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Sentencia CP-338-18 — Registro 13229

Resumen

Se declara con lugar parcialmente el recurso de casación interpuesto por el MP, contra la sentencia de primera instancia que absuelve al acusado de los delitos de Porte Ilegal de Arma de Fuego y Atentado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso es parcialmente de recibo. Como se ha explicado, el control casacional a través del Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley, resultando solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de sus conclusiones. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. El proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Esta Sala de lo Penal, recuerda que con el sistema de “libre convicción o sana crítica racional”, este alto Tribunal está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo le está permitido a la Sala, establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal. En el caso de autos, apreciada la valoración probatoria del Tribunal de Instancia, se observa que éste ha quebrantando el principio de derivación, en su apartado de razón suficiente. Este Alto Tribunal considera, que, conforme a las reglas de la sana crítica, el Juzgador ha valorado aisladamente los medios de prueba aportados por la representación del Ministerio Público, pues al analizar las declaraciones vertidas en la audiencia de juicio oral y público, se colige que los testigos de cargo, manifiestan que al capturar al señor José Armando Puerto Ilovares y al hacerle el registro le encontraron un arma de fuego tipo revolver .38 en la bolsa derecha, cacha de madera, color café, (el Tribunal valoró estas pruebas testificales antes referidas como coincidentes entre sí, pero sosteniendo que esto de ninguna manera constituye carácter de veracidad, porque es posible que dos personas se pongan de acuerdo previamente para informar sobre algún suceso de manera maliciosa y/o alejada de la verdad o por inducción…) Estas declaraciones encuentran apoyo en la prueba documental consistente en el acta de registro personal (F7), la cual fue levantada y reconocida en juicio por el agente policial Luis Alberto Meléndez en el que se establece el día, la hora, la persona a la que se le hizo el registro y la descripción del arma; acta de decomiso o secuestro de objetos (F26) en la que se hace descripción del arma ; Evidencia debidamente embalada y con documento de garantía de autenticidad (F130) conteniendo en su interior el arma de fuego tipo revolver m calibre 38SPL, marca CHARTER, empuñadura de madera de color café, serie 86636, con cuatro cartuchos color gris. (a este respecto el Tribunal sentenciador, afirmar que al valorar el acta de registro personal y la evidencia procede de la misma fuente. En tal sentido, no se produjo investigación independiente alguna, es decir por agentes de investigación distintos de los policías que participaron en el hecho, para verificar lo informado y lo actuado por aquellos agentes de policía…) y la constancia del departamento de Registro de Balística Nacional de armas de fuego (F27) en la que establece que el señor José Armando Puerto Ilovares no se encuentra registrado en nuestra base de datos, el arma de fuego con serie 86636 no esta registrada y no tiene reporte de robo: Finalmente con la prueba pericial consistente en el Dictamen Balístico N° F-LBAL-005 R-002 V-001 de fecha 07/02/2017, en la que concluye que el arma de fuego analizada presentaba buen estado de funcionamiento mecánico y operativo por lo que concluye que el arma de fuego analizada si es capaz de efectuar disparos con la munición o cartuchería del calibre para lo cual fue fabricada. Con relación a ello, el sentenciador fundamenta su hecho probado en este medio probatorio, aislándolo de todos los demás. En conclusión el Tribunal Sentenciador, ha realizado una valoración aislada de todo el acervo probatorio, siendo incapaz de integrarlo, es decir analizar y valorar el mismo de manera individual y al mismo tiempo de modo conjunto, para extraer sus conclusiones de esta prueba evacuada en juicio; de esta manera es posible afirmar que la conclusión absolutoria a la que arriba el A quo no se encuentra debidamente derivada de lo revelado por los medios de prueba sometidos a su valoración. De esta forma, este Supremo Tribunal, estima que los razonamientos emitidos por el juzgador a todas luces quebrantan el principio de derivación, en su apartado de razón