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Sentencia CP-263-17 — Registro 13214

Resumen

En primera instancia se absuelve al imputado por el delito de Extorsión Continuada, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El motivo no es de recibo. En el motivo que nos ocupa, el recurrente denuncia que el tribunal sentenciador incurrió en la trasgresión a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, pues a pesar que se evacuó prueba testifical, documental y pericial, concluyó en fallo absolutorio la participación del señor Nery Donaldo Vásquez Gutiérrez. Que el sentenciador consideró que existen dos razones esenciales para emitir un fallo absolutorio a favor del acusado: “1) Que no se presentó prueba suficiente para acreditar que lacomisión del hecho delictivo y la participación del acusado en el mismo, precisamente porque al no contar con prueba de cargo sólida sobre la existencia de llamadas exigiendo dinero o la entrega reiterada y constante de dicho dinero, no es posible tener por acreditados los elementos del tipo penal. Aunado ello, no existe un reconocimiento del acusado como la persona que realizaba las llamadas o cobraba el dinero, y además también se cuenta con prueba que indica que el acusado en horas de la mañana se encontraba en Santa Rosa de Copán y que el testigo protegido indicó que él realizaba depósitos bancarios entonces no resulta lógico que el acusado se desplace desde aquella ciudad hasta Tegucigalpa solo para cobrar este pago; 2) Que existe prueba de cargo que señala que el acusado fue detenido en Tegucigalpa, pero a su vez existe prueba de la defensa que indica que fue detenido en Santa Rosa de Copán, por tanto, no se puede tener acreditado con certeza cuál fue el lugar de detención del acusado, ni la hora en que esta detención ocurrió, y ello unido a la insuficiencia probatoria respecto a los elementos objetivos del tipo penal y a la participación del acusado en el hecho, no dejan a este Tribunal más opción que eximir al acusado de la responsabilidad penal por el hecho por el cual se le acusó.” Señaló asimismo el recurrente que no comparte la conclusión a la que llegó el juzgador, al decir que no era lógico que el acusado se desplazase desde Santa Rosa de Copán para cobrar el dinero, más cuando el propio testigo manifestó que realizaba depósitos en cuentas del Banco Azteca, que este razonamiento lógico del juzgador es errado por cuanto que los extorsionadores utilizan diferentes modalidades para obtener el dinero producto de la extorsión y no siempre utilizan la misma forma de entrega como lo quiere hacer ver el juzgador, el propio testigo afirmó que ya había dado dinero en efectivo al acusado el día 2 de octubre del 2015. El proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la Sana Crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el a-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos, así la motivación lógica deberá responder a las características de: a) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: i) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. ii) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre sí se anulen. iii) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. b) Derivación, el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. Resulta necesario, para dar respuesta a los señalamientos de la reclamante, revisar de forma minuciosa los raciocinios utilizados por el sentenciador para determinar si están conformados en base a los lineamientos de la sana crítica racional o por el contrario existe una separación con ella. Este tribunal de casación observa que los juicios de valor del juez de instancia resultan acordes a las reglas del recto entendimiento humano y por su debida aplicación ha concluido en razonamientos coherentes, lógicos y concatenados que llevan a determinar la aplicación correcta de las reglas de la sana crítica, pues ha derivado sus conclusiones del resultado probatorio. Al establecer el a-quo, que con las declaraciones del testigo protegido y demás testigos, no es posible concluir en la certera participación del acusado en el delito de Extorsión, pues la prueba de cargo resultó para el a quo insuficiente y no pudo tener por acreditado con seguridad cual fue el lugar de detención del acusado; en relación con la valoración que realiza el a quo observamos, en la prueba Dictamen Análisis Telefónico, del celular que se decomisó al imputado y que según el análisis resultó de su trayectoria que estuvo el 12 de noviembre del 201,5 entre las 8:32 hasta 10:47 am en santa Rosa de Copán, que concuerda con la prueba aportada en descargo por el imputado, esto creo dudas para el tribunal de si realmente era el acusado quien realizaba llamadas o enviaba mensajes al ofendido, así como que no se probó que realmente el celular le pertenece al acusado, puesto que no se presentó información del nombre del propietario ni de la tarjeta, tampoco que local vendió el celular y las tarjetas, que consideraban que el teléfono es del acusado porque el investigador estableció que a él le fue decomisado y se dejó en acta el número de imei, pero no se dijo que el número le pertenece sino que le fue decomisado y sin la información suficiente no se puede determinar si es de él. Estos motivos generaron dudas respecto a si los hechos efectivamente de la detención del acusado ocurrió en el instante en que se realizaba la supuesta entrega, dejando la declaración del testigo protegido sin respaldo no pudiendo ser corroborados con ningún otro medio de prueba y con dudas en cuanto a la certeza de entrega de dinero hacia el acusado el día de los hechos; así las cosas y tal como lo razonó el juzgador, de la prueba aportada lo que se deriva es duda razonable misma que se traduce en beneficio para el señor Nery Vasquez. Por todas las razones antes expuestas, considera esta Sala de lo Penal que el tribunal de instancia razonó de forma correcta, lógica y coherente toda la prueba ofertada en el debate y sus raciocinios tienen como base las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Lo expuesto determina que el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo debe ser declarado sin lugar..