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Sentencia CP-261-17 — Registro 13213

Resumen

En primera instancia se condena al imputado cómplice del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Establece la recurrente que de los hechos declarados probados se colige que, al señor José Miguel Handal Pérez, actuando en condición de Gerente General de Auto Partes Handal, le compro a la Empresa ULTRAMOTOR S.A. de C.V. en San Pedro Sula los motores marinos Marca Yamaha, serie No. 692LD1028667 con factura número 2063598 y el motor Marino marca Yamaha Serie No. 692LD1028672 con factura número 2063599, y que día 27 de Enero del año 2009, en Utila, Islas de la Bahía, miembros de la Policía Nacional Preventiva, encontró en la pista de aterrizaje del aeropuerto local, una aeronave tipo Conquest II Cessna, color blanco con líneas horizontales de color gris, azul y ocre; encontrándose a inmediaciones de la pista y cerca de la aeronave mencionada, varios paquetes conteniendo cocaína, con un peso total de 1,400 kilos, encontrándose también entre la evidencia una lancha, a unos 20 metros aproximadamente de la playa, contiguo a la pista del aeropuerto, tipo Tiburonera color negro, con rayas verdes y rojas en su exterior, con 2 motores fuera de borda, 1) Motor Marino, Marca Yamaha, Modelo. E75BMHDL Serie. 692LD1028667 Año 2007, y Motor Marino, Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028672 Año 2007. la cantidad de droga no es compatible con la dosis de consumo personal inmediato, conducta que es típica, antijurídica, culpable y punible que se subsume en el artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. La sentencia examinada, describe como hechos probados: Primero: En fecha 19 de julio del año 2007, el señor José Miguel Handal Pérez, actuando en condición de Gerente General de Auto Partes Handal, le compro a la Empresa Ultramotor S.A. de C.V. en San Pedro Sula los motores marinos Marca Yamaha, serie No. 692LD1028667 con factura número 2063598 y el motor Marino marca Yamaha Serie No. 692LD1028672 con factura numero 2063599 por un valor de ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta punto cero ocho (Lps 89,470.08) Lempiras cada uno.- En fecha 2 de Agosto del año 2007 el señor José Miguel Handal Pérez en su condición de Gerente y Representante de Autopartes Handal, traspasa a favor de Gustavo Ávila Chamorro, quien había fallecido desde el 16 de agosto del año 2002, 3 motores: 1) Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028665 Año 2007, 2) Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028667 Año 2007 3) Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028672 Año 2007.- En fecha 12 de agosto del año 2007, se elaboró un documento de traspaso de los tres motores ya mencionados, a favor de la inexistente sociedad “Camaronera San Jorge”, representada por el señor Orlando Alexander Berrios Escoto, apareciendo en el documento como vendedor el señor Gustavo Ávila Chamorro. El quince (15) de julio del año 2008, el señor Orlando Alexander Berrios Escoto, traspasa en su condición personal los tres motores marinos, ya mencionados, a favor del señor José Vitelio Flores Portillo de nacionalidad salvadoreña. Segundo: El día 27 de Enero del año 2009, en Utila, Islas de la Bahía, miembros de la Policía Nacional Preventiva, encontraron en la pista de aterrizaje del aeropuerto local, una aeronave tipo Conquest II Cessna, color blanco con líneas horizontales de color gris, azul y ocre, con matricula venezolana serie YV2028, con procedencia de Sur América, encontrándose a inmediaciones de la pista y cerca de la aeronave mencionada, varios paquetes conteniendo cocaína, con un peso total de 1,400 kilos, así como una motocicleta marca Yamaha, Modelo YBR-125, Vin LBPKE130380010632, sin placas, varios tambos de gasolina, focos para iluminación, Yompers, encontrándose también una lancha, a unos 20 metros aproximadamente de la playa, contiguo a la pista del aeropuerto, tipo Tiburonera color negro, con rayas verdes y rojas en su exterior, con 2 motores fuera de borda, 1) Motor Marino, Marca Yamaha, Modelo. E75BMHDL Serie. 692LD1028667 Año 2007, y Motor Marino, Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028672 Año 2007, siendo los mismos motores que fueron traspasados en fecha 2 de agosto del año 2007, por el señor José Miguel Handal Pérez al ya fallecido en ese momento Gustavo Ávila Chamorro.” De la configuración jurídica del tipo penal, se determina que: 1. Es sujeto activo: Cualquier persona sin condición en particular. (al señor José Miguel Handal Perez) 2. Verbo Rector: Traficar, esto la acción de transportar, movilizar, mediante actos de comercio, es decir intercambio monetario. 3. Objeto del Delito: sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas. (1,400 kilos de cocaina) 4. Sujeto Pasivo: La Salud de la Población del Estado de Honduras. Esta Sala de lo Penal ha revisado de manera detallada la fundamentación fáctica de la sentencia (hechos probados) y no ha detectado un quebranto de las normas penales que ha utilizado el sentenciador para encuadrar las acciones cometidas por el acusado José Miguel Handal Perez, mismas que merecen reproche casacional de la jurisprudencia que ha dictado esta Sala de lo Penal, la cual fue explicada de forma detallada en los apartados anteriores, este tribunal de Casación es del criterio que la conducta del imputado José Miguel Handal Perez, se subsume en el tipo penal previsto por el artículo 18 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, quien participo a manera de cómplice con actos anteriores a los hechos y facilitaron la utilización de motores marinos para el traslado y comercialización de la droga, pues los motores que adquirió y a sabiendas traspasó para proporcionarse a una organización delictiva, siendo utilizados, para el traslado de droga tóxica estupefaciente. Siendo que la transacción fue por 1,390 paquetes, con un peso de 1,400 kilos de clorhidrato de cocaína, según arroja el dictamen toxicológico. En otras palabras, luego de analizar las pruebas vertidas en juicio, debe llegarse a una decisión sobre la cual no queden dudas, se colige que el imputado participo a manera de cómplice con actos anteriores a los hechos y facilitaron la utilización de motores marinos para el traslado y comercialización de la droga, y que es posible afirmar por tanto que la intención del sujeto activo, es la de cooperar para traficar 1,400 kilos de clorhidrato de cocaína, pues no se acredita un ánimo delictivo diferente. Por lo anteriormente expuesto, debe declararse sin lugar este primer motivo casacional..