Sentencia CP-287-18 — Registro 14095
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el MP, contra la sentencia de primera instancia que absuelve al acusado por el delito de Posesión Ilegal de Armas de Fuego Comercial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso es de recibo Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. Establece la recurrente que el Tribunal Sentenciador vulneró las reglas de la sana crítica, especialmente el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, ya que las consideraciones a la que llegó el juzgador, no fueron el resultado de una valoración de la prueba realizada ha resultado suficiente para demostrar que los acusados Jorge Luis Sierra Broonfield y Jorge Francisco Rodríguez Rivera, al momento de practicarse allanamiento al local donde se encontraban los mismos fueron descubiertas tres armas de fuego, de las cuales una de ellas presentaba reporte de robo y las otras dos no contaban con los permisos correspondientes para portarlas, sin embargo al valorar la prueba, el sentenciador consideró en relación al delito de posesión ilegal de arma de fuego comercial, que no era posible deducir responsabilidad a los acusados, al haberse evidenciado, que a la fecha de comisión del ilícito entraron en vigencia los decretos 184-2013; 63-2014 y 60-2015, en la que deroga tacita temporalmente el artículo 332-B del Código Penal. En este sentido es menester mencionar la posición de la sala de lo Penal en cuanto a los Decretos Legislativos en cuanto a la veda en la posesión de armas de fuego. La Sala de lo Penal, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad pública sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico el Decreto Legislativo. 063-2014 060-2015 constituye resolución legislativa de prórroga del Decreto Legislativo 184- 2013, con cuya vigencia se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de La Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. En ese sentido al concederse plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de armas de fuego, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese poseerlas poniendo en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. Esta Sala considera que las razones vertidas en la sentencia recurrida, por el Juzgador de instancia para restar valor probatorio y credibilidad a los medios de prueba de cargo, ya que considera que dicha ley transitoria deroga tácitamente la ley general, el Juzgador ha incurrido en vicio de forma, por violación a las reglas de la sana critica, invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."de la procedencia de la aplicación retroactiva del cp decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los Señores Jorge Luis Broonfield y Jorge Francisco Rodríguez Rivera, una pena principal de reclusión de cinco (5) años de reclusión, por el delito de uso indebido de uniforme policial (Art.294-A del Código Penal 144-83) en perjuicio de La Fe Pública del Estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación especial para la obtención de cargos públicos e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, en su artículo 473, establece: “Quien sin estar autorizado usa públicamente uniforme, insignias o equipo exclusivamente pertenecientes a los cuerpos de seguridad e investigación del Estado o las Fuerzas Armadas, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años o multa de doscientos (200) a cuatrocientos (400) días.” En este sentido al encontrarse los chalecos dentro del local de la abarrotería de refrescos de nombre “JUSTIN” y no usándola públicamente, se convierte en una conducta atípica, por lo que los imputados señores Jorge Luis Broonfield y Jorge Francisco Rodríguez Rivera, deberán ser absueltos por el delito de uso indebido de uniforme policial. Por tanto, corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria Actuante de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia recaída en el Recurso de Casación con registro No. SP-287-2018 que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP 287-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absolver al señor Jorge Luis Sierra Broonfield por suponerlo responsable del delito de Posesión Ilegal de Armas de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras por el que venía siendo acusado.- Segundo: Absolver al señor Jorge Luis Sierra Broonfield por suponerlo responsable del delito de Posesión Ilegal de Armas de Fuego Comercial , en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, por el que venía siendo acusado.