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Sentencia CP-25-18 — Registro 17546

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de Asociación Ilícita, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Ineludiblemente la Sala de lo Penal debe tomar en consideración la respuesta presentada por el Ministerio Público al recurso interpuesto, pues en ésta se advierte que la defensa privada ha errado su planteamiento recursivo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, la defensa privada se muestra en desacuerdo con la valoración de la prueba realizada por el sentenciador por considerar que los medios de prueba propuestos por el ente fiscal no son suficientes para acreditar que el acusado permanece de manera activa y permanente en asociación delictiva, así como que su valoración es contraria a la realizada por el mismo tribunal de instancia en un caso idéntico en el que valoró la prueba y falló de manera distinta a la presente. La Sala de lo Penal destaca que los alegatos formulados por el recurrente son propios de instancia, ineficaces para sustentar un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma cuyo motivo es la infracción a la regla lógica de derivación en la valoración de la prueba. Su reclamo, si bien selecciona un postulado intelectivo, sus argumentos recursivos no parten en manera alguna y distan del mismo, no ataca puntualmente lo planteado en la sentencia lo que menoscaba la efectividad de su reclamo. En definitiva, no se tiene duda que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo hecho o aspectos que sean contradictorios, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa privada, todo ello impropio de sede casacional. Por lo anterior, el motivo decae y debe ser desestimado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se le impusieron al señor José Luis Acosta López, las penas siguientes: 1. Reclusión de trece (13) años, cuatro (4) meses, y multa equivalente a treinta y tres mil trescientos treinta y tres lempiras con treinta y tres centavos (L 33, 333.33), por ser coautor responsable penalmente de un delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. 2. Reclusión de tres (3) años por ser autor responsable penalmente de un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. 3. Internamiento hasta por treinta (30) días en un Centro de Desintoxicación y multa de quinientos lempiras (L 500.00), por ser autor penalmente responsable del delito de posesión de droga para el consumo, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. La primera conducta reprochada al acusado está prevista en el Título XXIX, Capítulo V, Sección III del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de Asociación Para Delinquir (artículo 554), cuya pena para los simples integrantes es de seis (6) a diez (10) años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días que equivale a un margen abstracto de dos mil lempiras (L 2, 000.00) a dos millones quinientos mil lempiras (L 2, 500,000.00). En relación al delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, dicha conducta está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas y se penaliza de la siguiente forma (artículo 580): 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. Asimismo, conforme al artículo 584 numeral 1 se establece como una agravante específica que los hechos sean cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado, lo que agravará la pena en un tercio (1/3). En el caso sometido a juzgamiento, se establece que al señor José Luis Acosta López se le encontró en el momento de su captura portando un arma de fuego permitida sin contar con la autorización correspondiente y que dicho acusado pertenece a un grupo criminal organizado (Mara MS), por lo que la pena que le correspondería si se aplicara el nuevo Código Penal, sería la del numeral 1 aumentada en 2/3, resultando una nueva pena abstracta de 4 años a 6 años 8 meses de prisión, más localización permanente por dos años y privación del derecho a la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo hasta que hubiere extinguido completamente la pena de prisión. Finalmente, en relación al delito de Posesión de Drogas Para el Consumo, tipificado en el artículo 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, tal conducta fue despenalizada por el legislador en el Código Penal 130-2017. De lo anteriormente expuesto y luego de hacer la comparación global de las penas impuestas, se determina que el acusado José Luis Acosta López fue condenado en instancia a una pena acumulada de dieciséis (16) años, cuatro (4) meses de reclusión; hasta treinta (30) días de internamiento en un Centro de Desintoxicación; y, una multa acumulada equivalente a treinta y tres mil ochocientos treinta y tres lempiras con treinta y tres centavos (L 33, 833.33). Conforme al Código Penal 130-2017, por los delitos de asociación para delinquir y tenencia ilegal de arma de fuego comercial, le corresponde la pena abstracta de prisión de diez (10) años a dieciséis (16) años, ocho (8) meses; localización permanente por dos (2) años y privación del derecho a la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo hasta que hubiere extinguido completamente la pena de prisión; y multa de de dos mil lempiras (L 2, 000.00) a dos millones quinientos mil lempiras (L 2, 500,000.00). Así las cosas, vemos que tanto la pena privativa de la libertad como la pena de multa, se encuentran dentro del mismo margen abstracto que las penas impuestas en instancia; sin embargo, este Tribunal de Casación resalta que la conducta de Posesión de Droga Para el Consumo ha sido despenalizado por el legislador en el Código Penal 130-2017, por lo que se considera que sí es procedente la aplicación retroactiva de la nueva normativa, por ser éste más benévola en comparación al Código Penal derogado. En este sentido, para efecto de determinar pena concreta conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, se observa que los hechos se realizaron sin la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, y ante la ausencia de información de las circunstancias personales del condenado y atendiendo la gravedad del hecho, se fijan las nuevas penas en su límite mínimo: 1. Pena de 6 años de prisión y multa de dos mil lempiras (L 2, 000.00), por el delito de Asociación Para Delinquir, en perjuicio del Ejercicio de Derechos Fundamentales, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (artículo 42). 