Sentencia CP-294-17 — Registro 15428
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados como autores del delito de Plantación de Droga (Marihuana), en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Ante lo denunciado por el censor, esta Sala de lo Penal ha revisado de forma minuciosa los razonamientos que efectuó el A-quo sobre la prueba evacuada en el juicio y en efecto encuentra que hay una carencia de motivación fáctica mediante la cual el sentenciador debe explicar las razones lógicas por las cuales concede o no, valor probatorio a los elementos de prueba presentado por las partes. Como es de todos conocidos, el proceso acusatorio contiene una serie de principios que conforman el juicio oral, uno de ellos y de vital importancia es la motivación judicial que el sentenciador realiza acerca de los medios probatorios que tuvo a su conocimiento, dicha motivación contiene en primer lugar la fundamentación descriptiva, es decir la consignación de cada elemento probatorio útil involucrado mediante una referencia explícita a los aspectos mas sobresalientes de su contenido. Se trata por ejemplo, de dejar constancia de las ideas principales y pertinentes de lo que dijo el testigo, procurando no hacer una transcripción literal cargada de lenguaje coloquial o repetitivo, también se trata de dejar constancia de los datos mas relevantes de la prueba documental y pericial, especialmente de las conclusiones atinentes o relevantes del caso, de manera que el lector de la sentencia, ajeno al fallo y que no ha estado en el debate, pueda comprender a cabalidad de dónde se extrae la información que hace posible determinadas apreciaciones y conclusiones. Otra manera de decir esa misma idea, puede expresarse diciendo que deben eliminarse las remisiones al expediente donde se supone que constan los elementos de juicio, para incorporarlo efectivamente a la redacción del fallo. Esta manera de proceder hará de la sentencia un documento que se basta por sí solo. Como segundo elemento de la motivación judicial lo constituye, la fundamentación analítica o intelectiva, aquí el juzgador debe dedicarse a la valoración propiamente dicha de la prueba. No sólo se trata de apreciar cada elemento de juicio en su individualidad, sino de extrapolar esa apreciación en el conjunto de la masa probatoria. No basta, por ejemplo, expresar que el testimonio es incoherente, contradictorio o falaz; como tampoco basta decir, al contrario, que el declarante mostró coherencia, fue consistente o veraz. En ambos casos, si no se quiere navegar en un mar de frases huecas, hay que dejar constancia de los aspectos en que consistió la coherencia o incoherencia, la consistencia o inconsistencia, la veracidad o falsedad del deponente. Mucho mas delicadas, por complejas, resultan ser las apreciaciones psicológicas o subjetivas del juez con respecto a la persona que rinde testimonio. En este campo, con mucha mas razón, la autoridad juzgadora tiene que explicar por qué los gestos y actitudes del deponente le revelan sinceridad o falsedad, o bien por qué el llanto o el nerviosismo es síntoma de una u otra actitud. Por otra parte, tratándose de la prueba testimonial, hay que expresar tanto las razones que se tiene para creer alguno o algunos de los testimonios, como las razones que se tiene para rechazar o desechar otro y otros. Además, debe quedar claramente expresado los criterios de valoración que se han utilizado al definir cuál prueba se acoge y cuál se rechaza y en definitiva, con que elemento de juicio se queda el juzgador para tomar una u otra decisión. En el caso sometido a análisis, lamentablemente el Tribunal A-quo omitió, en ciertos medios probatorios, realizar la fundamentación descriptiva y en todos los elementos de prueba no realizó tampoco una verdadera fundamentación analítica; para el caso, en el numeral segundo refiere a la declaración testifical presentada por el ente acusador, quien de forma escueta estableció lo que manifestó el testigo, sin determinar si le concedía valor probatorio o no, o si le merecía credibilidad o no; luego en el siguiente apartado enlista los medios de prueba documentales que presentó la acusación, sin establecer la fundamentación descriptiva de esas pruebas, en la que se incluye una declaración testifical rendida como prueba anticipada del señor Santos Meza Fuentes; en este apartado el Juez A-quo lo que erróneamente realiza es señalar los folios donde pueden encontrarse dichas pruebas, lo cual es un yerro que no permite que la sentencia se entienda por sí sola, sino que depende de las referencias a los folios donde se encuentran las mismas; igual situación ocurre en el numeral cuarto y quinto de la “Valoración Probatoria” respecto de la prueba de la defensa. Así las cosas, la sentencia dictada contra los acusados Jorge Orlando Coleman Agurcia, Wilmer Javier Coleman Fuentes y Jorge Jonathan Fuentes es carente totalmente de una valoración probatoria por parte del juzgador, en la que explique por qué llegó a la conclusión de condena o por qué un medio de prueba le concede credibilidad o no; es decir no se dio a la tarea de realizar un verdadero juicio de valor de los medios probatorios, lo que vuelve la sentencia carente totalmente de las razones de hecho y derecho que consideró el sentenciador para fallar en la manera en que lo hizo. Por las razones antes expuestas es procedente declarar ha lugar el presente motivo de casación, ordenar se anule la sentencia y el juicio celebrado, y que se proceda a realizar un nuevo juicio con togados distintos a los que participaron. Esta Sala de Casación no procede a dar respuesta a los otros motivos de casación interpuestos por el recurrente, toda vez que ha prosperado el presente motivo con las consecuencias jurídicas correspondientes..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Certificación
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta y un días de marzo dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 294-2017 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, con sede en la ciudad de Juticalpa, mediante la cual fallo; Primero: Condenó a los señores Jorge Orlando Coleman Agurcia, Wilmer Javier Coleman Fuentes y Jorge Jonathan Fuentes, como autores del delito de Plantación de Droga (Marihuana), en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de nueve años de reclusión, más una multa de cinco mil lempiras. Segundo: Condenó a los señores Jorge Orlando Coleman Agurcia, Wilmer Javier Coleman Fuentes y Jorge Jonathan Fuentes, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: No procede declarar la responsabilidad civil proveniente de la responsabilidad penal de los señores Jorge Orlando Coleman Agurcia, Wilmer Javier Coleman Fuentes y Jorge Jonathan Fuentes. Quinto: Se declaró el comiso de la droga decomisada si ésta aun no hubiera sido destruida. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de forma, el Abogado José Aguinaldo Garcia Ponce, en su condición de defensor privado de los imputados. son partes en la única instancia: El Abogado José Aguinaldo García Ponce, en su condición de defensor privado de los señores Jorge Orlando Coleman Agurcia, Wilmer Javier Coleman Fuentes y Jorge Jonathan Fuentes, como parte recurrente y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: Que en fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil trece, fiscales acompañados de agentes policiales, se condujeron a la aldea San Jerónimo ubicada en el municipio de Guayape del departamento de Olancho, ya que el testigo SANTOS MEZA FUENTES manifestó que los imputados JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, WILMER JAVIER COLEMAN FUENTES Y JORGE JONATHAN FUENTES, tenían una plantación de marihuana en la propiedad de ellos en la aldea antes referida, por lo que al llegar a la vivienda de los referidos, el testigo fue el que los condujo a la misma, por lo que al llegar salieron huyendo dos individuos, al realizar la inspección en el lugar, se encontró en un toldo color azul un bulto de hierba verde (marihuana), la cual fue recolectada por las autoridades, por lo que se giró orden de captura en contra de los hoy imputados JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, WILMER JAVIER COLEMAN FUENTES Y JORGE JONATHAN FUENTES.” Recurso dDe Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional PRIMERO MOTIVO: “Infracción, de los artículos 69 y 89 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Los preceptos Constitucionales que se invocan corno infringidos prescriben lo siguiente: “Artículo 69: La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las Leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”. “Artículo 89: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. (Derecho o Garantía de Inocencia)”. Las normas que se citan como infringidas en relación al anterior prescriben: CPP Articulo 1: Juicio Previo. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. CPP Articulo 2: ESTADO DE INOCENCIA: Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el Órgano Jurisdiccional competente de conformidad a las normas de este Código. HECHOS PROBADOS DECLARADOS POR EL TRIBUNAL JUZGADOR: PRIMERO: Que en fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil trece, Fiscales acompañados de agentes policiales, se condujeron a la aldea San Jerónimo ubicada en el municipio de Guayape departamento de Olancho, ya que el Testigo Santos Meza Fuentes manifestó que los imputados JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, WILMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES, tenían una plantación de marihuana en la propiedad de ellos en la aldea antes referida, por lo que al llegar a la vivienda de los referidos, el testigo fue el que los condujo a la misma, por lo que al llegar salieron huyendo dos individuos, al realizar la Inspección en el lugar, se encontró en un toldo color azul un bulto de hierba verde (marihuana), la cual fue recolectada por las autoridades, por lo que se giró orden de captura en contra de los hoy imputados JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, WILMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES. PRUEBA DE IMPORTANCIA QUE SEGUN EL JUZGADOR LE SIRVIO DE BASE PROBATORIA PARA SU DECISION DE CONDENA: Esta defensa infiere que el Tribunal sentenciador para declarar los hechos probados antes citados y por ende la culpabilidad de los acusados, se valió de la siguiente prueba: Declaración rendida como prueba anticipada del señor SANTOS MEZA FUENTES (f 14), quien textualmente dijo: En el caso mío nos encontramos con cosas que a nosotros nos impiden en la comunidad, y hoy dimos con un puño de marihuana, donde la cultivaban ellos en la propiedad del señor ORLANDO COLEMAN, en la propiedad que esta ubicada en el sitio La Campana, Municipio de Guayape, Olancho, los hijos de él cultivan eso, ellos se llaman WILMER COLEMAN y MITO COLEMAN, que es todo lo que tiene que declarar.- Al ser preguntado el testigo por el acusador que quienes eran esas personas que sembraron, contesto que son WILMER COLEMAN y MITO COLEMAN y que las tierras son de ORLANDO COLEMAN. Testigo: ROBINSON FRANCISCO RAMOS AMADOR (F. 171 vuelto), Policía que participó en el operativo donde se decomisó la marihuana que motiva este proceso, quien entre lo más relevante expuso: Que el fue asignado en Campamento en octubre del 2013, que fueron solicitados para una misión la cual desconocía su trayectoria, que salieron en compañía de la Jefatura 15 de la Unión y los de Campamento a la misión a Guayape, que cuando llegaron a San Jerónimo ignoraba en lo que andaban, y que cuando van en la Patrulla como a más o menos unas 50 varas venían dos o tres tipos con unos sacos, que aceleraron la Patrulla y los tipos corrieron a la orilla de la calle que hay una quebradita y solo miraron que tiraron una cuestiones y se fueron del lugar, que llegaron con los compañeros y encontraron un bulto de marihuana, en saco o un manteado color azul.- El testigo al ser preguntado por el ente acusador aclaró que ellos iban como a 15 minutos después de la Aldea, que eran como dos o tres tipos que venían por la carretera, que venían largo, no los pudieron identificar, y que cuando ellos ven la Patrulla, corrieron a la orilla de la calle y que se fueron por la orilla de la quebrada, que ellos (Policías) se bajaron de las Patrullas y los iban siguiendo, pero luego encontraron el saco que se supone que era marihuana.- Al ser interrogado por la defensa el testigo respondió: Que la hora era como las nueve de la mañana, que el lugar donde encuentran las plantas (sacos) es un lugar solo y montarroso y que hay muchos cerros, que la droga la encontraron a la orilla de una quebrada, cerca de la carretera, y que no pudieron identificar a las personas que la llevaban, que la droga la trajeron para Juticalpa y que llegaron como a las tres de la tarde y que no investigaron donde o el lugar en que había sido cultivada. Testigo: OMAR ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ (F. 53 vuelto), Policía que acompañó la misión, quien declaró lo siguiente: Que día veinticinco de octubre del dos mil trece, como a las cinco de la mañana, salieron de la Aldea Limones a Misión bajo el mando del Comisario López Flores y el Sub Comisario Polanco, que andaban como 20 Policías en tres Patrullas, fueron a una misión a la Aldea El Rodeo Guayape, al llegar a la Aldea observaron dos personas que salieron corriendo, se bajaron y se dirigieron al lugar donde las personas salieron corriendo observamos un toldo de color azul, y encima del toldo había una hierba verde supuesta marihuana, se verificó todo lo que había allí y empezaron hacer el respectivo peritaje en el toldo azul y que esto fue en un monte.- Al ser preguntado por el Fiscal el testigo expuso: Que un señor de apellido Fuentes, les informo que en ese lugar sembraban droga, que la droga estaba en campo libre, que el señor Fuentes no pudo identificar las personas que salieron corriendo, que ellos solo decomisaron la droga pero no detuvieron a nadie ni fueron a otro lugar porque de inmediato se trasladaron a la ciudad de Juticalpa.- También dijo el testigo, desconocer quién es el dueño de la propiedad donde encontraron la droga. A la vez el ente acusador incorporo como prueba documental un dictamen toxicológico que rola a folio 57 de los autos y el acta de recolección de indicios que obra a folio 61. ARGUMENTOS POR EL CUAL LAS GARANTIAS DE LIBERTAD PERSONAL Y DE INOCENCIA SE CONSIDERAN VIOLADAS. Como consta en autos las garantías antes citadas han sido vulneradas a mis representados JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, WILMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES, puesto que en un principio se les giró orden de captura por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Juticalpa, Olancho, sin haber el mínimo indicio racional de participación en el hecho por parte de los acusados; pero lo más grave, es que en audiencia Inicial el Juez Instructor dicto Auto de Formal Procesamiento contra los acusados, imponiéndoles a la vez la medida Cautelar de Prisión Preventiva; y lo más grave todavía, es el hecho que el Tribunal de Sentencia del departamento antes mencionado, sin haberse acreditado ninguna participación de mis clientes en los hechos que dio como resultado el decomiso de dos sacos de marihuana, decidió condenarlos por el delito de PLANTACION DE MARIHUANA; de aquí que surge la pregunta ¿“De donde tuvo por probado el Tribunal Juzgador que los imputados hayan realizado alguna plantación de marihuana”?, si la prueba incorporada al debate, solo acredita que dos individuos desconocidos a inmediaciones de la Aldea San Jerónimo, portaban dos sacos con marihuana y que al ver la presencia policial, salieron corriendo, los cuales no pudieron ser capturados y nadie los reconoció; esto Señoría no es invento de esta defensa, lo dijeron los Policías que iban a realizar la misión de verificación, comprobación e inspección de la supuesta plantación de marihuana que el señor Santos Meza Fuentes, había denunciado que los señores JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, WILMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES, tenían en su propiedad a inmediaciones de la Aldea San Jerónimo del Municipio de Guayape, departamento de Olancho. Como se puede apreciar en autos, el testigo Santos Meza Fuentes, en su declaración que rindió como prueba anticipada, en la etapa preparatoria del proceso que obra a folio 14 de los autos, expuso que Wilmer y Mito Coleman sembraban marihuana en la propiedad de Orlando Coleman (padre) que la negocian y la consumen; con esa información Honorables Jueces la Fiscalía del Ministerio Publico de Juticalpa, el día 25 de octubre del 2013, formo una comitiva de alrededor de 20 Policías en tres Patrullas, y se dirigieron a la Aldea de San Jerónimo en el Municipio de Guayape departamento de Olancho, a verificar tal información y supuestamente a capturar a los responsables de la misma; pero según lo informado por los testigos (Policías) ROBINSON FRANCISCO RAMOS AMADOR y OMAR ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ, cuando transitaban como a quince minutos después de la Aldea Mencionada, por