Sentencia CP-300-18 — Registro 14096
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de Asesinato, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo.- Es improcedente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, a consecuencia de: Se denuncia error de hecho en la apreciación de un acto o documento auténtico, lo cual estaba contemplado como motivo de casación por infracción de ley en el numeral 2 del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales, contenido en el decreto 189-84, y que fue derogado hace 19 años, con la puesta en vigencia del Código Procesal Penal en febrero de 2002; El recurrente, infringiendo el artículo 360 del Código Procesal Penal, se divorcia de los hechos declarados probados y procede a controvertirlos mediante el cuestionamiento de la prueba, aun cuando el recurso elegido parte del principio de intangibilidad del factum, tal como se ha explicado en el apartado anterior. El recurso planteado controvierte las normas procesales vigentes, por lo que debe ser rechazado sin pronunciamiento de fondo.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- El recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo debe ser rechazado a consecuencia de una indebida técnica recursiva, dado que no se señala al tribunal de casación cual es el derecho fundamental que se ha visto lesionado o restringido indebidamente por la resolución que contiene la sentencia emitida por los jueces juzgadores. En lugar de ello, el recurrente hace denuncia de violación de derechos constitucionales al momento de la aprehensión del acusado, lo que no solo es improcedente pues el recurso de casación recae en la sentencia y no en otras actuaciones procesales que debieron se objeto de control en los momentos oportunos, sino que además porque el recurrente no se toma la tarea de especificar cual es el derecho o derechos procesales que fueron inobservados y el porqué de ello. De igual modo, el recurrente de manera genérica, faltando a la precisión y claridad que debe imperar en el proceso de casación, indica que el proceso judicial adolece de nulidades sustantivas y adjetivas, alegato improcedente dado que la institución de la nulidad es de carácter procesal (no sustantiva) y además porque de nueva cuenta, el recurrente no indica cuales son las actuaciones supuestamente viciosas, cual es la norma adjetiva que fue infringida, cuáles fueron las reclamaciones ex ante al recurso que se opusieron y como tal actuación compromete lo resuelto en la sentencia impugnada. Como conclusión, el recurrente indica que la “implementación” de las pruebas no tuvieron garantía constitucional y procesal; pero otra vez se hace silencio en relación a aspectos tan básicos en la interposición del recurso como ser: derecho fundamental infringido, actuación probatoria viciosa, normas procesales inobservadas, perjuicio material ocasionado como consecuencia de la infracción y repercusión de la infracción en la decisión tomada en la sentencia que es objeto de casación. El mal planteamiento del recurso obliga a rechazarlo sin pronunciamiento de fondo por el tribunal de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del C. P. Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el C. P. Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada del acusado Rómulo Velásquez Erazo que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto Tomando en consideración lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia impugnada, es correcto señalar que se ha impuesto al señor Rómulo Velásquez Erazo, como autor directo de un delito de Asesinato, en perjuicio del señor Denis Armando Reaños Borjas las sanciones siguientes: i.- Pena Principal: Reclusión por 20 años; ii.- Penas Accesorias: Inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la reclusión; iii.- Consecuencias Penales: declaratoria de responsabilidad civil, obligación de hacer trabajo penitenciario, exoneración de costas y comiso. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas (Art. 193): i.- Pena principal de 20 a 25 años de prisión; ii.- Pena accesoria de Inhabilitación absoluta y suspensión de derechos ciudadanos; iii.- Demás consecuencias penales: declaratoria de responsabilidad civil, obligación de realzar trabajo penitenciario, costas del proceso y comiso. Conforme los hechos probados, como verdad incuestionable, se acreditó que el acusado Rómulo Velásquez Erazo, con ánimo de matar disparo en varias ocasiones contra el señor Denis Armando Reaños Borjas, logrando privarle de la vida. Los hechos probados determinan la existencia de un asesinato doloso consumado. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular la pena impuesta al señor Rómulo Velásquez Erazo en base al Código Penal 144-83 se encuentra dentro del margen abstracto de la pena que por el mismo delito prevé el Código Penal 130-2017, por lo que la aplicación retroactiva de este último no constituye un beneficio al reo; como consecuencia no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 300-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-300-2018 por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Rómulo Velásquez Erazo, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Denis Armando Reaños Borjas, a la pena de veinte años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal.- Segundo: Se declaró civilmente responsable al señor Rómulo Velásquez Erazo, de indemnización de perjuicios a favor de familiares y dependientes económicos del señor Denis Armando Reaños Borjas.