suficiente, debiéndose por ende declarar ha lugar parcialmente el motivo de casación invocado, únicamente en cuanto al delito de portación ilegal de arma de fuego comercial por el cual se acusa al imputado en el presente proceso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la secretaria a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia recaída en el recurso de Casación N.338-2018 que literalmente dice: “ I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 338-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor José Armando Puerto Ilovares, de los delitos de Porte Ilegal de Arma de Fuego y Atentado, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: No procedió condenar en costas al Ministerio Público y ni declarar el comiso.- Tercero: Se ordenó la devolución del arma de fuego tipo revólver, marca CHARTER, modelo UNDERCOVER, calibre .38 ESPECIAL y serie No. 86636 a quien acredite ser su legítimo propietario. SON PARTES: La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Gladys Lamar Ortíz y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del señor José Armando Puerto Ilovares, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “Primero: El arma de fuego tipo revolver, marca CHARTER, modelo UNDERCOVER, calibre .38 ESPECIAL y serie No 86636 tiene capacidad de efectuar disparo con la munición o cartuchería del calibre para la cual fue fabricada y no se encuentra registrada en el Registro de Balística Nacional de Armas de Fuego. José Armando Puerto Ilovares, no se encuentra registrado en la base de datos de dicho registro. Segundo: José Armando Puerto Ilovares, fue evaluado clínicamente por el médico forense Cesar A. Dávila, perito forense adscrito a Dirección Regional de Medicina Forense de La Ceiba, Atlántida, quien en su dictamen No. 2016-0101010001153, de fecha 24.02.2016, y concluyó que José Puerto presentaba lo siguiente: 1. Tipo de lesión: contusiones simples tipo equimosis compatibles a las que se producen por cuerpo u objeto romo; excoriaciones compatibles a las producidas por fricción por cuerpo u objeto romo. 2. Incapacidad temporal: 3 días a partir de ocurrido el hecho.” III. RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Lourdes Rivera Arita, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÒN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: PRUEBA PERICIAL DICTAMEN BALISTICO nª F-LBAL-005 R-002 V-001 de fecha 07.02.2017 que fue emitido por el perito Balístico MANUEL ALBERTO ERAZO ACEITUNO quien recibió una bolsa plástica transparenté cerrada y sellada y que en su interior contenía un arma de fuego tipo revolver, marca chárter modelo UNDECOVER calibre 38 especial con serie nª 86636, arma de fuego que se identificó con el número -16-0502-6217 y cuatro cartuchos sin percutir, calibre 38 especial, en la cual concluye que el arma de fuego analizada presentaba buen estado de funcionamiento mecánico y operativo por lo que se concluye que el arma de fuego analizada si es capaz de efectuar disparos con la munición o cartuchería del calibre para lo cual fue fabricada. PRUEBA DOCUMENTAL: CONSTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BALISTICA NACIONAL DE ARMAS DE FUEGO. La cual fue librada en la ciudad de Comayagüela con fecha 18 de marzo del año 2016, consignando que en la base de datos anteriores del registro de armas que manejaba la empresa denominada grupo visión y sistema actual NACMIS, el señor JOSE ARMANDO PUERTO ILOVARES con identidad nª1801-1997-00100 no se encuentra registrado en nuestra base de datos, el arma de fuego con serie 86636 No está registrada no tiene reporte de robo. PRUEBA TESTIFICAL: DECLARACION DE LUIS ALBERTO MELENDEZ GUZMAN quien manifestó:” El martes 23.2.2016 a las 15 horas me encontraba a bordo de la RPMJI conducida por JAVIER MEJIA en el centro de la ciudad cuando se nos informa vía radio que nos hiciéramos presentes en la colonia 26 de julio de Búfalo al parecer un grupo de antisociales llevaban una persona secuestrada. De inmediato nos dirigimos al lugar dejamos la RPM en la colonia Menonita porque no había paso, nos fuimos caminando, pasamos por el tanque de agua, entramos a la colonia 26 de Búfalo, observaron calle por calle al no observar nada decidimos bajar hacia una quebrada, luego observamos un camino lo tomamos y nos condujo hacia un lugar boscoso y observaron un grupo de personas, se percataron de nuestra presencia y fue ahí cuando dispararon contra nosotros y tomaron a bien repeler el ataque también