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Sentencia CP-336-17 — Registro 12449

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, se resuelve en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se declara no procedente la retroactividad de la ley penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. El recurrente denuncia la infracción de ley por falta de aplicación de los artículos 2 párrafo segundo del decreto legislativo No. 184-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 5 de octubre de 2013; artículo 1 del decreto legislativo No. 63-2014, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 6 de noviembre de 2014; artículo 1 del decreto legislativo No. 60-2015, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 8 de septiembre de 2015; y artículos 96 de la Constitución de la República. El hecho probado objeto de juzgamiento establece que en fecha dieciséis de mayo de dos mil quince en la colonia Ebenezer sector Chamelecón, a eso de las once de la mañana Agentes de la Unidad contra Maras y Pandillas realizaban saturación cuando observaron a tres sujetos portando armas de grueso calibre y chalecos antibalas, entre ellos el señor Víctor Eduardo Argueta Castro, quien portaba un arma de fuego tipo fusil modelo PMKM, calibre 7.62 X 39 milímetros, con serie número 1985 SP 33012 con su respectivo cargador largo, quienes al ver la presencia policial salieron en veloz carrera y se refugiaron en una vivienda, hasta donde llegaron los Agentes Policiales, encontrando a Víctor Eduardo Argueta y los otros dos sujetos dentro de las habitaciones, así como el arma de grueso calibre que portaba Víctor la cual esta sobre la cama de dicha habitación. En el momento en que los agentes practicaban un registro personal al acusado Víctor Eduardo Argueta éste se identificó con el nombre de E. A. y manifestó ser menor de edad, siendo más las penas accesorias correspondientes de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Sucede que, para la fecha del hecho objeto de juzgamiento, 20 de abril de 2015, se encontraba en vigencia el decreto legislativo No. 060-2015, mediante el cual el legislador dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con el mismo efecto, el cual es otorgar la vigencia por un periodo para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción; así mismo establece que toda persona que tenga en su poder armas consideradas de uso ilegal pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución. En atención a lo expuesto, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus posteriores prórrogas (en este caso el decreto legislativo No. 60-2015) es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales; así como las armas consideradas de uso ilegal, como lo es en este caso, para que el que las tenga en su posesión puedan hacer entrega de la misma a la secretaría en el Despacho de Seguridad, para proceder a la inmediata destrucción, todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y de su prórroga, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-A del Código Penal, sino que también, deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaban un arma de fuego de comercial sin autorización o un arma de fuego de uso prohibido durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla o entregarla, pues el permiso o veda es para registrar o entregar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende según el propio fáctum de la sentencia, que el acusado Víctor Eduardo Argueta Castro fue capturado cuando salió en veloz carrera dentro de una habitación de una vivienda en la que se refugiaron, encontrándosele el arma de grueso calibre que portaba Víctor sobre la cama de dicha habitación; circunstancias a partir de la cuales se colige objetivamente que la intencionalidad no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma de fuego, con la finalidad de que ésta procediera a su destrucción. En atención a lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332 literal A del Código Penal, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal seleccionado. No cabe duda entonces que el acusado es responsable penalmente de un delito de Posesión de Arma de Fuego Prohibida, pues al momento de suscitarse los hechos tenía bajo su poder, un arma de fuego tipo fusil, con origen de fabricación de Polonia, modelo PMKM, calibre 7.62 X 39mm número de serie 1885 SP33012, conocida como AK-47, considerada arma prohibida con buen estado de funcionamiento; tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento destructivo y apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332 literal A del Código Penal.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.

a. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena.

B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017

Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena.Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite.Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra.

Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad.

C.- Ponderación en el Caso Concreto

En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a lo acusado Noe Lizandro López Erazo, la pena de tres años de reclusión, por el delito Portación Ilegal de Armas Comerciales, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso y responsabilidad civil derivada del delito.

La conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego (artículo 580), cuya pena es:

i. De 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta 2 años, si se trata de armas o municiones permitidas; o,

ii. De 04 a 06 años de prisión y localización permanente de hasta 3 años, si se trata de armas o municiones prohibidas.

