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Sentencia CP-272-18 — Registro 14664

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

".... Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Horlin Alexander Rosado: i. Pena principal de dieciséis (16) años de reclusión; ii. Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iii. Pena accesoria de interdicción civil; iv. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; v. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de Homicidio (Art. 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Horlin Alexander Rosado, conforme el CP-144-83 al ser de dieciseis (16) años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. El recurrente no es claro en su planteamiento, denuncia la violación de dos normas constitucionales diferentes, que reconocen los derechos fundamentales: al estado de inocencia (Art. 89), y al debido proceso legal (Art. 90), pero en su libelo no desarrolla cómo esas normas superiores fueron transgredidas en el caso concreto, salvo por indicar que los juzgadores catalogaron unos hechos probados de manera errónea, al considerarlos como constitutivos del delito de Homicidio, y sin explicar en su argumento, los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo del motivo, argumentos de los cuales el recurrente, también debe describir los intentos de remedios legales o materiales para su subsanación. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto, por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello el legislador a previsto tres tipos de recursos de casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales. En una debida técnica recursiva, el censor, en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, seguidamente como se ha indicado, debe explicar los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo de motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste. Tratándose particularmente del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el censor deberá: 1. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de Doctrina Legal o de Quebrantamiento de Forma (recursos extraordinarios); es así que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; 2. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; 3. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, cómo éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; 4. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el censor deberá enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; 5. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; tal pretensión deberá ser consecuente con la naturaleza norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. En todos los casos será indispensable que el censor sea claro en su exposición y preciso en su argumentación, por ello, en caso de considerar la violación de más de una norma constitucional o del bloque constitucional y/o la concurrencia de más de un vicio, deberá hacer la denuncia con la debida separación de cada uno de sus argumentos, a efecto de que se distinga con claridad cada uno de ellos y las consecuentes pretensiones. En el presente caso, el recurrente presenta un recurso vacío de contenido, en inobservancia a lo antes expresado, sin técnica recursiva alguna; suma el hecho de que el censor no hace una exposición científica del porqué considera que cada una de las normas constitucionales enumeradas han sido violentadas, sino que solamente se limita a no dar mayor explicación, sin determinar con claridad la infracción provocada por los juzgadores, y por último, no detalla con precisión, cuáles han sido las reglas mínimas de juzgamiento irrespetadas; lo que si desarrolla en su recurso, son argumentos doctrinarios alejados de una explicación clara de la existencia del vicio. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que éste no fue debidamente definido por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Establece el precepto autorizante citado por el recurrente, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Por esa razón, el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente, el impetrante para fundamentar argumentalmente su motivo del recurso de casación por infracción de ley, se aparta totalmente de la base fáctica de la sentencia y expone argumentos propios de instancia y circunstancias que no fueron plasmadas como probadas por el sentenciador, pues explica que, a luz de la prueba consistente en declaraciones testificales, se acredita las causas eximentes de responsabilidad penal por obrar en el cumplimiento de un deber al momento de la comisión del hecho de homicidio, cometido por el acusado Horlin Alexander Rosado, en perjuicio de Albert Timoty Rankin Wagner, circunstancia que en todo caso excluiría el elemento de la culpabilidad del delito y por ende, eximiría la responsabilidad penal del acusado; así también, alega las eximentes de legítima defensa, sin dar mayor detalle de cómo esta causa de justificación se ve reflejada en la redacción fáctica, solo se limitó a dar señalamiento de su concepto doctrinario. Finalmente, inicia su desarrollo recursivo denunciando la falta de aplicación de las causas de justificación, pero en su conclusión recursiva atañe la aplicación indebida, ambos conceptos independiente uno del otro, pues la falta de aplicación es la omisión en cuanto a la aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica los hechos probados de la sentencia, en cuanto a la aplicación indebida, consiste en la invocación de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia; siendo confuso el planteamiento recursivo. Del análisis y estudio, la Sala de lo Penal identifica que sus argumentos recursivos no respetan en manera alguna la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes, pues sustenta sus ideas a partir de pruebas testificales evacuadas en juicio y en argumentos vacíos de contenido. Por estas razones, lo procedente es la denegatoria del recurso, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia y oposición con lo afirmado en los hechos probados de la sentencia impugnada, todo ello impropio en el recurso de casación por infracción de ley. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal destaca que el vicio denunciado por el recurrente, se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que, por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurren en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio; es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”. En el caso actual, sucede que el impugnante reclama en primer término una cuestión que no concierne al vicio denunciado, pues considera que el hecho probado de la sentencia se contradice con lo vertido en el medio de prueba denominado testifical y además con la conclusión arribada en la prueba pericial, consistente en el dictamen de balistica, que describe no poder establecer con certeza absoluta que haya sido disparada por una de las armas de fuego recibidas como indicio y que fuera descrita en el hecho probado. Estos argumentos no tiene que ver con la falta de claridad, determinancia o con lo contradictorio de los hechos probados, pues estos vicios procesales tienen una significación jurídica distinta, por lo cual, los argumentos recursivos no deben emplearse desde la vertiende del vicio invocado como infringido sino, en todo caso, en un error de derivación que debe ser evaluado desde el motivo de casación por inobservancia de las reglas de la sana crítica, en concreto: la regla de la lógica de derivación; por tanto, las defectuosidades denunciadas no tienen la entidad suficiente para provocar la anulación de la sentencia recurrida. Por tales razones, el primer motivo no es de recibo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 326, 328, 329, 330 y 332 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: Que se excluya o se deje de considerar pruebas de valor decisivo; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Enmendar el fallo recurrido. El recurrente denuncia haberse excluido medios de prueba de valor decisorio como ser dictámenes del laboratorio Balístico y Químico Toxicológico, declaraciones testificales de los señores Juan Armando Flores Rubio, Noé Isaías Sorto Chirinos, Ever Antonio Cáceres Mejía y José Nahúm Espinal Herrera, finalmente prueba documental consistente en el acta de decomiso de fecha 5 de agosto del 2012 de un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus pavón negro, serie TYL66805. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo. Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: 1. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. 2. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio, que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. EL TERCER MOTIVO NO ES DE RECIBO. Resulta evidente que el impetrante desconoce la debida técnica recursiva. En reiteradas sentencias la Sala de lo Penal se ha pronunciado en el sentido que la no conformidad del recurrente con lo resuelto por el sentenciador no es motivo de casación, sino la violación a las reglas de la sana crítica, que analiza el iter de pensamiento del juez mediante el cual ha llegado a una conclusión de condena. Cuando se interpone el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; deberá identificar qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo éste precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). Este proceso de identificación del vicio y su posterior explicación y comprobación no ha sido realizado en manera alguna por el recurrente, pues se limita a describir que los sentenciadores realizaron razonamientos distintos a los resultados de las pruebas, sin dar mayor detalle de cuales razonamientos se refiere, pues su desarrollo recursivo ha sido más el de transcribir los dichos declarados por los testigos en descargo del acusado, que en detallar o señalar cual es el agravio causado. También considera el censor, que el sentenciador ha violentando el estado de inocencia que constitucionalmente goza el enjuiciado, pues se ha condenado a su representado el señor Horlin Alexander Rosado, aun teniendo pleno conocimiento los juzgadores, de que actuó enmarcado en lo establecido en las causas eximentes de responsabilidad penal como ser la causa de justificación y la causas de inculpabilidad. La Sala de lo Penal, identifica entonces que el censor del fallo nada nos dice de la disconformidad entre la valoración intelectiva de la prueba con el contenido de las reglas citadas como infringidas, y no debe ni puede esta Sala de lo Penal, hacer las veces del impugnante e identificar oficiosamente aquellos postulados intelectivos que no sean congruentes con la reglas citadas como infringidas, pues el artículo 350 del Código Procesal Penal es claro en apuntar que la sentencia que resuelva un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido de impugnación. El censor, confundiendo la única instancia con una segunda instancia, ataca la sentencia usando como arma sus propias valoraciones y criterios de como debió haberse valorado la prueba, en una clara invitación para que esta Sala de lo Penal deseche los razonamientos intelectivos del a quo y los reemplace con los señalados por el defensor, dando al recurso de casación alcances no permitidos en la ley. Al haber sido éstas, las cuestiones objeto de impugnación esgrimidas por el recurrente, la Sala de lo Penal desestima el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su tercer motivo, por haber sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica recursiva..."

