Sentencia CP-335-18 — Registro 14101
Resumen
En primera instancia se condena a los imputados como autores del delito de Lavado de Activos, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. El recurrente viene invocando como ley infringida el artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos, por aplicación indebida, señalando como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. El censor argumenta principalmente que de los hechos probados y transcritos en la sentencia se constata que la conducta realizada por las imputadas no se enmarca en el delito de lavado de activos, por lo que al condenar el Tribunal a-quo por este delito ha incurrido en el vicio in judicando citado (aplicación indebida del artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos), puntualizando el censor que la participación de los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, se limita únicamente a conducir los vehículos y transportar dicho dinero, es totalmente errada en tanto que del artículo 3, sin que su actuar “conducir” esté contemplado como una de las acciones rectoras de la conducta objetiva del tipo penal, además no se puede apreciar fácticamente que haya lugar a la existencia de dolo, esencialmente requerido en este tipo de delito, que no se pudo determinar de forma precisa y clara que mis representados hicieron o ejecutaron la acción de esconder el dinero en un compartimiento secreto en los vehículos que ellos simplemente conducían. Prevé el artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos que, “Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince a veinte años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”. Al comparar esta norma penal con los hechos declarados probados por el tribunal de instancia, se aprecia una notable coincidencia en tres de las conductas que regula ese precepto penal, nos referimos a poseer, ocultar y trasladar, dándose en opinión de este Tribunal de Casación los tres supuestos normativos por las razones siguientes: a) Ocultar, porque cada uno de los encartados traían una cantidad de dinero de manera oculta en caletas fabricadas en los dos vehículos. B) Trasladar, porque la presencia de las personas y los dólares en los automóviles supone necesariamente que las personas juzgadas llevaban (trasladaban) los dólares hasta determinado lugar y c) Posesión, porque las acciones de los enjuiciados sugieren una total disponibilidad sobre los dólares de manera que tuvieron en su poder el dinero el tiempo necesario como para analizar cuál era la mejor forma de prepararlo para conducirlo. En todo caso basta con que se dé una conducta para tener por consumado el delito de lavado de activos. 2) Si bien al realizar el parangón entre los hechos probados y el artículo 3 de la citada ley, resulta que los hechos declarados probados por el tribunal de instancia concuerdan plenamente con el contenido del mencionado artículo 3. Tomando en consideración lo descrito en los hechosestimados y declarados probados, en virtud de que de la literalidad del artículo 3 de dicha norma no se infiere que es necesario que concurra un tipo de conducta de parte del sujeto activo y que las demás conductas descritas constituyan medios necesarios para la consumación de aquella; es más, aún los Convenios Internacionales[2] en la materia de los cuales Honduras ha ratificado y que forman parte de nuestro derecho interno, refieren que basta con ejecutar uno de los verbos que describe el comportamiento del sujeto activo, para que se considere consumado el delito. Siendo así las cosas, como se ha señalado en el motivo anterior, los acusados al momento de su requerimiento y registro de los vehículos, ya todos ellos habían poseído y ocultado en compartimientos de metal y sellado grandes cantidades de dinero en dólares, con la finalidad de poder custodiarlo hasta llevarlo a su destino final (trasladarlo); entonces a ese momento, ya se habían consumado no uno, sino varios de los verbos rectores que constituyen el elemento objetivo del tipo penal de Lavado, por ende, basta que se ejecute uno de ellos para que el delito se considere consumado.- Ejemplo de ello es que la ocultación hace referencia tanto al comportamiento como al resultado de tal comportamiento; pues como cita el Jurista Isidro Blanco Cordero[3] al también Jurista Gómez Pavón, en relación con la ocultación como conducta activa “Cualquier acción tendente a conseguir el no descubrimiento del hecho anteriormente perpetrado”; puesto que la ocultación es eso precisamente: esconder, disfrazar o tapar, así como en callar lo que se conoce, para evitar el conocimiento por terceros, de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes procedentes de un delito o la propiedad de los mismos; y en nuestro caso concreto la ocultación que ejercían los acusados respecto al dinero, era precisamente con las finalidades arriba descritas. Por otro lado, también quedó acreditado y así lo estimó el juzgador en el factum, que los encausados no tenían la capacidad económica para poseer esas cantidades de dinero que les fueron decomisadas, por ende, la ley declara punible cualquier “posesión de bienes que no tengan una causa u origen legal de su procedencia”; por tanto, el simple hecho de que ellos poseyeran ese dinero, sin ser de ellos, tomando en cuenta la cantidad de dinero, el cual obviamente resulta exorbitante en relación con sus propios ingresos que generan de manera legal, ello constituye un delito consumado; pues no cabe alegar desconocimiento de que ese dinero no provenía de algún ilícito, cuando los hechos son notorios y de los que todo el mundo hubiese sospechado, ya que las máximas de experiencia nos enseñan, que una persona no vinculada a ninguna actividad delictiva, si pretende hacer movimientos de grandes cantidades de dinero sea cual fuere la moneda, lo hará a través del sistema financiero, pues éste resulta obviamente seguro, fácil y no le genera ningún tipo de riesgo en su integridad física; pero si busca personas que de manera oculta y personal lo hagan, es precisamente porque quiere evitar que le identifiquen, se sepa el origen del bien, su movimiento y por ende su destino. Fue demostrado y así lo recoge el factum de la sentencia, que la acción ejecutada por los encausados debe ser tipificada como Lavado de Activos Consumado, ya que se cumplen los elementos tanto objetivo como subjetivo del tipo del artículo 3 de la Ley Contra el delito de Lavado de Activos, en consecuencia, no es procedente el motivo de casación invocado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con las normas penales sustantivas aplicadas por el recurrente, que se refiere al delito de Lavado de Activos en su grado de ejecución de tentativa, normas que el censor argumenta han sido infringidas por falta de aplicación. En consecuencia, procede esta sala a explicar su apreciación y a resolver con base en las consideraciones siguientes: 1) Esta Sala de lo penal ha sostenido reiteradamente (ver SP 182-09) que los hechos declarados probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde, hecho y precepto penal son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de falta de aplicación; la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente, de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. 2) Realizado el parangón entre hechos probados y las normas penales sustantivas que han sido invocadas por el impetrante como infringidas por falta de aplicación, es posible apreciar congruencia entre los hechos que se declararon probados y las normas sustantivas que han servido de base al juzgador de instancia; esta Sala de lo Penal, aprecia que los preceptos penales en la que el recurrente invoca, esto es el artículo 8 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos en relación con el 15 del Código Penal, no contienen los hechos que fueron declarados probados en la sentencia recurrida, apreciando que el artículo 8 desquicia totalmente la armonía que ha de existir entre hechos probados y norma sustantiva en tanto que este supone la no consumación de los hechos que contempla el SP 335-2018, de tal modo que en la relación entre el artículo 8 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos en relación con el 15 del Código Penal y el 3 del mismo instrumento jurídico se produce una disimilitud tal entre hecho y norma que no es posible enmarcar la tentativa del ilícito en unos hechos que relatan justamente la consumación del tipo penal de lavado de activos, por tanto, norma y hechos no se corresponden. El delito de lavado de activos supone un conjunto de actos que pueden darse conjunta o separadamente bastando que se de tan solo alguno de ellos para hablar justamente del delito consumado, el hecho de que los justiciables no hayan podido trasladar los dólares a su destino final no implica que no se esté frente al delito consumado por las razones siguientes: A) No es necesario que se dé el traslado del activo fuera de las fronteras patrias para que se consuma el delito, basta un traslado internamente y en poca distancia como para ver consumada esta acción, los hechos probados revelan: “El dieciocho de marzo del año 2014, a eso de las nueve de la mañana, agentes de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico, recibieron información referida a que de la zona norte se desplazarían tres vehículos con dirección a la ciudad de Tegucigalpa, entre ellos, un vehículo Nissan. Xterra, color dorado y un Honda, Pilot, color azul, resguardados por un tercer vehículo no identificado, en los cuales se transportaban drogas y dinero. Por lo cual, se realizó un operativo organizado y ejecutado por la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico, en combinación con la Policía Militar del Orden Público, conformándose dos equipos de trabajo, uno que se ubicó a la altura de la colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, carretera al norte y otro equipo que se ubicó en la localidad de Zambrano, a la altura del Parque Aurora; percibiendo éste equipo que, como a eso de la una de la tarde, venían dos vehículos con las características antes mencionadas, por lo que, como a eso de la 1:10 de la tarde, el otro equipo les hizo señal de parada a la altura de la colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, deteniéndose inicialmente un vehículo tipo camioneta, marca Nissan, Modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ-1127, que era conducido por el señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, a quien se le pidió mostrara la documentación del vehículo, el, cual se encontraba registrado a nombre del señor Marco Antonio Gaitán Vargas, en el que llevaba, en el área de la cajuela, en un compartimiento oculto, de metal y sellado, treinta y tres (33) paquetes, treinta (30) de los cuales estaban marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, otros dos (2) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 50 y uno (l) más que venía envuelto en plástico transparente, que traía un pedazo de papel en el que traía manuscrita la cantidad de 4,000 y en la parte de abajo del paquete había un billete más de veinte dólares; paquetes que contenían en su interior dinero en efectivo, en billetes de veinte y cincuenta dólares americanos, conteniendo dichos paquetes un total de SETECIENTOS CUATRO MIL VEINTE DÓLARES ($704,020.00); minutos después, después fue detenido un vehículo tipo camioneta, marca Honda, modelo Pilot, color azul, placas PDD-1547, que era conducido por el cuñado del señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ que es el señor JORGE DANIEL FIALLOS CANALES, estando registrado éste vehículo como de su propiedad y quienes, en un inicio, manifestaron a los Policías que no se conocían entre sí: llevando el señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, en dicho vehículo, en un compartimiento oculto, de metal y sellado, en el lado derecho del pasajero, de la parte delantera, Treinta y un (31) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio y en el lado izquierdo del conductor, se encontraron otros cuatro (4) paquetes, marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, contabilizándose 35 paquetes, que además venían amarrados con un cáñamo para poderlos extraer del compartimento falso, conteniendo dichos paquetes un total de SETECIENTOS MIL DÓLARES ($700,000.00), en billetes de veinte dólares. Por lo que, entre ambos vehículos, llevaban un total de 68 paquetes conteniendo la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUATRO MIL VEINTE DÓLARES ($ 1,404,020.00) sin tener justificación alguna de su procedencia. Además, llevaban consigo, una AUTORIZACION a nombre de JORGE DANIEL FIALLOS CANALES, que figuraba haber sido extendida por señor Marco Antonio Gaitán Vargas, para que Jorge Daniel pudiera salir a cualquier país de Centroamérica, en la camioneta marca Nissan, modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ-1127, en la que se encontró y que era conducida por su cuñado EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ y que en la documentación figuraba pertenecer al señor Marco Antonio Gaitán Vargas, quien en realidad no era su verdadero titular; asimismo, JORGE DANIEL FIALLOS CANALES, portaba en su billetera, la cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($300.00) en billetes de veinte dólares ($20.00) y MIL VEINTICINCO CÓRDOBAS (C.025.00); y, en la bolsa delantera del lado derecho, CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS (L 5,368.00), en efectivo. En tanto que, EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, también portaba en su billetera. la cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($ 300.00) en billetes de veinte dólares ($20.00) y, en la bolsa delantera del lado derecho del pantalón, TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS (L 3,962.00), en efectivo. Sin tener ambos, justificación alguna de su procedencia.” El lavado de activos es un delito complejo que suele requerir de un sin número de acciones previas e incluso posteriores, una de ellas, la conversión de la mercadería o cualquier negocio ilícito a dólares y esa ya se había dado, por ello es importante detectar “los fines perseguidos y la aptitud o idoneidad del mecanismo empleado para ocultar o encubrir la procedencia delictiva del bien” (véase Cálix Vallecillo Carlos David. El delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal Español. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá 2010. P 190) B) La acción de llevar ocultos los dólares no solo revela el dolo sino la concurrencia de una acción (ocultar) que por sí sola configura el ilícito por el cual se ha dado la persecución penal. C) La acción de portar los dólares cada uno de los imputados supone una conducta que indica posesión de las cosas, lo que ubica nuevamente la conducta entre las acciones consumadas que prevé el artículo 3 de la Ley Contra el Lavado de Activos. Las circunstancias de los hechos no pueden menos que develar el origen ilícito de los dólares que portaban los encartados al momento de su detención y que no encuentra justificación legal a partir de las actividades lícitas que eventualmente pudieran desempeñar los acusados de tal manera que de la descripción de los hechos probados, no se puede colegir que se trataba del tipo penal en su grado de ejecución de tentativa que ha fijado el Tribunal de Sentencia, en consecuencia, las normas invocadas como infringidas por el recurrente han sido aplicadas debidamente, por lo tanto, no procede el motivo de casación invocado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, reitera que, cuando se conoce un recurso de infracción de ley se trata precisamente de examinar si en la descripción de los hechos probados establecida por el Tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunción del hecho en el derecho, el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo sólo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo, en el caso bajo examen, se ha realizado precisamente un análisis de los hechos probados de la sentencia recurrida, confrontándolos con la norma penal sustantiva que se refiere al tipo penal de Encubrimiento, por la que el impetrante argumenta que el juzgador debió calificar como delito de Encubrimiento.- Esta Sala de lo Penal, considera que es erróneo el planteamiento que hace la defensa al pretender que los hechos probados se subsuman en el tipo penal de Encubrimiento, ya que aduce que los imputados lo único que los relaciona es que ellos conducían los vehículos en los que iba el dinero. El Artículo 388 del Código Penal establece: “ Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quién sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de éste: …3) Guarda, esconde, compra, vende o recibe en prenda o permuta los efectos o instrumentos del delito;…6) Auxilia a los autores o cómplices para que se beneficien del producto o ´precio de los objetos provenientes del delito o se aprovecha personalmente del producto o precio mencionado.” , en ese sentido es claro que de los mismos hechos probados, inalterables en casación, se desprende concierto previo entre los acusados Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, pues el 18 de marzo de 2014, se recibió información en la que se desplazarían tres vehículos de San Pedro Sula hacía Tegucigalpa, entre ellos un vehículo Nissan XTERRA, color dorado y un Honda Pilot, color azul, resguardado por un tercer vehículo no identificado, por lo cual se realizó un operativo organizado, en la que se detuvo a la altura de la Colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, deteniéndose inicialmente un vehículo tipo camioneta marca Nissan, modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ 1127, que era conducido por Edy Orlando Cruz Sánchez, a quién se le pidió la documentación del vehículo, el cual estaba registrado a nombre del señor Marco Antonio Gaitán Vargas, en el que llevaba, en el área de la cajuela, un compartimiento oculto, de metal y sellado, treinta y tres (33) paquetes, treinta (30) de los cuales estaban marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, otros dos (2) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 50 y uno (1) más que venía en vuelto en plástico transparente que traía la cantidad de 4,000 y en la parte de abajo del paquete había un billete más de 20 dólares; paquetes que tenían en su interior dinero en efectivo, conteniendo dichos paquetes un total de setecientos cuatro mil veinte dólares ($704.020.00); minutos después fue detenido un vehículo tipo camioneta, marca Honda, modelo Pilot, color azul, placas PDD 1547, que era conducido por el cuñado del señor Edy Orlando Cruz Sánchez, el señor Jorge Daniel Fiallos Canales, estando registrado este vehículo como de su propiedad y quienes en un inicio, manifestaron que no se conocían entre sí, llevando un compartimiento oculto de metal y sellado, en el lado derecho del pasajero, treinta y un (31) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio y en el lado izquierdo del conductor, se encontraron otros cuatro (4) paquetes, marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, contabilizando 35 paquetes, conteniendo dichos paquetes un total de setecientos mil dólares ($ 700,000.00) en billetes de 20 dólares, por lo que entre ambos vehículos llevaban un total de 68 paquetes conteniendo la cantidad de un millón cuatrocientos cuatro mil veinte dólares ($1,404,020.00) sin tener justificación alguna de su procedencia; además llevaba consigo una autorización a nombre de Jorge Daniel Fiallos Canales, extendida por el señor Marco Antonio Gaitán Vargas, para que Jorge Daniel pudiera salir a cualquier país de Centroamérica, en la camioneta marca Nissan, Modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ 1127, en la que se encontró y que era conducido por su cuñado Edy Orlando Cruz Sánchez. De acuerdo a los hechos probados, se descarta el poder subsumir dicha conducta en el delito de Encubrimiento, que exige como requisito en los elementos objetivos del tipo, que el encubridor actúe sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito circunstancia que no ocurrió en el presente caso.- “Igualmente, la autonomía del encubrimiento depende de que el encubridor no haya participado como autor o cómplice en el delito encubierto o de que su intervención posterior al delito no haya sido pactada como una forma de realización o de perfeccionamiento de la consumación del mismo recibiendo la mercancía y transportándola, los autores materiales del delito a otro lugar etc.”; ( Véase: Sánchez Ostiz” citado por MUÑOZ CONDE, Derecho Penal, Parte Especial, décimo tercera edición, Tirant lo Blanch, Valencia 2001, pág. 915).- Como se puede apreciar, de acuerdo con los hechos probados, la conducta de los acusados sirvió para el perfeccionamiento de la consumación del delito de lavado de activo, al ocultar, trasladar y poseer los dólares encontrados..- En consecuencia de todo lo anterior, se declara sin lugar el motivo de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa en su tercer motivo. Decisión. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus tres motivos, interpuesto por la defensa privada..
