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Sentencia CP-279-18 — Registro 14093

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el MP, contra la sentencia de primera instancia que absuelve a los acusados por el delito de Pornografía

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el motivo es de recibo. En el caso bajo estudio, el tribunal sentenciador estableció en el hecho probado, que la víctima es una menor de edad, pues claramente establece que el dieciséis de noviembre del año dos mil quince, día en que ocurrieron los hechos contaba con trece años de edad, y que al llegar agentes de la Dirección de Investigación Criminal donde ésta se encontraba, lograron decomisar dos teléfonos celulares, el primero un Sony Ericsson C1904, color negro propiedad de Alicia Marleny Amador Vega y el segundo un celular Alcatel, One Touch 5020-A, color negro, propiedad de Luis Alexander Pérez Enamorado, asimismo que en dichos celulares se encontraron varias fotografías de la menor, desnuda y en ropa interior en poses eróticas. Esta Sala de Casación, estima que al confrontar la norma penal citada como inaplicada, en este caso el artículo 149-D, en su párrafo final, sí es congruente con el hecho estimado como probado, por las razones siguientes: a. En el presente caso quedó establecido en el hecho probado, que en los celulares propiedad de los acusados, se encontraron fotos de la menor, desnuda y en ropa interior en poses eróticas, por lo cual está manifiestamente establecido que se configura el elemento objetivo del delito de Tenencia de Material Pornográfico, de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir está plenamente acreditada la posesión por parte de los acusados de fotografías de contenido pornográfico de una menor, pues como se dijo las mismas fueron encontradas en dos celulares que son de su propiedad. b. Se configura el elemento subjetivo, es decir, se da el dolo, pues los autores conocen y quieren tener en su poder las fotografías que constituyen el elemento material del delito, pues como se ha dicho hasta la saciedad, el cuadro fáctico claramente describe que las fotografías, fueron encontradas en dos celulares propiedad de los imputados. c. Los acusados deben ser considerados como meros tenedores del material pornográfico de la menor, pues del hecho probado no se puede inferir que los acusados, hayan ejecutado alguno de los verbos rectores del delito de pornografía infantil, es decir no se describe que los encartados hayan exhibido, distribuido o difundido el material pornográfico de la menor víctima en el presente proceso. Es por tales razones que esta Sala de lo Penal, considera procedente declarar con lugar el motivo de casación invocado por la representación del Ministerio Público.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se absolvió a los acusados Alicia Marleny Amador Vega y Luis Alexander Pérez Enamorado, de toda responsabilidad por la comisión del delito de Pornografía, en perjuicio de una menor. Esta Sala de lo Penal considera que la conducta de los acusados se encuentra subsumida en el artículo 149-D, del derogado Código Penal (Decreto 144-83) en su párrafo último, que corresponde a la Tenencia de Material Pornográfico de Niños, Niñas y Adolescentes, que contempla una pena de cuatro a seis años de reclusión. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Elaboración de Pornografía Infantil (artículo 261 primer párrafo), pues las fotografías con contenido pornográfico de la menor fueron encontradas en los celulares propiedad de los acusados, lo que indica a criterio de esta Sala, que ellos tomaron dichas fotografías, cuya pena es de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de cien (100) a quinientos (500) días. A partir de lo anterior, es posible determinar que a los acusados Alicia Marleny Amador Vega y Luis Alexander Pérez Enamorado, conforme el CP-144-83 les corresponde una pena de 04 a 06 años de reclusión y en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, prevé una pena para la conducta delictiva que les corresponde, conforme a dicha normativa de igual manera de 04 a 06 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 279-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero pronuncian, En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-279-2018, por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia Seccional de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a los señores Alicia Marleny Amador Vega y Luis Alexander Pérez Enamorado, del delito de Pornografía, en perjuicio de una menor. Segundo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes: La Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrente y el Abogado Anival Eduardo Cerna Gaitán, en su condición de defensor privado de los señores Alicia Marleny Amador Vega y Luis Alexander Pérez Enamorado, como parte recurrida. Hechos