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Sentencia CP-263-18 — Registro 14092

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de homicidio, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el motivo no es de recibo. Conforme el vicio denunciado por el recurrente, esta Sala de lo Penal efectuó una revisión exhaustiva de la valoración probatoria que efectuó el sentenciador sobre el legajo probatorio evacuado en el juicio oral y no encuentra quebranto alguno a las reglas del correcto pensamiento humano, todo lo contrario, el sentenciador ha efectuado una valoración coherente y derivada, armónica y conjunta de las pruebas que se desarrollaron en el juicio oral. En el acápite “Valoración Judicial Conjunta” el A-quo razonó las declaraciones de los testigos de cargo Mario Enrique Cerrato, Víctor Edgardo Montoya Cruz y Leonila de Jesús Meléndez Medina estableciendo. “éstos testimonios son espontáneos, claros y directos, coherentes entre sí, ubicadas en tiempo y espacio; el hijo de la víctima, el señor Mario Enrique, dijo que su padre en estado agónico le dijo que quien lo había golpeado era Roger Fabricio y que el otro le había dado con un palo, lo cual es coincidente con el testigo presencial Eriberto Antonio y los otros testimonios, igualmente, aunque son de referencia son coherentes al afirmar uno de ellos que él llegó casi de forma inmediata a la escena del crimen y que encontró al señor Natividad Cerrato tirado y gravemente golpeado; así como el testimonio de la enfermera quien dio los primeros auxilios a la víctima, ha sido coherente al afirmar que los golpes eran recientes, que el estado de la víctima era grave y que presentaba un golpe entre el abdomen y el tórax y otro a nivel de cuello; concediéndoles el tribunal credibilidad por ser coherentes con el testigo presencial y por ende coherentes con los hechos acaecidos”. En relación al testigo Antonio Morazán Benavides, el sentenciador expuso: “…fue espontáneo, claro y directo, coherente entre sí, ubicado en tiempo y espacio, declaró cuando él vio cuando Roger Fabricio le pegó una patada a la altura del estómago a la víctima y ésta inmediatamente cayó al suelo y otro individuo de sobrenombre el negro Simeón, con un garrote le pegó cruzado en el pecho, coincidiendo con lo que la victima en estado agónico le dijo a su hijo Mario Enrique, que quien le había golpeado era Roger Fabricio y que el otro le había dado con un palo. Para el Tribunal el testigo merece credibilidad por tratarse de un testigo presencial.” Esta Sala de lo Penal considera que los juicios de valor que utilizó el sentenciador tiene como base la reglas de la sana crítica, ha derivado de forma lógica y coherente la participación del imputado en los hechos investigados, pues los testigos en efecto, son coherentes y si bien solo existe un solo testigo presencial, su testimonio contiene pruebas corroborativas como ser la declaración del hijo de la víctima, además de la declaración de la enfermera que le dio los primeros auxilios al ofendido y observó el lugar donde tenia los golpes recibidos; todo lo cual llevó al Tribunal Sentenciador a concluir de forma correcta el grado de culpabilidad del señor Roger Fabricio Irías Medina; razonamientos que tiene como fundamento la reglas el correcto pensamiento humano, motivo suficientes para desestimar el presente recurso de casación .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia recaída en el Recurso de Casación con registro No. SP-263-2018 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 263-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Roger Fabricio Irías Medina, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Natividad Cerrato Gutiérrez a la pena de quince años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Roger Fabricio Irías Medina a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Roger Fabricio Irías Medina. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma la Abogada Gloria Maria Guzman Godoy, en su condición de defensora pública del acusado. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados José Roberto Izaguirre Santos y Mario Reniery Amador, en su condición de defensores públicos del imputado, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: Que día domingo, 25 de diciembre del año dos mil trece, aproximadamente a las seis de la tarde, en el Barrio las Flores del municipio de Moroceli, departamento de El Paraíso, específicamente en la cercanía de la casa de habitación de la Señora Leonila de Jesús Meléndez Medina, el señor Natividad Cerrato Gutiérrez, recibió de parte del señor Roger Fabricio Irías Medina, una patada a la altura del estomago que lo tiro al suelo, posteriormente ya en el suelo recibió un garrotazo a nivel del cuello, propinado por una persona conocida como el negro Simeón. SEGUNDO: Que el señor Natividad Cerrato Gutiérrez, fue trasladado en estado agónico por su hijo Mario Enrique Cerrato Valladares, a casa de la enfermera Leonila de Jesús Meléndez Medina, quien, le dio los primeros auxilios. Posteriormente fue trasladado a casa de un hijo donde murió como a eso de las cinco y treinta de la mañana a consecuencia de los golpes sufridos.