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."LA APLICACIÓN RETROACTIVA NO ES PROCEDENTE EN EL PRESENTE CASO. A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio De Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de sercastigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley sólo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. - Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de Juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el Juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la Norma Más Favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el Principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017(Art. 616 CP): *Determinación de la pena concreta conforme CP-144-83; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; * Determinación de la pena concreta conforme CP-130-2017; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y * Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: *Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada del CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o *Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se condenó al Señor José Miguel Handal Pérez, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. De acuerdo a la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas (art. 18), a la persona responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, se le impondrá sanción de quince (15) a veinte (20) años de reclusión más multa de un millón de lempiras (L 1,000,000.00)) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00)) (art.33 complicidad) Se le impuso una pena de diez (10) años de reclusión por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en su grado de participación de cómplice, más una multa de seiscientos sesenta y seis mil, seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y seis centavos, más las penas accesorias.(Lps. 666,666.66) La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de droga por facilitación de local para el tráfico o consumo de drogas (Art. 311), cuya pena es: a. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o b. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: i.- Diez mil (10.000) gramos de marihuana; ii.- Mil (1000) gramos de hachís; iii.- Dos mil (2000) gramos de cocaína; iv.- Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; v.- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; vi.- Doscientos (200) gramos de droga sintética; o vii.- Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. Retornando al caso concreto, el acusado, conforme los hechos probados, participo a manera de cómplice con actos anteriores a los hechos y facilitaron la utilización de motores marinos para el traslado y comercialización de la droga, y que es posible afirmar por tanto que la intención del sujeto activo, es la de cooperar para traficar 1,400 kilos de clorhidrato de cocaína, que provoca grave daño a la salud; cantidad no compatible para el consumo personal inmediato; conducta que castiga el NCP con la pena de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días cuyo margen es de L. 6,000.00 a L. 2,500,000.00. misma que será rebajada en 1/3 cuando se tratase de cómplices de un delito consumado o intentado, por lo que la pena será de 6 años 8 meses a 10 años de prisión (Art. 61 NCP); y observando las circunstancias personales del reo mismo que es Licenciado en Administración de Empresas y Empresario, la multa se fija por 200 días a razón de tres mil (Lps 3000.00) lempiras por día multa, sumando la cantidad de seiscientos mil (Lps. 600,000.00) lempiras exactos a multa de 333 días a razón de tres mil Lempiras exactos por cada día, dando un total de novecientos noventa y nueve mil lempiras exactos (L.999,000.00). Se le impondría una pena por el delito de Tráfico de Drogas de seis (6) años con ocho (8) meses de prisión y multa de 200 días, a razón de tres mil lempiras exactos por cada día, dando un total de seiscientos mil lempiras exactos (L.600,000.00). A partir de lo anterior, es posible determinar que lapena impuesta al acusado, conforme el CP-144-83 al ser de diez (10) años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgados conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 6 años 8 meses a 10 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal-.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora¸ José Olivio Rodríguez Vásquez, y Rafael Bustillo Romero pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 261-2017 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete; dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual: Primero: Condenó: al señor José Miguel Handal Pérez, como cómplice del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de diez años de reclusión, más una multa de seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y seis centavos, asimismo se le condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal.- Segundo: Se declaró la responsabilidad civil del señor José Miguel Handal Pérez.- Tercero: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Cuarto: Se ordenó el comiso de los motores: 1) Marca Yamaha, Modelo E75BMHDL, Serie 692LD1028665, Año 2007; 2) Marca Yamaha Modelo E75BMHD, Serie 692LD1028667, Año 2007; 3) Marca Yamaha, Modelo E75BMHDL, Serie 692LD1028672, Año 2007, mismos que deberán ser puestos a la orden de la Procuraduría General de la República como representante del Estado de Honduras. SON PARTES: El Abogado René Altamirano Interiano, en su condición de Defensor Privado del señor José Miguel Handal Pérez, como parte recurrente, y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. – II. HECHOS PROBADOS: Primero: En fecha 19 de julio del año 2007, el señor José Miguel Handal Pérez, actuando en condición de Gerente General de Auto Partes Handal, le compro a la Empresa Ultramotor S.A. de C.V. en San Pedro Sula los motores marinos Marca Yamaha, serie No. 692LD1028667 con factura número 2063598 y el motor Marino marca Yamaha Serie No. 692LD1028672 con factura numero 2063599 por un valor de ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta punto cero ocho (Lps 89,470.08) Lempiras cada uno.