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."de la procedencia de la aplicación retroactiva del cp decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, una pena principal de quince (15) años de reclusión, por el delito de lavado de activos (Art.3 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos) en perjuicio de La Economía del estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, la conducta reprochada a los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, por el delito de Lavado de Activos, esta previsto en el artículo 439, en su numeral 3 del Código Penal 130-2017, ya que al habérseles encontrado al señor Edy Orlando Cruz Sánchez la cantidad de setecientos cuatro mil veinte dólares ($ 704,020.00); y al señor Jorge Daniel Fiallos Canales la cantidad de setecientos mil dólares ($ 700,000.00), haciendo un total de un millón cuatrocientos cuatro mil veinte dólares ($ 1,404,020.00), cantidad que supera los cinco millones de Lempiras (L 5,000,000.00), sancionando con una pena de diez (10) a trece (13) años y multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor del activo. En ese sentido, no procede la aplicación del decreto 130-2017 pues lejos de beneficiar al imputado, le perjudica, pues la pena impuesta conforme al viejo Código Penal fue de 15 años y no posee multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor activo, como loregula ahora el nuevo Código Penal, favoreciéndole el derogado código penal.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “ Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 335-2018 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de febrero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, como autores del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, a la pena de quince años de reclusión.- Segundo: Condenó a los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal.- Tercero: Se declaró a los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, responsables civilmente.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por juicio.- Quinto: Procedió decretar el comiso de una autorización extendida al señor Jorge Daniel Fiallos Canales, para salir a cualquier lugar de Centroamérica, y se ordena la devolución, a quien acredite ser su legítimo propietario, de una mochila de color café, marca East Sport, quien contiene en su interior artículos personales (ropa). SON PARTES: El Abogado Oscar Adán Cálix Rosales, en su condición de defensor privado de los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral. de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: ÚNICO: Fil dieciocho de marzo del año 2014, a eso de las nueve de la mañana, agentes de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico, recibieron información referida a que de la zona norte se desplazarían tres vehículos con dirección a la ciudad de Tegucigalpa, entre ellos, un vehículo Nissan. Xterra, color dorado y un Honda, Pilot, color azul, resguardados por un tercer vehículo no identificado, en los cuales se transportaban drogas y dinero. Por lo cual, se realizó un operativo organizado y ejecutado por la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico, en combinación con la Policía Militar del Orden Público, conformándose dos equipos de trabajo, uno que se ubicó a la altura de la colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, carretera al norte y otro equipo que se ubicó en la localidad de Zambrano, a la altura del Parque Aurora; percibiendo éste equipo que, como a eso de la una de la tarde, venían dos vehículos con las características antes mencionadas, por lo que, como a eso de la 1:10 de la tarde, el otro equipo les hizo señal de parada a la altura de la colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, deteniéndose inicialmente un vehículo tipo camioneta, marca Nissan, Modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ-1127, que era conducido por el señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, a quien se le pidió mostrara la documentación del vehículo, el, cual se encontraba registrado a nombre del señor Marco Antonio Gaitán Vargas, en el que llevaba, en el área de la cajuela, en un compartimiento oculto, de metal y sellado, treinta y tres (33) paquetes, treinta (30) de los cuales estaban marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, otros dos (2) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 50 y uno (l) más que venía envuelto en plástico transparente, que traía un pedazo de papel en el que traía manuscrita la cantidad de 4,000 y en la parte de abajo del paquete había un billete más de veinte dólares; paquetes que contenían en su interior dinero en efectivo, en billetes de veinte y cincuenta dólares americanos, conteniendo dichos paquetes un total de SETECIENTOS CUATRO MIL VEINTE DÓLARES ($704,020.00); minutos después, después fue detenido un vehículo tipo camioneta, marca Honda, modelo Pilot, color azul, placas PDD-1547, que era conducido por el cuñado del señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ que es el señor JORGE DANIEL FIALLOS CANALES, estando registrado éste vehículo como de su propiedad y quienes, en un inicio, manifestaron a los Policías que no se conocían entre sí: llevando el señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, en dicho vehículo, en un compartimiento oculto, de metal y sellado, en el lado derecho del pasajero, de la parte delantera, Treinta y un (31) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio y en el lado izquierdo del conductor, se encontraron otros cuatro (4) paquetes, marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, contabilizándose 35 paquetes, que además venían amarrados con un cáñamo para poderlos extraer del compartimento falso, conteniendo dichos paquetes un total de SETECIENTOS MIL DÓLARES ($700,000.00), en billetes de veinte dólares. Por lo que, entre ambos vehículos, llevaban un total de 68 paquetes conteniendo la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUATRO MIL VEINTE DÓLARES ($ 1,404,020.00) sin tener justificación alguna de su procedencia. Además, llevaban consigo, una AUTORIZACION a nombre de JORGE DANIEL FIALLOS CANALES, que figuraba haber sido extendida por señor Marco Antonio Gaitán Vargas, para que Jorge Daniel pudiera salir a cualquier país de Centroamérica, en la camioneta marca Nissan, modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ-1127, en la que se encontró y que era conducida por su cuñado EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ y que en la documentación figuraba pertenecer al señor Marco Antonio Gaitán Vargas, quien en realidad no era su verdadero titular; asimismo, JORGE DANIEL FIALLOS CANALES, portaba en su billetera, la cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($300.00) en billetes de veinte dólares ($20.00) y MIL VEINTICINCO CÓRDOBAS (C.025.00); y, en la bolsa delantera del lado derecho, CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS (L 5,368.00), en efectivo. En tanto que, EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, también portaba en su billetera. la cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($ 300.00) en billetes de veinte dólares ($20.00) y, en la bolsa delantera del lado derecho del pantalón, TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS (L 3,962.00), en efectivo. Sin tener ambos, justificación alguna de su procedencia.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Oscar Adán Cálix Rosales, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente:“RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal que dispone: “Habrá lugar al recurso de casación por Infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo...” EXPLICACION DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION. El precepto penal que se invoca como infringido por aplicación indebida prescribe lo siguiente: Artículo 3 de la Ley Contra el delito de Lavado de Activos, Decreto 45-2002, que literalmente dice: “Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia” .- El Tribunal Sentenciador estimó como hechos probados los siguientes: “El dieciocho de marzo del año 2014, a eso de las nueve de la mañana, agentes de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico, recibieron información referida a que de la zona norte se desplazarían tres vehículos con dirección a la ciudad de Tegucigalpa, entre ellos, un vehículo Nissan xterra, color dorado, y un Honda, Pilot, color azul, resguardados por un tercer vehículo no identificado, en los cuales se transportaba drogas y dinero. Por lo cual, se realizó un operativo organizado y ejecutado por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, en combinación con la Policía Militar del orden Público, conformándose dos equipos de trabajo, uno se ubicó a la altura de la colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, carretera al Norte y otro equipo que se ubicó en la localidad de Zambrano a la altura del Parque Aurora; percibiendo este equipo que, como a eso de la una de la tarde, venían dos vehículos con las características antes mencionadas, por lo que, como a eso de la 1:10 de tarde, el otro equipo les hizo señal de parada a la altura de la colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, deteniéndose inicialmente un vehículo tipo camioneta marca Nissan, modelo xterra, color beige plateado, placa PCJ-1127, que era conducido por el señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, a quien se le pidió mostrar la documentación del vehículo el cual se encontraba registrado a nombre del señor Marco Antonio Gaitan Vargas, en el que llevaba en el área de la cajuela, en un compartimiento oculto de metal y sellado, treinta y tres (33) paquetes, treinta (30) de los cuales estaban marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, otros dos (2) paquetes marcados de forma manuscrita, con el número 50 y uno (1) más que venía envuelto en plástico transparente, que traía un pedazo de papel en el que traía manuscrita la cantidad de 4000 y en la parte de abajo del paquete había un billete más de veinte dólares; paquetes que contenían en su interior dinero en efectivo, en billetes de veinte y cincuenta dólares americanos, conteniendo dichos paquetes un total de SETECIENTOS CUATRO MIL VEINTE DOLARES ($704,020.00); minutos después, después fue detenido un vehículo tipo camioneta, marca Honda, modelo Pilot, color Azul, placas PDD-1547, que era conducido por el cuñado del señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, que es el señor JORGE DANIEL FALLOS CANALES, estando registrado este vehículo como de su propiedad y quienes, en un inicio, manifestaron a los policías que no se conocían entre si; llevando el señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, en dicho vehículo, en un compartimiento oculto de metal y sellado, en et lado derecho del pasajero, de la parte delantera, treinta y uno (31) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio y en el lado izquierdo del conductor, se encontraron otros cuatro (4) paquetes, marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, contabilizándose 35 paquetes, que además venían amarrados con un cáñamo para poderlos extraer del compartimiento falso, conteniendo dichos paquete un total de SETECIENTOS MIL DOLARES ($ 700,000.00), en billetes de veinte dólares. Por lo que, entre ambos vehículos, llevaban un total de 68 paquetes conteniendo la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL VEINTE DOLARES ($1,404,020.00), sin tener justificación alguna de su procedencia. Además, llevaban consigo, una AUTORIZACIÓN a nombre de JORGE DANIEL RALLOS CANALES, que figuraba haber sido extendida por señor Marco Antonio Gaitan Vargas, para que Jorge Daniel pudiera salir a cualquier país de Centroamérica en la camioneta marca Nissan, modelo xterra, color beige plateado, placa PCJ-1127, en la que se encontró y que era conducida por su cuñado EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ y que en la documentación figuraba pertenecer al señor Marco Antonio Gaitan Vargas, quien en realidad no era su verdadero titular, asimismo, JORGE DANIEL FALLOS CANALES, portaba en su billetera, la cantidad de TRESCIENTOS DOLARES AMERICANOS ($300.00), en billetes de veinte dólares ($20.00) y MIL VEINTINCO CORDOBAS (C 1.025.00); y, en la bolsa delantera del lado derecho CINCO MIL TRESCIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS (L 5,368,00), en efectivo. En tanto que, EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, también portaba en su billetera, la cantidad de TRESCIENTOS DOLARES AMERICANOS ($300.00) en billetes de veinte dólares ($20.00) y, en la bolsa delantera del lado derecho del pantalón, TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS (L 3,96200), en efectivo. Sin tener ambos, justificación alguna de su procedencia...” Al estudiar la declaración de hechos probados consignados por el Tribunal Sentenciador y luego de citarlos íntegramente, se puede determinar que el único hecho que relaciona a mis representados. Es que ellos conducían unos vehículos en los cuales venia un compartimiento secreto conteniendo dinero, pero con esta afirmación de hechos probados no se puede condenar a mis representados, siendo inaplicable el artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos; ya que la participación de ellos, como ya se dijo se limita a únicamente a conducir los vehículos y transportar dicho dinero. Del análisis de este artículo se desprende que el tipo penal de lavado de activos requiere que el autor por sí mismo o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación del destino, el movimiento o la propiedad de activos; es evidente que el responsable único del delito es la primera persona, aunque para beneficiarse lo haga a través de otra; es este sujeto activo quien conoce y quiere realizar la acción, siendo a veces necesario utilizar a otras personas, quienes no son responsables del ilícito, ya que ellas no perciben beneficio alguno, desconociendo incluso de dónde provienen los activos; la conducta objetiva de este tipo penal queda expuesta con la enumeración de los distintos verbos rectores: adquirir, poseer, administrar, custodiar, utilizar, convertir, transferir, trasladar, ocultar e impedir; todos ellos son acciones que realiza siempre el autor; es así como enmarcados dentro de este delito no se puede considerar que la persona que simplemente ha conducido un vehículo inclusive ignorando lo que hay en su interior, sea responsable de cometer infracción. Mis representados, efectivamente conducían los vehículos; como así ha quedado demostrado, pero las cantidad de dinero que en ellos se encontraban no fueron utilizadas para beneficio de ellos, pues como se ha dicho en tan repetidas ocasiones ellos solo fueron utilizados para conducir los vehículos; no existen documentos de propiedad de inmuebles a favor de mis representados; este no poseen ningún bien, ni mucho menos activos propios; su situación económica es precaria (véase informes de análisis patrimonial y financiero). La conducta de mis representados, no está contemplada dentro de las acciones para la realización del delito de lavado de activos. Se concluye que al haber el Tribunal Sentenciador condenado a los señores, EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ Y JORGE DANIEL FALLOS CANALES, como autores responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndole una pena concreta de QUINCE AÑOS DE RECLUSION, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; sin que su actuar “conducir" este contemplado como una de las acciones rectoras de la conducta objetiva del tipo penal, se ha infringido la ley, específicamente el artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos. la condena es en este caso el resultado directo de una indebida aplicación de la norma que se acusa infringida, ya que se dejó de estimar circunstancias esenciales del tipo, que exige además se corresponda con una forma de delincuencia organizada, comprobada respecto de quien sea condenado, lo que no aplica especialmente en el caso de mis representados.