- Tercero: No procedió condenar en costas al señor Rómulo Velásquez Erazo.- Cuarto: Se decretó el comiso del arma de fuego tipo escopeta marca AKKAR, modelo Altay, calibre 12GA, serie 14103036, propiedad del señor Rómulo Velásquez Erazo. Son partes en única instancia: El abogado José Manuel Aguilar Rivas, en su condición de defensor privado del señor Rómulo Velásquez Erazo, como parte recurrente y al abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia Único: En fecha diecisiete de octubre del dos mil quince, en la aldea Ermita del municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán, a las veintidós horas con cincuenta y cinco minutos el señor Rómulo Velasquez Erazo el cual una semana antes le había dicho a Denis Armando Reaños Borjas que de diciembre no iba a pasar-junto con otra persona en forma repentina abordaron al señor Denis Armando Reaños Borjas el cual caminaba a inmediaciones de una bloquera ubicada en dicho lugar, el cual al verse acorralado procedió a luchar con el acompañante del señor Rómulo Velasquez Erazo, por lo que al observar dicha lucha el señor Rómulo Velasquez Erazo saco una escopeta de su propiedad marca AKKAR calibre .12 serie 14103036 con la cual realizó varios disparos en contra del señor Denis Armando Reaños Borjas, ocasionándole la muerte mediante laceración cardíaca producida mediante los disparos de escopeta. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley Único Motivo: Infracción por aplicación indebida del precepto penal sustantivo contenido en el artículo 117 del Código Penal Vigente, en virtud de haber incurrido el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en error de hecho en la apreciación de la prueba. Precepto Autorizante: El precepto autorizante lo constituye el artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto De La Infracción: El artículo número 117 Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía, 2) con premeditación conocida, 3…...4)., comete el delito de asesinato, e incurrirá en la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, preceptúa el Código Penal Vigente. En el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, prevalece como regla general el respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el juzgador, siendo que los mismos para este tipo de recurso deberán ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles, sin embargo como una excepción a esta regla general, el legislador ha incluido dentro de las causales que dan lugar a la Casación en el fondo en materia penal el Error de Hecho en la apreciación de la prueba, si parte de un acto documento autentico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador y que no haya sido controvertida por otra prueba, esta es la única manera en que en un Recurso de Casación por Infracción de la Ley, el impugnante podrá contradecir los hechos declarados como probados por el juzgador y alegar a su vez hechos nuevos, en razón a lo anterior en la sentencia recurrida a través de este recurso, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa Francisco Morazán, al condenar a mi representado, desprendiéndose de los hechos probados de la Sentencia recurrida, que el Tribunal de Sentencia, tiene como hechos probados, el recurrente a través de este recurso impugnamos la sentencia citada y emitida por el tribunal precitado, en el sentido que en sus hecho probado se establece como verdad el hechos UNICO, por lo que al analizar lo expuesto, se demuestra la equivocación del juzgador al imponer una pena al ciudadano Rómulo Velasquez Erazo, a título de Autor, pues a la luz de la Sana Critica de la Prueba, él no tiene ninguna participación en el ilícito enunciado y que se le imputa, además de ello no encontramos ni el mínimo indicio de la comisión del delito, extremo este que quedó demostrado con la prueba de descargo, pero que el juzgador no valoro en su conjunto, con lo cual el juzgador hace uso de un indicio racional frágil como fulcro para emitir una sentencia condenatoria; al analizar lo expuesto, se demuestra la equivocación del juzgador al imponer una pena al encartado a título de autor, pues al umbral de la luz de la sana critica de la prueba, mi defendido en ningún momento ha tenido participación en la comisión del ilícito penal, en esa razón el Tribunal de Sentencia, según nuestra apreciación, no valoro la prueba en su conjunto, incurriendo en un Error de Hecho en la apreciación de la prueba, siendo esto un acto autentico con la documentación llegada ante estrados, así como las declaraciones testificales brindadas por los testigos propuestos por el Ministerio Publico, tal como deja entrever el Tribunal de Sentencias en su valoración cuando expresa que los testigo protegido H7, H-8 Y Cristóbal Borjas Villanueva, cuyos testimonios dejan entrever que no son concordantes en sus dichos, y esto no lo inventa la defensa, se encuentra plasmado en la sentencia condenatoria, en consecuencia existen graves contradicciones relativas a los testimonios brindados por estos testigos, y los hechos probados que llevo al sentenciador al error de hecho en la apreciación de la prueba, estos actos no han sido desvirtuados por otra prueba, por lo cual claramente se desprende que con la prueba testifical de la defensa, como la prueba documental propuesta por el Ministerio Publico, los hechos fueron diferente en cuanto a la conducta de mi defendido, y el juzgador solamente ha tomado en consideración aspectos subjetivos, por todo lo anteriormente expuesto concluyo que al no tomar en cuenta el juzgador los medios probatorios en su contenido autentico, ha incurrido en un grave error de hecho en la apreciación de la prueba de actos auténticos como la prueba científica, y declaraciones testificales que no han sido controvertidas por otras pruebas con respecto a los hechos probados, con lo cual el juzgador evidencia una completa equivocación. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional Único Motivo: Violación a infracción de precepto Constitucional, contenido en el artículo número 90 de la Constitución de la Republica de Honduras. Precepto Autorizante: El precepto autorizante lo constituye el artículo número 361 del Código Procesal Penal. Concepto De La Infracción La Sentencia recurrida adolece de violaciones al ordenamiento jurídico preeminente de Honduras, en ese sentido la Constitución de la Republica de Honduras, dándole plena vigencia al derecho fundamental al Debido Proceso, prescribe en el párrafo primero del articulo número 90 que “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, de donde resulta la imperiosas necesidad de encuadrar el proceso dentro de las provisiones establecidas en la Ley Procesal, respetando los derechos y las garantías constitucionales establecidas en la ley, los tratados internacionales suscritos por nuestro país, en ese sentido y de conformidad a la sentencia recurrida, la negación arbitraria e injustificada del acceso instaurado en la ley procesal infringe el derecho al proceso en todas las garantías o derechos fundamentales, porque a mí detenido al momento de su captura se le violentaron una gama de derechos y garantías procesales y constitucionales, situaciones irregulares que se encuentra en el foliado del juicio de mérito, y aun así, el juzgador obvio esos derechos y garantías a que hacemos alusión, por cuanto al foliado del juicio se pueden observar nulidades sustantivas y adjetivas, dependiendo la fundamentación jurídica que se use en su planteamiento. Las diferencias que logramos ver y que existen en el juicio, son en cuanto al origen, en cuanto al bien jurídico tu Tegucigalpado y en el procedimiento que se sigue para su declaración judicial. En las nulidades sustantivas se mira el acto o contrato al que le falta algún requisito que la ley prescribe para su valor, según su especie y calidad o estado de las partes; mientras que en las adjetivas se observa exclusivamente si en el procedimiento empleado para el reconocimiento de un derecho se cumplió con el precepto fundamental del proceso, el derecho de defensa y la organización o estructura judicial. El sentenciador debe ser garante del cumplimiento efectivo de las formas procesales y las garantías constitucionales que asisten a los imputados de un delito, y nuestra legislación hondureña como los convenios internacionales relativos a los derechos humanos a que honduras es signatario, con lo cual le dan plena garantía a un procesado para ser respetado en todas sus manifestaciones y el articulo número 200 del Código Procesal Penal como principio de legalidad nos dice que "carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la Republica y en los Convenios Internacionales……….”. Según el principio del Debido Proceso consagrado en el artículo número 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica de Honduras, preceptúa que “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, o sea que según el precepto constitucional, toda persona tiene derecho a que lo juzgue su juez natural, el que deberá actuar ciñéndose a las exigencias que en cuanto a las formalidades, derechos y garantías establezca la ley; de manera para que ese principio, el del Debido Proceso, pueda considerarse violado es necesario que el sentenciador que intervenga no sea un juez natural o que omita alguna formalidad de las que señala la ley procesal, o que se atropelle un derecho constitucional, o que se irrespete una garantía judicial establecidas por la ley, que es el caso que nos ocupa, lo cual se podrá observar la implementación de pruebas que no tuvieron la suficiente garantía constitucional y procesal. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Único Motivo: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica. Precepto Autorizante: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3) del artículo 362 del Código procesal Penal. Concepto De La Infracción: Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal en la parte que dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica”. en relación con lo dispuesto en el artículo 338 del mismo cuerpo legal. En este sentido, es conveniente aclarar en qué consiste la fundamentación y valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica, veamos; tal como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados- Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuadamente correlación entre ellas), y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Analizada la fundamentación fáctica y probatoria de la sentencia impugnada; expuesto lo anterior esta defensa encuentra violatoria del sistema de valoración en la proclama del Código Procesal Penal, la presente sentencia por lo siguiente: 1.