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Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 272-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 272-2018, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Horlin Alexander Rosado, como autor responsable, material y directo de un delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Albert Timoty Rankin Wagner a la pena de dieciséis años de reclusión. SEGUNDO: Condenó al señor Horlin Alexander Rosado a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena para optar y ejercer el cargo como policía por el periodo de tiempo de 16 años. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil del señor Horlin Alexander Rosado. CUARTO: No procedió condenar en costas. QUINTO: Se ordenó la devolución a la Secretaría de Seguridad el arma siguiente: Arma de Fuego Pietro Beretta bt made in Italia, calibre 9mm, color negro con serie N47677Z, con su cargador. Y respecto al Arma marca Taurus, calibre 9 mm, con empuñadura de caucho, color negro con serie TYL66805 con su respectivo cargador, procede la devolución a quien acredite su legítima propiedad y en todo caso el Juez de Ejecución de la pena decida su destino final. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado José Adonay Padilla Isaula, actuando en su condición de defensor privado. Son partes en única instancia: El Abogado José Adonay Padilla Isaula, defensor privado, en su condición de recurrente; y el Abogada Foad Alejandro Castillo Ferrufino, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA. “Único: En fecha cinco de agosto del año dos mil trece en torno de las nueve de la noche, frente al cementerio del Barrio La Loma, del sector de French Harbour, Islas de La Bahía, tres agentes de policía, sin portar uniforme de reglamento detienen al joven Emilio Jerson Rankin, por lo que varios vecinos del lugar se acercan a Preguntar el motivo, entre ellos Albert Timoty Rankin Wagner, identificándose éste como el padre del joven, momento en que Horlin Alexander Rosado, uno de los agentes que participa en la detención del muchacho, con el arma de fuego marca Pietro Beretta, modelo: 92FS, calibre 9 mm, serie N41677Z le dispara provocándole una herida por proyectil de arma de fuego dispuesto de la manera siguiente: 1 a) Orificio de entrada; localizada en la región parietal derecha (lateral de la cabeza), que mide 0.8 cms. de diámetro, con anillo de contusión de 0.3cms, de ancho, excéntrico hacia arriba y adelante, a 11 cms, de la línea media anterior del cuerpo.- b) Trayecto; de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo; de derecha hacia la izquierda que produjo herida de la piel, laceración del tejido celular subcutáneo, músculos, fractura del hueso frontal, temporal y parietal derecho e izquierdo, hematoma epicraneano (sangrado entre el cuero cabelludo y el cráneo), universal, laceración cerebral y de sus envolturas con hemorragia cerebral intracraneal. Provocándole a consecuencia de dicha herida la muerte por laceración cerebral.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente Abogado José Adonay Padilla Isaula, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: ““EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION Por Infracción de Precepto Constitucional. PRIMER MOTIVO: Infracción de precepto Constitucional de Los artículos 89 y 90, párrafo primero de la Constitución de la República, en relación a los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el articulo 339 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Los preceptos Constitucionales que se citan como infringido textualmente dicen: Artículo 89: toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. Artículo 90 de La constitución de la Republica párrafo primero establece “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. (Lo subrayado es nuestro). Las normas constitucionales que se invocan como infringidas son el artículo 89 que establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” Y, a su vez, el Artículo 90, párrafo primero indica que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Estas normas constitucionales tienen una directa relación con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre las Garantías Judiciales: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” El artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no establezca legalmente su culpabilidad”, asimismo, con el artículo 339 del Código Procesal Penal: “RESOLUCION. Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo será absuelto en caso de duda razonable.”. Hechos Probados de la Sentencia El Tribunal estimó como hechos probados los siguientes: “UNICO”: En fecha cinco (5) de Agosto del año dos mil trece (2013), en torno de las nueve de la noche, frente al cementerio del Barrio La Loma del sector de French Harbour, Islas de la Bahía, tres (3) agentes de policía, sin portar uniforme de reglamento detienen al joven Emilio Jerson Rankin, por lo que varios vecinos del lugar se acercan a preguntar el motivo, entre ellos ALBERT TIMOTHY RANKING WAGNER, identificándose este como el padre del joven, momento en que ORLIN ALEXANDER ROSADO uno de los agentes que participa en la detención del muchacho, con el arma de fuego marca Pietro Bereta, modelo: 92 FS, calibre 9mm, serie N41677Z le dispara provocándole una herida por proyectil de arma de fuego dispuesto de la manera siguiente: 1. a) orificio de entrada; localizada en la región parietal derecha (lateral de la cabeza), que mide 0.8 cms. de diámetro, con anillo de contusión de 0.3 cms., de ancho, excéntrico hacia arriba y adelante, a 11 cms. De la línea media anterior del cuerpo.- b) Trayecto; de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo; de derecha hacia la izquierda que produjo herida de la piel, laceración del tejido celular subcutáneo, músculos, fractura del hueso frontal, temporal y parietal derecho e izquierdo, hematoma epicraneano (sangrado entre el cuero cabelludo y el cráneo), universal, laceración cerebral y de sus envolturas con hemorragia cerebral intracraneal. Provocándole a consecuencia de dicha herida la muerte por laceración cerebral. Estos hechos los catalogó de manera errónea el Juzgador como constitutivos del delito de HOMICIDIO en perjuicio de ALBERT TIMOTHY RANKING WAGNER. El derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; Éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable.En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de Septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debemostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”.Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de Mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de Noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. ver sentencia SP-112-2012 de fecha 21 de enero de 2014. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. Siendo que el Tribunal de Sentencia al dictar una sentencia condenatoria, las normas constitucionales establecidas en los Artículos 89, 90, normas constitucionales que tienen una directa relación con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Razón por la que debió haber dictado una sentencia absolutoria de manera correcta, justa y objetiva razón suficiente para someter del conocimiento a la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de La Sala de lo Penal la corrección del presente error jurídico en la aplicación de la Justicia, debe enmendar dicho Fallo.” Continúa manifestando el Recurrente en su Recurso de Casación por Infracción de Ley “Por Infracción de Ley o de Doctrina Legal SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley o de Doctrina Legal por falta de aplicación de los artículos 22 y 24 numerales 1), 3) y 4) y 5) del Código Penal Vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. Los preceptos de las normas penales sustantivas que se invocan como infringidas son las establecidas en: EXPOSICION DEL MOTIVO: Artículo 22 del Código Penal. Las causas eximentes de responsabilidad penal son de tres clases, a saber: 1) Causas de inimputabilidad. 2) Causas de justificación. 3) Causas de inculpabilidad. Artículo 24 del Código Penal Vigente. Se halla exento de responsabilidad penal: 1) Quien obra en defensa de su persona o derechos siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y, c) Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Se entenderá que concurren las dos primeras circunstancias respecto de quien durante la noche rechaza el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de una casa o apartamento habitado, o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de los indicados lugares. Si los hechos ocurren durante el día, solamente se entenderá que concurre la agresión ilegítima. 2).3). 4) Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otro u otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea proporcionado al peligro. Esta exención se extiende al que haya causado daño en el patrimonio ajeno, si concurren las condiciones siguientes: a) Realidad del mal que se trata de evitar; b) Que dicho mal sea mayor que el causado para evitarlo; y, c) Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. No puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber de afrontar el peligro. 5) Quien obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Se entenderá que existe esta última circunstancia respecto de la autoridad o de sus agentes y de las personas que concurran en su auxilio, que en caso de desobediencia o resistencia o para evitar la fuga de un delincuente empleen medios proporcionados de represión, siempre que preceda intimación formal, quedando debidamente demostrada que mi representado actuó amparado en una causa de justificación, como ser la legitima defensa, así como también amparado en una causa de inculpabilidad como ser quien actúa en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Hechos Probados de la Sentencia El Tribunal estimó como hechos probados los siguientes: “UNICO”: En fecha cinco (5) de Agosto del año dos mil trece (2013), en torno de las nueve de la noche, frente al cementerio del Barrio La Loma del sector de French Harbour, Islas de la Bahía, tres (3) agentes de policía, sin portar uniforme de reglamento detienen al joven Emilio Jerson Rankin, por lo que varios vecinos del lugar se acercan a preguntar el motivo, entre ellos ALBERT TIMOTHY RANKING WAGNER, identificándose este como el padre del joven, momento en que ORLIN ALEXANDER ROSADO uno de los agentes que participa en la detención del muchacho, con el arma de fuego marca Pietro Bereta, modelo: 92 FS, calibre 9mm, serie N41677Z le dispara provocándole una herida por proyectil de arma de fuego dispuesto de la manera siguiente: 1. a) orificio de entrada; localizada en la región parietal derecha (lateral de la cabeza), que mide 0.8 cms. de diámetro, con anillo de contusión de 0.3 cms., de ancho, excéntrico hacia arriba y adelante, a 11 cms. De la línea media anterior del cuerpo.