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Sentencia CP-321-18 — Registro 14668

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Actos de Lujuria Agravados y por el delito de Violación Especial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Consta en la audiencia preliminar del proceso penal que nos ocupa, celebrada el 27 de octubre de dos mil dieciséis (f. 84), que el acusado Jorge Armando Rosales Aroca, fue acusado formalmente como autor directo de dos delitos en perjuicio de la indemnidad sexual de una persona menor de edad (diez años), siendo éstos: 1.- Delito de actos de lujuria agravados; y 2.- Violación Especial. A partir de la acusación referida, el tribunal de sentencia declaro responsable al acusado de ambos delitos, imponiéndole las penas principales y accesorias correspondientes; siendo ello lo que identifica como perjuicio la Recurrente, al señalar que se ha violentado el principio de inocencia del acusado; ahora bien el libelo de la recurrente, tal como advierte el Ministerio Público, resulta contradictorio pues en una parte indica que existe suficiencia probatoria que sustente la declaratoria de responsabilidad del Señor Jorge Armando Rosales Aroca, como autor directo de un delito consumado de actos de lujuria, pero ello no ocurre lo mismo en relación al delito de violación especial; empero en otra parte del libelo aqueja que la insuficiencia probatoria, como vicio, es en general, es decir que no existe prueba para condenar al acusado por ambos delitos, debiendo ser absuelto. A pesar del planteamiento contradictorio, para la Sala de lo Penal es claro que el motivo va dirigido respecto al segundo hecho imputado como delito (violación sexual), pues es el motivo que se encuentra sustentado con argumentaciones recursivas; señaló que no existe concordancia entre la declaración de la maestra Alba Luz García Gonzales (F. 228), con la declaración de la menor Y. N. O. P. (f. 28), dado que la primera solo refiere haber sido enterada solo de un agresión sexual (actos de lujuria como primera agresión), entretanto la segunda refiere adicionalmente haber sido objeto de dos agresiones (violación sexual, como una segunda agresión). Presupone la Recurrente que esa segunda agresión fue adicionada por la madre de la menor, la testigo Jenna Eneida Ponce. Como parte del sustento, la Recurrente indica que dicho criterio es el mismo expuesto por la jueza de sentencia disidente del fallo de la mayoría, para la cual debe de condenarse al acusado Jorge Armando Rosales Aroca, por el delito de actos de lujuria agravados, pero absolvérsele por el delito de violación especial. Como ha referido este tribunal de casación en la sección anterior, para poder hacer un estudio de suficiencia probatoria es requerido tener en cuenta la totalidad de la prueba y la visión panóptica que proporciona (a partir de lo señalado por el tribunal sentenciador).- En el caso sub judice se celebró audiencia de proposición de medios probatorios en fecha 10 de mayo de 2016 (f. 113), en donde las partes ofertaron la prueba que tuvieron a bien para defender sus posiciones subjetivas, la que fue objeto de evaluación por el a-quo, en relación a su pertinencia, utilidad y proporcionalidad:

Parte Procesal Tipo de Medio de Prueba

Medio de Prueba Propuesto Resolución del Tribunal de Sentencia Evacuación en la audiencia de Debate

Ministerio Público

Testifical Y. N. O. Admite Evacuado (F. 229 v)

	Jenna Eneyda Ponce Medina	Admite	Evacuado (F. 227 v)

	Alba Luz García	Admite	Evacuado (F. 228)

Documental Certificación de Acta de Nacimiento de la niña Y. N. O. Admite Evacuado (F. 229 v)

Pericial Dictamen de Evaluación Física 917-2016 Admite Evacuado (F. 228 v)

	Dictamen de Evaluación Psiquiátrica 258-2016	Admite	Evacuado (F. 229)

	Dictamen de Evaluación Psicológica 234-2016	Admite	Evacuado (F. 228 v)

Defensa Pública

Testifical Y. E. P. M. Admite Evacuado (F. 227 v)

	Cándida Rosa Medina	Admite	Se renuncia al medio de prueba (f. 229 v9

	Cristian Alexander Rosa	Inadmite	 

Inspección Ocular	Inspección a la vivienda de la Ofendida	Inadmite	

		Inadmite	

Pericial	Dictamen Preliminar de Evaluación Física de la menor	Admite	Evacuado (F. 228 v)