- refiere el Tribunal de Sentencia, en el apartado de valoración de la prueba testifical, que por mayoría de sus miembros encuentra que las declaraciones que han sido expuestas por los testigos H-7,H-8 y Cristóbal Borjas Villanueva, quienes declararon que en fecha 17 de octubre del año 2015, había una fiesta y que se dirigía a la misma, observo una camioneta blanca que transito varias veces por el lugar……. observo porque encendieron las luces del vehículo para cometer el hecho debido a la oscuridad del lugar; por un lado como pudo observar en una zona oscura y a esas horas de la noche y por otro lado, quien va a cometer un hecho delictivo nunca se le pudo haber ocurrido encender luces, entonces vemos con mucha preocupación que con qué facilidad se puede falsear información para perjudicar a una persona inocente, y aun lo más preocupante es aún, que el tribunal haya dado valor a estos testimonio, porque el citado Tribunal de Sentencia en el preámbulo de sus hechos probados como en la valoración de la prueba, expresa en su sentencia que los testigos han ubicado el lugar del suceso con día y hora determinada, una zona no muy concurrida a esas horas de la noche, indicando además que fue a media noche en zona despoblada y sin luz artificial. En conclusión existen contradicciones que no cita el Tribunal de Sentencia, y que son relevantes, puesto que se refieren a la parte sustancial de los hechos y al confrontar el contenido de los testimonios de cargo con lo argumentado por el sentenciador resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón; suficiente y justificada para considerar verdadera una conclusión, lo que no sucede en el caso de autos, pues lo afirmado no resiste el peso de la prueba evacuada en juicio; todavía más si se toma en consideración que se deduce del análisis de la valoración de la prueba que ha realizado el Tribunal de Sentencia, que este ha fundamentado su decisión, argumentando que entre las deposiciones de los testigos no son discordantes, lo cual no es acertado, puesto que como se ha venido exponiendo en el desarrollo del presente recurso, los mismos se mantienen en cuanto a la esencia de los hechos; por otra parte el Tribunal de Sentencia, ha considerado este elemento probatorio determinante para llegar a la conclusión sobre la responsabilidad del imputado, de manera que si el sentenciador hubiera valorado la prueba en referencia, respetando las reglas de la sana critica, el fallo sería diferente, porque al afirmar el sentenciador esta circunstancia en el acápite del fallo impugnado, no hace más que vulnerar la regla de la derivación, en virtud que la sentencia contiene un juicio lógico que no es verdadero y por lo tanto ha viciado la misma de una motivación falsa, ya que el Tribunal de Sentencia al concluir que la prueba de cargo le merece credibilidad, al asistirle la certeza entre las versiones de los únicos dos testigos, con ello ha hecho una utilización arbitraria en la fuente del convencimiento, en el caso subjudice las declaraciones testificales de cargo que han conducido al juzgador a la falsa motivación de la sentencia, pues es evidente a la luz del día que esas contradicciones que logramos durante el desarrollo del juicio, nunca descalifico esa prueba a que nos referimos, por eso la conclusión del juzgador es equivocada, esta defensa considera que desde un inicio una falta de prueba contundente para establecer el tipo penal que se le imputa a mi defendido. Al hacer un análisis de la prueba aportada por el Ministerio Público, esta defensa fue de la consideración que éste ente acusador lo único que demostró con la prueba, fue la fecha de los hechos, y haciendo una comparación del medio de prueba testifical, con sus testimonios observamos que están totalmente divorciados de la verdad y por ende sus dichos son inconsistentes, y además los testigo presumen que fue Rómulo Velásquez Erazo, que causó la muerte a Denis Armando Reaños Borjas, en una zona despoblada y sin luz artificial y sin luz natural por razón del clima, época y temporada lluviosa, entonces esta defensa se pregunta que como es posible que pudieron haber visto todo un acontecimiento, como lo refieren los testigos, entonces no vemos la culpabilidad de mi cliente, y que se deba condenar por una mínima presunción. Explicó que en la doctrina y en el artículo 19 del Código Procesal Penal, se establecen las fuentes auxiliares del derecho penal y que han sido abordados por grandes expertos en investigación criminal en el sistema acusatorio proceso, como por ejemplo el científico José Alfredo Torres Alvarado, que es un comisario de Honduras, con postgrado en Ciencias Penales en Colombia y que también tiene otros títulos. También existe la opinión de Raúl Enrique Zajackowski, de Buenos Aires y que es fundador de la Asociación de Graduados de Criminalística, que redactó el manual de criminalística de México, mediante el cual se determina que estas actuaciones no reúnen los requisitos del trabajo de la escena del crimen, pues no se cumple ni se logra su fin, porque no se acredita el lugar donde estaba la evidencia. En ese sentido, esta defensa considera que la prueba de cargo fue insuficiente, ineficaz e ilícita, la cual nos conduce a llevar la certeza necesaria para enervar la inocencia de mi representado, reiteró que no se probó la participación. Honorables Magistrados, soy del criterio que el juez sentenciador, vulnera el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, al separarse de la Sana Critica de la prueba y obviando toda una gama de derechos constitucionales, agregando