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Sentencia CP-316-18 — Registro 14667

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- El caso sometido a estudio dio inicio con la presentación del requerimiento fiscal en fecha 04 de junio de 2014, en contra del señor Edwin Donaldo López Munguía, como presunto responsable, a título de autor, de un delito consumado de homicidio, y como presunto autor de un delito consumado de robo, ambos en perjuicio del Señor Carlos Hilario Mejía Orellana.- La acción penal fue seguida de la celebración de la audiencia de declaración de imputado el 18 de noviembre de 2014 (f. 81), de la audiencia inicial el 22 de noviembre del mismo año (f. 83), de la audiencia preliminar el 08 de abril de 2015 (f. 100), y de la audiencia de proposición de medios de prueba el 27 de julio del mismo año; siendo en ésta última en donde las partes ofertaron los medios de prueba que tuvieron a bien para sustentar sus respectivas teorías de juicio, a saber:

Parte Procesal Tipo de Medio de Prueba Medio de Prueba Propuesto Resolución del Tribunal de Sentencia Evacuación en la audiencia de Debate

Ministerio Público Testifical Nelson Fernando Mejía Orellana Admitido Folio 214

	Dania Carolina Bonilla	Admitido	Folio 215 v.

	Bryan Alexander Moncada	Admitido	Folio 222 v

	Jorge Misael Girón Alvarado	Admitido	Se presentó renuncia en debate

	María Nohemí Moreno Monge	Admitido	Folio 216

	Edwin Gabriel Ramirez Bardales	Admitido	Folio 218

	Joseny Ordoñez	Admitido	Folio 218 v.

	Douglas Yovany Méndez Oyuela	Admitido	Se presentó renuncia en debate

	Allan Castillo	Admitido	Se presentó renuncia en debate

	Cristian Josué Martínez Monje	Admitido	Se presentó renuncia en debate

Documental	Acta de Inspección Ocular y Álbum fotográfico No. 1	Admitido	Se presentó renuncia en debate

	Acta de Inspección Ocular y Álbum Fotográfico No. 2	Admitido	Folio 222 v

	Oficio de Radio Progreso	Admitido	Folio 221

	Constancia de Radio Progreso	Admitido	Folio 221

	Acta de Decomiso No. 1	Admitido	Folio 222

	Acta de Decomiso No. 2	Admitido	Folio 222

	Informe de Investigación (A ratificar por Allan Castillo)	Admitido	f. 213 v

Pericial	Vaciado de Teléfono (Perito Erzond Jonathan duarte)	Admitido	Folio 219

	Vinculación Telefónica

(Perito Edgar Lara) Admitido Folio 220

	Serología (Perito Alicia Gonzales)	Admitido	Folio 217

	Dictamen de Autopsia	Admitido	Folio 217 v.

Evidencia física	Teléfono Celular marca Huawei	Admitido	Folio 219 v.

Defensa Pública La Defensa Pública no propuso medios probatorios

Además, en el ejercicio del derecho a la defensa material, el acusado Edwin Donaldo López Munguía decidió brindar declaración en la audiencia de debate (f. 213 v); declaración que fue relacionada y valorada en la resolución impugnada. El tribunal de sentencia valoró conjuntamente las declaraciones del Señor Nelson Fernando Mejía, Dania Carolina Bonilla Dávila, María Nohemí Moreno, Edwin Gabriel Ramirez, Yoseny Yonixa Ordoñez y Brayan Alexander Moncada Suazo; en otro bloque valoró conjuntamente el dictamen de autopsia, el dictamen de serología, el dictamen de extracción de información de aparato celular y el dictamen de vinculación telefónica; también valoró conjuntamente, en bloque aparte, el informe de investigación, oficio y constancia emitida por Radio Progreso, informe de las empresas de comunicación TIGO y CLARO, dos actas de decomiso, un acta de inspección, y dos teléfonos celulares como evidencia física; finalmente valoro en solitario la declaración rendida por el acusado Edwin Donaldo López Munguía.- Fue entonces que a partir de dichas valoraciones que el tribunal de sentencia llegó al convencimiento pleno sobre la responsabilidad penal del acusado como responsable de los delitos de homicidio y robo, destacándose de dicha valoración: a.- Relación de números de teléfono con las personas que hacían uso de ellos:

Numero Usuario Fuente Probatoria Razón de la Derivación

33 89 90 09 Carlos Hilario Mejía Orellana Declaración De Nelson Fernando Mejía

(Hermano De La Víctima) El testigo identifica el numero al cual le hablaba a su hermano.

96 84 68 25 Yoseny Yonixa Ordoñez Ordoñez Yoseny Yonixa Ordoñez Ordoñez El chip con el número de celular la testigo se lo dio al acusado Edwin Donaldo López Munguía

33 89 90 09 Carlos Hilario Mejía Orellana Brayan Alexander Moncada Suazo El testigo le presto el teléfono al acusado Edwin Donaldo López, quien llamo al número señalado

96 84 68 25 Edwin Donaldo López Munguía Brayan Alexander Moncada Suazo Numero al cual el testigo llamaba para hablar el con acusado

98 79 16 56 Brayan Alexander Moncada Brayan Alexander Moncada Numero usado por el testigo para originar la llamada, para hablar con el acusado.