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador Por Ley, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-263-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete; dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Absolvió: al señor Nery Donaldo Velásquez Gutiérrez, del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido AD-476; Segundo: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Tercero: No procedió el comiso; Cuarto: No procedió declarar la responsabilidad civil al señor Nery Donaldo Velásquez Gutiérrez.- Son partes en única instancia: La Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente, y los Abogados Dinabel López Durón y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos de Nery Donaldo Velásquez Gutiérrez, como parte recurrida. -Hechos Probados de la instancia “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Único: El día doce de noviembre del año dos mil quince, el señor Nery Donaldo Velásquez Gutiérrez, fue detenido.” Recurso de CASACIÓN. - Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “Exposición del Motivo de Casación. Motivo Único: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: Testifical: 1. Testigo Protegido AD 476 quien manifestó: “Que como parte de un gremio están siendo extorsionados por parte de varios grupos, Los hechos empezaron con la Mafia en noviembre del dos mil catorce, que los fueron a dejar una nota extorsiva que decían que hablaran a un número que estaba escrito allí, lo hicieron y ellos no contestaron por tres o cuatro día, eso cayó un fin de semana. un día lunes, a las diez se volvió a probar el teléfono, no contestaron la llamada y en la tarde le dieron muerte a un compañero y a los cinco minutos fueron a dejar otro teléfono al área de trabajo, les dijeron que ya iban a llamar, a los cinco minutos sonó el teléfono y contestaron, dijeron que no creían con ellos, que eran basura, que porque no habían llamado, le explicaron, pero ellos dijeron “no la creen, y ahora les estamos a dos perros muertos y ahora les vamos a zampar fuego a la familia de ustedes y ahora nos tienen que dar 150 mil Lempiras de un solo”...se fueron a dejar el dinero allí y después volvieron a llamar diciendo que habían hecho bien las cosas y que sí no trabajaban con la policía que los iban a cuidar, pero que si no les iban a matar un par de basuras, quedaron que iban a pagar Siete Mil Lempiras semanales....le entregaron Siete Mil Lempiras toda la semana, los viernes los depositaban a cuenta de ahorro de banco Azteca a diferentes personas, otras veces lo entregaban físicamente…después de varios meses mirábamos que no quedaba de otra, de seguir pagándoles…dicen “ustedes no pagan por pagar, pagan por vivir, la policía solo esta uno o tres días y los dejan solo en base eso se intimida que le vayan a matar a un compañero o a uno…. El cuatro de noviembre nos pidió cinco semanas adelantadas y no la teníamos ya que la otra semana anterior habían caído otro grupo que nos estaba pidiendo sesenta mil Lempiras y entonces cuando nos pidió ese dinero le dijimos que no podíamos que más bien íbamos a cerrar el negocio, entonces cuando él nos dijo así que otra vez estábamos con la cosa que no creíamos que nos iban a matar a otra persona... que ya sabían dónde vivíamos que adonde estudiaban nuestros hijos, nuestra familia, esposa padres que nos tenían controlados, recogimos el dinero, ellos dijeron que iban a ver la forma de hacer la entrega y de ahí nos dijeron que teníamos que ir a depositar a Banco Azteca en dos partes, en dos cuentas distintas y nos fuimos a hacer los depósitos de catorce mil quinientos cada deposito el mismo día… nos dijeron” no lo vayan a apagar porque si lo apagan ya vas a ver que te vamos a matar y te vamos a ir a sacar del pelo de la casa” luego volvieron a hablar que teníamos que pagar lo normal de la semana , dijimos que no teníamos, que teníamos que pagar el dinero que habíamos pagado adelantado…… pero la verdad es que no teníamos y fue cuando decidimos ir a la Fuerza Nacional Antiextorsión. A preguntas de las partes responde: El día doce de noviembre se realizó la entrega a nivel del anillo periférico, a la altura de la colonia Arturo Quezada, la persona llegó solo a recibir el paquete, él andaba una camisa azul de rayas blancas y calzoneta de cholo debajo de la rodilla con rayas negras...., a esta persona le había hecho un entrega un viernes como el dos de octubre del 2015 ese día le entregué los Siete Mil Lempiras a la altura de El Carrizal, él es trigueño uno 160 o 165 de altura, fornido, medio panzoncito, identifique que era al que debía entregarle el dinero, porque ya le había entregado dinero a él, la calle estaba sola y ya empezaba a oscurecer solo venía él, solo me dijo “tienes la ondita” y le entregué el dinero, luego el agente me avisó que ya lo habían detenido y me enseñó una fotografía de la persona”. 