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Sentencia CP-266-18 — Registro 14260

Resumen

En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de Actos de Lujuria Agravados, se declara sin lugar el recurso de casción interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso no es de recibo. La sentencia impugnada no incurre en infracción de ley por aplicación indebida del artículo 141 del Código Penal. Al analizar los hechos probados la menor relata que el imputado Gregorio Amaya Rodríguez, le pidió un mango, situación que aprovecho el imputado para tomar de la mano a dicha menor e introducirla al interior de la construcción, la condujo al baño, en ese lugar le bajo el blúmer a la menor, luego la chineó sentándola en sus piernas, se bajó el ziper del pantalón y procedió a rozarle con el pene la vulva a la menor hasta eyacular sobre ella. por lo que podría decirse que hay un comportamiento lascivo o lujurioso por lo que concluye que los hechos probados se ajustan al tipo penal de Actos de Lujuria agravados. El censor de la sentencia que se impugna considera que los hechos declarados probados por el Juzgador no se subsumen en el párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal. Reprocha que al analizar los hechos probados se aprecia que en la misma no se establece que la ofendida fuera menor de catorce (14) años, por lo que no concurre el elemento objetivo de la circunstancia agravante de ser la ofendida menor de catorce (14) años. El Juzgador declara terminantemente probado el hecho siguiente: “UNICO: Que en fecha quince de mayo del año dos mil quince (15/05/2015) en horas del mediodía en la aldea Nueva Jalapa, jurisdicción del municipio de Nueva Celilac, departamento de Santa Barbará, cuando la menor C. N. T. R. regresaba de la escuela llego a la construcción donde trabajaba el imputada Gregario Amaya Rodríguez le pidió un mango, situación que aprovecho el imputado para tomar de la mano a dicha menor e introducirla al interior de la construcción, la condujo al baño, en ese lugar le baja el blúmer a la menor, luego la chineó sentándola en sus piernas, se baja el zíper del pantalón y procedió rozarle con el pene la vulva a la menor hasta eyacular sobre ella". La base fáctica de la sentencia recurrida alcanza a configurar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Actos de Lujuria Agravados tipificado y sancionando en el artículo 141.1 del Código Penal Penal, dispone que: “Comete actos de lujuria, quien valiéndose de las condiciones o empleando los medios indicados en el artículo anterior hace víctima a otra u otras personas de actos de lujuria distintos del acceso carnal, será sancionado con pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años. Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años, aun cuando haya consentido el acto o siendo…”. Artículo 141.2 del Código Penal Penal, dispone que: “Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años aun y cuando haya consentido el acto o si siendo mayor de esa edad el sujeto pasivo adolece de una enfermedad mental o desarrollo psíquico incompleto o retardo o se haya privado de razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia la pena anterior se incrementará en un medio (1/2)”. De este modo, el suscrito considera que la acción desplegada por el acusado Gregorio Amaya Rodríguez, sabiendo que ésta era menor de edad, procedió a rozarle con el pene la vulva de la menor hasta eyacular sobre ella, aprovechando a tomar de la mano a dicha menor e introducirla al interior del baño de una construcción, constituyen claramente actos libidinosos o de contenido lascivo a una menor de edad, distintos del acceso carnal. a) El Sujeto Activo: Al referirse el tipo penal a “quien”, implica que el sujeto activo podrá ser cualquier persona distinta a la titular al derecho de la libertad, integridad física, Psicológica y sexual; b) Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona. c) Objeto material del delito de actos de lujuria es la libertad sexual de la persona humana, en este caso de una menor de edad; d) Conducta criminosa centrada en el verbo rector; en este caso el tipo penal hace alusión a actos de lujuria distintos del acceso carnal. d).- Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el tipo penal en estudio hace una referencia a las condiciones y medios indicados en el artículo 140 del Código Penal, respecto del delito de Violación, enumeración de formas que implica la falta de voluntad del sujeto pasivo, así el legislador indica: i) Mediante violencia en contra de una persona (vis absoluta), no siendo necesario que la violencia se ejerza durante todo el acto, sino que bastara con que sea eficaz para anular la voluntad del sujeto pasivo y someterle; ii).