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Sentencia CP-280-17 — Registro 12448

Resumen

En primera instancia se condenó a la imputada como autora del delito de Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; resolviendo No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la procedencia de la retroactividad de la ley penal del Código Penal N.117-30.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia de los recursos. LOS RECURSOS NO SON DE RECIBO. Se ha explicado por la Sala de lo Penal, que la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación (artículos 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal): recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. Cada uno de estos recursos deben interponerse de forma separada, indicando el tipo de motivo, el cual debe ser de aquellos que contiene el recurso, el concepto de la infracción, y, el vicio concreto y material que genera el motivo. En el caso presente, la defensa privada de la señora María Otilia Izaguirre Vallejo, ha planteado dos recursos de casación (infracción de ley e infracción de precepto constitucional) los cuales son de naturaleza distinta, de forma conjunta e indivisible, lo cual acarrea obscuridad e imprecisión en su planteamiento debido a la dificultad que conlleva para la Sala de lo Penal, distinguir cuáles de los argumentos recursivos obedecen a uno u otro recurso. Sumado a ello, no identifica los preceptos autorizantes, y tampoco identifica los motivos que contienen los vicios concretos y materiales que acarrea la resolución impugnada, lo que torna aún más confuso e impreciso su escrito impugnativo. Expone el censor del fallo que acepta como ciertos los hechos probados de la sentencia, pero que de los mismos no procede la aplicación del artículo 18 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas o Estupefacientes, debido a que la prueba evacuada en juicio resulta insuficiente para imputar la conducta de tráfico de drogas a la señora María Otilia Izaguirre Vallejo; sino más bien, acredita el delito de Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas o Estupefacientes, el cual está contenido en el artículo 22 del mismo texto legal. La Sala de lo Penal, recuerda al recurrente que debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso actual y concreto, al haber desbordado el recurrente la fundamentación fáctica de la sentencia, y entrar a hacer valoraciones subjetivas del alcance de los medios de prueba evacuados en juicio y el alcance que tiene esta en relación al tipo penal imputado, torna ineficaz su recurso, pues no existe disparidad en relación al enfoque puramente jurídico dado por el sentenciador a esos hechos probados, y por consiguiente, la posterior subsunción jurídica. Asimismo, en lo que respecta al recurso de casación por infracción de precepto constitucional, sus argumentos tampoco pueden ser de recibo, como consecuencia de denunciar alegatos abstractos de instancia de que estamos ante prueba indiciaria y no directa, que resulta insuficiente para acreditar la comisión del delito tráfico ilícito de drogas, y por ello se ha infringido el artículo 89 de la Constitución de la República que contiene el estado material de inocencia. Ha explicado la Sala de lo Penal que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar, además de que la claridad en el recurso exige que cada vicio debe de ser planteado en motivos separados; la exposición de opiniones no constituyen un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el tribunal de sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencias de un derecho fundamental y lo dispuesto por el tribunal de justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la norma procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en una garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el tribunal de casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso interpuesto. No atender tal falta de claridad y precisión, pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, lo cual está vedado por el artículo 350 del Código Procesal Penal. Por lo anterior, los recursos no son de recibimiento..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado.