99 97 92 64 Edwin Gabriel Ramirez Bardales Dictamen Pericial Numero encontrado

b.- Narración cronológica de hechos por parte de los testigos y hechos cronológicos fijados por la prueba pericial: El testigo Brayan Alexander Moncada Suazo indica que el 11 de abril de 2014, le prestó el teléfono al acusado Edwin Donaldo López Munguía, para que hiciera una llamada; que después vio en el registro de llamadas que el numero al cual llamó el acusado fue el 3389 9009 (numero del ofendido); Muerte del ofendido Carlos Hilario Mejía Orellana, conforme el dictamen de autopsia, ocurrió el 11 de abril de 2014, entre las 06:30 p.m. a 07:30 p.m. El testigo Brayan Alexander Moncada Suazo indica que el 11 de abril de 2014, después de las 08:30 p.m. se encontró con el acusado Edwin Donaldo López Munguía, preocupado, sudado, y que pudo observar manchas como de sangre en su pantalón; El testigo Nelson Fernando Mejía, indica que llamó a su hermano (ofendido) a las 08:45 p.m. sin tener respuesta y que después de acudir a la casa de éste fue informado de su muerte a las 11:30 p.m.; refiere que notó que había dos platos de comida servidos y además advirtió la ausencia del teléfono celular del ofendido Carlos Hilario Mejía Orellana; La testigo Dania Carolina Bonilla Dávila, declaró que en horas de la tarde el ofendido le comento que tenía una visita y que alrededor de las 10:00 p.m. a 11:00 p.m., escuchó la alarma del vehículo del ofendido; La testigo María Nohemí Moreno, señaló escuchar la alarma del vehículo del ofendido entre las 10:30 p.m. a 1130 p.m.; que intento llamar a este pero que “solo colgaban las llamadas”, es decir que una persona rechazaba las llamadas, persona que era distinta al ofendido, pues para ese momento ya estaba muerto; El 12 de abril de 2014, el acusado Edwin López dio en venta al testigo Brayan Moncada el teléfono celular del ofendido; y días después el testigo Brayan Moncada dio en venta el mismo celular al testigo Edwin Ramirez, a quien la policía se lo incautó. c.- Relación del acusado con el ofendido Conforme el dictamen de vinculación telefónica, en horas de la tarde del día 11 de abril de 2014, fecha en que se dio muerte al ofendido Carlos Hilario Mejía Orellana, el aparato celular de éste tuvo la siguiente actividad:

Celular No. 33 98 90 09 del ofendido Carlos Hilario Mejía Entrante al teléfono del ofendido Saliente del teléfono del ofendido Rango de Tiempo

96 84 68 25 Edwin Donaldo López Munguía 2 13 04:08 p.m. a 07:53 p.m. del 11 de abril de 2014

98 79 16 56 Brayan Alexander Moncada Suazo 2 08:36 pm del 11 de abril de 2014 (hechas por el acusado)

El tribunal de sentencia derivó que entre el aparato celular que usa el acusado y el aparato celular que usa el ofendido, se sostuvieron 15 llamadas telefónicas; y además entre el aparato celular del ofendido con el aparato celular del testigo Brayan Alexander Moncada Suazo, se dio el intento de dos comunicaciones en una hora en la que el ofendido ya había muerto, por lo que el aparato telefónico estaba siendo usado por un tercero. El dictamen de extracción de información detalló las 15 llamadas que el aparato celular del ofendido recibió e hizo al aparato celular del acusado el 11 de abril de 2014, entre las 04:08 p.m. a 10:32 p.m.:

No. Número de Origen Numero de Destino Fecha Hora

  1. . 33 89 90 09 96 84 68 25 11 abril 2014 04:08 p.m.

  2. . 96 84 68 25 33 89 90 09 11 abril 2014 04:09 p.m.

  3. . 96 84 68 25 33 89 90 09 11 abril 2014 06:15 p.m.

  4. . 96 84 68 25 33 89 90 09 11 abril 2014 06:24 p.m.

  5. . 96 84 68 25 33 89 90 09 11 abril 2014 06:58 p.m.

  6. . 96 84 68 25 33 89 90 09 11 abril 2014 07:05 p.m.

  7. . 96 84 68 25 33 89 90 09 11 abril 2014 07:05 p.m.

  8. . 96 84 68 25 33 89 90 09 11 abril 2014 07:07 p.m.

  9. . 96 84 68 25 33 89 90 09 11 abril 2014 07:07 p.m.

  10.     .   96 84 68 25 33 89 90 09 11 abril 2014   07:10 p.m.
    
  11.     .   96 84 68 25 33 89 90 09 11 abril 2014   07:17 p.m.
    
  12.     .   96 84 68 25 33 89 90 09 11 abril 2014   07:17 p.m.
    
  13.     .   96 84 68 25 33 89 90 09 11 abril 2014   07:28 p.m.
    
  14.     .   33 89 90 09 96 84 68 25 11 abril 2014   07:37 p.m.
    
  15.     .   96 84 68 25 33 89 90 09 11 abril 2014   07:38 p.m.
    
  16.     .   96 84 68 25 33 89 90 09 11 abril 2014   07:53 p.m.
    
  17.         98 79 16 56 33 89 90 09 11 abril 2014   08:36 p.m.
    
  18.     .   33 89 90 09 96 84 68 25 11 abril 2014   10:32 p.m.
    

Además, con el dictamen y con las declaraciones testificales del Señor Brayan Alexander Moncada Suazo y del Señor Edwin Gabriel Ramirez Bardales, indicó el tribunal de sentencia que el aparato celular del ofendido marca Huawei, color negro y gris, le fue instalado dos chips distintos entre el 14 al 26 de abril de 2014, para el uso de los dos testigos indicados, respectivamente; que constituye indicio fuerte de participación del acusado Edwin Donaldo López Munguía de ser la persona que, después de dar muerte al ofendido, tomó el teléfono de éste para después entregárselo al testigo Brayan Alexander Moncada Suazo, y éste a su vez se lo entregó después al testigo Edwin Gabriel Ramirez Bardales:

Teléfono activado en el celular del ofendido Persona que Activo el chip en el Teléfono del Ofendido Rango de tiempo de Activación