Probados: “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNICO: En fecha dieciséis de noviembre del año 2015, la señora GLORIA MARLENE VEGA CACERES, interpuso una denuncia ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C porque su hija S. M. N. V. de trece años de edad, había desaparecido de su casa de habitación, por lo que los miembros de dicha institución se trasladaron el 25 de noviembre del año dos mil quince, a Santa Cruz de Yojoa, Cortes, ya que tenía conocimiento que la menor S. M. N. V., se encontraba con su hermana Alicia Marleny Amador Vega y su esposo Luis Alexander Pérez Enamorado, llegando a la casa de la señora Nely Yolanda Guerrero Enamorado hermana de este último, en donde encontraron a la menor, decomisando un teléfono celular Sony Ericsson C1904, color negro, propiedad de Alicia Marleny Amador Vega y un teléfono celular Alcatel One Touch, 5020-A, color negro, propiedad de Luis Alexander Pérez Enamorado, en los cuales se encontraron varias fotografías de la menor S. M. N. V., desnuda y en ropa interior en poses eróticas.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos. La Recurrente Abogada Patricia Iriarte, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION MOTIVO UNICO: Infracción de Ley por falta de aplicación del Artículo 149-D del CÓDIGO Penal en su último párrafo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por falta de aplicación textualmente dice: "Articulo 149-D. Comete el delito de pornografía, quien por cualquier medio sea directo, mecánico o con soporte informático, electrónico o de otro tipo financie, produzca, reproduzca, distribuya, importe, exporte, ofrezca, comercialice, o difunda material donde se utilice la persona e imagen de personas menores de dieciocho (18) años de edad en acciones o actividades pornográficas o eróticas, será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión y multa de doscientos (200) a trescientos (300) salarios mínimos. La tenencia de material pornográfico de niños, niñas y adolescentes será sancionada con pena de cuatro (4) a seis (6) años de reclusión." El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles. "UNICO: En fecha dieciséis de noviembre del año 2015, la señora GLORIA MARLENE VEGA CACERES, interpuso una denuncia ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C porque su hija S. M. N. V. de trece años de edad, había desaparecido de su casa de habitación, por lo que los miembros de dicha institución se trasladaron el 25 de Noviembre del año dos mil quince, a Santa Cruz de Yojoa, Cortés, ya que tenía conocimiento que la menor S. M. N. V., se encontraba con su hermana Alicia Marleny Amador Vega y su esposo Luis Alexander Pérez Enamorado, llegando a la casa de la señora Nely Yolanda Guerrero Enamorado hermana de este último, en donde encontraron a la menor, decomisando un teléfono celular Sony Ericsson C1904, color negro, propiedad de Alicia Marleny Amador Vega y un teléfono celular Alcatel One Touch, 5020-A, color negro, propiedad de Luis Alexander Pérez Enamorado, en los cuales se encontraron varias fotografías de la menor S. M. N. V., desnuda y en ropa interior en poses eróticas.” (lo subrayado no corresponde al texto original). Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación del artículo 149-D del Código Penal en su último párrafo, ya que al analizar los hechos se acredita la presencia de los requisitos exigidos por dicho cuerpo legal para considerar la concurrencia de todos los elementos de tipicidad del ilícito de Tenencia de Material Pornográfico de niños, niñas y adolescentes, así como para considerar la participación de los acusados Alicia Marleny Amador Vega y Luis Alexander Reyes Enamorado a título de autores en el delito señalado, como se puede colegir de la simple lectura del Factum. Aunque este motivo de casación, por impetrarse vía infracción de ley, requiere básicamente del análisis comparativo entre el factum y la parte dispositiva de la sentencia, para evidenciar cómo la acción descrita en aquél revela la violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar a los enjuiciados como autores directos del delito de Tenencia de Material Pornográfico, siendo que los elementos del tipo se configuran en la acción perpetrada por los acusados quienes, en incumplimiento del artículo 149-1) último párrafo del Código Penal, tenían grabadas en sus aparatos móviles imágenes de la menor S. M. N. V., algunas de esas fotos, mostraban a la menor desnuda y en otras fotografías vistiendo ropa interior, en poses eróticas. Si bien es cierto el sentenciador estimó como probado (lo cual se puede constatar de la simple lectura del factum) que al decomisárseles a los encausados sus aparatos telefónicos se encontró que éstos tenían grabadas fotografías de la menor S. M. N. V. quien se encontraba desnuda y en ropa interior en posiciones eróticas, sin