- En fecha 2 de Agosto del año 2007 el señor José Miguel Handal Pérez en su condición de Gerente y Representante de Autopartes Handal, traspasa a favor de Gustavo Ávila Chamorro, quien había fallecido desde el 16 de agosto del año 2002, 3 motores: 1) Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028665 Año 2007, 2) Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028667 Año 2007 3) Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028672 Año 2007.- En fecha 12 de agosto del año 2007, se elaboró un documento de traspaso de los tres motores ya mencionados, a favor de la inexistente sociedad “Camaronera San Jorge”, representada por el señor Orlando Alexander Berrios Escoto, apareciendo en el documento como vendedor el señor Gustavo Ávila Chamorro. El quince (15) de julio del año 2008, el señor Orlando Alexander Berrios Escoto, traspasa en su condición personal los tres motores marinos, ya mencionados, a favor del señor José Vitelio Flores Portillo de nacionalidad salvadoreña. Segundo: El día 27 de Enero del año 2009, en Utila, Islas de la Bahía, miembros de la Policía Nacional Preventiva, encontraron en la pista de aterrizaje del aeropuerto local, una aeronave tipo Conquest II Cessna, color blanco con líneas horizontales de color gris, azul y ocre, con matricula venezolana serie YV2028, con procedencia de Sur América, encontrándose a inmediaciones de la pista y cerca de la aeronave mencionada, varios paquetes conteniendo cocaína, con un peso total de 1,400 kilos, así como una motocicleta marca Yamaha, Modelo YBR-125, Vin LBPKE130380010632, sin placas, varios tambos de gasolina, focos para iluminación, Yompers, encontrándose también una lancha, a unos 20 metros aproximadamente de la playa, contiguo a la pista del aeropuerto, tipo Tiburonera color negro, con rayas verdes y rojas en su exterior, con 2 motores fuera de borda, 1) Motor Marino, Marca Yamaha, Modelo. E75BMHDL Serie. 692LD1028667 Año 2007, y Motor Marino, Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028672 Año 2007, siendo los mismos motores que fueron traspasados en fecha 2 de agosto del año 2007, por el señor José Miguel Handal Pérez al ya fallecido en ese momento Gustavo Ávila Chamorro.” III. RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS “Los recurrentes abogados Rene Altamirano Interiano y Farabundo Murillo Godoy, procedieron a formalizar su recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: Primer motivo infracción de ley sustantiva. Se reclama la infracción a los artículos 5 numeral 34 y 18 de La Ley Sobre Uso Indebido Y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que resulta ser una Ley Penal especial, la infracción se sucede por aplicación indebida. Explicación: “El Tribunal declaró como hechos probados los siguientes: Primero: En fecha 19 de julio del año 2007, el señor José Miguel Handal Pérez, actuando en condición de Gerente de Auto Partes Handal, le compro a la Empresa ULTRAMOTOR S.A. de C.V. en San Pedro Sula los motores marinos Marca Yamaha, serie No.692LD1028667 con factura número 2063598 y el motor Marino marca Yamaha Serie No. 692LD1028667 con factura número 2063599 por un valor de ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta punto cero ocho (Lps.89, 470.08) Lempiras cada uno.- En fecha 2 de Agosto del año 2007 el señor José Miguel Handal Pérez en su condición de Gerente y Representante de Autopartes Handal, traspasa a favor de Gustavo Ávila Chamorro, quien había fallecido desde el 16 de agosto del año 2002, 3 motores: 1) Marca Yamaha, Modelo E75BMHDL Serie:692LD1028665 Año 2007, 2) Marca Yamaha, Modelo E75BHMDL Serie: 692LD1028667 Año 2007, 3) Marca Yamaha, Modelo E75BMHDL Serie 692LD1028672 año 2007.- En fecha 12 de agosto del año 2007, se elaboró un documento de traspaso de los tres motores ya mencionados , a favor de la inexistente sociedad “Camaronera San Jorge”, representada por el señor Orlando Alexander Berrios Escoto, apareciendo en el documento como vendedor el señor Gustavo Ávila Chamorro. El quince (15) de julio del año 2008, el señor Orlando Alexander Berrios Escoto, traspasa en su condición personal los tres motores marinos, ya mencionados, a favor del señor José Vitelio Flores Portillo de nacionalidad salvadoreña. Segundo: El día 27 de Enero del año 2009, en Utila, Islas de la Bahía, miembros de la Policía Nacional preventiva, encontraron en la pista de aterrizaje del aeropuerto local, una aeronave tipo Conquest II Cessna, color blanco con líneas horizontales de color gris, azul y ocre, con matricula venezolana serie YV2028, con procedencia de Sur América, encontrándose a inmediaciones de la pista cerca de la aeronave mencionada, varios paquetes conteniendo cocaína, con un peso total de 1,400 kilos, así como una motocicleta marca Yamaha, Modelo YBR-125, Vin LBPKE130380010632, sin placas, varios tambos de gasolina, focos para iluminación Yompers, encontrándose también una lancha, a unos 20 metros aproximadamente de la playa, contiguo a la pista del aeropuerto, tipo Tiburonera color negro, con rayas verdes y rojas en su exterior, con 2 motores fuera de la borda, 1) Motor Marino, Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028667 año 2007, y Motor Marino, Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028672 Año 2007, siendo los mismos motores que fueron traspasados en fecha 2 de Agosto del año 2007, por el señor José Miguel Handal Pérez al ya fallecido en ese momento Gustavo Ávila Chamorro.” Primero: Los elementos del tipo penal no se reúnen en los hechos declarados probados en la sentencia. Respetando los hechos probados declarados así por el Honorable Tribunal de Sentencia de la Ceiba, respetuosamente exponemos que de su simple lectura se deduce que los mismos no se subsumen en el tipo penal de Tráfico de Drogas por el que se condena al señor José Miguel Handal Pérez, en su grado de Ejecución de Tentativa. El tipo penal de Tráfico Ilícito de Drogas, está descrito por la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas en el artículo 5 numeral 34 que da una definición legal del concepto Tráfico Ilícito “Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener un depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, y o realizar transacciones a cualquier título de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas”. El Tribunal en la parte atinente a la Motivación Jurídica, indica que de todas las hipótesis contenidas en el tipo penal, en el presente caso se dicta fallo condenatorio al atribuir al imputado la conducta de “Realizar Transacciones a cualquier título de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas” De acuerdo al supuesto normativo al que alude el tribunal de sentencia, la actividad que realiza el agente (en este caso el imputado) serían dos: 1.