- Tercero: Que debemos condenar y condenamos, al señor Jorge Luis Sierra Broonfield, por suponerlo responsable a título de autor, de un delito de Uso Indebido de Uniforme Policial en perjuicio de la Fe Publica del Estado de Honduras, sin la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, a la pena de Cinco años de reclusión, la que deberá de cumplir en la Penitenciaría Nacional que designe el Juzgado de Ejecución de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes; quedando sujeto a trabajar en obras públicas o de labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario, comprobándose el abono del tiempo que se ha encontrado privado de libertad. Como consecuencia de esta pena, se condena al señor Jorge Luis Sierra Broonfield, a las penas accesorias de Inhabilitación Especial para la obtención de cargos públicos e Interdicción Civil, durante el tiempo que duración de la pena principal. Cuarto: que debemos Condenar y Condenamos, al señor Jorge Luis Sierra Broonfield, por suponerlo responsable, a título de autor, de un delito de Uso Indebido de Uniforme Policial en perjuicio de la Fe Publica del Estado de Honduras, sin la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de responsabilidad penal, a la pena de Cinco años de reclusión, la que deberá de cumplir en la Penitenciaría Nacional que designe el Juzgado de Ejecución de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes. Como consecuencia de la pena de reclusión, queda sujeto trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado privado de libertad. Como consecuencia de esta pena, asimismo se condena al señor Jorge Francisco Rodríguez Rivera, a las penas accesorias de Inhabilitación Especial para la obtención de cargos públicos e Interdicción Civil, durante el tiempo de duración de la pena principal. - Quinto: se declara al señor Jorge Luis Sierra Broonfield, responsabilidad civil. - Sexto: se declara al condenado Jorge Francisco Rodríguez Rivera responsable civilmente. – Septimo: no procede la condena en costas procesales ni gastos ocasionados por el juicio. Octavo: se ordena el comiso de; 1) Un arma de fuego, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT92 AFS, serie TZB 86763 calibre 9mm. – 2) Un arma de fuego, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT24/7, serie TXJ-31930, calibre 9mm. SON PARTES: La Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público como parte recurrente. II. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en juicio de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: En fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015), a las tres con veinte minutos de la tarde en el barrio Concepción, 3 calle y 7 avenida de esta Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, se llevó a cabo allanamiento, encontrando a JORGE LUIS SIERRA BROONFIELD Y JORGE FRANCISCO RODRIGUEZ RIVERA, en posesión de tres chalecos antibalas con la leyenda POLICIA, tres pasamontañas, y asimismo, una arma de fuego tipo: pistola, marca Taurus, modelo PT24/7, calibre 9mm, serie TIJ-31930; otra arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 92AFS, calibre 9mm, serie TZB86763; y otra arma de fuego tipo pistola , marca CEZCA (CZ), MODELO CZ 75BD POLICE, 9mm, con serie número A800770, todas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo; por lo que fueron detenidos los señores JORGE LUIS SIERRA BROONFIELD Y JORGE FRANCISCO RODRIGUEZ RIVERA.” III. RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Jessica Juárez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: TESTIFICAL: 1. Testigo Carmen Zavala y José Antonio García Quienes son coincidentes al manifestar que son agentes de Investigación y en el mes de Octubre se encontraban asignados a la unidad de muertes de impacto en la ciudad de San Pedro Sula, durante ese tiempo investigaron la muerte del empresario Sammy Abufele y de su guardaespaldas Agustín Reyes, hecho acontecido en San Pedro Sula, cuando investigan el caso recibieron información de parte de un informante quien les manifestó que en un local de abarrotería de refrescos de nombre Justin, ubicada en la tercera calle, siete avenida, interior se encontraban miembros de la mara MS-13 quienes poseían armas con la intención de sacarlas del país. Ante esa información se solicitó al Juzgado competente respectivo allanamiento, el cual fue autorizado, dicha diligencia se llevó a cabo el día veintitrés de octubre del dos mil quince, dando como resultado el decomiso de tres armas de fuego, dos de la marca Taurus y una de la marca CZ, tres de calibre 9mm, tres chalecos antibalas, pasamontañas, casquillos de 9mm marihuana, también se le dio captura a tres personas entre los cuales se encontraban los imputados JORGE LUIS SIERRA BROONFIELD Y JORGE FRANCISCO RODRIGUEZ RIVERA. se revisaron en el Registro Balístico las tres armas de la cuales una presenta reporte de robo y los dos restantes no cuentan