2. Pena de 4 años de prisión, localización permanente por dos años y privación del derecho a la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo hasta que hubiere extinguido completamente la pena de prisión, por el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio del Orden Público. 3. Sobreseimiento definitivo por el delito de Posesión de Droga Para el Consumo, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 25-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 25-2018 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la de fecha sentencia quince (15) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor José Luis Acosta López, como autor penalmente responsable del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, no concurriendo circunstancias agravantes, imponiéndole la pena mínima de trece (13) años cuatro (4) meses de reclusión, la que deberá cumplir en el establecimiento penal que corresponda conforme a la ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, descontándose el tiempo en que se ha encontrado privado de libertad por esta causa; así como la imposición de una multa de treinta y tres mil trescientos treinta y tres lempiras con treinta y tres centavos (L 33, 333.33), la que deberá enterar en la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional autorizada para tal fin; asimismo, se le condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. Segundo: Condenó al señor José Luis Acosta López, como autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, no concurriendo circunstancias agravantes, en consecuencia, se le impone la pena mínima de tres (3) años de reclusión como pena principal, pena que deberá cumplir en el establecimiento penal que corresponda conforme a la ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, debiéndose computar el abono del tiempo que se ha mantenido en prisión preventiva, con las accesorias de inhabilitación especial, así como la interdicción civil durante el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Condenó al señor José Luis Acosta López, como autor responsable del delito de posesión para el consumo de droga, imponiéndole la medida de seguridad de internamiento hasta por treinta (30) días en un centro de desintoxicación y multa de quinientos (L 500.00) lempiras como pena principal, multa que deberá enterar en la Tesorería General de la República o en la institución del sistema financiero nacional autorizada para tal fin. Cuarto: Declaró al condenado José Luis Acosta López, responsable civilmente del importe de la reparación de los daños causados por los delitos por los cuales es condenado. Quinto: No condenó en condena en costas. Sexto: Decretó el comiso del arma de fuego tipo pistola, marca SMITH & WESSON, modelo 5906, calibre 9mm, serie TVL 3417, con su respectivo cargador, a menos que pertenezca a un tercero no responsable de los hechos y que demuestre su legitima propiedad; y en cuanto a la droga: marihuana, cocaína y piedras de crack, se decreta su comiso y se ordena su destrucción de conformidad a lo establecido en la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas o Estupefacientes. Son partes en única instancia: El Abogado Héctor Samuel Madrid Sabillón, defensor privado del señor José Luis Acosta López, en su condición de recurrente; y, la Abogada Yamileth Reyes, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. Hechos probados de la instancia. “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: PRIMERO: El día 14 de julio del año dos mil quince, a las cuatro de la tarde, agentes de la Policía de Investigación, realizaban un patrullaje de rutina en la calle principal de la colonia Vista Hermosa de Villanueva, Cortés, cuando se percataron de la conducta sospechosa de un individuo quien portaba en sus manos una bolsa plástica, y al percatarse de la presencia policial salió en veloz carrera y se introdujo a una vivienda de dicho sector, siendo perseguido por los agentes, los cuales lo requirieron y al momento de practicarle un registro le encontraron en la cintura un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Smith & Wesson, modelo 5906, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, no contando con el permiso para portarla e identificándose como JOSE LUIS ACOSTA LOPEZ, miembro activo de la mara MS, así mismo se le decomisó una bolsa conteniendo 7.4 gramos de marihuana, 0.2 gramos de cocaína y 0.6 de piedra de crack, las cuales se encontraban en una mesa de dicha vivienda para su consumo personal.” Recurso de casación. Motivos y argumentos. La parte recurrente, Abogado Héctor Samuel Madrid Sabillón, en su condición de defensor privado del señor José Luis Acosta López, procedió a formalizar Recurso de Casación Por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICION DEL MOTIVO POR INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA, para lo cual me fundamento en los hechos legales que a continuación se exponen: UNICO: Infracción de Ley Sustantiva por aplicación indebida del artículo 332 Del Código Penal, 31 y 32 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Plantea la defensa del señor JOSE LUIS ACOSTA LOPEZ; que el precepto penal y legal citado como infringido por aplicación indebida textualmente dice: “Artículo 332: Se sancionara con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L 100,000.00) a trescientos mil (300,000.00) lempiras a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son jefes o cabecillas, aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo.” Respetando como estamos obligados, o hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia, entendemos que estos son para el Tribunal, el producto de la apreciación de la prueba ejecutada en juicio por efecto de la inmediación y que esta descripción fáctica es la que el tribunal debe usar, para realizar la actividad de subsunción y en la parte resolutiva disPoner la ley aplicable, describir a conducta de un imputado y fallar aplicando la ley sustantiva penal en la que se subsume esta conducta. El Tribunal de Sentencia Declaro como probados los hechos siguientes: UNICO: El día 14 de Julio del año dos mil quince, a las cuatro de la tarde, agentes de la policía de investigación, realizaban un patrullaje de rutina en la calle principal de la colonia Vista Hermosa de Villanueva, Cortes, cuando se percataron de la conducta sospechosa de un individuo quien portaba en sus manos una bolsa plástica, y al percatarse de la presencia policial