Sentencia CP-313-18 — Registro 13671
Resumen
En primera instancia se absolvió a los imputados del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública y el delito de Discriminación, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. La sentencia venida en casación declara como probado que los señores Manuel de Jesús Mejía Cantarero y Florencio Hernández Aguilar son empleados públicos, que laboran para el Instituto Nacional Penitenciario; tal declaración reproduce aspectos de hecho que han sido acreditados mediante la actividad probatoria, lo que genera que la sentencia no carece de hechos probados como elemento indispensable para la toma de decisión de fondo, por lo cual, no concurre el defecto de forma denunciado, que prevé el artículo 362.1 del Código Procesal Penal. En la causa que nos ocupa, se celebró audiencia de debate, en donde se dio actividad probatoria testifical y documental no comprometida con el vicio de ilicitud, sin embargo, al ser apreciada por los señores jueces, tanto la declaración del ofendido José Gaspar Sánchez Acosta con la de Liliam Esperanza López Benítez y de Adelmo Guzmán Hernández, consideraron, restarles credibilidad, pues, Liliam Esperanza no observó el momento preciso de los hechos y la declaración de José Gaspar es contradictoria con la de Adelmo Guzmán, concluyendo los sentenciadores que dichas declaraciones no tienen concordancia, logrando únicamente excluirse entre ellas. Asimismo, rindieron declaración testifical el señor Stanly Sarmiento Paz, quien refirió no saber nada de los hechos. En conclusión, la única prueba de credibilidad de cargo, para los juzgadores, fueron, la Certificación de Acta número 22 de fecha 23 de marzo de 2017, ratificada en juicio por Glendy Arely Andrade Mejía en su condición de Juez de Ejecución, de quien el Tribunal de Sentencia en su valoración intelectiva describió darles credibilidad, sin embargo, no aportan ningún elemento al esclarecimiento de los hechos, al no describir nada de los mismos; igual resultado con el resto de la prueba documental, a excepción de la certificación de acuerdos de nombramiento de los acusados, de quien el juzgador, dio por acreditado que son empleados públicos y sustentan el único hecho probado; ante lo anterior, no todos los medios de prueba de cargo relacionados, han arrojado información de convencimiento para la construcción de un hecho factico histórico, pues en su mayoría no fueron de credibilidad para los juzgadores, tanto para acreditar la existencia de los dos ilícitos penales, como la participación de los acusados; por ello, solo pudo sustraer lo plasmado como verdad incuestionable, como resultado del análisis intelectivo de la prueba que se le dio credibilidad; por lo cual, no le asiste la razón al recurrente, siendo que el Tribunal de Sentencia si determinó la dinámica de los hechos. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia recaída en el expediente con registro SP 313-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian. En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el expediente SP 313-2018, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió al señor Manuel de Jesús Mejía Cantarero, de toda responsabilidad penal por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública. SEGUNDO: Absolvió al señor Manuel de Jesús Mejía Cantarero, de toda responsabilidad penal por el delito de Discriminación, en perjuicio del señor José Gaspar Sánchez Acosta. TERCERO: Absolvió al señor Florencio Hernández Aguilar, de toda responsabilidad penal por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública. CUARTO: Absolvió al señor Florencio Hernández Aguilar, de toda responsabilidad penal por el delito de Discriminación en perjuicio del señor José Gaspar Sánchez Acosta. QUINTO: No procedió condenar en costas. SEXTO: No procedió el comiso. SÉPTIMO: No se declaró la responsabilidad civil de los señores Manuel de Jesús Mejía Cantarero y Florencio Hernández Aguilar. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Carmen Jacely Mejía, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: El Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente; la Abogada Sandra Elizabeth Urbina Pineda, defensora pública y el Abogado José Mario Méndez Pineda, defensor privado, ambos en su condición de recurridos. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA. “UNICO: Los señores Manuel de Jesús Mejía Cantarero y Florencio Hernández Aguilar son empleados públicos, que laboran para Instituto Nacional Penitenciario.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente Abogada Carmen Jacely Mejía, Agente Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente:“MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: Por haber omitido, el sentenciador, hacer la declaración de los hechos que se estimaren como probados. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 1 del Artículo 362 del CPP. EXPOSICIÒN DEL MOTIVO Lo cierto es que ésta vía impugnativa es el único medio, con que cuenta el representante de la sociedad para denunciar los desaciertos cometidos por los tribunales de sentencia y que como garantes de legalidad no podemos consentir ni permitir; y es el único medio para que esa honorable Sala, como máximo órgano de Poder Judicial en materia penal y rector de la política jurisdiccional a nivel nacional, pueda conocer, corregir y redirigir a los tribunales de sentencia, para que éstos dicten fallos que cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos en el artículo 338 del Código Procesal Penal y subsanen los hierros que a continuación se señalarán, ya que sentencias de este tipo, constituyen un retroceso en el proceso de impartición de justicia. Sobre la redacción de hechos probados la Honorable