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362, numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que una sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes y la rectitud del juicio. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo, El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formales procesales debidas, fijadas en la ley. El Tribunal arriba a su fallo condenatorio sin seguir una valoración de los medios probatorios conforme a las reglas del correcto entendimiento humano. En el juicio oral y público se evacuo las declaraciones de los señores Mario Enrique Cerrato Valladares, Victor Edgardo Montoya Cruz y Leonela de Jesús Meléndez Medina, testigos que son meramente referenciales pues no percibieron los hechos a través de sus sentidos. En cuanto al testigo Heriberto Antonio Morazán Benavides, es el único testigo presencial de lo ocurrido y que sirvió de base para condenar a mi representado, el tribunal hace su análisis estableciendo conclusiones discordantes pues afirma que fue espontáneo, claro y directo, coherente entre si, ubicado en el tiempo y en el espacio, por lo cual merece credibilidad por tratarse de un testigo presencial (ver sentencia condenatoria/valoración judicial del testigo Eriberto Antonio Morazán Benavides). A todas luces, dentro del pensamiento humano y de acuerdo a la lógica y las reglas de la experiencia es inconcebible la veracidad de las palabras del testigo de cargo en los extremos antes mencionados, sin embargo esto no descarta el hecho de que Heriberto se encontrara en el lugar y que haya observado todo lo que pasó. Lo anterior, nos hace cuestionar la forma en la que el Tribunal valora este único testimonio, que como antes indicamos, ha servido como prueba de valor decisivo para condenar al señor ROGER FABRICIO IRIAS MEDINA. Este análisis cuestionado ha violentado las reglas de la sana crítica, específicamente el principio de derivación en su característica de razón suficiente. La forma como el Tribunal arriba a un fallo condenatorio teniendo como pruebas adicionales a la antes señalada, un acta de levantamiento cadavérico donde únicamente se puede determinar el lugar del levantamiento, los datos del occiso y sobre todo que la escena fue modificada, pero en ninguna parte describe las lesiones encontradas, ni establecer la manera y causa de muerte. Es evidente que este tipo de prueba no puede ser tomada en cuenta para fundamentar una sentencia condenatoria, pues como se estableció la escena fue modificada, la defensa se hace la siguiente interrogante: ¿Es confiable este medio probatorio? Por supuesto que NO. En el presente juicio el ente acusador no probó con prueba científica como ser dictamen de autopsia, cual fue la causa de muerte y las lesiones encontradas, pues con el escueto medio probatorio denominado acta de reconocimiento cadavérico no se puede determinar dichos extremos. Aun así el Tribunal intenta hacer conectar este medio probatorio con la única testigo presencial de los hechos, pero este medio probatorio es insuficiente para fundamentar un nexo causal existente entre el hecho acaecido y la culpabilidad de mi representado, lo cual violenta la regla de la lógica de la derivación, pues no hay medios probatorios que deriven cual fue la causa de muerte y en consecuencia que se pueda decretar un fallo condenatorio. Con el acta de defunción lo único que demuestra es la muerte legal del señor Natividad Cerrato Gutiérrez, mas no señala nexo alguno entre el delito y su comisión por parte de mi representado. De ahí que el Tribunal no tiene forma en como justificar lo expresado en el hecho probado, que el hoy occiso murió como a eso de las cinco y treinta de la mañana a consecuencia de los golpes recibidos, pues como se expresó anteriormente no se presentó dictamen de autopsia y el reconocimiento cadavérico no se puede establecer el tanatocronodiagnóstico, es decir el lapso de tiempo de muerte, ni tampoco la causa de la muerte. Si se hubiesen encontrado golpes, los mismos hubiesen sido descritos en el acta de levantamiento cadavérico, sin embargo esto nunca ocurrió porque los golpes que manifiesta el testigo protegido es un artificio y no una realidad. Un aspecto muy importante es lo señalado por el único testigo presencial, donde