la carretera, venían dos o tres individuos con unos bultos, y al ver las Patrullas, tiraron dichos bultos y salieron en veloz carrera por una quebrada que está a la orilla de la calle; que ellos los persiguieron pero que no les pudieron dar alcance, tampoco pudieron reconocerlos porque estaba retirado de donde iban ellos, por lo que al encontrar lo que habían abandonado los individuos, determinaron que en un toldo color azul había una buena cantidad de supuesta marihuana, hicieron el decomiso, se levantó el acta respectiva y se regresaron a Juticalpa; también informaron los deponentes, que el lugar donde encontraron a los individuos y la droga, es un lugar solitario montoso y con cerros, que esta largo de la comunidad y que ellos de allí no más se represaron para Juticalpa, que no fueron a ninguna propiedad ni a ninguna casa a investigar el hallazgo realizado. De lo anterior se colige primeramente que lo narrado por el ente Fiscal en su requerimiento de fecha 18 de noviembre del 2013 es una total falacia o mejor dicho un total invento, ya que en el apartado de relación de los hechos del requerimiento que dice UNICO, narra el Fiscal acusador que al llegar a la propiedad de los sospechosos, el testigo condujo al personal antes mencionado a la vivienda de estos, y se observó que salieron huyendo dos individuos, siendo estos WILMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES, y al realizar la inspección en el lugar, se encontró en un toldo color azul un bulto de hierba verde supuesta marihuana.- La falacia o invento antes mencionado, fue trasladado por el ente acusador al Juez Instructor, quien dictó Auto de Formal procesamiento con prisión preventiva y luego turnado al Tribunal de Sentencia Departamental, órgano, que en una abierta violación al Principio-Derecho de Inocencia, tomo la decisión de condenar a mis patrocinados JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, WILMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES, sin obrar en el material probatorio ofertado por la acusación, prueba alguna que incrimine a mis clientes con la supuesta marihuana decomisada; estamos claros, se produjo un decomiso de marihuana, que de acuerdo al dictamen médico toxicológico, la cantidad incautada no es apta para consumo personal inmediato, pero para que a mis clientes se les vincule con dicha droga, no solo basta con que un informante haya dicho que mis representados sembraban marihuana; sino, era imprescindible que a los imputados se les encontrara en posesión de la droga en referencia o por lo menos que la marihuana hubiese sido encontrada en su propiedad, bien de la forma que se encontró o bien la plantación como lo dijo el informante; pero como ya lo expresamos, nada pero absolutamente nada de esto ocurrido, en virtud que la droga en referencia como fue dejada abandonada cerca de la calle, en un lugar solitario por unos individuos que no fueron recocidos ni por las autoridades, ni por el informante ni por ninguna otra persona, de allí que la decisión del Tribunal sentenciador de condenar a mis clientes por el delito de Plantación de Marihuana, no tiene ningún sustento probatorio, porque para que los imputados hubiesen sido condenados por tal delito fue indispensable que por lo menos se hubiese encontrado en su propiedad la plantación del alucinógeno antes relacionado o por lo menos, que el ente acusador hubiera probado que la marihuana encontrada estaba en poder de los acusados; pero repetimos nada de eso ocurrió y la decisión tomada por el Juzgador, no es más que un invento como invento fue el requerimiento presentado por los representantes de la sociedad. El artículo 89 de la Constitución de la República expresa: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. Por su parte el artículo 1 del Código Procesal Penal prescribe: Juicio Previo. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. Y el artículo 2 del mismo Código dice: ESTADO DE INOCENCIA: Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el Órgano Jurisdiccional competente de conformidad a las normas de este Código. Honorables Magistrados: Las normas antes transcritas nos dan un parámetro de las circunstancias que tienen que concurrir para que un Tribunal adopte una decisión de condena en un procedimiento penal, en la cual no solo es necesario que la condena la dicte un Tribunal competente, que se celebre un juicio previo o que se respeten las normas de procedimiento y los derechos del imputado, sino, que también es indispensable que se pruebe por parte de la acusación tanto la comisión del delito, como quien es el responsable de tal ilícito; como ustedes lo podrán verificar en este caso en particular está probado que se practicó un decomiso de droga (marihuana), a inmediaciones de la Aldea San Jerónimo, Municipio de Guayape, departamento de Olancho, pero en ningún momento el acusador ha acreditado quien o quienes son los responsables de la marihuana decomisada, esto, porque las personas que la portaban salieron corriendo al ver la Policía y no pudieron ser identificadas, y si bien es cierto un informante dijo que los indiciados tenían una plantación de marihuana, pero también es cierto que esa información por sí sola no basta para dictar un auto de procesamiento, ni mucho menos una sentencia condenatoria como la que adopto el Tribunal de Sentencia de Olancho, debido a que para que un Juzgador dicte una resolución de condena, es necesario que este suficientemente probado quien es el participe como autor del delito que se juzga, en este caso esta defensa considera absurdo y arbitrario que se haya dictado un fallo de condena contra mis representados por el solo hecho de que un informante dijo que tales personas sembraban marihuana, sin haberse comprobado si en realidad existía esa siembra y sin haber encontrado a los imputados en posesión de droga alguna y lo que es más grave, sin haberse investigado la veracidad de lo dicho por el delator. CONVENIOS INTERNACIONALES RELATIVOS A DERECHOS HUMANOS SUSCRITOS POR HONDURAS QUE REGULAN LAS GARANTÍAS VIOLADAS: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Articulo XXV: Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por las Leyes Preexistentes. Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un Recurso efectivo ante los Tribunales nacionales competentes, que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley; Artículo 9: nadie podrá ser arbitrariamente detenido preso ni desterrado. Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Artículo 7: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal; nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijada de antemano por la Constitución Política de los Estados partes o por las Leyes dictadas conforme a ellas.-Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios. Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un recurso expedito ante los Tribunales competentes que la amparen contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y las Leyes, aun cuando la violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Los anteriores son ejemplos de una serie de instrumentos Internacionales, de los que Honduras forma parte por haberlos ratificado, como ser La Convención Internacional de Derechos Humanos que exige que una persona no puede ser condenada, mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal, si obra prueba incompleta o insuficiente no es procedente condenarla sino absolverla; tales normas se encuentran taxativamente insertas en nuestra Constitución, entre ellas la Garantía de la inviolabilidad del Derecho de Inocencia y la Garantía del derecho la Libertad Personal; las cuales fueron transgredidas a los imputados en la presente causa como lo hemos expresado con anterioridad, debido repetimos, que el sentenciador dicto un fallo de condena sin contar con ningún elemento de prueba que le acreditara que JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA WILMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES, son responsables de cultivar marihuana, tal como lo plasma el sentenciador en su fallo dictado. También debemos citar la extensa Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, citado por el Doctor MIGUEL COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, Fiscal de ese Tribunal, en su texto LA ALEGACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL RECURSO DE CASACIÓN, mencionando entre otras sentencias las siguientes: No 1079/200, 623/1999, 6572/11999, 1450/1999, 1347/2000; donde dice: Se ha establecido, que cuando se alega en esta sede casacional, la violación del derecho de la