2. Selvin Anael Ramírez Osorio, quien declaró lo siguiente: “Fue así que el doce de noviembre del año 2015, el testigo protegido recibió llamada telefónica donde le dieron instrucciones que tenía que hacer una entrega adelantada y que iba a dar instrucciones que estuviera pendiente de donde tenía que ir a entregar el dinero, en esa misma fecha, siendo las dieciséis treinta horas en presencia del testigo protegido, en las oficinas de la FNA, se procedió a elaborar un paquete que consistió en un sobre color blanco que en su interior contiene varios recortes de papel periódico, dos billetes de Cien Lempiras, los cuales fueron seriados mediante acta……un equipo de agentes de la FNA nos trasladamos al lugar donde le habían indicado que es la entrada de la colonia Arturo Quezada, que es en el anillo periférico, salimos a las 17:10 llegamos al lugar a las 17:20 horas, luego observaron que el testigo protegido se ubicó en dicho lugar, minutos después observaron que viniendo en dirección de El Carrizal hacia la antigua ANAPO, caminaba una persona de sexo masculino entre 25 y 30 años de edad, vestía camisa color azul con rayas blancas un short color blanco con rayas negras, llegó hasta donde estaba el testigo protegido, se paró luego observaron que el testigo protegido le hizo entrega del sobre de color blanco…… le dimos seguimiento al sospechoso ya que caminó hacia la colonia Arturo Quezada, fue allí donde le requerimos y en la bolsa frontal izquierda del pantalón le encontramos el sobre color blanco que contenía el papel periódico y dos billetes , un teléfono celular marca ASUMI, color negro… verifiqué los billetes y estos eran los mismos que se habían seriado previamente “.A preguntas de las partes responde:” inicié las investigaciones desde el 27 de octubre del 2015, yo tuve comunicación con el testigo protegido desde antes que él formalizara la denuncia solo me informaban lo que sucedía, como hacía las entregas, como se identificaban con él pero no formalizaban la denuncia...El testigo protegido nos dio los números, pero no podíamos obtener información porque los sujetos cambiaban de número de teléfono, el testigo protegido manifestó que siempre que lo llamaban se ponían en conferencia de llamada, ambos le hablaban al mismo tiempo, y en un momento determinado mafia le dijo que le iba a llamar perjuicio y que se entendiera con él… las llamadas fueron realizadas por varios números y el último iniciaba 8802”. 3. Henry Otoniel Sánchez Vasquez; quien manifestó: “Como a las 17:40 horas observaron que se acercó una persona de sexo masculino de 1.60 metros de altura, que andaba con una camisa polo azul con rayas blancas, y un short blanco con rayas color negro, esta persona se acercó al Testigo Protegido, el que le hizo entrega de un sobre color blanco.... procedimos a darle seguimiento a la persona sospechosa y el agente de investigación Selvin Ramírez lo registró identificándole como Nery Donaldo Vásquez Gutiérrez al que le encontró el sobre de color blanco el cual contenía dos billetes de cien Lempiras y varios recortes de papel, un teléfono celular ASUMI, color negro”. Pericial 1. Dictamen de análisis Telefónico, ratificado durante el juicio por el señor Jorge Juvenal Garcia Cacho, “quién manifestó lo siguiente: “se me asignó y trabajó con el teléfono decomisado, de ese teléfono se obtuvieron los mensajes de texto del IMEI para ver el SIMCARD que fue activado en ese teléfono, los IMEI fueron utilizados el 12 de noviembre del 2015, uno de los IMEI coincide con uno de los teléfonos que fue decomisado al señor Nery Donaldo, según este tipo de tecnología, en el vaciado telefónico vienen las coordenadas de la antena más cercana al lugar, lo cotejamos con el radio de acción de la antena que tenemos claro que mínimo son tres kilómetros a la redondea y el máximo son cinco, después de cinco ya hay otras antenas que captan otra señal, el IMEI también se determinó que estuvo en Santa rosa de Copán y eso se determinó por las llamadas que fueron realizadas en el transcurso del día donde diferentes antenas que estaban ubicadas en diferentes zonas, en este caso en Copán... se determinó que ese teléfono estuvo en Santa Rosa de Copán en horas de la mañana desde las 8 hasta las 10.... La última llamada del 88026934 tiene un registro en Francisco Morazán en Cafemanía cerca de la colonia Tepeyac ese punto está la antena más cercana que captó dicha llamada en momento y lugar en que fue realizado..., ese mensaje fue enviado desde el número que tenía el testigo protegido que es el 3303-1472, este mensaje está en el buzón de entrada del teléfono que fue periciado. Considera que el teléfono es de Nery porque a él le fue decomisado y se constató en el acta el número de IMEI que es coincidente con el número de IMEI del teléfono que estaba siendo utilizado para extorsionar a la víctima…. El teléfono 33031472 pertenecía al testigo protegido el mismo se obtiene en cuanto a la información el establece al hacer su denuncia, de ahí los peritos obtenemos la información para hacer un cruce y determinar si en realidad hubo comunicación con la víctima o no, si no se puede obtener el número es imposible para nosotros establecer si hubo comunicación con la víctima o no”. Documental 1. Acta de Registro Personal y de decomiso, elaborada por el investigador Selvin Ramírez, realizada al señor Nery Donaldo Velásquez Gutiérrez, en la cual se describe: “se le encontró en la bolsa frontal izquierda del pantalón short, un sobre color blanco, conteniendo en su interior dos billetes de cien Lempiras con serie BZ2013172 y BZ1865950, varios recortes de papel periódico, un celular marca ASUMI, color negro, con IMEI 356302057959538. 