además que nunca pudo enervar la presunción de inocencia que le otorga la Constitución de la Republica a mi defendido; en el cuadro factico que las asistencias judiciales no son vinculantes con el juicio que nos ocupa, para presumir la comisión del delito, no se incorpora a los hechos probados la descripción de la participación activa del imputado, que sirva como premisa menor en el proceso subsunción en el silogismo probatorio, no se describe hecho de participación activa del acusado, ni describe en la valoración de los elementos de prueba o indicios de recibo que sirvan para deducir o indicar la intención o dolo del imputado, no teniendo estos que ser actos ofertorios, pero si deben contener la fundamentación descriptiva de los elementos objetivos del tipo infringido, de hecho si analizamos detenidamente la sentencia, observaremos que el sentenciador no logra describir la acción ilícita por la cual condena. En la fundamentación probatoria, el sentenciador afirma prueba para los hechos tenidos como probados, pero no establece un nexo causal entre el delito y el imputado, que permita derivar la procedencia de la misma. En conclusión, los elementos objetivos del delito de asesinato, no están contenidos en el cuadro factico de la sentencia, careciendo además del nexo que relacione al imputado con el delito, incluso da como ciertos hechos controvertidos. Reclamaciones Para Obtener Subsanaciones Puesto que los vicios procesales que sé denuncian en este motivo de Casación, ocurrieron también en la misma Sentencia Definitiva, contra los mismos, no es posible interponer otro recurso ni ordinario ni extraordinario, más que el presente. Fundamentación Jurídica Del Sistema de Impugnación Penal Recurso es la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios, provoca que el mismo u otro tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no, lo ordenado mientras esto ocurre. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda “persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.- Se concluye a partir de lo anterior que los recursos son interpuestos en contra de la parte dispositiva o resolutiva y no contra la fundamentación jurídica, ya que solo la parte dispositiva causa un agravio efectivo, lo que no impide atacar la motivación o fundamentación jurídica como medio de controlar la parte dispositiva, todo ello a instancia de parte. Los recursos abren un paréntesis dentro del curso procedimental; paréntesis ciertamente regido por reglas particulares, sin perjuicio de que -en ciertos casos- ese procedimiento pueda continuar, a reserva de los efectos que pueda producir sobre la decisión de la impugnación recursiva. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución Política, referente a la garantía de doble instancia. En particular el Código Procesal Penal (CPP) realiza un tratamiento unitario y sistemático del sistema de recursos, dedicando el Libro Tercero para ello, bajo el epígrafe “De los Recursos”, clasificándolos en: 1) Recurso de reposición; 2) Recurso de apelación; 3) Recurso de Casación; 4) Recurso de hecho o de queja. Son características de los recursos: Recurso abierto, cuando la ley procesal no establece un abanico de resoluciones impugnables y, cerrado cuando sí lo hace. En el sistema penal hondureño, los recursos de apelación y casación son cerrados, dado que la ley procesal señala taxativamente las resoluciones susceptibles a estos recursos, siendo el recurso de reposición el único de carácter abierto o libre, pudiendo ser interpuesto en contra de cualquier resolución judicial, salvo las sentencias definitivas. Recursos ordinarios y extraordinarios: Los primeros cuando pueden fundamentarse en cualquier motivo de impugnación y los segundos cuando la ley fija supuestos de impugnación. El CPP establece como recurso ordinario el de reposición, apelación y casación por infracción de precepto constitucional, siendo el recurso extraordinario el de casación por infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de la forma procesal. Devolutivos y No Devolutivos: Atendiendo si el conocimiento del recurso corresponde al mismo órgano que dictó o no la resolución impugnada, se distinguen los recursos devolutivos, cuando el recurso ha de ser conocido por un órgano distinto al que emitió la resolución atacada por el recurso y los no devolutivos cuando el recurso es conocido por el mismo órgano judicial que profirió la resolución. En el CPP regla como recurso no devolutivo el de reposición y recursos devolutivos el de apelación y casación. Los recursos por el efecto, pueden ser devolutivos, suspensivos, extensivo y restrictivo. - Por efectos de la apelación debe entenderse los resultados que se producen en cuanto a la competencia del juez que dictó la resolución impugnada: i.- Devolutivo, como ya se dijo, responde a que el recurso interpuesto deberá ser conocido y resuelto por otro tribunal previamente establecido; ii.- Suspensivo, determina la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial recurrida mientras se sustancie el recurso, suspendiendo la competencia del tribunal sobre lo resuelto mientras no haya un pronunciamiento sobre la impugnación, siendo este efecto la excepción en el sistema de impugnación hondureño, pues la regla general es el efecto no suspensivo; es decir, que el recurso no paraliza la ejecución de la resolución impugnada. Es una de esas excepciones los recursos interpuestos en contra de una resolución definitiva; iii.