El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. A. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. B. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora María Otilia Izaguirre Vallejo, las penas principales de 15 años de reclusión y una multa equivalente a un millón de lempiras exactos (L 1, 000,000.00), por ser autora responsable penalmente de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), cuya pena es: De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (artículo 312.5 del nuevo Código Penal), entendiéndose como tal: I. Diez mil gramos (10.000g) de marihuana; II. Mil gramos (1000g) de hachís; III. Dos mil gramos (2000g) de cocaína; IV. Dos mil gramos (2000g) de alcaloide derivado de la cocaína; V. Sesenta gramos (60g) de opio o de sus derivados; VI. Doscientos gramos (200) de droga sintética; o, VII. Cuatrocientos mililitros (400ml) cuando la droga sintética se encuentre en solución. En el caso de la señora María Otilia Izaguirre Vallejo, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de 21 envoltorios de papel periódico conteniendo marihuana, considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; cantidad no compatible para el consumo personal inmediato según dictamen de medicina forense; conducta que castiga el nuevo Código Penal con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días; así también, se encontraba en posesión de 22 envoltorios de plásticos, los cuales cada uno de ellos contenía cocaína, considerada una droga ilegal que causa grave daño a la salud conforme la Lista de Estupefacientes Sometidos a Fiscalización Internacional o Lista Amarilla (Lista I - Sección 1); cantidad que no es considerada compatible para el consumo personal inmediato conforme el dictamen de medicina forense; conducta que castiga el nuevo Código Penal con la pena de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. A partir de lo expuesto, se determina la existencia de un concurso ideal conforme al artículo 67 del nuevo Código Penal, el cual establece su existencia cuando con una (1) sola acción u omisión se infringe diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. En el caso presente, tenemos un mismo precepto (artículo 311 del nuevo Código Penal) que regula dos supuestos de hecho distintos, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que no causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días; y, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que sí causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Corresponde la imposición de la pena correspondiente a este último delito por contener la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), lo que equivale a trece (13) años cuatro (4) meses de prisión, y seiscientos sesenta y seis (666) días multa, con un valor mínimo por día de veinte lempiras (L 20.00) y máximo de cinco mil lempiras (L 5,000.00) (Artículo 53 del nuevo Código Penal), lo que fija un margen abstracto de multa que oscila entre trece mil trescientos treinta y tres lempiras con veinte centavos (L 13, 333.20) a tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos lempiras (L 3, 333,300.00). Se determinó en la audiencia de declaración de imputado que la señora María Otilia Izaguirre Vallejo, es ama de casa y vende pescado, tiene dos hijos procreados con el señor Domingo Baquedano, contaba con 51 años de edad al momento de su captura: datos personales que motivan la imposición de una pena de multa a razón de veinte lempiras (L. 20.00) por cada día, dando un total de trece mil trescientos treinta y tres lempiras con veinte centavos (L 13, 333.20).

A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal 130-2017, pues la pena tanto privativa de la libertad, como la de multa, le son más favorables en comparación con las contempladas en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de las Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 280-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual falló: Primero: Condenar a la señora María Otilia Izaguirre Vallejo, a la pena de quince años de reclusión, como autora del delito de Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; mismos que serán cumplidos en La Penitenciaría Nacional de Choluteca. Segundo: Como pena principal, condenar a la señora María Otilia Izaguirre Vallejo al pago de una multa de un millón de lempiras (L 1, 000,000.00). Tercero: Condenar a la señora María Otilia Izaguirre Vallejo, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de acuerdo con la ley que regula el sistema penitenciario. Cuarto: Exonerar a la condenada, del pago de costas procesales y gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Se declara la responsabilidad civil de la señora María Otilia Izaguirre Vallejo, la cual deberá ser deducida en el Juzgado de Ejecución. Sexto: Se decreta el comiso de veintiún (21) carrucos de marihuana, veintidós (22) envoltorios plásticos contenido cocaína y de veintisiete mil ochocientos noventa y cuatro lempiras (L 27, 894.00). Séptimo: Se ordena la destrucción de la droga decomisada, lo cual se realizará por medio del Juzgado de Ejecución. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado Alfredo Corea Bustillo, en su condición de apoderado defensor de la señora María Otilia Izaguirre Vallejo. Son partes en única instancia: El Abogado Alfredo Corea Bustillo, en su condición de apoderado defensor de la señora María Otilia Izaguirre Vallejo, como recurrente; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En fecha 12 de marzo del año 2015, miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, solicitaron al Ministerio Público, autorización para allanar la vivienda donde funcionaba una glorieta, habitada por el señor Domingo Baquedano, ubicada en la comunidad de Cedeño en el municipio de Marcovia, ya que, según las investigaciones y vigilancias realizadas en la misma, se obtuvo información que ahí comercializaban droga. SEGUNDO: Que ordenado el allanamiento solicitado en la propiedad del Señor Domingo Baquedano y al practicarse este a las 16:20 horas, se procedió a realizar un registro personal a varias personas que se encontraban fuera de la vivienda, a quienes no se les encontró nada; estando presente la señora María Otilia Izaguirre Vallejo, quien manifestó ser la dueña de la vivienda y esposa del señor Domingo Baquedano, por lo que es a ella a quien se le notifico de la diligencia del allanamiento. TERCERO: Que previa solicitud de la policía y autorizados por ella, procedieron a practicarle un registro personal, encontrándole en posesión de un teléfono celular, marca Samsung, color gris y en la pantorrilla izquierda, bajo el pantalón de tela, se le encontró una bolsa plástica conteniendo 22 envoltorios de plásticos, los cuales cada uno de ellos contiene polvo blanco, supuesta cocaína y siguiendo con el registro, en la cocina bajo una mesa de madera que está junto a un fogón artesanal, se encontró una bolsa plástica, color rosado, conteniendo en el interior un total de 21 envoltorios de papel periódico, conteniendo hierba seca supuesta marihuana; y en el dormitorio en la primera gaveta de un closet, se encontró dinero en efectivo en diferentes denominaciones, una parte en bolsas plásticas transparentes, tipo marqueta y otra parte amarrado con hule y otro suelto, procediéndose a contabilizarlo y se determinó que en total eran Lps 27,894.00, procediéndose al decomiso de toda la evidencia y a la detención de la señora María Otilia Izaguirre Vallejo. CUARTO: El análisis toxicológico practicado por medicina forense a la evidencia requisada reveló que las sustancias decomisadas eran Marihuana y Cocaína.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado Alfredo Corea Bustillo, en su condición de defensor privado de la señora María Otilia Izaguirre Vallejo, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional: “INTERPONIENDO Y FORMALIZANDO EN TIEMPO Y FORMA RECURSO DE CASACION contra LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA SEIS (06) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016) emitida por ese Honorable Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle; Recurso de Casación que por Infracción de Ley por falta de Aplicación e interpretación errónea interpongo en base a las consideraciones legales siguientes: PRIMERO: La Sentencia impugnada mediante el presente Recurso de Casación es la dictada por el Honorable Tribunal de Sentencia del Departamento de Choluteca y Valle, de fecha Seis (06) de Febrero del Año Dos Mil Dieciséis (2016), mediante la cual el Tribunal de Sentencia de Choluteca, FALLA Condenando a la Señora MARIA OTILIA IZAGUIRRE VALLEJO a la Pena de QUINCE (15) AÑOS de reclusión, como responsable del DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, y como pena principal la Condena al Pago de una Multa de UN MILLON DE LEMPIRAS (Lps.1,000.000.OO) y a las Penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que duren las penas, y a trabajar en Obras públicas o en labores dentro del Establecimiento Penal, a la responsabilidad civil, decretando el comiso de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS (Lps.27,894.00).” “SEGUNDO: MOTIVO UNICO DE