A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Noe Lizandro López Erazo, conforme el CP-144-83 al ser de 03 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 01 a 04 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de las Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 336-2017 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Noé Lizandro López Erazo, como autor del delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión; Segundo: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Tercero: Se declaró la responsabilidad penal del señor Noé Lizandro López Erazo; Cuarto: Se decretó inhabilitación especial e interdicción civil para el señor Noé Lizandro López Erazo; Quinto: Se decretó el comiso definitivo del arma de fuego antes relacionada. Interpuso recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional el Abogado José Mauricio Bautista en su condición de Defensor Público del imputado. SON PARTES: Los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos del señor Noé Lizandro López Erazo, como parte recurrente y la Abogada Ela Paredes Bromfield, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Este Tribunal de Sentencia declara y estima los hechos probados siguientes: Uno: El día diez de julio del año dos mil doce, a eso de la ocho con cincuenta minuto, los Policías Preventivos Oscar Quintanilla Torres y Juan Ramón Cruz Bejarano realizaban un patrullaje de prevención por el sector conocido como el predio en la parte sur de esta ciudad, cuando un ciudadano que se conducía en una motocicleta les informo que en una caseta se encontraba un individuo que lo había despojado de algunas pertenencias, luego de dicha información los agentes requirieron a la persona señalada que se identificó con el nombre de Noé Lizandro López Erazo y al momento de practicarle registro se le encontró un arma calibre 22, con tres proyectiles sin serie y no portaba el correspondiente permiso de portación y por tal razón dicho acusado fue trasladado a la jefatura policial y puestos a la orden de la autoridad judicial competente para si enjuiciamiento.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos: El recurrente abogado José Mauricio Bautista Barrera, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “I.EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO. Por violación del articulo 96 en relación al 221 de la Constitución de la República en relación al articulo 2 párrafo segundo del Decreto N. 184-2013 emitido por el poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013. Y prorrogado según Decretos N. 63-2014 publicado el 6 de noviembre del 2014 y Decreto N. 60-2015 publicado el 8 de septiembre del 2015. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo enunciado se encuentra establecido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. II. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN Los preceptos constitucionales citados como infringidos textualmente dicen: Artículo 96: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado” Por su parte la norma constitucional citada en relación en su parte conducente dispone: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta...” La Infracción por la cual se ha condenado a mi representando se produjo cuando de los hechos probados se deriva que mi representado fue detenido en posesión de un arma Comercial sin portar el correspondiente permiso; sin embargo, del artículo 2 del Decreto Legislativo N°183-20013 de fecha 1 de septiembre de 2013, publicado en el diario oficial la Gaceta el 5 de octubre del mismo año, que se invoca como infringido se desprende: “Establecer a partir de la vigencia del presente decreto y por el termino de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de estado en el Despacho de Seguridad”, y la prórroga del Decreto N.° 63-2014 publicado el 6 de noviembre del 2014 establece en su artículo 1: “Prorrogar la vigencia de lo dispuesto en el decreto N° 184-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013, el cual establece un periodo de veda por un (1) año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro por un periodo de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del decreto referido. Y el Decreto N. 60-2015 publicado el 8 de septiembre del 2015 en su artículo 1 establece: Prorrogar a partir de la fecha de vencimiento del Decreto N. 63-2014 de fecha 19 de Agosto del 2014, la vigencia por un periodo hasta el 31 de diciembre del 2015, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura al realizar los trámites correspondientes para dicho registro”. EXPLICACIÓN DEL VICIO De ahí pues que resulta claro que al entrar en vigencia los Decretos en mención, deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el articulo 332-B, del Código Penal, con fundamento en el principio de retroactividad de la ley regulada en el articulo 96 constitucional, debió aplicarse la norma prescrita en el articulo 2 arriba indicado, por cuanto que esa nueva ley (Decretos 184-2013, 63-2014 y 60-2015), es en materia penal y favorece desde luego a mi poderdante.