decidimos darle detención, donde logramos capturar una persona el cual se había protegido en un área sucia o matorral, mi compañero me dio seguridad mientras yo lo registraba encontrándole un arma de fuego resolver 38 en la bolsa derecha de atrás, le dije a mi compañeros se quedara con él y se tiraron al suelo por seguridad con otros dos compañeros fuimos a la búsqueda de las demás personas pero lograron escapar. Nos informa que un grupo de personas, nos dieron el número de personas, considero entre 5 a 8 personas. No pudo asegurar a cuantas personas dispararon había monte no se pudo visualizar. Debido a la maleza había poca visibilidad. La persona que disparaba andaba camiseta blanca y como fue en el lugar se determinó que esta persona andaba en el mismo grupo, cuando llegamos a la zona la persona había tratado de esconderse, el arma la tenía en la bolsa de su pantalón en el lado derecho trasero. La persona detenida se llama ARMANDO PUERTO ILOVARES. Al momento del decomiso andaba cuatro casquillos sin percutir, pero se sentía olor a pólvora, tal vez disparo y según la destreza de uno se puede cambiar los cartuchos. Debido a la maleza no encontraron casquillos… las personas se dispersaron y se encontró al acusado Ocultándose en el lugar sucio… no encontraron a la persona que llevaban secuestrada... se le dio lectura al acta de decomiso, la cual se manda agregar al expediente. El testigo manifestó que el arma la decomiso al muchacho presente (señala al acusado) … el arma que se le pone a la vista si es la misma que decomiso… yo realicé disparos, hice cuatro disparos. DECLARACION DE EDGARDO LEONEL MUNGUIA DIAZ quien manifestó: nosotros realizamos patrullaje de rutina en el centro de la Ceiba cuando recibimos llamada vía radio de la base de la ceiba que en el sector del Curla habían secuestrado una persona varios miembros de la MS y se habían dirigido al sector de búfalo, nos desplazamos inmediatamente en la RPM al mando del oficial LUIS MELENDEZ al llegar a la colonia 26 de julio nos bajamos, seguimos caminando al llegar a una quebrada en zona boscosa, seguimos caminando, a caminar la zona rumbo a los altos escuchamos los disparos, salimos corriendo sobre los disparos, vimos varios sujetos salir corriendo, ellos disparan contra nosotros, identificamos a uno de ellos agachado como escondiéndose, lo encañone el compañero lo registro y le encontró una arma en la parte de atrás de la bolsa, arma de fuego calibre 38, cacha de madera color café, lo esposamos me quede con él y nos tiramos al suelo por seguridad, los demás compañeros no lograron encontrar a nadie más… La persona que detuvimos estaba en la zona boscosa agachado queriendo esconderse de la policía. El compañero LUIS MELENDEZ lo registro… Al momento del registro de la persona yo estaba con el compañero yo lo encañone… manifestó el testigo que si es el arma que decomisaron. ACTA DE REGISTRO PERSONAL La cual fue realizada y reconocida en juicio por LUIS ALBERTO MELENDEZ consignando que: En la Ceiba, Atlántida en la colonia 26 de julio del Búfalo, siendo las 16:00 horas del día 2.02.2016 se procedió a realizar un registro personal a JOSE ARMANDO PUERTO ILOVARES dando como resultado: encontrándole una Arma de fuego tipo pistola calibre 38 marca chárter, serie 86636 con cuatro cartuchos sin percutir en la bolsa de atrás lado derecho del pantalón. EVIDENCIA DEBIDAMENTE EMBALADA Y CON DOCUMENTO DE GARANTIA DE AUTENTICIDAD La cual en su interior contiene una Arma de fuego tipo revolver calibre 38 SPL marca chárter, empuñadura de madera color café, serie 86636 con cuatro cartuchos de color gris. Resulta Honorables magistrados que el Juzgador resolvió dictar una sentencia Absolutoria a favor del señor JOSE ARMANDO PUERTO ILOVARES, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, al estimar que con la prueba testifical de cargo con la declaración de los testigos LUIS ALBERTO MELENDEZ GUZMAN Y EDGARDO LEONEL MUNGUIA DIAZ estimo lo siguiente: “….Que a falta de la evidencia total no es posible reforzar o robustecer la probalidad de la premisa ofrecida por los datos recogidos en el testimonio de los testigos EDGARDO Y LUIS, que si bien es cierto sus testimonios son coincidentes entre sí, esto de ninguna manera constituye carácter de veracidad, porque es posible que dos personas se pongan de acuerdo previamente para informar sobre algún suceso de manera maliciosa y/o alejada de la verdad o por la inducción, modificación y falsedad de los