embargo el juzgador consideró que esa conducta no es constitutiva del delito de pornografía tal y como lo establece en el apartado de fundamentación jurídica, que literalmente dice: "Las acciones descritas en la norma penal que tipifica y sanciona el ilícito mencionado, conllevan el uso de soportes informáticos de cualquier tipo, como pueden ser los teléfonos celulares, para comercializar o difundir material pornográfico y es precisamente este elemento objetivo el que no pudo ser probado en juicio, por ninguno de los medios testificales, pericial o documental." (Ver numeral segundo del apartado de la Fundamentación Jurídica, pagina 1 1 de la sentencia). Pero también es evidente que la conducta descrita en el relato fáctico y que fuera ejecutada por los acusados se enmarca perfectamente en el ilícito contemplado en el último párrafo de la norma que contiene el delito de Tenencia de Material Pornográfico de niños, niñas y adolescente el cual tiene una pena establecida de 4 a 6 años de reclusión, precepto legal que debió haber sido aplicado por el sentenciador, pues con ello no se rompe el Principio de Correlación entre sentencia y acusación, ya que son exactamente los mismos hechos que se han sustentado la acusación y siendo por tanto, el mismo bien jurídico protegido. El relato fáctico describe que los acusados tenían en los celulares de su propiedad fotografías pertenecientes a la niña S. M. N. V., de 13 años de edad, en poses eróticas con ropa interior y desnuda, acciones que son consideradas por la ley penal como delito de Tenencia de Material Pornográfico de niños, niñas y adolescentes y que está comprendido en el artículo 149-D del Código Penal, específicamente en el último párrafo de dicho precepto y que el sentenciador ha dejado de aplicar, produciéndose con ello el vicio al que hemos hecho alusión en éste recurso y que invocamos como Infracción de Ley por Falta de Aplicación. Como se logra evidenciar, el juzgador infringe la ley al dejar de aplicar la norma penal descrita en dicha normativa, aun y cuando quedo evidenciado que los hoy imputados Alicia Amador y Luis Pérez, tenían grabadas en sus aparatos móviles fotografias de la menor, y que estas imágenes eran de naturaleza Pornográfica. Circunstancia que fue debidamente considerada en la parte final del factum, sin embargo al momento de emitir fallo el Sentenciador dejo de aplicar dicha normativa penal. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 149-D del Código Penal en su último párrafo dado que el relato fáctico evidencia la concurrencia de los elementos de tipificación, sin embargo dejó de aplicar la norma antes descrita, por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que los procesados LUIS ALEXANDER REYES ENAMORADO Y ALICIA MARLENY AMADOR VEGA sean condenados por el delito de TENENCIA DE MATERIAL PORNOGRAFICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES por haberse acreditado la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito; de manera, que al no haberlo hecho así el juzgador, ha producido la violación por falta de aplicación del artículo 149-D último párrafo del Código Penal como ha quedado expuesto. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.”. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Motivo Único. Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 149-D del Código Penal. Concepto de la infracción: Falta de aplicación del artículo 149-D del Código Penal. Pretensión: Que se case la sentencia y en su lugar se profiera una apegada a la normativa citada. Explicó el censor que el relato fáctico estimado en la sentencia recurrida, describe que los acusados tenían en los celulares de su propiedad, fotografías en poses eróticas, con ropa interior y desnuda, pertenecientes a la víctima en el presente proceso, quien en ese momento tenía trece años de edad, acciones que considera se subsumen en el tipo penal de Tenencia de Material Pornográfico de niños, niñas y adolescentes, por lo que considera que existe una falta de aplicación del último párrafo, del artículo 149-D, del Código Penal. Del Delito de Pornografía Infantil. La Pornografía infantil ha sido definida por el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía como “toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales” (artículo 2 c), de manera que la actividad sancionada es aquella que ante todo pretende la explotación sexual del menor no importando si esta es divulgada o comercializada pues ante todo tiene por objeto la protección del menor ante esta forma de explotación sexual, por ello el artículo 3 del citado Protocolo impone a los Estados el compromiso de adoptar medidas en su legislación penal para comprender los actos de producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o posesión, con los fines antes señalados de Pornografía Infantil, en el sentido en que se define en el artículo 