- Extensivo, ocasiona que la resolución favorable de un recurso interpuesto por uno de los procesados favorece a los demás, aun cuando aquellos no hayan promovido la impugnación, siempre que se encuentren en iguales circunstancias; se justifica por la necesidad de evitar resoluciones contradictorias, máxime si se trata de un mismo caso, dado el Principio de Igualdad. (Art. 349 cpp); iv.- Restrictivo, el cual establece que la resolución desfavorable en un recurso interpuesto por el ente acusador en contra de uno de los procesados, no se extiende a los demás, aun cuando se encuentren en iguales circunstancias. - En el sistema procesal hondureño, se regula expresamente el efecto suspensivo y extensivo, debiendo derivarse -por efecto negativo- lo referente al efecto devolutivo y restrictivo. En conclusión, los recursos se interponen en contra de una resolución que aún no goza de inmutabilidad (firme y con efecto de cosa juzgada), de manera que el proceso continúa en un estadio diferente, bajo la mismas reglas de acción que motivaron su inicio; su esencia responde en definitiva a tres pilares: que se trate de una resolución no firme, cuya protesta (impugnación) pueda ser presentada por una o todas las partes procesales y la revisión de la resolución recurrida con la oportunidad de proceder a su anulación o modificación. De la Debida Técnica Recursiva de Casación El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y Satisfacción de Requisitos de Interposición: el recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia, por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio, a saber: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la Recurrente deberá señalar, en primer término, el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: el recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar, que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 117 del código penal 144-88; Concepto de la Infracción: Aplicación indebida de norma sustantiva; Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Explica el recurrente que el legislador ha incluido dentro de las causales que dan lugar a la casación de fondo, el error de hecho en la apreciación de la prueba, si parte de un acto o documento auténtico que evidencie la equivocación manifiesta del juzgador y que no haya sido controvertida por otra prueba. Afirma el recurrente que el acusado, a la luz de la sana crítica, no tiene participación en el delito que se le imputa; que no se encuentra un mínimo indicio en la comisión del delito, lo que quedó demostrado con la prueba de descargo, la que no fue valorada por el a-quo en su conjunto. De la procedencia del recurso. – El recurso no es de recibo.- Es improcedente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, a consecuencia de: Se denuncia error de hecho en la apreciación de un acto o documento auténtico, lo cual estaba contemplado como motivo de casación por infracción de ley en el numeral 2 del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales, contenido en el decreto 189-84, y que fue derogado hace 19 años, con la puesta en vigencia del Código Procesal Penal en febrero de 2002; El recurrente, infringiendo el artículo 360 del Código Procesal Penal, se divorcia de los hechos declarados probados y procede a controvertirlos mediante el cuestionamiento de la prueba, aun cuando el recurso elegido parte del principio de intangibilidad del factum, tal como se ha explicado en el apartado anterior. El recurso planteado controvierte las normas procesales vigentes, por lo que debe ser rechazado sin pronunciamiento de fondo. Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del órgano jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo numerus apertus, son: 1. Negación de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación restrictiva de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho constitucional del bloque constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe utilizar este tipo de recurso en la medida en que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República; Motivo: sin determinar por el recurrente; Concepto de la infracción: Sin determinar por el recurrente. Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El recurrente denuncia que, al acusado, al momento de la aprehensión o captura, le fueron violentados “una gama” de derechos y garantías procesales y constitucionales; situaciones irregulares que se encuentran en el expediente. Agrega además que en el expediente se pueden observar nulidades sustantivas y adjetivas, dependiendo la fundamentación jurídica que se use en el planteamiento. Discute que la implementación de pruebas no tuvo la suficiente garantía constitucional y procesal. De la procedencia del recurso.- El recurso no es de recibo.