2. Acta de seriado del dinero elaborada el día 12 de noviembre del 2015, en las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, por el agente de investigación Selvin Ramírez, en presencia del testigo Protegido AD476 como ofendido, plasmando la denuncia 476-2015, por el delito de Extorsión, se describen dos billetes de cien Lempiras serie BZ2013172 y BZ1865950. 3. Dictamen de análisis telefónico ratificado en el debate por el señor Jorge Juvenal García, quien elaboró el análisis de seis números telefónicos, así como el análisis de la información que contenía el aparato celular marca ASUMI color negro, con IMEI 356302057959538, decomisado a Nery Donaldo Velásquez. Al valorar la prueba supra descrita, el sentenciador consideró que existen dos razones esenciales para emitir un fallo absolutorio a favor del acusado: “1) Que no se presentó prueba suficiente para acreditar que la comisión del hecho delictivo y la participación del acusado en el mismo, precisamente porque al no contar con prueba de cargo sólida sobre la existencia de llamadas exigiendo dinero o la entrega reiterada y constante de dicho dinero, no es posible tener por acreditados los elementos del tipo penal. Aunado ello, no existe un reconocimiento del acusado como la persona que realizaba las llamadas o cobraba el dinero, y además también se cuenta con prueba que indica que el acusado en horas de la mañana se encontraba en Santa Rosa de Copán y que el testigo protegido indicó que él realizaba depósitos bancarios entonces no resulta lógico que el acusado se desplace desde aquella ciudad hasta Tegucigalpa solo para cobrar este pago;2) Que existe prueba de cargo que señala que el acusado fue detenido en Tegucigalpa, pero a su vez existe prueba de la defensa que indica que fue detenido en Santa Rosa de Copán, por tanto, no se puede tener acreditado con certeza cuál fue el lugar de detención del acusado, ni la hora en que esta detención ocurrió, y ello unido a la insuficiencia probatoria respecto a los elementos objetivos del tipo penal y a la participación del acusado en el hecho, no dejan a este Tribunal más opción que eximir al acusado de la responsabilidad penal por el hecho por el cual se le acusó”. (Ver apartado de Valoración de la Prueba pág. 22). Debemos señalar, que las anteriores apreciaciones intelectivas por parte del Tribunal, constituyen una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, en virtud que al valorar el contenido de la probanza, el Sentenciador la realiza de forma aislada, no en su contexto, para derivar que Nery Donaldo Velásquez fue la persona que el día 12 de noviembre del 2015 llegó a recoger un paquete debidamente elaborado por el agente de la unidad Antiextorsión Selvin Anael Ramírez el que le fue entregado por el testigo protegido AD-476, en el sector de la colonia Arturo Quezada, este evento fue probado mediante el dicho del testigo protegido AD-476 quien indicó que desde el mes de noviembre del 2014, estaban siendo extorsionados por parte de varios grupos, de forma puntual menciona al grupo delictivo de la mafia, le dejaron una nota extorsiva, y un número de celular para llamar, grupo delictivo que se atribuyó la muerte de uno de los miembros del gremio, para provocar terror, y obtener las cantidades de dinero que exigían tazando una cuota semanal de siete mil Lempiras, tal como lo dice el testigo Protegido AD-476 “después de varios meses mirábamos que no quedaba de otra, de seguir pagándoles... dicen “ustedes no pagan por pagar, pagan por vivir, la policía solo esta uno o tres días y los dejan solo, en base eso se intimida que le vayan a matar a un compañero o a uno” y al no soportar el pago producto de la extorsión se avocaron a la Fuerza Nacional Antiextorsión interpusieron la denuncia registrada con número 476-2015, por el delito de Extorsión, y fue precisamente lo que ocurrió el día 12 de noviembre del 2015, cuando se captura a Nery Donaldo Vásquez, encontrándole un teléfono celular marca ASUMI color negro, el cual contenía un mensaje de texto procedente del número 33031472 realizado el día 12-11-2015, a las 03-49 que dice: “si ya tengo el dinero me avisa donde se lo envío”, este no es cualquier mensaje como pretende dar por sentado el Tribunal al decir: “que se desconoce la hora en que se enviaron los mensajes... y ninguno de esos mensajes refleja que exista alguna extorsión y mucho menos exigencia reiterada de entrega de dinero”, está valoración intelectiva es errada, porque nuevamente el juzgador realiza una valoración de la probanza de forma aislada respecto del contenido del mensaje, y no de forma armónica con el dicho del testigo protegido, no es un mensaje irrelevante que se refiera a un intercambio de información entre dos personas como lo quiere hacer ver el juzgador, por el contrario la lógica nos indica que ese mensaje llegó a la bandeja de mensajes de entrada del teléfono 88026934 decomisado al acusado, no por casualidad, por el contrario se trata de la confirmación del dinero pedido mediante amenazas por el extorsionador quien durante el día 12 de noviembre del 2015, le realizó al teléfono de la víctima el 33031472 la cantidad de seis llamadas a las cinco de la tarde (ver informe de Análisis telefónico a folio 84 ), esta cantidad de llamadas refleja el interés del acusado de recibir el dinero, puesto que no existe dentro del proceso prueba que diga lo contrario, sin embargo el juzgador en su valoración conjunta de la prueba, viola la regla de la lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, al preguntarse “¿cómo se puede verificar que efectivamente el teléfono que el perito dice que es del testigo protegido AD-476 es realmente en el que este recibía llamadas extorsivas? definitivamente no hay ningún otro medio de