- Con todo y por tratarse de un delito de prohibición, no podemos soslayar que para establecer la existencia del dolo, que se debe acreditar en toda comisión de delito, necesariamente se ha de pronunciar un juicio de culpabilidad, teniendo por acreditada la existencia de un nexo o relación psicológica entre el autor y el hecho que se le imputa; esto es, que el resultado responda a la intención que tuvo al ejecutarlo, lo que a su vez se descompone en dos elementos que reconoce la doctrina de más amplia aceptación en nuestro Derecho Penal: 1) Un elemento intelectual constituido por el conocer o el saber que la acción es antijurídica; y, 2) Un elemento volitivo que consiste en querer o al menos aceptar o consentir el resultado.- En la sentencia condenatoria, en el caso que nos ocupa, no se puede apreciar fácticamente que haya lugar a la existencia de dolo, esencialmente requerido en este tipo de delito, ya que no se pudo determinar de forma precisa y clara que mis representados hicieron o ejecutaron la acción de esconder el dinero en un compartimiento secreto en los vehículos que ellos simplemente conducían. En consonancia con lo expuesto, pretendo que se aplique el artículo 3 de la Ley Contra el Lavado de Activos, no para condenar, sino para absolver de responsabilidad penal a mis representados.” “SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Falta de aplicación del artículo 8 de la referida ley que literalmente dice: “Al auto de tentativa y al cómplice del autor de delito consumado de lavado de activos, se le sancionará con la pena señalada en el artículo 3 de esta Ley, disminuida en un tercio (1/3). Al cómplice del Autor de tentativa se le sancionará con la pena principal rebajada en dos tercios (2/3)...” Este artículo es necesario relacionarlo con el artículo 15 de nuestro Código Penal que literalmente dice: Hay Tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente...” Tal y como quedó debidamente probado en el presente proceso, y de la lectura de los hechos probados se puede determinar que mis representados, incurrieron en el tipo penal enunciado en el artículo 8 de la citada ley, relacionado con el artículo 15 de nuestro Código Penal, ya que nunca se logró probar en el juicio que mis representado tuvieran a su disposición un acervo o recursos patrimoniales que dieran lugar a suponer que ellos se han lucrado de actividades ilícitas, produciendo con ello un daño al bien jurídico tutelado por el derecho, el cual es en este caso específico la economía del Estado de Honduras, puesto que el delito nunca llegó a consumarse, pues como quedó probado en el proceso la OABI, fue quien al final dispuso de las cantidades de dinero incautadas en el proceso en cuestión, no llegándose a consumar el tipo penal por el que se acusa a mis representados, quedando la conducta que se les sindica como una mera tentativa, por lo que debió aplicárseles lo dispuesto por los artículos citados en este segundo motivo de casación que se impetra.” “TERCER MOTIVO DE CASACION: Infracción por violación o falta de aplicación del artículo 388 numerales 3 y 6. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra contenido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION. Para mayor claridad en la exposición de este motivo nos permitimos transcribir el artículo señalado: artículo 388 del Código Penal: “Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de este: 1)…; 2)...; 3) Guarda, esconde, compra, vende o recibe en prenda o permuta los efectos o instrumentos del delito; 4)...; 5)...; 6) Auxilia a los autores o cómplices para que se beneficien del producto o precio de los objetos provenientes del delito o se aprovecha personalmente del producto o precio mencionado...” .- Retomando a los hechos probados consignados en la sentencia recurrida, lo único que relaciona a mis representados y que se declara como verdadero es que ellos conducían vehículos en los que iban dinero; en ese sentido, se le debió condenar únicamente por el delito de ENCUBRIMIENTO, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, imponiéndole una pena de tres (3) a cinco (5) años; y no habiendo existido ánimo de lucro ni habitualidad la pena debe mantenerse. De lo expuesto se estima que se ha infringido el precepto penal conceptuado en el artículo 388 numerales 3 y 6 del Código Penal; por violación o falta de aplicación de este, dando lugar a este segundo motivo de casación por Infracción de Ley. Habiéndose planteado los agravios causados, el error in judicando, cometido por el Tribunal Sentenciador, solicitamos que en su oportunidad la Honorable Corte Suprema de Justicia declare haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y acto seguido dicte la sentencia que conforme a derecho corresponde.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 3 de la Ley contra el delito de lavado de activos, decreto N° 45-2002. Concepto de la infracción: Aplicación indebida de la norma sustantiva. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se absuelva de responsabilidad penal a los acusados. Establece el recurrente que es inaplicable el artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos, ya que la participación de ellos, se limita únicamente a conducir los vehículos y transportar dicho dinero. Del análisis de este artículo se desprende que el tipo penal de lavado de activos requiere que el autor por sí mismo o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación del destino, el movimiento o la propiedad de activos; efectivamente conducían los vehículos, pero la cantidad de dinero que en ellos se encontraban no fueron utilizados para beneficio de ellos, ellos solo fueron utilizados para conducir los vehículos, no existen documentos de propiedad de inmuebles a favor de mis representados, estos no poseían ningún bien, ni mucho menos activos propios. Del delito de Lavado de Activos[1]. En nuestro país, el delito de lavado de activos es tipificado por primera vez, mediante Decreto Legislativo No. 202-97 (Ley contra el delito de lavado de dinero o activos), que entró en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta en su edición de fecha 7 de febrero de 1998. Este cuerpo normativo castiga el delito de lavado de activos únicamente cuando el objeto de éste recae sobre bienes procedentes, directa o indirectamente del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Posteriormente, y en sintonía con la tendencia internacional de ampliar el catálogo de delitos previos, en tanto que también son susceptibles de generar ingentes cantidades de dinero otras actividades criminales, cuya introducción en los cauces económicos legales pueden llegar a lesionar los bienes jurídicos protegidos con la incriminación del delito de lavado de activos; mediante Decreto Legislativo No. 45-2002 del 5 de marzo de 2002 (Ley Contra el Delito de Lavado de Activos), y que entrara en vigor, veinte días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, en su edición de fecha 15 de mayo de 2002, los bienes objeto de esa infracción penal, al tenor de lo establecido en sus artículos 3 y 4 pueden provenir directa o indirectamente, no solamente del delito de tráfico de drogas, sino también, del “…tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”. Al margen de la redacción poco afortunada de los preceptos antes citados, esta Sala entiende que con la vigente Ley contra el Delito de Lavado de Activos, pueden ser objeto idóneo de este delito los bienes que tienen origen en cualquier infracción penal, ya que el legislador en la configuración de los tipos establece -en principio- un catálogo de delitos usualmente cometidos en el ámbito de la criminalidad organizada, luego se extiende a los delitos conexos para finalizar con una cláusula de cierre, indicando que se castigarán las acciones constitutivas de blanqueo sobre “bienes que no tengan causa o justificación económica legal”, por lo que hay que entender que siendo injustificada e ilegal la obtención de bienes procedentes de cualquier actividad delictiva, estos pueden ser objeto idóneo de un posterior delito de lavado o blanqueo. En cuanto a la determinación del bien jurídico protegido en los delitos de lavado de activos, esta es una cuestión que reviste una gran complejidad, dando lugar a que se formulen distintas posturas que van desde considerar que tales comportamientos lesionan o ponen en peligro la salud pública, el tráfico lícito de bienes en el mercado, el orden socioeconómico en su conjunto, la administración de justicia, la libre competencia, la estabilidad y solidez del sistema financiero, hasta una construcción pluriofensiva que resulta de combinar dos o más de esos intereses. Con fundamento en la teoría del mantenimiento aplicada en el ámbito del encubrimiento, algunos autores consideraban que el bien jurídico protegido en los delitos de lavado de activos, era la salud pública; sin embargo el ataque y lesión al bien jurídico colectivo salud pública se produce con la realización del tráfico de drogas o cualquier otra conducta típica comprendida en la Ley Contra el Consumo y Tráfico Ilícito de Drogas, sin que el aprovechamiento obtenido incida en el aumento o mantenimiento de las condiciones sanitarias. Por tal razón se considera que el lavado de activos es una figura autónoma que protege intereses distintos a los del delito de tráfico de drogas del que pudieran proceder los bienes. Las conductas de lavado de activos obstaculizan el funcionamiento de la Administración de Justicia dificultando la investigación de los hechos delictivos y la labor de identificación y comiso de aquellos bienes de origen criminal; no obstante, la afectación de dicho bien jurídico por aquellos comportamientos sólo se produce de manera mediata. Si se hubiese querido proteger de manera inmediata a la Administración de Justicia como interés jurídico, hubiese bastado con reformar las figuras del encubrimiento previstas en la legislación penal ya existente. Por otro lado, el lavado no supone la mera ocultación de bienes tal y como se concibe en el encubrimiento; al contrario, la adquisición, conversión y transmisión de efectos, productos o ganancias de origen delictivo con la finalidad de darles una apariencia de legitimidad, supone un proceso dinámico, en el que los bienes no permanecen estáticos. El orden socioeconómico es una categoría sistemática que dada su vaguedad e imprecisión resulta insuficiente para designar en rigor al bien jurídico inmediatamente protegido por el delito de lavado de activos o por cualquier otro delito, siendo necesario determinar cuál o cuáles de sus parcelas son lesionadas o puestas en peligro por tales comportamientos. Para un sector de la doctrina el bien jurídico protegido es el tráfico lícito de bienes en el mercado como elemento indispensable para su normal funcionamiento y el de la economía en general. Desde tal perspectiva se confunde uno de los objetivos político-criminales que persigue el legislador al tipificar el lavado o blanqueo, con lo que constituye en sí, el bien jurídico penalmente tutelado. Es obvio que con la incriminación del lavado de activos se pretende impedir que bienes de origen delictivo se incorporen a los circuitos económicos legales, sin embargo, ello no explica cuál es la concreta parcela del orden socioeconómico que se ve lesionada o puesta en peligro por tales comportamientos. Los costes a que está sujeta la obtención de recursos procedentes de actividades delictivas son abrumadoramente inferiores a los exigidos para conseguir fondos lícitos, lo que estimula y favorece la aparición de situaciones de progresiva apropiación del mercado por parte de empresas ilegales que tienden a convertirse en monopolios, expulsando con ello a las dotadas de una menor disponibilidad de medios económicos y sometidas a cargas más elevadas. Con el castigo del lavado de activos se pretende salvaguardar la libre competencia como igualdad de oportunidades que se vería lesionada por la introducción de bienes de origen delictivo en los circuitos económicos legales. Por otro lado, la inyección de grandes cantidades de dinero de origen delictivo en las entidades de intermediación financiera puede incidir negativamente en la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema en su conjunto. Las transferencias imprevistas de fondos que suelen caracterizar algunas operaciones de lavado, pueden traer como resultado la volatilidad de los tipos de cambio y de las tasas de interés. Por otra parte, la creación de bases de pasivos inestables y de estructuras de activos poco sólidas, genera grandes riesgos de que se produzcan crisis sistémicas caracterizadas por la inestabilidad y consecuente pérdida de confianza del público. De este modo el lavado de activos se configura como un delito pluriofensivo, que protege la libre competencia como igualdad de oportunidades en el mercado, junto con la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema financiero, los intereses y a la vez condiciones para el buen funcionamiento del orden socioeconómico, que se ven inmediatamente protegidos al sancionar penalmente esa figura delictiva. Finalmente, las funciones de la Administración de Justicia consistentes en el descubrimiento de los delitos, identificación de sus autores y partícipes y la aplicación de las consecuencias jurídicas de la infracción penal, son los intereses jurídicos mediatamente protegidos por la normativa penal relativa al lavado de activos. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Primer Motivo. El recurso no es de recibo. El recurrente viene invocando como ley infringida el artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos, por aplicación indebida, señalando como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. El censor argumenta principalmente que de los hechos probados y transcritos en la sentencia se constata que la conducta realizada por las imputadas no se enmarca en el delito de lavado de activos, por lo que al condenar el Tribunal a-quo por este delito ha incurrido en el vicio in judicando citado (aplicación indebida del artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos), puntualizando el censor que la participación de los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, se limita únicamente a conducir los vehículos y transportar dicho dinero, es totalmente errada en tanto que del artículo 3, sin que su actuar “conducir” esté contemplado como una de las acciones rectoras de la conducta objetiva del tipo penal, además no se puede apreciar fácticamente que haya lugar a la existencia de dolo, esencialmente requerido en este tipo de delito, que no se pudo determinar de forma precisa y clara que mis representados hicieron o ejecutaron la acción de esconder el dinero en un compartimiento secreto en los vehículos que ellos simplemente conducían. Prevé el artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos que, “Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince a veinte años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”. Al comparar esta norma penal con los hechos declarados probados por el tribunal de instancia, se aprecia una notable coincidencia en tres de las conductas que regula ese precepto penal, nos referimos a poseer, ocultar y trasladar, dándose en opinión de este Tribunal de Casación los tres supuestos normativos por las razones siguientes: a) Ocultar, porque cada uno de los encartados traían una cantidad de dinero de manera oculta en caletas fabricadas en los dos vehículos. B) Trasladar, porque la presencia de las personas y los dólares en los automóviles supone necesariamente que las personas juzgadas llevaban (trasladaban) los dólares hasta determinado lugar y c) Posesión, porque las acciones de los enjuiciados sugieren una total disponibilidad sobre los dólares de manera que tuvieron en su poder el dinero el tiempo necesario como para analizar cuál era la mejor forma de prepararlo para conducirlo. En todo caso basta con que se dé una conducta para tener por consumado el delito de lavado de activos. 