- Provocando amenaza en contra de una persona (vis compulsiva), entendiéndose como intimidación idónea para hacer nacer en el sujeto pasivo un estado mental de miedo y/o angustia ante la incertidumbre de poder sufrir de parte del sujeto activo, un daño real (no imaginario) y grave en su persona, cónyuge o compañero de hogar o contra uno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; iii) Sin mediar violencia o amenaza, cuando concurran cualquiera de las circunstancias de: 1) cuando la víctima sea menor de catorce años de edad…” donde el sujeto activo mediante cualquiera de la acciones anteriores ataque al sujeto pasivo, logrando lesionar su libertad sexual, con o sin la consentimiento del sujeto pasivo, tratándose de una persona menor de catorce años de edad; iv) Como Elemento Subjetivo, del tipo penal describe que el sujeto activo debe tener un dolo lascivo o libidinoso.- v) Penalidad del Tipo de actos de lujuria agravados: La pena es de cinco (5) a ocho (8) años de reclusión, pena que se agrava en un medio (1/2) de la establecida para el tipo básico de actos de Lujuria, en este caso por tratarse la ofendida de una niña menor a catorce años de edad. Al analizar el tipo penal de Actos de lujuria vinculado al presente caso, el suscrito considera que la conducta desplegada por el acusado Gregorio Amaya Rodríguez, claramente se ajusta a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Actos de Lujuria Agravados en contra de una menor de edad, por las razones ya expuestas. De este modo, La Sala de Lo Penal encuentra que el fallo denunciado en efecto no violenta por infracción por aplicación indebida del párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal, por lo que resulta procedente declarar no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo interpuesto por la Defensa Pública.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública del acusado Gregorio Amaya Rodríguez que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Gregorio Amaya Rodríguez la pena de siete años (7) años seis meses de reclusión como pena principal por un delito de actos de lujuria en perjuicio de la menor C. N. T. R., más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, así como trabajar en obras públicas o en labores dentro del centro penitenciario, conforme al artículo 141 párrafo primero del Código Penal según decreto 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de otras agresiones sexuales (art.250), debe imponérsele una pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Además de las penas principales la nueva legislación contempla la imposición de las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta;  así como la inscripción del condenado en el registro de agresores sexuales que deberá llevar el Juzgado de ejecución correspondiente; por disposición Constitucional (art 41.2) se condena a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Gregorio Amaya Rodríguez, conforme el CP-144-83 al ser de siete (7) años seis (6) meses de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 5 a 8 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 266-2018, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes abril del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 266-2018 por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Gregorio Amaya Rodríguez, como autor del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de la menor C. N. T. R. a la pena de siete años, seis meses de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Gregorio Amaya Rodríguez a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Cuarto: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Gregorio Amaya Rodríguez, debiendo responder por los daños morales ocasionados a la víctima.- Quinto: No procedió el comiso. SON PARTES: Los Abogados Mario Reniery Amador Espina y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensores públicos del señor Gregorio Amaya Rodríguez, como parte recurrente y el Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS "Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: Que en fecha quince de mayo del año dos mil quince (15/05/2015) en horas del mediodía en la aldea Nueva Jalapa, jurisdicción del municipio de Nueva Celilac, departamento de Santa Barbará, cuando la menor C. N. T. R. regresaba de la escuela llego a la construcción donde trabajaba el imputada Gregario Amaya Rodríguez le pidió un mango, situación que aprovecho el imputado para tomar de la mano a dicha menor e introducirla al interior de la construcción, la condujo al baño, en ese lugar le baja el blúmer a la menor, luego la chineó sentándola en sus