recuerdos…” circunstancia esta que a criterio del sentenciador hacen carecer de credibilidad la prueba. Contradiciéndose esta apreciación que hace el juzgador con la prueba documental, consistente en el Acta de Registro Personal y la evidencia con documento de garantía de autenticidad consistente en el decomiso de un arma de fuego Arma de fuego tipo revolver calibre 38 SPL marca chárter, empuñadura de madera color café, serie 86636 con cuatro cartuchos de color gris, que le fuese incautada al referido acusado y que presentaba buen funcionamiento mecánico y operativo. En el numeral séptimo del apartado de fundamentación jurídica del fallo, el Juzgador dispone: “ ordenar el comiso del arma de fuego que le fuese incautada al encausado JOSE ARMANDO PUERTO ILOVARES, en vista de no haberse determinado la existencia de delito, es improcedente emitir sentencia condenatoria, por ello es procedente decretar el comiso del arma de fuego supra relacionada, ello de conformidad al artículo 64 el Código Penal y tratándose tal arma de objeto de licito comercio y además el artículo 136 del Código Penal dispone la devolución de objetos y/o instrumentos del delito a quienes comprueben que son sus dueños, siempre que no hayan participado como autores o cómplices del delito y que dichos objetos o instrumentos no sean de tenencia prohibida, ni resulte ya necesario para los fines del proceso que el órgano jurisdiccional los tenga permanentemente a su disposición, entonces procede la devolución del arma supra relacionada a quien acredite ser legítimo propietario.” Tanto el razonamiento, como lo resuelto en la parte de fundamentación jurídica del fallo, se estima susceptible de ser censurado por el vicio in procedendo antes señalado en el preámbulo del motivo, ello por ambos tener una ineludible relación, que en consecuencia dieron lugar al fallo que ahora impugnamos, por apartarse de lo que en derecho corresponde. Es así, por cuanto que de la prueba evacuada resulta obvio que se acreditó que él imputado JOSE ARMANDO PUERTO ILOVARES, fue detenido por la policía portando un arma de fuego y que si bien es cierto tal objeto es de naturaleza comercial, y que el encausado al momento de su detención no contaba con la aprobación de la autoridad competente para su portación, circunstancia ésta que es constitutiva de delito, de acuerdo al artículo 332-B del Código Penal. Quedando plenamente acreditada la circunstancia anteriormente descrita con la prueba de cargo aportada por el ente acusador como ser ACTA DE REGISTRO PERSONAL donde se establece el registro personal a JOSE ARMANDO PUERTO ILOVARES dando como resultado: encontrándole una Arma de fuego tipo pistola calibre 38 marca chárter, serie 86636 con cuatro cartuchos sin percutir en la bolsa de atrás lado derecho del pantalón. Y con el DICTAMEN BALISTICO nª F-LBAL-005 R-002 V-001 de la referida arma, en la cual concluye que el arma de fuego analizada presentaba buen estado de funcionamiento mecánico y operativo por lo que se concluye que el arma de fuego analizada si es capaz de efectuar disparos con la munición o cartuchería del calibre para lo cual fue fabricada. Y con la CONSTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BALISTICA NACIONAL DE ARMAS DE FUEGO, consignando que en la base de datos anteriores del registro de armas que manejaba la empresa denominada grupo visión y sistema actual NACMIS, el señor JOSE ARMANDO PUERTO ILOVARES con identidad no 1801-1997-00100 no se encuentra registrado en la base de datos, el arma de fuego con serie 86636 No está registrada y no tiene reporte de robo. Y con los testimonios de los testigos de cargo LUIS ALBERTO MELENDEZ GUZMAN y EDGARDO LEONEL MUNGUIA DIAZ y con la EVIDENCIA DEBIDAMENTE ENVALADA Y CON DOCUMENTO DE GARANTIA DE AUTENTICIDAD del arma supra referida. Es así que el A quo, al no establecer lo que se deriva de la probanza de cargo, vulneró la regla lógica de la derivación en su característica de suficiencia, por cuanto la prueba de cargo, resultó ser suficiente para producir un razonamiento de convencimiento cierto del hecho por el cual el Ministerio Público acusó al procesado JOSE ARMANDO PUERTO ILOVARES, por el delito de Portación Ilegal de arma de fuego Comercial, pues no contaba con el permiso de portación ilegal de armas respectivo emanado por la autoridad competente. Tal como sucede en el caso de autos en donde los testigos LUIS ALBERTO MELENDEZ GUZMAN y EDGARDO LEONEL MUNGUIA DIAZ (ambos policías) depusieron que el