Presunción de Inocencia, el control casacional queda limitado a dos aspectos: a) verificar el juicio sobre la prueba, es decir a constatar la existencia de prueba de cargo legalmente obtenida e incorporada a los autos. b) Verificación de la racionalidad de los juicios de inferencia alcanzados por la Sala lo que es de la mayor importancia en los casos de prueba indirecta o indiciaría en su caso, y todo ello en garantía de verificar que la conclusión alcanzada no es irrazonable o arbitraria desde las máximas de la experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. Para finalizar la exposición de este motivo, señalaremos lo que estableció El Tribunal Constitucional Español, en su Sentencia No 150/1989 de 25 de septiembre y dice: Que la sentencia condenatoria debe fundamentarse en auténticos actos de prueba y que dicha actividad probatoria sea efectivamente incriminatoria, para que de su resultado se derive la evidencia del hecho punible, y la evidencia de la participación del acusado. Situación que recalcamos en la presente sentencia que se recurre no se dio por las razones que ya se han señalado; como ustedes lo pueden verificar el Tribunal recurrido dictó un fallo de condena contra estas tres personas acusadas, sin tener en su haber ningún sustento de prueba, ello se puede verificar en la sentencia misma, en donde como ya lo expresamos el Juzgador describe la prueba que ha tenido por ejecutada y de esa prueba no aparece testigo o documento alguno que señale a los acusados como participes de los hechos por el cual se les ha condenado y es por ello que esta defensa mediante esta vía casacional, considera que a los imputados se les ha violado su derecho garantía de inocencia y de libertad personal y por ende creemos procedente el presente motivo.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “SEGUNDO MOTIVO: Por no haberse observado por el Juzgador en la valoración de la prueba, las Reglas de la Sana Critica, como lo establecen los artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 3 del artículo 362 del Código procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. El artículo 202 del Código Procesal Penal establece: Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El Órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Por su parte el artículo 336 primer párrafo del mismo Código prescribe: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica. El articulo 338 de la misma Ley Adjetiva, que regula la forma de estructurar el fallo, ordena al Juez Sentenciador: “Valoración de la prueba”. Seguidamente se expresan las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos que según el juzgador estima como tales, justificando según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio..” CONSIDERACIONES PREVIAS. Por la Sana Critica entendemos el conjunto de normas encaminadas a ser aplicadas por los Jueces, basadas en pautas de la Lógica, la Experiencia común y la Psicología, que en su conjunto, llevan al convencimiento del ser humano sobre una determinada circunstancia o acto de la vida cotidiana.- Las Reglas de la Sana Critica como método intelectivo que el Código Procesal Penal impone a los Jueces para llegar a la verdad material, están integradas por una parte por los principios fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e instrumento de certeza para buscar la verdad lógica, y por otra parte, por las reglas empíricas denominadas máximas de la experiencia.- Esa libertad dada por la Sana Critica, reconoce un limite que es el respeto a las normas que gobiernan el pensamiento humano, es decir, las Leyes de la Lógica, que son: a) Ley de Identidad, b) Ley de Contradicción, c) Ley de Tercero excluido y d) Ley de Razón Suficiente contenida en el principio lógico de la Derivación.- Así mismo, la Psicología y la Experiencia Común; por lo que es exigible para el juzgador, que las conclusiones a las que arribe, sea el fruto racional del conjunto de las pruebas que se hayan incorporado al proceso, sin afectar en cada razonamiento, el principio lógico de razón suficiente o de la derivación que exige que la prueba en que se funde la decisión, solo permita arribar a una única conclusión y no a otra distinta, método, que se divorcia de la arbitrariedad o libertinaje de convicción, lo que significa que el Juzgador en el momento de fallar y establecer su cuadro factico, debe aplicar el sistema mencionado para fundamentar adecuadamente la razón de su fallo y no en el convencimiento personal (arbitrariedad), sino que debe hacerlo en una forma razonada aplicando desde luego las normas que gobiernan la Sana Critica Racional; es decir, su convencimiento debe ser el fruto extraído del conjunto de pruebas aportadas y debatidas en juicio, analizadas objetiva y científicamente a la luz del derecho, sin dejar por fuera o sin dejar de considerar la totalidad de las pruebas allegadas al proceso, y lo que es peor inclinándose hacia un sector probatorio en menosprecio del otro, destruyendo la objetividad de llevar a la sentencia únicamente lo que le conviene al fallo, en menoscabo del principio de imparcialidad en que descansa la confianza de la Administración de Justicia. En tal sentido y como ya lo hemos citado, las reglas de la Sana Crítica o Sana Critica Racional, consisten en que el Juzgador esta obligado a respetar los principios del recto entendimiento humano, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común.- La Lógica es el razonamiento coherente o concordancia entre los elementos (pruebas) derivando la necesidad de una razón y justificación adecuada que se ajuste a la verdad que permite la inteligencia o habilidad humana para la resolución de problemas y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre Leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; La Coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente; De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido: El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión “A” solo es “A”, sin que pueda al mismo tiempo ser “B”; por su parte el principio de Contradicción: Supone que dos juicios opuestos no pueden ser validos a la vez, o es uno o es el otro”, por lo que se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En la valoración de la prueba sobre un hecho, una circunstancia o un objeto no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera.- El principio de Tercero Excluido: Implica que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; al contrario la otra necesariamente es verdadera.- b).- La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, el cual le exige al juzgador que sus razonamientos y conclusiones a las que arribe, sean el fruto de contrastar o enlazar los hechos, con las pruebas que en su conjunto se hayan aportado al debate, sin que de ello resulte duda o incertidumbre; por ello, el sistema procesal que implementa nuestro Código Procesal Penal, le permite al sentenciador cierta libertad en la estimación de las pruebas que determinen su convencimiento, pero es obligación para el decisor respetar las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. (Fallos de la Sala Penal Números 166-2010 y 280-2010) VIOLACION A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. En la aplicación de la Sana Critica a que se refiere el Código Procesal Penal (art. 202, 336, 338, 339 y otros), nos conduce a tres momentos del conocimiento: a) La Certeza; esta es concebida como la situación donde el Juzgador esta plenamente convencido de la verdad, sea de culpabilidad o de inocencia; b) La Duda; se concibe como la situación en la cual en el animo del Juez, concurren elementos de convicción positivos y negativos para determinar su decisión y c) La Probabilidad; es conocida como aquella situación donde el Juez tiene en su haber mas elementos de convicción en contra que a favor del imputado, pero que debido a ese porcentaje de improbabilidad que concurre en su convencimiento, siempre se vería obligado a aplicar el articulo 339 del Código Procesal Penal en virtud que solamente el estado de certeza puede enervar el estado de inocencia y producir la sentencia condenatoria. La sentencia que por este acto se cuestiona por esta vía, contiene vicios graves que atenta contra las reglas de la sana critica a observarse en la valoración de la prueba y que se convierte en consecuencia en la violación de los artículos antes mencionados como se explica a continuación. VICIOS CONTENIDOS EN LA SENTENCIA CENSURADA: En consonancia con lo antes expuesto, procederemos a explicar de forma razonada cuales son esas Reglas de la Sana Critica que han sido transgredidas en la sentencia que se recurre las cuales son las siguientes: Como los Honorables miembros de la Sala Penal lo verificaran, en los autos obran tres declaraciones testificales de cargo, las cuales sirvieron de base probatoria para que el Tribunal recurrido dictara una sentencia condenatoria contra mis representados JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, WILMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES, sin explicar por supuesto por parte del decisor que aspectos o circunstancias lo llevaron a formar su convicción de culpabilidad, tales testimonios son los siguientes: SANTOS MEZA FUENTES (f 14), quien textualmente dijo: En el caso mío nos encontramos con cosas que a nosotros nos impiden en la comunidad, y hoy dimos con un puño de marihuana, donde la cultivaban ellos en la propiedad del señor ORLANDO COLEMAN, en la propiedad que está ubicada en el sitio La Campana, Municipio de Guayape, Olancho, los hijos de él cultivan eso, ellos se llaman WILMER COLEMAN y MITO COLEMAN, que es todo lo que tiene que declarar.