso), en relación con artículos 16 de la Constitución de la República; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. En el presente caso, argumenta el recurrente que el juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor Edward Jared Rodríguez Moncada por el delito de Asesinato en perjuicio de Eva Yadira Mujica Paz infringe los fundamentales derechos de defensa y el debido proceso que le asisten al imputado, porque el fallo condenatorio no cuenta con un adecuado respaldo probatorio que lo sustente. Alega que como prueba decisiva de cargo se presentó la declaración del Testigo Protegido X5 con la que el juzgador declaró terminantemente acreditado que el imputado Edward Jared Rodríguez Moncada disparó un arma de fuego contra la señora Eva Yadira Mujica Paz ocasionándole la muerte por laceración de los pulmones producto de los disparos. Refiere que la apreciación del juzgador es inapropiada, por ser un testigo protegido (oculto y con identidad reservada) que le impidió a la defensa del imputado el ejercicio de un verdadero examen del testigo respecto a posibles intereses ilegítimos, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual conlleva la posibilidad del inculpado de examinar al determinante testigo de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, y al desconocer la identidad del decisivo testigo por parte del imputado deja a su defensa en claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y debido proceso, la declaración del Testigo Protegido X5 además es introducida al debate mediante lectura lo que agrega mayor dificultad al ejercicio de un verdadero contra examen; se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Edward Jared Rodríguez Moncada, porque a él se le condenó con base en la declaración del Testigo Protegido X5 (oculto, con identidad reservada e introducida al debate por lectura) frente a quien, por esa condición de protegido y no presente en el tribunal, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contra examen y, si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero tales medios de prueba no aportan datos que incriminen al señor Edward Jared Rodríguez Moncada. Esta Sala considera que, en el presente caso, el Tribunal de Sentencia de mérito no ha infringido los derechos fundamentales de Defensa y Debido Proceso del acusado Edward Jared Rodríguez Moncada, por considerar que en la secuela del juicio oral y público ha recaido prueba de cargo suficiente en contra del acusado, reproducida siguiendo los derechos, formalidades y garantías establecidas por las leyes, Constitución de la República y los tratados o convenciones internacionales, aprobadas por el Estado de Honduras, en especial el derecho de defensa. La declaración del Testigo Protegido X5, esta corroborada en juicio por los medios de prueba de tipo incriminatorio siguientes: Acta de reconocimiento fotográfico, realizada al acusado Edward Jared Rodriguez Moncada por testigo X5 (folio 14 y 15); Acta de reconocimiento fotográfico realizada al acusado Edward Jared Rodriguez Moncada por el testigo “Libre”, (folio 30); Acta de Registro Personal, (folio 446) en que consta que el señor Edward Jared Rodriguez Moncada, al momento del registro personal portaba en su cintura del lado derecho un arma de fuego tipo revolver, color niquelada sin marca, sin serie con empuñadura de caucho color blanco, calibre desconocido; Prueba Pericial de Autopsia número AT-2016-305 (folio 462 y 463), realizada por el Dr. Raúl Mauricio Guillén Enamorado, sobre el cuerpo sin vida de Eva Yadira Mojica Paz, con el que constata las diversas lesiones que provocaron su muerte a causa de disparos de arma de fuego, en el que recupera de cadáver tres balas que se remiten al laboratorio de Ciencias Forenses para su respectivo análisis pericial; Dictamen de Análisis balístico No. 2020-0801-0502, realizado por el señor Marvin Isaac Urquía Molina sobre el arma de fuego marca Smith y Wesson, sin serie, ni modelo visible, con numeración de yugo 17081, calibre 38, spl, concluyendo: arma en buen estado mecánico y operativo, siendo capaz de disparar la munición para la que fue fabricada, realizando tres disparos en tanque balístico para efectos de posterior pericia balística comparativa; Dictamen de Comparación Balística No. 2017-0801-0501-5143, (folio 438) practicado por el señor Jimmy Bendeck Ordóñez, Perito oficial del Ministerio Público, quien realiza la pericia a partir de las pruebas patrones del arma de fuego tipo revolver, calibre 38 especial, marca Smith y Wesson, No. 17081 en su mango, y tres balas núcleo con rayado balístico de cinco estrías, con giro a la derecha recuperadas en la autopsia 2016-0801-0401-0305, realizándose un dictamen balístico y de comparación, estableciéndose como conclusión: que el arma en mención disparó las tres balas recuperadas en la autopsia anteriormente mencionada; y Evidencia: consistente en la exhibición del arma de fuego contenido en una bolsa plástica transparente, firmada y sellada conteniendo en su interior un arma de fuego tipo revolver, calibre 38 especial, sin marca, sin numero empuñadura de caucho color blanco. Esta Sala considera que el juzgador de instancia alcanza su decisión final no solo con base en la declaración rendida por el Testigo Protegido X5, como prueba anticipada, sino con un abundante número de medios de prueba de testigos, periciales y documentales, y evidencia física, ya relacionadas, con los cuales concluye válidamente que el acusado Edward Jared Rodríguez Moncada es el autor material de la muerte de Eva Yadira Mujica Paz. por lo que la sentencia impugnada no infringe los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ni el 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. DECISIÓN. Esta Sala declara No Ha Lugar el motivo único de Infracción de Precepto Constitucional invocado Mario Reniery Amador Espinal y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensores públicos del señor Edward Jared Rodríguez Moncada. De la procedencia de la aplicación retroactiva del C. P. Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el C. P. Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Edward Jared Rodríguez Moncada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al imputado Edward Jared Rodríguez Moncada la pena de 25 años de reclusión, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Eva Yadira Mujica Paz, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al acusado Edward Jared Rodríguez Moncada como persona responsable le correspondería ser sancionada penalmente con pena de entre 20 y 25 años de prisión (Artículo 193) e inhabilitación absoluta por tiempo de la condena, y las penas accesorias correspondientes. Por anterior, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena a favor del acusado en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 360 del Código Procesal Penal; 615.2 y 2, 624.3 y 616 1er párrafo del Código Penal Vigente (Decreto No.130-2017). FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de Infracción de Precepto Constitucional invocado por Mario Reniery Amador Espinal y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensores públicos del señor Edward Jared Rodríguez Moncada, en la causa en que se condenó al señor Edward Jared Rodríguez Moncada, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Eva Yadira Mujica Paz, a la pena de veinticinco años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, con responsabilidad civil para la indemnización de perjuicios a favor de familiares y dependientes económicos de la señora Eva Yadira Mujica Paz, sin condena en costas, y en la que se decreta el comiso del arma tipo revólver calibre .38 spl, marca Smith & Wesson con numeración 17081 en su mango; Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 por no establecer un beneficio a favor del acusado Edward Jared Rodríguez Moncada; Tercero: Declara firme y ejecutable en forma plena la sentencia de fecha dos de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.. NOTIFÍQUESE. Alma consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Secretaria General”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veintidós. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-348-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Norín Catriman y otros Vs Chile, Reparación y Costas, Sentencia 29 de mayo de 2014.
[2] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como Kostovski Vs Paises Bajos, sentencia 20 de noviembre de 1989.
[3] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.