- Sumado a lo anterior, cuando de leyes penales intermedias se trata se reconoce por la mayoría, que en justicia el Juez debe también tomar en cuenta estas leyes de manera que cuando exista una sucesión de dos, tres, o mas leyes entre la fecha de comisión y la fecha de la sentencia, debe el juez aplicar aquella de entre esas tres o mas leyes le sea mas favorable al reo, pues la retroactividad obedece bien a razones humanitarias de política criminal. Desde ese punto de vista se puede sostener que el Estado al dictar una nueva norma ha decidido cambiar el sentido de aquella manera mas favorable, lo que da lugar a que los supuestos de hecho realizados con anterioridad se beneficien de esta nueva orientación de la política legislativa y criminal. Así las cosas, resulta manifiesta en la sentencia impetrada la violación a la garantía regulada en el artículo 96 de la Constitución de la República en relación al artículo 221 del misma, por cuanto que se ha irrespetado por parte del sentenciador los derechos, garantías y formalidades establecidas por la constitución, los pactos internacionales y la Ley Procesal Penal. En tal sentido respecto a la eficacia de la ley intermedia Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Aarón en su obra Derecho Penal, Parte General (pág. 144-145) exponen: Se denomina ley intermedia a la que no estaba en vigor en el momento de comisión de los hechos ni lo esta en el momento del juicio sino ha tenido vigencia entre uno y otro.- Las dudas que plantea su posible aplicación provienen del hecho de la valoración contenida en dicha ley no era mantenida por el legislador cuando se cometió la conducta, pero tampoco lo es en el momento en que esta se enjuicia. Pese a ello, si la ley intermedia resulta mas beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que este pudo ser juzgado con arregló a la misma si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no deben aplicársele las consecuencias de la ley que le perjudica.- En este orden de ideas el caso que nos ocupa mi representado NOE ELIZANDRO LOPEZ ERAZO, es detenido en la comisión de la conducta en fecha diez de julio del dos mil doce.- Sin estar en vigencia el decreto 184-2013 y sus prorrogas, es enjuiciado el veintiséis de marzo del dos mil quince, sin embargo se le dicta sentencia condenatoria por dicha conducta en cinco de Diciembre del dos mil dieciséis estando el citado decreto en plena vigencia cuando fue enjuiciado mi representado.- Los Honorables Magistrados de esta Corte ya se han pronunciado en este tipo de situaciones para lo cual se cita la sentencia dictada bajo el número 48-2009, en la cual declaró: “…procede la aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República, por lo tanto esta Sala de lo Penal aprecia que si puede aplicarse la norma invocada por el censor a los hechos por los cuales se encontró culpable al encartado y que al no aplicarla el juzgador de instancia infringió por falta de aplicación en tanto la falta de aplicación se da cuando la norma no es seleccionada para resolver el caso, debiendo serlo, independientemente de a que resultado se haya llegado ya sea porque se ignora su existencia, porque no se le considera vigente o por un equivocado entendimiento de su significación o su alcance.... tenemos una ley intermedia que no regía cuando se cometió el hecho, que cobró vigencia durante el juicio y que al momento del fallo ya no estaba vigente, por tanto, la ley mas favorable al imputado es la intermedia.” Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma constitucional en relación al decreto legislativo, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el motivo de casación anteriormente expuesto, absolviendo a mi representado del delito de merito.” FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario) En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículos 96 221 de la Constitución de la República; 2 párrafo segundo del decreto 184-203 Concepto de la infracción: Violación de los artículos 96 y 221 de la Constitución de la República; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor; Pretensión: Se dicte fallo absolutorio. El censor específicamente señala que al entrar en vigencia los Decretos, 184-2013, 63-2013 y 60-2015, deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-B, del Código Penal, con fundamento en el principio de retroactividad de la ley, regulada en el artículo 96 constitucional, en ese sentido considera que debió aplicarse la norma contenida en el artículo 2 del Decreto Legislativo, número 183-2014, por cuanto que esa nueva ley es en materia penal y favorece al imputado. Del Decreto Legislativo N° 184-2013. El artículo 98 de la Constitución de la República dispone que: “Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta.”; disposición constitucional que es armónica con lo preceptuado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 15.1 establece que: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional……”. Por ello toda ley debe ser tridimensional: debe ser positiva, debe ser válida y debe ser eficaz; la validez de una norma puede ser formal y material: i) Hay validez formal cuando la ley ha sido creada mediante el procedimiento legislativo correspondiente; ii) Hay validez material cuando la ley está vinculada a un ámbito material de regulación, sin lo cual no puede considerarse obligatoria (la obligatoria observancia de los ciudadanos en cumplirla y la obligatoria reacción de la autoridad de imponer las consecuencias legales a aquellos que la incumplan).