98 79 16 56 Brayan Alexander Moncada 14 al 17 de abril de 2014

99 97 92 64 Edwin Gabriel Ramirez 18 al 26 de abril de 2014

	 	Teléfono Incautado el 28 de abril de 2014

Al igual que señala el Recurrente, el tribunal de sentencia indica que no existe prueba directa en contra del acusado, adiciona éste último que si existe indiciaria de la que se desprende convencimiento de que el 11 de abril de 2014 el acusado Edwin Donaldo López Munguía, en horas de la tarde, llegó a casa del ofendido Carlos Hilario Mejía Orellana, retirándose del lugar alrededor de las 09:00 p.m., después de haberle dado muerte con un cuchillo, llevándose consigo el teléfono celular del occiso.- A lo largo de la valoración intelectiva los jueces identifican como indicios: i.- las llamadas que el 11 de abril de 2014 se generaron desde y hacia el celular del acusado de parte del celular del ofendido, evidencia que los mencionados se conocían, refutándose así el alegato de la defensa de que no era así; ii.- Lo señalado por la testigo María Moreno Mongue, quien declaró haber hablado con el ofendido y que éste le refirió tener una visita en su casa, determinándose así que había una persona en el interior de la casa del ofendido y que era alguien conocido de éste, lo que fue concatenado con la declaración del testigo Nelson Fernando Mejía quien advirtió haber visto dos platos con comida servida en casa de su hermano; iii.- los dos impulsos de llamadas que se generaron desde el celular del ofendido al celular del testigo Brayan Alexander Moncada Suazo, el 11 de abril a una hora en que el primero ya había muerto, por lo que la llamada solo pudo realizarla el acusado, habida cuenta que no existía relación entre el ofendido y el testigo, más si entre el acusado y el testigo; iv.- el hecho de que el 12 de abril de 2014 el acusado vendiera el celular al testigo Brayan Alexander Moncada Suazo, el que después lo vendió a una tercera persona Edwin Gabriel Ramirez Bardales, le vincula directamente. El alegato del recurrente de que el dictamen de vinculación no es suficiente prueba, y que además no encuentra articulación con el resto de la actividad probatoria no es correcto, dado que la prueba fue apreciada en conjunto por el tribunal de sentencia, identificando los hechos que les interrelacionaron, todo lo cual les llevo a determinar que la razón por la cual el acusado y el ofendido sostuvieron comunicaciones por teléfono el 11 de abril de 2014, era porque se conocían, de que el acusado llamo al testigo Brayan Moncada desde el teléfono del ofendido cuando éste ya estaba muerto, lo que determina que previamente le había dado muerte, de que el acusado vendió el teléfono del ofendido al testigo Brayan Moncada, lo que implica otro indicio de participación pues dicho teléfono fue apropiado por el acusado a pocas horas de la muerte del ofendido; suma a ello lo que el testigo Brayan Moncada describe en donde y como vio al acusado en horas de la noche el día de los hechos, declaración que fue determinada como creíble por el tribunal al haberse verificado que sus dichos eran consistentes con la realidad, así entonces lo que refirió el testigo respecto al momento en que compró el celular, el tiempo en que lo tuvo en su poder y al momento en que lo vendió a un tercero fue verificado con el dictamen de vinculación telefónica. Concluye la Sala de lo Penal que la prueba relacionada, aceptada por el tribunal de justicia, es suficiente para desplazar el estado de inocencia del acusado Edwin Donaldo López Munguía y hacer una recalificación de éste a la condición de culpable, para formularle reproche por la comisión de dos hechos constitutivos de dos delitos, ambos en perjuicio de Carlos Hilario Mejía Orellana.- La consideración en conjunto de la actividad probatoria determina fue suficiente para poder determinar que el acusado es responsable de dos hechos constitutivos de delitos, en perjuicio del ofendido, descartándose la existencia de una violación al estado material de inocencia del acusado, condición que perdió al haberse probado su culpabilidad..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto La Sentencia emitida impuso al acusado Edwin Donaldo López Munguía, una pena acumulada de 21 años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes: Autor directo de un delito consumado de homicidio: pena principal de reclusión por 15 años con 6 meses y penas accesorias de inhabilitación absoluta e intertdicción civil por el tiempo de la pena principal, más las demás consecuencias penales como ser trabajo penitenciario y declaratoria de responsabilidad civil; y Autor directo de un delito consumado robo con violencia en las personas: pena principal de 05 años con 06 meses, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e intertdicción civil por el tiempo de la pena principal, más las demás consecuencias penales como ser trabajo penitenciario y declaratoria de responsabilidad civil. Define el Código Penal 130-2017 en el artículo 192 que el delito de homicidio debe de ser sancionado con una pena principal de 15 a 20 años de prisión, más las penas accesorias.- Entretanto el artículo 361 señala que el delito de robo con violencia en las personas debe de ser sancionado con una pena de 4 a 8 años de prisión; pena que debe de ser incrementada en 1/3 cuando el delito se realice abusando de las circunstancias personales de la víctima, como ser el autor una persona que había sido invitada por el ofendido a su casa en la cual vivía solo, por lo que la pena en tal condición se fija de 08 años a 10 años con 08 meses de prisión. De este modo, y en conjunto, una persona responsable del delito de homicidio y robo enfrentaría una pena de prisión conjunta de 23 años a 30 años con 08 meses de prisión, más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que las penas principales y accesorias impuestas al acusado de conformidad con el Código penal 144-83, en conjunto son menos gravosas que las penas principales y accesorias que prevé el Código Penal 130-2017.- Por tanto, en el caso particular no es procedente la aplicación retroactiva del código penal 130-2017. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 316-2018, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-316-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Edwin Donaldo López Munguía, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Carlos Hilario Mejía Orellana, a la pena de quince años y seis meses de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Edwin Donaldo López Munguía, como autor del delito de Robo, en perjuicio del señor Carlos Hilario Mejía Orellana, a la cinco años y seis meses, haciendo un total de veintiún años de reclusión.- Tercero: Condenó al señor Edwin Donaldo López Munguía, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal.- Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil del señor Edwin Donaldo López Munguía.- Quinto: Se declaró el comiso de los teléfonos celular: Uno color negro, marca Huawei, con batería, sin chip, sin imei, con cobertor plástico color negro y el otro color azul y negro, marca bla, con batería color azul celeste, sin memoria, chip cortado 895040250, imei 359787045784914, 359787045784922.- Sexto: No procedió condenar en costas personales ni procesales. Son partes en única instancia: Los abogados Dinabel López Durón y Alba Regina Paniagua, en su condición de Defensores Públicos, del señor Edwin Donaldo López Munguía, como parte recurrente y la abogada Karen Lizeth Martínez Ponce, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos probados de la instancia Primero: En fecha once de abril del año dos mil catorce, a eso de las cuatro de la tarde, en la aldea Las Sarrosas perteneciente a la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, el señor Edwin Donaldo López Munguía, le solicitó a Brayan Alexander Moncada Suazo, que le prestara el teléfono celular con número 98791656 y llamo al número 33899009 que correspondía a Carlos Hilario Mejía Orellana, así mismo en esa misma fecha a partir de las cuatro con ocho minutos de la tarde hasta tempranas horas de la noche, el señor Edwin Donaldo Lopez Munguía del número 96846825 se comunicó en quince ocasiones con el número 33899009; dicho número 96846825 la señora Yoseny Yonixa Ordoñez Ordóñez en febrero del año dos mil catorce se lo había regalado al señor Edwin Donaldo López Munguía. Segundo: En fecha once de abril del año dos mil catorce a eso de las ocho con treinta minutos de la noche aproximadamente, el señor Carlos Hilario Mejia Orellana, se encontraba