- realizar a cualquier título una transacción de sustancias controladas (en este caso sería cocaína). 2.- financiar actividades contrarias a las disposiciones de la Ley contra el uso indebido y tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas. En los hechos probados, se declara probado en la sentencia: En el primer hecho probado A.- Que José Miguel Handal compro 3 motores marinos en fecha 19 de julio del año 2007. B.-Que el 2 de agosto de 2007, el imputado vendió esos motores a Gustavo Ávila Chamorro quien había fallecido el 16 de agosto del año 2002. C.- Que el 12 de agosto de 2007 Gustavo Ávila Chamorro le traspaso los motores a la inexistente Sociedad Camaronera San Jorge, representada por el señor Orlando Alexander Berrios Escoto. D.- Que el 15 de julio de 2008, el señor Orlando Alexander Berrios Escoto traspaso los 3 motores marinos a José Vitelio Flores Portillo. En el segundo hecho probado E.- Que el 27 de enero de 2009 en Utila, Islas de la Bahía, encontró en la pista de aterrizaje una aeronave tipo conquest Cessna, color blanco, varios paquetes de cocaína, una motocicleta, varios tambos de gasolina, focos para iluminación y yompers. F.- Que se encontró a 20 metros de la playa, contiguo a la pista del aeropuerto, tipo tiburonera con dos motores fuera de borda, que son los mismos que en fecha 2 de agosto de 2007, (Año y medio antes) José Miguel Handal le traspaso a Gustavo Ávila Chamorro. en los hechos probados no se describe ninguna de las conductas por las que se dicta sentencia condenatoria en la sentencia. Es decir, no se describe que José Miguel Handal haya realizado alguna transacción de sustancia controlada, no se describe que haya hecho ninguna transacción de cocaína y no se describe que haya financiado alguna actividad contraria a la ley contra el tráfico de drogas, Con el debido respeto el tipo penal por el que se dicta sentencia condenatoria no se subsume en los hechos declarados probados por el tribunal sentenciador. Así se sucede la aplicación indebida de los artículos 5 numeral 34 y 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, que es una ley penal especial y por tanto una norma sustantiva en materia penal.” Continúan manifestando los Recurrentes en su recurso de casación por quebrantamiento de forma. Segundo motivo: Articulo 362 numeral 2 del código procesal penal En la sentencia no se valoró prueba de valor decisivo *Articulo 362 numeral 3 La sentencia contiene motivación contradictoria y en la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana crítica. Primero. - En la sentencia no se valoró la principal prueba presentada por la defensa, estos medios probatorios fueron admitidos y ejecutados en juicio, en la sentencia solo se describen, pero no se hace valoración de los mismos. En la página 10 de la sentencia que es atinente a la sección de valoración de la prueba se describen dos medios de prueba. 1.- Oficio del ministerio público donde el abogado Franklyn Efraín Ortez Zúñiga, quien en su condición de Coordinador de fiscales de Nacaome, Valle después de que se incautaron los motores los devuelve al señor Orlando Alexander Berrizs Escoto, en este documento la fiscalía dice que los devuelve diciendo que se ha demostrado la pertenencia legal a favor del señor Orlando Alexander Berrioz Escoto quien los utiliza para realizar actividades licitas y que se ha demostrado que la finalidad es para el uso de sus actividades camaroneras, este documento está fechado 21 de noviembre del año 2007, está firmado y sellado por el fiscal coordinador, en el expediente la defensa lo presento en la audiencia Inicial debidamente autenticado, corre a folio 230 del expediente y durante la evacuación del juicio apareció el original (lo tenía la fiscalía en un sobre relacionado con la evidencia del proceso) hasta con los sellos del trámite de devolución, así mismo durante su evacuación no hubo alegato que tuviese algún vicio de falsedad. 2.- Acta Notarial realizada por el Notario Público Julio Adán Posadas en fecha 25 de mayo del año 2015, dando fe que en el Libro de novedades de la Policía del puerto de Amapala, en fecha 3 de diciembre del año 2007 se entregaron a su propietario el señor Orlando Alexander Berrioz Escoto los motores referidos en el presente proceso se acompañó al acta notarial fotocopia de 2 páginas del libro de novedades donde se registra la entrega los motores y la lancha. En la sentencia se describe la evacuación de estos medios de prueba pero en ninguna parte se hace la valoración de esta prueba.- La defensa considera que es prueba de valor decisivo por cuanto esos motores fueron decomisados por el ente acusador y los devolvió exponiendo que se usaban para actividad lícita de camaronería y que su legítimo propietario 4 meses después de haberlos vendido José Miguel Handal, era el señor Orlando Alexander Berrioz Escoto, luego entonces como es que la misma fiscalía (que tiene unidad de actuaciones) en este juicio alega que los traspasos son falsos y que el propietario es el imputado, es de hacer la observación que durante el juicio la fiscalía no cuestiono ni presentó controversia sobre la legitimidad del documento de devolución como del acta notarial que allego al juicio; El registro en el libro de novedades, la defensa es del criterio de que el decomiso a otra persona y el hecho de reconocer a otra persona como propietaria de los motores, es un acto que cortó, el vínculo entre mi representado y los motores, así las cosas el tribunal devenía en la obligación de describir el proceso intelectivo mediante el cual determino que dichos documentos no merecían valor probatoria, lo cual no se hizo en la sentencia y es el fundamento para impugnar por la vía del quebrantamiento de forma la presente sentencia. *Artículo 362 numeral 3 del código procesal penal La sentencia contiene motivación contradictoria y en la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana crítica. Segundo.