- Al ser preguntado el testigo por el acusador que quienes eran esas personas que sembraron, contesto que son WILMER COLEMAN y MITO COLEMAN y que las tierras son de ORLANDO COLEMAN. Testigo: ROBINSON FRANCISCO RAMOS AMADOR (F. 171 vuelto), Policía que participo en el operativo donde se decomisó la marihuana que motiva este proceso, quien entre lo más relevante expuso: Que el fue asignado en Campamento en octubre del 2013, que fueron solicitados para una misión la cual desconocía su trayectoria, que salieron en compañía de la Jefatura 15 de la Unión y los de Campamento a la misión a Guayape, que cuando llegaron a San Jerónimo ignoraba en lo que andaban, y que cuando van en la Patrulla como a más o menos unas 50 varas venían dos o tres tipos con unos sacos, que aceleraron la Patrulla y los tipos corrieron a la orilla de la calle que hay una quebradita y solo miraron que tiraron unas cuestiones y se fueron del lugar, que llegaron con los compañeros y encontraron un bulto de marihuana, en saco o un manteado color azul.- El testigo al ser preguntado por el ente acusador aclaró que ellos iban como a 15 minutos después de la Aldea, que eran como dos o tres tipos que venían por la carretera, que venían largo, no los pudieron identificar, y que cuando ellos ven la Patrulla, corrieron a la orilla de la calle y que se fueron por la orilla de la quebrada, que ellos (Policías) se bajaron de las Patrullas y los iban siguiendo, pero luego encontraron el saco que se supone que era marihuana.- Al ser interrogado por la defensa el testigo respondió: Que la hora era como las nueve de la mañana, que el lugar donde encuentran las plantas (sacos) es un lugar solo y montarroso y que hay muchos cerros, que la droga la encontraron a la orilla de una quebrada, cerca de la carretera, y que no pudieron identificar a las personas que la llevaban, que la droga la trajeron para Juticalpa y que llegaron como a las tres de la tarde y que no investigaron donde o el lugar en que había sido cultivada. Testigo: OMAR ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ (F. 53 vuelto), Policía que acompañó la misión, quien declaró lo siguiente: Que día veinticinco de octubre del dos mil trece, como a las cinco de la mañana, salieron de la Aldea Limones a Misión bajo el mando del Comisario López Flores y el Sub Comisario Polanco, que andaban como 20 Policías en tres Patrullas, fueron a una misión a la Aldea El Rodeo Guayape, al llegar a la Aldea observaron dos personas que salieron corriendo, nos bajamos y nos dirigimos al lugar donde las personas salieron corriendo observamos un toldo de color azul, y encima del toldo había una hierba verde supuesta marihuana, se verificó todo lo que había allí y empezaron hacer el respectivo peritaje en el toldo azul y que esto fue en un monte.- Al ser preguntado por el Fiscal el testigo expuso: Que un señor de apellido Fuentes, les informo que en ese lugar sembraban droga, que la droga estaba en campo libre, que el señor Fuentes no pudo identificar las personas que salieron corriendo, que ellos solo decomisaron la droga pero no detuvieron a nadie ni fueron a otro lugar porque de inmediato se trasladaron a la ciudad de Juticalpa.- También dijo el testigo, desconocer quién es el dueño de la propiedad donde encontraron la droga. Ahora bien el Tribunal Juzgador con esas tres declaraciones testificales, tuvo por probado lo siguiente: Que en fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil trece, Fiscales acompañados de agentes policiales, se condujeron a la aldea San Jerónimo ubicada en el municipio de Guayape departamento de Olancho, ya que el Testigo Santos Meza Fuentes manifestó que los imputados JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, WILMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES, tenían una plantación de marihuana en la propiedad de ellos en la aldea antes referida, por lo que al llegar a la vivienda de los referidos, el testigo fue el que los condujo a la misma, por lo que al llegar salieron huyendo dos individuos, al realizar la Inspección en el lugar, se encontró en un toldo color azul un bulto de hierba verde (marihuana), la cual fue recolectada por las autoridades, por lo que se giró orden de captura en contra de los hoy imputados JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, WILMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES. Como vemos, el sentenciador con ese cuadro factico, transgrede las Reglas de la Sana Critica, en especial las Leyes de Identidad y de Razón Suficiente contenida en el principio de la Derivación; puesto que como vosotros lo podrán apreciar de los testimonios antes relacionados no se desprende elemento alguno que se tenga por acreditado que los señores JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, WILMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES, se dediquen a sembrar marihuana, y si bien es cierto el testigo Santos Meza Fuentes informo a la autoridad que los mencionados señores tenían en su propiedad marihuana sembrada, pero a la vez es cierto que ese extremo no fue confirmado por las autoridades investigativas y por lo tanto el dicho del señor Meza Fuentes, solo quedó en una simple denuncia que no fue ni confirmada ni investigada por nadie, pero el sentenciador yendo más allá de las facultades que la Ley le otorga, primero ha plasmado en su cuadro factico que las autoridades llegaron a la vivienda de los denunciados y que de allí salieron corriendo dos individuos y que al hacer la inspección en el lugar encontraron en un toldo color azul un bulto de marihuana; pero, lo más grave de esto, es que el Juzgador no le bastó inventarse los hechos que declaró como probados, sino que, en su resolución condena por otro delito diferente del que se desprende del hecho probado como es el delito de Plantación de Droga (marihuana). Tal como consta en las declaraciones de los Policías que realizaban la misión de mérito, ellos iban como a 15 minutos de la aldea cuando observaron que por la carretera venían dos o tres individuos con unos sacos, que éstos al ver las Patrullas policiales salieron corriendo por una quebrada y que dejaron abandonados los bultos que portaban, y que al verificar de que se trataba tales bultos, comprobaron que era hierba verde que resultó ser marihuana; situación que está muy lejos de constituir los hechos que declara el Tribunal como probados y mucho más lejos de haberse acreditado la información que proporcionó el testigo Santos Meza Fuentes. En este tipo de acciones Señoría no solo basta que una persona diga que fulano siembra marihuana o que trafica con droga, sino que es necesario o indispensable que esa versión dada por el delator se confirme con otras pruebas, entre ellas “encontrar la plantación denunciada”, “encontrar en poder del sospechoso la evidencia” o bien que se pruebe sin lugar a duda que la persona imputada es responsable de los hechos por el cual se le acusa, situación que como ya lo expresamos nada de eso ocurrió; sin embargo el Tribunal sentenciador violando las nomas de la Lógica, los principios de recto entendimiento humano, ha dictado un fallo condenatorio fuera de los parámetros legales, siendo el mismo arbitrario e incongruente con el material probatorio incorporado e incluso con la petición ultima del acusador como lo citaremos en otro motivo. De lo anterior se desprende, que el Sentenciador violó tanto la Ley de Identidad y de Razón Suficiente contenido en el Principio de la Derivación, el primero le exige al decisor que para que pueda dictar una resolución de condena, el acusado debe estar plenamente identificado tanto en su persona como participe de los hechos por el cual se le juzga, lo cual no aconteció en esta causa y el segundo, le exige que la sentencia que dicte debe derivarse del cuadro factico que se estime como tal y a la vez, este último debe estar sustentado en auténticos medios de prueba y que en la valoración de las pruebas se sustente en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos de prueba auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga; en este caso, se desprende o infiere que el sentenciador en un cien por ciento no ha sido capaz de valorar la prueba que fue incorporada al debate, tal como lo señalaremos en otro motivo, todo ello de conformidad a lo que prescriben los artículos 202 del Código Procesal Penal que literalmente dice: Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El Órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Y 336 primer párrafo del mismo Código que prescribe: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica.- Pues como se ha mencionado anteriormente, el Órgano Jurisdiccional de Instancia no fue capaz ni siquiera de explicar o mencionar que prueba o pruebas fueron las que crearon su convencimiento o convicción para arribar a una decisión de condena en contra de los señores JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, WILMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES, pues lo anterior es una exigencia que las normas antes citadas le imponen al sentenciador para que razone adecuadamente su resolución; y por lo tanto al carecer el fallo que se cuestiona de motivación alguna, el mismo se ha convertido en arbitrario y por ende nulo de pleno derecho.” “TERCER MOTIVO: Por carecer la Sentencia Recurrida de Motivaciones Fácticas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DE MOTIVO. De conformidad a lo que prescribe el artículo 141 párrafos segundo y tercero del Código Procesal Penal, las sentencias, tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; y que la motivación expresará los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la resolución; y en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; todo ello en relación con lo prescrito en los numerales 2 y 3 regla cuarta del artículo 338 del mismo Código Procesal Penal. En el artículo 338 del Código Procesal Penal, se establecen los requisitos de la sentencia; entre ellos lo que consigna la regla cuarta numerales 2 y 3, que establecen: 2) Valoración de la Prueba: Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos. Justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. 3) Fundamentación jurídica: En párrafos también separados y numerados se consignaran, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubieren tenido para cada uno de los procesados, de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal…. En relación a la obligatoriedad que tienen los Jueces de motivar adecuadamente sus fallos y de valorar como corresponde la prueba, es imprescindible para el juzgador, que las conclusiones a las que arribe, sea el fruto racional del conjunto de las pruebas que se hayan incorporado al proceso, sin afectar en cada razonamiento, el principio lógico de razón suficiente o de la derivación, el cual le exige al sentenciador que la prueba en que funde la decisión, solo permita llegar a una única conclusión y no a otra distinta, lo anterior significa que el Juzgador en el momento de fallar y establecer su cuadro factico, debe hacerlo de tal forma que su decisión sea concordante su cuadro factico con la prueba ejecutada, para sustentar adecuadamente el fundamento de su fallo o sentencia y no en su convencimiento personal, debiendo hacerlo en una forma razonada o motivada aplicando por supuesto las normas que rectoran la Sana Critica Racional; es decir, su convencimiento debe ser el fruto extraído del conjunto de pruebas aportadas y debatidas en juicio, analizadas en forma armónica, objetiva y científicamente de conformidad a derecho, sin dejar por fuera o sin dejar de considerar la totalidad de las pruebas allegadas al proceso, dándole el valor que le corresponde a cada medio o elemento, explicando porque un medio de prueba le merece fe y porque a otro le resta credibilidad; estándole prohibido hacer razonamientos a su arbitrio sin apoyarse o sustentarse en la prueba que justifique su decisión; en la presente causa el sentenciador ha incurrido en el grave vicio de obviar realizar valoración alguna sobre los medios de prueba que fueron incorporados al debate, y para declarar culpables del delito de Plantación de Marihuana a mis representados JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, WILMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES, solo le bastó decir que a su criterio los acusados son responsables del delito antes mencionado sin valor sin como ya lo dijimos prueba alguna y sin explicar las razones de su fallo como lo indicaremos a continuación. El Tribunal de Sentencia ahora recurrido, al dictar la sentencia condenatoria contra los imputados JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, WILMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES, omitió en forma absoluta fundamentar o realizar la motivación fáctica a que legalmente todo sentenciador está obligado hacer al momento de dictar un fallo como el que nos ocupa, como consta en la sentencia que por este acto se censura el Juzgador del numeral Primero al Cuarto, del apartado de Valoración de Prueba, describe a grandes rasgos la prueba que fue incorporada al debate, tanto por la Fiscalía como por la defensa; y, en el numeral Quinto el Tribunal sentenciador finaliza su dizque valoración exponiendo: QUINTO: En conclusión, a juicio de este Tribunal, los acusados JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, WILMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES, participaron a título de autores del delito de PLANTACION DE DROGA (MARIHUANA) en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS por el cual fueron sometidos a juicio oral. La pregunta que esta defensa se hace al ver tal valoración es ¿En qué parte de la sentencia que se cuestiona están las razones o explicaciones por el cual el sentenciador tomo la decisión de condena? La respuesta que encontramos a tal interrogante no es otra que el Juzgador ha actuado con tremenda arbitrariedad transgrediendo con el fallo, las normas contenidas en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal, pues como se encuentra a la vista, el Órgano Jurisdiccional que dictó la presente resolución, ni siquiera se tomó la molestia de decir porque los imputados son responsables del hecho por el cual han sido acusados, ni mucho menos razonar o dar los motivos validos que justifiquen el cuadro factico que ha declarado como tal, y lo más importante, no brinda o exterioriza el valor probatorio que le haya dado a cada medio de prueba que tuvo a su disposición para declarar los hechos probados que plasma en la sentencia recurrida; al no contener la sentencia ninguna motivación o valoración de prueba, la defensa incluso se ha visto imposibilitada de invocar adecuadamente el Motivo de Casación en la Forma, por Infracción a las Reglas de la Sana Critica, en vista que para argumentar este Motivo, es necesario que el Juzgador haya realizado alguna motivación en el fallo aunque sea defectuosa, sin embargo dicho motivo lo hemos desarrollado únicamente para indicarle a la Honorable Sala, los yerros cometidos por el Tribunal de Instancia. Al observarse la forma en que está sustentada la sentencia recurrida, claramente se aprecia que a los Jueces que integran el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, se les ha olvidado “que la sentencia es la forma de comunicación entre el Juez y la sociedad”, en donde el primero debe rendir cuentas al segundo, como consecuencia de la autoridad que el Estado a delegado en él, para que administre justicia; de una forma pronta, expedita, efectiva y transparente y esos conceptos o atributos, solo los puede exteriorizar el Juzgador motivando o explicando suficientemente el fallo que resuelva una determinada causa sometida a su conocimiento. En tal sentido pues, consideramos que el vicio de Casación en la forma que hemos citado, debe ser subsanado mediante el presente recurso, por carecer en forma absoluta la sentencia de motivación y valoración de la prueba aportada al debate, situación que trae como consecuencia la anulación del juicio celebrado, para que mediante la celebración de otro nuevo se subsanen los yerros cometidos en la forma, por lo que pedimos a la Honorable Sala Penal se proceda como en derecho corresponde.” “CUARTO MOTIVO: Incongruencia entre la Sentencia y las pretensiones de las partes, especialmente las de la acusación, según el artículo 337 del CPP. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 6 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO El artículo 337 del Código Procesal Penal, prescribe, que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos, u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. El sistema procesal penal de nuestro País, es el sistema acusatorio que consiste en que el Estado ha establecido un órgano de acusación o encargado de ejercer la acción penal publica y los órganos jurisdiccionales su función única y exclusiva es la de juzgar y ejecutar lo juzgado y solo en algunos casos de excepción como en el caso de la disconformidad que autoriza al Juez de instrucción rechazar ciertas peticiones del Fiscal, observando desde luego el procedimiento legal establecido, es entonces y solo entonces cuando el Juez no estaría vinculado con la petición del ente acusador. En el caso específico que nos ocupa, el Fiscal personado en la causa si bien es cierto instruyo todas las actuaciones del proceso vinculando a las personas imputadas como responsable del delito de Tráfico de Drogas, pero una vez evacuado todo el material probatorio, específicamente al momento de expresar sus conclusiones, pidió que los imputados se le dictara una sentencia condenatoria, pero por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS para el Trafico de Drogar, pidiendo una pena de Seis (6) a Nueve (9) Años de Reclusión y una Multa de Cincuenta Mil (50,000.00) a Cien Mil (100,000.00) Lempiras, por considerar que con lo actuado en el debate, no se había sustentado suficientemente el delito de Tráfico de Drogas como en un inicio había solicitado; si bien es cierto la Fiscal al momento de formalizar su acusación lo hizo por el delito de Tráfico, pero ya en sus conclusiones una vez evacuada la prueba como ya se expuso, considero que mis clientes su acción la realizaron a título de facilitación y no Trafico; pero el Tribunal decisor consideró la petición Fiscal como no vinculante y por ende decidió condenar a los señores JORGE ORLANDO COLEMAN AGURCIA, W1LMER JAVIER COLEMAN FUIENTES y JORGE JONATHAN FUENTES, por el delito de Plantación de Droga (MARIHUANA), imponiéndoles una pena concreta de Nueve Años de Reclusión y Multa de Cinco Mil lempiras (Lps 5,000.00) Cierto es, la primera parte del articulo 337 ya señalado, determina que no se podrá dar por acreditados otros hechos en la sentencia, que no sean los descritos en la formalización de acusación, en la contestación de esta, en el auto de apertura a juicio y en la ampliación de la acusación en su caso y en la contestación de esa ampliación si se produjera; pero en la última parte de la norma citada, señala que el juzgador tampoco puede calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. Las conclusiones de un juicio Honorable Tribunal de Alzada, son parte integrante e importantísima de tales actuaciones; y es allí precisamente donde las partes especialmente el Fiscal, en la cual tiene la oportunidad de hacer la calificación final del hecho cometido, es en ese momento de las conclusiones donde incluso la Fiscalía puede pedir sentencia absolutoria, pedir otra sanción o calificar en forma distinta de la que haya realizado en la formalización de acusación, siempre y cuando no vaya en perjuicio del encausado, porque de lo contrario estaría violentando el derecho de defensa, en vista que si ese fuera el caso el imputado no tendría la oportunidad de defenderse como efecto de la nueva calificación del hecho; pero el Tribunal recurrido, no lo aprecio así, yendo más allá de las pretensiones del fiscal, violando abiertamente el principio-sistema acusatorio en la cual se fundamenta nuestra Ley Procesal, y como consecuencia calificando el hecho cometido en perjuicio de los acusados, en la cual se refleja un fallo de condena totalmente incongruente con la pretensión Fiscal y por ende contraria a la normativa procesal, por lo que esta defensa invoca el presente motivo para que sea analizado y resulto como en derecho corresponda al igual que los anteriores ya desarrollados. El Impetrante considera que no es necesario se señale la audiencia que prescribe la Ley, pues creemos que los motivos de Casación en la Forma que se invocan, se encuentran lo suficientemente razonados, por lo que pedimos al Alto Tribunal se omita dicho acto.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. En vista de la relevancia jurídica del vicio invocado y el estricto apego a la Tutela Judicial Efectiva, esta Sala de lo Penal procede a resolver el motivo denominado por el recurrente “Tercer Motivo”, aunque corresponde al segundo motivo de casación por quebrantamiento, interpuesto por la defensa privada de los acusados. Tercer Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 141 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: carecer la sentencia de motivaciones fácticas Reclamación ex-ante: sin determinar por el pretensor. Pretensión: que se anule el juicio celebrado y se realice. Explicó el recurrente que el Tribunal Sentenciador, al dictar el fallo condenatorio contra los imputados, omitió en forma absoluta fundamentar o realizar la motivación fáctica a que legalmente todo sentenciador esta obligado hacer al momento de dictar un fallo, como consta en la sentencia que ahora se censura, pues el juzgador del numeral primero al cuarto de la valoración probatoria, describe a grandes rasgos la prueba que fue incorporada al debate, tanto por la fiscalía como de la defensa y el numeral quinto concluye en que los ahora acusados son autores del delito de plantación de marihuana, sin dar explicaciones o razones de cómo llega a ese fallo de condena. De la motivación de las Sentencias[1] La necesidad de motivar las resoluciones jurisdiccionales está estrechamente ligada a una concepción sociológica que ve en el juicio un proceso comunicativo, un marco de comprensión escénica en la producción del caso (Hassemer); y al denominado “principio de control en el proceso penal” (Bettiol, Mantovani, Taruffo9 y refleja todo un modo de concebir las relaciones entre el Juez y la sociedad. El artículo 303 de la Constitución establece: “…la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se administra…en el nombre del Estado…” Partiendo de un texto muy similar, el artículo 101 de la Constitución italiana, Illuminati escribe: “… Administrar la justicia en nombre del pueblo…significa…permitir el control de la colectividad sobre los mecanismos judiciales y sobre los procedimientos cognoscitivos utilizados…” Por eso el juez se ve compelido a “… justificar su propia decisión frente a la colectividad por medio de la motivación, dando cuenta también de la manera en que, partiendo de la presunción de inocencia, ha quedado corroborada la hipótesis de culpabilidad…" La explicación de las razones que llevaron al órgano jurisdiccional a tomar su decisión permitirá su crítica en caso de recurso. Sólo conociendo esas razones podrá, la parte que se crea agraviada, argumentar su impugnación. En esta medida, la omisión o insuficiencia formal de la motivación compromete la eficacia del derecho de defensa, consagrado por el artículo 82 de la Constitución de la República. Para Rodríguez Ramos. “… en el área jurídica de la sentencia…tiene su lugar mas propio la motivación…” Y, efectivamente, la pragmática fernandina, antes aludida, imponía el deber judicial de explicar la norma en que fundaba su decisión. Sin embargo, la motivación del fallo ha de extenderse igualmente a la reconstrucción del hecho enjuiciado, a partir del material probatorio disponible. Sin embargo, y sin duda, como consecuencia de un determinado entendimiento de la “íntima convicción” como pauta de valoración de la prueba -solo en época relativamente reciente se ha empezado a prestar atención a esta dimensión de la motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal establece, genéricamente, la exigencia de motivación clara y precisa de los autos y de las sentencias -tanto interlocutorias como definitivas-expresivas de los hechos y de los fundamentos de derecho en que se base la resolución, así como, en su caso, de las pruebas tenidas en cuenta, así como de las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. Y el párrafo tercero del precepto invocado se cuida de advertir que la motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 del Código