2) Si bien al realizar el parangón entre los hechos probados y el artículo 3 de la citada ley, resulta que los hechos declarados probados por el tribunal de instancia concuerdan plenamente con el contenido del mencionado artículo 3. Tomando en consideración lo descrito en los hechos estimados y declarados probados, en virtud de que de la literalidad del artículo 3 de dicha norma no se infiere que es necesario que concurra un tipo de conducta de parte del sujeto activo y que las demás conductas descritas constituyan medios necesarios para la consumación de aquella; es más, aún los Convenios Internacionales[2] en la materia de los cuales Honduras ha ratificado y que forman parte de nuestro derecho interno, refieren que basta con ejecutar uno de los verbos que describe el comportamiento del sujeto activo, para que se considere consumado el delito. Siendo así las cosas, como se ha señalado en el motivo anterior, los acusados al momento de su requerimiento y registro de los vehículos, ya todos ellos habían poseído y ocultado en compartimientos de metal y sellado grandes cantidades de dinero en dólares, con la finalidad de poder custodiarlo hasta llevarlo a su destino final (trasladarlo); entonces a ese momento, ya se habían consumado no uno, sino varios de los verbos rectores que constituyen el elemento objetivo del tipo penal de Lavado, por ende, basta que se ejecute uno de ellos para que el delito se considere consumado.- Ejemplo de ello es que la ocultación hace referencia tanto al comportamiento como al resultado de tal comportamiento; pues como cita el Jurista Isidro Blanco Cordero[3] al también Jurista Gómez Pavón, en relación con la ocultación como conducta activa “Cualquier acción tendente a conseguir el no descubrimiento del hecho anteriormente perpetrado”; puesto que la ocultación es eso precisamente: esconder, disfrazar o tapar, así como en callar lo que se conoce, para evitar el conocimiento por terceros, de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes procedentes de un delito o la propiedad de los mismos; y en nuestro caso concreto la ocultación que ejercían los acusados respecto al dinero, era precisamente con las finalidades arriba descritas. Por otro lado, también quedó acreditado y así lo estimó el juzgador en el factum, que los encausados no tenían la capacidad económica para poseer esas cantidades de dinero que les fueron decomisadas, por ende, la ley declara punible cualquier “posesión de bienes que no tengan una causa u origen legal de su procedencia”; por tanto, el simple hecho de que ellos poseyeran ese dinero, sin ser de ellos, tomando en cuenta la cantidad de dinero, el cual obviamente resulta exorbitante en relación con sus propios ingresos que generan de manera legal, ello constituye un delito consumado; pues no cabe alegar desconocimiento de que ese dinero no provenía de algún ilícito, cuando los hechos son notorios y de los que todo el mundo hubiese sospechado, ya que las máximas de experiencia nos enseñan, que una persona no vinculada a ninguna actividad delictiva, si pretende hacer movimientos de grandes cantidades de dinero sea cual fuere la moneda, lo hará a través del sistema financiero, pues éste resulta obviamente seguro, fácil y no le genera ningún tipo de riesgo en su integridad física; pero si busca personas que de manera oculta y personal lo hagan, es precisamente porque quiere evitar que le identifiquen, se sepa el origen del bien, su movimiento y por ende su destino. Fue demostrado y así lo recoge el factum de la sentencia, que la acción ejecutada por los encausados debe ser tipificada como Lavado de Activos Consumado, ya que se cumplen los elementos tanto objetivo como subjetivo del tipo del artículo 3 de la Ley Contra el delito de Lavado de Activos, en consecuencia, no es procedente el motivo de casación invocado. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 8 de la Ley contra el delito de lavado de activos, relacionado con el artículo 15 del Código Penal. Concepto de la infracción: Falta de Aplicación de la norma sustantiva. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se absuelva de responsabilidad penal a los acusados. Establece el recurrente que sus representados incurrieron en el tipo enunciado en el artículo 8 de la Ley contra el Lavado de Activos (tentativa), ya que nunca se logró probar que tuvieran a su disposición un acervo o recursos patrimoniales que dieran lugar a suponer que ellos se han lucrado de actividades ilícitas, produciendo con ello un daño al bien jurídico tutelado por el derecho, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, puesto que el delito nunca llegó a consumarse, quedando la conducta que se les sindica como una mera tentativa. Ley contra el Lavado de Activos (Tentativa) “Artículo 8: Al autor de tentativa y al cómplice del autor de delito consumado de lavado de activo, se les sancionará con la pena señalada en el Artículo 3 de esta Ley, disminuida en un tercio (1/3). Al cómplice del autor de tentativa se le sancionará con la pena principal rebajada en dos tercios (2/3)”. De la Tentativa El iter criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el derecho penal de los que son relevantes. El iter criminis se divide en tres fases: 1) FASE INTERNA: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su la ideación (Surgimiento de la Idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (Decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2) FASE INTERMEDIA: Es una fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, conspiración o proposición, lo cual podríamos estar ante un delito o falta independiente contemplado en el artículo 207 o en el artículo 397.2 del Código Penal, respectivamente; 3) FASE EXTERNA: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta fase se divide en tres etapas: Los Actos Preparatorios y los Actos Ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: a. Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal; b. Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los actos ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una tentativa o un delito consumado; c. La Tentativa, conocida como delito tentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 CP). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: i. Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos va encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15CP); el dolo debe coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; ii. Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución, refiere a aquellos actos que deben llevar al sujeto activo a la consumación del delito, para ello en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido; iii. Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 del Código Penal que los actos de ejecución deben ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); iv. Actos Idóneos: El artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, que implica que el autor debe realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguno al bien jurídico protegido (Tentativa Inidónea); v. Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 CP), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. d. Delito Consumado: La Consumación es la última etapa del iter criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 del CP). De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con las normas penales sustantivas aplicadas por el recurrente, que se refiere al delito de Lavado de Activos en su grado de ejecución de tentativa, normas que el censor argumenta han sido infringidas por falta de aplicación. En consecuencia, procede esta sala a explicar su apreciación y a resolver con base en las consideraciones siguientes: 1) Esta Sala de lo penal ha sostenido reiteradamente (ver SP 182-09) que los hechos declarados probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde, hecho y precepto penal son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de falta de aplicación; la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente, de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. 2) Realizado el parangón entre hechos probados y las normas penales sustantivas que han sido invocadas por el impetrante como infringidas por falta de aplicación, es posible apreciar congruencia entre los hechos que se declararon probados y las normas sustantivas que han servido de base al juzgador de instancia; esta Sala de lo Penal, aprecia que los preceptos penales en la que el recurrente invoca, esto es el artículo 8 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos en relación con el 15 del Código Penal, no contienen los hechos que fueron declarados probados en la sentencia recurrida, apreciando que el artículo 8 desquicia totalmente la armonía que ha de existir entre hechos probados y norma sustantiva en tanto que este supone la no consumación de los hechos que contempla el SP 335-2018, de tal modo que en la relación entre el artículo 8 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos en relación con el 15 del Código Penal y el 3 del mismo instrumento jurídico se produce una disimilitud tal entre hecho y norma que no es posible enmarcar la tentativa del ilícito en unos hechos que relatan justamente la consumación del tipo penal de lavado de activos, por tanto, norma y hechos no se corresponden. El delito de lavado de activos supone un conjunto de actos que pueden darse conjunta o separadamente bastando que se de tan solo alguno de ellos para hablar justamente del delito consumado, el hecho de que los justiciables no hayan podido trasladar los dólares a su destino final no implica que no se esté frente al delito consumado por las razones siguientes: A) No es necesario que se dé el traslado del activo fuera de las fronteras patrias para que se consuma el delito, basta un traslado internamente y en poca distancia como para ver consumada esta acción, los hechos probados revelan: “El dieciocho de marzo del año 2014, a eso de las nueve de la mañana, agentes de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico, recibieron información referida a que de la zona norte se desplazarían tres vehículos con dirección a la ciudad de Tegucigalpa, entre ellos, un vehículo Nissan. Xterra, color dorado y un Honda, Pilot, color azul, resguardados por un tercer vehículo no identificado, en los cuales se transportaban drogas y dinero. Por lo cual, se realizó un operativo organizado y ejecutado por la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico, en combinación con la Policía Militar del Orden Público, conformándose dos equipos de trabajo, uno que se ubicó a la altura de la colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, carretera al norte y otro equipo que se ubicó en la localidad de Zambrano, a la altura del Parque Aurora; percibiendo éste equipo que, como a eso de la una de la tarde, venían dos vehículos con las características antes mencionadas, por lo que, como a eso de la 1:10 de la tarde, el otro equipo les hizo señal de parada a la altura de la colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, deteniéndose inicialmente un vehículo tipo camioneta, marca Nissan, Modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ-1127, que era conducido por el señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, a quien se le pidió mostrara la documentación del vehículo, el, cual se encontraba registrado a nombre del señor Marco Antonio Gaitán Vargas, en el que llevaba, en el área de la cajuela, en un compartimiento oculto, de metal y sellado, treinta y tres (33) paquetes, treinta (30) de los cuales estaban marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, otros dos (2) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 50 y uno (l) más que venía envuelto en plástico transparente, que traía un pedazo de papel en el que traía manuscrita la cantidad de 4,000 y en la parte de abajo del paquete había un billete más de veinte dólares; paquetes que contenían en su interior dinero en efectivo, en billetes de veinte y cincuenta dólares americanos, conteniendo dichos paquetes un total de SETECIENTOS CUATRO MIL VEINTE DÓLARES ($704,020.00); minutos después, después fue detenido un vehículo tipo camioneta, marca Honda, modelo Pilot, color azul, placas PDD-1547, que era conducido por el cuñado del señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ que es el señor JORGE DANIEL FIALLOS CANALES, estando registrado éste vehículo como de su propiedad y quienes, en un inicio, manifestaron a los Policías que no se conocían entre sí: llevando el señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, en dicho vehículo, en un compartimiento oculto, de metal y sellado, en el lado derecho del pasajero, de la parte delantera, Treinta y un (31) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio y en el lado izquierdo del conductor, se encontraron otros cuatro (4) paquetes, marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, contabilizándose 35 paquetes, que además venían amarrados con un cáñamo para poderlos extraer del compartimento falso, conteniendo dichos paquetes un total de SETECIENTOS MIL DÓLARES ($700,000.00), en billetes de veinte dólares. Por lo que, entre ambos vehículos, llevaban un total de 68 paquetes conteniendo la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUATRO MIL VEINTE DÓLARES ($ 1,404,020.00) sin tener justificación alguna de su procedencia. Además, llevaban consigo, una AUTORIZACION a nombre de JORGE DANIEL FIALLOS CANALES, que figuraba haber sido extendida por señor Marco Antonio Gaitán Vargas, para que Jorge Daniel pudiera salir a cualquier país de Centroamérica, en la camioneta marca Nissan, modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ-1127, en la que se encontró y que era conducida por su cuñado EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ y que en la documentación figuraba pertenecer al señor Marco Antonio Gaitán Vargas, quien en realidad no era su verdadero titular; asimismo, JORGE DANIEL FIALLOS CANALES, portaba en su billetera, la cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($300.00) en billetes de veinte dólares ($20.00) y MIL VEINTICINCO CÓRDOBAS (C.025.00); y, en la bolsa delantera del lado derecho, CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS (L 5,368.00), en efectivo. En tanto que, EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, también portaba en su billetera. la cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($ 300.00) en billetes de veinte dólares ($20.00) y, en la bolsa delantera del lado derecho del pantalón, TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS (L 3,962.00), en efectivo. Sin tener ambos, justificación alguna de su procedencia.” El lavado de activos es un delito complejo que suele requerir de un sin número de acciones previas e incluso posteriores, una de ellas, la conversión de la mercadería o cualquier negocio ilícito a dólares y esa ya se había dado, por ello es importante detectar “los fines perseguidos y la aptitud o idoneidad del mecanismo empleado para ocultar o encubrir la procedencia delictiva del bien” (véase Cálix Vallecillo Carlos David. El delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal Español. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá 2010. P 190) B) La acción de llevar ocultos los dólares no solo revela el dolo sino la concurrencia de una acción (ocultar) que por sí sola configura el ilícito por el cual se ha dado la persecución penal. C) La acción de portar los dólares cada uno de los imputados supone una conducta que indica posesión de las cosas, lo que ubica nuevamente la conducta entre las acciones consumadas que prevé el artículo 3 de la Ley Contra el Lavado de Activos. Las circunstancias de los hechos no pueden menos que develar el origen ilícito de los dólares que portaban los encartados al momento de su detención y que no encuentra justificación legal a partir de las actividades lícitas que eventualmente pudieran desempeñar los acusados de tal manera que de la descripción de los hechos probados, no se puede colegir que se trataba del tipo penal en su grado de ejecución de tentativa que ha fijado el Tribunal de Sentencia, en consecuencia, las normas invocadas como infringidas por el recurrente han sido aplicadas debidamente, por lo tanto, no procede el motivo de casación invocado. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Tercer Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 388 numerales 3 y 6 del Código Penal. Concepto de la infracción: Falta de Aplicación de la norma sustantiva. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se absuelva de responsabilidad penal a los acusados. Estable el recurrente que, de la declaración de los hechos probados consignados en la sentencia recurrida, lo único que relaciona a sus representados y que se declara como verdadero es que ellos conducían vehículos en los que iba dinero, en ese sentido se le debió condenar únicamente por el delito de encubrimiento en perjuicio de la Administración Pública, imponiéndole una pena de tres (3) a cinco (5) años; y no habiendo ánimo de lucro ni habitualidad. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Tercer Motivo. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, reitera que, cuando se conoce un recurso de infracción de ley se trata precisamente de examinar si en la descripción de los hechos probados establecida por el Tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunción del hecho en el derecho, el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo sólo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo, en el caso bajo examen, se ha realizado precisamente un análisis de los hechos probados de la sentencia recurrida, confrontándolos con la norma penal sustantiva que se refiere al tipo penal de Encubrimiento, por la que el impetrante argumenta que el juzgador debió calificar como delito de Encubrimiento.- Esta Sala de lo Penal, considera que es erróneo el planteamiento que hace la defensa al pretender que los hechos probados se subsuman en el tipo penal de Encubrimiento, ya que aduce que los imputados lo único que los relaciona es que ellos conducían los vehículos en los que iba el dinero. El Artículo 388 del Código Penal establece: “ Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quién sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de éste: …3) Guarda, esconde, compra, vende o recibe en prenda o permuta los efectos o instrumentos del delito;…6) Auxilia a los autores o cómplices para que se beneficien del producto o ´precio de los objetos provenientes del delito o se aprovecha personalmente del producto o precio mencionado.” , en ese sentido es claro que de los mismos hechos probados, inalterables en casación, se desprende concierto previo entre los acusados Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, pues el 18 de marzo de 2014, se recibió información en la que se desplazarían tres vehículos de San Pedro Sula hacía Tegucigalpa, entre ellos un vehículo Nissan XTERRA, color dorado y un Honda Pilot, color azul, resguardado por un tercer vehículo no identificado, por lo cual se realizó un operativo organizado, en la que se detuvo a la altura de la Colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, deteniéndose inicialmente un vehículo tipo camioneta marca Nissan, modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ 1127, que era conducido por Edy Orlando Cruz Sánchez, a quién se le pidió la documentación del vehículo, el cual estaba registrado a nombre del señor Marco Antonio Gaitán Vargas, en el que llevaba, en el área de la cajuela, un compartimiento oculto, de metal y sellado, treinta y tres (33) paquetes, treinta (30) de los cuales estaban marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, otros dos (2) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 50 y uno (1) más que venía en vuelto en plástico transparente que traía la cantidad de 4,000 y en la parte de abajo del paquete había un billete más de 20 dólares; paquetes que tenían en su interior dinero en efectivo, conteniendo dichos paquetes un total de setecientos cuatro mil veinte dólares ($704.020.00); minutos después fue detenido un vehículo tipo camioneta, marca Honda, modelo Pilot, color azul, placas PDD 1547, que era conducido por el cuñado del señor Edy Orlando Cruz Sánchez, el señor Jorge Daniel Fiallos Canales, estando registrado este vehículo como de su propiedad y quienes en un inicio, manifestaron que no se conocían entre sí, llevando un compartimiento oculto de metal y sellado, en el lado derecho del pasajero, treinta y un (31) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio y en el lado izquierdo del conductor, se encontraron otros cuatro (4) paquetes, marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, contabilizando 35 paquetes, conteniendo dichos paquetes un total de setecientos mil dólares ($ 700,000.00) en billetes de 20 dólares, por lo que entre ambos vehículos llevaban un total de 68 paquetes conteniendo la cantidad de un millón cuatrocientos cuatro mil veinte dólares ($1,404,020.00) sin tener justificación alguna de su procedencia; además llevaba consigo una autorización a nombre de Jorge Daniel Fiallos Canales, extendida por el señor Marco Antonio Gaitán Vargas, para que Jorge Daniel pudiera salir a cualquier país de Centroamérica, en la camioneta marca Nissan, Modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ 1127, en la que se encontró y que era conducido por su cuñado Edy Orlando Cruz Sánchez. De acuerdo a los hechos probados, se descarta el poder subsumir dicha conducta en el delito de Encubrimiento, que exige como requisito en los elementos objetivos del tipo, que el encubridor actúe sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito circunstancia que no ocurrió en el presente caso.- “Igualmente, la autonomía del encubrimiento depende de que el encubridor no haya participado como autor o cómplice en el delito encubierto o de que su intervención posterior al delito no haya sido pactada como una forma de realización o de perfeccionamiento de la consumación del mismo recibiendo la mercancía y transportándola, los autores materiales del delito a otro lugar etc.”; ( Véase: Sánchez Ostiz” citado por MUÑOZ CONDE, Derecho Penal, Parte Especial, décimo tercera edición, Tirant lo Blanch, Valencia 2001, pág. 915).- Como se puede apreciar, de acuerdo con los hechos probados, la conducta de los acusados sirvió para el perfeccionamiento de la consumación del delito de lavado de activo, al ocultar, trasladar y poseer los dólares encontrados..- En consecuencia de todo lo anterior, se declara sin lugar el motivo de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa en su tercer motivo. Decisión. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus tres motivos, interpuesto por la defensa privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del cp decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, una pena principal de quince (15) años de reclusión, por el delito de lavado de activos (Art.3 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos) en perjuicio de La Economía del estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, la conducta reprochada a los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, por el delito de Lavado de Activos, esta previsto en el artículo 439, en su numeral 3 del Código Penal 130-2017, ya que al habérseles encontrado al señor Edy Orlando Cruz Sánchez la cantidad de setecientos cuatro mil veinte dólares ($ 704,020.00); y al señor Jorge Daniel Fiallos Canales la cantidad de setecientos mil dólares ($ 700,000.00), haciendo un total de un millón cuatrocientos cuatro mil veinte dólares ($ 1,404,020.00), cantidad que supera los cinco millones de Lempiras (L 5,000,000.00), sancionando con una pena de diez (10) a trece (13) años y multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor del activo. En ese sentido, no procede la aplicación del decreto 130-2017 pues lejos de beneficiar al imputado, le perjudica, pues la pena impuesta conforme al viejo Código Penal fue de 15 años y no posee multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor activo, como lo regula ahora el nuevo Código Penal, favoreciéndole el derogado código penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362,363,369 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos, interpuesto por el Abogado Oscar Adán Calix Rosales, en su condición de defensor privado de los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, en la causa instruida por el delito de lavado de activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- TERCERO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. DENIS SUYAPA FIGUEROA VALLADARES Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de marzo del dos mil veintidos. Certificación de sentencia dictada el veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-335-2018.
JOSE RAMON CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
MJCZ
“CERTIFICACION El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 335-2018 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de febrero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, como autores del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, a la pena de quince años de reclusión.- Segundo: Condenó a los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal.- Tercero: Se declaró a los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, responsables civilmente.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por juicio.- Quinto: Procedió decretar el comiso de una autorización extendida al señor Jorge Daniel Fiallos Canales, para salir a cualquier lugar de Centroamérica, y se ordena la devolución, a quien acredite ser su legítimo propietario, de una mochila de color café, marca East Sport, quien contiene en su interior artículos personales (ropa). SON PARTES: El Abogado Oscar Adán Cálix Rosales, en su condición de defensor privado de los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral. de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: ÚNICO: Fil dieciocho de marzo del año 2014, a eso de las nueve de la mañana, agentes de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico, recibieron información referida a que de la zona norte se desplazarían tres vehículos con dirección a la ciudad de Tegucigalpa, entre ellos, un vehículo Nissan. Xterra, color dorado y un Honda, Pilot, color azul, resguardados por un tercer vehículo no identificado, en los cuales se transportaban drogas y dinero. Por lo cual, se realizó un operativo organizado y ejecutado por la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico, en combinación con la Policía Militar del Orden Público, conformándose dos equipos de trabajo, uno que se ubicó a la altura de la colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, carretera al norte y otro equipo que se ubicó en la localidad de Zambrano, a la altura del Parque Aurora; percibiendo éste equipo que, como a eso de la una de la tarde, venían dos vehículos con las características antes mencionadas, por lo que, como a eso de la 1:10 de la tarde, el otro equipo les hizo señal de parada a la altura de la colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, deteniéndose inicialmente un vehículo tipo camioneta, marca Nissan, Modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ-1127, que era conducido por el señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, a quien se le pidió mostrara la documentación del vehículo, el, cual se encontraba registrado a nombre del señor Marco Antonio Gaitán Vargas, en el que llevaba, en el área de la cajuela, en un compartimiento oculto, de metal y sellado, treinta y tres (33) paquetes, treinta (30) de los cuales estaban marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, otros dos (2) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 50 y uno (l) más que venía envuelto en plástico transparente, que traía un pedazo de papel en el que traía manuscrita la cantidad de 4,000 y en la parte de abajo del paquete había un billete más de veinte dólares; paquetes que contenían en su interior dinero en efectivo, en billetes de veinte y cincuenta dólares americanos, conteniendo dichos paquetes un total de SETECIENTOS CUATRO MIL VEINTE DÓLARES ($704,020.00); minutos después, después fue detenido un vehículo tipo camioneta, marca Honda, modelo Pilot, color azul, placas PDD-1547, que era conducido por el cuñado del señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ que es el señor JORGE DANIEL FIALLOS CANALES, estando registrado éste vehículo como de su propiedad y quienes, en un inicio, manifestaron a los Policías que no se conocían entre sí: llevando el señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, en dicho vehículo, en un compartimiento oculto, de metal y sellado, en el lado derecho del pasajero, de la parte delantera, Treinta y un (31) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio y en el lado izquierdo del conductor, se encontraron otros cuatro (4) paquetes, marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, contabilizándose 35 paquetes, que además venían amarrados con un cáñamo para poderlos extraer del compartimento falso, conteniendo dichos paquetes un total de SETECIENTOS MIL DÓLARES ($700,000.00), en billetes de veinte dólares. Por lo que, entre ambos vehículos, llevaban un total de 68 paquetes conteniendo la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUATRO MIL VEINTE DÓLARES ($ 1,404,020.00) sin tener justificación alguna de su procedencia. Además, llevaban consigo, una AUTORIZACION a nombre de JORGE DANIEL FIALLOS CANALES, que figuraba haber sido extendida por señor Marco Antonio Gaitán Vargas, para que Jorge Daniel pudiera salir a cualquier país de Centroamérica, en la camioneta marca Nissan, modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ-1127, en la que se encontró y que era conducida por su cuñado EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ y que en la documentación figuraba pertenecer al señor Marco Antonio Gaitán Vargas, quien en realidad no era su verdadero titular; asimismo, JORGE DANIEL FIALLOS CANALES, portaba en su billetera, la cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($300.00) en billetes de veinte dólares ($20.00) y MIL VEINTICINCO CÓRDOBAS (C.025.00); y, en la bolsa delantera del lado derecho, CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS (L 5,368.00), en efectivo. En tanto que, EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, también portaba en su billetera. la cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($ 300.00) en billetes de veinte dólares ($20.00) y, en la bolsa delantera del lado derecho del pantalón, TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS (L 3,962.00), en efectivo. Sin tener ambos, justificación alguna de su procedencia.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Oscar Adán Cálix Rosales, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente:“RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal que dispone: “Habrá lugar al recurso de casación por Infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo...” EXPLICACION DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION. El precepto penal que se invoca como infringido por aplicación indebida prescribe lo siguiente: Artículo 3 de la Ley Contra el delito de Lavado de Activos, Decreto 45-2002, que literalmente dice: “Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia” .