Además, en el ejercicio del derecho a la defensa material, el acusado Jorge Armando Rosales Aroca decidió brindar declaración en la audiencia de debate (f. 226). A partir de la valoración de los medios de prueba relacionados y la declaración del acusado la mayoría del Tribunal de Sentencia determinó como una verdad incuestionable: *.- En el año 2016, en la Colonia Villa Nueva de la Ciudad de Tegucigalpa, compartían vivienda la pareja Yenna Eneida Ponce Medina y Jorge Armando Rosales Aroca.- Con ellos vivían además la hija de ambos recién nacida y la niña de 10 años Y. N. O. P..- La vivienda constaba de una habitación o dormitorio, la cual compartían todos los mencionados; *.- Entre los meses de Febrero y marzo del año referido, en horas de la noche el Señor Jorge Armando Rosales Aroca, se traslado a la cama de la niña Y. N. O. P., quien se encontraba dormida, procediendo a taparle la boca, advirtiéndole que no dijese nada, tocándole después sus partes íntimas, advirtiéndole que no debía contar nada, porque sino le mataría a ella, a su madre y a su menor hermana.- *.- También entre los meses y marzo del mismo año, el señor Jorge Armando Rosales Aroca, en una segunda noche, se traslado a la cama de la niña Y. N. O. P., procediéndole a colocar su pene en la cara, introduciéndoselo en la boca de aquella. Para el recurrente los razonamientos de la jueza disidente son los que corresponde establecer en este caso y que la decisión tomada por la mayoría es violatoria del derecho/principio al estado material de inocencia, pues la prueba en que se apoya es insuficiente para poder apuntalar una declaratoria de culpabilidad. Es este punto la tarea de la Sala de lo Penal es determinar si existe suficiencia probatoria respecto a si el segundo evento constitutivo de delito (violación sexual), aconteció o no. Aprecio como creíble el tribunal de sentencia la declaración de la maestra Alba Luz García, la que refirió que desarrollándose una jornada escolar encontró llorando a la menor de 10 años Y. N. O., cerca de las canchas; que la menor le explico que ello se debía a que compañeros la estaban molestando; la maestra explicó que llevo a la menor a un aula y al preguntarle el motivo por la cual la estaban molestando, la niña le indicó que le había confiado a una compañera que su padrastro la tocaba su cuerpo por las noches y que su compañera divulgo eso entre los demás compañeros y que por eso la estaban molestando.- También dieron plena credibilidad los jueces a la declaración de la Señora Yenna Eneyda Ponce Medina, (madre de la menor), quien indicó que un día jueves su hija regreso de la escuela y le confesó llorando y desconsolada que el acusado en dos ocasiones la había agredido: la primera ocasión con actos de tocamientos en la zona genital y la segunda vez introduciéndole el pene en su boca; que la niña le había dicho que tenía miedo de que le pasara algo por las amenazas del acusado; agrego que la niña le comento que sobre el hecho había hablado con una maestro; además la testigo relato que en una ocasión, en la madrugada, observó al acusado en cama de su hija (víctima) y que al pedirle explicaciones éste le dijo que la niña estaba hablando sola y que por eso fue a atenderla; añadió la testigo que la relación entre la menor y el acusado era buena y que el acusado dormía normalmente en bóxer.- De igual modo el tribunal de sentencia dio plena credibilidad a la menor Y. N. O., la que declaró que su padrastro Jorge Armando Rosales Aroca, una noche le toco la vulva cuando se encontraba en su cama, y que en otra noche le puso el pene en su boca; que a la primera persona que le comentó lo ocurrido fue a una maestra y que después a su mamá; que se llevaba bien con el acusado, que éste le daba dinero para comprar churros. La declaración de la menor Y. N. O., fue valorada juntamente con los dictámenes de evaluación psiquiátrica y psicológica, los que también fueron valorados positivamente por el tribunal de sentencia, de los que derivaron que la niña presentaba trastorno de estrés postraumático como consecuencia de los eventos narrados por ésta. La prueba relacionada, aceptada por el tribunal de justicia, es suficiente para desplazar el estado de inocencia del acusado y hacer una recalificación de éste a la condición de culpable, para formularle reproche por la comisión de dos hechos constitutivos de delitos, ambos en perjuicio de una misma menor de edad.- La Recurrente, focaliza su reclamo en que la maestra Alba Luz García, solo reproduce haber escuchado de la menor ser objeto de actos de tocamientos, entretanto la propia menor y la madre de ésta además señalan la existencia de una violación sexual; señala la recurrente que ello hace que las declaraciones no sean contestes, debiendo dictarse sentencia absolutoria a favor del acusado.- Sobre éste punto es determinante tener en cuenta el contexto de los hechos: La niña Y. N. O., después de que su padrastro se fue de su casa y luego de recibir una clase de educación sexual, sintió la confianza necesaria para contarle a una compañera que había sido objeto de una agresión sexual; más esta compañera compartió este hecho con otros compañeros de la escuela, los que en conjunto procedieron a molestar (bullying) a la menor Y. N. O., lo que ocasiono que ésta se sintiese mal y comenzara a llorar, momento en que fue vista por la maestra Alba Luz García, quien la llevó a un aula de clases, en donde después de saber lo ocurrido (sobre que la estaban molestando compañeros y el porqué) le pidió que se tranquilizara, que se fuera a su aula, asegurándole que ya no le molestarían; explicó que no era la maestra guía de la menor por lo que paso el caso al maestro correspondiente; es pues que la Maestra Alba García solo atendió el conflicto escolar y turno el caso al maestro de la menor.- Yo implica entonces que existe una contradicción entre lo señalado por la Maestra Alba García y lo señalado por la propia menor o su madre; las declaraciones fueron dadas en contextos y condiciones distintas; una fue hecha a una maestra (que no era guía), en un aula de clases, y estaba relacionada con el bulling que estaba siendo objeto la menor y la otra en la casa de la menor, a su mamá, con mayor atención a los hechos ocurridos. El interrogatorio de las partes a la testigo, incluyendo la única pregunta hecha por la Defensa del acusado, no evidenció profundidad de conocimiento de lo ocurrido a la menor por la testigo, mucho menos contradicciones entre lo que dijo la niña en ese primer momento con lo expresado después. La consideración en conjunto de la actividad probatoria determina que, desde la perspectiva objetiva, sin adentrarse a la calidad valorativa, la prueba fue suficiente para poder determinar que el acusado es responsable de dos hechos constitutivos de delitos, en perjuicio de una menor de edad, descartándose la existencia de una violación al estado material de inocencia del acusado, condición que perdió al haberse probado su culpabilidad..