con el permiso respectivo. PERICIAL 1. Dictamen Pericial del Laboratorio de Balística, ratificado por el Perito Oficial Luis Márquez quien después de periciar las armas en el apartado de resultados establece: "1) Arma de fuego identificada como tipo pistola marca Taurus, modelo PT 24/7, serie TXJ-31930, calibre 9mm, con cargador metálico color negro y diez cartuchos sin percutir, todos calibres 9mm. -2) Otra arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 92 A F S, calibre 9mm, número de serie TZB86763, con su respectivo cargador metálico, color negro y diez y seis cartuchos sin percutir, todos calibres 9mm. -3) Un arma de fuego, marca CEZCA (CZ), modelo CZ75BD POLICE calibre 9mm, luger, con número de serie A800700, con cargador metálico, color negro y dieciséis cartuchos sin percutir, todos calibres 9mm”. -concluye el dictamen que dichas armas analizadas: presentan buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, encontrándose todas en regular estado de conservación externo, por lo que las armas de fuego si son capaces de efectuar disparos con las municiones o cartuchería del calibre para la cual fueron fabricadas. DOCUMENTAL 1. Acta de inspección ocular 883-2015 con su respectivo Álbum fotográfico introducida la debate mediante lectura autorizada, elaborada por el Agente de Policía Ismael García, en la misma se hace constar que al momento de realizar la inspección en la tercera calle, siete avenida, Barrio Concepción, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, precisamente en un negocio donde encontraron al señor JORGE FRANCISCO RODRIGUEZ RIVERA, al realizar registro al interior del lugar se encontraron las siguientes evidencias : al fondo de una canasta conteniendo ropa se encontró un arma de fuego tipo pistola de color negro, marca Taurus, serie PT 24/7 a una distancia de 0.90 metros de la pared interior izquierda se encuentra un chaleco antibalas en la parte frontal se lee la leyenda POLICIA, dentro del mismo se encontró dos gorros tipo pasamontañas, en la esquina de la cama se encontró un gorro pasamontañas, sobre una cama se encontró un arma de fuego tipo pistola color gris y negro, marca Taurus, con serie TZB86763, sobre el suelo un chaleco antibalas con la leyenda POLICIA en el depósito contiene un gorro pasamontañas y en la esquina debajo de una ropa se encontró un arma de fuego tipo pistola color negro, marca CZ, con serie AB 0070. 2. Acta de Allanamiento Ratificada por el agente de Policía Juan Alberto Sánchez Gómez quien hace constar que durante el allanamiento realizado en el lugar denominado Barrio Concepción, de San Pedro Sula, Cortes. Donde encontraron tres chalecos antibalas, de color negro con la leyenda POLICIA, gorros pasamontañas, un arma de fuego tipo pistola, marca C Z, serie A800700. 3. Constancia del Departamento de Registro Nacional de Armas introducida al debate mediante lectura autorizada, en la misma se establece que según base de datos el señor JORGE FRANCISCO RODRIGUEZ RIVERA, SERGIO CHACON RODRIGUEZ Y JORGE LUIS SIERRA BROONFTELD no se encuentran registrados como poseedores de armas de fuego, en relación a las armas de fuego la constancia hace constar: 1) El arma de fuego tipo pistola, marca CESKA ZBROJOVKA, modelo 75BD, serie A800700, calibre 9mm, color negro, está registrada a nombre de Distribuidora de Embutido CODICA, numero de permiso SPS-91935E-89968, la cual presenta reporte de robo según denuncia 15547 ; 2) El arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, serie TZB86763, no tiene registro alguno y 3) El arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, serie PT24/7 no se encuentra registrada. 4. Copia de solicitud y auto de devolución de arma de fuego introducida al debate mediante lectura autorizada, dicha solicitud fue presentada por la señora DUNIA YAMILETH ALMENDAREZ ante las oficinas del Ministerio Público de San Pedro Sula, donde después de acreditarse la propiedad del arma de fuego tipo pistola, marca C Z. Modelo 75, serie A800700, se ordenó su devolución al legítimo propietario. EVIDENCIA 1. Tres chalecos antibalas, color negro con leyenda POLICIA NACIONAL. 2. Dos armas de fuego, tipo pistola, ambas marcas Taurus, una con serie TZB86763 y la otra con serie PT24/7. Al valorar la prueba supra descrita, el sentenciador consideró en relación al delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial lo siguiente: "Que no es posible deducir responsabilidad a los acusados, por el tipo penal de POSESION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, al haberse evidenciado, que a la fecha de comisión del ilícito entraron en vigencia los decretos 184-2013. 63-2014. 