- En la sentencia se declara como hecho probado que el señor Gustavo Ávila Chamorro está muerto desde 16 de agosto del año dos mil dos, sin embargo no se presentó en la audiencia del juicio el Acta de defunción de esta persona, la ley del registro Nacional de las Personas regula esta circunstancia, en el presente caso la prueba aportada al respecto es la fotografía de una tumba con el nombre de otra persona y la declaración de un agente investigador que dice que familiares del señor chamorro le contaron que murió en USA y que trajeron el cadáver y lo enterraron con otro nombre, este mismo agente expreso que el señor Chamorro participo en las elecciones internas del año 2005, esta versión contradice las normas lógicas elementales, en primer término el principio de contradicción, pues si el detective advierte que el señor chamorro voto el 2005 estaba vivo en esa fecha y seria falsa la hipótesis de la tumba con otro nombre, a contrariu sensu si estaba muerto y aparece votando el tribunal está admitiendo que en Honduras votan los muertos, así mismo el sentido común indica que es imposible trasladar un cadáver desde Estados Unidos a Honduras de forma clandestina, sin que se haga un registro sanitario del evento, el común de las personas sabe que en aquel país son rigurosos con asuntos como el traslado de un cadáver en un avión, es evidente la ausencia del uso de las reglas lógicas en esta valoración.- En la página 29 de la valoración en el espacio titulado como “otros medios de prueba” El tribunal hace una mención del acta notarial aportada por la defensa que establece que en el libro de novedades de la policía del puerto de Amapala se encuentra el registro de la devolución de los motores y una lancha al señor Orlando Alexander Berrioz, se expresa en esta parte de la sentencia lo siguiente: “estos medios de prueba fueron analizados y valorados llegando a la consideración el tribunal que poco o nada le arrojan al tribunal para determinar los hechos declarados como probados por el tribunal, pues no indican actividad alguna que el encausado haya realizado... por todo ello el tribunal estimo no darle valor probatorio.- he aquí la contradicción pues el objeto de la defensa era acreditar que el encausado no tuvo ninguna relación en el evento donde la fiscalía le devolvió los motores al señor Berrios Escoto, si determinan que José Miguel no realizó ninguna actividad en esta transferencia de los motores, como es que lo condenan por estar vinculado con los motores al ser decomisados en Utila, he aquí una violación al principio lógico de contradicción, que es parte integrante del sistema de sana crítica racional cuyo uso es obligatorio a los jueces en el proceso de valoración de la prueba. El reclamo. Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal, en el sentido de señalar el reclamo que se haya hecho para subsanar el vicio, señalo que el vicio se produce en la Sentencia Definitiva, razón por la cual, el reclamo lo constituye el presente recurso. El perjuicio. Los vicios enunciados en el presente Recurso le causan perjuicio a mi representado, ya que, si la sentencia se hubiera dictado conforme a derecho, debió dictarse Sentencia Absolutoria.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. *Norma autorizante: Sin determinar por el recurrente. *Norma que se denuncia infringida: Artículos 5 numeral 34 y 18 de la Ley sobre Uso Indebido y tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. *Concepto de la infracción: Aplicación indebida de la norma sustantiva. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: El vicio ocurrió en la misma sentencia. *Pretensión: Declarar con lugar el recurso, dictando sentencia absolutoria. Resumen. Establece el recurrente que, los elementos del tipo penal no se reúnen en los hechos declarados probados en la sentencia y los mismos no se subsumen en el tipo penal de Tráfico de Drogas en su grado de Ejecución de Tentativa, por el que se condena al señor José Miguel Handal Pérez, que no se describe que haya hecho ninguna transacción de cocaína y no se describe que haya financiado alguna actividad contraria a la ley contra el tráfico de drogas. Del delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Conviene inicialmente establecer con claridad la significación etimológica de la palabra Tráfico, en tal sentido Tráfico fuera del ámbito vehicular, ha de considerarse como el movimiento de mercancías o personas. Término derivado del verbo traficar, compuesto por el léxico latino Trans que significa “de un lado para otro”. Definido como la acción de traficar, es utilizado como una definición de una acción ilegal de movimiento de bienes, especies o personas como, por ejemplo, el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órganos o la trata de personas. En cuanto a la definición de qué se entiende por tráfico, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como “comerciar, negociar con el dinero y las mercancías”. En el artículo 1 del Convenio Único de 1961 sobre estupefacientes, en el apartado l) se dice que se entiende por tráfico ilícito “el cultivo o cualquier tráfico de estupefacientes, contrarios a las disposiciones de la presente convención”, también en el apartado m) se define lo que se entiende por importación y exportación que es “se entiende en sus respectivos sentidos, el transporte material de estupefaciente de un estado a otro o de un territorio a otro del mismo estado”. Lo importante de todas las definiciones expuestas, es que el acto de tráfico implica necesariamente un movimiento, un traslado de un lugar a otro, relacionado con el comercio, o el negocio con dinero de mercancías. Establecida de la definición de tráfico, la Ley penal ha definido varios tipos penales, relativos a esta acción, en el caso que nos ocupa la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, refiere en su artículo 18, el tipo penal de Trafico de Drogas, sancionando “… al que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras…” La conducta típica descrita se centra en actividades dirigidas al movimiento ilícito de drogas, con acciones directamente vinculadas al comercio, esto es a la compra y venta ilícita de este tipo de sustancias. La jurisprudencia española ha entendido que debe comprenderse por tráfico, todos los actos del ciclo económico de la droga, es decir: — Actos de producción, como lo son el cultivo o la fabricación. — Actos principales de tráfico, incluyendo dentro de ellos, la transmisión gratuita u onerosa, así como los actos de intermediación en el tráfico. — Actos auxiliares de tráfico como son: la posesión o tenencia y el transporte siempre que unos y otros estuvieran pre ordenados a promover, favorecer o facilitar el consumo. Deben incluirse en este apartado los actos de fomento, incluyendo la propaganda y la formulación de ofertas (STS 154/2004 de 13 de febrero de 2004). Se exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) un elemento objetivo, cual es la realización de algún acto de producción, venta, permuta o cualquier forma de tráfico. Transporte, tenencia con destino al tráfico o acto de fomento, propaganda o formulación de ofertas de dichas sustancias, b) que el objeto material de esas conductas sea alguna de las sustancias recogidas en la lista de los Convenios Internacionales; c) El elemento subjetivo del destino al tráfico ilícito, que en ocasiones no será obtenible por prueba directa, sino deducible del conjunto de sus acciones.