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto. La parte resolutiva de la sentencia venida en casación impone al acusado Jorge Armando Rosales Aroca, una pena global de 22 años con 06 meses de reclusión como pena principal, 22 años con 06 meses de inhabilitación absoluta como pena accesoria y 22 años con 06 meses de interdicción civil también como pena accesoria: Como autor directo de un delito consumado de Violación Especial, a la pena principal de 15 años de reclusión y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena principal; y Como autor directo de un delito consumado de actos de lujuria agravado, a la pena principal de 07 años con 06 meses, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de violación sexual (Art. 249 NCP) tiene una pena de prisión de 09 a 13 años de prisión como pena básica, siendo agravado cuando mediante intimidación se accede a una persona menor de 14 años, constituyendo la nueva pena abstracta en 13 años a 17 años con 04 meses de prisión; pena a la que le deben de acompañar las también penas principales contempladas en el artículo 267 NCP de: i.- Libertad vigilada hasta por 10 años; ii.- Prohibición de residencia y aproximación por el doble de la pena de prisión; iii.- Ser anotado el acusado en el registro público de agresores sexuales entretanto no se concrete la remisión total de las penas impuestas.- Además a la pena accesoria contempladas en el artículo 58 NCP de inhabilitación absoluta y la pena accesoria contemplada en el artículo 42.2 de la Constitución de la República de perdida de la ciudadanía por el tiempo de cumplimiento de las penas impuestas tal y como lo manda el artículo 43.4 del mismo cuerpo normativo. Entretanto el delito de agresión sexual (Art. 250 NCP), tiene una pena base de 5 a 8 años prisión, la que debe de incrementarse cuando la conducta se realiza con intimidación en perjuicio de un menor de 14 años, estableciéndose la pena principal en 8 años a 10 años con 08 meses de prisión.- Al igual que el delito de violación, a la pena principal de prisión del delito de agresión sexual le debe de acompañar las penas también principales contempladas en el artículo 267 NCP de: i.- Libertad vigilada hasta por 10 años; ii.- Prohibición de residencia y aproximación por el doble de la pena de prisión; iii.- Inhabilitación Especial para el ejercicio patria potestad, tutela, curatela o guardia por el doble del tiempo de la duración de la condena y cuando concurran las causales del art. 200 del Código de Familia que prevé las causales de la perdida de la patria potestad, la pena será la pérdida de ese derecho de manera definitiva; iv.- Ser anotado el acusado en el registro público de agresores sexuales entretanto no se concrete la remisión total de las penas impuestas.- Además a la pena accesoria contempladas en el artículo 58 NCP de inhabilitación absoluta y la pena accesoria contemplada en el artículo 42.2 de la Constitución de la República de perdida de la ciudadanía por el tiempo de cumplimiento de las penas impuestas tal y como lo manda el artículo 43.4 del mismo cuerpo normativo. En conjunto, las penas abstractas que prevé el NCP 130-2017 al autor responsable de un delito de violación especial agravada y de agresiones sexuales especial agravada son: Pena Principal de prisión de: 21 años a 28 años; Pena Principal de: Libertad vigilada hasta por 20 años; Pena Principal de: Prohibición de residencia y aproximación de 42 a 56 años, a cumplir de manera sucesiva; Ser anotado el acusado en el registro público de agresores sexuales entretanto no se concrete la remisión total de las penas impuestas; Pena accesoria de inhabilitación absoluta de 21 a 28 años; y Suspensión de la ciudadanía de 21 a 28 años. La consideración anterior se realiza conforme a las reglas del concurso real. - Ahora bien apreciando el caso en el concurso de delito continuado (Art. 68 NCP), la pena abstracta a imponer al acusado es la que corresponde al delito más grave, desde la pena media superior hasta un 1/3, siendo que en el presente caso es el delito de violación, que en concurso continuado con el delito de agresiones sexuales agravadas, tiene una pena de 15 años con 02 meses a 23 años un mes y 10 días de prisión, libertad vigilada hasta por 10 años, prohibición de residencia y aproximación de 30 años con 04 meses a 46 años 02 meses y 20 días; Ser anotado el acusado en el registro público de agresores sexuales entretanto no se concrete la remisión total de las penas impuestas.- Además a la pena accesoria de inhabilitación absoluta de 30 años con 04 meses a 46 años 02 meses y 20 días y perdida de la ciudadanía también de 30 años con 04 meses a 46 años 02 meses y 20 días. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la pena concreta impuesta al acusado en aplicación con el VCP 144-83 se encuentra dentro del marco abstracto de la pena que contempla la nueva legislación penal, ya sea que se aplique el concurso real, como el delito continuado; además que el NCP 130-2017 contempla más penas principales que la anterior legislación. - Por tanto, en el caso particular no es procedente la aplicación retroactiva del código penal 130-2017..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 321-2018, que literalmente dice: “I. Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-321-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Jorge Armando Rosales Aroca, como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor Y. N. O. P., a la pena de quince años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Jorge Armando Rosales Aroca, como autor del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de la menor Y. N. O. P., a la pena de siete años, seis meses de reclusión.- Tercero: Condenó al señor Jorge Armando Rosales Aroca, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal.- Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil del señor Jorge Armando Rosales Aroca.- Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por juicio al señor Jorge Armando Rosales Aroca.- Sexto: No procedió decretar el comiso. Son partes en única instancia: Los abogados Dinabel López Durón y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del señor Jorge Armando Rosales Aroca, como parte recurrente y el abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. II. Hechos probados de la instancia. Primero: Entre los meses de febrero y marzo del año 2016, en la casa de habitación ubicada en la Colonia Villa Nueva de esta ciudad de Tegucigalpa, en la misma convivía la señora Yenna Eneida Ponce Medina, junto con su hija Y. N. O. P., de 10 años de edad y otra hija recién nacida, que concibió con su entonces compañero de hogar Jorge Armando Rosales Aroca, quién estando en la misma habitación se trasladó a la cama de la menor ofendida, la cual se encontraba dormida, a la cual le tapo su boca y le advirtió no dijera nada, comenzándole a tocar sus partes íntimas, al mismo tiempo que le decía que no debía contar nada al respecto porque la mataría a ella a su madre y a su hermanita. Segundo: En esas mismas fechas en una segunda ocasión, el señor Jorge Armando Rosales Aroca, en horas de la noche se acercó a la cama de la menor Y. N. O. P., colocándole su pene en la cara y lo introdujo dentro de su boca. III. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos. Recurso De Casación Por Infracción de Precepto Constitucional. Motivo Único: Violación del artículo 89 de la Constitucional de la Republica Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicaciòn Del Motivo La norma Constitucional que se invoca como infringida es el articulo 89 que reza: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” En tal virtud para que dicha autoridad llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente que no le deje duda sobre la vulneración el Estado de inocencia que asiste a un imputado. Primero: De lo anterior se desprende que es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho. En el caso de marras utilizar una declaración incorporada por lectura autorizada rendida con las formalidades de prueba anticipada como único sustento para condenar, sin que dicha declaración sea corroborada por ningún otro medio de prueba, es una flagrante violación al Derecho De Inocencia, resultando inútil el ejercicio del Ministerio Publico en actuar con absoluta objetividad, no pudiendo incorporar a la investigación dichos y medios de prueba que sindiquen la participación de mi poderdante, obvia el Ministerio incorporar aquellas circunstancias o investigaciones que pudiesen eximir la responsabilidad de mi imputado, dicho yerro solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. Segundo: Resulta Honorable Corte, que el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de mi patrocinado, lo ha hecho con el voto disidente de la jueza Karla Lizeth Romero Davila quien no se encontró de acuerdo con la mayoría del tribunal debido a que considera que no existe prueba suficiente para acreditar la existencia de la comisión del delito de violación especial o gravada, en relaciona a la minoría de edad dela victima en el presente caso, no compartiendo la valoración de la prueba y por ende los hechos estimados probados en ese sentido es que considera que debe absolverse al acusado por el mismo y mantener la condena únicamente por la comisión de un solo delito de actos de lujuria agravados. Sustentando la valoración de la prueba de forma distinta a la mayoría para su voto disidente: Declaración de la ofendida, Y. N. O. P., de la misma se desprende que en dos momentos diferentes su entonces padrastro Jorge Armando Gonzales Aroca, uno en la cual le practico tocamientos en sus partes intimas y otro en el cual supuestamente puso su pene en su boca, todo lo cual comenta y refiere estas circunstancias a una maestra de su centro educativo, Guaymuras; Alba Luz Garca Gonzales, (pagina 7 de acta de juicio oral y publico), en la cual la misma refiere “…. que encontró a la niña Y., alumna de ese establecimiento cuando venia de la cancha y le pregunto que le sucedía, porque la observo llorando, a lo cual la menor le manifestó que sus compañeros la estaban molestando, por lo que la llevo al aula y le dijo que los compañeros la estaban molestando porque ella le había contado a una compañera que su padrastro se levantaba por las noches a tocarle su cuerpo....” también la menor manifestó a su madre haber hablado con su maestra y es la madre quien introduce el otro momento sobre haberle puesto el pene dentro de la boca, pero al preguntarle si alguna vez vio tal situación manifestó, solamente que una vez se levanto y lo observo en la cama de la menor, que le pregunto porque estaba allí y él; le dijo que estaba durmiéndola porque se había despertado, y ella le solicito que nunca mas volviera a hacer esto.- Es así que observamos que estas declaraciones no son contestes para acreditar el segundo momento en el cual la mayoría establece se produjo la violación especial, por la supuesta introducción del pene del padrastro a la boca de la menor, ya que en un primer momento quien conoce de los hechos, la maestra del centro educativo, no refiere que la menor le haya dicho algo sobre ese segundo momento, además no ha sido posible acreditar tal extremo atreves de ninguna prueba científica, por lo que esta contradicCión, me lleva a inferir que la prueba en su conjunto es suficiente para acreditar los hechos estimados privados respecto al delito de actos de lujuria agravados, mas no resulta suficiente respecto a la comisión del delito de violación especial, por lo que debió absolverse del mismo y ser únicamente condenado por la comisión del delito de actos de lujuria agravados. Coincidimos en la apreciación de la Jueza disidente, considerando además que lo depuesto por la menor en lo relativo a los tocamientos que mi representado supuestamente le realizo, es un extremo que al igual que no existe prueba que sustente la declaración de menor, en cuanto a que le fue puesto un pene su boca, tampoco hay prueba que sustente que esta haya sido objeto de tocamientos inmorales que vayan contra su libertad sexual. Establecer un cuadro factico fidedigno que no deje lugar a dudas sobre la vulneración del Estado De Inocencia de mi patrocinado, llegar al fondo de los hechos, a pesar que se ha contado con prueba científica en este caso no será posible debido a la insuficiencia probatoria que estas han aportado a la investigación por parte de los que están obligados a traer al juicio oral y publico todo lo permitente para que los Juzgadores puedan impartir justicia. Tercero: La conocida jurista española Maria Félix Tena Aragón, en su obra Manual De Derecho Constitucional pagina 34 inciso 7 establece: “Este Derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos tratar en este tema, mas allá de su contenido material, que será objeto de exposición en tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válida”.- Tal como ocurre en el caso de mi representado no existe prueba que acredite la el cruce de llamadas o que respalde el cuadro factico al que han arriba los Juzgadores, esto no puede ser corroborado o dado por valido por ningún otro medio de prueba; Sigue Diciendo la jurista Tena Aragón “Por tanto, solo cabra constatar la vulneración de inocencia cuando haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motivo el resultado de dicha valoración o finalmente cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado”.- En el caso que nos ocupa resulta insuficiente la pericia extracción forense, este carece de prueba que lo de por válido. Para concluir con lo dicho por la Jurista Aragon “A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan con los siguiente requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: que parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria”.- En el caso de nos ocupa el Tribunal Juzgador no ha corroborado los dichos con ninguna prueba forense, lo cual es un clara violación al correcto entendimiento humano, es por ello que el dicho constitucional de presunción de inocencia se ve violentado al condenar a mi representado con una escasa actividad probatoria, el sentenciador no contaba con la suficiente prueba para tener la certeza de culpabilidad. Cuarto: Si sacamos mentalmente del legajo probatorio, la declaración de la menor ofendida, nos encontramos que el resto de prueba no tiene ningún sustento ya que la prueba principal de la acusación lo constituye este dicho, misma que si la tomamos como prueba fundamental para condenar, se hace en violación al principio de inocencia, y la única forma de poder enmendar dicha vejación es mediante la interposición del presente recurso casación. En ese sentido y siendo que dicho yerro lo constituye una Violación grave a una norma Constitucional como ser el Principio de Inocencia, le solicitamos a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se dicte una Sentencia Absolutoria como en Derecho corresponde. IV. Fundamentación Jurídica. Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República; Concepto de la infracción: Violación al derecho fundamental al estado material de inocencia; Motivo: Insuficiencia probatoria; Pretensión: Se declare con lugar el recurso de casación, absolviendo de toda responsabilidad al acusado Jorge Armando Rosales Aroca. Explica la Defensa Pública que en el caso de marras se valoró la declaración de la menor Y. N. O. P., introducida al debate como medio de prueba anticipada, resultando el único sustento para que el tribunal de sentencia hiciera una declaratoria de culpabilidad, sin que dicho relato haya sido corroborado con ningún otro medio de prueba, lo que materializó la violación al estado de inocencia del acusado. Señala que las declaración de la ofendida Y. N. O., con las declaración de la maestra Alba Luz García Gonzales, no son contestes para acreditar la segunda agresión (violación sexual), por la supuesta introducción del pene del acusado en la boca de la víctima, ya que la maestra y testigo Alba Luz García, quien fue la primera en conocer de los hechos no refiere que la menor le haya comentado sobre éste segundo hecho, lo que lleva a inferir que si bien la prueba en su conjunto permite acreditar los hechos consistentes en la primera agresión (actos de lujuria), no resulta así respecto a la segunda agresión (violación sexual), por lo que debió absolverse al acusado en relación a ésta. Continúa señalando la Recurrente que no existe prueba para sustentar que el acusado realizo actos de tocamientos en perjuicio de la menor (primera agresión). Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia. El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, reglado en el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe de estar presente en el proceso penal, sino que debe de respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado/a a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado/a. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado/a, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; por ello el derecho/principio de inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado/a con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este tribunal de casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado/a a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado/a le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado/a, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá de examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a. Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b. Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c. Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 cpp); d. Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e. Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al tribunal de sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana critica; No puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba. Insuficiencia Probatoria como causa de la Transgresión al Estado de Inocencia. El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público y acusador privado, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición interina destruible, pues como se ha señalado ut supra no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado/a, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República o al acusador privado, en su caso. Entonces en el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, dejando fuera de estudio la actividad probatoria sobre la culpabilidad de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que arroje la actividad probatoria, constituyendo vicio que el tribunal de sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar a la persona acusada como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben de haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. La Sala de lo Penal declarara la insuficiencia probatoria como vicio violatorio del estado de inocencia cuando el tribunal de sentencia arribe a una conclusión que, desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatorio sea más improbable que probable. El Recurrente debe de plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación con toda la carga probatoria. De la procedencia del recurso. El recurso No es de recibo.- Consta en la audiencia preliminar del proceso penal que nos ocupa, celebrada el 27 de octubre de dos mil dieciséis (f. 84), que el acusado Jorge Armando Rosales Aroca, fue acusado formalmente como autor directo de dos delitos en perjuicio de la indemnidad sexual de una persona menor de edad (diez años), siendo éstos: 1.- Delito de actos de lujuria agravados; y 2.- Violación Especial. A partir de la acusación referida, el tribunal de sentencia declaro responsable al acusado de ambos delitos, imponiéndole las penas principales y accesorias correspondientes; siendo ello lo que identifica como perjuicio la Recurrente, al señalar que se ha violentado el principio de inocencia del acusado; ahora bien el libelo de la recurrente, tal como advierte el Ministerio Público, resulta contradictorio pues en una parte indica que existe suficiencia probatoria que sustente la declaratoria de responsabilidad del Señor Jorge Armando Rosales Aroca, como autor directo de un delito consumado de actos de lujuria, pero ello no ocurre lo mismo en relación al delito de violación especial; empero en otra parte del libelo aqueja que la insuficiencia probatoria, como vicio, es en general, es decir que no existe prueba para condenar al acusado por ambos delitos, debiendo ser absuelto. A pesar del planteamiento contradictorio, para la Sala de lo Penal es claro que el motivo va dirigido respecto al segundo hecho imputado como delito (violación sexual), pues es el motivo que se encuentra sustentado con argumentaciones recursivas; señaló que no existe concordancia entre la declaración de la maestra Alba Luz García Gonzales (F. 228), con la declaración de la menor Y. N. O. P. (f. 28), dado que la primera solo refiere haber sido enterada solo de un agresión sexual (actos de lujuria como primera agresión), entretanto la segunda refiere adicionalmente haber sido objeto de dos agresiones (violación sexual, como una segunda agresión). Presupone la Recurrente que esa segunda agresión fue adicionada por la madre de la menor, la testigo Jenna Eneida Ponce. Como parte del sustento, la Recurrente indica que dicho criterio es el mismo expuesto por la jueza de sentencia disidente del fallo de la mayoría, para la cual debe de condenarse al acusado Jorge Armando Rosales Aroca, por el delito de actos de lujuria agravados, pero absolvérsele por el delito de violación especial. Como ha referido este tribunal de casación en la sección anterior, para poder hacer un estudio de suficiencia probatoria es requerido tener en cuenta la totalidad de la prueba y la visión panóptica que proporciona (a partir de lo señalado por el tribunal sentenciador).- En el caso sub judice se celebró audiencia de proposición de medios probatorios en fecha 10 de mayo de 2016 (f. 113), en donde las partes ofertaron la prueba que tuvieron a bien para defender sus posiciones subjetivas, la que fue objeto de evaluación por el a-quo, en relación a su pertinencia, utilidad y proporcionalidad:

Parte Procesal

Tipo de Medio de Prueba

Medio de Prueba Propuesto

Resolución del Tribunal de Sentencia

Evacuación en la audiencia de Debate

Ministerio Público

Testifical

Y. N. O.

Admite

Evacuado (F. 229 v)

Jenna Eneyda Ponce Medina

Admite

Evacuado (F. 227 v)

Alba Luz García

Admite

Evacuado (F. 228)

Documental

Certificación de Acta de Nacimiento de la niña Y. N. O.

Admite

Evacuado (F. 229 v)

Pericial

Dictamen de Evaluación Física 917-2016

Admite

Evacuado (F. 228 v)

Dictamen de Evaluación Psiquiátrica 258-2016

Admite

Evacuado (F. 229)

Dictamen de Evaluación Psicológica 234-2016

Admite

Evacuado (F. 228 v)

Defensa Pública

Testifical

Y. E. P. M.

Admite

Evacuado (F. 227 v)

Cándida Rosa Medina

Admite

Se renuncia al medio de prueba (f. 229 v9

Cristian Alexander Rosa

Inadmite

Inspección Ocular

Inspección a la vivienda de la Ofendida

Inadmite

Inadmite

Pericial

Dictamen Preliminar de Evaluación Física de la menor

Admite

Evacuado (F. 228 v)