encausado al momento de ser requerido portaba una arma de fuego, pero no su permiso de portación; y dado que el delito de Portación Ilegal de Armas, es un delito cuya característica respecto a su comisión se encuentra dentro de los delitos de mera actividad, en el cual basta que la persona posea un arma de fuego sin contar con el permiso de la autoridad competente, para que este se considere consumado, por ende la decisión arribada por él A quo, indudablemente transgrede la regla lógica antes señalada. Y la trasgreda aún más cuando emite juicios subjetivos al referir en el apartado de valoración probatoria en relación a la prueba testifical que los testimonios de los señores EDGARDO Y LUIS que si bien es cierto coinciden entre sí, esto no constituye carácter de veracidad, porque es posible que dos personas se pongan de acuerdo previamente para informar sobre algún suceso de manera maliciosa y/o alejada de la verdad o por la inducción, modificación y falsedad de los recuerdos. Aspectos estos que no se encuentran demostrados con ninguna probanza allegado a juicio que establezca que los agentes de policías se pusieran de acuerdo previamente con el objeto de informar del caso de manera maliciosa y que involucraran de manera directa al encausado, pues como se aprecia de sus testimonios estos han sido claros y congruentes y han depuesto como fue que ocurrieron los hechos objeto de este proceso. Y teniendo en cuenta que la labor jurisdiccional en referencia exige la necesaria valoración conjunta y armónica de toda la prueba producida con arreglo a las reglas de la Sana Crítica, además de que el fallo debe de contar con la motivación necesaria para que las partes intervinientes comprendan las razones de su decisión, por lo que el vicio in procedendo nos lleva a desconocer objetivamente como el A-quo ha formado su convicción dictando un fallo absolutorio. Con la anterior resolución, el Juzgador además de infringir la regla lógica antes referida, también comete una grave aberración a la misma Ley, por cuanto se aparta de lo que dispone el Código Penal en el artículo 332-B que prohíbe a toda persona que no cuenta con previo permiso emitido por la autoridad competente (vulnerando de igual manera el principio de legalidad, específicamente las garantías criminal y penal respectivamente); disposición que también la contempla el artículo 1 del Reglamento para Tenencia y Portación de Armas (contenido en el Decreto 1029-85)[1] En consecuencia y siendo que la prueba de cargo era suficiente y concreta para dictar un fallo condenatorio, y enervar así el estado de inocencia del acusado el cual el Tribunal no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de convencimiento dada su errónea valoración en la prueba en la manera antes señalada, lo cual generó vicios in procedendo susceptibles de recurrir vía casación; vicios éstos que procedemos a anunciarlos hasta en este momento, ya que los mismos se producen en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente; por ende no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145.

Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. *Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. * Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. *Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el fallo mismo. *Pretensión: Ordenar el reenvío y evacuación de un nuevo juicio. Establece la recurrente que el Tribunal sentenciador vulnero las reglas de la sana crítica, vulnerando la regla de la lógica de la derivación en su característica de suficiencia, por cuanto la prueba fue suficiente para condenar al señor José Armando Puerto Ilovares por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, pues no contaba con el permiso de portación ilegal de armas respectivo emanado por la autoridad competente. Establece además que el Sentenciador se contradice con las declaraciones testificales con la prueba documental, consistente en el acta de registro personal y la evidencia con documento de garantía de autenticidad del arma que le fue incautada al referido acusado y que presenta buen funcionamiento mecánico y operativo.De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. a. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. b. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o c. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”.ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la Derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento.