- El Tribunal Sentenciador estimó como hechos probados los siguientes: “El dieciocho de marzo del año 2014, a eso de las nueve de la mañana, agentes de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico, recibieron información referida a que de la zona norte se desplazarían tres vehículos con dirección a la ciudad de Tegucigalpa, entre ellos, un vehículo Nissan xterra, color dorado, y un Honda, Pilot, color azul, resguardados por un tercer vehículo no identificado, en los cuales se transportaba drogas y dinero. Por lo cual, se realizó un operativo organizado y ejecutado por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, en combinación con la Policía Militar del orden Público, conformándose dos equipos de trabajo, uno se ubicó a la altura de la colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, carretera al Norte y otro equipo que se ubicó en la localidad de Zambrano a la altura del Parque Aurora; percibiendo este equipo que, como a eso de la una de la tarde, venían dos vehículos con las características antes mencionadas, por lo que, como a eso de la 1:10 de tarde, el otro equipo les hizo señal de parada a la altura de la colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, deteniéndose inicialmente un vehículo tipo camioneta marca Nissan, modelo xterra, color beige plateado, placa PCJ-1127, que era conducido por el señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, a quien se le pidió mostrar la documentación del vehículo el cual se encontraba registrado a nombre del señor Marco Antonio Gaitan Vargas, en el que llevaba en el área de la cajuela, en un compartimiento oculto de metal y sellado, treinta y tres (33) paquetes, treinta (30) de los cuales estaban marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, otros dos (2) paquetes marcados de forma manuscrita, con el número 50 y uno (1) más que venía envuelto en plástico transparente, que traía un pedazo de papel en el que traía manuscrita la cantidad de 4000 y en la parte de abajo del paquete había un billete más de veinte dólares; paquetes que contenían en su interior dinero en efectivo, en billetes de veinte y cincuenta dólares americanos, conteniendo dichos paquetes un total de SETECIENTOS CUATRO MIL VEINTE DOLARES ($704,020.00); minutos después, después fue detenido un vehículo tipo camioneta, marca Honda, modelo Pilot, color Azul, placas PDD-1547, que era conducido por el cuñado del señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, que es el señor JORGE DANIEL FALLOS CANALES, estando registrado este vehículo como de su propiedad y quienes, en un inicio, manifestaron a los policías que no se conocían entre si; llevando el señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, en dicho vehículo, en un compartimiento oculto de metal y sellado, en et lado derecho del pasajero, de la parte delantera, treinta y uno (31) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio y en el lado izquierdo del conductor, se encontraron otros cuatro (4) paquetes, marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, contabilizándose 35 paquetes, que además venían amarrados con un cáñamo para poderlos extraer del compartimiento falso, conteniendo dichos paquete un total de SETECIENTOS MIL DOLARES ($ 700,000.00), en billetes de veinte dólares. Por lo que, entre ambos vehículos, llevaban un total de 68 paquetes conteniendo la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL VEINTE DOLARES ($1,404,020.00), sin tener justificación alguna de su procedencia. Además, llevaban consigo, una AUTORIZACIÓN a nombre de JORGE DANIEL RALLOS CANALES, que figuraba haber sido extendida por señor Marco Antonio Gaitan Vargas, para que Jorge Daniel pudiera salir a cualquier país de Centroamérica en la camioneta marca Nissan, modelo xterra, color beige plateado, placa PCJ-1127, en la que se encontró y que era conducida por su cuñado EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ y que en la documentación figuraba pertenecer al señor Marco Antonio Gaitan Vargas, quien en realidad no era su verdadero titular, asimismo, JORGE DANIEL FALLOS CANALES, portaba en su billetera, la cantidad de TRESCIENTOS DOLARES AMERICANOS ($300.00), en billetes de veinte dólares ($20.00) y MIL VEINTINCO CORDOBAS (C 1.025.00); y, en la bolsa delantera del lado derecho CINCO MIL TRESCIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS (L 5,368,00), en efectivo. En tanto que, EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, también portaba en su billetera, la cantidad de TRESCIENTOS DOLARES AMERICANOS ($300.00) en billetes de veinte dólares ($20.00) y, en la bolsa delantera del lado derecho del pantalón, TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS (L 3,96200), en efectivo. Sin tener ambos, justificación alguna de su procedencia...” Al estudiar la declaración de hechos probados consignados por el Tribunal Sentenciador y luego de citarlos íntegramente, se puede determinar que el único hecho que relaciona a mis representados. Es que ellos conducían unos vehículos en los cuales venia un compartimiento secreto conteniendo dinero, pero con esta afirmación de hechos probados no se puede condenar a mis representados, siendo inaplicable el artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos; ya que la participación de ellos, como ya se dijo se limita a únicamente a conducir los vehículos y transportar dicho dinero. Del análisis de este artículo se desprende que el tipo penal de lavado de activos requiere que el autor por sí mismo o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación del destino, el movimiento o la propiedad de activos; es evidente que el responsable único del delito es la primera persona, aunque para beneficiarse lo haga a través de otra; es este sujeto activo quien conoce y quiere realizar la acción, siendo a veces necesario utilizar a otras personas, quienes no son responsables del ilícito, ya que ellas no perciben beneficio alguno, desconociendo incluso de dónde provienen los activos; la conducta objetiva de este tipo penal queda expuesta con la enumeración de los distintos verbos rectores: adquirir, poseer, administrar, custodiar, utilizar, convertir, transferir, trasladar, ocultar e impedir; todos ellos son acciones que realiza siempre el autor; es así como enmarcados dentro de este delito no se puede considerar que la persona que simplemente ha conducido un vehículo inclusive ignorando lo que hay en su interior, sea responsable de cometer infracción. Mis representados, efectivamente conducían los vehículos; como así ha quedado demostrado, pero las cantidad de dinero que en ellos se encontraban no fueron utilizadas para beneficio de ellos, pues como se ha dicho en tan repetidas ocasiones ellos solo fueron utilizados para conducir los vehículos; no existen documentos de propiedad de inmuebles a favor de mis representados; este no poseen ningún bien, ni mucho menos activos propios; su situación económica es precaria (véase informes de análisis patrimonial y financiero). La conducta de mis representados, no está contemplada dentro de las acciones para la realización del delito de lavado de activos. Se concluye que al haber el Tribunal Sentenciador condenado a los señores, EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ Y JORGE DANIEL FALLOS CANALES, como autores responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndole una pena concreta de QUINCE AÑOS DE RECLUSION, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; sin que su actuar “conducir" este contemplado como una de las acciones rectoras de la conducta objetiva del tipo penal, se ha infringido la ley, específicamente el artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos. la condena es en este caso el resultado directo de una indebida aplicación de la norma que se acusa infringida, ya que se dejó de estimar circunstancias esenciales del tipo, que exige además se corresponda con una forma de delincuencia organizada, comprobada respecto de quien sea condenado, lo que no aplica especialmente en el caso de mis representados.- Con todo y por tratarse de un delito de prohibición, no podemos soslayar que para establecer la existencia del dolo, que se debe acreditar en toda comisión de delito, necesariamente se ha de pronunciar un juicio de culpabilidad, teniendo por acreditada la existencia de un nexo o relación psicológica entre el autor y el hecho que se le imputa; esto es, que el resultado responda a la intención que tuvo al ejecutarlo, lo que a su vez se descompone en dos elementos que reconoce la doctrina de más amplia aceptación en nuestro Derecho Penal: 1) Un elemento intelectual constituido por el conocer o el saber que la acción es antijurídica; y, 2) Un elemento volitivo que consiste en querer o al menos aceptar o consentir el resultado.- En la sentencia condenatoria, en el caso que nos ocupa, no se puede apreciar fácticamente que haya lugar a la existencia de dolo, esencialmente requerido en este tipo de delito, ya que no se pudo determinar de forma precisa y clara que mis representados hicieron o ejecutaron la acción de esconder el dinero en un compartimiento secreto en los vehículos que ellos simplemente conducían. En consonancia con lo expuesto, pretendo que se aplique el artículo 3 de la Ley Contra el Lavado de Activos, no para condenar, sino para absolver de responsabilidad penal a mis representados.” “SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Falta de aplicación del artículo 8 de la referida ley que literalmente dice: “Al auto de tentativa y al cómplice del autor de delito consumado de lavado de activos, se le sancionará con la pena señalada en el artículo 3 de esta Ley, disminuida en un tercio (1/3). Al cómplice del Autor de tentativa se le sancionará con la pena principal rebajada en dos tercios (2/3)...” Este artículo es necesario relacionarlo con el artículo 15 de nuestro Código Penal que literalmente dice: Hay Tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente...” Tal y como quedó debidamente probado en el presente proceso, y de la lectura de los hechos probados se puede determinar que mis representados, incurrieron en el tipo penal enunciado en el artículo 8 de la citada ley, relacionado con el artículo 15 de nuestro Código Penal, ya que nunca se logró probar en el juicio que mis representado tuvieran a su disposición un acervo o recursos patrimoniales que dieran lugar a suponer que ellos se han lucrado de actividades ilícitas, produciendo con ello un daño al bien jurídico tutelado por el derecho, el cual es en este caso específico la economía del Estado de Honduras, puesto que el delito nunca llegó a consumarse, pues como quedó probado en el proceso la OABI, fue quien al final dispuso de las cantidades de dinero incautadas en el proceso en cuestión, no llegándose a consumar el tipo penal por el que se acusa a mis representados, quedando la conducta que se les sindica como una mera tentativa, por lo que debió aplicárseles lo dispuesto por los artículos citados en este segundo motivo de casación que se impetra.” “TERCER MOTIVO DE CASACION: Infracción por violación o falta de aplicación del artículo 388 numerales 3 y 6. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra contenido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION. Para mayor claridad en la exposición de este motivo nos permitimos transcribir el artículo señalado: artículo 388 del Código Penal: “Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de este: 1)…; 2)...; 3) Guarda, esconde, compra, vende o recibe en prenda o permuta los efectos o instrumentos del delito; 4)...; 5)...; 6) Auxilia a los autores o cómplices para que se beneficien del producto o precio de los objetos provenientes del delito o se aprovecha personalmente del producto o precio mencionado...” .- Retomando a los hechos probados consignados en la sentencia recurrida, lo único que relaciona a mis representados y que se declara como verdadero es que ellos conducían vehículos en los que iban dinero; en ese sentido, se le debió condenar únicamente por el delito de ENCUBRIMIENTO, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, imponiéndole una pena de tres (3) a cinco (5) años; y no habiendo existido ánimo de lucro ni habitualidad la pena debe mantenerse. De lo expuesto se estima que se ha infringido el precepto penal conceptuado en el artículo 388 numerales 3 y 6 del Código Penal; por violación o falta de aplicación de este, dando lugar a este segundo motivo de casación por Infracción de Ley. Habiéndose planteado los agravios causados, el error in judicando, cometido por el Tribunal Sentenciador, solicitamos que en su oportunidad la Honorable Corte Suprema de Justicia declare haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y acto seguido dicte la sentencia que conforme a derecho corresponde.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 3 de la Ley contra el delito de lavado de activos, decreto N° 45-2002. Concepto de la infracción: Aplicación indebida de la norma sustantiva. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se absuelva de responsabilidad penal a los acusados. Establece el recurrente que es inaplicable el artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos, ya que la participación de ellos, se limita únicamente a conducir los vehículos y transportar dicho dinero. Del análisis de este artículo se desprende que el tipo penal de lavado de activos requiere que el autor por sí mismo o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación del destino, el movimiento o la propiedad de activos; efectivamente conducían los vehículos, pero la cantidad de dinero que en ellos se encontraban no fueron utilizados para beneficio de ellos, ellos solo fueron utilizados para conducir los vehículos, no existen documentos de propiedad de inmuebles a favor de mis representados, estos no poseían ningún bien, ni mucho menos activos propios. Del delito de Lavado de Activos[4]. En nuestro país, el delito de lavado de activos es tipificado por primera vez, mediante Decreto Legislativo No. 202-97 (Ley contra el delito de lavado de dinero o activos), que entró en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta en su edición de fecha 7 de febrero de 1998. Este cuerpo normativo castiga el delito de lavado de activos únicamente cuando el objeto de éste recae sobre bienes procedentes, directa o indirectamente del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Posteriormente, y en sintonía con la tendencia internacional de ampliar el catálogo de delitos previos, en tanto que también son susceptibles de generar ingentes cantidades de dinero otras actividades criminales, cuya introducción en los cauces económicos legales pueden llegar a lesionar los bienes jurídicos protegidos con la incriminación del delito de lavado de activos; mediante Decreto Legislativo No. 45-2002 del 5 de marzo de 2002 (Ley Contra el Delito de Lavado de Activos), y que entrara en vigor, veinte días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, en su edición de fecha 15 de mayo de 2002, los bienes objeto de esa infracción penal, al tenor de lo establecido en sus artículos 3 y 4 pueden provenir directa o indirectamente, no solamente del delito de tráfico de drogas, sino también, del “…tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”. Al margen de la redacción poco afortunada de los preceptos antes citados, esta Sala entiende que con la vigente Ley contra el Delito de Lavado de Activos, pueden ser objeto idóneo de este delito los bienes que tienen origen en cualquier infracción penal, ya que el legislador en la configuración de los tipos establece -en principio- un catálogo de delitos usualmente cometidos en el ámbito de la criminalidad organizada, luego se extiende a los delitos conexos para finalizar con una cláusula de cierre, indicando que se castigarán las acciones constitutivas de blanqueo sobre “bienes que no tengan causa o justificación económica legal”, por lo que hay que entender que siendo injustificada e ilegal la obtención de bienes procedentes de cualquier actividad delictiva, estos pueden ser objeto idóneo de un posterior delito de lavado o blanqueo. En cuanto a la determinación del bien jurídico protegido en los delitos de lavado de activos, esta es una cuestión que reviste una gran complejidad, dando lugar a que se formulen distintas posturas que van desde considerar que tales comportamientos lesionan o ponen en peligro la salud pública, el tráfico lícito de bienes en el mercado, el orden socioeconómico en su conjunto, la administración de justicia, la libre competencia, la estabilidad y solidez del sistema financiero, hasta una construcción pluriofensiva que resulta de combinar dos o más de esos intereses. Con fundamento en la teoría del mantenimiento aplicada en el ámbito del encubrimiento, algunos autores consideraban que el bien jurídico protegido en los delitos de lavado de activos, era la salud pública; sin embargo el ataque y lesión al bien jurídico colectivo salud pública se produce con la realización del tráfico de drogas o cualquier otra conducta típica comprendida en la Ley Contra el Consumo y Tráfico Ilícito de Drogas, sin que el aprovechamiento obtenido incida en el aumento o mantenimiento de las condiciones sanitarias. Por tal razón se considera que el lavado de activos es una figura autónoma que protege intereses distintos a los del delito de tráfico de drogas del que pudieran proceder los bienes. Las conductas de lavado de activos obstaculizan el funcionamiento de la Administración de Justicia dificultando la investigación de los hechos delictivos y la labor de identificación y comiso de aquellos bienes de origen criminal; no obstante, la afectación de dicho bien jurídico