Procesal Penal, aplicable a su vez, en lo sustancial a las sentencias dictadas en juicio por faltas, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 430 procesal. De la Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica. Implica la omisión total, bien de la motivación fáctica, bien de la jurídica. Sobre la primera, conviene señalar que este vicio no se refiere a los hechos probados, puesto que al analizar el motivo del numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal, éste hace alusión precisa al hecho histórico, por lo que, al hablar de motivación fáctica, bajo el motivo en estudio, nos referimos a la valoración probatoria. Por ello, con “carencia de motivación”, se alude a la omisión total de la valoración de prueba o de las razones de derecho para condenar o absolver. La esencia de este vicio lo constituye el extremo que, con la falta de motivación sobre el hecho o sobre el derecho que se aplica, se produce la más absoluta indefensión, al desconocerse las razones fácticas y jurídicas que generan el fallo, lo que limita inclusive la faculta de recurrir. A su vez, esta irregularidad procesal priva al tribunal de casación de efectuar un efectivo control sobre la sentencia por no conocer las premisas fundamentales que justifican el fallo y por esa misma razón se priva el control ciudadano. Es decir, que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad[2]. De la procedencia del Recurso. El motivo es de recibo. Ante lo denunciado por el censor, esta Sala de lo Penal ha revisado de forma minuciosa los razonamientos que efectuó el A-quo sobre la prueba evacuada en el juicio y en efecto encuentra que hay una carencia de motivación fáctica mediante la cual el sentenciador debe explicar las razones lógicas por las cuales concede o no, valor probatorio a los elementos de prueba presentado por las partes. Como es de todos conocidos, el proceso acusatorio contiene una serie de principios que conforman el juicio oral, uno de ellos y de vital importancia es la motivación judicial que el sentenciador realiza acerca de los medios probatorios que tuvo a su conocimiento, dicha motivación contiene en primer lugar la fundamentación descriptiva, es decir la consignación de cada elemento probatorio útil involucrado mediante una referencia explícita a los aspectos mas sobresalientes de su contenido. Se trata por ejemplo, de dejar constancia de las ideas principales y pertinentes de lo que dijo el testigo, procurando no hacer una transcripción literal cargada de lenguaje coloquial o repetitivo, también se trata de dejar constancia de los datos mas relevantes de la prueba documental y pericial, especialmente de las conclusiones atinentes o relevantes del caso, de manera que el lector de la sentencia, ajeno al fallo y que no ha estado en el debate, pueda comprender a cabalidad de dónde se extrae la información que hace posible determinadas apreciaciones y conclusiones. Otra manera de decir esa misma idea, puede expresarse diciendo que deben eliminarse las remisiones al expediente donde se supone que constan los elementos de juicio, para incorporarlo efectivamente a la redacción del fallo. Esta manera de proceder hará de la sentencia un documento que se basta por sí solo. Como segundo elemento de la motivación judicial lo constituye, la fundamentación analítica o intelectiva, aquí el juzgador debe dedicarse a la valoración propiamente dicha de la prueba. No sólo se trata de apreciar cada elemento de juicio en su individualidad, sino de extrapolar esa apreciación en el conjunto de la masa probatoria. No basta, por ejemplo, expresar que el testimonio es incoherente, contradictorio o falaz; como tampoco basta decir, al contrario, que el declarante mostró coherencia, fue consistente o veraz. En ambos casos, si no se quiere navegar en un mar de frases huecas, hay que dejar constancia de los aspectos en que consistió la coherencia o incoherencia, la consistencia o inconsistencia, la veracidad o falsedad del deponente. Mucho mas delicadas, por complejas, resultan ser las apreciaciones psicológicas o subjetivas del juez con respecto a la persona que rinde testimonio. En este campo, con mucha mas razón, la autoridad juzgadora tiene que explicar por qué los gestos y actitudes del deponente le revelan sinceridad o falsedad, o bien por qué el llanto o el nerviosismo es síntoma de una u otra actitud. Por otra parte, tratándose de la prueba testimonial, hay que expresar tanto las razones que se tiene para creer alguno o algunos de los testimonios, como las razones que se tiene para rechazar o desechar otro y otros. Además, debe quedar claramente expresado los criterios de valoración que se han utilizado al definir cuál prueba se acoge y cuál se rechaza y en definitiva, con que elemento de juicio se queda el juzgador para tomar una u otra decisión. En el caso sometido a análisis, lamentablemente el Tribunal A-quo omitió, en ciertos medios probatorios, realizar la fundamentación descriptiva y en todos los elementos de prueba no realizó tampoco una verdadera fundamentación analítica; para el caso, en el numeral segundo refiere a la declaración testifical presentada por el ente acusador, quien de forma escueta estableció lo que manifestó el testigo, sin determinar si le concedía valor probatorio o no, o si le merecía credibilidad o no; luego en el siguiente apartado enlista los medios de prueba documentales que presentó la acusación, sin establecer la fundamentación descriptiva de esas pruebas, en la que se incluye una declaración testifical rendida como prueba anticipada del señor Santos Meza Fuentes; en este apartado el Juez A-quo lo que erróneamente realiza es señalar los folios donde pueden encontrarse dichas pruebas, lo cual es un yerro que no permite que la sentencia se entienda por sí sola, sino que depende de las referencias a los folios donde se encuentran las mismas; igual situación ocurre en el numeral cuarto y quinto de la “Valoración Probatoria” respecto de la prueba de la defensa. Así las cosas, la sentencia dictada contra los acusados Jorge Orlando Coleman Agurcia, Wilmer Javier Coleman Fuentes y Jorge Jonathan Fuentes es carente totalmente de una valoración probatoria por parte del juzgador, en la que explique por qué llegó a la conclusión de condena o por qué un medio de prueba le concede credibilidad o no; es decir no se dio a la tarea de realizar un verdadero juicio de valor de los medios probatorios, lo que vuelve la sentencia carente totalmente de las razones de hecho y derecho que consideró el sentenciador para fallar en la manera en que lo hizo. Por las razones antes expuestas es procedente declarar ha lugar el presente motivo de casación, ordenar se anule la sentencia y el juicio celebrado, y que se proceda a realizar un nuevo juicio con togados distintos a los que participaron. Esta Sala de Casación no procede a dar respuesta a los otros motivos de casación interpuestos por el recurrente, toda vez que ha prosperado el presente motivo con las consecuencias jurídicas correspondientes. Decisión. Se declara ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento en su segundo motivo, interpuesto por la defensa privada de los acusados Jorge Orlando Coleman Agurcia, Wilmer Javier Coleman Fuentes y Jorge Jonathan Fuentes. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su segundo motivo interpuesto por el Abogado José Aguinaldo García Ponce, en su condición de defensor privado de los señores Jorge Orlando Coleman Agurcia, Wilmer Javier Coleman Fuentes y Jorge Jonathan Fuentes, a quien se les condenó por el delito de Plantación de Droga (Marihuana) en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. Segundo: Casa la sentencia recurrida. Tercero: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Y manda: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. - Firmas y Sello. - Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. - Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. -Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo del año dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 294-2017.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Sala de lo Penal
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[1] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manuel Teórico Práctico. Agencia Española de Cooperación Internacional. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2004. Páginas 79-80
[2] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manuel Teórico Práctico. Agencia Española de Cooperación Internacional. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2004. Página 598.