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Sentencia CP-322-18 — Registro 14099

Resumen

En primera instancia se condena a los imputados por el delito de Extorsión Simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."– el recurso no es de recibo.- La Defensa Pública alega que en los hechos declarados probados no tuvieron ninguna participación los acusados José Francisco Ilías Paz y Yimi Alexander Figueroa Gonzales, por lo que deben ser absueltos; es así que el recurrente presenta como aspecto de derecho a estudio en el presente caso, no la existencia de un hecho que sea típico, sino el título de participación de las personas procesadas (autoría/participación), por lo que la norma penal sustantiva que debe ser estudiada a efecto de determinar si fue aplicada debida o indebidamente es el artículo 32 del otrora Código Penal 144-83 y no el artículo 222 del mismo cuerpo legal. Estrictamente desde la perspectiva del artículo 222 del Código Penal, los hechos probados narran cómo tres sujetos ejercieron intimidación en contra de una persona, obligándole a entregar una cantidad de dinero cada semana por un periodo de tres meses (un aproximado de 12 veces), lo que causó un perjuicio a su patrimonio; hecho que se ajusta al ámbito situacional del delito, y que por tanto debe gobernar el hecho histórico, por lo que su consideración en el presente caso por el tribunal de sentencia es correcto..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública de los acusados José Francisco Ilías Paz y Yimi Alexander Figueroa Gonzales, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto. La sentencia venida en casación señala en su parte resolutiva, que se declara responsables a los acusados José Francisco Ilías y Yimi Alexander Figueroa Gonzales, como autores responsables de un delito consumado de Extorsión Simple, en perjuicio del Testigo Protegido AB67, imponiéndole a cada uno de ellos: Penas principales: Reclusión por 15 años y multa de L. 279,105.42; Penas accesorias: Inhabilitación Absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal de reclusión. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión debe ser sancionado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, que en consideración al rango de valores de cada día multa (de L. 20,00 a L. 5,000), el rango abstracto de la pena de multa es de L. 10,000.00 a L. 2,500,000.00. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular se ha impuesto a los acusados José Francisco Ilías y Yimi Alexander Figueroa Gonzales, dos penas principales conforme al Código Penal 144-83, que se encuentran dentro del marco abstracto de la pena que para el mismo delito prevé el Código Penal 130-2017, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 322-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero pronuncian, En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-322-2018 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de febrero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los señores José Francisco Ilías Paz y Yimi Alexander Figueroa Gonzáles, como autores del delito de Extorsión Simple, en perjuicio del Testigo Protegido AB67 a la pena de quince años de reclusión y una multa de doscientos setenta y nueve mil, ciento cinco lempiras con cuarenta y dos centavos, que deberá enterar en la Tesorería General del República.- Segundo: Condenó a los señores José Francisco Ilías Paz y Yimi Alexander Figueroa Gonzáles a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil los señores José Francisco Ilías Paz y Yimi Alexander Figueroa Gonzáles.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Quinto: No procedió el comiso. Son Partes En Única Instancia: Los abogados Mario Reiniery Amador Espinal y Gladys Lamar Ortiz Osorto, en su condición de Defensores Públicos de los señores José Francisco Ilías Paz y Yimi Alexander Figueroa Gonzáles, como parte recurrente y el abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la Instancia. Primero: En una fecha no determinada del año dos mil dieciséis, llegaron al centro del trabajo del testigo protegido AB67 tres individuos portando armas de fuego identificándose como miembros de la mara MS, mismos que eran de las siguientes características; uno piel trigueña y de cabello largo, otros dos de piel clara de unos 20-25 años de edad, manifestándole el de cabello largo, que tenía que entregar la feria (dinero), exigiéndole la cantidad de tres mil lempiras, cada sábado advirtiéndole que con ellos no se jugaba, al mismo tiempo le manifestaban que si no entregaba el dinero, lo matarían a él o a cualquiera que encontraran allí. Ante tal situación el testigo protegido comenzó a entregar las cantidades de dinero solicitadas mismas que hacía efectiva a los acusados los días sábado de cada semana. Segundo: El día sábado once de febrero del año dos mil diecisiete, entre 3:30- y 4:00 p.m., los mismos sujetos a quienes el testigo les venía haciendo la entrega de dinero durante tres meses, llegaron a su negocio, procediendo el ofendido a entregar la cantidad de