prueba que establezca, de manera fidedigna este extremo, ya que el mismo perito García no pudo explicar de donde eran los otros números de teléfono que había analizado”, esta conclusión es errada del juzgador por cuanto que el propio perito García establece en su dicho que el número 33031472 pertenecía al testigo protegido ya que el mismo se obtiene cuando se hace la denuncia, de ahí los peritos obtenemos la información para hacer un cruce y determinar si en realidad hubo comunicación con la víctima o no(ver declaración pág. 9), información que está plasmada en la denuncia 476-2015, en aquel entonces cuando se interpone la denuncia el testigo recuerda cual es el número que le dieron en el aparato telefónico, y el mismo testigo indica que “los teléfonos eran de la compañía Claro, el último teléfono que después de lo capturaron a él el teléfono quedó en mis manos y después se me extravió ¿Que voy a estar alzando esos teléfonos si más bien los quiero quemar, no quiero saber nada de esos teléfonos?, este dicho nos establece claramente que el testigo protegido sabía cuál era el número que portaba el aparato telefónico que los extorsionadores le dieron para comunicarse, el hecho que el ente acusador no haya realizado el decomiso y vaciado telefónico del aparato de la víctima no excluye de la responsabilidad al acusado quien fue capturado el día 12 de noviembre en el lugar destinado para la entrega del dinero, en posesión de un paquete reseñado con la evidencia de dos billetes de cien lempiras, aunado a lo anterior el propio testigo protegido AD-476 en su dicho menciona que el realizaba las llamadas al número que comienza con los números 8802, mismos números que son mencionados por el perito García y si observamos el análisis telefónico respecto al vaciado telefónico del número 88026934, aparecen el cruce de seis llamadas de salida utilizando el IMEI 356302057959538, mismo que esta descrito en el acta de registro y decomisado practicado al acusado, número telefónico 88026934 que estaba cerca de la escena donde ocurre la captura de Nery Donaldo Vásquez, tal como lo manifestó el mismo perito García al decir: “Considera que el teléfono es de Nery porque a él le fue decomisado y se constató en el acta el número de IMEI que es coincidente con el número de IMEI del teléfono que está siendo utilizado para extorsionar a la víctima... en la colonia Arturo Quezada hay una relación entre el lugar donde se originó una llamada que fue en Cafemanía y se hace la relación con el lugar en donde se pactó la entrega para establecer una distancia que es 1.24 kilómetros de la antena que está en Cafemanía, eso prueba que el teléfono decomisado al señor Nery estuvo en el lugar de los hechos porque si no lo hubiese captado otra antena y lo hubiese ubicado en otro lugar”(ver declaración página 8), al concatenar todos estos indicios el juzgador hubiera concluido que ciertamente el acusado fue la persona que llegó al lugar determinado para recoger el paquete que contenía el dinero pedido mediante amenaza al testigo protegido AD-476. Respecto a la falta de identificación establecida por el juzgador en su valoración intelectiva de la prueba, esta conclusión es errada, porque de la declaración del testigo protegido, se desprende que ya conocía físicamente al acusado el día 11 de noviembre del 2015 fecha de la entrega vigilada el testigo cuando observó al acusado, lo reconoció como la persona que “andaba una camisa azul de rayas blancas y una calzoneta de cholo debajo de la rodilla con rayas negras, a esta persona le había hecho una entrega un viernes como el 2 de octubre del 2015, ese día le entregué los siete mil Lempiras a la altura de el Carrizal, él es trigueño, uno 160 o 165, fornido, medio panzoncito, identifiqué que era al que debía entregarle el dinero, porque ya le había entregado dinero a él, la calle estaba sola”, era evidente que los policías que estaban realizando la vigilancia al verlo solo en el sector y ver la acción del testigo protegido lo capturaron, por lo que carece de relevancia que posteriormente se haya utilizado una foto enviada por teléfono celular al testigo protegido para su identificación, medio que como refiere el Tribunal no era el legalmente establecido en la legislación procesal, sin embargo consideramos que no es determinante para vincular al acusado con el delito que se le atribuye, aunado a ello es propio de la investigación que los agentes realicen diligencias de constatación inmediata para confirmar o descartar un hecho, por otra parte no se puede desconocer el testimonio de los policías que participaron en la captura quienes observaron a acusado cuando se desplazaba solo, por la calle que había indicado al testigo que utilizaría, acusado que fue captura infraganti en posesión del paquete de color blanco el cual contenía los dos billetes de Cien Lempiras que coinciden con los dos billetes seriados BZ2013172 y BZ1865950, que constan en el acta del seriado, por lo que no compartimos a la conclusión que llegó el juzgador al decir que no era lógico que el acusado se desplazase desde Santa Rosa de Copán para cobrar el dinero, más cuando el propio testigo manifestó que realizaba depósitos en cuentas del Banco Azteca, este razonamiento lógico del juzgador es errado por cuanto que los extorsionadores utilizan diferentes modalidades para obtener el dinero producto de la extorsión y no siempre utilizan la misma forma de entrega como lo quiere hacer ver el juzgador, el propio testigo afirmó que ya había dado dinero en efectivo al acusado el día 2 de octubre del 2015, además el hecho que el acusado haya estado en Santa Rosa de