en su casa de habitación ubicada en la Colonia Dos de marzo de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, junto al señor Edwin Donaldo Lopez Munguía, y éste con un cuchillo le ocasionó seis heridas al señor Carlos Hilario Mejia Orellana lo que le ocasionaron la muerte de manera inmediata; acto seguido del señor Edwin Lopez se dio a la fuga llevándose el teléfono celular marca Huawei con número 33899009 que era propiedad de Carlos Hilario Mejia Orellana; posteriormente en el centro de la ciudad de El Progreso, el señor Edwin Donaldo López Munguía, quien andaba preocupado y con manchas de color rojo claro en el pantalón, se encontró con Brayan Alexander Moncada Suazo, con quien se dirigió a la Colonia Melgar Castro, y a eso de la diez con treinta minutos de la noche se fueron para la aldea Sarrosa lugar donde habitaban dichos jóvenes. Tercero: En fecha doce de abril del año dos mil catorce, el señor Edwin Donaldo López Munguía, llegó a la casa del señor Brayan Alexander Moncada Suazo, ubicada en la aldea Las Sarrosas y le dio en venta el teléfono celular marca Huawei, color negro y gris, el cual había sustraído en la noche anterior de la casa de Carlos Hilario Mejía Orellana, y posteriormente Brayan Alexander Moncada Suazo vendió dicho celular al señor Edwin Gabriel Ramírez Bardales, siendo a esta última persona a quien la policía se le decomiso en fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce. II. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción de Precepto Constitucional Motivo Único: Violación del artículo 89 de la Constitucional de la Republica Precepto Autorizante El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 89 que reza: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” En tal virtud para que dicha autoridad llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente que no le deje duda sobre la vulneración el Estado de inocencia que asiste a un imputado. Primero: De lo anterior se desprende que es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho. En el caso de marras utilizar una declaración incorporada por lectura autorizada rendida con las formalidades de prueba anticipada como único sustento para condenar, sin que dicha declaración sea corroborada por ningún otro medio de prueba, es una flagrante violación al Derecho De Inocencia, resultando inútil el ejercicio del Ministerio Publico en actuar con absoluta objetividad, no pudiendo incorporar a la investigación dichos y medios de prueba que sindiquen la participación de mi poderdante, obvia el Ministerio incorporar aquellas circunstancias o investigaciones que pudiesen eximir la responsabilidad de mi imputado, dicho yerro solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. Segundo: Resulta Honorable Corte, que el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de mi patrocinado, lo ha hecho tomando como base y fundamento principal el dictamen elaborado por Erzond Jonatahan Duarte Montes de la pericia de extracción forense, del cual establece: ...que al Huawei no le había logrado extraer información porque estaba en mal estado, solo se estableció que pertenecía a la víctima... siempre se dan errores de dedo, por eso no aparecen pero fue en el sector de urraco sur de donde se hicieron todas las llamadas y la última persona que se comunicó con la víctima había sido Edwin López de acuerdo a las declaraciones que realizaron los demás investigadores... El Sentenciador valora esta pericia y concluye: "concluimos sin lugar a dudas que el señor Edwin Donaldo López Munguía en fecha once de abril del año dos mil catorce, en horas de la tarde, llego a la casa donde habitaba el señora Carlos Hilario Mejia ubicado en la colonia Suazo Córdova de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, lugar que abandono a eso de las nueve de la noche, después de haberle dado muerte con un cuchillo al señor Carlos Hilario Mejia, llevándose consigo el celular del occiso, el cual fue activado en dos ocasiones y posteriormente se lo vendió al señor Brayan Alexander Moncada y este se lo dio en venta al señor Edwin Gabriel Ramírez, siendo esta la última persona a quien las autoridades le decomisaron el celular en referencia." De la pericia en referencia no desprende que el hechor de la muerte del ofendido Carlos Hilario Mejia Orellana haya sido mi representado, a esta conclusión arriba el Tribunal por convicción propia sin que exista prueba o pluralidad de indicios que los conduzcan a este cuadro factico, vulnerando de forma arbitraria y con escasez de prueba el estado de inocencia que le asiste a mi representado siendo este el yerro que consideramos que este Alto Tribunal debe enmendar. El hecho que nos ocupa se desarrolló en la colonia Dos de marzo de la ciudad del Progreso, y el cruce de llamadas del cual quiere tomarse como un indicio en perjuicio de mi poderdante ocurre de Urraco, Yoro a un lugar no determinado, no debemos olvidar que esta pericia no puede establecer quien en la persona que opera el aparato celular por lo que bien podría ser cualquier persona la que utiliza el aparato, y en el caso de marras no existe ningún otro indicio que se concatene con lo valorado por el juzgador, lo que más gravoso es que con ese pericia que ha resultado insuficiente para quebrantar el Estado inocencia, en el caso que nos ocupa se carece de prueba periférica y científica que vulnere tal principio garantizado por nuestra carta magna. El único extremo que se ha establecido es el hecho que hay una persona muerta violentamente. En ese sentido la pericia en mención, no puede ser relacionada con la prueba testifical ya que ninguno de los deponentes señala a mi representado como hechor, o con la pericia de serología y genética el cual no detecto perfil genético que vinculara a mi representado. Establecer un cuadro fáctico fidedigno que no deje lugar a dudas sobre la vulneración del Estado De Inocencia de mi patrocinado, llegar al fondo de los hechos, a pesar que se ha contado con prueba científica en este caso no será posible debido a la insuficiencia probatoria que estas han aportado a la investigación por parte de los que están obligados a traer al juicio oral y público todo lo permitente para que los Juzgadores puedan impartir justicia. Tercero: La conocida jurista española Maria Félix Tena Aragón, en su obra Manual De Derecho Constitucional pagina 34 inciso 7 establece: Este Derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válida".- Tal como ocurre en el caso de mi representado no existe prueba que acredite la el cruce de llamadas o que respalde el cuadro fáctico al que han arriba los Juzgadores, esto no puede ser corroborado o dado por válido por ningún otro medio de prueba; Sigue Diciendo la jurista Tena Aragón "Por tanto, solo cabra constatar la vulneración de inocencia cuando haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motivó el resultado de dicha valoración o finalmente cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado”.- En el caso que nos ocupa resulta insuficiente la pericia extracción forense, este carece de prueba que lo de por válido. Para concluir con lo dicho por la Jurista Aragón " A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan con los siguiente requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: que parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria”.- En el caso de nos ocupa el Tribunal Juzgador no ha corroborado la pericia extracción forense con ninguna otra prueba, lo cual es un clara violación al correcto entendimiento humano, es por ello que el dicho constitucional de presunción de inocencia se ve violentado al condenar a mi representado con una escasa actividad probatoria, el sentenciador no contaba con la suficiente prueba para tener la certeza de culpabilidad. Cuarto: Si sacamos mentalmente del legajo probatorio, la pericia en mención, nos encontramos que el resto de prueba no tiene ningún sustento ya que la prueba principal de la acusación lo constituye dicho dictamen, misma que si la tomamos como prueba fundamental para condenar, se hace en violación al principio de inocencia, y la única forma de poder enmendar dicha vejación es mediante la interposición del presente recurso casación. En ese sentido y siendo que dicho yerro lo constituye una Violación grave a una norma Constitucional como ser el Principio de Inocencia, le solicitamos a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se dicte una Sentencia Absolutoria como en Derecho corresponde. IV. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma).

Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República; Concepto de la infracción: Violación al derecho fundamental al estado material de inocencia; Motivo: Insuficiencia probatoria; Pretensión: Se declare con lugar el recurso de casación, absolviendo de toda responsabilidad al acusado Edwin Donaldo López Munguía. El Recurrente indica que en el caso de marras fue una declaración incorporada por lectura autorizada (sin indicar a que prueba refiere), rendida con las formalidades de prueba anticipada, como único sustento para emitir una sentencia condenatoria, sin que el contenido de dicha declaración no haya sido posible ser corroborada con otros medios de prueba, siendo ello constitutivo de violación al estado material de inocencia. En numeral seguido el Recurrente indica que fue tomado como fundamento principal el dictamen de extracción forense elaborado por el perito Erzond Jonatahan Duarte Montes, del cual el tribunal de sentencia derivo que el acusado Edwin Donaldo López Munguía llego a la casa del ofendido, abandonando el lugar después de haber dado muerte con un cuchillo al segundo alrededor de las nueve de la noche, derivación que es incorrecta pues de ella no es posible determinar que fue el acusado quien dio muerte al ofendido, vulnerándose el estado de inocencia por la escasez de la prueba; detalla el recurrente que la pericia no puede establecer quien fue la persona que estaba operando el aparato celular, pudiendo ser cualquiera; agrega que el dictamen pericial no cuenta con prueba periférica y científica que destruya la condición de inocencia. Concluye que el estado de inocencia se ha visto vulnerado como consecuencia de haber condenado al acusado con una escasa actividad probatoria. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, reglado en el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe de estar presente en el proceso penal, sino que debe de respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado/a a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado/a. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado/a, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; por ello el derecho/principio de inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado/a con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este tribunal de casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado/a a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado/a le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado/a, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá de examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 cpp); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al tribunal de sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana critica; No puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba. Insuficiencia Probatoria como causa de la Transgresión al Estado de Inocencia El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público y acusador privado, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición interina destruible, pues como se ha señalado ut supra no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado/a, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República o al acusador privado, en su caso. Entonces en el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, dejando fuera de estudio la actividad probatoria sobre la culpabilidad de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que arroje la actividad probatoria, constituyendo vicio que el tribunal de sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar a la persona acusada como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben de haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. La Sala de lo Penal declarara la insuficiencia probatoria como vicio violatorio del estado de inocencia cuando el tribunal de sentencia arribe a una conclusión que, desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatorio sea más improbable que probable. El Recurrente debe de plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación con toda la carga probatoria. De la procedencia del recurso.- El recurso No es de recibo.- El caso sometido a estudio dio inicio con la presentación del requerimiento fiscal en fecha 04 de junio de 2014, en contra del señor Edwin Donaldo López Munguía, como presunto responsable, a título de autor, de un delito consumado de homicidio, y como presunto autor de un delito consumado de robo, ambos en perjuicio del Señor Carlos Hilario Mejía Orellana.- La acción penal fue seguida de la celebración de la audiencia de declaración de imputado el 18 de noviembre de 2014 (f. 81), de la audiencia inicial el 22 de noviembre del mismo año (f. 83), de la audiencia preliminar el 08 de abril de 2015 (f. 100), y de la audiencia de proposición de medios de prueba el 27 de julio del mismo año; siendo en ésta última en donde las partes ofertaron los medios de prueba que tuvieron a bien para sustentar sus respectivas teorías de juicio, a saber:

Parte Procesal

Tipo de Medio de Prueba

Medio de Prueba Propuesto

Resolución del Tribunal de Sentencia

Evacuación en la audiencia de Debate

Ministerio Público

Testifical

Nelson Fernando Mejía Orellana

Admitido

Folio 214

Dania Carolina Bonilla

Admitido

Folio 215 v.

Bryan Alexander Moncada

Admitido

Folio 222 v

Jorge Misael Girón Alvarado

Admitido

Se presentó renuncia en debate

María Nohemí Moreno Monge

Admitido

Folio 216

Edwin Gabriel Ramirez Bardales

Admitido

Folio 218

Joseny Ordoñez

Admitido

Folio 218 v.

Douglas Yovany Méndez Oyuela

Admitido

Se presentó renuncia en debate

Allan Castillo

Admitido

Se presentó renuncia en debate

Cristian Josué Martínez Monje

Admitido

Se presentó renuncia en debate

Documental

Acta de Inspección Ocular y Álbum fotográfico No. 1

Admitido

Se presentó renuncia en debate

Acta de Inspección Ocular y Álbum Fotográfico No. 2

Admitido

Folio 222 v

Oficio de Radio Progreso

Admitido

Folio 221

Constancia de Radio Progreso

Admitido

Folio 221

Acta de Decomiso No. 1

Admitido

Folio 222

Acta de Decomiso No. 2

Admitido

Folio 222

Informe de Investigación (A ratificar por Allan Castillo)

Admitido

f. 213 v

Pericial

Vaciado de Teléfono (Perito Erzond Jonathan duarte)

Admitido

Folio 219

Vinculación Telefónica

(Perito Edgar Lara)

Admitido

Folio 220

Serología (Perito Alicia Gonzales)

Admitido

Folio 217

Dictamen de Autopsia

Admitido

Folio 217 v.

Evidencia física

Teléfono Celular marca Huawei

Admitido

Folio 219 v.

Defensa Pública

La Defensa Pública no propuso medios probatorios

Además, en el ejercicio del derecho a la defensa material, el acusado Edwin Donaldo López Munguía decidió brindar declaración en la audiencia de debate (f. 213 v); declaración que fue relacionada y valorada en la resolución impugnada. El tribunal de sentencia valoró conjuntamente las declaraciones del Señor Nelson Fernando Mejía, Dania Carolina Bonilla Dávila, María Nohemí Moreno, Edwin Gabriel Ramirez, Yoseny Yonixa Ordoñez y Brayan Alexander Moncada Suazo; en otro bloque valoró conjuntamente el dictamen de autopsia, el dictamen de serología, el dictamen de extracción de información de aparato celular y el dictamen de vinculación telefónica; también valoró conjuntamente, en bloque aparte, el informe de investigación, oficio y constancia emitida por Radio Progreso, informe de las empresas de comunicación TIGO y CLARO, dos actas de decomiso, un acta de inspección, y dos teléfonos celulares como evidencia física; finalmente valoro en solitario la declaración rendida por el acusado Edwin Donaldo López Munguía.- Fue entonces que a partir de dichas valoraciones que el tribunal de sentencia llegó al convencimiento pleno sobre la responsabilidad penal del acusado como responsable de los delitos de homicidio y robo, destacándose de dicha valoración: a.- Relación de números de teléfono con las personas que hacían uso de ellos:

Numero

Usuario

Fuente Probatoria

Razón de la Derivación

33 89 90 09

Carlos Hilario Mejía Orellana

Declaración De Nelson Fernando Mejía

(Hermano De La Víctima)

El testigo identifica el numero al cual le hablaba a su hermano.

96 84 68 25

Yoseny Yonixa Ordoñez Ordoñez

Yoseny Yonixa Ordoñez Ordoñez

El chip con el número de celular la testigo se lo dio al acusado Edwin Donaldo López Munguía

33 89 90 09

Carlos Hilario Mejía Orellana

Brayan Alexander Moncada Suazo

El testigo le presto el teléfono al acusado Edwin Donaldo López, quien llamo al número señalado

96 84 68 25

Edwin Donaldo López Munguía

Brayan Alexander Moncada Suazo

Numero al cual el testigo llamaba para hablar el con acusado

98 79 16 56

Brayan Alexander Moncada

Brayan Alexander Moncada

Numero usado por el testigo para originar la llamada, para hablar con el acusado.