2 del citado protocolo. Congruente con ese compromiso el Estado de Honduras ha establecido en el artículo 149 D párrafo primero que “Comete el delito de pornografía, quien por cualquier medio sea directo, mecánico, o con soporte informático, electrónico o de otro tipo financie, produzca, reproduzca, distribuya, importe, exporte, ofrezca, comercialice, o difunda material donde se utilice la persona e imagen de personas menores de dieciocho años de edad en acciones o actividades pornográficas o eróticas, será sancionado con pena de diez a quince años de reclusión y multa de doscientos a trescientos salarios mínimos”. Del contenido de este artículo se aprecia una serie de verbos rectores que importan el concepto de pornografía, indistintamente si se obtiene un lucro o no, pues el lucro es tan solo una de las formas que comprende este delito, en otras palabras basta que se dé una de estas conductas para que concurra este delito; en ese sentido no nos parece necesario, en el supuesto de los fines pornográficos, que hayan de captarse imágenes fotográficas o de video para su posterior difusión, o que la exhibición para una única persona sea típica en tanto se tenga intención de difundirla ulteriormente, pues no apreciamos la existencia en el tipo, de un elemento subjetivo del injusto de obtener material pornográfico para ser difundido a terceros, sino la exigencia de que la utilización del menor o del incapaz se lleve a efecto con fines exhibicionistas o pornográficos. Asimismo, el artículo antes mencionado en su párrafo último, establece que “la tenencia de material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, será sancionada con pena de cuatro (4) a seis (6) años de reclusión”, aquí es importante dejar por sentado que la mera tenencia supone la existencia previa del material pornográfico ya elaborado cuya creación o producción es ajena al autor; ahora bien, por el contrario, la posesión del material pornográfico por quien lo ha confeccionado, producido, lo exhibe, lo distribuye o lo difunde, no es punible por separado, pues no es sino un acto que resulta copenado (Hecho no penado conforme a la norma en la que es subsumible, sino con la correspondiente a otro hecho) al serlo cualquiera de las anteriores conductas, es decir, se pena el acto primario, que puede ser cualquiera de los verbos rectores que establece el indicado artículo.[1]El delito de Tenencia de Material Pornográfico de Niños, Niñas y Adolescentes, se configura cuando el autor tiene en su poder, representaciones de carácter sexual de menores de dieciocho años. Por “tener en su poder” se entiende la acción de poseer, estar en tenencia de los objetos del delito. La tenencia referida, requiere de una relación real con los objetos de que se trata y el elemento subjetivo, requiere el conocimiento y voluntad de tenerlos. El Código Penal, admite la tenencia de elementos virtuales, ya que es innegable que producto de los avances tecnológicos y digitales, las representaciones puedan contenerse en archivos y soportes informáticos. En lo que se refiere al objeto material, éste recae sobre toda representación de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. El aspecto subjetivo exige dolo, es decir el autor debe conocer y querer llevar adelante la acción cumpliendo todos los elementos que se presentan en el tipo objetivo, o sea que el autor tiene que conocer y querer tener en su poder el material descrito en la norma penal. De la procedencia del recurso. el motivo es de recibo. En el caso bajo estudio, el tribunal sentenciador estableció en el hecho probado, que la víctima es una menor de edad, pues claramente establece que el dieciséis de noviembre del año dos mil quince, día en que ocurrieron los hechos contaba con trece años de edad, y que al llegar agentes de la Dirección de Investigación Criminal donde ésta se encontraba, lograron decomisar dos teléfonos celulares, el primero un Sony Ericsson C1904, color negro propiedad de Alicia Marleny Amador Vega y el segundo un celular Alcatel, One Touch 5020-A, color negro, propiedad de Luis Alexander Pérez Enamorado, asimismo que en dichos celulares se encontraron varias fotografías de la menor, desnuda y en ropa interior en poses eróticas. Esta Sala de Casación, estima que al confrontar la norma penal citada como inaplicada, en este caso el artículo 149-D, en su párrafo final, sí es congruente con el hecho estimado como probado, por las razones siguientes: a. En el presente caso quedó establecido en el hecho probado, que en los celulares propiedad de los acusados, se encontraron fotos de la menor, desnuda y en ropa interior en poses eróticas, por lo cual está manifiestamente establecido que se configura el elemento objetivo del delito de Tenencia de Material Pornográfico, de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir está plenamente acreditada la posesión