60-2015. (DEROGATIVA TACITA TEMPORAL DEL ARTICULO 332-B del Código Penal) por tanto, procede absolverlos de responsabilidad penal por este delito que le atribuyo el Ministerio Público. (Ver numeral tercero, página 14 del apartado Fundamentación Jurídica de la sentencia) Las consideraciones a las que llegó el Juzgador, no fueron el resultado de una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la Sana Crítica ya que la prueba de cargo que ha sido evaluada en juicio ha resultado suficiente para que los acusados Jorge Luis Sierra Broonfield y Jorge Francisco Rodríguez Rivera, al momento de practicarse allanamiento al local donde se encontraban los mismos fueron descubiertas tres armas de fuego, de las cuales una de ellas presentaba reporte de robo y las otras dos no contaban con los permisos correspondientes para portarlas. En relación al Periodo de veda otorgada por la Ley y que su aplicación provoca la derogativa tacita del artículo 332 B del Código Penal, por ende una despenalización del delito de Posesión Ilegal de Armas de Fuego, este ente fiscal considera necesario realizar un análisis exhaustivo con respecto a los alcance que provoca dicha prorroga, análisis que realizamos de la siguiente manera: El Periodo de Veda se otorgó con la única finalidad que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes Entra dicho registro, para lo cual se otorgó un periodo de seis meses, el cual fue prorrogado sucesivamente por dos años más. Como se pueda observar en el párrafo anterior el beneficio se refiere a la carencia de factura, y la ley ante esa falta de documento de compra, permitiría la inscripción del arma, facilitando de esta forma la legalidad de la portación de armas sin poner obstáculos legales. Circunstancia que no se observa en la presenta causa, ya que, al analizar los hechos, aunado al comportamiento delictivo de los imputados, se puede concluir que los mismos no tenían la intención de acudir al Registro Balístico para registrar dichas armas, no por el hecho, de no contar con los documentos, sino porque las mismas eran utilizadas para cometer actos delictivos, hecho que fue corroborado por los testigos (agentes de Policía) quienes manifestaron que según datos proporcionados por un informante los hoy encausados Jorge Luis Sierra y Jorge Francisco Rodríguez son miembros de una organización Criminal y estaban siendo investigados por una serie de actos delictivos, una de esas investigaciones fue la que provocó la diligencia investigativa de allanamiento, dando como resultado no solo el decomiso de las armas sino que también de equipo identificado con la leyenda “Policía Nacional” cuya identificación solo es de uso exclusivo de esa entidad policial. Otro hecho significativo que fortalece el análisis jurídico descrito en los párrafos precitados, lo constituye que una de las armas decomisadas, cuyas características de identificación son: arma de fuego, tipo pistola, marca C Z, modelo 75, serie A800770, con carnet de balística 91935Z-89968, presenta reporte de robo , donde el propietario que dicha arma es la empresa Distribuidora de Embutidos, hecho que fue corroborado con la constancia extendida por el departamento de Registro Nacional de Armas y con la solicitud de devolución presentada por el legítimo propietario. Por todo lo anterior se concluye que los imputados JORGE LUIS SIERRA BROONFTELD y JORGE FRANCISCO RODRIGUEZ no se encuentran amparados en el beneficio otorgado por el periodo de veda, ya que una de las armas decomisadas se encuentra registrada a favor de propietarios distintos a los imputados , volviendo ilícita la portación de dicha arma, Io mismo ocurre con las otras dos armas, donde el comportamiento delictivo demostrado por los imputados hace suponer que no tenían intención de comparecer ante la autoridad competente buscando legalizar la portación de esas dos armas. Por tanto todos los medios de prueba propuestos por el Ministerio Público, en especial declaraciones testificales, respaldadas por prueba documental consistente en acta de allanamiento y constancia de Registro balístico, nos lleva a concluir que efectivamente los señores JORGE LUIS SIERRA BROONFTELD y JORGE FRANCISCO RODRIGUEZ son responsables de poseer de forma ilegal armas de fuego de uso comercial y su comportamiento delictivo no se debe ser justificado bajo el periodo de veda ya que la tenencia de armas no responde a la intención de pretender legalizar su portación, lejos de ello, estaban siendo utilizadas por los acusados para la comisión de actos ilícitos. De ahí que debemos señalar que las apreciaciones por parte del Tribunal, constituyen una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, en vista de que al valorar el contenido de la probanza, el Sentenciador no le otorgó el mérito que realmente posee, atendiendo su