- b) Trayecto; de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo; de derecha hacia la izquierda que produjo herida de la piel, laceración del tejido celular subcutáneo, músculos, fractura del hueso frontal, temporal y parietal derecho e izquierdo, hematoma epicraneano (sangrado entre el cuero cabelludo y el cráneo), universal, laceración cerebral y de sus envolturas con hemorragia cerebral intracraneal. Provocándole a consecuencia de dicha herida la muerte por laceración cerebral.” Estos hechos los catalogó de manera errónea el Juzgador como constitutivos del delito de HOMICIDIO en perjuicio de ALBERT TIMOTHY RANKING WAGNER. El Honorable Tribunal de Sentencia que emitió el presente Fallo infringió preceptos penales u normas jurídicas de carácter sustantivo que debieron ser observadas para la aplicación de nuestro Código Penal Vigente, violentando principios fundamentales de estado de inocencia establecidos en el artículo 89 de nuestra Constitución de la Republica que establecen: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” Y, a su vez, el Artículo 90, párrafo primero indica que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece” relacionados con lo establecido en: Artículo 22 del Código Penal. Las causas eximentes de responsabilidad penal son de tres clases, a saber: 1) Causas de inimputabilidad. 2) Causas de justificación. 3) Causas de inculpabilidad. Artículo 24 del Código Penal Vigente. Se halla exento de responsabilidad penal: 1) Quien obra en defensa de su persona o derechos siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y, c) Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Se entenderá que concurren las dos primeras circunstancias respecto de quien durante la noche rechaza el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de una casa o apartamento habitado, o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de los indicados lugares. Si los hechos ocurren durante el día, solamente se entenderá que concurre la agresión ilegítima. 2).3). 4) Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otro u otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea proporcionado al peligro. Esta exención se extiende al que haya causado daño en el patrimonio ajeno, si concurren las condiciones siguientes: a) Realidad del mal que se trata de evitar; b) Que dicho mal sea mayor que el causado para evitarlo; y, c) Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. No puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber de afrontar el peligro. 5) Quien obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Se entenderá que existe esta última circunstancia respecto de la autoridad o de sus agentes y de las personas que concurran en su auxilio, que en caso de desobediencia o resistencia o para evitar la fuga de un delincuente empleen medios proporcionados de represión, siempre que preceda intimación formal., en virtud que según los testimonios de testigos presenciales que estuvieron presentes en el lugar de los hechos de clara voz manifestaron 1) Juan Armando Flores Rubio, Concatenada con la declaración testifical del policía 2) Noé Isaías Sorto Chirinos, de igual manera con la declaración del policía 3) Ever Antonio Cáceres Mejía y José Nahúm Espinal Herrera, los primeros dos (2) testigos presenciales que estuvieron en el lugar de los hechos que acreditan de manera fehaciente que mi representado HORLIN ALEXANDER ROSADO, ha actuado en ese momento del presente hecho enmarcado en lo establecido las causas eximentes de responsabilidad penal como ser la Causa de justificación, Causas de inculpabilidad. LEGITIMA DEFENSA Quien obra en defensa de su persona o derechos siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y, c) Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Se entenderá que concurren las dos primeras circunstancias respecto de quien durante la noche rechaza el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de una casa o apartamento habitado, o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de los indicados lugares. Si los hechos ocurren durante el día, solamente se entenderá que concurre la agresión ilegítima. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otro u otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea proporcionado al peligro. Esta exención se extiende al que haya causado daño en el patrimonio ajeno, si concurren las condiciones siguientes: a) Realidad del mal que se trata de evitar; b) Que dicho mal sea mayor que el causado para evitarlo; y, c) Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. Quien obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Se entenderá que existe esta última circunstancia respecto de la autoridad o de sus agentes y de las personas que concurran en su auxilio, que en caso de desobediencia o resistencia o para evitar la fuga de un delincuente empleen medios proporcionados de represión, siempre que preceda intimación formal, como ha quedado debidamente demostrado mi representado HORLIN ALEXANDER ROSADO se encontraba en el ejercicio legítimo de su cargo como policía, en un patrullaje en el sector de Frech Harbour de Roatán, Islas de la Bahía, donde se encontraba asignado como miembro activo de la Policía Nacional Preventiva. Al proferir el Tribunal la sentencia condenatoria ha hecho una aplicación indebida del artículo 24 numeral 1 del Código Penal, ya que como lo expresa el Doctor René Suazo Lagos, "las causas de justificación excluyen la anti juridicidad.-Las SP 360-2009 Página 6 de 18 acciones u omisiones cubiertas por una causa de justificación no son antijurídicas por lo que deben considerarse licitas". Con el ánimo de ilustrar nuestro planteamiento en cuanto a este motivo de casación por Infracción de Ley por la aplicación indebida del artículo 24 numeral 1 del Código Penal, transcribiré lo que establece la obra "Código Penal Comentado", del Doctor René Suazo Lagos, quien en cuanto a las causas de justificación y legítima defensa establece lo siguiente: CAUSAS DE JUSTIFICACION: Las causas de Justificación excluyen la anti juridicidad.- Las Acciones u omisiones cubiertas por una causa de justificación no son antijurídicas por lo que deben considerarse lícitas.-Son Causas de Justificación conforme al Código Penal, la legitima defensa, el estado de necesidad, el obrar en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo y la obediencia legítima. LEGÍTIMA DEFENSA: Queda cubierta por esta causa de justificación quien actúa en defensa de su persona o de sus derechos, si concurren las siguientes circunstancias: a) Agresión ilegitima: Por agresión debe entenderse toda acción u omisión que lesione o ponga en peligro un bien jurídicamente protegido. La agresión puede ser legítima o ilegitima. En términos generales puede decirse que una agresión es legítima cuando está cubierta por una causa de justificación e ilegítima cuando no está cubierta por ninguna causa de justificación. Para determinar, en consecuencia, si una agresión es o no ilegitima debe analizarse si está cubierta o no por una causa de justificación (legítima defensa - no cabe la legítima defensa contra la legítima defensa porque en esta la agresión no es ilegítima sino legítima-, estado de necesidad, obrar en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, obediencia legítima.) Aunque el código no lo exige expresamente, puede sostenerse que para que pueda existir la legitima defensa la agresión debe ser actual o inminente pues si la agresión es pasada (ya pasó, ya tuvo lugar) podrá hablarse de venganza pero no de legítima defensa pues esta debe tener como propósito evitar que el bien jurídico sea lesionado repeliendo la agresión que se está produciendo o va a producirse inmediatamente. Se considera, sin embargo, actual la agresión del ladrón que huye con la cosa hurtada. b) Necesidad racional del medio empleado para impedir o SP 360-2009 Página 7 de 18 repeler la agresión. Para determinar si los medios de defensa son racionales hay que tomar en cuenta dos comparaciones: la de los bienes en conflicto y la de los medios utilizados por el agresor y por el que defiende, ya que no es racional que para evitar un hurto se de muerte al ladrón o que para repeler un ataque con los puños se utilice un arma, salvo que, de acuerdo con las circunstancias, este justificado y que pueda considerarse racional el uso de esta. Según Jiménez de Asúa debe seguirse aquí el "criterio objetivado de un hombre razonable". c) Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Para que se de este tercer requisito y pueda existir la legítima defensa propia o personal (con uno solo de estos tres requisitos que falte no habrá legítima defensa) es necesario que quien alegue la legítima defensa no haya provocado la agresión o si la provocó, que dicha provocación no haya sido suficiente para producir la agresión o sea que haya sido simple. Para este efecto hay que determinar en qué consistió la provocación y en qué consistió la agresión para analizar luego si la provocación era suficiente o no para dar lugar a la agresión. Por provocación puede entenderse toda conducta que propicie o estimule la reacción agresiva de una persona. Pero no basta con una simple provocación para excluir la legítima defensa, para que ello ocurra es necesario que la provocación sea suficiente. Asimismo con el ánimo de ilustrar nuestro planteamiento en cuanto a este motivo de casación por Infracción de Ley por la aplicación indebida del numeral 1 del artículo 24 del código Penal, transcribiré lo que establece la obra Lecciones del derecho penal, de Luís Jiménez de Asúa, quien en cuanto a las causas de justificación establece lo siguiente: "Son causas de justificación las que excluyen la antijuricidad de una conducta que puede subsumirse en un tipo legal; esto es, aquellos actos u omisiones que revisten aspecto de delito, figura delictiva, pero en los que falta sin embargo, el carácter de ser antijurídicos, de contrarios al derecho, que es el elemento más importante del crimen, en suma las causas de justificación no son otra cosa que aquellos actos realizados conforme al derecho". En dicha obra el mismo autor en cuanto a la legítima defensa establece: "La Legítima defensa es repulsa de la agresión ilegítima, actual e inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin SP 360-2009 Página 8 de 18 traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados para impedirla o repelerla." "La legítima defensa es una causa de justificación, tiene pues su base en la preponderancia de intereses, puesto que es preferible el bien jurídico del agredido que el interés bastardo del agresor." INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. Siendo que el Tribunal de Sentencia al dictar una sentencia condenatoria, violentó y aplico de manera errónea los artículos 22 y 24 numerales 1), 3) y 4) y 5) del Código Penal Vigente., tal como se ha dejado demostrado debiendo haber aplicado las Causas de justificación y Causas de inculpabilidad de nuestro Código Penal Vigente debiendo haber dictado una sentencia absolutoria de manera correcta, justa y objetiva razón suficiente para someter del conocimiento a la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de La Sala de lo Penal la corrección del presente error jurídico en la aplicación de la Justicia, La Honorable Corte Suprema de Justicia, debe enmendar dicho Fallo.” Sigue manifestando el Recurrente en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “Por Quebrantamiento de Forma TERCER MOTIVO: Que la declaración de los hechos probados por el Tribunal de Sentencia no es clara ni determinante y es absolutamente contradictoria. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 1 del artículo 362.1 del Código Procesal Penal. Los preceptos de las normas penales sustantivas que se invocan como infringidas son las establecidas en: EXPOSICION DEL MOTIVO: Artículo 362.1 del Código Procesal Penal. Que la declaración de los hechos no es clara ni determinante y es absolutamente contradictoria. Artículo 338.1.2 del Código Procesal Penal. Hechos Probados de la Sentencia El Tribunal estimó como hechos probados los siguientes: “UNICO”: En fecha cinco (5) de Agosto del año dos mil trece (2013), en torno de las nueve de la noche, frente al cementerio del Barrio La Loma del sector de French Harbour, Islas de la Bahía, tres (3) agentes de policía, sin portar uniforme de reglamento detienen al joven Emilio Jerson Rankin, por lo que varios vecinos del lugar se acercan a preguntar el motivo, entre ellos ALBERT TIMOTHY RANKING WAGNER, identificándose este como el padre del joven, momento en que ORLIN ALEXANDER ROSADO uno de los agentes que participa en la detención del muchacho, con el arma de fuego marca Pietro Bereta, modelo: 92 FS, calibre 9mm, serie N41677Z le dispara provocándole una herida por proyectil de arma de fuego dispuesto de la manera siguiente: 1. a) orificio de entrada; localizada en la región parietal derecha (lateral de la cabeza), que mide 0.8 cms. de diámetro, con anillo de contusión de 0.3 cms., de ancho, excéntrico hacia arriba y adelante, a 11 cms. De la línea media anterior del cuerpo.- b) Trayecto; de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo; de derecha hacia la izquierda que produjo herida de la piel, laceración del tejido celular subcutáneo, músculos, fractura del hueso frontal, temporal y parietal derecho e izquierdo, hematoma epicraneano (sangrado entre el cuero cabelludo y el cráneo), universal, laceración cerebral y de sus envolturas con hemorragia cerebral intracraneal. Provocándole a consecuencia de dicha herida la muerte por laceración cerebral. Estos hechos los catalogó de manera errónea el Juzgador como constitutivos del delito de HOMICIDIO en perjuicio de ALBERT TIMOTHY RANKING WAGNER.Los presentes hechos no se encuentran descritos con claridad, precisión y sin coherencia, no establecen la relación objetiva de lo sucedido en la audiencia de debate, encontrándose contradictorio los hechos probados al tener de manera equivocada como hechos probados que tres agentes de policía sin portar uniforme de reglamento; contrario sensu a los testimonios de los testigos presenciales Juan Armando Flores Rubio, Noé Isaías Sorto Chirinos, Ever Antonio Cáceres Mejía y José Nahúm Espinal Herrera, de igual manera absolutamente contradictorio dicho fallo al tener como hechos probados el argumento, “momento en que HORLIN ALEXANDER ROSADO uno de los agentes que participaba en la detención del muchacho, con el arma de fuego marca Pietro Bereta modelo 92FS, calibre 9mm, serie N41677Z, le dispara provocándole una herida por proyectil de arma de fuego y según la prueba científica consistente en el dictamen de balística número 4545 correspondiente al análisis comparativo que establece con certeza que con base a su morfología el revestimiento de la bala recibida como indicio recuperado en el cuerpo del señor ALBERT TIMOTHY RANKING WAGNER con número de autopsia 2068-12 las dos armas de fuego remitidas como evidencias. Conclusiones no se puede establecer con certeza absoluta que haya sido disparada por una de las armas de fuego recibidas como indicio, por lo que dicho hechos probados son absolutamente contradictorios y no apegados a la verdad real de los hechos. Razón suficiente y justificada legalmente para casar por quebrantamiento de forma la presente sentencia por establecer hechos probados subjetivos y parcializados a favor de los intereses del Ministerio Publico y no en el estricto cumplimiento de la Administración de la Justicia.” “Por Quebrantamiento de Forma CUARTO MOTIVO: Que se excluya o se deje de considerar pruebas de valor decisorio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 1 del artículo 362.2 del Código Procesal Penal. El Honorable Tribunal de Sentencia que emitió el presente Fallo infringió preceptos penales o normas penales de carácter adjetivas que debieron ser observadas para la aplicación de nuestro Código Procesal Penal Vigente, violentando principios fundamentales de estado de inocencia establecidos en el artículo 89 de nuestra Constitución de la Republica que establecen: Artículo 326. Dictamen pericial: se excluyeron medios de pruebas de valor decisorio: con ser el dictamen de Laboratorio de Balística Forense número 2275-2012 correspondiente al arma de fuego tipo pistola prieto bereta calibre 9 mm color negro, serie N416772. Y además el Dictamen de Laboratorio de Balística Forense número 2013-0801-050-1727, Referente al arma de fuego tipo pistola Marca Taurus Pavón prieto bereta, color negro, serie TYL66805. encontrada en la escena en el momento de los hechos y que portaba el señor Albert Timothy Ranking Wagner., así como además el dictamen Químico Toxicológico número 6632-2012 Excluyendo y dejando de considerar el medio de prueba de valor decisivo como ser del dictamen de balística número 4545 correspondiente al análisis comparativo de las dos armas de fuego remitidas como evidencias estableciendo en sus conclusiones no se puede establecer con certeza absoluta que haya sido disparada por una de las armas de fuego recibidas como indicio., Artículo 332. Prueba Documental, excluyendo también la prueba documental como ser el Acta de decomiso de fecha 5 de Agosto del 2012 de una arma de fuego tipo pistola, Marca Taurus Pavón negro, serie TYL66805. Quedando debidamente probado que dicha arma de fuego fue recogida de la escena del crimen y entregada al oficial José Nahúm Espinal Herrera jefe inmediato de mi representado. En virtud de ser el arma de fuego que portaba la victima Albert Timoteo Rankin Wagner. Artículo 328. Declaración de los testigos. Se excluyeron medios de prueba de valor decisivo como ser las declaraciones de los testigos presenciales Juan Armando Flores Rubio, quien es agente de Policía que se encontraba en el lugar y presencio los hechos. Declara: -Eso fue el 5 de Agosto de 2012 salieron de la estación de la policía de French Harbour, Roatán, acompañados de los policías Sorto y Rosado, eran las 8:30 de la noche, se dirigieron al sector de La Loma en patrullaje de rutina, fueron por un cementerio a la pavimentada, cuando observaron a un joven de espaldas al muro, le hicieron un registro personal y se le encontró al joven en la bolsa derecha una bolsa color azul que en su interior contenía 3 bolsitas trasparentes que supuestamente contenían hierba seca supuesta marihuana, al momento de decirle que lo iban a trasladar a la posta el opuso resistencia, como no se dejaba agarrar de las manos se fue al suelo, lograron reducirlo a la impotencia y ponerle los aros de presión, el policía Rosado les daba seguridad, en ese momento vinieron bastantes personas familiares de él (detenido) que querían que no lo trasladaran a la posta, cuando habían caminado aproximadamente 100 a 150 metros del lugar donde vio hacia atrás y escuchó un ruido que se cerrojeaba un arma y fue cuando observo a mi compañero Rosado que tomo la decisión de quitarle el arma al señor que no sé qué pretendía, fue algo tan rápido y después se escuchó una detonación de un disparo, cuando escucho el disparo volteo a ver atrás y vio la persona que ya estaba en el suelo, con Sorto decidieron llevar al joven a la posta rápido porque la gente era bastante la que los seguía, llegamos a la posta con el detenido, la intención era dejar al detenido ahí y auxiliar al señor pero rápidamente pasaron con él en un vehículo, su jefe inmediato ese día de los hechos era el Inspector Espinal. –El Inspector Espinal autorizo que fueran al lugar. –Patrullaban ese sector por denuncias que vendían drogas a menores y robo a viviendas. –En el lugar ese día solo estaba el joven detenido. – Al verlo solo lo revisaron, como autoridad todo mundo es sospechoso por lo que decidimos realizar el registro. –Después que llegaron a la policía con el detenido formaron un anillo por si las personas querían venir con armas o quemar la posta. –Informaron al Inspector Espinal de ese hecho. –Como encargado de la patrulla al señor Horlin lo tuvieron en la posta y el inspector se hizo presente y tomo la decisión de hacer lo que correspondía. –No vio cuando se detono el disparo solo escucho. – La Iluminación era poca no distinguí quien cargaba el arma de fuego. –El testigo dijo que utilizan una Pietro Beretta 9mm asignada y que el policía Horlin portaba un arma Pietro Beretta 9mm. –La persona que los quería agredir apareció por el lado izquierdo, en el lugar habían varias personas que manifestaban cosas en ingles que no entendían, hablaban fuerte en voz alta.–El señor Horlin solo les daba seguridad al llegar a la posta le pregunto por la maniobra que había hecho, la labor del policía Horlin era dar seguridad. –Ese día salieron con pantalón jeans y camisa polo autorizada para patrullar con insignias de la policía al frente y en la espalada. –Horlin Rosado al momento de la detención estaba a un metro dando seguridad. –Refiere que todos ellos portaban el arma en la cintura. –La seguridad la daba controlando a las personas. –En la detención rápidamente iban llegando unas 30 a 40 personas. – Cuando llevaban al señor Gerson y su compañero Rosado se mantenían dando seguridad. –No pudo observar donde portaba el arma Horlin porque estaba tomando control del joven, pero la tuvo que haber tenido en la cintura. –Horlin venía a lado izquierdo de nosotros. –El señor que salió venia al lado izquierdo. –El forcejeo fue rápido no se miraba bien porque el alumbrado era poco, solo vio el movimiento que hace el compañero hacia la persona. –En la posta reportamos al detenido y llamaron a su jefe y le informaron de lo que había pasado y a la guardia. –El jefe tomo control de eso.- El guardia era el policía Cáceres y encargado el Inspector Espinal. Declaración Testifical Noé Isaías Zorto Chirinos, que declaro lo siguiente: El día domingo 5 de agosto de 2012 a eso de las 8:30 de la noche salieron de la posta a realizar patrullaje al llegar al cementerio en Barrio Las Lomas en la esquina vieron una persona sospechosa le solicitaron un registro al momento del registro se le encontró dentro del pantalón una bolsa azul con hierba seca supuesta marihuana, le comunicaron que iba a ser detenido que los acompañara a la posta, él se opuso a la detención el policía Clase II Flores empezó a forcejar con el ciudadano y el deponente lo ayudo para esposarlo, el compañero Horlin Rosado daba seguridad, en ese momento se empezaron a agrupar varias personas para evitar que lo llevaran detenido, ya habían avanzado salió un señor alterado reclamando porque le llevaban al hijo le dijeron que fuera a la posta, él dijo palabras soeces en inglés, cuando avanzaron pudo ver que el hizo movimiento como de cerrojear un arma pero como el compañero Horlin Rosado venía dando seguridad, él se le abalanzo y forcejearon uno segundos, se escuchó un disparo en ese momento volteo a ver atrás y vio que el señor se había ido al suelo herido de bala, pero por encontrarse el montón de personas no le pudieron asistir por seguridad. –Después le dieron seguridad a la posta porque se aglomeraron las personas ahí. –La intención de las personas era agredirlos. –El encargado de la patrulla era policía clase II Flores.