piernas, se baja el zíper del pantalón y procedió rozarle con el pene la vulva a la menor hasta eyacular sobre ella". III. RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Ángel Octavio Baide Peña, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Infracción de ley por aplicación indebida del párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE. - El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Reconozco que en los recursos de casación por infracción de Ley, como el presente, por disposición legal del art. 369 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación, en ningún caso, podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados, sin embargo, mientras estos no se modifiquen, puede perfectamente revisar su encuadramiento en un determinado precepto jurídico; siendo esta la pretensión del presente recurso de casación en el que la decisión del Juzgador de instancia no se ajusta a las previsiones del legislador al regular el tipo penal AGRAVADO de ACTOS DE LUJURIA. SEGUNDO: En el caso de mérito, el Juzgador, luego de valorar la prueba evacuada en el juicio, declaró terminantemente probado el HECHO ÚNICO siguiente: "UNICO: Que en fecha quince de mayo del año dos mil quince (15/05/2015) en horas del mediodía en la aldea Nueva Jalapa, jurisdicción del municipio de Nueva Celilac, departamento de Santa Barbará, cuando la menor C. N. T. R. regresaba de la escuela llego a la construcción donde trabajaba el imputada Gregario Amaya Rodríguez le pidió un mango, situación que aprovecho el imputado para tomar de la mano a dicha menor e introducirla al interior de la construcción, la condujo al baño, en ese lugar le baja el blúmer la menor, luego la chineó sentándola en sus piernas, se baja el zíper del pantalón y procedió rozarle con el pene la vulva a la menor hasta eyacular sobre ella". TERCERO: El transcrito hecho probado fue calificado por el Juzgador como una infracción agravada del artículo 141 del Código Penal, norma que en su parte conducente dispone lo siguiente: "Artículo 141.- Comete actos de lujuria, quien valiéndose de las condiciones o empleando los medios indicados en el artículo anterior hace víctima a otra u otras personas de actos de lujuria distintos del acceso carnal será sancionado con pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años. Cuando la víctima sea menor de catorce (14) añas aun cuando haya consentido el acto o si siendo mayor de esa edad el sujeta pasivo adolece de una enfermedad mental o desarrollo psíquica incompleta a retarda a se haya privado de razón o de voluntad o cuando par cualquier causa no pueda oponer resistencia la pena anterior se incrementará en un medio 1/2….”. CUARTO: El Juzgador consideró que la conducta del señor GREGORIO AMAYA RODRÍGUEZ, narrada en la declaración de hechos probados del fallo impugnado, era constitutiva de un delito AGRAVADO de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de la menor C. N. T. R., según lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 141 del Código Penal, norma que prevé la agravación en un medio (1/2) a la pena de reclusión, cuando la víctima sea menor de catorce (14) años, con lo que finalmente le impone una pena concreta de reclusión de siete (7) años y seis (6) meses, sin embargo, al analizar el cuadro fáctico del fallo impugnado, fácilmente puede apreciarse que, si bien es cierto, en él se narra que el imputado hizo objeto de actos lujuriosos en el cuerpo de la menor ofendida, pero no se precisa cual era la edad concreta de ella al momento de sufrir la agresión denunciada, pues aun cuando se declaró probado que la ofendida era menor de edad, condición que se presenta cuando no se han alcanzado los veintiún (21) años de vida, pero por disposición de la propia norma penal, no todo acto de lujuria con una persona menor de edad lleva consigo la agravación de la pena, sino únicamente aquella cuando el ofendido sea menor de catorce años; por ello el Juzgador al agravar la pena lo hace aplicando indebidamente lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal, porque, como antes se dijo, no se establece, de manera expresa, en los hechos probados, que la ofendida fuera menor de catorce (14) años. QUINTO: Siendo que la sentencia penal, por disposición expresa del artículo 338 del Código Procesal Penal, es un cuerpo sistemático y armónico, por lo que su redacción debe respetar esos presupuestos normativos, distinguiendo, de manera clara, los aspectos fácticos de los jurídicos para permitir un apropiado control sobre ellos, por eso mismo, los elementos objetivos del delito, como los relativos a las circunstancias agravantes deben constar, en todo caso, en el apartado de hechos