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Sentencia CP-267-18 — Registro 14662

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Negación de Asistencia Familiar, en perjuicio del orden de la familia de los menores, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Conforme el vicio denunciado por la recurrente, esta Sala de Casación deviene en la obligación de revisar la presente sentencia de manera detallada, pues toda persona sometida a un proceso penal debe considerársele inocente mientras no se pruebe su culpabilidad mediante un proceso penal con todas las garantías y derechos que establece nuestra legislación penal; uno de los aspectos que debe analizar este máximo tribunal es si, en el proceso se dio la suficiente carga probatoria, es decir si durante el juicio se evacuaron los suficientes medios de prueba que hayan englobado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. Es precisamente sobre ese aspecto que esta Sala de lo Penal encuentra un grave quebranto al derecho constitucional del Estado de Inocencia; pues en primer lugar dentro de los medios probatorios que se evacuaron en el juicio encontramos la declaración de la ex esposa del ahora acusado, la señora Ingrys Ordelia Lizardo, quien estableció que el acusado incumplió un acta de compromiso en donde se comprometía a pagar la cantidad de 250 lempiras semanales para manutención de sus menores hijos; también se presentó a declarar la menor G. O. R. L. de 17 años y quien manifestó que su papá les brindó todos sus gastos a él y a su hermano, que les daba provisión, vestuario etc., y además se evacuó como prueba documental las dos certificaciones de acta de nacimiento de los menores hijos y el acta de compromiso de fecha 15 de octubre de 2008 suscrita ante el Juez de Paz de lo Civil. El imputado Leonardo Romero Corea fue acusado por el delito de Negación de Asistencia Familiar establecido en el artículo 177 de Código Penal decreto 144-83, que establece: “Quien estando obligado legalmente o en virtud de sentencia firme, después de haber sido requerido fehacientemente, dejare sin justa causa de proveer a la subsistencia del cónyuge, de los hijos menores de 21 años o del pupilo bajo su guarda, será sancionado con reclusión de 1 a 3 años”. El tipo penal requiere para su cumplimiento de varios elementos objetivos, en primer lugar, estar obligado legalmente o por sentencia firme, este primer elemento cuenta con la prueba consistente en el acta de compromiso y las actas de nacimientos de los menores hijos, podemos concluir que sí se cumple; como segundo elemento es haber sido requerido fehacientemente, nada establecen las pruebas evacuadas que el señor Leonardo Romero Corea haya sido requerido de alguna forma para cumplir con su obligación de alimentos para sus menores hijos, recordemos que el legislador establece los tipos penales y el Juzgador se ve obligado a respetar cada uno de los elementos que ahí se establezcan, no encontramos ninguna prueba que acredite este segundo elemento. Como tercer elemento es dejar sin justa causa de proveer a la subsistencia de sus menores hijos, en el presente caso la única prueba que se cuenta es la declaración de la señora Ingrys Ordelia Lizardo, ex esposa y quien interpuso la acusación, pero cuya declaración no cuenta con pruebas que corroboren que en efecto el ahora acusado no proveyó del dinero que habían pactado, pues no encontramos constancia alguna del Juzgado de Paz de lo Civil que confirme sus dichos; en contra posición tenemos la declaración de la menor G. O. R. L., ofendida en la presente causa y recalcó que su padre si les proveía del alimento y del vestuario, que nunca dejo sus obligaciones, cuyo testimonio tampoco cuenta con pruebas que corroboren sus dichos. Es así que esta Sala de los Penal considera que no existe suficiente prueba que acrediten los últimos elementos objetivos del tipo penal de negación de asistencia familiar, pues no se acreditó con prueba alguna que el ahora imputado haya sido requerido y que éste dejara sin justa causa de proveer la subsistencia de sus menores hijos, no fue acreditado con pruebas dichos extremos, pues encontramos la declaración de la ofendida que dice que el acusado si les daba dinero para alimentación y vestuario y por otro lado la madre de ésta que afirma que no, lo que significa que no es posible llegar al grado de certeza necesaria para acreditar la culpabilidad del acusado, es decir existe duda razonable al respecto. En ese orden de ideas considera esta Sala de lo Penal que en la presente causa no encontramos pruebas suficientes y contundentes que acrediten en primer lugar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de negación de asistencia familiar y en segundo lugar la participación del acusado en los hechos investigados, concluyendo que en efecto existió quebranto al Estado constitucional de Inocencia mismo que debe ser restablecido; por lo que, se declara ha lugar el presente recurso de casación y que se dicte la sentencia absolutoria que corresponde..