- El encargado de la policía era el Inspector Espinal. –El policía Rosado informo lo sucedido al inspector Espinal entregándole las armas y después llegaron a traer al compañero en una patrulla. –El policía Horlin entrego las armas al inspector no sabe si él se las pidió. –El entrego dos armas. –Una arma el la recogió de la escena por temor a que los agredieran con la misma arma. –No vio el arma, sabía que era una escuadra porque son las únicas que se cerrojean, La otra arma que entrego fue la que de reglamento una escuadra 9mm Petro Beretta. –Cuando se disparó el arma habían cerca de 100 personas. –Las personas manifestaban insultos y que no llevaron al detenido y otras cosas que no entendían porque las decían en inglés. –El disparo lo escucho al lado izquierdo mío. Fue a unos 3 metros. El padre del joven salió del lado izquierdo de una casa. –El señor se aproximó a unos 3 a 5 metros. –Él dijo que era el papa del muchacho y que porque lo llevaban después forcejeo con el compañero Horlin. –El compañero tuvo que abalanzársele porque cerrojeo el arma porque vio ese movimiento de la mano. –El declarante estaba a unos 3 metros. –El arma era una escuadra por el cerrojeo del arma. –El señor Rosado venia atrás. –Escucho el disparo y vio que el señor se fue al suelo junto con el compañero. –No sabe dónde portaba el arma el señor. –Cuando llegaron a la policía dieron seguridad a la posta y a ellos mismos. –En ese momento las armas las andaban en la cintura, -No se refirió que el padre era la persona que andaba el arma. Declaración Testifical Ever Antonio Cáceres Mejía, declaro: Se encontraban descansando le tocaba recibir a las 12 de la noche, el compañero de turno lo fue a levantar porque había un problema con los compañeros de la posta, vio cuando los compañeros ya estaban en la posta, el compañero que le estaba cubriendo relato el problema y dijo que había un problema en el bajo y le comento que el compañero había tenido forcejeo con el detenido y que había escuchado un disparo, eso fue lo que le relato y espero a ver lo que sus compañeros le decían después.– Espero al clase II Flores para que el relatara para hacer la novedad de lo que había pasado y consigno la novedad en el Libro de novedades de la policía. –Estableció que a las 8:30 de la noche que habían salido los compañeros a realizar patrullaje de rutina en el que dieron detención a un ciudadano y que al momento de la inspección, lo trasladaron a la posta policial, se le notifico que había una persona herida de arma de fuego.– Consignio que al momento de haberse dado el problema el señor fue sacado de la isla y que no sabían de donde había salido el arma. –Se refiere al arma con la que le dispararon al occiso. –No recibió la evidencia porque se hizo cargo el inspector Espinal, porque él era el jefe inmediato de ellos. –El policía Horlin tiene asignada un arma Pietro Beretta 9m tipo escuadra. –En ningún momento le vio arma personal a Horlin.– Asimismo dijo que espero que llegara la clase Flores para escribir las novedades porque él era el encargado del patrullaje.– Su puesto era comandante de guardia y debe reportar toda novedad. –Su obligación es redactar todas las novedades. Reporto la hora de entrada y salida con todo lo que ellos portaban. Declaración Testifical José Nahúm Espinal, declara: El domingo 5 de agosto de 2012 fungiendo como jefe de la posta de French Harbour al policía José Armando Flores Rubio le dijo que organizara un patrullaje y que lo reportara, como a las 8:30 llamo que salieron a patrullar con Zorto y Rosado, a eso de las 9:00 lo llama reportando que había un incidente donde había salido herido Timoty Ranking, ellos dicen que realizando patrullaje requirieron a un persona le hicieron registro le encontraron supuesta marihuana, cuando lo llevaban detenido una persona se le abalanzo a Horlin Rosado quien daba seguridad, en eso hubo forcejeo y hubo un disparo donde producto de eso el policía Horlin Rosado vio el arma la agarro y la llevo a la posta, el policía Rosado le dio esta versión como sucedieron los hechos, luego hizo el procedimiento de remitirlo a la Dirección General de Investigación Criminal. –Cuando recibió la llamada se persono a la posta para verificar los hechos y los policías que andaban haciendo patrullaje le informaron lo sucedido. –El procedimiento que se hizo fue interrogarlo y decomisarle el arma de reglamento y el arma que se encontró en el incidente y remitirlo a la Dirección Nacional de Investigación Criminal.– El comportamiento de Horlin estuvo anuente, informo lo mismo que le dijo Policía Flores Rubio fue la misma versión de los hechos que se forcejeó con Timoty y se disparó un arma. Se decomisó un arma de reglamento de 9mm Pietro Beretta y la otra una Taurus color negro tipo escuadra. Al momento del decomiso el policía Rosado no opuso resistencia siempre estuvo anuente a colaborar.– El jefe de la policía de la posta de French Harbour, Roatán, de la jefatura departamental era el sub comisionado Raúl Martínez Alvarado.–Ese día le hizo registro personal y se le decomiso dos armas, la lectura de derechos posteriormente lo remitió a la antigua Dirección Nacional de Investigación Criminal. El policía Rosado le entrego las armas. Eso fue como a las 9 de la noche. –No recuerda exactamente la hora en lo que remitió fue en el término de las 6 horas que establece la ley., testimonios a los que el tribunal de sentencia les dio un valor probatorio subjetivo y parcializado a favor de los intereses del Ministerio Publico y no en el estricto cumplimiento de la administración de la Justicia. Hechos Probados de la Sentencia El Tribunal estimó como hechos probados los siguientes: “UNICO”: En fecha cinco (5) de Agosto del año dos mil trece (2013), en torno de las nueve de la noche, frente al cementerio del Barrio La Loma del sector de French Harbour, Islas de la Bahía, tres (3) agentes de policía, sin portar uniforme de reglamento detienen al joven Emilio Jerson Rankin, por lo que varios vecinos del lugar se acercan a preguntar el motivo, entre ellos ALBERT TIMOTHY RANKING WAGNER, identificándose este como el padre del joven, momento en que ORLIN ALEXANDER ROSADO uno de los agentes que participa en la detención del muchacho, con el arma de fuego marca Pietro Bereta, modelo: 92 FS, calibre 9mm, serie N41677Z le dispara provocándole una herida por proyectil de arma de fuego dispuesto de la manera siguiente: 1. a) orificio de entrada; localizada en la región parietal derecha (lateral de la cabeza), que mide 0.8 cms. de diámetro, con anillo de contusión de 0.3 cms., de ancho, excéntrico hacia arriba y adelante, a 11 cms. De la línea media anterior del cuerpo.- b) Trayecto; de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo; de derecha hacia la izquierda que produjo herida de la piel, laceración del tejido celular subcutáneo, músculos, fractura del hueso frontal, temporal y parietal derecho e izquierdo, hematoma epicraneano (sangrado entre el cuero cabelludo y el cráneo), universal, laceración cerebral y de sus envolturas con hemorragia cerebral intracraneal. Provocándole a consecuencia de dicha herida la muerte por laceración cerebral. Estos hechos los catalogó el Juzgador de manera incorrecta como constitutivos del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de ALBERT TIMOTHY RANKING WAGNER.INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. Siendo que el Tribunal de Sentencia al dictar una sentencia condenatoria, violentó los artículos 362. 1, 326, 328,329, 330,332, del Código Procesal Penal. Tal como se ha dejado demostrado debiendo haber analizado la prueba científica como ser los dictámenes del laboratorio de Balístico y Químico Toxicológico, declaraciones testificales de los señores: Juan Armando Flores Rubio, Noé Isaías Sorto Chirinos, Ever Antonio Cáceres Mejía y José Nahúm Espinal Herrera y también Acta de decomiso de fecha 5 de Agosto del 2012 de una arma de fuego tipo pistola, Marca Taurus Pavón negro, serie TYL66805., dándole aplicación a los preceptos legales establecidos en nuestro Código Procesal Penal Vigente debiendo haber dictado una sentencia absolutoria de manera correcta, justa y objetiva razón suficiente para someter del conocimiento a la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de La Sala de lo Penal la corrección del presente error jurídico en la aplicación de la Justicia, La Honorable Corte Suprema de Justicia, debe enmendar dicho Fallo.” “Por Quebrantamiento de Forma QUINTO MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por adolecer la sentencia de vicios: según lo establecido en el Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. De acuerdo a este artículo, nuestro sistema acusatorio incorporado a través del Código Procesal Penal, determina el principio de libertad de valoración de la prueba, en el cual el Juzgador a efecto de dictar sentencia tomará en cuenta la prueba evacuada durante el juicio, las que deberán ser apreciadas en forma conjunta y de acuerdo a las reglas de la Sana Crítica. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del Código Procesal Penal que dice: "El Tribunal para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica". -Así el artículo 338 del mismo cuerpo legal que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al juez sentenciador: "Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio, y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios igualmente declarados probados. Omitiendo el Tribunal la valoración de los medios de prueba las reglas de la sana crítica, como ser: Declaración Testifical Juan Armando Flores Rubio, quien es agente de Policía que se encontraba en el lugar y presencio los hechos. Declara: -Eso fue el 5 de Agosto de 2012 salieron de la estación de la policía de French Harbour, Roatán, acompañados de los policías Sorto y Rosado, eran las 8:30 de la noche, se dirigieron al sector de La Loma en patrullaje de rutina, fueron por un cementerio a la pavimentada, cuando observaron a un joven de espaldas al muro, le hicieron un registro personal y se le encontró al joven en la bolsa derecha una bolsa color azul que en su interior contenía 3 bolsitas trasparentes que supuestamente contenían hierba seca supuesta marihuana, al momento de decirle que lo iban a trasladar a la posta el opuso resistencia, como no se dejaba agarrar de las manos se fue al suelo, lograron reducirlo a la impotencia y ponerle los aros de presión, el policía Rosado les daba seguridad, en ese momento vinieron bastantes personas familiares de él (detenido) que querían que no lo trasladaran a la posta, cuando habían caminado aproximadamente 100 a 150 metros del lugar donde vio hacia atrás y escuchó un ruido que se cerrojeaba un arma y fue cuando observo a mi compañero Rosado que tomo la decisión de quitarle el arma al señor que no sé qué pretendía, fue algo tan rápido y después se escuchó una detonación de un disparo, cuando escucho el disparo volteo a ver atrás y vio la persona que ya estaba en el suelo, con Sorto decidieron llevar al joven a la posta rápido porque la gente era bastante la que los seguía, llegamos a la posta con el detenido, la intención era dejar al detenido ahí y auxiliar al señor pero rápidamente pasaron con él en un vehículo, su jefe inmediato ese día de los hechos era el Inspector Espinal. –El Inspector Espinal autorizo que fueran al lugar. –Patrullaban ese sector por denuncias que vendían drogas a menores y robo a viviendas. –En el lugar ese día solo estaba el joven detenido. – Al verlo solo lo revisaron, como autoridad todo mundo es sospechoso por lo que decidimos realizar el registro. –Después que llegaron a la policía con el detenido formaron un anillo por si las personas querían venir con armas o quemar la posta. –Informaron al Inspector Espinal de ese hecho. –Como encargado de la patrulla al señor Horlin lo tuvieron en la posta y el inspector se hizo presente y tomo la decisión de hacer lo que correspondía. –No vio cuando se detono el disparo solo escucho. – La Iluminación era poca no distinguí quien cargaba el arma de fuego. –El testigo dijo que utilizan una Pietro Beretta 9mm asignada y que el policía Horlin portaba un arma Pietro Beretta 9mm. –La persona que los quería agredir apareció por el lado izquierdo, en el lugar habían varias personas que manifestaban cosas en ingles que no entendían, hablaban fuerte en voz alta. –El señor Horlin solo les daba seguridad al llegar a la posta le pregunto por la maniobra que había hecho, la labor del policía Horlin era dar seguridad. –Ese día salieron con pantalón jeans y camisa polo autorizada para patrullar con insignias de la policía al frente y en la espalada. –Horlin Rosado al momento de la detención estaba a un metro dando seguridad. –Refiere que todos ellos portaban el arma en la cintura. –La seguridad la daba controlando a las personas. –En la detención rápidamente iban llegando unas 30 a 40 personas. – Cuando llevaban al señor Gerson y su compañero Rosado se mantenían dando seguridad. –No pudo observar donde portaba el arma Horlin porque estaba tomando control del joven, pero la tuvo que haber tenido en la cintura. –Horlin venía a lado izquierdo de nosotros. –El señor que salió venia al lado izquierdo. –El forcejeo fue rápido no se miraba bien porque el alumbrado era poco, solo vio el movimiento que hace el compañero hacia la persona. –En la posta reportamos al detenido y llamaron a su jefe y le informaron de lo que había pasado y a la guardia. –El jefe tomo control de eso.