CASACION: POR INFRACCIÓN DE LEY Y DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Dado los hechos que se declaran probados en la Sentencia recurrida, se ha infringido la norma jurídica de carácter sustantivo contenida en el Artículo 18 de la Ley sobre Uso indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas por aplicación indebida e interpretación errónea, y a la vez infringiendo el precepto constitucional contemplado en el Artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras que establece: que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, es decir, que tiene derecho a la presunción de inocencia, sino hay pruebas de haberse cometido un delito de indicios racionales.- Aclarando que por el presente Recurso no cuestionamos lo que el Tribunal estima probado, pues este ha recibido la prueba con la concurrencia del principio de mediación, y la Sentencia es una verdad irrevertible, pero en virtud de que a partir de tal declaración se considera se ha infringido por aplicación indebida y falta de aplicación e interpretación errónea del precepto penal de carácter sustantivo, ya relacionado contemplado en la Ley sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito, Drogas y Sustancias Psicotrópicas, dictando una Sentencia Indiciaria, de cuyos hechos relevantes como hechos probados se contempla lo siguiente: 1.- El doce (12) de Marzo del año dos mil quince (2015), el Señor ELMER NICOLAS RODRIGUEZ Juez Ejecutor para realizar allanamiento de morada a la vivienda del señor DOMINGO BAQUEDANO, ubicada en la “Aldea de Cedeño”, del Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, y practicado como a eso de las Cuatro y veinte de la tarde (4:20 p.m.), refieren los hechos probados se encontró en dicha Vivienda, en la cual también habitaban la Señora MARIA OTILIA IZAGUIRRE VALLEJO como Esposa del Propietario de la misma, encontrándole una bolsa plástica color rosada conteniendo en su interior un Total de Veintiún (21) envoltorios de papel periódico, conteniendo hierba seca supuesta marihuana, el cual fue encontrada en el interior de la casa precisamente en la cocina bajo una mesa de madera sobre arena; refiriendo que al practicarle un registro personal a la señora MARIA OTILIA IZAGUIRRE VALLEJO, por la Agente de POLICÍA SELENIA CASTELLÓN, bajo el pantalón al lado izquierdo de la pantorrilla, le encontraron una bolsa color transparente conteniendo en su interior veintidós (22) puntas de polvo blanco, en envoltorios plásticos transparentes de supuesta cocaína, y un teléfono celular MARCA: SAMSUNG, COLOR GRIS, refiriendo como hechos probados de la Sentencia que fuera de la casa había un Grupo de Jóvenes a quienes se les solicitó Registro Personal, no encontrándoles nada.- En el dormitorio localizado al lado izquierdo de la sala, la cual está dividida con una división de madera ubicaron Dos Camas, un closet de madera color café de dos puertas y dos gavetas, encontrando en la primer gaveta dinero en efectivo el que se contabilizó en VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS (Lps.27,894.00), una parte envuelto con hule y otro dinero suelto, siendo detenida a raíz de dicho Allanamiento la Señora MARIA OTILIA IZAGUIRRE VALLEJO, y cuyo Allanamiento de morada finalizó a las cinco y veinte de la tarde del día Doce (12) de Marzo del Año Dos Mil Quince (2015).- Todo este conjunto de pruebas consistente en Registros personales, de venda consignados en Actas, al igual que el Allanamiento de morada y exámenes toxicológicos, refiere la Sentencia que no es una prueba directa, sino más bien indiciaria, en tal sentido del Estudio de los Autos y de la prueba recabada y valorada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, no es posible considerar la conducta de la imputada MARIA OTILIA IZAGUIRRE VALLEJO, en el tipo penal de Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, pues no hay elementos probatorios que conduzcan a determina r tal ilícito, y sin bien es cierto a la imputada se le estuvo vigilando días anteriores al allanamiento y su detención, por una denuncia recibida por la Policía de manera anónima, de que se dedicaba al Narcomenudeo y que en la vigilancia observaban que Jóvenes llegaban a pie, en motos, y en bicicletas, le daban la mano a la Señora MARIA OTILIA IZAGUIRRE VALLEJO y salían de su vivienda (glorieta), pero en ningún momento fue acreditado plenamente el hecho de que cuando fueron registrados por los Jóvenes que realizaban esta Visita e Intercambio de Manos con MARIA OTILIA IZAGUIRRE VALLEJOS, se les haya encontrado a estos jóvenes con drogas para acreditar el