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 267-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha uno de febrero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Leonardo Romero Corea, como autor del delito de Negación de Asistencia Familiar, en perjuicio del orden de la familia de los menores G. O. R. L. e I. L. R. L., a la pena de un año de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Se le advirtió al señor Leonardo Romero Corea que, pese a la resolución de este Tribunal, tiene la obligación alimenticia para con los menores G. O. R. L. e I. L. R. L., lo anterior conforme el artículo 179 del código penal. Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Leonardo Romero Corea al importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido; siendo el Juzgado de Ejecución correspondiente el que oportunamente conozca y resuelva lo que corresponda. Cuarto: No procedió condenar en costas al señor Leonardo Romero Corea. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, la Abogada Delfina Palacios en su condición de defensora pública del imputado. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados Gladys Lamar Ortiz y José Roberto Izaguirre, en su condición de defensores públicos del señor Leonardo Romero Corea, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos Probados “UNICO: como a eso de la nueve de la mañana, del veinticinco (25) de octubre de dos mil nueve (2009), en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, y ante el señor Juez de Paz de lo civil, el señor LEONARDO ROMERO COREA, se comprometió a pasarles una pensión alimenticia sus menores hijos G. O. e I. L. ambos de apellidos R. L., por la cantidad de doscientos cincuenta lempiras semanales, la cual no cumplió.” III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 89, 90 y 94 Constitución de la República, en relación artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 , 90 y 94 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 90, nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; el articulo 94, A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.) JUICIO PREVIO. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. Artículo. 2.-) ESTADO DE INOCENCIA. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. El Tribunal establece como hecho probado que mi defendido ha cometido el delito de NEGACION DE ASISTENCIA FAMILIAR en perjuicio de DEL ORDEN DE FAMILIA DE G. O. R. L. e I. L. R. L., tal como lo establece: UNICO: como a eso de a nueve de la mañana, del veinticinco (25) de octubre de dos mil nueve (2009), en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, y ante el señor Juez de Paz de lo civil, el señor LEONARDO ROMERO COREA, se comprometió a pasarles una pensión alimenticia a sus menores hijos G. O. e I. L. ambos de apellidos R. L., por la cantidad de doscientos cincuenta lempiras semanales, la cual no cumplió. Del anterior hecho trascrito, el Tribunal Sentenciador llegó a la convicción que mi representado es culpable del delito de NEGACION DE ASISTENCIA FAMILIAR en perjuicio DEL ORDEN DE FAMILIA DE G. O. R. L. e I. L. R. L.. El Estado de inocencia es "...un estado inherente a la persona humana…”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (art. 89) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (art. 1 y 2 del Código Procesal Penal), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una actividad probatoria de cargo suficiente y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. "La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el lícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor de aquel. Lo anterior, no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra”. El artículo 339 del Código Procesal Penal, establece si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable, cosa que no hizo el Tribunal Sentenciador en este caso.- La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no solo por la existencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiere.- En el juicio oral y público se presentó uno de los ofendidos G. O. R. L. (17 años), quien manifestó que su padre les ayuda, que la mamá lo denunció para que llevara el dinero al juzgado, pero el, lo que hizo fue darles la provisión, el vestuario etc. Desde el año 2009 se fue con su papi, siempre ha estado con ellos y les provee de lo necesario para subsistir (comida, vestuario, útiles, uniformes, medicina, etc.). Si bien es cierto hay una acta de compromiso de fecha 15 de octubre de 2008, como lo ratifica mi representado en su respectiva declaración, siempre cumplía con aportar la provisión de alimentos para sus menores hijos de 17 y 12 años, extremos que son ratificados con lo manifestado por la joven G. en su declaración. El Ministerio Público lo único que aportó es la declaración de la señora INGRYS ORDELIA LIZARDO, testimonio que no tiene prueba periférica de confirmación. La parte defensora si probó que en ningún momento el señor LEONARDO ROMERO COREA ha incumplido con sus obligaciones como padre. Ante la deficiente actividad probatoria por parte del ente acusador, con la misma en ningún momento se ha llegado a la plena convicción de culpabilidad, en consecuencia no se ha enervado el estado de inocencia del cual goza mi representado desde el inicio del proceso. Es así que el Tribunal Sentenciador dicta sentencia condenatoria en contra de mi defendido violentando su derecho constitucional de presunción de inocencia y de vencimiento en juicio. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare Con Lugar el presente recurso, absolviendo de toda responsabilidad al señor LEONARDO ROMERO COREA.” IV. FUNDAMENTACIÓN DEL Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo. 2. Aplicación restrictiva de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo. 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe utilizar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de infracción de precepto constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 89, 90 y 94 de la Constitución de la República en relación al 1 y 2 del Código Procesal penal. Concepto de la infracción: violación a la presunción de inocencia. Pretensión: que se declare a lugar el recurso y se absuelva al acusado. Explicó el recurrente que en el juicio oral se presentó uno de lo ofendidos G. O. R. L. de 17 años, quien manifestó que su padre le ayuda, que la mama lo denunció para que llevara el dinero al juzgado, pero él lo que hizo fue darles la provisión, el vestuario etc; el señor Leonardo Romero Corea no ha incumplido con sus obligaciones de padre y ante la deficiente actividad probatorio no se ha enervado su Estado de Inocencia. Del Estado de Inocencia El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio. El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal. c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad. d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Conforme el vicio denunciado por la recurrente, esta Sala de Casación deviene en la obligación de revisar la presente sentencia de manera detallada, pues toda persona sometida a un proceso penal debe considerársele inocente mientras no se pruebe su culpabilidad mediante un proceso penal con todas las garantías y derechos que establece nuestra legislación penal; uno de los aspectos que debe analizar este máximo tribunal es si, en el proceso se dio la suficiente carga probatoria, es decir si durante el juicio se evacuaron los suficientes medios de prueba que hayan englobado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. Es precisamente sobre ese aspecto que esta Sala de lo Penal encuentra un grave quebranto al derecho constitucional del Estado de Inocencia; pues en primer lugar dentro de los medios probatorios que se evacuaron en el juicio encontramos la declaración de la ex esposa del ahora acusado, la señora Ingrys Ordelia Lizardo, quien estableció que el acusado incumplió un acta de compromiso en donde se comprometía a pagar la cantidad de 250 lempiras semanales para manutención de sus menores hijos; también se presentó a declarar la menor G. O. R. L. de 17 años y quien manifestó que su papá les brindó todos sus gastos a él y a su hermano, que les daba provisión, vestuario etc., y además se evacuó como prueba documental las dos certificaciones de acta de nacimiento de los menores hijos y el acta de compromiso de fecha 15 de octubre de 2008 suscrita ante el Juez de Paz de lo Civil. El imputado Leonardo Romero Corea fue acusado por el delito de Negación de Asistencia Familiar establecido en el artículo 177 de Código Penal decreto 144-83, que establece: “Quien estando obligado legalmente o en virtud de sentencia firme, después de haber sido requerido fehacientemente, dejare sin justa causa de proveer a la subsistencia del cónyuge, de los hijos menores de 21 años o del pupilo bajo su guarda, será sancionado con reclusión de 1 a 3 años”. El tipo penal requiere para su cumplimiento de varios elementos objetivos, en primer lugar, estar obligado legalmente o por sentencia firme, este primer elemento cuenta con la prueba consistente en el acta de compromiso y las actas de nacimientos de los menores hijos, podemos concluir que sí se cumple; como segundo elemento es haber sido requerido fehacientemente, nada establecen las pruebas evacuadas que el señor Leonardo Romero Corea haya sido requerido de alguna forma para cumplir con su obligación de alimentos para sus menores hijos, recordemos que el legislador establece los tipos penales y el Juzgador se ve obligado a respetar cada uno de los elementos que ahí se establezcan, no encontramos ninguna prueba que acredite este segundo elemento. Como tercer elemento es dejar sin justa causa de proveer a la subsistencia de sus menores hijos, en el presente caso la única prueba que se cuenta es la declaración de la señora Ingrys Ordelia Lizardo, ex esposa y quien interpuso la acusación, pero cuya declaración no cuenta con pruebas que corroboren que en efecto el ahora acusado no