probados de la sentencia, sin que, válidamente, sea posible completarlos, en perjuicio del imputado, con el contenido de la fundamentación jurídica u otro apartado de la sentencia. SEXTO: Resulta, Honorables Magistrados, que al analizar la declaración de hechos probados del fallo impugnado, evidentemente se aprecia que en ellos no concurre el elemento objetivo de la circunstancia agravante de ser la ofendida menor de catorce (14) años, contenida en el párrafo segundo del tipo penal previsto en el artículo 141 del Código Penal; por lo que el Juzgador al calificar que los actos de lujuria descritos en los hechos probados del fallo recurrido son constitutivos de un delito AGRAVADO de ACTOS DE LUJURIA, sin que en ellos conste el elemento objetivo que da lugar a la agravación del referido tipo penal, incurre en aplicación indebida del párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal. PRETENSIÓN RECURSIVA La pretensión perseguida con el presente recurso de casación es que se califique el hecho probado en la sentencia impugnada, como constitutivo del delito básico de actos de lujuria contenido en el primer párrafo del artículo 141 del Código Penal y consecuentemente se gradúe la pena que corresponde a dicho tipo penal, misma que por las consideraciones que al efecto desarrolló el A quo deberá ubicarse en el mínimo de la prevista por la norma penal.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa pública. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal. Concepto de la infracción: Aplicación indebida de la norma sustantiva. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se case la sentencia. Expresa el censor del fallo que el juzgador de instancia comete un vicio in iudicando al condenar al acusado Gregorio Amaya Rodríguez, por un delito agravado de actos de lujuria en perjuicio de la menor C. N. T. R., de conformidad a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 141 del Código Penal, norma que prevé la agravación en un medio a la pena de reclusión, cuando la víctima sea menor de catorce años, y con lo que finalmente le impone una pena concreta de reclusión se siete años y seis meses de reclusión. Ello en virtud de que después de analizar el cuadro fáctico del fallo impugnado fácilmente puede apreciarse que, si bien es cierto, en él se narra que el imputado hizo tocamientos en el cuerpo de la menor ofendida, pero no se precisa cual era la edad concreta de ella al momento de sufrir la agresión denunciada, pues aun cuando se declaró probado que la ofendida era menor de edad, condición que se presenta cuando no se han alcanzado los veintiún años de edad, pero por disposición de la propia norma penal, no todo acto de lujuria con una persona menor de edad lleva consigo la agravación de la pena, sino únicamente aquella cuando la persona ofendida sea menor de catorce años; por ello, el juzgador al agravar la pena lo hace aplicando indebidamente lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal, porque no se establece de manera expresa en los hechos probados, que la ofendida fuera menor de catorce años. Concluye, en definitiva, que a partir de los hechos probados de la sentencia no concurre el elemento objetivo de la circunstancia agravante de ser la ofendida menor de catorce años, contenida en el párrafo segundo del tipo penal previsto en el artículo 141 del Código Penal; por lo que el juzgador al calificar que los actos de lujuria descritos en los hechos probados del fallo recurrido son constitutivos de un delito agravado de actos de lujuria, sin que en ellos conste el elemento objetivo que da lugar a la agravación del referido tipo penal, incurre en aplicación indebida del párrafo segundo del artículo 141 del código penal. Del delito de actos de lujuria El Capítulo I del Título II del Libro Segundo del Código Penal, contiene una serie de tipos penales que protegen los bienes jurídicos: libertad sexual y la indemnidad sexual. Debe de entenderse por libertad sexual, aquella que posee toda persona a partir de los catorce años de edad y que esté en pleno uso y goce de sus facultades intelectivas (razón) y volitivas (voluntad), la cual, en un sentido positivo consiste en el derecho de servirse de su propio cuerpo para el disfrute sexual, de seleccionar en cada caso y de manera libre su pareja sexual, y de elegir los actos sexuales que desea realizar, así como lo relativo al lugar, tiempo y condiciones, siempre que ello no implique disminución o transgresión de la libertad sexual o la indemnidad sexual de otras personas; pero además, la libertad sexual en su sentido negativo es la posibilidad que tiene esa persona de negarse en cada caso, a ejecutar actos sexuales o de tolerar