Además, en el ejercicio del derecho a la defensa material, el acusado Jorge Armando Rosales Aroca decidió brindar declaración en la audiencia de debate (f. 226). A partir de la valoración de los medios de prueba relacionados y la declaración del acusado la mayoría del Tribunal de Sentencia determinó como una verdad incuestionable: *.- En el año 2016, en la Colonia Villa Nueva de la Ciudad de Tegucigalpa, compartían vivienda la pareja Yenna Eneida Ponce Medina y Jorge Armando Rosales Aroca.- Con ellos vivían además la hija de ambos recién nacida y la niña de 10 años Y. N. O. P..- La vivienda constaba de una habitación o dormitorio, la cual compartían todos los mencionados; *.- Entre los meses de Febrero y marzo del año referido, en horas de la noche el Señor Jorge Armando Rosales Aroca, se traslado a la cama de la niña Y. N. O. P., quien se encontraba dormida, procediendo a taparle la boca, advirtiéndole que no dijese nada, tocándole después sus partes íntimas, advirtiéndole que no debía contar nada, porque sino le mataría a ella, a su madre y a su menor hermana.- *.- También entre los meses y marzo del mismo año, el señor Jorge Armando Rosales Aroca, en una segunda noche, se traslado a la cama de la niña Y. N. O. P., procediéndole a colocar su pene en la cara, introduciéndoselo en la boca de aquella. Para el recurrente los razonamientos de la jueza disidente son los que corresponde establecer en este caso y que la decisión tomada por la mayoría es violatoria del derecho/principio al estado material de inocencia, pues la prueba en que se apoya es insuficiente para poder apuntalar una declaratoria de culpabilidad. Es este punto la tarea de la Sala de lo Penal es determinar si existe suficiencia probatoria respecto a si el segundo evento constitutivo de delito (violación sexual), aconteció o no. Aprecio como creíble el tribunal de sentencia la declaración de la maestra Alba Luz García, la que refirió que desarrollándose una jornada escolar encontró llorando a la menor de 10 años Y. N. O., cerca de las canchas; que la menor le explico que ello se debía a que compañeros la estaban molestando; la maestra explicó que llevo a la menor a un aula y al preguntarle el motivo por la cual la estaban molestando, la niña le indicó que le había confiado a una compañera que su padrastro la tocaba su cuerpo por las noches y que su compañera divulgo eso entre los demás compañeros y que por eso la estaban molestando.- También dieron plena credibilidad los jueces a la declaración de la Señora Yenna Eneyda Ponce Medina, (madre de la menor), quien indicó que un día jueves su hija regreso de la escuela y le confesó llorando y desconsolada que el acusado en dos ocasiones la había agredido: la primera ocasión con actos de tocamientos en la zona genital y la segunda vez introduciéndole el pene en su boca; que la niña le había dicho que tenía miedo de que le pasara algo por las amenazas del acusado; agrego que la niña le comento que sobre el hecho había hablado con una maestro; además la testigo relato que en una ocasión, en la madrugada, observó al acusado en cama de su hija (víctima) y que al pedirle explicaciones éste le dijo que la niña estaba hablando sola y que por eso fue a atenderla; añadió la testigo que la relación entre la menor y el acusado era buena y que el acusado dormía normalmente en bóxer.- De igual modo el tribunal de sentencia dio plena credibilidad a la menor Y. N. O., la que declaró que su padrastro Jorge Armando Rosales Aroca, una noche le toco la vulva cuando se encontraba en su cama, y que en otra noche le puso el pene en su boca; que a la primera persona que le comentó lo ocurrido fue a una maestra y que después a su mamá; que se llevaba bien con el acusado, que éste le daba dinero para comprar churros. La declaración de la menor Y. N. O., fue valorada juntamente con los dictámenes de evaluación psiquiátrica y psicológica, los que también fueron valorados positivamente por el tribunal de sentencia, de los que derivaron que la niña presentaba trastorno de estrés postraumático como consecuencia de los eventos narrados por ésta. La prueba relacionada, aceptada por el tribunal de justicia, es suficiente para desplazar el estado de inocencia del acusado y hacer una recalificación de éste a la condición de culpable, para formularle reproche por la comisión de dos hechos constitutivos de delitos, ambos en perjuicio de una misma menor de edad.- La Recurrente, focaliza su reclamo en que la maestra Alba Luz García, solo reproduce haber escuchado de la menor ser objeto de actos de tocamientos, entretanto la propia menor y la madre de ésta además señalan la existencia de una violación sexual; señala la recurrente que ello hace que las declaraciones no sean contestes, debiendo dictarse sentencia absolutoria a favor del acusado.- Sobre éste punto es determinante tener en cuenta el contexto de los hechos: La niña Y. N. O., después de que su padrastro se fue de su casa y luego de recibir una clase de educación sexual, sintió la confianza necesaria para contarle a una compañera que había sido objeto de una agresión sexual; más esta compañera compartió este hecho con otros compañeros de la escuela, los que en conjunto procedieron a molestar (bullying) a la menor Y. N. O., lo que ocasiono que ésta se sintiese mal y comenzara a llorar, momento en que fue vista por la maestra Alba Luz García, quien la llevó a un aula de clases, en donde después de saber lo ocurrido (sobre que la estaban molestando compañeros y el porqué) le pidió que se tranquilizara, que se fuera a su aula, asegurándole que ya no le molestarían; explicó que no era la maestra guía de la menor por lo que paso el caso al maestro correspondiente; es pues que la Maestra Alba García solo atendió el conflicto escolar y turno el caso al maestro de la menor.