contenido, pues de otra manera habría concluido en que, los acusados JORGE LUIS SIERRA BRONFIELD Y JORGE FRANCISCO RODRIGIUEZ participaron a título de autores , en la acción ilegal de Posesión Ilegal de Armas de Fuego Comercial; por otra parte, el sentenciador no puede desconocer, pues de demostró contundentemente con la prueba de cargo evacuada en debate, que los imputados nunca tuvieron la intención de acudir al Registro Balístico, con la intención de aprovechar el beneficio de veda otorgado por los decretos 63-2014, 60-2015 y 52-2017. De ahí que si el sentenciador hubiese realizado una valoración conjunta de los medios de prueba incorporados por el ente acusador y dicha valoración se hubiese efectuado en apego a la Sana Crítica racional, la conclusión del presente proceso sería una sentencia condenatoria en contra de JORGE LUIS SIERRA BROONFIELD Y JORGE FRANCISCO RODRIGUEZ RIVERA dado que la prueba fue suficiente para acreditar su responsabilidad como autores de los delitos por los cuales fueron acusados. Respecto a lo anteriormente expuesto consideramos oportuno relacionar la Postura de la Sala Penal con respecto a análisis de la prueba en atención a las reglas de la sana crítica en la sentencia C.P-04-2010 de fecha 16 de agosto del 2012 en la cual se pronuncia de los siguientes términos: “El Tribunal debe razonar en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del. correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos sobre el humano no con las reglas elaboradas por esta ciencia. Las reglas de la lógica que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, aparece la característica, exigida por ellas, denominada derivada, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables.” Toda la prueba de cargo evacuada en juicio nos conduce a tener por acreditada sin lugar a dudas la existencia del hecho, así como la participación de los acusados como autores de las acciones ilícitas, tipificadas como delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL. En este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de la misma, ya que la declaración de los agentes de policía debidamente corroborado con los demás medios de prueba de cargo resultaron congruentes, precisos y claros, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que los imputados sí perpetraron el hecho delictivo por el cual fueron enjuiciados; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en sus característica de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: El mismo se produce en el mismo acto de sentenciar. Pretensión: Que se case la sentencia. Establece la recurrente que el Tribunal Sentenciador vulneró las reglas de la sana crítica, especialmente el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, ya que las consideraciones a la que llegó el juzgador, no fueron el resultado de una valoración de la prueba realizada ha resultado suficiente para demostrar que los acusados Jorge Luis Sierra Broonfield y Jorge Francisco Rodríguez Rivera, al momento de practicarse allanamiento al local donde se encontraban los mismos fueron descubiertas tres armas de fuego, de las cuales una de ellas presentaba reporte de robo y las otras dos no contaban con los permisos correspondientes para portarlas, sin embargo al valorar la prueba, el sentenciador consideró en relación al delito de posesión ilegal de arma de fuego comercial, que no era posible deducir responsabilidad a los acusados, al haberse evidenciado, que a la fecha de comisión del ilícito entraron en vigencia los decretos 184-2013; 63-2014 y 60-2015, en la que deroga tacita temporalmente el artículo 332-B del Código Penal. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. a. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. b. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o c. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la Derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Único Motivo. El recurso es de recibo Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. Establece la recurrente que el Tribunal Sentenciador vulneró las reglas de la sana crítica, especialmente el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, ya que las consideraciones a la que llegó el juzgador, no fueron el resultado de una valoración de la prueba realizada ha resultado suficiente para demostrar que los acusados Jorge Luis Sierra Broonfield y Jorge Francisco Rodríguez Rivera, al momento de practicarse allanamiento al local donde se encontraban los mismos fueron descubiertas tres armas de fuego, de las cuales una de ellas presentaba reporte de robo y las otras dos no contaban con los permisos correspondientes para portarlas, sin embargo al valorar la prueba, el sentenciador consideró en relación al delito de posesión ilegal de arma de fuego comercial, que no era posible deducir responsabilidad a los acusados, al haberse evidenciado, que a la fecha de comisión del ilícito entraron en vigencia los decretos 184-2013; 63-2014 y 60-2015, en la que deroga tacita temporalmente el artículo 332-B del Código Penal. En este sentido es menester mencionar la posición de la sala de lo Penal en cuanto a los Decretos Legislativos en cuanto a la veda en la posesión de armas de fuego. La Sala de lo Penal, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad pública sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico el Decreto Legislativo. 