De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso es parcialmente de recibo. Como se ha explicado, el control casacional a través del Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley, resultando solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de sus conclusiones. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. El proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Esta Sala de lo Penal, recuerda que con el sistema de “libre convicción o sana crítica racional”, este alto Tribunal está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo le está permitido a la Sala, establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal. En el caso de autos, apreciada la valoración probatoria del Tribunal de Instancia, se observa que éste ha quebrantando el principio de derivación, en su apartado de razón suficiente. Este Alto Tribunal considera, que, conforme a las reglas de la sana crítica, el Juzgador ha valorado aisladamente los medios de prueba aportados por la representación del Ministerio Público, pues al analizar las declaraciones vertidas en la audiencia de juicio oral y público, se colige que los testigos de cargo, manifiestan que al capturar al señor José Armando Puerto Ilovares y al hacerle el registro le encontraron un arma de fuego tipo revolver .38 en la bolsa derecha, cacha de madera, color café, (el Tribunal valoró estas pruebas testificales antes referidas como coincidentes entre sí, pero sosteniendo que esto de ninguna manera constituye carácter de veracidad, porque es posible que dos personas se pongan de acuerdo previamente para informar sobre algún suceso de manera maliciosa y/o alejada de la verdad o por inducción…) Estas declaraciones encuentran apoyo en la prueba documental consistente en el acta de registro personal (F7), la cual fue levantada y reconocida en juicio por el agente policial Luis Alberto Meléndez en el que se establece el día, la hora, la persona a la que se le hizo el registro y la descripción del arma; acta de decomiso o secuestro de objetos (F26) en la que se hace descripción del arma ; Evidencia debidamente embalada y con documento de garantía de autenticidad (F130) conteniendo en su interior el arma de fuego tipo revolver m calibre 38SPL, marca CHARTER, empuñadura de madera de color café, serie 86636, con cuatro cartuchos color gris. (a este respecto el Tribunal sentenciador, afirmar que al valorar el acta de registro personal y la evidencia procede de la misma fuente. En tal sentido, no se produjo investigación independiente alguna, es decir por agentes de investigación distintos de los policías que participaron en el hecho, para verificar lo informado y lo actuado por aquellos agentes de policía…) y la constancia del departamento de Registro de Balística Nacional de armas de fuego (F27) en la que establece que el señor José Armando Puerto Ilovares no se encuentra registrado en nuestra base de datos, el arma de fuego con serie 86636 no esta registrada y no tiene reporte de robo: Finalmente con la prueba pericial consistente en el Dictamen Balístico N° F-LBAL-005 R-002 V-001 de fecha 07/02/2017, en la que concluye que el arma de fuego analizada presentaba buen estado de funcionamiento mecánico y operativo por lo que concluye que el arma de fuego analizada si es capaz de efectuar disparos con la munición o cartuchería del calibre para lo cual fue fabricada. Con relación a ello, el sentenciador fundamenta su hecho probado en este medio probatorio, aislándolo de todos los demás. En conclusión el Tribunal Sentenciador, ha realizado una valoración aislada de todo el acervo probatorio, siendo incapaz de integrarlo, es decir analizar y valorar el mismo de manera individual y al mismo tiempo de modo conjunto, para extraer sus conclusiones de esta prueba evacuada en juicio; de esta manera es posible afirmar que la conclusión absolutoria a la que arriba el A quo no se encuentra debidamente derivada de lo revelado por los medios de prueba sometidos a su valoración. De esta forma, este Supremo Tribunal, estima que los razonamientos emitidos por el juzgador a todas luces quebrantan el principio de derivación, en su apartado de razón suficiente, debiéndose por ende declarar ha lugar parcialmente el motivo de casación invocado, únicamente en cuanto al delito de portación ilegal de arma de fuego comercial por el cual se acusa al imputado en el presente proceso. V. DECISION. Ha lugar parcialmente el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 36, 363 y 369 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara Ha Lugar parcialmente el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Lourdes Rivas Arita, en su condición de fiscal del Ministerio Público..- Segundo: Casa la sentencia y por tanto reforma la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en el siguiente sentido: 1) Anular en la sentencia, de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho en la que se absuelve penalmente al Señor José Armando Puerto Ilovares por el delito de Portación Ilegal de arma de fuego comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 2) Que se repita el debate ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anterior. 3) Mantener incólume en la sentencia de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho el pronunciamiento de instancia respecto a la Absolución del señor José Armando Puerto Ilovares por el delito de atentado en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; - Y Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. -Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán GARCÍA. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-338-2018.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LOPENAL

[1] Reglamento de Tenencia y Portación de Armas. Art.1: “…… La tenencia y la portación de armas comerciales y deportivas por los particulares fuera de los procedimientos establecidos en este Reglamento se considera portación de tenencia ilegal”.