99 97 92 64

Edwin Gabriel Ramirez Bardales

Dictamen Pericial

Numero encontrado

b.- Narración cronológica de hechos por parte de los testigos y hechos cronológicos fijados por la prueba pericial: El testigo Brayan Alexander Moncada Suazo indica que el 11 de abril de 2014, le prestó el teléfono al acusado Edwin Donaldo López Munguía, para que hiciera una llamada; que después vio en el registro de llamadas que el numero al cual llamó el acusado fue el 3389 9009 (numero del ofendido); Muerte del ofendido Carlos Hilario Mejía Orellana, conforme el dictamen de autopsia, ocurrió el 11 de abril de 2014, entre las 06:30 p.m. a 07:30 p.m. El testigo Brayan Alexander Moncada Suazo indica que el 11 de abril de 2014, después de las 08:30 p.m. se encontró con el acusado Edwin Donaldo López Munguía, preocupado, sudado, y que pudo observar manchas como de sangre en su pantalón; El testigo Nelson Fernando Mejía, indica que llamó a su hermano (ofendido) a las 08:45 p.m. sin tener respuesta y que después de acudir a la casa de éste fue informado de su muerte a las 11:30 p.m.; refiere que notó que había dos platos de comida servidos y además advirtió la ausencia del teléfono celular del ofendido Carlos Hilario Mejía Orellana; La testigo Dania Carolina Bonilla Dávila, declaró que en horas de la tarde el ofendido le comento que tenía una visita y que alrededor de las 10:00 p.m. a 11:00 p.m., escuchó la alarma del vehículo del ofendido; La testigo María Nohemí Moreno, señaló escuchar la alarma del vehículo del ofendido entre las 10:30 p.m. a 1130 p.m.; que intento llamar a este pero que “solo colgaban las llamadas”, es decir que una persona rechazaba las llamadas, persona que era distinta al ofendido, pues para ese momento ya estaba muerto; El 12 de abril de 2014, el acusado Edwin López dio en venta al testigo Brayan Moncada el teléfono celular del ofendido; y días después el testigo Brayan Moncada dio en venta el mismo celular al testigo Edwin Ramirez, a quien la policía se lo incautó. c.- Relación del acusado con el ofendido Conforme el dictamen de vinculación telefónica, en horas de la tarde del día 11 de abril de 2014, fecha en que se dio muerte al ofendido Carlos Hilario Mejía Orellana, el aparato celular de éste tuvo la siguiente actividad:

Celular No. 33 98 90 09 del ofendido Carlos Hilario Mejía

Entrante al teléfono del ofendido

Saliente del teléfono del ofendido

Rango de Tiempo

96 84 68 25

Edwin Donaldo López Munguía

04:08 p.m. a 07:53 p.m. del 11 de abril de 2014

98 79 16 56

Brayan Alexander Moncada Suazo

08:36 pm del 11 de abril de 2014 (hechas por el acusado)

El tribunal de sentencia derivó que entre el aparato celular que usa el acusado y el aparato celular que usa el ofendido, se sostuvieron 15 llamadas telefónicas; y además entre el aparato celular del ofendido con el aparato celular del testigo Brayan Alexander Moncada Suazo, se dio el intento de dos comunicaciones en una hora en la que el ofendido ya había muerto, por lo que el aparato telefónico estaba siendo usado por un tercero. El dictamen de extracción de información detalló las 15 llamadas que el aparato celular del ofendido recibió e hizo al aparato celular del acusado el 11 de abril de 2014, entre las 04:08 p.m. a 10:32 p.m.:

No.

Número de Origen

Numero de Destino

Fecha

Hora

  1. .

33 89 90 09

96 84 68 25

11 abril 2014

04:08 p.m.

  1. .

96 84 68 25

33 89 90 09

11 abril 2014

04:09 p.m.

  1. .

96 84 68 25

33 89 90 09

11 abril 2014

06:15 p.m.

  1. .

96 84 68 25

33 89 90 09

11 abril 2014

06:24 p.m.

  1. .

96 84 68 25

33 89 90 09

11 abril 2014

06:58 p.m.

  1. .

96 84 68 25

33 89 90 09

11 abril 2014

07:05 p.m.

  1. .

96 84 68 25

33 89 90 09

11 abril 2014

07:05 p.m.

  1. .

96 84 68 25

33 89 90 09

11 abril 2014

07:07 p.m.

  1. .

96 84 68 25

33 89 90 09

11 abril 2014

07:07 p.m.

  1. .

96 84 68 25

33 89 90 09

11 abril 2014

07:10 p.m.

  1. .

96 84 68 25

33 89 90 09

11 abril 2014

07:17 p.m.

  1. .

96 84 68 25

33 89 90 09

11 abril 2014

07:17 p.m.

  1. .

96 84 68 25

33 89 90 09

11 abril 2014

07:28 p.m.

  1. .

33 89 90 09

96 84 68 25

11 abril 2014

07:37 p.m.

  1. .

96 84 68 25

33 89 90 09

11 abril 2014

07:38 p.m.

  1. .

96 84 68 25

33 89 90 09

11 abril 2014

07:53 p.m.

98 79 16 56

33 89 90 09

11 abril 2014

08:36 p.m.

  1. .

33 89 90 09

96 84 68 25

11 abril 2014

10:32 p.m.

Además, con el dictamen y con las declaraciones testificales del Señor Brayan Alexander Moncada Suazo y del Señor Edwin Gabriel Ramirez Bardales, indicó el tribunal de sentencia que el aparato celular del ofendido marca Huawei, color negro y gris, le fue instalado dos chips distintos entre el 14 al 26 de abril de 2014, para el uso de los dos testigos indicados, respectivamente; que constituye indicio fuerte de participación del acusado Edwin Donaldo López Munguía de ser la persona que, después de dar muerte al ofendido, tomó el teléfono de éste para después entregárselo al testigo Brayan Alexander Moncada Suazo, y éste a su vez se lo entregó después al testigo Edwin Gabriel Ramirez Bardales:

Teléfono activado en el celular del ofendido

Persona que Activo el chip en el Teléfono del Ofendido

Rango de tiempo de Activación

98 79 16 56

Brayan Alexander Moncada

14 al 17 de abril de 2014

99 97 92 64

Edwin Gabriel Ramirez

18 al 26 de abril de 2014

Teléfono Incautado el 28 de abril de 2014

Al igual que señala el Recurrente, el tribunal de sentencia indica que no existe prueba directa en contra del acusado, adiciona éste último que si existe indiciaria de la que se desprende convencimiento de que el 11 de abril de 2014 el acusado Edwin Donaldo López Munguía, en horas de la tarde, llegó a casa del ofendido Carlos Hilario Mejía Orellana, retirándose del lugar alrededor de las 09:00 p.m., después de haberle dado muerte con un cuchillo, llevándose consigo el teléfono celular del occiso.- A lo largo de la valoración intelectiva los jueces identifican como indicios: i.- las llamadas que el 11 de abril de 2014 se generaron desde y hacia el celular del acusado de parte del celular del ofendido, evidencia que los mencionados se conocían, refutándose así el alegato de la defensa de que no era así; ii.- Lo señalado por la testigo María Moreno Mongue, quien declaró haber hablado con el ofendido y que éste le refirió tener una visita en su casa, determinándose así que había una persona en el interior de la casa del ofendido y que era alguien conocido de éste, lo que fue concatenado con la declaración del testigo Nelson Fernando Mejía quien advirtió haber visto dos platos con comida servida en casa de su hermano; iii.- los dos impulsos de llamadas que se generaron desde el celular del ofendido al celular del testigo Brayan Alexander Moncada Suazo, el 11 de abril a una hora en que el primero ya había muerto, por lo que la llamada solo pudo realizarla el acusado, habida cuenta que no existía relación entre el ofendido y el testigo, más si entre el acusado y el testigo; iv.- el hecho de que el 12 de abril de 2014 el acusado vendiera el celular al testigo Brayan Alexander Moncada Suazo, el que después lo vendió a una tercera persona Edwin Gabriel Ramirez Bardales, le vincula directamente. El alegato del recurrente de que el dictamen de vinculación no es suficiente prueba, y que además no encuentra articulación con el resto de la actividad probatoria no es correcto, dado que la prueba fue apreciada en conjunto por el tribunal de sentencia, identificando los hechos que les interrelacionaron, todo lo cual les llevo a determinar que la razón por la cual el acusado y el ofendido sostuvieron comunicaciones por teléfono el 11 de abril de 2014, era porque se conocían, de que el acusado llamo al testigo Brayan Moncada desde el teléfono del ofendido cuando éste ya estaba muerto, lo que determina que previamente le había dado muerte, de que el acusado vendió el teléfono del ofendido al testigo Brayan Moncada, lo que implica otro indicio de participación pues dicho teléfono fue apropiado por el acusado a pocas horas de la muerte del ofendido; suma a ello lo que el testigo Brayan Moncada describe en donde y como vio al acusado en horas de la noche el día de los hechos, declaración que fue determinada como creíble por el tribunal al haberse verificado que sus dichos eran consistentes con la realidad, así entonces lo que refirió el testigo respecto al momento en que compró el celular, el tiempo en que lo tuvo en su poder y al momento en que lo vendió a un tercero fue verificado con el dictamen de vinculación telefónica. Concluye la Sala de lo Penal que la prueba relacionada, aceptada por el tribunal de justicia, es suficiente para desplazar el estado de inocencia del acusado Edwin Donaldo López Munguía y hacer una recalificación de éste a la condición de culpable, para formularle reproche por la comisión de dos hechos constitutivos de dos delitos, ambos en perjuicio de Carlos Hilario Mejía Orellana.- La consideración en conjunto de la actividad probatoria determina fue suficiente para poder determinar que el acusado es responsable de dos hechos constitutivos de delitos, en perjuicio del ofendido, descartándose la existencia de una violación al estado material de inocencia del acusado, condición que perdió al haberse probado su culpabilidad. V. Decisión: Desestimar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su motivo único, interpuesto por la Defensa Pública. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a.- La ponderación deberá de realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; y b.- La ponderación deberá de realizarse en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restara del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho limite, el que se deberá de comparar con el CP 144-83. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho limite; b.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: Se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i.- Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las Penas No Concursadas; ii.- Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iii.- Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv.- Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Suplementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Edwin Donaldo López Munguía que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto La Sentencia emitida impuso al acusado Edwin Donaldo López Munguía, una pena acumulada de 21 años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes: Autor directo de un delito consumado de homicidio: pena principal de reclusión por 15 años con 6 meses y penas accesorias de inhabilitación absoluta e intertdicción civil por el tiempo de la pena principal, más las demás consecuencias penales como ser trabajo penitenciario y declaratoria de responsabilidad civil; y Autor directo de un delito consumado robo con violencia en las personas: pena principal de 05 años con 06 meses, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e intertdicción civil por el tiempo de la pena principal, más las demás consecuencias penales como ser trabajo penitenciario y declaratoria de responsabilidad civil. Define el Código Penal 130-2017 en el artículo 192 que el delito de homicidio debe de ser sancionado con una pena principal de 15 a 20 años de prisión, más las penas accesorias.- Entretanto el artículo 361 señala que el delito de robo con violencia en las personas debe de ser sancionado con una pena de 4 a 8 años de prisión; pena que debe de ser incrementada en 1/3 cuando el delito se realice abusando de las circunstancias personales de la víctima, como ser el autor una persona que había sido invitada por el ofendido a su casa en la cual vivía solo, por lo que la pena en tal condición se fija de 08 años a 10 años con 08 meses de prisión. De este modo, y en conjunto, una persona responsable del delito de homicidio y robo enfrentaría una pena de prisión conjunta de 23 años a 30 años con 08 meses de prisión, más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que las penas principales y accesorias impuestas al acusado de conformidad con el Código penal 144-83, en conjunto son menos gravosas que las penas principales y accesorias que prevé el Código Penal 130-2017.- Por tanto, en el caso particular no es procedente la aplicación retroactiva del código penal 130-2017. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 361 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Edwin Donaldo López Munguía.- Tercero: Declara la Firme y Ejecutable la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciseis, dictada por el tribunal de sentencia de la Ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro.- Y Manda: Que la Secretaría del Despacho proceda a notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, después de lo cual deberá de devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha dos de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 316-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.