Tratándose de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal hoy vigente, su positividad ha sido suspendida temporalmente en varias ocasiones por el legislador, como consecuencia de la aprobación de Decretos Legislativos, en los que usando términos como “Veda” o “Amnistía” el legislador concede términos de gracia para que las personas particulares pudiesen hacer registro de armas comerciales y entrega de armas prohibidas; este es el caso del decreto 184-2013, el cual en su artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de veda o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. Postura de la Sala de lo Constitucional, en relación a los decretos de Veda o Amnistía Es de mencionar que previo al 09 de agosto de 2017, la Sala de lo Constitucional había estado manteniendo posturas contradictorias de manera intermitente respecto al mismo punto; Así en un total de Cuatro Sentencias (de fecha 30 de septiembre de 2016 en Exp AP-1104-2014, de fecha 19 de octubre de 2016 en Exp AP-0222-2015, de 23 de octubre de 2016 en Exp acumulado AP-0241-2015, AP-351-2015, AP-0365-2015, AP-0370-2015, y de fecha 12 de diciembre de 2016 en Exp AP-1124-2014), señaló que el propósito de los Decretos Legislativos sobre veda es que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la debida autorización de portación; de manera que no constituye una despenalización de delitos, como tampoco tiene por finalidad permitir la impunidad. La Sala explicó que la veda que introduce el decreto aludido era una motivación para la ciudadanía, para que efectuase el trámite de registrar sus armas comerciales y con ello el Estado obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país. Señaló la Sala que el ad quem confirió al decreto 184-2013, “… un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial…” Sin Embargo, en el sentido inverso la misma Sala de lo Constitucional, en las sentencias un total de Doce Sentencias (de fecha 11 de enero de 2016 en Exp 1025-2014, 20 de abril de 2016 en Exp AP-0398-2014, de 22 de noviembre de 2016 en Exp AP-0219-2015, de 22 de noviembre de 2016 en Exp AP-0860-2015, del 12 de diciembre de 2016 en Exp AP-1279-2014, del 12 de diciembre de 2016 en Exp AP-1308-2014, 06 sentencias todas de fecha 23 de junio de 2017 en los Exps 1059-2014, 252-2015, 415-2015, 0507-2015, 0874-2015 y 0159-2016, y de 28 de junio de 2017 en Exp 825-2016) asumió la postura contraria, señalando: “Considerando (8): La Sala de lo Constitucional entiende que no puede atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, así como la observancia en la temporalidad de los Decretos Legislativos emitidos por el Poder Legislativo y, que al momento de proferir fallos se encuentren vigentes, normativas que van encaminadas a garantizar la seguridad jurídica tanto de personas naturales como jurídicas, y en el caso del Decreto Legislativo No.184-2013, el espíritu del legislador va encaminado en dos sentidos, el primero a originar en el ciudadano una conducta de responsabilidad, que le permita hacer efectivo un derecho, como es el de tramitar y obtener el registro de su arma comercial ante la autoridad competente y el segundo, de carácter permisivo, es que, durante la vigencia de los Decretos Legislativos carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia del periodo de “veda” o de gracia, que fue efectivo del 05 de octubre del 2013 al 05 octubre del 2014, por lo tanto en dicho periodo, el Ministerio Publico debía abstenerse de entablar acción penal para su sanción penal, por no constituir delitos, sino hasta el vencimiento de los plazos ya previstos […]”.- Considerando (9): Igualmente la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la Ley en cuanto al Decreto no es el de despenalizar los artículos 332-B del Código Penal, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del Decreto, más bien refiere una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares, por lo que el Estado de Honduras durante la vigencia del Decreto, no podía exigirle a persona que fuese encontrada con un arma de fuego documentación que acreditara su registro […].”.(lo resaltado es nuestro) (En Exp 0860-2015) Postura de la Sala de lo Penal en relación al decreto 184-2013 La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado de estudiar y definir los alcances del Decreto No. 184-2013 génesis de dos decretos más (No. 063-2014 y No. 060-2015) emitiendo dos sentencias con pronunciamientos uniformes al respecto: En Sentencia de 02 de noviembre de 2016 en el Exp 370-2014 se indicó: “Durante la vigencia del Decreto 184-2013, se establece un período de veda por el término de un año para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de uso comercial la pueda legalizar, aunque no posea factura de venta de La Armería, con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura. Todo ello para que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios. Por tanto, el decreto de veda aludido, no deroga la vigencia del delito de Portación ilegal de armas de tipo comerciales, tipificada en el Art. 332 B del Código Penal, sino que tácitamente lo declara en suspenso, solo para poseedores de buena fe, para que estos procedan a registrarla legalmente, en los casos en que el arma de fuego comercial no haya sido adquirida en La Armería, de la Fuerzas Armadas, sino por compra realizada en forma privada a otro particular. No tiene eficacia legal alguna dicho Decreto de Veda para los casos de posesión de armas comerciales de mala fe o de armas que tengan reporte de robo. Lo anterior, en virtud que el tenedor del arma de fuego con reporte de robo carece de un título legítimo de posesión, no solo de factura de la Armería, tampoco cuenta con el documento de traspaso de dominio respectivo, por lo que, a falta de todo ello, no podría registrar dicha arma bajo ninguna circunstancia.”. En Sentencia de fecha 12 días de diciembre de 2016 en el Exp 521-2014: “Si bien es cierto el decreto en cuestión no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, importa una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma temporal pues si entendiéramos que la pretensión del legislador era dejar vigente el artículo 332 B del Código Penal, al regir el artículo 2 del Decreto 184-2013, aún las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plazo de un año otorgado por la disposición relacionada, disposición cuya finalidad es lograr en primer lugar el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado.”. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Para este Tribunal de alzada el presente motivo de casación no es de recibo ya que, si bien la recurrente alega que en se debió aplicar retroactivamente el decreto número 184-2013 pues despenaliza la conducta por la cual fue condenado su representado, es importante tener en consideración que dicha disposición tal y como ha quedado relacionado en la presente resolución, es para que todos aquellos ciudadanos que en su momento tuvieran en su poder un arma de fuego comercial, procedieran a realizar los trámites correspondientes para su registro o para entregar las armas de uso prohibido y en el caso en estudio quedó debidamente probado el imputado no tenía la intención de dar cumplimiento al decreto antes mencionado, pues fue encontrado por dos agentes de policía portando un arma calibre 22, sin su respectiva autorización ya que estos habían sido anteriormente alertados por un ciudadano de haber sido despojado de algunas de sus pertenencias. Se hizo una relación de distintas sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, advirtiendo que existían contradicciones en las mismas, en cuanto a que en unas resoluciones refiere a que las vedas tiene como finalidad que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la debida autorización de portación; de manera que éstas no constituyen una despenalización de delitos, como tampoco tienen por finalidad permitir la impunidad; en otros fallos siempre la Sala Constitucional al referirse al decreto 184-2013, específicamente manifiesta que el espíritu del legislador va encaminado en dos sentidos, el primero a originar en el ciudadano una conducta de responsabilidad, que le permita hacer efectivo un derecho, como es el de tramitar y obtener el registro de su arma comercial ante la autoridad competente y el segundo, de carácter permisivo, es que, durante la vigencia de los Decretos Legislativos carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia del periodo de veda o de gracia; pero no es menos cierto que la misma Sala manifiesta en relación a su segunda postura que claramente entiende que el espíritu de la ley en cuanto al decreto no es el de despenalizar los artículos 332-B del Código Penal, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del Decreto, más bien refiere que es una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares. Asimismo, se hizo una relación de dos sentencias dictadas por esta Sala de lo Penal, en relación al decreto 184-2013, en el cual la postura que se mantiene es que la finalidad del legislador, es permitir que toda persona que en su momento tuviera en su poder un arma de fuego comercial, procediera de inmediato a su debida inscripción en el registro correspondiente y a entregar las de uso prohibido para su respectiva destrucción. por lo que, siguiendo ese orden de ideas en relación al imputado en el presente proceso, no es posible la aplicación retroactiva del decreto 184-2013, ya que está debidamente acreditado que su intención nunca fue la de dar cumplimiento al dispuesto en el mismo. DECISIÓN. Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla generalaplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.

a. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena.

B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017

Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena.Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite.Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra.

Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad.

C.- Ponderación en el Caso Concreto

En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a lo acusado Noe Lizandro López Erazo, la pena de tres años de reclusión, por el delito Portación Ilegal de Armas Comerciales, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso y responsabilidad civil derivada del delito.

La conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego (artículo 580), cuya pena es:

i. De 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta 2 años, si se trata de armas o municiones permitidas; o,

ii. De 04 a 06 años de prisión y localización permanente de hasta 3 años, si se trata de armas o municiones prohibidas.

A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Noe Lizandro López Erazo, conforme el CP-144-83 al ser de 03 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 01 a 04 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.

I. POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 95, 303, 304, 313 atribución 5, 316, 321 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 90 y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo interpuesto por el Abogado José Mauricio Bautista Barrera, en su condición de defensor público del señor Noe Lizandro López Erazo, contra la sentencia emitida en fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, departamento de Copán, Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, nueva Arcadia, Departamento de Copán, por medio de la cual condenó al señor Noé Lizandro López Erazo, como autor del delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión.. Y Manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

Alma Consuelo Guzmán García

Magistrada Coordinadora

José Olivio Rodríguez Vásquez

Magistrado

Miguel Alberto Pineda Valle

Magistrado