[1] En este sentido, la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, define los aspectos en cuanto al tipo penal de tráfico de drogas: 1. Sujeto Activo: Cualquier persona sin cualificación alguna. 2. Verbo Rector: Traficar, esto es, la acción de movilizar, mediante actos de comercio, es decir intercambio monetario. 3. Objeto del Delito: Drogas, estupefacientes o sustancias controladas. 4. Sujeto Pasivo: La Salud de la Población. Sin perjuicio de lo anterior, la definición contenida en el artículo 5 numeral 34 de la misma ley, establece como concepto de Tráfico Ilícito, “…Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito, o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas…”. Esta definición está redactada en consonancia con lo que establece el artículo 1 literal I) de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes y artículo 3 párrafos 1 y 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de Viena, 1988. Sin embargo, nótese que, en la Ley especial, la definición del delito de Tráfico de Drogas, contenida en el artículo 18, se limita a la acción de Traficar, esto es comercializar, según las definiciones expuestas más arriba. Pese a ello, la Ley recoge como tipos penales diferenciados las demás acciones contenidas en la definición del numeral 34 del artículo 5, de tal suerte que la siembra, plantación o cultivo, está determinada en el artículo 16; la fabricación en el artículo 17; el financiamiento en el artículo 19, hasta llegar a la sanción correspondiente a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos y otras drogas peligrosas, contenida en el artículo 22 de dicha ley y establecido como el delito de Facilitación de Local o Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas. En consecuencia, resulta claro que la Ley Especial, sanciona de manera diferente el acto o acción de traficar (entendida como se ha establecido, la comercialización), con respecto del acto o acción de facilitar un local o los medios de transporte para el tráfico. Ello en consideración al ánimo del sujeto activo respecto al delito, es decir si su intención es la de comerciar ilícitamente drogas o si, por otro lado, su intención es la de colaborar, facilitando un local o los medios de transporte para el tráfico. De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Ley. De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo. Establece la recurrente que de los hechos declarados probados se colige que, al señor José Miguel Handal Pérez, actuando en condición de Gerente General de Auto Partes Handal, le compro a la Empresa ULTRAMOTOR S.A. de C.V. en San Pedro Sula los motores marinos Marca Yamaha, serie No. 692LD1028667 con factura número 2063598 y el motor Marino marca Yamaha Serie No. 692LD1028672 con factura número 2063599, y que día 27 de Enero del año 2009, en Utila, Islas de la Bahía, miembros de la Policía Nacional Preventiva, encontró en la pista de aterrizaje del aeropuerto local, una aeronave tipo Conquest II Cessna, color blanco con líneas horizontales de color gris, azul y ocre; encontrándose a inmediaciones de la pista y cerca de la aeronave mencionada, varios paquetes conteniendo cocaína, con un peso total de 1,400 kilos, encontrándose también entre la evidencia una lancha, a unos 20 metros aproximadamente de la playa, contiguo a la pista del aeropuerto, tipo Tiburonera color negro, con rayas verdes y rojas en su exterior, con 2 motores fuera de borda, 1) Motor Marino, Marca Yamaha, Modelo. E75BMHDL Serie. 692LD1028667 Año 2007, y Motor Marino, Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028672 Año 2007. la cantidad de droga no es compatible con la dosis de consumo personal inmediato, conducta que es típica, antijurídica, culpable y punible que se subsume en el artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. La sentencia examinada, describe como hechos probados: Primero: En fecha 19 de julio del año 2007, el señor José Miguel Handal Pérez, actuando en condición de Gerente General de Auto Partes Handal, le compro a la Empresa Ultramotor S.A. de C.V. en San Pedro Sula los motores marinos Marca Yamaha, serie No. 692LD1028667 con factura número 2063598 y el motor Marino marca Yamaha Serie No. 692LD1028672 con factura numero 2063599 por un valor de ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta punto cero ocho (Lps 89,470.08) Lempiras cada uno.- En fecha 2 de Agosto del año 2007 el señor José Miguel Handal Pérez en su condición de Gerente y Representante de Autopartes Handal, traspasa a favor de Gustavo Ávila Chamorro, quien había fallecido desde el 16 de agosto del año 2002, 3 motores: 1) Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028665 Año 2007, 2) Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028667 Año 2007 3) Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028672 Año 2007.