proveyó del dinero que habían pactado, pues no encontramos constancia alguna del Juzgado de Paz de lo Civil que confirme sus dichos; en contra posición tenemos la declaración de la menor G. O. R. L., ofendida en la presente causa y recalcó que su padre si les proveía del alimento y del vestuario, que nunca dejo sus obligaciones, cuyo testimonio tampoco cuenta con pruebas que corroboren sus dichos. Es así que esta Sala de los Penal considera que no existe suficiente prueba que acrediten los últimos elementos objetivos del tipo penal de negación de asistencia familiar, pues no se acreditó con prueba alguna que el ahora imputado haya sido requerido y que éste dejara sin justa causa de proveer la subsistencia de sus menores hijos, no fue acreditado con pruebas dichos extremos, pues encontramos la declaración de la ofendida que dice que el acusado si les daba dinero para alimentación y vestuario y por otro lado la madre de ésta que afirma que no, lo que significa que no es posible llegar al grado de certeza necesaria para acreditar la culpabilidad del acusado, es decir existe duda razonable al respecto. En ese orden de ideas considera esta Sala de lo Penal que en la presente causa no encontramos pruebas suficientes y contundentes que acrediten en primer lugar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de negación de asistencia familiar y en segundo lugar la participación del acusado en los hechos investigados, concluyendo que en efecto existió quebranto al Estado constitucional de Inocencia mismo que debe ser restablecido; por lo que, se declara ha lugar el presente recurso de casación y que se dicte la sentencia absolutoria que corresponde. V. Decisión. Se declara ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Único: a) Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Delfina Palacios de Ziliesar en su condición de defensora pública del señor Leonardo Romero Corea. b) Revoca la sentencia de fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. c) Casa la sentencia recurrida en el sentido siguiente: Absuelve de toda responsabilidad penal al señor Leonardo Romero Corea del delito de Negación de Asistencia Familiar en perjuicio de G. O. R. L. e I. L. R. L.. Y manda: que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil veintidós. Certificación de sentencia dictada el veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-267-2018.

JOSE RAMON CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE

SALA DE LO PENAL

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 267-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha uno de febrero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Leonardo Romero Corea, como autor del delito de Negación de Asistencia Familiar, en perjuicio del orden de la familia de los menores G. O. R. L. e I. L. R. L., a la pena de un año de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Se le advirtió al señor Leonardo Romero Corea que, pese a la resolución de este Tribunal, tiene la obligación alimenticia para con los menores G. O. R. L. e I. L. R. L., lo anterior conforme el artículo 179 del código penal. Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Leonardo Romero Corea al importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido; siendo el Juzgado de Ejecución correspondiente el que oportunamente conozca y resuelva lo que corresponda. Cuarto: No procedió condenar en costas al señor Leonardo Romero Corea. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, la Abogada Delfina Palacios en su condición de defensora pública del imputado. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados Gladys Lamar Ortiz y José Roberto Izaguirre, en su condición de defensores públicos del señor Leonardo Romero Corea, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos Probados “UNICO: como a eso de la nueve de la mañana, del veinticinco (25) de octubre de dos mil nueve (2009), en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, y ante el señor Juez de Paz de lo civil, el señor LEONARDO ROMERO COREA, se comprometió a pasarles una pensión alimenticia sus menores hijos G. O. e I. L. ambos de apellidos R. L., por la cantidad de doscientos cincuenta lempiras semanales, la cual no cumplió.” III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 89, 90 y 94 Constitución de la República, en relación artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 , 90 y 94 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 90, nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; el articulo 94, A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.) JUICIO PREVIO. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. Artículo. 2.-) ESTADO DE INOCENCIA. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. El Tribunal establece como hecho probado que mi defendido ha cometido el delito de NEGACION DE ASISTENCIA FAMILIAR en perjuicio de DEL ORDEN DE FAMILIA DE G. O. R. L. e I. L. R. L., tal como lo establece: UNICO: como a eso de a nueve de la mañana, del veinticinco (25) de octubre de dos mil nueve (2009), en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, y ante el señor Juez de Paz de lo civil, el señor LEONARDO ROMERO COREA, se comprometió a pasarles una pensión alimenticia a sus menores hijos G. O. e I. L. ambos de apellidos R. L., por la cantidad de doscientos cincuenta lempiras semanales, la cual no cumplió. Del anterior hecho trascrito, el Tribunal Sentenciador llegó a la convicción que mi representado es culpable del delito de NEGACION DE ASISTENCIA FAMILIAR en perjuicio DEL ORDEN DE FAMILIA DE G. O. R. L. e I. L. R. L.. El Estado de inocencia es "...un estado inherente a la persona humana…”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (art. 89) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (art. 1 y 2 del Código Procesal Penal), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una actividad probatoria de cargo suficiente y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. "La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el lícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor de aquel. Lo anterior, no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra”. El artículo 339 del Código Procesal Penal, establece si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable, cosa que no hizo el Tribunal Sentenciador en este caso.- La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no solo por la existencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiere.- En el juicio oral y público se presentó uno de los ofendidos G. O. R. L. (17 años), quien manifestó que su padre les ayuda, que la mamá lo denunció para que llevara el dinero al juzgado, pero el, lo que hizo fue darles la provisión, el vestuario etc. Desde el año 2009 se fue con su papi, siempre ha estado con ellos y les provee de lo necesario para subsistir (comida, vestuario, útiles, uniformes, medicina, etc.). Si bien es cierto hay una acta de compromiso de fecha 15 de octubre de 2008, como lo ratifica mi representado en su respectiva declaración, siempre cumplía con aportar la provisión de alimentos para sus menores hijos de 17 y 12 años, extremos que son ratificados con lo manifestado por la joven G. en su declaración. El Ministerio Público lo único que aportó es la declaración de la señora INGRYS ORDELIA LIZARDO, testimonio que no tiene prueba periférica de confirmación. La parte defensora si probó que en ningún momento el señor LEONARDO ROMERO COREA ha incumplido con sus obligaciones como padre. Ante la deficiente actividad probatoria por parte del ente acusador, con la misma en ningún momento se ha llegado a la plena convicción de culpabilidad, en consecuencia no se ha enervado el estado de inocencia del cual goza mi representado desde el inicio del proceso. Es así que el Tribunal Sentenciador dicta sentencia condenatoria en contra de mi defendido violentando su derecho constitucional de presunción de inocencia y de vencimiento en juicio. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare Con Lugar el presente recurso, absolviendo de toda responsabilidad al señor LEONARDO ROMERO COREA.” IV. FUNDAMENTACIÓN DEL Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo. 2. Aplicación restrictiva de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo. 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe utilizar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de infracción de precepto constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 89, 90 y 94 de la Constitución de la República en relación al 1 y 2 del Código Procesal penal. Concepto de la infracción: violación a la presunción de inocencia. Pretensión: que se declare a lugar el recurso y se absuelva al acusado. Explicó el recurrente que en el juicio oral se presentó uno de lo ofendidos G. O. R. L. de 17 años, quien manifestó que su padre le ayuda, que la mama lo denunció para que llevara el dinero al juzgado, pero él lo que hizo fue darles la provisión, el vestuario etc; el señor Leonardo Romero Corea no ha incumplido con sus obligaciones de padre y ante la deficiente actividad probatorio no se ha enervado su Estado de Inocencia. Del Estado de Inocencia El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio. El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal. c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad. d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Conforme el vicio denunciado por la recurrente, esta Sala de Casación deviene en la obligación de revisar la presente sentencia de manera detallada, pues toda persona sometida a un proceso penal debe considerársele inocente mientras no se pruebe su culpabilidad mediante un proceso penal con todas las garantías y derechos que establece nuestra legislación penal; uno de los aspectos que debe analizar este máximo tribunal es si, en el proceso se dio la suficiente carga probatoria, es decir si durante el juicio se evacuaron los suficientes medios de prueba que hayan englobado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. Es