Copán como lo determina el análisis telefónico, y conforme el libro de entrada del Hotel Escalón, no quiere decir que efectivamente estuvo hospedado en el hotel ya que el libro refleja que la persona que estaba inscrita era la señora Cindy Ubaldina Andrada Zúniga, así como establecer que efectivamente haya sido capturado en esa ciudad del occidente, si bien el acusado aparece en ese sector, no ha considerado el Tribunal que la hora en que se realiza la entrega el mismo ya se encontraba en Tegucigalpa, de manera que tal circunstancia no lo excluye de haber participado en obtener del testigo el dinero producto de la extorsión; de ahí que si el sentenciador hubiese realizado una valoración conjunta de los medios de prueba incorporados por el ente acusador, la conclusión del presente proceso sería una sentencia condenatoria en contra de Nery Donaldo Velásquez Gutiérrez, dado que todos estos elementos constituyen prueba indiciaria suficiente para acreditar cómo se desarrollaron los hechos y evidenciar la responsabilidad del acusado como el autor de los mismos. Sobre los indicios la Honorable Sala de lo Penal, se ha pronunciado de la forma siguiente: “Los indicios pueden ser actos previos, concomitantes o posteriores a la comisión del delito, estos hechos sirven al juzgador, ante la ausencia de prueba directa, para inferir otros que le permiten reconstruir el hecho juzgado”. Ver sentencia No 922-04 de fecha 13 de diciembre de 2004. En este mismo orden de ideas, la Jueza Doña María de Jesús Hernández Elvira, de la Comunidad Autónoma de Canarias de España; ha comentado a través de ensayo relacionado a La Prueba Indiciaria en el Proceso Penal, que desde el punto de vista material es preciso cumplir con requisitos que se refieren tanto a los indicios en sí mismos como a la deducción o inferencia, por lo cual se requiere: a) Que estén plenamente acreditados. b) De naturaleza inequívocamente acusatoria. c) Que sean plurales o siendo único que posea una singular potencia acreditativa. d) Que sean concomitantes el hecho que se trate de probar. e) Que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que refuercen entre sí. De igual forma la autora supra referida, señalada que la validez y eficacia de la prueba indiciaria es necesaria “porque es un hecho que, en los juicios criminales, no siempre es posible esa prueba directa, por muchos esfuerzos que se hagan para obtenerla. Prescindir de la prueba indiciaría, conduciría en ocasiones a la impunidad de ciertos delitos, y especialmente de los perpetrados con particular astucia, lo que provocaría una grave indefensión social[1], por tanto la prueba indirecta aportada en el caso subjudice, de haber sido valorada de forma conjunta, resultada suficiente para destruir la presunción de inocencia del acusado. De ahí que, atendiendo la posición jurisprudencial y doctrinal referida, vemos que el Juzgador considera que no se puede condenar a un enjuiciado porque a su juicio hay insuficiencia probatoria, como lo hemos indicado el dicho del testigo protegido son respaldados por el resto de los medios probatorios de cargo incorporados, los cuales constituyen múltiples indicios, los que al ser concatenados permiten imponer una condena, ya que éstos son concomitantes, anteriores y posteriores, como sucede en el caso subjudice, donde los sucesos previos y posteriores al hecho nos conducen a establecer la culpabilidad de Nery Donaldo Velásquez, además de tener la característica de concomitantes por estar relacionados entre sí, como se expone a continuación: • Indicios Anteriores al Delito: Con la declaración del testigo protegido AD-476 y los agentes Selvin Ramírez y Henry Otoniel Sánchez, se desprende que el ahora procesado fue la persona que amenazaba en varias ocasiones a la víctima con causarle un mal grave a su vidas o la de su familia, por que realizaron varias entregas de dinero, a través de cuentas de banco y de forma personal. • Indicios Concomitantes y posteriores al delito: En el mismo momento en que ocurrieron los hechos, el testigo protegido entregó personalmente al acusado el paquete conteniendo los dos billetes de Cien Lempiras debidamente seriados, acusado que conforme las antenas de recepción de señal de telefonía estaba en el sector, IMEI, aparece en el vaciado telefónico, el día del hecho realizando seis llamadas al número del testigo protegido. Finalmente cabe señalar, que para restar credibilidad a la versión de un testigo, el sentenciador debe antes asegurarse que en juicio se ha puesto de manifiesto, prueba suficiente para tener por acreditada una causa de animosidad en el testigo presencial, capaz de producir en ellos el deseo de distorsionar los hechos y faltar a la verdad; extremo que no se acreditó en el caso sub-judice, por lo cual el A quo en la valoración de la prueba ha infringido la regla de la sana crítica de la lógica, concretamente del postulado de derivación, y dentro de él, el de razón suficiente, en su característica de suficiencia, ya que desvalora las deposiciones de los testigos de cargo, por estimar que no constituyen prueba suficiente para vincular al acusado con los hechos en que se extorsionó al testigo protegido AD-476. Tal y como lo hemos venido señalando, con la prueba antes descrita, se genera una pluralidad de indicios que fortalecen la tesis acusatoria, quedando descubierta la relación directa y clara entre delito cometido en perjuicio del testigo protegido y la participación del acusado Nery Velásquez como autor del mismo, conclusión a la que se arriba si se valora la prueba de manera conjunta y armónica, siendo evidente que el juzgador con el fallo ahora censurado incumplió lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea”. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009 En consecuencia, en este orden de ideas, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que los testimonios son congruentes, precisos y claros, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que el imputado sí perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado, por lo que debieron ser condenado por el delito de Extorsión Continuada; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último, de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: En la valoración de las pruebas no se observaron las Reglas de la Sana Crítica; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Se declare procedente el presente motivo. Resumen. Expone el recurrente que, las apreciaciones intelectivas realizadas por parte del Tribunal, constituyen una infracción a la Regla Lógica de la Derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, en virtud que al valorar el contenido de la probanza, el sentenciador la realiza de forma aislada, no en su contexto, para derivar que Nery Donaldo Velásquez, fue la persona que el día 12 de noviembre del 2015, llegó a recoger un paquete debidamente elaborado por el agente de la unidad Antiextorsión Selvin Anael Ramírez, el que le fue entregado por el testigo protegido AD-476. Que al valorar la prueba supra descrita, el sentenciador consideró que existen dos razones esenciales para emitir un fallo absolutorio a favor del acusado: “1) Que no se presentó prueba suficiente para acreditar que la comisión del hecho delictivo y la participación del acusado en el mismo, precisamente porque al no contar con prueba de cargo sólida sobre la existencia de llamadas exigiendo dinero o la entrega reiterada y constante de dicho dinero, no es posible tener por acreditados los elementos del tipo penal. Aunado ello, no existe un reconocimiento del acusado como la persona que realizaba las llamadas o cobraba el dinero, y además también se cuenta con prueba que indica que el acusado en horas de la mañana se encontraba en Santa Rosa de Copán y que el testigo protegido indicó que él realizaba depósitos bancarios entonces no resulta lógico que el acusado se desplace desde aquella ciudad hasta Tegucigalpa solo para cobrar este pago; 2) Que existe prueba de cargo que señala que el acusado fue detenido en Tegucigalpa, pero a su vez existe prueba de la defensa que indica que fue detenido en Santa Rosa de Copán, por tanto, no se puede tener acreditado con certeza cuál fue el lugar de detención del acusado, ni la hora en que esta detención ocurrió, y ello unido a la insuficiencia probatoria respecto a los elementos objetivos del tipo penal y a la participación del acusado en el hecho, no dejan a este Tribunal más opción que eximir al acusado de la responsabilidad penal por el hecho por el cual se le acusó”. Mas sin embargo considera el recurrente que, los dichos del testigo protegido son respaldados por el resto de los medios probatorios de cargo incorporados, los cuales constituyen múltiples indicios, los que al ser concatenados permiten imponer una condena, ya que éstos son concomitantes, anteriores y posteriores, que conducen a establecer la culpabilidad de Nery Donaldo Velásquez. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”.[2] . En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados, Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es éste último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica de la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común.[3] Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el Conocimiento Privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio; iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; La Conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; Cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del Único Motivo. El motivo no es de recibo. En el motivo que nos ocupa, el recurrente denuncia que el tribunal sentenciador incurrió en la trasgresión a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, pues a pesar que se evacuó prueba testifical, documental y pericial, concluyó en fallo absolutorio la participación del señor Nery Donaldo Vásquez Gutiérrez. Que el sentenciador consideró que existen dos razones esenciales para emitir un fallo absolutorio a favor del acusado: “1) Que no se presentó prueba suficiente para acreditar que la comisión del hecho delictivo y la participación del acusado en el mismo, precisamente porque al no contar con prueba de cargo sólida sobre la existencia de llamadas exigiendo dinero o la entrega reiterada y constante de dicho dinero, no es posible tener por acreditados los elementos del tipo penal. Aunado ello, no existe un reconocimiento del acusado como la persona que realizaba las llamadas o cobraba el dinero, y además también se cuenta con prueba que indica que el acusado en horas de la mañana se encontraba en Santa Rosa de Copán y que el testigo protegido indicó que él realizaba depósitos bancarios entonces no resulta lógico que el acusado se desplace desde aquella ciudad hasta Tegucigalpa solo para cobrar este pago; 2) Que existe prueba de cargo que señala que el acusado fue detenido en Tegucigalpa, pero a su vez existe prueba de la defensa que indica que fue detenido en Santa Rosa de Copán, por tanto, no se puede tener acreditado con certeza cuál fue el lugar de detención del acusado, ni la hora en que esta detención ocurrió, y ello unido a la insuficiencia probatoria respecto a los elementos objetivos del tipo penal y a la participación del