- Yo implica entonces que existe una contradicción entre lo señalado por la Maestra Alba García y lo señalado por la propia menor o su madre; las declaraciones fueron dadas en contextos y condiciones distintas; una fue hecha a una maestra (que no era guía), en un aula de clases, y estaba relacionada con el bulling que estaba siendo objeto la menor y la otra en la casa de la menor, a su mamá, con mayor atención a los hechos ocurridos. El interrogatorio de las partes a la testigo, incluyendo la única pregunta hecha por la Defensa del acusado, no evidenció profundidad de conocimiento de lo ocurrido a la menor por la testigo, mucho menos contradicciones entre lo que dijo la niña en ese primer momento con lo expresado después. La consideración en conjunto de la actividad probatoria determina que, desde la perspectiva objetiva, sin adentrarse a la calidad valorativa, la prueba fue suficiente para poder determinar que el acusado es responsable de dos hechos constitutivos de delitos, en perjuicio de una menor de edad, descartándose la existencia de una violación al estado material de inocencia del acusado, condición que perdió al haberse probado su culpabilidad. V. Decisión: Desestimar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su motivo único, interpuesto por la Defensa Pública. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Jorge Armando Rosales Aroca que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto. La parte resolutiva de la sentencia venida en casación impone al acusado Jorge Armando Rosales Aroca, una pena global de 22 años con 06 meses de reclusión como pena principal, 22 años con 06 meses de inhabilitación absoluta como pena accesoria y 22 años con 06 meses de interdicción civil también como pena accesoria: Como autor directo de un delito consumado de Violación Especial, a la pena principal de 15 años de reclusión y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena principal; y Como autor directo de un delito consumado de actos de lujuria agravado, a la pena principal de 07 años con 06 meses, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de violación sexual (Art. 249 NCP) tiene una pena de prisión de 09 a 13 años de prisión como pena básica, siendo agravado cuando mediante intimidación se accede a una persona menor de 14 años, constituyendo la nueva pena abstracta en 13 años a 17 años con 04 meses de prisión; pena a la que le deben de acompañar las también penas principales contempladas en el artículo 267 NCP de: i.- Libertad vigilada hasta por 10 años; ii.- Prohibición de residencia y aproximación por el doble de la pena de prisión; iii.- Ser anotado el acusado en el registro público de agresores sexuales entretanto no se concrete la remisión total de las penas impuestas.- Además a la pena accesoria contempladas en el artículo 58 NCP de inhabilitación absoluta y la pena accesoria contemplada en el artículo 42.2 de la Constitución de la República de perdida de la ciudadanía por el tiempo de cumplimiento de las penas impuestas tal y como lo manda el artículo 43.4 del mismo cuerpo normativo. Entretanto el delito de agresión sexual (Art. 250 NCP), tiene una pena base de 5 a 8 años prisión, la que debe de incrementarse cuando la conducta se realiza con intimidación en perjuicio de un menor de 14 años, estableciéndose la pena principal en 8 años a 10 años con 08 meses de prisión.- Al igual que el delito de violación, a la pena principal de prisión del delito de agresión sexual le debe de acompañar las penas también principales contempladas en el artículo 267 NCP de: i.- Libertad vigilada hasta por 10 años; ii.- Prohibición de residencia y aproximación por el doble de la pena de prisión; iii.- Inhabilitación Especial para el ejercicio patria potestad, tutela, curatela o guardia por el doble del tiempo de la duración de la condena y cuando concurran las causales del art. 200 del Código de Familia que prevé las causales de la perdida de la patria potestad, la pena será la pérdida de ese derecho de manera definitiva; iv.- Ser anotado el acusado en el registro público de agresores sexuales entretanto no se concrete la remisión total de las penas impuestas.- Además a la pena accesoria contempladas en el artículo 58 NCP de inhabilitación absoluta y la pena accesoria contemplada en el artículo 42.2 de la Constitución de la República de perdida de la ciudadanía por el tiempo de cumplimiento de las penas impuestas tal y como lo manda el artículo 43.4 del mismo cuerpo normativo. En conjunto, las penas abstractas que prevé el NCP 130-2017 al autor responsable de un delito de violación especial agravada y de agresiones sexuales especial agravada son: Pena Principal de prisión de: 21 años a 28 años; Pena Principal de: Libertad vigilada hasta por 20 años; Pena Principal de: Prohibición de residencia y aproximación de 42 a 56 años, a cumplir de manera sucesiva; Ser anotado el acusado en el registro público de agresores sexuales entretanto no se concrete la remisión total de las penas impuestas; Pena accesoria de inhabilitación absoluta de 21 a 28 años; y Suspensión de la ciudadanía de 21 a 28 años. La consideración anterior se realiza conforme a las reglas del concurso real. - Ahora bien apreciando el caso en el concurso de delito continuado (Art. 68 NCP), la pena abstracta a imponer al acusado es la que corresponde al delito más grave, desde la pena media superior hasta un 1/3, siendo que en el presente caso es el delito de violación, que en concurso continuado con el delito de agresiones sexuales agravadas, tiene una pena de 15 años con 02 meses a 23 años un mes y 10 días de prisión, libertad vigilada hasta por 10 años, prohibición de residencia y aproximación de 30 años con 04 meses a 46 años 02 meses y 20 días; Ser anotado el acusado en el registro público de agresores sexuales entretanto no se concrete la remisión total de las penas impuestas.- Además a la pena accesoria de inhabilitación absoluta de 30 años con 04 meses a 46 años 02 meses y 20 días y perdida de la ciudadanía también de 30 años con 04 meses a 46 años 02 meses y 20 días. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la pena concreta impuesta al acusado en aplicación con el VCP 144-83 se encuentra dentro del marco abstracto de la pena que contempla la nueva legislación penal, ya sea que se aplique el concurso real, como el delito continuado; además que el NCP 130-2017 contempla más penas principales que la anterior legislación. - Por tanto, en el caso particular no es procedente la aplicación retroactiva del código penal 130-2017. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 361 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Jorge Armando Rosales Aroca.- Tercero: Declara la Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictada por el tribunal de sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.- Y Manda: Que la Secretaría del Despacho proceda a notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, después de lo cual deberá de devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 321-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.