precisamente sobre ese aspecto que esta Sala de lo Penal encuentra un grave quebranto al derecho constitucional del Estado de Inocencia; pues en primer lugar dentro de los medios probatorios que se evacuaron en el juicio encontramos la declaración de la ex esposa del ahora acusado, la señora Ingrys Ordelia Lizardo, quien estableció que el acusado incumplió un acta de compromiso en donde se comprometía a pagar la cantidad de 250 lempiras semanales para manutención de sus menores hijos; también se presentó a declarar la menor G. O. R. L. de 17 años y quien manifestó que su papá les brindó todos sus gastos a él y a su hermano, que les daba provisión, vestuario etc., y además se evacuó como prueba documental las dos certificaciones de acta de nacimiento de los menores hijos y el acta de compromiso de fecha 15 de octubre de 2008 suscrita ante el Juez de Paz de lo Civil. El imputado Leonardo Romero Corea fue acusado por el delito de Negación de Asistencia Familiar establecido en el artículo 177 de Código Penal decreto 144-83, que establece: “Quien estando obligado legalmente o en virtud de sentencia firme, después de haber sido requerido fehacientemente, dejare sin justa causa de proveer a la subsistencia del cónyuge, de los hijos menores de 21 años o del pupilo bajo su guarda, será sancionado con reclusión de 1 a 3 años”. El tipo penal requiere para su cumplimiento de varios elementos objetivos, en primer lugar, estar obligado legalmente o por sentencia firme, este primer elemento cuenta con la prueba consistente en el acta de compromiso y las actas de nacimientos de los menores hijos, podemos concluir que sí se cumple; como segundo elemento es haber sido requerido fehacientemente, nada establecen las pruebas evacuadas que el señor Leonardo Romero Corea haya sido requerido de alguna forma para cumplir con su obligación de alimentos para sus menores hijos, recordemos que el legislador establece los tipos penales y el Juzgador se ve obligado a respetar cada uno de los elementos que ahí se establezcan, no encontramos ninguna prueba que acredite este segundo elemento. Como tercer elemento es dejar sin justa causa de proveer a la subsistencia de sus menores hijos, en el presente caso la única prueba que se cuenta es la declaración de la señora Ingrys Ordelia Lizardo, ex esposa y quien interpuso la acusación, pero cuya declaración no cuenta con pruebas que corroboren que en efecto el ahora acusado no proveyó del dinero que habían pactado, pues no encontramos constancia alguna del Juzgado de Paz de lo Civil que confirme sus dichos; en contra posición tenemos la declaración de la menor G. O. R. L., ofendida en la presente causa y recalcó que su padre si les proveía del alimento y del vestuario, que nunca dejo sus obligaciones, cuyo testimonio tampoco cuenta con pruebas que corroboren sus dichos. Es así que esta Sala de los Penal considera que no existe suficiente prueba que acrediten los últimos elementos objetivos del tipo penal de negación de asistencia familiar, pues no se acreditó con prueba alguna que el ahora imputado haya sido requerido y que éste dejara sin justa causa de proveer la subsistencia de sus menores hijos, no fue acreditado con pruebas dichos extremos, pues encontramos la declaración de la ofendida que dice que el acusado si les daba dinero para alimentación y vestuario y por otro lado la madre de ésta que afirma que no, lo que significa que no es posible llegar al grado de certeza necesaria para acreditar la culpabilidad del acusado, es decir existe duda razonable al respecto. En ese orden de ideas considera esta Sala de lo Penal que en la presente causa no encontramos pruebas suficientes y contundentes que acrediten en primer lugar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de negación de asistencia familiar y en segundo lugar la participación del acusado en los hechos investigados, concluyendo que en efecto existió quebranto al Estado constitucional de Inocencia mismo que debe ser restablecido; por lo que, se declara ha lugar el presente recurso de casación y que se dicte la sentencia absolutoria que corresponde. V. Decisión. Se declara ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Único: a) Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Delfina Palacios de Ziliesar en su condición de defensora pública del señor Leonardo Romero Corea. b) Revoca la sentencia de fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. c) Casa la sentencia recurrida en el sentido siguiente: Absuelve de toda responsabilidad penal al señor Leonardo Romero Corea del delito de Negación de Asistencia Familiar en perjuicio de G. O. R. L. e I. L. R. L.. Y manda: que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil veintidós. Certificación de sentencia dictada el veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-267-2018. FIRMA Y SELLO.

JOSE RAMON CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE

SALA DE LO PENAL

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