manifestó que el señor Natividad estaba enfermo, andaba con ardor de orín y supuestamente estaba tocándole la puerta a la enfermera para que le abriera, es así que al no recibir atención medica, también pudo haber fallecido a causa de una enfermedad que no fue tratada por un especialista. La señora Leonila de Jesús Meléndez Medina expresó que el hoy occiso tenía una infección urinaria y que el día de los hechos la condición del señor Natividad era muy mal, agregando que desde el momento en que el paciente va con sus signos vitales débiles, eso significa que hay mas posibilidades de morir que de vivir. El Tribunal Sentenciador no puede arribar que la muerte de esta persona haya sido como consecuencia de los golpes recibidos supuestamente por mi defendido. Es preocupante las deficiencias que hay en la parte investigativa, pues el Ministerio Público contando con la Dirección de Medicina Forense en el presente caso no haya presentado dictamen de autopsia para establecer la manera de muerte del hoy occiso. Esta parte defensora comparte lo esbozado por el Tribunal de casación al establecer: "Preocupa a la Sala de lo Penal la ausencia cada vez mas marcada de prueba científica, objetiva y confiable en los procesos pendes, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifical, misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas, pues fuera de los casos de testigos falsos, aun cuando el testigo esté convencido de que está diciendo la verdad, ello muchas veces no constituye una verdad real sino una subjetiva, como producto de muchas variables que hacen al testigo no solo percibir los hechos de una manera errónea, sino entenderlos, memorizarlos y transmitirlos dejándose de lo ocurrido, lo que hace que su valoración sea uno de los procesos mas complejos en la tarea de juzgamiento de todo juez; sin embargo, desafortudamente es el medio al que recurre el Ministerio Público con mas frecuencia para sustentar una acusación y pretender una sentencia condenatoria, cayendo incluso en estadios de abuso, como es el caso que hoy nos ocupa donde se presenta una acción penal basado en un único medio de prueba testifical. La ausencia de prueba científica y el ánimo de dar una respuesta tanto a los justiciables como a las víctimas, ha llevado a los Tribunales de Justicia a relativizar las exigencias probatorias, al grado de aventurarse a pronunciar fallos condenatorios basándose únicamente en prueba testifical sin corroboración alguna, aun cuando esta Sala de lo Penal ha insistido en reiteradas ocasiones y por años, que para que una sentencia condenatoria se base únicamente en un medio de prueba testifical, el Tribunal de Sentencia debió haber llegado al pleno y absoluto convencimiento, después de haber hecho una pormenorizada y rigoroso valoración de dicha prueba, habiendo salido triunfante de todos los cuestionamiento y dudas que se le puedan oponer, aun cuando fuesen íntimos.” Situación que también se presenta en el proceso en contra de mi defendido, pues con la declaración del único testigo presencial de los hechos el Sentenciador llegó a una declaración de culpabilidad, sin prueba científica de corroboración (dictamen de autopsia). Una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba. Tal rigurosidad debe ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio probatorio, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de los hechos; por ello, la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Defensa Pública considera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe anular el fallo, en virtud de la clara violación a las reglas del correcto entendimiento humano y se lleve acabo un nuevo debate con nuevos jueces, que se apliquen de forma correcta estas reglas, por lo que solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por el censor. Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica. Reclamación ex-ante: sin determinar por el pretensor. Pretensión: que se anule el fallo y se celebre un nuevo debate. Explicó el recurrente que el juzgador arribó a su fallo condenatorio sin seguir una valoración de los medios de prueba conforme a las reglas del correcto entendimiento humano; pues se evacuaron los testigos Mario Enrique Cerrato, Víctor Edgardo Montoya y Leonela de Jesús Meléndez que son meramente referenciales pues no percibieron los hechos a través de sus sentidos; en cuanto al testigo Heriberto Antonio Morazán Benavides es el único testigo presencial y cuyo testimonio sirvió para condenar al acusado, valoración de este testigo que violenta la regla de la lógica de la derivación en su característica de razón suficiente. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. el motivo no es de recibo. Conforme el vicio denunciado por el recurrente, esta Sala de lo Penal efectuó una revisión exhaustiva de la valoración probatoria que efectuó el sentenciador sobre el legajo probatorio evacuado en el juicio oral y no encuentra quebranto alguno a las reglas del correcto pensamiento humano, todo lo contrario, el sentenciador ha efectuado una valoración coherente y derivada, armónica y conjunta de las pruebas que se desarrollaron en el juicio oral. En el acápite “Valoración Judicial Conjunta” el A-quo razonó las declaraciones de los testigos de cargo Mario Enrique Cerrato, Víctor Edgardo Montoya Cruz y Leonila de Jesús Meléndez Medina estableciendo. “éstos testimonios son espontáneos, claros y directos, coherentes entre sí, ubicadas en tiempo y espacio; el hijo de la víctima, el señor Mario Enrique, dijo que su padre en estado agónico le dijo que quien lo había golpeado era Roger Fabricio y que el otro le había dado con un palo, lo cual es coincidente con el testigo presencial Eriberto Antonio y los otros testimonios, igualmente, aunque son de referencia son coherentes al afirmar uno de ellos que él llegó casi de forma inmediata a la escena del crimen y que encontró al señor Natividad Cerrato tirado y gravemente golpeado; así como el testimonio de la enfermera quien dio los primeros auxilios a la víctima, ha sido coherente al afirmar que los golpes eran recientes, que el estado de la víctima era grave y que presentaba un golpe entre el abdomen y el tórax y otro a nivel de cuello; concediéndoles el tribunal credibilidad por ser coherentes con el testigo presencial y por ende coherentes con los hechos acaecidos”. En relación al testigo Antonio Morazán Benavides, el sentenciador expuso: “…fue espontáneo, claro y directo, coherente entre sí, ubicado en tiempo y espacio, declaró cuando él vio cuando Roger Fabricio le pegó una patada a la altura del estómago a la víctima y ésta inmediatamente cayó al suelo y otro individuo de sobrenombre el negro Simeón, con un garrote le pegó cruzado en el pecho, coincidiendo con lo que la victima en estado agónico le dijo a su hijo Mario Enrique, que quien le había golpeado era Roger Fabricio y que el otro le había dado con un palo. Para el Tribunal el testigo merece credibilidad por tratarse de un testigo presencial.” Esta Sala de lo Penal considera que los juicios de valor que utilizó el sentenciador tiene como base la reglas de la sana crítica, ha derivado de forma lógica y coherente la participación del imputado en los hechos investigados, pues los testigos en efecto, son coherentes y si bien solo existe un solo testigo presencial, su testimonio contiene pruebas corroborativas como ser la declaración del hijo de la víctima, además de la declaración de la enfermera que le dio los primeros auxilios al ofendido y observó el lugar donde tenia los golpes recibidos; todo lo cual llevó al Tribunal Sentenciador a concluir de forma correcta el grado de culpabilidad del señor Roger Fabricio Irías Medina; razonamientos que tiene como fundamento la reglas el correcto pensamiento humano, motivo suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por la defensa pública. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Roger Fabricio Irías Medina que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Roger Fabricio Irías Medina, del delito de Homicidio, por lo que, en consecuencia, impuso una pena principal de 15 años de reclusión; como penas accesorias se impuso al acusado la inhabilitación absoluta, la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme a la nueva regulación penal decreto 130-2017 el delito de homicidio está regulado en el artículo 192 de la nueva ley penal y tiene señalada una pena de 15 a 20 años de prisión; por lo que, la pena impuesta al acusado con el Código Penal 144-83 se encuentra dentro del margen de la nueva legislación, por lo que no procede la aplicación retroactiva del nuevo código penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; ; 614, 615, 616, 624 del Código Penal decreto 130-217; 116 del Código Penal decreto 144-83. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Gloria Maria Guzman Godoy, en su condición de defensora pública del señor Roger Fabricio Irías Medina a quien se le condenó por el delito de Homicidio en perjuicio Natividad Cerrato Gutiérrez. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí departamento de El Paraíso. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Alma consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Secretaria General.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día del mes de marzo del año dos mil veintidós. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-263-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE

SALA DE LO PENAL

DZ