Delito en cuestión, por consiguiente no constituye un indicio racional que dicho Intercambio de Manos haya sido comprobado que al momento de la detención hubiese estado ejecutando actos de entrega de droga, ó bien comprando o intercambiando bienes de esta naturaleza, como tampoco fue probado plenamente que la cantidad de dinero que se le encontró en las gavetas del closet (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS (Lps.27,894.00), era producto de la Venta de Drogas, pues en la Valoración de la Prueba por parte del Tribunal de Sentencia se estableció, que no se le practicó Escáner de Ionización, para que indiciariamente establecer que dicho dinero era producto de la Comercialización de Droga por el contacto de dichos billetes con la droga, pues por el contrario se comprobó que dicho Dinero era parte de los CUARENTA MIL LEMPIRAS (Lps 4O,000.00) que por adelantado un día antes del Allanamiento le había entregado el Señor JUAN RODAS ALVAREZ, con quien la imputada y condenada realiza actos de comercio de ventas de mariscos desde hace doce (12) años, pues su actividad principal ES LA PESCA con CINCO (5) LANCHAS identificadas como “ANA BARBARA”, “RACHEL”, “JUAN DAVID”, “NOELIA” Y “TITO”, infiriéndose la existencia de todos estos hechos declarados probados, no del delito de tráfico de drogas, sino el de facilitación de local contenido en el Artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, pues hay un enlace preciso entre los hechos que configuran el Ilícito de Tráfico con la intención de Facilitar Local….., aún a Título Gratuito para el Tráfico o consumo ilícito de sustancias, estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.- No cabe duda, que entre ambos ilícitos hay un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano mediante un proceso mental razonado que no observó el Tribunal de Sentencia de Choluteca, ya que al no existir una prueba directa como bien lo establece la Sentencia, toda la prueba indiciaria nos conducen a establecer que la conducta de la Señora MARIA OTILIA IZAGUIRRE VALLEJO, se subsume en el tipo penal de FACILITACION DE LOCAL contenido en la Ley Sustantiva Especial Penal sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, en su Artículo 22, habiendo consecuentemente el Tribunal de Sentencia infringido la Ley por Aplicación indebida, pues la prueba indiciaría debe ser observada para la aplicación de la misma, cuyos requisitos fundamentales es que los indicios o hechos base estén plenamente acreditados en el presente caso no es legítimo establecer presunciones sobre presunciones, es decir, no puede tratarse de meras sospechas, pues no cabe construir certezas sobre la base de simples posibilidades.- Además la prueba indiciaría exige para su consolidación contar con una pluralidad de indicios, pues como bien refiere el viejo aforismo citado por Devís Echandia en su Libro Teoría General de la Prueba Judicial, en su Capítulo Técnica Probatoria, Página 182, los indicios no se cuentan, se pesan, quebrantando de esta forma la referida Sentencia la Garantía Constitucional de la presunción de inocencia, contemplada en el Artículo 89 de nuestra Constitución de la República de Honduras- La Facilitación de Local es un Delito Autónomo contemplado en el Artículo 22 de la Ley sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito Drogas y Sustancias Psicotrópicas, preordenado contrario a la configuración del Tráfico de Drogas, pues de los hechos fácticos declarados probados por el Tribunal de Sentencia de manera indiciaria, no se desprende que haya la Señora MARIA OTILIA IZAGUIRRE VALLEJO traficado con drogas, aunque el Articulo 5 en su numeral 34 hace referencia a verbos típicos como ser: el producir, fabricar, tener en depósito, transportar y que a su vez son empleados en los mismos términos o similares en la Construcción de otros tipos penales, contenidos en la referida Ley Especial Penal.- Y siendo que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, es un supremo guardián del derecho sustantivo para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, SE INTERPONE EL REFERIDO RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Y DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, que tiene como finalidad la Revisión por parte de dicha Sala de la Interpretación que de la Ley ha hecho el Tribunal de Sentencia de Choluteca, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la Sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. B. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. C. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios).