por aquellos comportamientos sólo se produce de manera mediata. Si se hubiese querido proteger de manera inmediata a la Administración de Justicia como interés jurídico, hubiese bastado con reformar las figuras del encubrimiento previstas en la legislación penal ya existente. Por otro lado, el lavado no supone la mera ocultación de bienes tal y como se concibe en el encubrimiento; al contrario, la adquisición, conversión y transmisión de efectos, productos o ganancias de origen delictivo con la finalidad de darles una apariencia de legitimidad, supone un proceso dinámico, en el que los bienes no permanecen estáticos. El orden socioeconómico es una categoría sistemática que dada su vaguedad e imprecisión resulta insuficiente para designar en rigor al bien jurídico inmediatamente protegido por el delito de lavado de activos o por cualquier otro delito, siendo necesario determinar cuál o cuáles de sus parcelas son lesionadas o puestas en peligro por tales comportamientos. Para un sector de la doctrina el bien jurídico protegido es el tráfico lícito de bienes en el mercado como elemento indispensable para su normal funcionamiento y el de la economía en general. Desde tal perspectiva se confunde uno de los objetivos político-criminales que persigue el legislador al tipificar el lavado o blanqueo, con lo que constituye en sí, el bien jurídico penalmente tutelado. Es obvio que con la incriminación del lavado de activos se pretende impedir que bienes de origen delictivo se incorporen a los circuitos económicos legales, sin embargo, ello no explica cuál es la concreta parcela del orden socioeconómico que se ve lesionada o puesta en peligro por tales comportamientos. Los costes a que está sujeta la obtención de recursos procedentes de actividades delictivas son abrumadoramente inferiores a los exigidos para conseguir fondos lícitos, lo que estimula y favorece la aparición de situaciones de progresiva apropiación del mercado por parte de empresas ilegales que tienden a convertirse en monopolios, expulsando con ello a las dotadas de una menor disponibilidad de medios económicos y sometidas a cargas más elevadas. Con el castigo del lavado de activos se pretende salvaguardar la libre competencia como igualdad de oportunidades que se vería lesionada por la introducción de bienes de origen delictivo en los circuitos económicos legales. Por otro lado, la inyección de grandes cantidades de dinero de origen delictivo en las entidades de intermediación financiera puede incidir negativamente en la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema en su conjunto. Las transferencias imprevistas de fondos que suelen caracterizar algunas operaciones de lavado, pueden traer como resultado la volatilidad de los tipos de cambio y de las tasas de interés. Por otra parte, la creación de bases de pasivos inestables y de estructuras de activos poco sólidas, genera grandes riesgos de que se produzcan crisis sistémicas caracterizadas por la inestabilidad y consecuente pérdida de confianza del público. De este modo el lavado de activos se configura como un delito pluriofensivo, que protege la libre competencia como igualdad de oportunidades en el mercado, junto con la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema financiero, los intereses y a la vez condiciones para el buen funcionamiento del orden socioeconómico, que se ven inmediatamente protegidos al sancionar penalmente esa figura delictiva. Finalmente, las funciones de la Administración de Justicia consistentes en el descubrimiento de los delitos, identificación de sus autores y partícipes y la aplicación de las consecuencias jurídicas de la infracción penal, son los intereses jurídicos mediatamente protegidos por la normativa penal relativa al lavado de activos. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Primer Motivo. El recurso no es de recibo. El recurrente viene invocando como ley infringida el artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos, por aplicación indebida, señalando como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. El censor argumenta principalmente que de los hechos probados y transcritos en la sentencia se constata que la conducta realizada por las imputadas no se enmarca en el delito de lavado de activos, por lo que al condenar el Tribunal a-quo por este delito ha incurrido en el vicio in judicando citado (aplicación indebida del artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos), puntualizando el censor que la participación de los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, se limita únicamente a conducir los vehículos y transportar dicho dinero, es totalmente errada en tanto que del artículo 3, sin que su actuar “conducir” esté contemplado como una de las acciones rectoras de la conducta objetiva del tipo penal, además no se puede apreciar fácticamente que haya lugar a la existencia de dolo, esencialmente requerido en este tipo de delito, que no se pudo determinar de forma precisa y clara que mis representados hicieron o ejecutaron la acción de esconder el dinero en un compartimiento secreto en los vehículos que ellos simplemente conducían. Prevé el artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos que, “Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince a veinte años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”. Al comparar esta norma penal con los hechos declarados probados por el tribunal de instancia, se aprecia una notable coincidencia en tres de las conductas que regula ese precepto penal, nos referimos a poseer, ocultar y trasladar, dándose en opinión de este Tribunal de Casación los tres supuestos normativos por las razones siguientes: a) Ocultar, porque cada uno de los encartados traían una cantidad de dinero de manera oculta en caletas fabricadas en los dos vehículos. B) Trasladar, porque la presencia de las personas y los dólares en los automóviles supone necesariamente que las personas juzgadas llevaban (trasladaban) los dólares hasta determinado lugar y c) Posesión, porque las acciones de los enjuiciados sugieren una total disponibilidad sobre los dólares de manera que tuvieron en su poder el dinero el tiempo necesario como para analizar cuál era la mejor forma de prepararlo para conducirlo. En todo caso basta con que se dé una conducta para tener por consumado el delito de lavado de activos. 2) Si bien al realizar el parangón entre los hechos probados y el artículo 3 de la citada ley, resulta que los hechos declarados probados por el tribunal de instancia concuerdan plenamente con el contenido del mencionado artículo 3. Tomando en consideración lo descrito en los hechos estimados y declarados probados, en virtud de que de la literalidad del artículo 3 de dicha norma no se infiere que es necesario que concurra un tipo de conducta de parte del sujeto activo y que las demás conductas descritas constituyan medios necesarios para la consumación de aquella; es más, aún los Convenios Internacionales[5] en la materia de los cuales Honduras ha ratificado y que forman parte de nuestro derecho interno, refieren que basta con ejecutar uno de los verbos que describe el comportamiento del sujeto activo, para que se considere consumado el delito. Siendo así las cosas, como se ha señalado en el motivo anterior, los acusados al momento de su requerimiento y registro de los vehículos, ya todos ellos habían poseído y ocultado en compartimientos de metal y sellado grandes cantidades de dinero en dólares, con la finalidad de poder custodiarlo hasta llevarlo a su destino final (trasladarlo); entonces a ese momento, ya se habían consumado no uno, sino varios de los verbos rectores que constituyen el elemento objetivo del tipo penal de Lavado, por ende, basta que se ejecute uno de ellos para que el delito se considere consumado.- Ejemplo de ello es que la ocultación hace referencia tanto al comportamiento como al resultado de tal comportamiento; pues como cita el Jurista Isidro Blanco Cordero[6] al también Jurista Gómez Pavón, en relación con la ocultación como conducta activa “Cualquier acción tendente a conseguir el no descubrimiento del hecho anteriormente perpetrado”; puesto que la ocultación es eso precisamente: esconder, disfrazar o tapar, así como en callar lo que se conoce, para evitar el conocimiento por terceros, de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes procedentes de un delito o la propiedad de los mismos; y en nuestro caso concreto la ocultación que ejercían los acusados respecto al dinero, era precisamente con las finalidades arriba descritas. Por otro lado, también quedó acreditado y así lo estimó el juzgador en el factum, que los encausados no tenían la capacidad económica para poseer esas cantidades de dinero que les fueron decomisadas, por ende, la ley declara punible cualquier “posesión de bienes que no tengan una causa u origen legal de su procedencia”; por tanto, el simple hecho de que ellos poseyeran ese dinero, sin ser de ellos, tomando en cuenta la cantidad de dinero, el cual obviamente resulta exorbitante en relación con sus propios ingresos que generan de manera legal, ello constituye un delito consumado; pues no cabe alegar desconocimiento de que ese dinero no provenía de algún ilícito, cuando los hechos son notorios y de los que todo el mundo hubiese sospechado, ya que las máximas de experiencia nos enseñan, que una persona no vinculada a ninguna actividad delictiva, si pretende hacer movimientos de grandes cantidades de dinero sea cual fuere la moneda, lo hará a través del sistema financiero, pues éste resulta obviamente seguro, fácil y no le genera ningún tipo de riesgo en su integridad física; pero si busca personas que de manera oculta y personal lo hagan, es precisamente porque quiere evitar que le identifiquen, se sepa el origen del bien, su movimiento y por ende su destino. Fue demostrado y así lo recoge el factum de la sentencia, que la acción ejecutada por los encausados debe ser tipificada como Lavado de Activos Consumado, ya que se cumplen los elementos tanto objetivo como subjetivo del tipo del artículo 3 de la Ley Contra el delito de Lavado de Activos, en consecuencia, no es procedente el motivo de casación invocado. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 8 de la Ley contra el delito de lavado de activos, relacionado con el artículo 15 del Código Penal. Concepto de la infracción: Falta de Aplicación de la norma sustantiva. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se absuelva de responsabilidad penal a los acusados. Establece el recurrente que sus representados incurrieron en el tipo enunciado en el artículo 8 de la Ley contra el Lavado de Activos (tentativa), ya que nunca se logró probar que tuvieran a su disposición un acervo o recursos patrimoniales que dieran lugar a suponer que ellos se han lucrado de actividades ilícitas, produciendo con ello un daño al bien jurídico tutelado por el derecho, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, puesto que el delito nunca llegó a consumarse, quedando la conducta que se les sindica como una mera tentativa. Ley contra el Lavado de Activos (Tentativa) “Artículo 8: Al autor de tentativa y al cómplice del autor de delito consumado de lavado de activo, se les sancionará con la pena señalada en el Artículo 3 de esta Ley, disminuida en un tercio (1/3). Al cómplice del autor de tentativa se le sancionará con la pena principal rebajada en dos tercios (2/3)”. De la Tentativa El iter criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el derecho penal de los que son relevantes. El iter criminis se divide en tres fases: 1) FASE INTERNA: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su la ideación (Surgimiento de la Idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (Decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2) FASE INTERMEDIA: Es una fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, conspiración o proposición, lo cual podríamos estar ante un delito o falta independiente contemplado en el artículo 207 o en el artículo 397.2 del Código Penal, respectivamente; 3) FASE EXTERNA: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta fase se divide en tres etapas: Los Actos Preparatorios y los Actos Ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: a. Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal; b. Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los actos ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una tentativa o un delito consumado; c. La Tentativa, conocida como delito tentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 CP). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: i. Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos va encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15CP); el dolo debe coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; ii. Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución, refiere a aquellos actos que deben llevar al sujeto activo a la consumación del delito, para ello en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido; iii. Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 del Código Penal que los actos de ejecución deben ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); iv. Actos Idóneos: El artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, que implica que el autor debe realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguno al bien jurídico protegido (Tentativa Inidónea); v. Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 CP), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. d. Delito Consumado: La Consumación es la última etapa del iter criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 del CP). De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con las normas penales sustantivas aplicadas por el recurrente, que se refiere al delito de Lavado de Activos en su grado de ejecución de tentativa, normas que el censor argumenta han sido infringidas por falta de aplicación. En consecuencia, procede esta sala a explicar su apreciación y a resolver con base en las consideraciones siguientes: 1) Esta Sala de lo penal ha sostenido reiteradamente (ver SP 182-09) que los hechos declarados probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde, hecho y precepto penal son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de falta de aplicación; la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente, de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. 