Sala de lo Penal, ha establecido lo siguiente: "[1]Esta Sala de lo Penal considera pertinente destacar, que el vicio procesal denunciado por el recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la "quaestio facti" debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o "quaestio iuris". (lo subrayado es nuestro). Al examinar el fallo ahora censurado se puede apreciar que el mismo no cuenta con un cuadro fáctico que describa cual es la verdad a la que ha arribado el juzgador luego de concluido el presente proceso, ya que únicamente a establecido como factum de la sentencia lo siguiente: "UNICO: Los señores Manuel de Jesús Mejía Cantarero y Florencio Hernández Aguilar son empleados públicos, que laboran para Instituto Nacional Penitenciario. Que los hechos probados son la columna vertebral de la sentencia penal, por lo que de su adecuada concepción y declaración depende la correcta aplicación del derecho, de ahí que son un requisito indispensable para que el fallo tenga una base suficiente para sustentarse. El artículo 338 del Código Procesal Penal, en el numeral Cuarto inciso primero establece que todo fallo debe de contener una declaración expresa de hechos probados, es decir, establecer los hechos que a su criterio y con base en la prueba, constituyen la verdad histórica que dará sustento al fallo, por tanto no le está permitido al Juez establecer como cuadro fáctico lo que se le ocurra, como ser meras actuaciones procesales, trascripción de pruebas o exposiciones de algunas de las partes, tal y como ha acontecido en el caso subjudice. Que esta honorable Sala de lo Penal, ha establecido los requisitos mínimos que debe contener un Hecho declarado como probado, siendo estos: "[2]Los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; Es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Claros: “….la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión" (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “….supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho" (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes:“…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como "posiblemente”, "casi seguro" u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido... " (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c. Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “….implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009). Siguiendo a Fernández de la Reguera[3], esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; 4. Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Tribunal de Sentencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, de modo de no poder saber cómo ocurrió el hecho histórico; y 5. Que el Censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. Que de acuerdo a lo establecido por esta Honorable Sala de lo Penal y de conformidad a la simple lectura de la sentencia, se evidencia que la misma no cuenta con una declaratoria de hechos probados, incurriendo en un grave vicio, al omitir uno de los requisitos esenciales de toda resolución y más aún cuando esta omisión produce la imposibilidad de poder dar fundamento jurídico a la decisión judicial, en vista que estamos ante una verdad desconocida a la cual no se puede asignar la norma correspondiente que resuelva el caso. Posturas que también se encuentran ratificadas por esta Honorable Sala de lo Penal en los fallos números SP-78-2014 y SP- 127-2014, ambos de fechas de 25 de septiembre del 2017. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera perjuicios a este ente acusador; igualmente enfatizamos que no habíamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 338 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: Haber omitido, el sentenciador, hacer la declaración de los hechos que se estimaren como probados; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad de reclamo previo, en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia; Pretensión: Case el fallo recurrido. Aqueja el censor, que al examinar el fallo ahora censurado, se puede apreciar que el mismo no cuenta con un cuadro fáctico que describa, cual es la verdad a la que ha arribado el juzgador luego de concluido el presente proceso, incurriendo en un grave vicio los juzgadores, al omitirse los requisitos esenciales. Indispensabilidad de Hechos Probados en la Sentencia. Los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que los juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. El artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos de Fondo: a. Precisos: Los hechos probados deben ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto, serán estos los hechos que deben ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que, si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal; b. Claros: Los hechos probados deben ser la descripción del hecho histórico, narrados de la forma más precisa que la prueba permita, tal cual si fuese una ventana por donde una persona puede ver al pasado y conocer lo ocurrido en un momento y lugar determinado; a Contrario Sensu “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010 en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de octubre del 2010 en el Exp 129-2009); c. Terminantes: Los hechos probados son básicamente la narración de unos hechos que fueron probados por la actividad probatoria; los juzgadores al declararlos así es porque llegaron al convencimiento de que lo debatido solo pudo haber ocurrido de una única manera, por ello la lectura de estos debe llevar a una afirmación o una negación señera; …Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal, como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); d. La no utilización de conceptos que predeterminen el Fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores no deben hacer recuento de actuaciones investigativas, mención de actuaciones procesales o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; tampoco los juzgadores deben hacer uso de términos -que por ser exclusivamente jurídicos- predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. El ejercicio de la jurisdicción penal parte de la reconstrucción de hechos históricos, los cuales una vez comprobados permiten al órgano jurisdiccional aplicar la norma sustantiva al caso concreto, por lo que resultan ser indispensables, ya que de lo contrario la decisión adoptada se convertiría en arbitraria, pues se aplicaría el derecho a una verdad desconocida que solo existe en la mente de los juzgadores. Constituye vicio in procedendo cuando la sentencia carece de la declaración de hechos probados, lo cual ocurre no solo cuando no exista en la resolución judicial una declaratoria expresa de éstos, en un apartado especial como lo manda el artículo 338 CPP, sino además cuando dicha declaración de hechos probados no sea la conclusión de la operación valorativa de los medios de prueba, sino una mera transcripción del contenido de la acusación o de la tesis de defensa, recuento de actuaciones procesales (que de por si no son el objeto del debate y por lo tanto no fueron objeto de probanza), o la simple enumeración de medios probatorios o transcripción de su contenido. Es importante advertir que aun cuando en la Fundamentación Probatoria y/o en la Fundamentación Jurídica los juzgadores hagan relación de los hechos que consideran ocurrieron en el caso concreto, ello no los exime de fijarlos concreta, terminante y claramente en el apartado especial de “Declaración de Hechos Probados” como imperativamente ordena la ley procesal. Una sentencia sin declaratoria de hechos probados no puede considerarse como tal, pues se reduce a la adopción de una decisión arbitraria por parte de la autoridad judicial. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. La sentencia venida en casación declara como probado que los señores Manuel de Jesús Mejía Cantarero y Florencio Hernández Aguilar son empleados públicos, que laboran para el Instituto Nacional Penitenciario; tal declaración reproduce aspectos de hecho que han sido acreditados mediante la actividad probatoria, lo que genera que la sentencia no carece de hechos probados como elemento indispensable para la toma de decisión de fondo, por lo cual, no concurre el defecto de forma denunciado, que prevé el artículo 362.1 del Código Procesal Penal. En la causa que nos ocupa, se celebró audiencia de debate, en donde se dio actividad probatoria testifical y documental no comprometida con el vicio de ilicitud, sin embargo, al ser apreciada por los señores jueces, tanto la declaración del ofendido José Gaspar Sánchez Acosta con la de Liliam Esperanza López Benítez y de Adelmo Guzmán Hernández, consideraron, restarles credibilidad, pues, Liliam Esperanza no observó el momento preciso de los hechos y la declaración de José Gaspar es contradictoria con la de Adelmo Guzmán, concluyendo los sentenciadores que dichas declaraciones no tienen concordancia, logrando únicamente excluirse entre ellas. Asimismo, rindieron declaración testifical el señor Stanly Sarmiento Paz, quien refirió no saber nada de los hechos. En conclusión, la única prueba de credibilidad de cargo, para los juzgadores, fueron, la Certificación de Acta número 22 de fecha 23 de marzo de 2017, ratificada en juicio por Glendy Arely Andrade Mejía en su condición de Juez de Ejecución, de quien el Tribunal de Sentencia en su valoración intelectiva describió darles credibilidad, sin embargo, no aportan ningún elemento al esclarecimiento de los hechos, al no describir nada de los mismos; igual resultado con el resto de la prueba documental, a excepción de la certificación de acuerdos de nombramiento de los acusados, de quien el juzgador, dio por acreditado que son empleados públicos y sustentan el único hecho probado; ante lo anterior, no todos los medios de prueba de cargo relacionados, han arrojado información de convencimiento para la construcción de un hecho factico histórico, pues en su mayoría no fueron de credibilidad para los juzgadores, tanto para acreditar la existencia de los dos ilícitos penales, como la participación de los acusados; por ello, solo pudo sustraer lo plasmado como verdad incuestionable, como resultado del análisis intelectivo de la prueba que se le dio credibilidad; por lo cual, no le asiste la razón al recurrente, siendo que el Tribunal de Sentencia si determinó la dinámica de los hechos. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362.1 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo; interpuesto por la Abogada Carmen Jacely Mejía, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, que contiene el pronunciamiento absolutorio a favor de los señores Manuel de Jesús Mejía Cantarero y Florencio Hernández Aguilar por los delitos de Abuso de Autoridad y de Discriminación, en perjuicio de La Administración Pública y del señor José Gaspar Sánchez Acosta, respectivamente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dieciséis de febrero del año dos mil veintidós. Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de junio del año dos mil veintiuno recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-313-2018.
LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ
SECRETARIA ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
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[1] Ver Sentencia SP 373-2009.
[2] SP 115-2013 de Fecha 27-01-17-
[3] Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudio Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, Abril de 2011.- pág.118.