- El recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo debe ser rechazado a consecuencia de una indebida técnica recursiva, dado que no se señala al tribunal de casación cual es el derecho fundamental que se ha visto lesionado o restringido indebidamente por la resolución que contiene la sentencia emitida por los jueces juzgadores. En lugar de ello, el recurrente hace denuncia de violación de derechos constitucionales al momento de la aprehensión del acusado, lo que no solo es improcedente pues el recurso de casación recae en la sentencia y no en otras actuaciones procesales que debieron se objeto de control en los momentos oportunos, sino que además porque el recurrente no se toma la tarea de especificar cual es el derecho o derechos procesales que fueron inobservados y el porqué de ello. De igual modo, el recurrente de manera genérica, faltando a la precisión y claridad que debe imperar en el proceso de casación, indica que el proceso judicial adolece de nulidades sustantivas y adjetivas, alegato improcedente dado que la institución de la nulidad es de carácter procesal (no sustantiva) y además porque de nueva cuenta, el recurrente no indica cuales son las actuaciones supuestamente viciosas, cual es la norma adjetiva que fue infringida, cuáles fueron las reclamaciones ex ante al recurso que se opusieron y como tal actuación compromete lo resuelto en la sentencia impugnada. Como conclusión, el recurrente indica que la “implementación” de las pruebas no tuvieron garantía constitucional y procesal; pero otra vez se hace silencio en relación a aspectos tan básicos en la interposición del recurso como ser: derecho fundamental infringido, actuación probatoria viciosa, normas procesales inobservadas, perjuicio material ocasionado como consecuencia de la infracción y repercusión de la infracción en la decisión tomada en la sentencia que es objeto de casación. El mal planteamiento del recurso obliga a rechazarlo sin pronunciamiento de fondo por el tribunal de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Motivo: Haber dictado el juzgador una sentencia condenatoria inobservando las reglas de la sana crítica; Concepto de la infracción: Infracción a la regla lógica de la derivación; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Reclamación Ex Ante: El motivo se genera con la emisión de la sentencia, por lo que no es posible una reclamación previa a la interposición del recurso; y Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El recurrente hace un primer abordaje teórico sobre la sana crítica, llamando a que se tenga en consideración la jurisprudencia costarricense.- A continuación el recurrente cuestiona la credibilidad de los testigos H7, H8 y Cristóbal Borjas Villanueva, al indicar que no es posible que éstos hayan podido observar los hechos, por haber ocurrido de noche en un lugar sin iluminación, cuestionando lo dicho por éstos respecto a que el acusado y su acompañante activaron los focos delanteros del vehículo en que se transportaban: “quien va a cometer un hecho delictivo nunca se le pudo haber ocurrido encender luces”; agrega el recurrente acusación contra de los testigos de falsear su testimonio y externa su preocupación de que el tribunal los haya valorado [positivamente]. Denuncia el recurrente que se dieron contradicciones en la prueba que el tribunal de sentencia no apreció, lo que materializa el vicio de apreciación de la prueba con infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón suficiente; señala que la sentencia contiene un juicio lógico que no es verdadero y por lo tanto vicia la motivación por falsa; señala que el tribunal de la instancia ha hecho una utilización arbitraria de la fuente de convencimiento al darle certeza a las versiones de los únicos dos testigos. Los testigos están divorciados de la verdad y por tanto sus declaraciones son inconsistentes, agrega. La defensa considera que la prueba de cargo fue insuficiente, ineficaz e ilícita, lo cual no conduce a llevar la certeza necesaria para enervar la inocencia del acusado; insiste en que no se probó la participación del acusado. Señala que no se incorporó en los hechos probados la descripción de la participación activa del acusado, ni se describe en la valoración de los elementos de prueba o indicios de recibo (SIC) que sirvan para deducir o identificar la intención o el dolo. Concluye que los elementos objetivos del delito de asesinato no están contenidos en el cuadro fáctico de la sentencia, careciendo además del nexo que relacione el imputado con el delito, incluso da como ciertos, hechos controvertidos. De la procedencia del recurso. - el recurso no es de recibo.- El caso que nos ocupa es un recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la violación de las reglas de la sana crítica; lo que hace dirigir la atención a la valoración intelectiva de los medios de prueba, pues es en ese proceso en donde los jueces de sentencia pueden incurrir en el vicio que se está denunciando. Desafortunadamente encuentra la Sala de lo Penal un planteamiento recursivo farragoso dada la exposición de ideas de manera confusa, sumado al desarrollo de argumentos impropios, tanto al motivo como al recurso elegido. La casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica. Debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o se acreditó los medios probatorios, sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales los llevaron a construir los hechos declarados probados. La confección del recurso parte del proceso básico: 1. Lectura de la sentencia e identificación de los razonamientos judiciales intelectivos, en donde se haga análisis y valoración de la prueba. Normalmente se encuentran en el apartado de “Fundamentación Probatoria”, lo que no obsta para que de igual modo puedan ser encontrados en el apartado de “Fundamentación Jurídica”; El razonamiento es un proceso de la lógica mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto, que en nuestro caso es la prueba. 