actos sexuales de otros y de tomar esa decisión sin ningún tipo de restricción, condicionamiento o incluso cuestionamiento de parte de terceros. Entretanto, la indemnidad sexual es el derecho que tienen aquellas personas que no gozan de la autonomía para determinar su comportamiento en el ámbito sexual (carecen de libertad sexual), de que le sea respetada su dignidad humana, de modo de no ser utilizadas como instrumento para la satisfacción sexual de terceros; tales personas son: a. Los menores de catorce años de edad, aun cuando tácita o expresamente den a conocer su consentimiento, debido a que el legislador hondureño entiende que antes de esa edad no han desarrollado la capacidad de la autodeterminación para el ejercicio de la actividad sexual mínimamente responsable y que participar en cualquier acto sexual conllevaría grave perjuicio en el desarrollo normal de la sexualidad. En consecuencia, la participación de una persona menor de catorce años en cualquier acto de índole sexual o su exposición a cualquier acto de la misma naturaleza da a lugar a una presunción iuris et de iure de lesión al bien jurídico indemnidad sexual. b. Las personas que sufren de una anomalía psíquica, retardo mental, grave alteración de la conciencia o estados de inconsciencia (natural o provocada, permanente o transitoria), por cuanto se presume de que éstas, al momento de participar en el acto sexual o ser expuestas a actividades de índole sexual carecen de la capacidad intelectiva y volitiva que les permita expresar su consentimiento libre. En consecuencia, la participación de una de estas personas en cualquier acto sexual da a lugar a una presunción iuris tantum de lesión al bien jurídico indemnidad sexual, admitiéndose prueba en contrario respecto a que si existía la capacidad intelectiva y volitiva mínima necesaria para poder discernir, aceptar o consentir el acto sexual o su exposición a actos de naturaleza sexual. Entre los delitos que protegen la indemnidad sexual encontramos el tipificado en el artículo 141 del Código Penal que contiene el delito de actos de lujuria, el cual se encuentra regulado de la siguiente manera: “Comete actos de lujuria, quien valiéndose de las condiciones o empleando los medios indicados en el artículo anterior (artículo 140 de Código Penal que contiene el delito de violación), hace víctima a otra u otras personas de actos de lujuria distintos del acceso carnal, será sancionado con pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años. Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años, aun cuando haya consentido el acto, o siendo mayor de esa edad, el sujeto pasivo adolece de una enfermedad mental o desarrollo psíquico incompleto o retardo o se haya privado de la razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia, la pena anterior se incrementará en un medio (1/2). Cuando los Actos de Lujuria consistan en la introducción de objetos o instrumentos de cualquier naturaleza en los órganos sexuales u otros orificios naturales o artificiales que simulen los órganos sexuales del cuerpo del sujeto pasivo, el culpable será sancionado con pena de reclusión de diez (10) a quince (15) años”. El tipo penal está regulado no de buena manera, pues el legislador no ha definido qué son actos de lujuria, dejando en silencio el aspecto toral del tipo penal: la conducta a reprochar; vacío que ha tenido que ser llenado mediante la jurisprudencia y posteriormente definido mediante la Doctrina Legal sentada por esta Corte Suprema de Justicia. Como consecuencia, y derivado del análisis del tipo penal, deberá de entenderse como sus elementos objetivos: a. Sujeto activo y pasivo: Puede presentarse como sujeto activo un hombre o una mujer; igualmente como sujeto pasivo un hombre o una mujer; b. Conducta criminosa: Centrada en el verbo rector, el cual consiste en realizar actos de lujuria, entendido como tales todas aquellas acciones que objetivamente representen una limitante o restricción a la libertad sexual del sujeto pasivo y subjetivamente representen un placer sexual o libidinoso para el sujeto activo. En el concepto anterior incluye aquellas acciones consistentes en maniobras corporales hechas por el sujeto activo en su propio cuerpo, obligando al sujeto pasivo a ser espectador, aquellas que realiza el sujeto activo en el cuerpo del sujeto pasivo, aquellas que realiza el sujeto pasivo en el cuerpo del sujeto activo o aquellas que realiza el sujeto pasivo en su propio cuerpo al verse obligado por el sujeto activo. También implica actos de lujuria cuando se obliga al sujeto pasivo a ser espectador de escenas sexuales por cualquier medio electrónico o mediante imágenes impresas. Se descarta del