- En fecha 12 de agosto del año 2007, se elaboró un documento de traspaso de los tres motores ya mencionados, a favor de la inexistente sociedad “Camaronera San Jorge”, representada por el señor Orlando Alexander Berrios Escoto, apareciendo en el documento como vendedor el señor Gustavo Ávila Chamorro. El quince (15) de julio del año 2008, el señor Orlando Alexander Berrios Escoto, traspasa en su condición personal los tres motores marinos, ya mencionados, a favor del señor José Vitelio Flores Portillo de nacionalidad salvadoreña. Segundo: El día 27 de Enero del año 2009, en Utila, Islas de la Bahía, miembros de la Policía Nacional Preventiva, encontraron en la pista de aterrizaje del aeropuerto local, una aeronave tipo Conquest II Cessna, color blanco con líneas horizontales de color gris, azul y ocre, con matricula venezolana serie YV2028, con procedencia de Sur América, encontrándose a inmediaciones de la pista y cerca de la aeronave mencionada, varios paquetes conteniendo cocaína, con un peso total de 1,400 kilos, así como una motocicleta marca Yamaha, Modelo YBR-125, Vin LBPKE130380010632, sin placas, varios tambos de gasolina, focos para iluminación, Yompers, encontrándose también una lancha, a unos 20 metros aproximadamente de la playa, contiguo a la pista del aeropuerto, tipo Tiburonera color negro, con rayas verdes y rojas en su exterior, con 2 motores fuera de borda, 1) Motor Marino, Marca Yamaha, Modelo. E75BMHDL Serie. 692LD1028667 Año 2007, y Motor Marino, Marca Yamaha, Modelo: E75BMHDL Serie: 692LD1028672 Año 2007, siendo los mismos motores que fueron traspasados en fecha 2 de agosto del año 2007, por el señor José Miguel Handal Pérez al ya fallecido en ese momento Gustavo Ávila Chamorro.” De la configuración jurídica del tipo penal, se determina que: 1. Es sujeto activo: Cualquier persona sin condición en particular. (al señor José Miguel Handal Perez) 2. Verbo Rector: Traficar, esto la acción de transportar, movilizar, mediante actos de comercio, es decir intercambio monetario. 3. Objeto del Delito: sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas. (1,400 kilos de cocaina) 4. Sujeto Pasivo: La Salud de la Población del Estado de Honduras. Esta Sala de lo Penal ha revisado de manera detallada la fundamentación fáctica de la sentencia (hechos probados) y no ha detectado un quebranto de las normas penales que ha utilizado el sentenciador para encuadrar las acciones cometidas por el acusado José Miguel Handal Perez, mismas que merecen reproche casacional de la jurisprudencia que ha dictado esta Sala de lo Penal, la cual fue explicada de forma detallada en los apartados anteriores, este tribunal de Casación es del criterio que la conducta del imputado José Miguel Handal Perez, se subsume en el tipo penal previsto por el artículo 18 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, quien participo a manera de cómplice con actos anteriores a los hechos y facilitaron la utilización de motores marinos para el traslado y comercialización de la droga, pues los motores que adquirió y a sabiendas traspasó para proporcionarse a una organización delictiva, siendo utilizados, para el traslado de droga tóxica estupefaciente. Siendo que la transacción fue por 1,390 paquetes, con un peso de 1,400 kilos de clorhidrato de cocaína, según arroja el dictamen toxicológico. En otras palabras, luego de analizar las pruebas vertidas en juicio, debe llegarse a una decisión sobre la cual no queden dudas, se colige que el imputado participo a manera de cómplice con actos anteriores a los hechos y facilitaron la utilización de motores marinos para el traslado y comercialización de la droga, y que es posible afirmar por tanto que la intención del sujeto activo, es la de cooperar para traficar 1,400 kilos de clorhidrato de cocaína, pues no se acredita un ánimo delictivo diferente. Por lo anteriormente expuesto, debe declararse sin lugar este primer motivo casacional. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último, de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); a Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y b. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo Único *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; Articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; *Norma que se denuncian Infringida: Artículo 362 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: En la sentencia no se valoró prueba de valor decisivo; La sentencia contiene motivación contradictoria y en la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana critica. *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Se declare procedente el presente motivo. Resumen. Expone el recurrente que, en la sentencia no se valoró el principal medio de prueba de la defensa, que en la sentencia solo se describen pero no hay valoración de los mismos, la contradicción pues el objeto de la defensa era acreditar que el encausado no tuvo ninguna relación en el evento donde la fiscalía le devolvió los motores al señor Berrios Escoto, si determinan que José Miguel, no realizó ninguna actividad en esta transferencia de los motores, como es que lo condenan por estar vinculado con los motores al ser decomisados en Utila, he aquí una violación al principio lógico de contradicción, que es parte integrante del sistema de sana crítica racional cuyo uso es obligatorio a los jueces en el proceso de valoración de la prueba. DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[2]. De la procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, nota que las impetrantes plantean como motivo único en el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en la que establece como violaciones que la sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, asimismo excluyo y dejo de considerar alguna prueba de valor decisivo, como ser la factura original de compra de madera; Carece de motivaciones fácticas o jurídicas y las existentes resultan insuficientes y contradictorias, asimismo en la no haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica; La inobservancia de las reglas establecidas en el presente código para la realización del juicio oral y público o en el pronunciamiento de la sentencia; aunado a lo anterior en su desarrollo del único motivo realiza alegatos de instancia y hace sus propias valoraciones de las pruebas. Esta Sala de lo Penal procede a resolver en base a las consideraciones siguientes: I) Como bien señala Pabón Gómez, el “principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[3]. Este principio asume vigencia plena en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que ”El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. II) Si bien se regula en un mismo inciso varios supuestos o hipótesis, para dar lugar a la casación en la forma, dada las características propias de cada supuesto, resulta obvio que cada uno constituye un vicio diferente y consecuentemente debe ser planteado independientemente, es decir, indicando separadamente cada motivo; por tanto, se infringe la debida técnica casacional al intentar explicar varios vicios y dos se ellos totalmente distintos en un solo motivo, yerro que se aprecia en el recurso que conoce el tribunal de casación penal. III) Se confirma la necesidad de exponer cada motivo de casación por separado, al dar lectura a la explicación del motivo único de casación del impetrante o de los diferentes motivos en uno, anteriormente descritos; llegando a tal punto la falta de precisión y claridad que incluso mezcla y confunde motivos, por ello el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. Aspectos no observados por el censor y que redundan en la falta de aprehensión del recurso y el rechazo del mismo, por lo tanto, no procede el motivo de casación invocado. V. DECISIÓN. Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo. Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio De Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley sólo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. - Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de Juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el Juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la Norma Más Favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el Principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017(Art. 616 CP): *Determinación de la pena concreta conforme CP-144-83; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; * Determinación de la pena concreta conforme CP-130-2017; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y * Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: *Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada del CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o *Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se condenó al Señor José Miguel Handal Pérez, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. De acuerdo a la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas (art. 18), a la persona responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, se le impondrá sanción de quince (15) a veinte (20) años de reclusión más multa de un millón de lempiras (L 1,000,000.00)) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00)) (art.33 complicidad) Se le impuso una pena de diez (10) años de reclusión por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en su grado de participación de cómplice, más una multa de seiscientos sesenta y seis mil, seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y seis centavos, más las penas accesorias.(Lps. 666,666.66) La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de droga por facilitación de local para el tráfico o consumo de drogas (Art. 311), cuya pena es: a. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o b. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: i.- Diez mil (10.000) gramos de marihuana; ii.- Mil (1000) gramos de hachís; iii.- Dos mil (2000) gramos de cocaína; iv.- Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; v.- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; vi.- Doscientos (200) gramos de droga sintética; o vii.- Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. Retornando al caso concreto, el acusado, conforme los hechos probados, participo a manera de cómplice con actos anteriores a los hechos y facilitaron la utilización de motores marinos para el traslado y comercialización de la droga, y que es posible afirmar por tanto que la intención del sujeto activo, es la de cooperar para traficar 1,400 kilos de clorhidrato de cocaína, que provoca grave daño a la salud; cantidad no compatible para el consumo personal inmediato; conducta que castiga el NCP con la pena de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días cuyo margen es de L. 6,000.00 a L. 2,500,000.00. misma que será rebajada en 1/3 cuando se tratase de cómplices de un delito consumado o intentado, por lo que la pena será de 6 años 8 meses a 10 años de prisión (Art. 61 NCP); y observando las circunstancias personales del reo mismo que es Licenciado en Administración de Empresas y Empresario, la multa se fija por 200 días a razón de tres mil (Lps 3000.00) lempiras por día multa, sumando la cantidad de seiscientos mil (Lps. 600,000.00) lempiras exactos a multa de 333 días a razón de tres mil Lempiras exactos por cada día, dando un total de novecientos noventa y nueve mil lempiras exactos (L.999,000.00). Se le impondría una pena por el delito de Tráfico de Drogas de seis (6) años con ocho (8) meses de prisión y multa de 200 días, a razón de tres mil lempiras exactos por cada día, dando un total de seiscientos mil lempiras exactos (L.600,000.00). A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado, conforme el CP-144-83 al ser de diez (10) años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgados conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 6 años 8 meses a 10 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. IV. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 362 del Código Procesal Penal FALLA: Primero: Declara NO Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuesto por los Abogados Rene Altamirano Interiano y Farabundo Murillo Godoy, en la causa instruida por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en su participación de cómplice, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. - Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada al acusado Jose Miguel Handal Perez, Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha de fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete; dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual condenó al señor José Miguel Handal Pérez, como cómplice del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de diez años de reclusión, más una multa de seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y seis centavo. -Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. - Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril de del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-261-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL

[1] Martín Pallín, J. A.: Impacto Social, Criminológico, Político Y Normativo Del Tráfico De Drogas, en delitos contra La Salud Pública Y Contrabando, cuadernos de Derecho Judicial V/2000, Madrid 2000, pág. 43. Ver Fallo Sala de lo Penal 342-2015, fecha marzo 2019.

[2] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012

[3] Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144.