063-2014 060-2015 constituye resolución legislativa de prórroga del Decreto Legislativo 184- 2013, con cuya vigencia se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de La Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. En ese sentido al concederse plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de armas de fuego, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese poseerlas poniendo en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. Esta Sala considera que las razones vertidas en la sentencia recurrida, por el Juzgador de instancia para restar valor probatorio y credibilidad a los medios de prueba de cargo, ya que considera que dicha ley transitoria deroga tácitamente la ley general, el Juzgador ha incurrido en vicio de forma, por violación a las reglas de la sana critica, invocado por el recurrente. V. DECISION Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. de la procedencia de la aplicación retroactiva del cp decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los Señores Jorge Luis Broonfield y Jorge Francisco Rodríguez Rivera, una pena principal de reclusión de cinco (5) años de reclusión, por el delito de uso indebido de uniforme policial (Art.294-A del Código Penal 144-83) en perjuicio de La Fe Pública del Estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación especial para la obtención de cargos públicos e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, en su artículo 473, establece: “Quien sin estar autorizado usa públicamente uniforme, insignias o equipo exclusivamente pertenecientes a los cuerpos de seguridad e investigación del Estado o las Fuerzas Armadas, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años o multa de doscientos (200) a cuatrocientos (400) días.” En este sentido al encontrarse los chalecos dentro del local de la abarrotería de refrescos de nombre “JUSTIN” y no usándola públicamente, se convierte en una conducta atípica, por lo que los imputados señores Jorge Luis Broonfield y Jorge Francisco Rodríguez Rivera, deberán ser absueltos por el delito de uso indebido de uniforme policial. Por tanto, corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Jessica Juárez, en su condición de fiscal del Ministerio Público..- Segundo: Casa la sentencia y por tanto reforma la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el siguiente sentido: 1) Anular en la sentencia, de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete en la que se absuelve penalmente a los Señores Jorge Luis Sierra Broonfield y Jorge Francisco Rodríguez Rivera por el delito de Posesión Ilegal de arma de fuego comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 2) Que se repita el debate ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anterior.--Tercero: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los acusados Jorge Luis Sierra Broonfield y Jorge Francisco Rodríguez Rivera ; En consecuencia, reforma los pronunciamientos tercero, cuarto, quinto sexto y septimo de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i.- Que debemos absolver y absolvemos a los acusados Jorge Luis Sierra Broonfield y Jorge Francisco Rodríguez Rivera, por el delito de uso indebido de uniforme policial en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras.3) Mantener incólume en la sentencia de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete el pronunciamiento de instancia respecto al comiso de : 1) Un arma de fuego, tipo pistola, marca TAURUS, modelo PT92 AFS, serie TZB 86763 calibre 9mm.- 2) Un arma de fuego, tipo pistola, marca TAURUS, modelo PT24/7, serie TXJ 31930, calibre 9mm.; - Y Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Alma consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Doris Suyapa Figueroa Valladares Receptora Adscrita. Secretaria General.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veintidós. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-287-2018.
LETY EMELDA POSADAS RODRÍGUEZ
SECRETARIA ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
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