En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recuso de Casación por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Precepto autorizante: no determinado por el recurrente. Normas que se denuncian infringidas: artículos 18 y 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; y, artículo 89 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: aplicación indebida, interpretación errónea y falta de aplicación; y, Pretensión: casar la sentencia recurrida. El censor del fallo inicia la exposición de su recurso arguyendo que, dados los hechos probados de la sentencia, se ha infringido por aplicación indebida, falta de aplicación e interpretación errónea, el artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; así como también el artículo 89 de la Constitución de la República. Seguidamente, cita los hechos probados de la sentencia y considera que el conjunto de pruebas consistente en registros personales, allanamiento de morada y exámenes toxicológicos, no es una prueba directa sino más bien indiciaria; y en tal sentido, no es posible a partir de dicha prueba, considerar la conducta de la acusada María Otilia Izaguirre Vallejo, en el tipo penal de tráfico ilícito de drogas, pues no hay elementos probatorios que conduzcan a determinar tal ilícito. Considera que, la prueba indiciaria debe observar ciertos requisitos fundamentales, por ejemplo, que los hechos que estén plenamente acreditados y su consolidación en múltiples indicios, y en el caso concreto no concurren estos requisitos. Por todo lo cual, el juzgador debió aplicar en su defecto el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, el cual contiene el tipo penal autónomo de Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, pues la señora María Otilia Izaguirre Vallejo no fue encontrada traficando con droga. De la debida técnica recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación;2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). De la procedencia de los recursos. Los recursos no son de recibo. Se ha explicado por la Sala de lo Penal, que la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación (artículos 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal): recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. Cada uno de estos recursos deben interponerse de forma separada, indicando el tipo de motivo, el cual debe ser de aquellos que contiene el recurso, el concepto de la infracción, y, el vicio concreto y material que genera el motivo. En el caso presente, la defensa privada de la señora María Otilia Izaguirre Vallejo, ha planteado dos recursos de casación (infracción de ley e infracción de precepto constitucional) los cuales son de naturaleza distinta, de forma conjunta e indivisible, lo cual acarrea obscuridad e imprecisión en su planteamiento debido a la dificultad que conlleva para la Sala de lo Penal, distinguir cuáles de los argumentos recursivos obedecen a uno u otro recurso. Sumado a ello, no identifica los preceptos autorizantes, y tampoco identifica los motivos que contienen los vicios concretos y materiales que acarrea la resolución impugnada, lo que torna aún más confuso e impreciso su escrito impugnativo. Expone el censor del fallo que acepta como ciertos los hechos probados de la sentencia, pero que de los mismos no procede la aplicación del artículo 18 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas o Estupefacientes, debido a que la prueba evacuada en juicio resulta insuficiente para imputar la conducta de tráfico de drogas a la señora María Otilia Izaguirre Vallejo; sino más bien, acredita el delito de Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas o Estupefacientes, el cual está contenido en el artículo 22 del mismo texto legal. La Sala de lo Penal, recuerda al recurrente que debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso actual y concreto, al haber desbordado el recurrente la fundamentación fáctica de la sentencia, y entrar a hacer valoraciones subjetivas del alcance de los medios de prueba evacuados en juicio y el alcance que tiene esta en relación al tipo penal imputado, torna ineficaz su recurso, pues no existe disparidad en relación al enfoque puramente jurídico dado por el sentenciador a esos hechos probados, y por consiguiente, la posterior subsunción jurídica. Asimismo, en lo que respecta al recurso de casación por infracción de precepto constitucional, sus argumentos tampoco pueden ser de recibo, como consecuencia de denunciar alegatos abstractos de instancia de que estamos ante prueba indiciaria y no directa, que resulta insuficiente para acreditar la comisión del delito tráfico ilícito de drogas, y por ello se ha infringido el artículo 89 de la Constitución de la República que contiene el estado material de inocencia. Ha explicado la Sala de lo Penal que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar, además de que la claridad en el recurso exige que cada vicio debe de ser planteado en motivos separados; la exposición de opiniones no constituyen un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el tribunal de sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencias de un derecho fundamental y lo dispuesto por el tribunal de justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la norma procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en una garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el tribunal de casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso interpuesto. No atender tal falta de claridad y precisión, pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, lo cual está vedado por el artículo 350 del Código Procesal Penal. Por lo anterior, los recursos no son de recibimiento. I. DECISIÓN. No Ha lugar los Recursos de Casación por Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos por el Abogado Alfredo Corea Bustillo, apoderado defensor de la señora María Otilia Aguirre Vallejo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado.