salió en veloz carrera y se introdujo a una vivienda de dicho sector, siendo perseguido por los agentes, los cuales lo requirieron y al momento de practicarle un registre le encontraron en la cintura una arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Smith & Wesson, modelo 5906, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, no contando con el permiso para portarla e identificándose como JOSE LUIS ACOSTA LOPEZ, miembro activo de la mara MS, así mismo se le decomiso una bolsa conteniendo 7.4 gramos de marihuana, 0.2 gramos de cocaína y 0.6 piedras de crack, las cuales se encontraban en una mesa de dicha vivienda para su consumo personal. Honorable Tribunal en opinión del recurrente la conducta descrita en los hechos declarados probados, no se subsumo en el tipo penal de ASOCIACION ILICITA por el que fue condenado el señor JOSE LUIS ACOSTA LOPEZ, así mismo no se describe una acción de esta que se subsuma en los presupuestos contenidos en los artículos 31 32 del Código Penal, que se refieren a la autoría, aplicándose indebidamente los artículos 31, 32 y 332 del Código Penal. Son los antes enunciados, los hechos inmutables que se aceptan como base a efecto de interponer el presente recurso. El artículo 332 del Código Penal contiene la total descripción de la hipótesis fáctica requerida, para calificar una acción o conducta corno Asociación Ilícita, procedo a analizarlo en relación con los artículos 31 y 32 del mismo código penal. Al descomponer el tipo penal Asociación Ilícita, se establece que comete el delito de Asociación Ilícita…. A los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito.; esto implica que el sujeto activo realice por si, la acción de Asociarse con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. O dicho de otra forma se agrupe, organice para cometer actos constitutivos de delictivos, en este caso el señor José Luis Acosta López; requisito para que aparezca el elemento objetivo del delito, ninguno de los hechos declarados como probados en la sentencia recurrida describe que mi representado haya ejecutado una acción de asociarse tal y como lo indica la norma sustantiva supra-mencionada para cometer actos constitutivos de delito. Al no describir los hechos declarados probados una acción como ser la de Asociarse por parte de mi representado; Los elementos que componen el tipo penal no se describen en los hechos declarados probados, los hechos que el tribunal declaro como probados no describen en mi defendido ninguna acción o conducta que pruebe que este asociado con algún grupo para cometer actos constitutivos de delito, simplemente describen acciones separadas que pueden ser constitutivas de otro tipo de delitos que pueden ser cometidos por cualquiera persona común y no necesariamente por alguna mara, pandilla o grupo criminal en específico. Así las cosas no es posible la acción de subsunción que debe realizar el órgano jurisdiccional, adecuando la descripción fáctica con la ley penal sustantiva, en conclusión siendo que los hechos declarados probados, no se subsumen en el tipo penal de ASOCIACION ILÍCITA, resulta que condenar por dicho delito al señor José Luis Acosta López; es una típica aplicación indebida del artículo 332 del Código Penal, se dictó sentencia condenatoria a un ciudadano a quien no se e probó que haya ejecutado una conducta tipificada en nuestra ley penal como delito. Infracción de los artículos 31 y 32 del Código penal. Por interpretación errónea. El artículo 31 del Código Penal establece que son responsables criminalmente del delito los autores y los cómplices. El artículo 32 del Código Penal define la autoría así: Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo ylos que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. A partir de lo anterior se infiere que el órgano jurisdiccional debescribir en el agente una de esas conductas relacionados al hecho para calificarlo de autor, en el presente caso tratándose del delito de ASOCIACION ILICITA debescribir la acción de asociarse, la pertenencia, la permanencia, como elementos constitutivos de este tipo de delito. Al examinar el fáctum se evidencia que concurre un infracción de ley por aplicación indebida del artículo 332 del Código Penal, ya que no describe en el mismo los requisitos exigidos por dicho precepto penal, para tener por establecido que el acusado JOSE LUIS ACOSTA LOPEZ, participo a título de autor en el delito de ASOCIACION ILICITA pues solo se relata en el mismo que es miembro activo de la mara MS (La negrilla y el subrayado es nuestro). No obstante, que el recurso de casación por Infracción de Ley Sustantiva debe apegarse de manera absoluta, al relato factico, debemos referirnos al apartado de la fundamentación jurídica, donde el sentenciador, refiere la conducta del acusado JOSE LUIS ACOSTA LOPEZ, y expresa que al analizar los elementos constitutivos del tipo de ASOCIACION ILICITA encontramos como requisito objetivo “el permanecer en maras, pandillas o grupos asociados con la finalidad de ejecutar actos ilícitos”.- En cuanto al elemento Subjetivo, constituido por el dolo, necesariamente la intervención de los sujetos debe reflejar el conocimiento de que forman parte de una mara, pandilla o grupo que procura cometer ilícitos y el propósito de querer lograrlo.- La unión de esfuerzos de sus miembros puede darse tácitamente, por medio de conductas que inequívocamente reflejen el ánimo de integrar la agrupación delictiva. EL Tribunal de Sentencia considero que en tormo al delito de Asociación Ilícita, que la Fiscalía trajo a juicio los medios de prueba como ser prueba documental como ser el acta de Registro Corporal, la Constancia del Director de la Penitenciaria Nacional de San Pedro Sula, Cortes, y la prueba pericial consistente en el Análisis Técnico relacionado a Maras y Pandillas, por medio de los cuales se puede constatar que efectivamente esta persona pertenece a un grupo criminal denominado pandilla MS 13, por lo que se encuentra recluido en la Penitenciaria de San Pedro Sula, en la celda donde se encuentran recluidos los miembros de dicha mara, agregado a esto encontramos que tiene en su cuerpo tatuajes que son representativos a su pandilla y tal como lo establece el informe de mares y pandillas no pueden ser portados por otras personas más que as que pertenecen a dicho grupo criminal.