2) Realizado el parangón entre hechos probados y las normas penales sustantivas que han sido invocadas por el impetrante como infringidas por falta de aplicación, es posible apreciar congruencia entre los hechos que se declararon probados y las normas sustantivas que han servido de base al juzgador de instancia; esta Sala de lo Penal, aprecia que los preceptos penales en la que el recurrente invoca, esto es el artículo 8 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos en relación con el 15 del Código Penal, no contienen los hechos que fueron declarados probados en la sentencia recurrida, apreciando que el artículo 8 desquicia totalmente la armonía que ha de existir entre hechos probados y norma sustantiva en tanto que este supone la no consumación de los hechos que contempla el SP 335-2018, de tal modo que en la relación entre el artículo 8 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos en relación con el 15 del Código Penal y el 3 del mismo instrumento jurídico se produce una disimilitud tal entre hecho y norma que no es posible enmarcar la tentativa del ilícito en unos hechos que relatan justamente la consumación del tipo penal de lavado de activos, por tanto, norma y hechos no se corresponden. El delito de lavado de activos supone un conjunto de actos que pueden darse conjunta o separadamente bastando que se de tan solo alguno de ellos para hablar justamente del delito consumado, el hecho de que los justiciables no hayan podido trasladar los dólares a su destino final no implica que no se esté frente al delito consumado por las razones siguientes: A) No es necesario que se dé el traslado del activo fuera de las fronteras patrias para que se consuma el delito, basta un traslado internamente y en poca distancia como para ver consumada esta acción, los hechos probados revelan: “El dieciocho de marzo del año 2014, a eso de las nueve de la mañana, agentes de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico, recibieron información referida a que de la zona norte se desplazarían tres vehículos con dirección a la ciudad de Tegucigalpa, entre ellos, un vehículo Nissan. Xterra, color dorado y un Honda, Pilot, color azul, resguardados por un tercer vehículo no identificado, en los cuales se transportaban drogas y dinero. Por lo cual, se realizó un operativo organizado y ejecutado por la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico, en combinación con la Policía Militar del Orden Público, conformándose dos equipos de trabajo, uno que se ubicó a la altura de la colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, carretera al norte y otro equipo que se ubicó en la localidad de Zambrano, a la altura del Parque Aurora; percibiendo éste equipo que, como a eso de la una de la tarde, venían dos vehículos con las características antes mencionadas, por lo que, como a eso de la 1:10 de la tarde, el otro equipo les hizo señal de parada a la altura de la colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, deteniéndose inicialmente un vehículo tipo camioneta, marca Nissan, Modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ-1127, que era conducido por el señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, a quien se le pidió mostrara la documentación del vehículo, el, cual se encontraba registrado a nombre del señor Marco Antonio Gaitán Vargas, en el que llevaba, en el área de la cajuela, en un compartimiento oculto, de metal y sellado, treinta y tres (33) paquetes, treinta (30) de los cuales estaban marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, otros dos (2) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 50 y uno (l) más que venía envuelto en plástico transparente, que traía un pedazo de papel en el que traía manuscrita la cantidad de 4,000 y en la parte de abajo del paquete había un billete más de veinte dólares; paquetes que contenían en su interior dinero en efectivo, en billetes de veinte y cincuenta dólares americanos, conteniendo dichos paquetes un total de SETECIENTOS CUATRO MIL VEINTE DÓLARES ($704,020.00); minutos después, después fue detenido un vehículo tipo camioneta, marca Honda, modelo Pilot, color azul, placas PDD-1547, que era conducido por el cuñado del señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ que es el señor JORGE DANIEL FIALLOS CANALES, estando registrado éste vehículo como de su propiedad y quienes, en un inicio, manifestaron a los Policías que no se conocían entre sí: llevando el señor EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, en dicho vehículo, en un compartimiento oculto, de metal y sellado, en el lado derecho del pasajero, de la parte delantera, Treinta y un (31) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio y en el lado izquierdo del conductor, se encontraron otros cuatro (4) paquetes, marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, contabilizándose 35 paquetes, que además venían amarrados con un cáñamo para poderlos extraer del compartimento falso, conteniendo dichos paquetes un total de SETECIENTOS MIL DÓLARES ($700,000.00), en billetes de veinte dólares. Por lo que, entre ambos vehículos, llevaban un total de 68 paquetes conteniendo la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUATRO MIL VEINTE DÓLARES ($ 1,404,020.00) sin tener justificación alguna de su procedencia. Además, llevaban consigo, una AUTORIZACION a nombre de JORGE DANIEL FIALLOS CANALES, que figuraba haber sido extendida por señor Marco Antonio Gaitán Vargas, para que Jorge Daniel pudiera salir a cualquier país de Centroamérica, en la camioneta marca Nissan, modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ-1127, en la que se encontró y que era conducida por su cuñado EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ y que en la documentación figuraba pertenecer al señor Marco Antonio Gaitán Vargas, quien en realidad no era su verdadero titular; asimismo, JORGE DANIEL FIALLOS CANALES, portaba en su billetera, la cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($300.00) en billetes de veinte dólares ($20.00) y MIL VEINTICINCO CÓRDOBAS (C.025.00); y, en la bolsa delantera del lado derecho, CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS (L 5,368.00), en efectivo. En tanto que, EDY ORLANDO CRUZ SÁNCHEZ, también portaba en su billetera. la cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($ 300.00) en billetes de veinte dólares ($20.00) y, en la bolsa delantera del lado derecho del pantalón, TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS (L 3,962.00), en efectivo. Sin tener ambos, justificación alguna de su procedencia.” El lavado de activos es un delito complejo que suele requerir de un sin número de acciones previas e incluso posteriores, una de ellas, la conversión de la mercadería o cualquier negocio ilícito a dólares y esa ya se había dado, por ello es importante detectar “los fines perseguidos y la aptitud o idoneidad del mecanismo empleado para ocultar o encubrir la procedencia delictiva del bien” (véase Cálix Vallecillo Carlos David. El delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal Español. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá 2010. P 190) B) La acción de llevar ocultos los dólares no solo revela el dolo sino la concurrencia de una acción (ocultar) que por sí sola configura el ilícito por el cual se ha dado la persecución penal. C) La acción de portar los dólares cada uno de los imputados supone una conducta que indica posesión de las cosas, lo que ubica nuevamente la conducta entre las acciones consumadas que prevé el artículo 3 de la Ley Contra el Lavado de Activos. Las circunstancias de los hechos no pueden menos que develar el origen ilícito de los dólares que portaban los encartados al momento de su detención y que no encuentra justificación legal a partir de las actividades lícitas que eventualmente pudieran desempeñar los acusados de tal manera que de la descripción de los hechos probados, no se puede colegir que se trataba del tipo penal en su grado de ejecución de tentativa que ha fijado el Tribunal de Sentencia, en consecuencia, las normas invocadas como infringidas por el recurrente han sido aplicadas debidamente, por lo tanto, no procede el motivo de casación invocado. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Tercer Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 388 numerales 3 y 6 del Código Penal. Concepto de la infracción: Falta de Aplicación de la norma sustantiva. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se absuelva de responsabilidad penal a los acusados. Estable el recurrente que, de la declaración de los hechos probados consignados en la sentencia recurrida, lo único que relaciona a sus representados y que se declara como verdadero es que ellos conducían vehículos en los que iba dinero, en ese sentido se le debió condenar únicamente por el delito de encubrimiento en perjuicio de la Administración Pública, imponiéndole una pena de tres (3) a cinco (5) años; y no habiendo ánimo de lucro ni habitualidad. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Tercer Motivo. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, reitera que, cuando se conoce un recurso de infracción de ley se trata precisamente de examinar si en la descripción de los hechos probados establecida por el Tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunción del hecho en el derecho, el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo sólo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo, en el caso bajo examen, se ha realizado precisamente un análisis de los hechos probados de la sentencia recurrida, confrontándolos con la norma penal sustantiva que se refiere al tipo penal de Encubrimiento, por la que el impetrante argumenta que el juzgador debió calificar como delito de Encubrimiento.- Esta Sala de lo Penal, considera que es erróneo el planteamiento que hace la defensa al pretender que los hechos probados se subsuman en el tipo penal de Encubrimiento, ya que aduce que los imputados lo único que los relaciona es que ellos conducían los vehículos en los que iba el dinero. El Artículo 388 del Código Penal establece: “ Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quién sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de éste: …3) Guarda, esconde, compra, vende o recibe en prenda o permuta los efectos o instrumentos del delito;…6) Auxilia a los autores o cómplices para que se beneficien del producto o ´precio de los objetos provenientes del delito o se aprovecha personalmente del producto o precio mencionado.” , en ese sentido es claro que de los mismos hechos probados, inalterables en casación, se desprende concierto previo entre los acusados Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, pues el 18 de marzo de 2014, se recibió información en la que se desplazarían tres vehículos de San Pedro Sula hacía Tegucigalpa, entre ellos un vehículo Nissan XTERRA, color dorado y un Honda Pilot, color azul, resguardado por un tercer vehículo no identificado, por lo cual se realizó un operativo organizado, en la que se detuvo a la altura de la Colonia San Miguel Arcángel, frente a la empresa Tropigas, deteniéndose inicialmente un vehículo tipo camioneta marca Nissan, modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ 1127, que era conducido por Edy Orlando Cruz Sánchez, a quién se le pidió la documentación del vehículo, el cual estaba registrado a nombre del señor Marco Antonio Gaitán Vargas, en el que llevaba, en el área de la cajuela, un compartimiento oculto, de metal y sellado, treinta y tres (33) paquetes, treinta (30) de los cuales estaban marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, otros dos (2) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 50 y uno (1) más que venía en vuelto en plástico transparente que traía la cantidad de 4,000 y en la parte de abajo del paquete había un billete más de 20 dólares; paquetes que tenían en su interior dinero en efectivo, conteniendo dichos paquetes un total de setecientos cuatro mil veinte dólares ($704.020.00); minutos después fue detenido un vehículo tipo camioneta, marca Honda, modelo Pilot, color azul, placas PDD 1547, que era conducido por el cuñado del señor Edy Orlando Cruz Sánchez, el señor Jorge Daniel Fiallos Canales, estando registrado este vehículo como de su propiedad y quienes en un inicio, manifestaron que no se conocían entre sí, llevando un compartimiento oculto de metal y sellado, en el lado derecho del pasajero, treinta y un (31) paquetes marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio y en el lado izquierdo del conductor, se encontraron otros cuatro (4) paquetes, marcados de forma manuscrita con el número 20 y envueltos en plástico y papel aluminio, contabilizando 35 paquetes, conteniendo dichos paquetes un total de setecientos mil dólares ($ 700,000.00) en billetes de 20 dólares, por lo que entre ambos vehículos llevaban un total de 68 paquetes conteniendo la cantidad de un millón cuatrocientos cuatro mil veinte dólares ($1,404,020.00) sin tener justificación alguna de su procedencia; además llevaba consigo una autorización a nombre de Jorge Daniel Fiallos Canales, extendida por el señor Marco Antonio Gaitán Vargas, para que Jorge Daniel pudiera salir a cualquier país de Centroamérica, en la camioneta marca Nissan, Modelo Xterra, color beige plateado, placa PCJ 1127, en la que se encontró y que era conducido por su cuñado Edy Orlando Cruz Sánchez. De acuerdo a los hechos probados, se descarta el poder subsumir dicha conducta en el delito de Encubrimiento, que exige como requisito en los elementos objetivos del tipo, que el encubridor actúe sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito circunstancia que no ocurrió en el presente caso.- “Igualmente, la autonomía del encubrimiento depende de que el encubridor no haya participado como autor o cómplice en el delito encubierto o de que su intervención posterior al delito no haya sido pactada como una forma de realización o de perfeccionamiento de la consumación del mismo recibiendo la mercancía y transportándola, los autores materiales del delito a otro lugar etc.”; ( Véase: Sánchez Ostiz” citado por MUÑOZ CONDE, Derecho Penal, Parte Especial, décimo tercera edición, Tirant lo Blanch, Valencia 2001, pág. 915).- Como se puede apreciar, de acuerdo con los hechos probados, la conducta de los acusados sirvió para el perfeccionamiento de la consumación del delito de lavado de activo, al ocultar, trasladar y poseer los dólares encontrados..- En consecuencia de todo lo anterior, se declara sin lugar el motivo de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa en su tercer motivo. Decisión. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus tres motivos, interpuesto por la defensa privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del cp decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, una pena principal de quince (15) años de reclusión, por el delito de lavado de activos (Art.3 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos) en perjuicio de La Economía del estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, la conducta reprochada a los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, por el delito de Lavado de Activos, está previsto en el artículo 439, en su numeral 3 del Código Penal 130-2017, ya que al habérseles encontrado al señor Edy Orlando Cruz Sánchez la cantidad de setecientos cuatro mil veinte dólares ($ 704,020.00); y al señor Jorge Daniel Fiallos Canales la cantidad de setecientos mil dólares ($ 700,000.00), haciendo un total de un millón cuatrocientos cuatro mil veinte dólares ($ 1,404,020.00), cantidad que supera los cinco millones de Lempiras (L 5,000,000.00), sancionando con una pena de diez (10) a trece (13) años y multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor del activo. En ese sentido, no procede la aplicación del decreto 130-2017 pues lejos de beneficiar al imputado, le perjudica, pues la pena impuesta conforme al viejo Código Penal fue de 15 años y no posee multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor activo, como lo regula ahora el nuevo Código Penal, favoreciéndole el derogado código penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362,363,369 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos, interpuesto por el Abogado Oscar Adán Calix Rosales, en su condición de defensor privado de los señores Edy Orlando Cruz Sánchez y Jorge Daniel Fiallos Canales, en la causa instruida por el delito de lavado de activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- TERCERO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. DENIS SUYAPA FIGUEROA VALLADARES Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de marzo del dos mil veintidós. Certificación de sentencia dictada el veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-335-2018. FIRMA Y SELLO.
JOSE RAMON CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE SALA DE LO PENAL
[1] Vid Sentencia de Casación Penal N°349-2008, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve.
[2] Convenio de Viena de 1988; Convenio de Palermo del 2000; Reglamento Modelo de la CICAD; Reglamento Modelo Sobre el Delito de Lavado de Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Otros delitos Graves; Convención contra la delincuencia organizada; Legislación Modelo del Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero;etc.
[3] 5 Libro: Principios y Recomendaciones Internacionales para la Penalización del Lavado de Dinero. Aspectos Sustantivos
[4] Vid Sentencia de Casación Penal N°349-2008, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve.
[5] Convenio de Viena de 1988; Convenio de Palermo del 2000; Reglamento Modelo de la CICAD; Reglamento Modelo Sobre el Delito de Lavado de Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Otros delitos Graves; Convención contra la delincuencia organizada; Legislación Modelo del Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero;etc.
[6] 5 Libro: Principios y Recomendaciones Internacionales para la Penalización del Lavado de Dinero. Aspectos Sustantivos