acusado en el hecho, no dejan a este Tribunal más opción que eximir al acusado de la responsabilidad penal por el hecho por el cual se le acusó.” Señaló asimismo el recurrente que no comparte la conclusión a la que llegó el juzgador, al decir que no era lógico que el acusado se desplazase desde Santa Rosa de Copán para cobrar el dinero, más cuando el propio testigo manifestó que realizaba depósitos en cuentas del Banco Azteca, que este razonamiento lógico del juzgador es errado por cuanto que los extorsionadores utilizan diferentes modalidades para obtener el dinero producto de la extorsión y no siempre utilizan la misma forma de entrega como lo quiere hacer ver el juzgador, el propio testigo afirmó que ya había dado dinero en efectivo al acusado el día 2 de octubre del 2015. El proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la Sana Crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el a-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos, así la motivación lógica deberá responder a las características de: a) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: i) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. ii) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre sí se anulen. iii) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. b) Derivación, el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. Resulta necesario, para dar respuesta a los señalamientos de la reclamante, revisar de forma minuciosa los raciocinios utilizados por el sentenciador para determinar si están conformados en base a los lineamientos de la sana crítica racional o por el contrario existe una separación con ella. Este tribunal de casación observa que los juicios de valor del juez de instancia resultan acordes a las reglas del recto entendimiento humano y por su debida aplicación ha concluido en razonamientos coherentes, lógicos y concatenados que llevan a determinar la aplicación correcta de las reglas de la sana crítica, pues ha derivado sus conclusiones del resultado probatorio. Al establecer el a-quo, que con las declaraciones del testigo protegido y demás testigos, no es posible concluir en la certera participación del acusado en el delito de Extorsión, pues la prueba de cargo resultó para el a quo insuficiente y no pudo tener por acreditado con seguridad cual fue el lugar de detención del acusado; en relación con la valoración que realiza el a quo observamos, en la prueba Dictamen Análisis Telefónico, del celular que se decomisó al imputado y que según el análisis resultó de su trayectoria que estuvo el 12 de noviembre del 201,5 entre las 8:32 hasta 10:47 am en santa Rosa de Copán, que concuerda con la prueba aportada en descargo por el imputado, esto creo dudas para el tribunal de si realmente era el acusado quien realizaba llamadas o enviaba mensajes al ofendido, así como que no se probó que realmente el celular le pertenece al acusado, puesto que no se presentó información del nombre del propietario ni de la tarjeta, tampoco que local vendió el celular y las tarjetas, que consideraban que el teléfono es del acusado porque el investigador estableció que a él le fue decomisado y se dejó en acta el número de imei, pero no se dijo que el número le pertenece sino que le fue decomisado y sin la información suficiente no se puede determinar si es de él. Estos motivos generaron dudas respecto a si los hechos efectivamente de la detención del acusado ocurrió en el instante en que se realizaba la supuesta entrega, dejando la declaración del testigo protegido sin respaldo no pudiendo ser corroborados con ningún otro medio de prueba y con dudas en cuanto a la certeza de entrega de dinero hacia el acusado el día de los hechos; así las cosas y tal como lo razonó el juzgador, de la prueba aportada lo que se deriva es duda razonable misma que se traduce en beneficio para el señor Nery Vasquez. Por todas las razones antes expuestas, considera esta Sala de lo Penal que el tribunal de instancia razonó de forma correcta, lógica y coherente toda la prueba ofertada en el debate y sus raciocinios tienen como base las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Lo expuesto determina que el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo debe ser declarado sin lugar. Decisión. Declarar sin lugar el único motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por el Ministerio Publico. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación quebrantamiento de forma en su único motivo; interpuesto por la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida en contra del señor Nery Donaldo Vásquez Gutiérrez, a quien se absolvió como autor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido AD-476; Segundo: Declara Firme la sentencia dictada por el tribunal de sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete.- Y Manda: Que la Secretaría del Despacho proceda a notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, después de lo cual deberá de devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. José Olivio Rodríguez Vásquez. magistrado coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-263-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] http://icalanzarote.com/docus/artículo/prueba_indiciaria.pdf

[2] Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Ex. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Ex. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Ex. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp.385-09, todos de la Sala de lo Penal.

[3] Al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Ex 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Ex 88-09.