concepto de actos de lujuria las acciones que si bien estén motivadas para la satisfacción del libido del sujeto activo pero que no son lascivos, no constituyen detrimento de la libertad sexual o indemnidad sexual (en el sentido positivo o negativo antes explicados), como por ejemplo, el llamado beso compulsivo o actos de tocamiento únicos y súbitos por encima de las ropas, que en realidad son atentatorios a la dignidad. a. Modalidad criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso del delito de actos de lujuria están contempladas en el artículo 140 del Código Penal (por remisión del artículo 141), prevista de dos maneras: 1. Ejerciendo violencia en contra de una persona (vis absoluta), no siendo necesario que la violencia se ejerza durante todo el acto de lujuria, sino que bastará con que sea eficaz para anular la voluntad del sujeto pasivo; 2. Provocando intimidación en contra de una persona (vis compulsiva), entendiéndose como intimidación la amenaza idónea para hacer nacer en el sujeto pasivo un estado mental de miedo o angustia ante la incertidumbre de poder sufrir de parte del sujeto activo o de parte de otra persona asociada, un daño real (no imaginario) y grave en su persona, pero además constituye intimidación para efectos de éste tipo penal, cuando se produce la amenaza de provocar un mal o cuando se ejerce materialmente violencia en el cónyuge, compañero de hogar o cualquier pariente del sujeto pasivo dentro de los grados del cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad, provenida del sujeto activo o de cualquier persona asociada con éste. Cuando el sujeto pasivo sea una persona menor de catorce (14) años, constituirán actos de lujuria la conducta lasciva de los que sea objeto y que impliquen transgresión a la indemnidad sexual, aun cuando hayan sido consentidos por aquella, pues al igual como ocurre con la violación especial, el legislador considera que una persona menor de esa edad no tiene el desarrollo intelectivo que le permita conocer los alcances y consecuencias de los actos de naturaleza sexual, presunción iure et de iuris tomando como viciado el consentimiento brindado del sujeto pasivo al sujeto activo; ergo las modalidades criminosas de violencia o intimidación no serán elementos objetivos esenciales para la configuración del delito en este caso particular. Como elemento subjetivo, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, es decir, que conozca y quiera realizar los actos de lujuria conseguido a través de cualquiera de las dos modalidades criminosas explicadas. El tipo penal de actos de lujuria además de proteger la libertad sexual, también se encarga de proteger la indemnidad sexual, cuando en su segundo párrafo establece el delito de actos de lujuria especial, siendo estos los ejecutados en perjuicio de una persona menor de catorce (14) años, aun cuando ésta haya consentido los mismos, consentimiento que se considera viciado, o cuando dichos actos sea en perjuicio de la persona con trastorno mental transitorio o permanente que no le permita razonar o exteriorizar su consentimiento. Finalmente, el último párrafo contempla el delito de actos de lujuria agravados, que se configura cuando el sujeto activo violenta la libertad sexual o la indemnidad sexual mediante actos que impliquen la introducción de objetos o instrumentos de cualquier naturaleza en los órganos sexuales o en los orificios naturales (ano, boca, oídos o nariz) o artificiales del sujeto pasivo (como en los casos de la modificación quirúrgica de los órganos sexuales, modificando su naturaleza). Derivado de lo anterior, son características del tipo penal de actos de lujuria: a.) Según su estructura: 1. Tipo penal básico: por referirse a aquellos en que se describe de manera independiente un modelo de comportamiento en una sola descripción, porque si bien es cierto, el artículo 141 se remite al artículo 140 para efectos de determinar la modalidad criminosa, el verbo rector del tipo penal de actos de lujuria no es reproducido en otro tipo penal; 2. Tipo penal simple: debido a que el tipo penal describe una conducta criminosa: acto de lujuria, con la dificultad que el legislador ha obviado señalar en qué consiste tal acto. b.) Según su contenido: 1. Tipo penal de resultado: ya que el delito concurre cuando se ve disminuida o anulada la libertad sexual o indemnidad sexual del sujeto pasivo, según sea el caso; 2. Tipo penal de conducta instantánea: definido porque el comportamiento y resultado descrito en el tipo penal de violación sexual se agota en un mismo momento; 3. Tipo penal de comisión: al exigir el artículo 140 del Código Penal una conducta activa del autor; 4. Tipo penal abierto: indicado así dado que la norma que contiene el delito de violación sexual no describe con precisión las diversas circunstancias típicas, de tal manera que la conducta prohibida debe ser definida en cada caso por el órgano jurisdiccional a partir de los principios informadores del derecho penal sustantivo; c.) Según el sujeto activo: 1. Tipo penal uni-subjetivo: al describir el tipo penal la conducta prohibida realizada por una sola persona; 2. Tipo penal común: debido a que el tipo penal no exige ninguna cualificación al sujeto activo; d.) Según el bien jurídico tutelado: 1. Tipo penal mono-ofensivo: al tutelar un único bien jurídico protegido, tal cual es la libertad sexual o indemnidad sexual, según sea el caso; 2. Tipo penal de lesión: Debido a que la conducta criminosa genera una lesión formal y material al bien jurídico libertad o indemnidad sexual. De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Ley en su único motivo. El recurso no es de recibo. La sentencia impugnada no incurre en infracción de ley por aplicación indebida del artículo 141 del Código Penal. Al analizar los hechos probados la menor relata que el imputado Gregorio Amaya Rodríguez, le pidió un mango, situación que aprovecho el imputado para tomar de la mano a dicha menor e introducirla al interior de la construcción, la condujo al baño, en ese lugar le bajo el blúmer a la menor, luego la chineó sentándola en sus piernas, se bajó el ziper del pantalón y procedió a rozarle con el pene la vulva a la menor hasta eyacular sobre ella. por lo que podría decirse que hay un comportamiento lascivo o lujurioso por lo que concluye que los hechos probados se ajustan al tipo penal de Actos de Lujuria agravados. El censor de la sentencia que se impugna considera que los hechos declarados probados por el Juzgador no se subsumen en el párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal. Reprocha que al analizar los hechos probados se aprecia que en la misma no se establece que la ofendida fuera menor de catorce (14) años, por lo que no concurre el elemento objetivo de la circunstancia agravante de ser la ofendida menor de catorce (14) años. El Juzgador declara terminantemente probado el hecho siguiente: “UNICO: Que en fecha quince de mayo del año dos mil quince (15/05/2015) en horas del mediodía en la aldea Nueva Jalapa, jurisdicción del municipio de Nueva Celilac, departamento de Santa Barbará, cuando la menor C. N. T. R. regresaba de la escuela llego a la construcción donde trabajaba el imputada Gregario Amaya Rodríguez le pidió un mango, situación que aprovecho el imputado para tomar de la mano a dicha menor e introducirla al interior de la construcción, la condujo al baño, en ese lugar le baja el blúmer a la menor, luego la chineó sentándola en sus piernas, se baja el zíper del pantalón y procedió rozarle con el pene la vulva a la menor hasta eyacular sobre ella". La base fáctica de la sentencia recurrida alcanza a configurar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Actos de Lujuria Agravados tipificado y sancionando en el artículo 141.1 del Código Penal Penal, dispone que: “Comete actos de lujuria, quien valiéndose de las condiciones o empleando los medios indicados en el artículo anterior hace víctima a otra u otras personas de actos de lujuria distintos del acceso carnal, será sancionado con pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años. Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años, aun cuando haya consentido el acto o siendo…”. Artículo 141.2 del Código Penal Penal, dispone que: “Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años aun y cuando haya consentido el acto o si siendo mayor de esa edad el sujeto pasivo adolece de una enfermedad mental o desarrollo psíquico incompleto o retardo o se haya privado de razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia la pena anterior se incrementará en un medio (1/2)”. De este modo, el suscrito considera que la acción desplegada por el acusado Gregorio Amaya Rodríguez, sabiendo que ésta era menor de edad, procedió a rozarle con el pene la vulva de la menor hasta eyacular sobre ella, aprovechando a tomar de la mano a dicha menor e introducirla al interior del baño de una construcción, constituyen claramente actos libidinosos o de contenido lascivo a una menor de edad, distintos del acceso carnal. a) El Sujeto Activo: Al referirse el tipo penal a “quien”, implica que el sujeto activo podrá ser cualquier persona distinta a la titular al derecho de la libertad, integridad física, Psicológica y sexual; b) Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona. c) Objeto material del delito de actos de lujuria es la libertad sexual de la persona humana, en este caso de una menor de edad; d) Conducta criminosa centrada en el verbo rector; en este caso el tipo penal hace alusión a actos de lujuria distintos del acceso carnal. d).- Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el tipo penal en estudio hace una referencia a las condiciones y medios indicados en el artículo 140 del Código Penal, respecto del delito de Violación, enumeración de formas que implica la falta de voluntad del sujeto pasivo, así el legislador indica: i) Mediante violencia en contra de una persona (vis absoluta), no siendo necesario que la violencia se ejerza durante todo el acto, sino que bastara con que sea eficaz para anular la voluntad del sujeto pasivo y someterle; ii).- Provocando amenaza en contra de una persona (vis compulsiva), entendiéndose como intimidación idónea para hacer nacer en el sujeto pasivo un estado mental de miedo y/o angustia ante la incertidumbre de poder sufrir de parte del sujeto activo, un daño real (no imaginario) y grave en su persona, cónyuge o compañero de hogar o contra uno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; iii) Sin mediar violencia o amenaza, cuando concurran cualquiera de las circunstancias de: 1) cuando la víctima sea menor de catorce años de edad…” donde el sujeto activo mediante cualquiera de la acciones anteriores ataque al sujeto pasivo, logrando lesionar su libertad sexual, con o sin la consentimiento del sujeto pasivo, tratándose de una persona menor de catorce años de edad; iv) Como Elemento Subjetivo, del tipo penal describe que el sujeto activo debe tener un dolo lascivo o libidinoso.- v) Penalidad del Tipo de actos de lujuria agravados: La pena es de cinco (5) a ocho (8) años de reclusión, pena que se agrava en un medio (1/2) de la establecida para el tipo básico de actos de Lujuria, en este caso por tratarse la ofendida de una niña menor a catorce años de edad. Al analizar el tipo penal de Actos de lujuria vinculado al presente caso, el suscrito considera que la conducta desplegada por el acusado Gregorio Amaya Rodríguez, claramente se ajusta a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Actos de Lujuria Agravados en contra de una menor de edad, por las razones ya expuestas. De este modo, La Sala de Lo Penal encuentra que el fallo denunciado en efecto no violenta por infracción por aplicación indebida del párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal, por lo que resulta procedente declarar no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo interpuesto por la Defensa Pública. V. DECISION. No Ha lugar parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública del acusado Gregorio Amaya Rodríguez que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Gregorio Amaya Rodríguez la pena de siete años (7) años seis meses de reclusión como pena principal por un delito de actos de lujuria en perjuicio de la menor C. N. T. R., más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, así como trabajar en obras públicas o en labores dentro del centro penitenciario, conforme al artículo 141 párrafo primero del Código Penal según decreto 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de otras agresiones sexuales (art.250), debe imponérsele una pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Además de las penas principales la nueva legislación contempla la imposición de las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta; así como la inscripción del condenado en el registro de agresores sexuales que deberá llevar el Juzgado de ejecución correspondiente; por disposición Constitucional (art 41.2) se condena a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Gregorio Amaya Rodríguez, conforme el CP-144-83 al ser de siete (7) años seis (6) meses de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 5 a 8 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, Por Unanimidad de Votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303,304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 616 del Código Penal 130-2017; 360 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Ángel Octavio Baide Peña, actuando en su condición de defensor público en la causa instruida contra Gregorio Amaya Rodríguez, a quien se le sigue procese por el delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de la menor C. N. T. R.. SEGUNDO: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- TERCERO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Doris Suyapa Figueroa. Receptora Adscrita. Secretaria General.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 266-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

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