2. Determinación de que en la sentencia existen razonamientos judiciales mal construidos por colisionar con el recto entendimiento humano; 3. Identificación de las reglas de la sana crítica que fueron inobservadas o mal aplicadas en el razonamiento judicial; 4. Confrontación de los principios o reglas de la sana crítica con el razonamiento judicial, a efecto de demostrar que este último no sigue lo mandado por el primero; 5. Determinación del porqué el razonamiento judicial resulta relevante para la formación del convencimiento judicial que llevó a la decisión adoptada. En ocasiones será necesario hacer relación de la prueba de donde parte el razonamiento judicial, ello no con el objeto de pedir que se revalore la prueba, sino para demostrar que dicho razonamiento ha sido mal construido por reñir con la específica regla de la sana crítica que se ha señalado. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta; nos referimos a una debida técnica recursiva, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica -que se alega como inobservada- es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se construye a partir de la premisa mayor y premisa menor y que se dice necesaria, en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Por tanto, es irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo, se insiste, el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. En el caso concreto, el recurrente hace apreciaciones personales de la prueba, protestando que ésta no merece crédito al ser falsa, al ser contradictoria, y resintiendo que a pesar de ello, el tribunal de sentencia le haya dado valor; es decir que el recurrente cuestiona la prueba con base en una valoración personal y denuncia que dicha valoración personal no sea la que haya asumido el juzgador, todo contrario a lo que exige la debida técnica recursiva antes explicada. El recurrente además se desvía del motivo y hace alegaciones de prueba ilícita, insuficiencia probatoria, insuficiencia de motivación, falta de subsunción de los hechos declarados probados en el tipo penal de asesinato, entre otros; los que no tienen relación alguna con el motivo planteado originalmente, sino que más bien con otros motivos e incluso con otros tipos de recursos de casación. Lo presentado obliga a la Sala de lo Penal ha rechazar el recurso planteado, sin pronunciamiento de fondo, por defecto de mala técnica recursiva. Decisión: Desestimar el único motivo del recurso de casación por infracción de ley, el único motivo del recurso de casación por infracción de precepto constitucional y el único motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma. De la procedencia de la aplicación retroactiva del C. P. Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el C. P. Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada del acusado Rómulo Velásquez Erazo que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto Tomando en consideración lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia impugnada, es correcto señalar que se ha impuesto al señor Rómulo Velásquez Erazo, como autor directo de un delito de Asesinato, en perjuicio del señor Denis Armando Reaños Borjas las sanciones siguientes: i.- Pena Principal: Reclusión por 20 años; ii.- Penas Accesorias: Inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la reclusión; iii.- Consecuencias Penales: declaratoria de responsabilidad civil, obligación de hacer trabajo penitenciario, exoneración de costas y comiso. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas (Art. 193): i.- Pena principal de 20 a 25 años de prisión; ii.- Pena accesoria de Inhabilitación absoluta y suspensión de derechos ciudadanos; iii.- Demás consecuencias penales: declaratoria de responsabilidad civil, obligación de realzar trabajo penitenciario, costas del proceso y comiso. Conforme los hechos probados, como verdad incuestionable, se acreditó que el acusado Rómulo Velásquez Erazo, con ánimo de matar disparo en varias ocasiones contra el señor Denis Armando Reaños Borjas, logrando privarle de la vida. Los hechos probados determinan la existencia de un asesinato doloso consumado. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular la pena impuesta al señor Rómulo Velásquez Erazo en base al Código Penal 144-83 se encuentra dentro del margen abstracto de la pena que por el mismo delito prevé el Código Penal 130-2017, por lo que la aplicación retroactiva de este último no constituye un beneficio al reo; como consecuencia no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el único motivo del recurso de casación por infracción de ley, el único motivo del recurso de casación por infracción de precepto constitucional y el único motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma; todos interpuestos por el Abogado José Manuel Aguilar Rivas, apoderado defensor privado del acusado Rómulo Velásquez Erazo.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Rómulo Velásquez Erazo.- Como consecuencia de lo anterior las penas impuestas y los beneficios penitenciarios deberán de ser ejecutadas y otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho (f. 185), dictada por el tribunal de sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. . Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 300-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
CC
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[1] el artículo 8.2 literal h) de la convención americana sobre derechos humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.