- Es por ello que consideramos que se logran reunir los elementos del tipo penal que estudiamos pues la fiscalía logro acreditar a permanencia de esta persona y que se dedica a realizar actos tendientes a delinquir, pues se ha visto evidenciado en los hechos que hoy son objeto de juzgamiento; sin embargo no quedo demostrado en juicio que el acusado fuera líder o cabecilla del grupo. Con los medios de prueba que el Tribunal Sentenciador expresa en su fundamentación jurídica esta defensa considera que no se acredito la participación del señor JOSE LUIS ACOSTA LOPEZ en la comisión del delito de ASOCIACION ILICITA por motivos que para la acreditación de este tipo de delito no basta con presentar en juicio por parte del Ministerio Publico una constancia del señor Director del Centro Penal que refiera donde se encuentra recluido el señor JOSE LUIS, un Acta de Registro Personal y un Informe de técnico relacionado a Mares y Pandillas para tener por acreditado la comisión del delio de ASOCIACION ILÍCITA, con dichos medios de prueba no se acredito la pertenencia y a permanencia en este de grupos de Asociación Ilícita. Esta defensa expone solo para efectos de ilustración, que en fecha Treinta de Enero del año dos mil diecisiete, esta misma sala Primera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, emitió Sentencia Absolutoria en un juicio registrado bajo el número de expediente 81-2016 en la cusa que se le siguió al señor SANTOS RODOLFO DIAZ DIAZ a quien se le siguió causa por el delito de ASOCIACION ILICITA en donde los mismos Jueces participaron en la deliberación del fallo y como ente acusador por parte del Ministerio Publico el mismo señor Fiscal, el cual se hizo acompañar en juicio para acreditar dicho delito los mismos medios probatorios como ser un Análisis técnico para determinar si pertenecía a meras o pandillas, constancia de investigación y álbum fotográfico, y constancia del señor Director del Centro Penal: y en las conclusiones a que llego el tribunal fue que “….respecto al análisis de maras y pandillas este Tribunal considera que no reúne parámetros de confiablidad en cuanto a que se trata de un trabajo de campo sobre aspectos posteriores a la captura del y acusado, como ser su ubicación en los módulospenitenciarios o su supuesta pertenencia a pertenencia a pandillas según la opinión de un departamento de policía, sin haber practicado investigaciones previas o simultaneas a la detención, que nos lleven a la convicción de la veracidad de las conclusiones de dicho análisis.Siendo así las cosas esta defensa no entiende como un mismo Tribunal de Sentencia integrado por los mismos jueces van a tener diferentes criterios en casos de iguales circunstancias. La defensa del señor JOSE LUIS ACOSTA LOPEZ considera que con la prueba evacuada en juicio por parte del Ministerio Publico fue insuficiente para sustentar la acusación por dicho delito. Los artículos 31 y 32 del Código Penal obliga a individualizar la acción para determinar quien toma parte directa en la ejecución del hecho, así las cosas, el hecho probado resulta en una violación de los artículos 31 y 32 del Código penal. APLICACIÓN PRETENDIDA La comisión del delito de Asociación Ilícita requiere que el agente ejecute la acción de asociarse, agruparse para cometer actos constitutivos de delito, sin la concurrencia de los elementos contenidos en el artículo 332 del Código Penal no se puede configurar en dicho delito; solo cuando se pruebe que una persona realizo esta acción se le podrá condenar por ese delito. La aplicación pretendida es que solo puede considerarse autor a los ciudadanos que realizan las conductas descritas en el artículo 332 del Código Penal, de manera que al contener esta sentencia una forma de autoría no contemplada en nuestro código penal, mi defendido debe ser absuelto. Un problema que advierto en la construcción de la sentencia es que se hacen razonamientos divorciados separando el análisis del tipo penal y el análisis de la autoría, sin embargo, a unidad procesal implica que la autoría debe relacionarse con el tipo penal, la parte general del Código Penal es insumo básico para aplicar a parte especial, pues se debeclarar la autoría de un tipo penal, al hacerlo por separado es evidente que la desconexión provoca el error. Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código procesal Penal, en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, se señala que el vicio se produce en la sentencia definitiva, razón por la cual el reclamo lo constituye el presente recurso. El perjuicio que causa la sentencia recurrida, en el sentido que de haber aplicado correctamente los artículos 31, 32 del Código Penal y 332 del Código Penal, es evidente que el fallo debió ser absolutorio. Honorable corte suprema de justicia, así como considero mi obligación recurrir esta sentencia por considerar que no esta apegada a derecho, respetuosamente sugiero la lectura reflexiva de la misma porque no se debe permitir la firmeza de una sentencia que contiene una infracción de ley Sustantiva. Dicho motivo de casación le provoca agravio directo a mi representado, que se materializa por la pena y la multa impuesta, condenándolo sin haberse probado que cometió el delito por el que se le condeno, la lesión se produce en la sentencia definitiva, por lo que es procedente el presente recurso. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso, por haber sido dictado con infracción del artículo 332, por aplicación indebida. EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. UNICO “No haber observado el Sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: La sentencia que se cuestiona por la vía impugnativa, contiene un vicio al observarse que la conclusión a la que arribo el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica, prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el presente juicio con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuo durante la audiencia de juicio oral y público, la prueba de cargo que se describe a continuación: DOCUMENTAL. 1.- Acta de Registro Corporal, realizada en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 14 días del mes de Julio del 2015, por el Agente de la Policía Carlos Vásquez, en las cuales consta que se realizó un registro corporal a JOSE LUIS ACOSTA LOPEZ, observando lo siguiente: “…ESPALDA: Se observa dos letras grandes “MS”.- BRAZO DERECHO: Se observa dos letras grandes “MS”- BRAZO IZQUIERDO: Se observa las letras “NLS” y más abajo la imagen de un demonio con una herramienta en la mano derecha.