- El guardia era el policía Cáceres y encargado el Inspector Espinal. Declaración Testifical Noé Isaías Zorto Chirinos, que declaro lo siguiente: El día domingo 5 de agosto de 2012 a eso de las 8:30 de la noche salieron de la posta a realizar patrullaje al llegar al cementerio en Barrio Las Lomas en la esquina vieron una persona sospechosa le solicitaron un registro al momento del registro se le encontró dentro del pantalón una bolsa azul con hierba seca supuesta marihuana, le comunicaron que iba a ser detenido que los acompañara a la posta, él se opuso a la detención el policía Clase II Flores empezó a forcejar con el ciudadano y el deponente lo ayudo para esposarlo, el compañero Horlin Rosado daba seguridad, en ese momento se empezaron a agrupar varias personas para evitar que lo llevaran detenido, ya habían avanzado salió un señor alterado reclamando porque le llevaban al hijo le dijeron que fuera a la posta, él dijo palabras soeces en inglés, cuando avanzaron pudo ver que el hizo movimiento como de cerrojear un arma pero como el compañero Horlin Rosado venía dando seguridad, él se le abalanzo y forcejearon uno segundos, se escuchó un disparo en ese momento volteo a ver atrás y vio que el señor se había ido al suelo herido de bala, pero por encontrarse el montón de personas no le pudieron asistir por seguridad. –Después le dieron seguridad a la posta porque se aglomeraron las personas ahí. –La intención de las personas era agredirlos. –El encargado de la patrulla era policía clase II Flores.- El encargado de la policía era el Inspector Espinal. –El policía Rosado informo lo sucedido al inspector Espinal entregándole las armas y después llegaron a traer al compañero en una patrulla. –El policía Horlin entrego las armas al inspector no sabe si él se las pidió. –El entrego dos armas. –Una arma el la recogió de la escena por temor a que los agredieran con la misma arma. –No vio el arma, sabía que era una escuadra porque son las únicas que se cerrojean, La otra arma que entrego fue la que de reglamento una escuadra 9mm Petro Beretta. –Cuando se disparó el arma habían cerca de 100 personas. –Las personas manifestaban insultos y que no llevaron al detenido y otras cosas que no entendían porque las decían en inglés. –El disparo lo escucho al lado izquierdo mío. Fue a unos 3 metros. El padre del joven salió del lado izquierdo de una casa. –El señor se aproximó a unos 3 a 5 metros. –Él dijo que era el papa del muchacho y que porque lo llevaban después forcejeo con el compañero Horlin. –El compañero tuvo que abalanzársele porque cerrojeo el arma porque vio ese movimiento de la mano. –El declarante estaba a unos 3 metros. –El arma era una escuadra por el cerrojeo del arma. –El señor Rosado venia atrás. –Escucho el disparo y vio que el señor se fue al suelo junto con el compañero. –No sabe dónde portaba el arma el señor. –Cuando llegaron a la policía dieron seguridad a la posta y a ellos mismos. –En ese momento las armas las andaban en la cintura, -No se refirió que el padre era la persona que andaba el arma. Declaración Testifical Ever Antonio Cáceres Mejía, declaro: Se encontraban descansando le tocaba recibir a las 12 de la noche, el compañero de turno lo fue a levantar porque había un problema con los compañeros de la posta, vio cuando los compañeros ya estaban en la posta, el compañero que le estaba cubriendo relato el problema y dijo que había un problema en el bajo y le comento que el compañero había tenido forcejeo con el detenido y que había escuchado un disparo, eso fue lo que le relato y espero a ver lo que sus compañeros le decían después. –Espero al clase II Flores para que el relatara para hacer la novedad de lo que había pasado y consigno la novedad en el Libro de novedades de la policía. –Estableció que a las 8:30 de la noche que habían salido los compañeros a realizar patrullaje de rutina en el que dieron detención a un ciudadano y que al momento de la inspección, lo trasladaron a la posta policial, se le notifico que había una persona herida de arma de fuego. –Consignio que al momento de haberse dado el problema el señor fue sacado de la isla y que no sabían de donde había salido el arma. –Se refiere al arma con la que le dispararon al occiso. –No recibió la evidencia porque se hizo cargo el inspector Espinal, porque él era el jefe inmediato de ellos. –El policía Horlin tiene asignada un arma Pietro Beretta 9m tipo escuadra. –En ningún momento le vio arma personal a Horlin. –Asimismo dijo que espero que llegara la clase Flores para escribir las novedades porque él era el encargado del patrullaje. –Su puesto era comandante de guardia y debe reportar toda novedad. –Su obligación es redactar todas las novedades. Reporto la hora de entrada y salida con todo lo que ellos portaban. Declaración Testifical José Nahúm Espinal, declara: El domingo 5 de agosto de 2012 fungiendo como jefe de la posta de French Harbour al policía José Armando Flores Rubio le dijo que organizara un patrullaje y que lo reportara, como a las 8:30 llamo que salieron a patrullar con Zorto y Rosado, a eso de las 9:00 lo llama reportando que había un incidente donde había salido herido Timoty Ranking, ellos dicen que realizando patrullaje requirieron a un persona le hicieron registro le encontraron supuesta marihuana, cuando lo llevaban detenido una persona se le abalanzo a Horlin Rosado quien daba seguridad, en eso hubo forcejeo y hubo un disparo donde producto de eso el policía Horlin Rosado vio el arma la agarro y la llevo a la posta, el policía Rosado le dio esta versión como sucedieron los hechos, luego hizo el procedimiento de remitirlo a la Dirección General de Investigación Criminal.–Cuando recibió la llamada se persono a la posta para verificar los hechos y los policías que andaban haciendo patrullaje le informaron lo sucedido. –El procedimiento que se hizo fue interrogarlo y decomisarle el arma de reglamento y el arma que se encontró en el incidente y remitirlo a la Dirección Nacional de Investigación Criminal. –El comportamiento de Horlin estuvo anuente, informo lo mismo que le dijo Policía Flores Rubio fue la misma versión de los hechos que se forcejeó con Timoty y se disparó un arma. Se decomisó un arma de reglamento de 9mm Pietro Beretta y la otra una Taurus color negro tipo escuadra. Al momento del decomiso el policía Rosado no opuso resistencia siempre estuvo anuente a colaborar. –El jefe de la policía de la posta de French Harbour, Roatán, de la jefatura departamental era el sub comisionado Raúl Martínez Alvarado. –Ese día le hizo registro personal y se le decomiso dos armas, la lectura de derechos posteriormente lo remitió a la antigua Dirección Nacional de Investigación Criminal. El policía Rosado le entrego las armas. Eso fue como a las 9 de la noche. –No recuerda exactamente la hora en lo que remitió fue en el término de las 6 horas que establece la ley. Hechos Probados de la Sentencia, que se encuentran establecidos en el motivo anterior del presente libelo. Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad al que el tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria. La Fundamentación probatoria se divide en dos fases: descriptiva e intelectiva; en la primera, el tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el Juzgador debe explicar porque un medio probatorio le merece fe y otro no y además, porque un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada.- lo cual no se realizó por el tribunal, Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia, por ello el legislador en el Artículo 338 del Código Procesal Penal, ubica dentro de la "fundamentación del fallo" (regla cuarta), la valoración de la prueba.- Las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de la sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se les apoye.- En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que les establezcan el valor que deben consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene como límites las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común.- Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas según lo exigen los artículos 202, 338 y 336 del Código Procesal Penal y que recalca el artículo 338, sección cuarta numeral 2 ("justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio ..") En el caso que nos ocupa, el sentenciador al momento de dictar sentencia condenatoria lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; transgrediendo el postulado de la derivación, específicamente el principio de razón suficiente, en virtud que el Tribunal Sentenciador realizó razonamientos distintos a los resultados de las pruebas y por ende violentando el Estado de Inocencia que Constitucionalmente goza el enjuiciado, pues se ha condenado a mi representado el señor ORLIN ALEXANDER ROSADO, aun teniendo pleno conocimiento que actuó enmarcado en lo establecido las causas eximentes de responsabilidad penal como ser la Causa de justificación, y la Causas de inculpabilidad ya anteriormente mencionadas. Podemos concluir que el Tribunal Sentenciador infringió gravemente el Derecho a la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, y que la única forma de enmendarlo es declarando con lugar el presente recurso de casación, dictando la SENTENCIA ABSOLUTORIA que corresponde. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. Siendo que el Tribunal de Sentencia al dictar una sentencia condenatoria, violentó los artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal, las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica, dándole aplicación a los preceptos legales establecidos en nuestro Código Procesal Penal Vigente, debiendo haber dictado una sentencia absolutoria de manera correcta, justa y objetiva razón suficiente para someter del conocimiento a la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de La Sala de lo Penal la corrección del presente error jurídico en la aplicación de la Justicia, La Honorable Corte Suprema de Justicia, debe enmendar dicho Fallo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículos 89 y 90 de la Constitución de la República; en relación con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derecho Humanos y el artículo 339 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Violación al Derecho/Principio del estado material de inocencia y al del debido proceso legal. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Enmendar fallo recurrido. El censor presenta recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, argumentando haberse vulnerado el estado material de inocencia y al debido proceso, por cuanto, los juzgadores catalogaron unos hechos probados de manera errónea, al considerarlos como constitutivos del delito de Homicidio, luego en su extenso desarrollo recursivo el censor, se limitó al señalamiento doctrinal en relación a los preceptos constitucionales enunciados. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia. El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del ius puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe mostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado/a le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado/a, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá, como competencia, el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el Tribunal de Sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al Tribunal de Sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana crítica; no puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba. En particular, cuando se alega violación al debido razonamiento probatorio, el recurrente debe seguir una debida técnica para su planteamiento, misma que va desde la identificación del razonamiento judicial que considera cuestionable, identificación de la reglas del recto entendimiento humano que han sido infringidas con su debida explicación, confrontación entre el razonamiento judicial y la norma del correcto pensamiento y, con ello, la subsecuente demostración de la existencia del vicio, lo que debe rematarse con la explicación del porqué ese vicio condiciona la decisión final del tribunal y, por ende, porqué esa decisión no es válida.- La simple expresión de desacuerdo con el razonamiento judicial contenido en la sentencia, aun cuando se señale cuáles son éstos, no satisface lo señalado, pues para que la violación al estado de Inocencia pueda ser de recibo, se requiere demostrar que la decisión judicial descansa en juicios y pensamientos que colisionen con los principios del recto entendimiento humano. Del Debido Proceso Legal. La Garantía del Debido Proceso, invocada por el pretensor, como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.- Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del Derecho Procesal Penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte; así pues, los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad e independencia del juez; v.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- A la igualdad de armas procesales; vii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- A una justicia gratuita; en fin el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es, cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. El recurrente no es claro en su planteamiento, denuncia la violación de dos normas constitucionales diferentes, que reconocen los derechos fundamentales: al estado de inocencia (Art. 89), y al debido proceso legal (Art. 90), pero en su libelo no desarrolla cómo esas normas superiores fueron transgredidas en el caso concreto, salvo por indicar que los juzgadores catalogaron unos hechos probados de manera errónea, al considerarlos como constitutivos del delito de Homicidio, y sin explicar en su argumento, los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo del motivo, argumentos de los cuales el recurrente, también debe describir los intentos de remedios legales o materiales para su subsanación. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto, por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello el legislador a previsto tres tipos de recursos de casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales. En una debida técnica recursiva, el censor, en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, seguidamente como se ha indicado, debe explicar los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo de motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste. Tratándose particularmente del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el censor deberá: 1. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de Doctrina Legal o de Quebrantamiento de Forma (recursos extraordinarios); es así que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; 2. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; 3. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, cómo éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; 4. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el censor deberá enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; 5. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; tal pretensión deberá ser consecuente con la naturaleza norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. En todos los casos será indispensable que el censor sea claro en su exposición y preciso en su argumentación, por ello, en caso de considerar la violación de más de una norma constitucional o del bloque constitucional y/o la concurrencia de más de un vicio, deberá hacer la denuncia con la debida separación de cada uno de sus argumentos, a efecto de que se distinga con claridad cada uno de ellos y las consecuentes pretensiones. En el presente caso, el recurrente presenta un recurso vacío de contenido, en inobservancia a lo antes expresado, sin técnica recursiva alguna; suma el hecho de que el censor no hace una exposición científica del porqué considera que cada una de las normas constitucionales enumeradas han sido violentadas, sino que solamente se limita a no dar mayor explicación, sin determinar con claridad la infracción provocada por los juzgadores, y por último, no detalla con precisión, cuáles han sido las reglas mínimas de juzgamiento irrespetadas; lo que si desarrolla en su recurso, son argumentos doctrinarios alejados de una explicación clara de la existencia del vicio. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que éste no fue debidamente definido por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 22 y 24 numeral 1, 3, 4 y 5 del Código Penal. Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo que contienen las causas que eximen de responsabilidad, como ser la causa de justificación; Pretensión: Enmendar fallo recurrido. Refiere el censor, que ha quedado debidamente demostrado que su representado, actuó amparado en una causa de justificación, como ser la legitima defensa, así como también amparado en una causa de inculpabilidad como ser quien actúa en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Luego transcribe los hechos declarados como probados por los juzgadores, para luego referir, que los mismos han sido catalogados erróneamente como constitutivos del delito de Homicidio, para desbordarse del motivo invocado y señalar infracción a preceptos constitucionales, aunando a ello, irrespeta la redacción íntegra del cuadro fáctico, al hacer señalamiento de los testimonios rendidos por Juan Armando Flores Rubio, Noé Isaías Sorto Chirinos, Ever Antonio Cáceres Mejía y José Nahúm Espinal Herrera; que los primeros dos son testigos presenciales que estuvieron en el lugar de los hechos, acreditando de manera fehaciente que el acusado, ha actuado en ese momento conforme lo establecido en las causas eximentes de responsabilidad penal como ser la causa de justificación y causas de inculpabilidad. En la parte final del recurso invocado, se denuncia una aplicación indebida del artículo 24, sin embargo, en el preámbulo como concepto de la infracción, el recurrente denuncio la falta de aplicación, señalando con ello, dos especies de vicios de infracción independiente una de la otra. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Establece el precepto autorizante citado por el recurrente, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Por esa razón, el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente, el impetrante para fundamentar argumentalmente su motivo del recurso de casación por infracción de ley, se aparta totalmente de la base fáctica de la sentencia y expone argumentos propios de instancia y circunstancias que no fueron plasmadas como probadas por el sentenciador, pues explica que, a luz de la prueba consistente en declaraciones testificales, se acredita las causas eximentes de responsabilidad penal por obrar en el cumplimiento de un deber al momento de la comisión del hecho de homicidio, cometido por el acusado Horlin Alexander Rosado, en perjuicio de Albert Timoty Rankin Wagner, circunstancia que en todo caso excluiría el elemento de la culpabilidad del delito y por ende, eximiría la responsabilidad penal del acusado; así también, alega las eximentes de legítima defensa, sin dar mayor detalle de cómo esta causa de justificación se ve reflejada en la redacción fáctica, solo se limitó a dar señalamiento de su concepto doctrinario. Finalmente, inicia su desarrollo recursivo denunciando la falta de aplicación de las causas de justificación, pero en su conclusión recursiva atañe la aplicación indebida, ambos conceptos independiente uno del otro, pues la falta de aplicación es la omisión en cuanto a la aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica los hechos probados de la sentencia, en cuanto a la aplicación indebida, consiste en la invocación de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia; siendo confuso el planteamiento recursivo. Del análisis y estudio, la Sala de lo Penal identifica que sus argumentos recursivos no respetan en manera alguna la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes, pues sustenta sus ideas a partir de pruebas testificales evacuadas en juicio y en argumentos vacíos de contenido. Por estas razones, lo procedente es la denegatoria del recurso, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia y oposición con lo afirmado en los hechos probados de la sentencia impugnada, todo ello impropio en el recurso de casación por infracción de ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 338 numeral 1 y 2 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: Que la declaración de hechos probados no es clara ni determinante y absolutamente contradictoria; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Case la sentencia. El recurrente, luego de describir la narración de hechos probados, denuncia que estos no se encuentran descritos con claridad, precisión ni coherencia, no establecen la relación objetiva de lo sucedido en la audiencia de debate, encontrándose contradictorios los hechos probados, al tener de manera equivocada como hechos probados que eran tres agentes de policía sin portar uniforme de reglamento; a contrario sensu a los testimonios de los testigos presenciales Juan Armando Flores Rubio, Noé Isaías Sorto Chirinos, Ever Antonio Cáceres Mejía y José Nahúm Espinal Herrera, de igual manera a criterio del censor, es contradictorio el fallo al tener como hechos probados el argumento que Horlin Alexander Rosado, uno de los agentes que participaba en la detención del joven Emilio Jerson Rankin, con arma de fuego marca Pietro Bereta modelo 92FS, calibre 9mm, serie N41677Z, le dispara a Albert Timothy provocándole una herida por proyectil de arma de fuego y según la prueba científica consistente en el dictamen de balística número 4545 correspondiente al análisis comparativo, establece como conclusiones que no se puede establecer con certeza absoluta que haya sido disparada por una de las armas de fuego recibidas como indicio; del análisis subjetivo, el recurrente concluye que los hechos probados son absolutamente contradictorios y no apegados a la verdad real de los hechos. De la declaración de los hechos probados. Los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate, y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que los juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descritos en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos de fondo: a. Precisos: Los hechos probados deben ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto, serán estos los hechos que deben ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que, si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal; b. Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (ver sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010 en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); c. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (ver sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); d. La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores no deben hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; tampoco los juzgadores deben hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011. pág. 118), esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad o terminación los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos -son o no- constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 4. Que el censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad o terminación. De la procedencia del recurso. el motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal destaca que el vicio denunciado por el recurrente, se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que, por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurren en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio; es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”. En el caso actual, sucede que el impugnante reclama en primer término una cuestión que no concierne al vicio denunciado, pues considera que el hecho probado de la sentencia se contradice con lo vertido en el medio de prueba denominado testifical y además con la conclusión arribada en la prueba pericial, consistente en el dictamen de balistica, que describe no poder establecer con certeza absoluta que haya sido disparada por una de las armas de fuego recibidas como indicio y que fuera descrita en el hecho probado. Estos argumentos no tiene que ver con la falta de claridad, determinancia o con lo contradictorio de los hechos probados, pues estos vicios procesales tienen una significación jurídica distinta, por lo cual, los argumentos recursivos no deben emplearse desde la vertiende del vicio invocado como infringido sino, en todo caso, en un error de derivación que debe ser evaluado desde el motivo de casación por inobservancia de las reglas de la sana crítica, en concreto: la regla de la lógica de derivación; por tanto, las defectuosidades denunciadas no tienen la entidad suficiente para provocar la anulación de la sentencia recurrida. Por tales razones, el primer motivo no es de recibo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 326, 328, 329, 330 y 332 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: Que se excluya o se deje de considerar pruebas de valor decisivo; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Enmendar el fallo recurrido. El recurrente denuncia haberse excluido medios de prueba de valor decisorio como ser dictámenes del laboratorio Balístico y Químico Toxicológico, declaraciones testificales de los señores Juan Armando Flores Rubio, Noé Isaías Sorto Chirinos, Ever Antonio Cáceres Mejía y José Nahúm Espinal Herrera, finalmente prueba documental consistente en el acta de decomiso de fecha 5 de agosto del 2012 de un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus pavón negro, serie TYL66805. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo. Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: 1. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. 2. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio, que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la procedencia del recurso. el segundo motivo no es de recibo. Resulta evidente que el recurrente ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos. El recurrente confunde el alcance de la falta de consideración con la de exclusión de alguna prueba de valor decisivo, identificando con ello, la falta de estudio del motivo invocado, pues, en el desarrollo del recurso, el recurrente ha descrito “excluyendo y dejando de considerar el medio de prueba de valor decisivo como ser…”, como si la exclusión y la falta de consideración fuere un solo vicio, cuando ambos representan ser independientes uno del otro, como se expresó en el apartado anterior. En la audiencia de proposición de pruebas, fue propuesto y admitido a la parte defensora los medios de prueba denunciados, denominados testifical consistente en la declaración de los señores Juan Armando Flores Rubio, Noé Isaías Sorto Chirinos, Ever Antonio Cáceres Mejía y José Nahúm Espinal Herrera; asimismo, el medio de prueba documental Acta de Decomiso de fecha 05 de agosto de 2012 (F.31), además el recurrente, denunció los medios de prueba científica en relación a los dictámenes de laboratorio balístico números 2275-2012 y 2013-0801-0502-1727 y 2013-0801-0502-4545 todos admitidos a la acusación pública, dictamen químico toxicológico número 2834-2012, del cual el recurrente erróneamente consideró como número 6632-2012 que corresponde al número de caso; todos los medios de prueba relacionados fueron reproducidos en el Juicio Oral y Público conforme a las reglas procesales, finalizando como resultante del debate con la sentencia en donde, dichos medios de prueba fueron motivados descriptiva e intelectivamente (F.489 al 493) por lo cual, no fueron excluidos, menos dejados de considerar por los juzgadores y no como lo denuncia erróneamente, según su particular visión el recurrente. En resumen, el recurso presentado en su segundo motivo es vacío de contenido, por lo que debe ser desestimado. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Tercer motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 202, 336 párrafo primero y 338 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Enmendar fallo recurrido. El recurrente en su desarrollo recursivo, transcribe las declaraciones que rindieran los testigos Juan Arnaldo Flores Rubio, Noé Isaías Sorto Chirinos, Ever Antonio Cáceres Mejía y José Nahúm Espinal, luego describe el concepto doctrinal de la fundamentación probatoria, para concluir que el sentenciador al momento de dictar sentencia condenatoria, lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la sana crítica, transgrediendo el postulado de la derivación, específicamente el principio de razón suficiente, en virtud de realizar razonamientos distintos a los resultados de las pruebas y por ende violentando el estado de inocencia que constitucionalmente goza el enjuiciado, pues se ha condenado a su representado Horlin Alexander Rosado, aun teniendo pleno conocimiento que actuó enmarcado en lo establecido las causas eximentes de responsabilidad penal como ser la Causa de justificación y la Causas de inculpabilidad anteriormente mencionadas. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debecidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. el tercer motivo no es de recibo. Resulta evidente que el impetrante desconoce la debida técnica recursiva. En reiteradas sentencias la Sala de lo Penal se ha pronunciado en el sentido que la no conformidad del recurrente con lo resuelto por el sentenciador no es motivo de casación, sino la violación a las reglas de la sana crítica, que analiza el iter de pensamiento del juez mediante el cual ha llegado a una conclusión de condena. Cuando se interpone el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; deberá identificar qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo éste precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). Este proceso de identificación del vicio y su posterior explicación y comprobación no ha sido realizado en manera alguna por el recurrente, pues se limita a describir que los sentenciadores realizaron razonamientos distintos a los resultados de las pruebas, sin dar mayor detalle de cuales razonamientos se refiere, pues su desarrollo recursivo ha sido más el de transcribir los dichos declarados por los testigos en descargo del acusado, que en detallar o señalar cual es el agravio causado. También considera el censor, que el sentenciador ha violentando el estado de inocencia que constitucionalmente goza el enjuiciado, pues se ha condenado a su representado el señor Horlin Alexander Rosado, aun teniendo pleno conocimiento los juzgadores, de que actuó enmarcado en lo establecido en las causas eximentes de responsabilidad penal como ser la causa de justificación y la causas de inculpabilidad. La Sala de lo Penal, identifica entonces que el censor del fallo nada nos dice de la disconformidad entre la valoración intelectiva de la prueba con el contenido de las reglas citadas como infringidas, y no debe ni puede esta Sala de lo Penal, hacer las veces del impugnante e identificar oficiosamente aquellos postulados intelectivos que no sean congruentes con la reglas citadas como infringidas, pues el artículo 350 del Código Procesal Penal es claro en apuntar que la sentencia que resuelva un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido de impugnación. El censor, confundiendo la única instancia con una segunda instancia, ataca la sentencia usando como arma sus propias valoraciones y criterios de como debió haberse valorado la prueba, en una clara invitación para que esta Sala de lo Penal deseche los razonamientos intelectivos del a quo y los reemplace con los señalados por el defensor, dando al recurso de casación alcances no permitidos en la ley. Al haber sido éstas, las cuestiones objeto de impugnación esgrimidas por el recurrente, la Sala de lo Penal desestima el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su tercer motivo, por haber sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica recursiva. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa del acusado Horlin Alexander Rosado, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Horlin Alexander Rosado: i. Pena principal de dieciséis (16) años de reclusión; ii. Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iii. Pena accesoria de interdicción civil; iv. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; v. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de Homicidio (Art. 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Horlin Alexander Rosado, conforme el CP-144-83 al ser de dieciseis (16) años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 361 y 362 numerales 1, 2 y 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. Tercero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su tres motivos. Todos interpuestos por el Abogado José Adonay Padilla Isaula, actuando en su condición de defensor privado del acusado Horlin Alexander Rosado. Cuarto: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Horlin Alexander Rosado. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Quinto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Horlin Alexander Rosado por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Albert Timoty Rankin Wagner. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 272-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.