tres mil lempiras a uno de los jóvenes identificado como V. A. F. (ya condenado por estos hechos, mediante la figura de procedimiento abreviado), una vez que recibieron el mismo, se marcharon del lugar, en ese momento pasaba por ese sector una patrulla de la policía militar a quienes el testigo les puso en conocimiento que desde hacían tres meses venia pagando el impuesto de guerra, por lo que los agentes policiales le pidieron las características de vestuario para darles seguimiento, una vez detenidos, el testigo protegido se dirigió a la Fuerza Nacional Antiextorsión a interponer la denuncia correspondiente. Recurso de Casación. - Motivos y Argumentos. Recurso De Casación Por Infracción De Ley. Motivo Único: Aplicación indebida del artículo 222 del Código Penal; autoriza la interposición del presente motivo de casación el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo Primero: La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal, en ellos el Juzgador individualiza a los imputados y ofendidos, despliega una descripción completa, concreta, clara y suficiente de los acontecimientos históricos que se tienen por acreditados, explicando los modos de conductas con relevancia penal observadas por las personas que intervinieron en los mismos; de esa realidad concreta se extraen las consecuencias penalmente relevantes, entre estas, la adecuación o no de ese cuadro fáctico al presupuesto normativo que se supone infringido, ello responde a una exigencia de seguridad jurídica, pues solo de esa manera las partes podemos ejercer control sobre la actividad jurisdiccional al momento de fallar. Segundo: En el presente caso el Juzgador terminantemente declaró como Hechos Probados los siguientes: "Primero: En una fecha no determinada del año dos mil dieciséis, llegaron al centro de trabajo del testigo protegido AB67 tres individuos portando armas de fuego identificándose como miembros de la mara MS, mismos que eran de las siguientes características; uno piel trigueña y de cabello largo, otros dos de piel clara de unos 20-25 años de edad manifestándole el de cabello largo, que tenía que entregar la feria (dinero), exigiéndole la cantidad de tres mil lempiras, cada sábado, advirtiéndole que con ellos no se jugaba, el mismo tiempo le manifestaban que si no entregaba el dinero, lo mataría a él o cualquiera que encontraran allí. Ante tal situación el testigo protegido comenzó a entregar las cantidades de dinero solicitadas mismas que hacía efectiva a los acusados los sábados de cada semana. Segundo: El día sábado once de febrero del año dos mil diecisiete, entre 3:30- y p. m, los mismos sujetos a quienes el testigo les venía haciendo la entrega de dinero durante tres meses, llegaron a su negocio, procediendo el ofendido entregar la cantidad de tres mil lempiras a uno de los jóvenes identificado como V. A. F. (ya condenado por estos hechos, mediante la figura de procedimiento abreviado), una vez que recibieron el mismo, se marcharon del lugar, en ese momento pasaba por ese sector una patrulla de la policía militar a quienes el testigo les puso en conocimiento que desde hacía tres meses venía pagando el impuesto de guerra, por lo que los agentes policiales le pidieron las características de vestuario para darles seguimiento, una vez detenidos, el testigo protegido se dirigió a la fuerza Nacional Antiextorsión a interponer la denuncia correspondiente”. Tercero: Los transcritos hechos probados fueron calificados por el Juzgador como constitutivos del delito de Extorsión en perjuicio del Testigo Protegido AB67 según lo dispuesto en los artículos 222 y 37 del Código Penal y declaró responsables de los mismos a los señores José Francisco Ilías Paz Y Yimi Alexander Figueroa Gonzales. Cuarto: Al analizar los referidos hechos probados, a la luz de las exigencias antes señaladas, con absoluto respeto al principio de legalidad y confrontarlos con lo dispuesto en los artículo 222 y 37 del Código Penal, fácilmente puede apreciarse que en el indicado cuadro fáctico, si bien es cierto se describe una acción ilícita en contra del Testigo Protegido AB67, pero dicha acción no es expresamente atribuida a los señores José Francisco Ilías Paz Y Yimi Alexander Figueroa Gonzales, pues tales actos delictivos fueron ejecutados, según los hechos probados del fallo impugnado, por tres individuos que se identificaban como miembros de la mara MS, uno de piel trigueña y de cabello largo y otros dos de piel clara de unos 20-25 años de edad, es decir, las acciones ilícitas fueron ejecutadas por personas no individualizadas en los hechos probados, que le exigieron y recibieron cantidades de dinero de parte del testigo protegido AB67, por tal razón condenar a los señores José Francisco Ilías Paz Y Yimi Alexander Figueroa Gonzales como responsable del delito de Extorsión en tales condiciones implica una violación de ley por aplicación indebida del artículo 222 del Código Penal, además de una violación al principio de legalidad que ampara a los imputados, vicio que deberá ser subsanado por parte de ese más alto Tribunal de justicia. Aplicación Pretendida Con la interposición del presente motivo de casación pretendemos se analicen detenidamente los hechos probados del fallo recurrido y una vez comprobado que en la ejecución de los mismos no tuvieron participación, a ningún título, los señores José Francisco Ilías Paz Y Yimi Alexander Figueroa Gonzales, pues en ellos ni siquiera se mencionan sus nombres y menos que se describa alguna conducta por parte de ellos que, por acción u omisión, pueda ser calificada como constitutiva de delito alguno y consecuentemente se declare la aplicación indebida del artículo 222 del Código Penal, decretando la absolución de los mismos. Fundamentación Jurídica. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; sn este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Motivos de casación. - Único Motivo. Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 222 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Aplicación indebida de una norma penal sustantiva; Pretensión: Se declare con lugar el recurso y se absuelva a los Señores José Francisco Ilías Paz y Yimi Alexander Figueroa Gonzales. Es clara la postura de la Defensa Pública, respecto a que ha existido una aplicación indebida del artículo 222 del Código Penal.- Indica que los hechos declarados probados fueron calificados por el legislador como delito de extorsión en perjuicio del Testigo Protegido AB67, declarando responsables a los acusados José Francisco Ilías Paz y Yimi Alexander Figueroa Gonzales; replica que si bien es cierto se describe una acción ilícita, ésta no le es atribuida a los acusados, sino a tres personas que se identifican como miembros de la pandilla MS. Concluye que una vez comprobado que en la ejecución de los delitos no tuvieron participación, a ningún título, los acusados José Francisco Ilías Paz y Yimi Alexander Figueroa Gonzales, señala la Defensa Pública que estos deben ser absueltos. De la Procedencia del Recurso. – el recurso no es de recibo.- La Defensa Pública alega que en los hechos declarados probados no tuvieron ninguna participación los acusados José Francisco Ilías Paz y Yimi Alexander Figueroa Gonzales, por lo que deben ser absueltos; es así que el recurrente presenta como aspecto de derecho a estudio en el presente caso, no la existencia de un hecho que sea típico, sino el título de participación de las personas procesadas (autoría/participación), por lo que la norma penal sustantiva que debe ser estudiada a efecto de determinar si fue aplicada debida o indebidamente es el artículo 32 del otrora Código Penal 144-83 y no el artículo 222 del mismo cuerpo legal. Estrictamente desde la perspectiva del artículo 222 del Código Penal, los hechos probados narran cómo tres sujetos ejercieron intimidación en contra de una persona, obligándole a entregar una cantidad de dinero cada semana por un periodo de tres meses (un aproximado de 12 veces), lo que causó un perjuicio a su patrimonio; hecho que se ajusta al ámbito situacional del delito, y que por tanto debe gobernar el hecho histórico, por lo que su consideración en el presente caso por el tribunal de sentencia es correcto. Decisión: El recurso debe ser desestimado. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública de los acusados José Francisco Ilías Paz y Yimi Alexander Figueroa Gonzales, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto. La sentencia venida en casación señala en su parte resolutiva, que se declara responsables a los acusados José Francisco Ilías y Yimi Alexander Figueroa Gonzales, como autores responsables de un delito consumado de Extorsión Simple, en perjuicio del Testigo Protegido AB67, imponiéndole a cada uno de ellos: Penas principales: Reclusión por 15 años y multa de L. 279,105.42; Penas accesorias: Inhabilitación Absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal de reclusión. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión debe ser sancionado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, que en consideración al rango de valores de cada día multa (de L. 20,00 a L. 5,000), el rango abstracto de la pena de multa es de L. 10,000.00 a L. 2,500,000.00. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular se ha impuesto a los acusados José Francisco Ilías y Yimi Alexander Figueroa Gonzales, dos penas principales conforme al Código Penal 144-83, que se encuentran dentro del marco abstracto de la pena que para el mismo delito prevé el Código Penal 130-2017, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 222 del Código Penal 144-83; 360 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el motivo único del recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los acusados José Francisco Ilías y Yimi Alexander Figueroa Gonzales.- Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de extorsión.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha tres de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 322-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

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