- PIERNA DERECHA: en la parte de la pantorrilla se observa una tumba con una cruz en el centro se lee RIP 17-07-01 SABIO”, más abajo se observa el símbolo “ING YANG”.- PIERNA IZQUIERDA: en la parte de la pantorrilla se observa la letra “MS” en grande...” 2.- Constancia emitida por el Director de la Penitenciaria Nacional de San Pedro Sula, extendida en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, en fecha 17 de Julio del año 2015, por él Teniente Coronel de Infantería D.E.M. Víctor Orlando Saravia Hernández, Director del al Penitenciaria Nacional de S. P. S., en la cual hace constar: que el señor JOSE LUIS ACOSTA LOPEZ, ingresó a la penitenciaría Nacional de S.P,S., por orden del Juzgado de Letras Penal de S.P.S, el 15 de Julio del año 2015, por el delito de POSESION PARA EL TRAFICO LICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL y ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y actualmente se encuentra recluido en la celda No. 8, donde actualmente se encuentran los miembros de la Mara MS. PERICIAL. 1.- Análisis Técnico relacionado a Maras y Pandillas la cual fue realizada y ratificada en juicio por el Agente de Investigación de la D.N.I.C., asignado a la Secretaría de Seguridad del Departamento de Pandillas NELSON BENITEZ ORTIZ, en la cual describe los tatuajes que el señor JOSE LUIS ACOSTA LOPEZ porta en su cuerpo, describiéndolos cada uno. Conforme a la valoración probatoria el sentenciador llego a la conclusión que con los medios de prueba anteriores se les da valor probatorio, los cuales fueron realizados por personas expertas en la materia. Y que, con el Análisis Técnico relacionado a Maras y Pandillas, el perito NELSON BENITEZ ORTIZ, determino que el acusado es miembro de la mara MS-13 y que por tal motivo llego a convicción de a participación del imputado en el delito de ASOCIACION ILICITA. Argumentos que esta defensa no comparte en virtud que no es prueba suficiente para tener por acreditado la participación de mí defendido en la comisión del delito, ya que tenía que haber sido corroborado por otros medios de prueba más convincentes y que no fueron de ninguna manera propuestos ni evacuados en la vista pública No basta en consecuencia para su tipificación a existencia de tatuajes que demuestren la pertenecía o determinada asociación sino que hay que probar que la persona permanece de manera activa y actual a la misma y que el motivo de esta asociación en caso de que se demuestre el primer requisito es ilícita (debiendo darse los dos requisitos), fallo CP-1181-2006. Y como ya se expuso a manera de ilustración en el primer motivo casacional, esta defensa expuso solo para efectos de ilustración, que en fecha Treinta de Enero del año dos mil diecisiete, esta misma sala Primera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, emitió Sentencia Absolutoria en un juicio registrado bajo el número de expediente 81-2016 en la cusa que se le siguió al señor SANTOS RODOLFO DIAZ DIAZ a quien se le siguió causa por el delito de ASOCIACION ILICITA en donde los mismos Jueces participaron en a deliberación del fallo y como ente acusador por parte del Ministerio Publico el mismo señor Fiscal, el cual se hizo acompañar en juicio para acreditar dicho delito los mismos medios probatorios como ser un Análisis técnico para determinar si pertenecía a maras o pandillas, constancia de investigación y álbum fotográfico, y constancia del señor Director del Centro Penal; y en las conclusiones a que llego el tribunal fue que “….respecto al análisis de maras y pandillas este Tribunal considera que no reúne parámetros de confiabilidad en cuanto a que se trata de un trabajo de campo sobre aspectos posteriores a la captura del acusado, como ser su ubicación en los módulos penitenciarios o su supuesta pertenencia a pandillas según la opinión de un departamento de policía, sin haber practicado investigaciones previas o simultaneas a la detención, que nos lleven a la convicción de la veracidad de las conclusiones de dicho análisis.En el caso en referencia esta misma terna de jueces (Exp. 81-16 Sentencia de fecha 31 de enero del año 2017) en su fundamentación jurídica expuso en su numeral Tercero, párrafo segundo fundamento su decisión en: “En el curso del debate no se probó la pretensión de la acusación ya que la prueba apodada no es suficiente para establecer los requisitos de pertenencia y permanencia que configuren la conducta prohibida. Si bien de un documento denominado constancia de unidad de maras y pandillas y de un análisis de supuesta vinculación a grupos ilícitos, se afirma que el acusado es miembro activo de la pandilla conocida como MS13, la simple clasificación policial, no constituye prueba fehaciente para tener por sentado que pertenece a una mara o pandilla. El delito de Pertenencia a una asociación ilícita tal como lo hemos analizado arriba, no es un delito de tatuaje o de ubicación en bartolina, por el contrario, es una entidad delictiva compleja para cuya perfección se requiere la prueba de los elementos objetivos y subjetivos que se han expuesto antes. Se concluye pues, que, en el caso de méritos, el causado no fue vinculado como autor de un delito de asociación ilícita.” Es por los motivos antes señalados y que esta defensa no comparte en virtud que (lo que antes no era, hoy si es); los argumentos a los que el sentenciador llego para dar por acreditados dicho delito consideran esta defensa que es una clara inobservancia a la regla de la lógica en su postulado de derivación, integrado por el principio de la razón suficiente en su característica de suficiencia. Entonces, resulta evidente, que al concluir el sentenciador en que mi representado el señor JOSE LUIS ACOSTA LOPEZ es responsable de la comisión del delito de Asociación Ilícita, vulnera la lógica de la derivación integrado por el principio de la razón suficiente, en su característica de suficiencia, en vista que al valorar el contenido de la probanza, no le otorgo el mérito de lo realmente posee a los medios de prueba documental y pericial, pues de otra manera hubiera adquirido la certeza, que el señor JOSE LUIS ACOSTA LOPEZ, no es responsable de la comisión del delito de ASOCIACION ILICITA del cual venía siendo acusado por el Ministerio Publico, y en consecuencia dictar un fallo absolutorio por dicho delito. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse el reclamo para la subsanación del mismo.” Fundamentación jurídica. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro).