El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. A. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. B. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora María Otilia Izaguirre Vallejo, las penas principales de 15 años de reclusión y una multa equivalente a un millón de lempiras exactos (L 1, 000,000.00), por ser autora responsable penalmente de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), cuya pena es: De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (artículo 312.5 del nuevo Código Penal), entendiéndose como tal: I. Diez mil gramos (10.000g) de marihuana; II. Mil gramos (1000g) de hachís; III. Dos mil gramos (2000g) de cocaína; IV. Dos mil gramos (2000g) de alcaloide derivado de la cocaína; V. Sesenta gramos (60g) de opio o de sus derivados; VI. Doscientos gramos (200) de droga sintética; o, VII. Cuatrocientos mililitros (400ml) cuando la droga sintética se encuentre en solución. En el caso de la señora María Otilia Izaguirre Vallejo, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de 21 envoltorios de papel periódico conteniendo marihuana, considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; cantidad no compatible para el consumo personal inmediato según dictamen de medicina forense; conducta que castiga el nuevo Código Penal con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días; así también, se encontraba en posesión de 22 envoltorios de plásticos, los cuales cada uno de ellos contenía cocaína, considerada una droga ilegal que causa grave daño a la salud conforme la Lista de Estupefacientes Sometidos a Fiscalización Internacional o Lista Amarilla (Lista I - Sección 1); cantidad que no es considerada compatible para el consumo personal inmediato conforme el dictamen de medicina forense; conducta que castiga el nuevo Código Penal con la pena de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. A partir de lo expuesto, se determina la existencia de un concurso ideal conforme al artículo 67 del nuevo Código Penal, el cual establece su existencia cuando con una (1) sola acción u omisión se infringe diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. En el caso presente, tenemos un mismo precepto (artículo 311 del nuevo Código Penal) que regula dos supuestos de hecho distintos, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que no causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días; y, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que sí causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Corresponde la imposición de la pena correspondiente a este último delito por contener la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), lo que equivale a trece (13) años cuatro (4) meses de prisión, y seiscientos sesenta y seis (666) días multa, con un valor mínimo por día de veinte lempiras (L 20.00) y máximo de cinco mil lempiras (L 5,000.00) (Artículo 53 del nuevo Código Penal), lo que fija un margen abstracto de multa que oscila entre trece mil trescientos treinta y tres lempiras con veinte centavos (L 13, 333.20) a tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos lempiras (L 3, 333,300.00). Se determinó en la audiencia de declaración de imputado que la señora María Otilia Izaguirre Vallejo, es ama de casa y vende pescado, tiene dos hijos procreados con el señor Domingo Baquedano, contaba con 51 años de edad al momento de su captura: datos personales que motivan la imposición de una pena de multa a razón de veinte lempiras (L. 20.00) por cada día, dando un total de trece mil trescientos treinta y tres lempiras con veinte centavos (L 13, 333.20).

A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal 130-2017, pues la pena tanto privativa de la libertad, como la de multa, le son más favorables en comparación con las contempladas en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. I. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 361 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA:

  1. Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado Alfredo Corea Bustillo, defensor privado de la señora María Otilia Aguirre Vallejo;
  2. Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado Alfredo Corea Bustillo, defensor privado de la señora María Otilia Aguirre Vallejo; 3) Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a la acusada María Otilia Izaguirre Vallejo; en consecuencia, reforma los pronunciamientos primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: Primero: Que debemos condenar y condenamos a la acusada María Otilia Izaguirre Vallejo, de generales conocidas en el acumulado judicial, como autora penalmente responsable del delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo, en concurso ideal, en perjuicio de la Salud Pública, a cumplir la pena principal de prisión por trece (13) años y cuatro (4) meses, a la que deberá de deducirse el tiempo en que la condenada haya estado privada de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; dicha pena de prisión deberá ejecutarse de conformidad con el Código Penal 130-2017. Segundo: También como pena principal, debemos condenar y condenamos a la acusada María Otilia Izaguirre Vallejo, de generales conocidas en el acumulado judicial, a la multa de seiscientos sesenta y seis días, a razón de veinte lempiras exactos por cada día, dando un total de trece mil trescientos veinte lempiras (L 13, 320.00). Tercero: Que debemos condenar y condenamos a la acusada María Otilia Izaguirre Vallejo, de generales conocidas en el acumulado judicial, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2) por el tiempo que dure la condena; así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de acuerdo con la ley que regula el sistema penitenciario. 4) Se mantienen incólumes los pronunciamientos cuarto, quinto, sexto y séptimo de la sentencia impugnada. Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. Rafael Bustillo Romero Magistrado Coordinador Alma Consuelo Guzmán García Magistrada José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-280-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.