por parte de los acusados de fotografías de contenido pornográfico de una menor, pues como se dijo las mismas fueron encontradas en dos celulares que son de su propiedad. b. Se configura el elemento subjetivo, es decir, se da el dolo, pues los autores conocen y quieren tener en su poder las fotografías que constituyen el elemento material del delito, pues como se ha dicho hasta la saciedad, el cuadro fáctico claramente describe que las fotografías, fueron encontradas en dos celulares propiedad de los imputados. c. Los acusados deben ser considerados como meros tenedores del material pornográfico de la menor, pues del hecho probado no se puede inferir que los acusados, hayan ejecutado alguno de los verbos rectores del delito de pornografía infantil, es decir no se describe que los encartados hayan exhibido, distribuido o difundido el material pornográfico de la menor víctima en el presente proceso. Es por tales razones que esta Sala de lo Penal, considera procedente declarar con lugar el motivo de casación invocado por la representación del Ministerio Público. Decisión. Se declara ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su motivo único. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se absolvió a los acusados Alicia Marleny Amador Vega y Luis Alexander Pérez Enamorado, de toda responsabilidad por la comisión del delito de Pornografía, en perjuicio de una menor. Esta Sala de lo Penal considera que la conducta de los acusados se encuentra subsumida en el artículo 149-D, del derogado Código Penal (Decreto 144-83) en su párrafo último, que corresponde a la Tenencia de Material Pornográfico de Niños, Niñas y Adolescentes, que contempla una pena de cuatro a seis años de reclusión. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Elaboración de Pornografía Infantil (artículo 261 primer párrafo), pues las fotografías con contenido pornográfico de la menor fueron encontradas en los celulares propiedad de los acusados, lo que indica a criterio de esta Sala, que ellos tomaron dichas fotografías, cuya pena es de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de cien (100) a quinientos (500) días. A partir de lo anterior, es posible determinar que a los acusados Alicia Marleny Amador Vega y Luis Alexander Pérez Enamorado, conforme el CP-144-83 les corresponde una pena de 04 a 06 años de reclusión y en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, prevé una pena para la conducta delictiva que les corresponde, conforme a dicha normativa de igual manera de 04 a 06 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 277, 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; Segundo: Casa la sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y como consecuencia, revoca la misma; Tercero: Se debe condenar y se condena a los señores Alicia Marleny Amador Vega y Luis Alexander Pérez Enamorado, de generales conocidas en autos, como autores responsable de un delito consumado de Tenencia de Material Pornográfico de Niños, Niñas y Adolescentes en perjuicio de una menor de edad, imponiéndoles la pena principal de cuatro años de reclusión, a la que deberá deducírsele el tiempo en que hayan estado privados de libertad preventivamente por esta causa; pena que deberán cumplir en el Centro Penitenciario de Ilama, en el Departamento de Santa Barbara, por no existir actualmente un Centro Penitenciario en la ciudad de San Pedro Sula, sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario atendiendo razones de seguridad, tratamiento progresivo o de conveniencia administrativa penitenciaria; asimismo, se le condena a los acusados Alicia Marleny Amador Vega y Luis Alexander Pérez Enamorado, a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Especial, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, así como la obligación del ahora condenado a trabajar dentro del establecimiento penitenciario o en obras públicas bajo la dirección de éste, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, conforme las regulaciones contenidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y su reglamento respectivo; finalmente, se declara la responsabilidad civil de los condenados, la cual deberá ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia por la víctima del delito, que en este caso es el Estado de Honduras. Se declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal en relación al pronunciamiento condenatorio emitido; librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal de los señores Alicia Marleny Amador Vega y Luis Alexander Pérez Enamorado. (Artículo 06 del Código Procesal Penal). Notifíquese. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 279-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

[1] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 366-2010 de fecha 16 de agosto del 2012, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.