De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa privada del señor José Luis Acosta López. Único motivo. Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: artículo 31, 32 y 332 del Código Penal; Concepto de la infracción: aplicación indebida del tipo penal de asociación ilícita en relación con la autoría; Pretensión: decretar la absolución del señor José Luis Acosta López. El censor del fallo inicia la exposición de su recurso citando el contenido del artículo 332 del Código Penal, así como del hecho probado único de la sentencia. Luego de ello, argumenta que la conducta descrita en el fáctum de la sentencia no se subsume en el tipo penal de asociación ilícita, no se describe un grado de participación a título de autor del señor José Luis Acosta López, lo que conlleva a la aplicación indebida de los preceptos sustantivos contenidos en los artículos 31, 32 y 332 del Código Penal. Continúa expresando el recurrente que el hecho probado único de la sentencia no describe que el acusado haya ejecutado la acción de asociarse tal como lo exige el tipo penal de asociación ilícita, lo único que establece es que es miembro activo de la mara MS. Finalmente, también expresa que el mismo Tribunal de Sentencia en un caso traído a su conocimiento falló de manera contraria al presente caso, aplicando criterios diferentes en casos de iguales circunstancias. Del delito de asociación ilícita. La génesis del tipo penal de asociación ilícita la encontramos en la Constitución de la República en su artículo 78, el cual garantiza el derecho de toda persona de asociarse con otros, a efectos de realizar actos que les permitan alcanzar fines comunes, siempre que tales actos y objetivos no causen perjuicio a otras personas, como lo señala el artículo 70 del mismo cuerpo legal.- El legislador hondureño ha determinado que la asociación de personas está proscrita cuando ésta tenga por objeto la ejecución permanente de actos contrarios a la ley, para ello ha tipificado el delito de Asociación Ilícita en el artículo 332 del Código Penal establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien Mil (L 100, 000.00) a Trescientos Mil (L 300, 000.00) lempiras, a los integrantes o personas vinculadas a los grupos estructurados de dos (2) o más personas, que se asocien o actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido en la Constitución de la República y el Código Penal. La misma pena establecida en el párrafo anterior aumentada en dos tercios (2/3) se impondrá a los jefes o cabecillas de los grupos descritos en dicho párrafo. Se considera jefe o Cabecilla, aquéllos que sean reconocidos o identificados como tales, cuyas decisiones influyan en la planificación y acciones del grupo. La pena señalada en los párrafos anteriores, se aumentará en un tercio (1/3) a los integrantes, jefes o cabecillas de estos grupos descritos en el párrafo primero de este Artículo, cuando para el logro de sus propósitos utilicen a personas menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas u otras personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad. El tipo penal de asociación ilícita constituye la criminalización de un tipo de conspiración, cuyo concepto es proporcionado por el Código Penal en el artículo 17, reprochando cuando varias personas deciden asociarse con el propósito permanente de ejecutar actos delictivos; base legal para declarar ilícito a cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos de carácter permanente. El bien jurídico protegido es la Seguridad Interior del Estado de Honduras, que se traduce en la tranquilidad, paz y confianza que tiene la población del Estado en cualquier ambiente donde se encuentre dentro del territorio nacional. Son los elementos objetivos del tipo penal: Sujetos activos: La conducta delictiva debe ser realizada por dos o más personas; se trata de un delito que solo es posible ejecutar con la participación de varios sujetos activos, quienes conciertan para cometer actos reñidos con la ley. El conjunto de personas puede constituir el grupo con el fin de cometer delitos o la idea de cometer delitos de manera permanente puede nacer después de haberse constituido el grupo. El tipo penal no exige que los sujetos activos tengan cualidades particulares, por cuanto el grupo podrá estar conformado por cualquier persona sin importar edad, sexo, religión, nacionalidad, etc. El sujeto activo no necesariamente tendrá que conocer la identidad de los miembros del resto del grupo, ya que podrá acontecer que solo conozca a uno de ellos, que le inicie en la agrupación y le dé la membresía. La membresía del sujeto activo con el grupo puede ser permanente o temporal, como en los casos de personas que se unen al grupo solo entretanto se ejecuta un determinado delito, en estos casos se le considerará como “persona vinculada”, igualmente responsable del delito de asociación ilícita por cuanto el grupo como tal está constituido de manera permanente con el fin de ejecutar delitos aun cuando su participación solo sea de carácter temporal. No se requerirá que en el grupo exista una estructura definida, jerarquizada o con roles determinados, ya que ello dependerá de la cantidad de miembros y la complejidad de los delitos que se proyecten ejecutar, bastará entonces que exista la agrupación como tal bajo una visión consensuada de cometer delitos; la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006 señaló que“… Por tratarse de un delito de peligro abstracto, no es necesario que el acusado haya sido encontrado en el acto mismo de la comisión de un delito, tampoco que al momento de su detención por la autoridad haya sido detenido en compañía de otros miembros de la organización ilícita. Basta en este tipo de casos, para aplicar la sanción penal, que la motivación y fundamentación fáctica y jurídica del A Quo haya sido lógica, suficiente y que de ella objetivamente el juzgador haya derivado que el acusado es un miembro activo de una organización ilícita dedicada en forma permanente a delinquir, tal como ha sucedido en el presente caso…”. (En ese mismo sentido la sentencia de fecha 31 de julio del 2007, en el expediente SP 193-2006). Conducta criminosa: El tipo penal en estudio tiene dos verbos rectores específicos: “asociarse” y “actuar”. El primer verbo rector como conducta consiste en que dos o más personas concierten la ejecución de actos delictivos, poniendo a disposición de los otros sus talentos y/o medios materiales; el segundo verbo rector es la realización de cualquier conducta consecuente a ese concierto, aun cuando se trate de actos preparatorios. En el grupo convergen las voluntades de sus miembros para ejecutar delitos, no siendo necesario que de manera posterior los miembros del grupo tengan que externar su acuerdo en la ejecución de un determinado delito, basta que hayan accedido a ser parte del grupo con la disposición de cometer delitos en cualquier momento en el tiempo en que el grupo esté conformado como tal. No constituye asociación ilícita el grupo de personas que se proyecta la ejecución reiterada de actos constitutivos de faltas o actos contrarios a la ley civil o administrativa, debido a que el tipo penal lo restringe a actos que pongan en peligro o lesionen bienes jurídicamente protegidos en la Constitución de la República y en el Código Penal, es decir, tenga la categoría de bien jurídico constitucional y que además esté tutelado por el Código Penal, pudiendo ser conductas constitutivas de delito o de falta las que se proponga el grupo ilícito. Requisito de tiempo: Para efectos de hacer la distinción entre la coautoría (norma general) y el delito de asociación ilícita, se requiere que esa asociación de personas no sea accidental o momentánea como sí ocurre con la coautoría, sino que sea de carácter permanente, es decir que cada persona se identifique a sí mismo como miembro de un grupo que tiene constancia en el tiempo y cuyo único rol o como parte de sus roles, es acometer en contra de bienes jurídicos protegidos por tipificación penal (al respecto ver sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005 en el Exp 058-2006 y sentencia de fecha 23 de marzo del 2007, en Exp 079-2006); Iter criminis: No se requiere que los delitos propuestos por los integrantes del grupo lleguen a la fase de consumación, ni siquiera se exige el inicio de ejecución de esas conductas, la consumación del delito de asociación ilícita se produce con el acuerdo permanente de cometer delitos; Sujeto pasivo: El sujeto pasivo del delito es el Estado de Honduras, no como persona jurídica, sino como entidad que agrupa a todos sus habitantes, es decir a todos los que conforman la sociedad hondureña; Elementos subjetivos del tipo: Como elementos subjetivos, el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, que es la de cometer delitos de manera permanente (al respecto ver sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005 en el Exp 058-2006). Grados de participación: En este tipo penal el único grado de participación que se presenta es el de co-autor, ya sea como jefe o cabecilla, y miembros del grupo: son cabecillas, conforme lo señala el mismo tipo penal, aquellos que inciden en la voluntad de los miembros del grupo de manera reiterada y no accidental o momentánea, entretanto y bajo concepto negativo, son miembros todos aquellos que no sean cabecillas o jefes del grupo. No acontece en este tipo penal el grado de cómplice, debido a que éste no cumpliría con el elemento objetivo de permanencia; ahora bien, sí se puede presentar la participación de un cómplice en la ejecución de un determinado delito por el grupo ilícito (ejem: robo, asesinato, tráfico de drogas), mas no como cómplice del delito de asociación ilícita. - Punibilidad: La pena abstracta se encuentra escalonada, partiendo de la pena base, la que va en aumento conforme la concurrencia de circunstancias de hecho:

Título de participación

Pena base

Uso de personas menores de edad en la ejecución de delitos

Cuando el delito tenga como sujeto pasivo un servidor público enumerado en el párrafo tercero

Miembro

20 a 30 años de reclusión

Multa de

L 1000,000 a

L 300,000.00

Aumento de 1/3 a la pena base

Aumento de 1/3 a las penas anteriores

Cabecilla o director

Mismas penas del sujeto miembro, más 2/3.

Aumento de 1/3 a la pena base

Aumento de 1/3 a las penas anteriores

Conforme los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, se identifican como sus características del tipo penal: 1) Según su estructura: i) Tipo Penal Básico: Describe de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal Simple: Describe un solo modelo de comportamiento, pues si bien se señalan dos verbos rectores, uno es consecuencia de otro: el actuar es derivación con el de asociarse, por lo que es este último el que marca la existencia del delito. 2) Según su contenido: i) Tipo Penal de Mera Actividad: La descripción se agota con la acción de los sujetos activos de asociarse sin que se requiera la producción de un resultado en el mundo exterior que sea separable espacio-temporalmente (al respecto ver sentencia de fecha 08 de septiembre del 2005 en el Exp 291-04 y sentencia de fecha 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006); ii) Tipo Penal de Conducta Permanente: El comportamiento del sujeto activo se renueva de manera continua entretanto sea parte de la agrupación delictiva; iii) Tipo Penal de Acción: Requiere que el sujeto activo de manera consciente y voluntaria se adhiera al grupo delictivo, ergo no permite la comisión por omisión; iv) Tipo Penal Cerrado o Determinado: El tipo penal describe con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida se desprende con toda claridad del artículo 332 del Código Penal. 3) Según el sujeto activo: i) Tipo Penal Plurisubjetivo: Exige la concurrencia de dos personas o más; ii) Tipo Penal Común: No requiere que los sujetos activos posean condiciones especiales. 4) Según el bien jurídico tutelado: i) Tipo Penal Mono Ofensivo: Protege un único bien jurídico, que es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; ii) Tipo Penal de Peligro Abstracto: Debido a que la conducta delictiva apenas alcanza a potenciar un peligro para el bien jurídico protegido.-En cuanto a esta clasificación la Sala Penal señaló en sentencia de fecha 08 de septiembre del 2005 en el Exp 291-04: “… es cierto que el delito de asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, lo que implica no necesariamente la producción de un resultado, sino el peligro real y evidente del bien protegido…”. (al respecto ver también las sentencias de fecha 08 de septiembre del 2005 en el Exp 291-04, del 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006 y del 23 de marzo del 2007, en Exp 079-2006). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso presente, el censor del fallo denuncia que la conducta descrita en el hecho probado de la sentencia no se subsume en el tipo penal contemplado en el artículo 332 del Código Penal, ya que no se describe que el acusado José Luis Acosta López haya realizado la acción de asociarse con el propósito permanente de cometer actos delictivos; así como que el sentenciador ha interpretado de manera errónea los artículos 31 y 32 del Código Penal, porque del fáctum de la sentencia no se da por establecido que el acusado haya participado a título de autor en el delito de asociación ilícita, pues solo se describe que es miembro activo de la Mara MS. Así lo expuesto, de la revisión de los hechos declarados probados, la Sala de lo Penal concluye, que en los mismos se aprecian los elementos objetivos y subjetivos previstos en el artículo 332 del Código Penal, dando vida al delito de Asociación Ilícita. Su contenido alcanza para tener claro que el acusado José Luis Acosta López pertenece a un grupo delictivo organizado con la finalidad permanente de realizar actos penalmente ilícitos (miembro activo de la Mara MS), el cual no se conforma de manera ocasional, sino que permanece en el tiempo con dicha finalidad delictiva. Como se explica líneas atrás, según la jurisprudencia de este Alto Tribunal de Casación (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 31 de julio del 2007, en el expediente SP 193-2006) por tratarse de un delito de peligro abstracto, no es necesario que el acusado haya sido encontrado en el acto mismo de la comisión de un delito, tampoco que al momento de su detención por la autoridad haya sido detenido en compañía de otros miembros de la organización ilícita, basta en este tipo de casos, para aplicar la sanción penal, que la fundamentación fáctica del a quo haya sido suficiente y que de ella se desprenda objetivamente que el acusado es un miembro activo de una organización ilícita dedicada en forma permanente a delinquir, tal como ha sucedido en el presente caso. En relación al argumento recursivo de que el fáctum de la sentencia no describe que el acusado José Luis Acosta López haya participado a título de autor en el delito de Asociación Ilícita, debe tener presente y no olvidar el recurrente que en este tipo penal el único grado de participación que se presenta es el de co-autor, ya sea como jefe o cabecilla o miembros del grupo. No acontece en este tipo penal otro grado de participación debido a que éste no cumpliría con el elemento objetivo de permanencia. Según el fáctum de la sentencia su participación es de carácter permanente, es decir, se identifica como miembro activo de un grupo que tiene constancia en el tiempo y cuyo único rol o como parte de sus roles, es acometer en contra de bienes jurídicos protegidos por tipificación penal. Por lo anteriormente expuesto, el motivo decae y no es objeto de recibimiento. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3.Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada del señor José Luis Acosta López. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: no haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar. Pretensión: dictar fallo conforme a derecho. El censor del fallo inicia la exposición de su recurso haciendo una cita de los medios de prueba evacuados en juicio, los cuales a saber son los siguientes: Documental: 1. Acta de Registro Corporal, realizada por el agente de policía Carlos Velásquez. 2. Constancia emitida por el director de la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, del Departamento de Cortés, en donde hace constar que el señor José Luis Acosta López, se encuentra recluido en la celda 8 donde se encuentran los miembros de la Mara MS. Pericial: 1. Análisis Técnico relacionado a Maras y Pandillas. Después de ello, se muestra en desacuerdo con el análisis de credibilidad que otorga el sentenciador a los anteriores medios de prueba y de los cuales llega a la convicción de la participación del acusado en el delito de asociación ilícita, ya que considera la defensa que no basta para la tipificación la existencia de tatuajes que demuestren la pertenencia o determinada asociación, sino que hay que probar que la persona permanece de manera activa y actual a la misma. Enfatiza igualmente en el fallo proferido por el tribunal de instancia en un caso que considera igual al actual y en donde profirió un falló absolutorio. Por lo anterior, señala como infringida la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, en vista que al valorar el contenido de la probanza no le otorgó el mérito que realmente poseen los medios de prueba documental y pericial, pues de otra manera el sentenciador hubiese proferido un fallo absolutorio. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debecidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión deberivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Ineludiblemente la Sala de lo Penal debe tomar en consideración la respuesta presentada por el Ministerio Público al recurso interpuesto, pues en ésta se advierte que la defensa privada ha errado su planteamiento recursivo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, la defensa privada se muestra en desacuerdo con la valoración de la prueba realizada por el sentenciador por considerar que los medios de prueba propuestos por el ente fiscal no son suficientes para acreditar que el acusado permanece de manera activa y permanente en asociación delictiva, así como que su valoración es contraria a la realizada por el mismo tribunal de instancia en un caso idéntico en el que valoró la prueba y falló de manera distinta a la presente. La Sala de lo Penal destaca que los alegatos formulados por el recurrente son propios de instancia, ineficaces para sustentar un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma cuyo motivo es la infracción a la regla lógica de derivación en la valoración de la prueba. Su reclamo, si bien selecciona un postulado intelectivo, sus argumentos recursivos no parten en manera alguna y distan del mismo, no ataca puntualmente lo planteado en la sentencia lo que menoscaba la efectividad de su reclamo. En definitiva, no se tiene duda que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo hecho o aspectos que sean contradictorios, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa privada, todo ello impropio de sede casacional. Por lo anterior, el motivo decae y debe ser desestimado. Decisión. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada del señor José Luis Acosta López. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada del señor José Luis Acosta López. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se le impusieron al señor José Luis Acosta López, las penas siguientes: 1. Reclusión de trece (13) años, cuatro (4) meses, y multa equivalente a treinta y tres mil trescientos treinta y tres lempiras con treinta y tres centavos (L 33, 333.33), por ser coautor responsable penalmente de un delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. 2. Reclusión de tres (3) años por ser autor responsable penalmente de un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. 3. Internamiento hasta por treinta (30) días en un Centro de Desintoxicación y multa de quinientos lempiras (L 500.00), por ser autor penalmente responsable del delito de posesión de droga para el consumo, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. La primera conducta reprochada al acusado está prevista en el Título XXIX, Capítulo V, Sección III del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de Asociación Para Delinquir (artículo 554), cuya pena para los simples integrantes es de seis (6) a diez (10) años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días que equivale a un margen abstracto de dos mil lempiras (L 2, 000.00) a dos millones quinientos mil lempiras (L 2, 500,000.00). En relación al delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, dicha conducta está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas y se penaliza de la siguiente forma (artículo 580): 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. Asimismo, conforme al artículo 584 numeral 1 se establece como una agravante específica que los hechos sean cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado, lo que agravará la pena en un tercio (1/3). En el caso sometido a juzgamiento, se establece que al señor José Luis Acosta López se le encontró en el momento de su captura portando un arma de fuego permitida sin contar con la autorización correspondiente y que dicho acusado pertenece a un grupo criminal organizado (Mara MS), por lo que la pena que le correspondería si se aplicara el nuevo Código Penal, sería la del numeral 1 aumentada en 2/3, resultando una nueva pena abstracta de 4 años a 6 años 8 meses de prisión, más localización permanente por dos años y privación del derecho a la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo hasta que hubiere extinguido completamente la pena de prisión. Finalmente, en relación al delito de Posesión de Drogas Para el Consumo, tipificado en el artículo 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, tal conducta fue despenalizada por el legislador en el Código Penal 130-2017. De lo anteriormente expuesto y luego de hacer la comparación global de las penas impuestas, se determina que el acusado José Luis Acosta López fue condenado en instancia a una pena acumulada de dieciséis (16) años, cuatro (4) meses de reclusión; hasta treinta (30) días de internamiento en un Centro de Desintoxicación; y, una multa acumulada equivalente a treinta y tres mil ochocientos treinta y tres lempiras con treinta y tres centavos (L 33, 833.33). Conforme al Código Penal 130-2017, por los delitos de asociación para delinquir y tenencia ilegal de arma de fuego comercial, le corresponde la pena abstracta de prisión de diez (10) años a dieciséis (16) años, ocho (8) meses; localización permanente por dos (2) años y privación del derecho a la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo hasta que hubiere extinguido completamente la pena de prisión; y multa de de dos mil lempiras (L 2, 000.00) a dos millones quinientos mil lempiras (L 2, 500,000.00). Así las cosas, vemos que tanto la pena privativa de la libertad como la pena de multa, se encuentran dentro del mismo margen abstracto que las penas impuestas en instancia; sin embargo, este Tribunal de Casación resalta que la conducta de Posesión de Droga Para el Consumo ha sido despenalizado por el legislador en el Código Penal 130-2017, por lo que se considera que sí es procedente la aplicación retroactiva de la nueva normativa, por ser éste más benévola en comparación al Código Penal derogado. En este sentido, para efecto de determinar pena concreta conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, se observa que los hechos se realizaron sin la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, y ante la ausencia de información de las circunstancias personales del condenado y atendiendo la gravedad del hecho, se fijan las nuevas penas en su límite mínimo: 1. Pena de 6 años de prisión y multa de dos mil lempiras (L 2, 000.00), por el delito de Asociación Para Delinquir, en perjuicio del Ejercicio de Derechos Fundamentales, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (artículo 42). 2. Pena de 4 años de prisión, localización permanente por dos años y privación del derecho a la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo hasta que hubiere extinguido completamente la pena de prisión, por el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio del Orden Público. 3. Sobreseimiento definitivo por el delito de Posesión de Droga Para el Consumo, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Por tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 31, 32, 70, 554, 580, 584 numeral 1 y 616 del Código Penal 130-2017; y, 360, 362 y 363 del Código Procesal Penal; Falla: 1) Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la defensa privada del señor José Luis Acosta López. 2) Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la defensa privada del señor José Luis Acosta López. 3) Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a las conductas reprochadas al ahora condenado José Luis Acosta López; en consecuencia, reforma los pronunciamientos primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: Primero: Que debemos condenar y condenamos al señor José Luis Acosta López, de generales conocidas en el acumulado judicial, como coautor penalmente responsable del delito de Asociación Para Delinquir en perjuicio del Ejercicio de Derechos Fundamentales, a las penas de seis (6) años de prisión y multa de dos mil lempiras (L 2, 000.00); más las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (artículo 42), por el tiempo de duración de la pena de prisión. A la pena de prisión deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal y deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017. Segundo: Que debemos condenar y condenamos al señor José Luis Acosta López, de generales conocidas en el acumulado judicial, como autor penalmente responsable del delito de el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio del Orden Público, a las penas principales de 4 años de prisión, localización permanente por 2 años y privación del derecho a la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo hasta que hubiere extinguido completamente la pena de prisión, más la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. A la pena de prisión deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal y deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017. Tercero: Que debemos sobreseer y sobreseemos definitivamente al señor José Luis Acosta López, de generales conocidas en el acumulado judicial, por ser considerado autor penalmente responsable del delito de Posesión de Drogas Para el Consumo, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. 4) Se mantienen incólumes los demás pronunciamientos de la sentencia impugnada no afectados por el presente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE.” Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Secretaria General. Corte Suprema de Justicia.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha cuatro de agosto de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 25-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

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