Sentencia CP-248-18 — Registro 14658
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud Humana, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Conforme el motivo invocado por la recurrente, esta Sala de lo Penal ha revisado los juicios de valor que ha externado el sentenciador para excluir de valor probatorio a los medios de prueba consistente en: acta de registro personal, acta de inspección ocular, dictamen de medicina forense y la evidencia consistente en la droga decomisada; el sentenciador explica en su fallo, numeral VI del acápite Valoración de la Prueba lo siguiente: “Al adecuar los hechos declarados probados en la presente sentencia, consideramos que los agentes de policía no tenían un motivo o causa legal para requerir y parar el taxi en el cual se conducía el acusado porque no se aprecia a existencia previa de un hecho constitutivo de delito o falta o que el acusado llevase consigo evidencias relacionadas con un delito. Esto en virtud que las razones de los agentes de policía para requerir y parar el taxi se debieron a una mera sospecha, originada por el actuar rápido del acusado y por subirse a dos taxis, en manera alguna del comportamiento de este se podría inferir la comisión de un delito y no se conocía por parte de los agentes la existencia de algún delito previo y que el acusado llevase consigo evidencias relacionadas con este. En segundo lugar, luego que aquellos agentes de policía requieren y paran el vehículo, tampoco pudieron apreciar o verificar la existencia de delito alguno, sin embargo proceden a trasladar a acusado y al conductor del taxi a la comisaria, lo cual constituye una retención ilegal y una vez ahí proceden a realizar una inspección al taxi y a la mochila del acusado sin que se acreditase en juicio que previo se había informado de la detención al acusado, los motivos de esta y darle a conocer sus derechos. Esto es importante porque para ese momento el acusado ya se encontraba privado de libertad y gozaba como tal de todos los derechos que tiene todo detenido o imputado, entre estos los derechos a ser informado en forma clara y precisa, cuáles son los hechos constitutivos de delito que se le atribuyen y a estar presente con su defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba, salvo en los casos que en el presente Código disponga lo contrario. Es importante mencionar que no se trató de la mera vulneración de una norma de carácter personal, pues los derechos fundamentales violados son garantías constitucionales y convencionales (el derecho a la libertad personal, la garantía del debido proceso legal y el derecho de defensa) la infracción a esos derechos y la garantía son causas de nulidad que se pueden observar en cualquier momento de proceso, pues de conformidad al numeral 7 del artículo 166 del Código Procesal Penal, se trata de violación de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana consagradas por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Al existir esas violaciones a derecho fundamentales en ningún caso el acto que la produce es subsanable, pues de forma concluyente el artículo 200 del CPP, establece que carece de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren garantías procesales regulados en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales relativo a Derechos Humanos y los que se deriven de estos actos. De conformidad al precitado artículo se contempla que la ineficacia probatoria abarca no solo los actos del requerimiento de registro, retención e inspección ocular, sino que también se extiende a las consecuencias que deriven de lo acto o hechos que vulneran derechos y garantías constitucionales, que en la doctrina se conoce como la teoría de los frutos del árbol envenenado. A partir del precepto citado, se infiere que en cualquier momento del proceso se puede declarar la ineficacia de la prueba cuando vulnere, disminuya o tergiverse derechos, libertades o garantías de la persona, sean que haya sido objeto de discusión o no en etapas anteriores del proceso; pues se trata de derechos inherentes a la persona humana tal como lo establece el artículo 59 de la Constitución de la República y el artículo 64 de la misma Ley Fundamental que en forma concluyente declara inaplicables las disposiciones de cualquier orden (incluye los mandatos judiciales) que disminuyen, restringen o tergiversen las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República. Como consecuencia de lo expuesto no es posible valorar para determinar responsabilidad penal al acusado Isaac Roberth Castillo Tingles los datos consignados en los elementos de prueba, por lo tanto, se excluyen de acervo probatorio por tratarse de prueba prohibida.” El Sentenciador plasmó y fundamentó su decisión de absolución en los numerales previos, haciendo una relación del Código Procesal Penal, de la Constitución de la República y de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referente al derecho a la libertad, al debido proceso y al derecho de ser informados de los hechos de su detención, raciocinios que esta Sala de lo Penal comparte, pero no en toda su extensión e interpretación. El A-quo inicia estableciendo en el número II del mismo acápite, que la controversia en el caso a examen versa sobre si los agentes de la policía de investigación tenían causa legal válida para requerir, detener al acusado y registrar e inspeccionar el vehículo en que se conducía y si el registro y la detención como tal se realizó conforme a nuestra Constitución de la República y el Derecho Internacional sobre derechos humanos. Sobre ese primer argumento esta Sala de Casación no considera que haya existido tal polémica en el juicio, es decir sobre todos los postulados procesales, constitucionales y de derechos humanos a los que hace alusión, pues al revisar el acta de debate encontramos que el Ministerio Público hace su formalización de la acusación por el delito de tráfico de drogas y la contestación por parte de la defensa radicó en que demostraría la inocencia de su representado, en ningún momento refiere la defensa violación a alguna garantía constitucional; en el desarrollo del debate la defensa no aportó ningún medio de prueba que acredite que no le informaron al acusado los hechos de su detención, tampoco se escuchó al imputado para que explicara la forma de su detención y estableciera si en realidad no le informaron los hechos por los cuales fue detenido; al final, en las conclusiones, la defensa hace una escueta relación y considera que los policías no tenían derecho a requerir a su acusado, sin explicar mayores detalles del porqué considera la violación a los derechos de su representado. Esta Sala de Casación se pregunta ¿Cual controversia entonces?, todo fue generado por el propio sentenciador a partir de las declaraciones testificales de los agentes de policía y que si se analizan debidamente en ningún momento los agentes del orden refieren a que no le pusieron en conocimiento al acusado los hechos de su detención, establecen que fueron enviados al lugar de los hechos porque habían denuncias que viajaban muchas personas con armas, afirmaron que requirieron a algunos, pero andaban sus permisos. En el caso del ahora acusado, los agentes de policía le observan sospechoso; debemos afirmar que los agentes de policía desarrollan una capacidad para lograr detectar actitudes suspicaces de las personas y esto es debido a su formación policial, por lo que deciden seguir el automotor, luego le hacen señal de parada e increpan al ahora imputado a que diga que lleva en la mochila y éste responde con evasivas, primero se queda callado, luego les dice que no es de él, le invitan a bajarse del vehículo y el acusado les dice que no puede caminar, lo que se hace aún más dudoso por que los agentes lo observaron entrar y bajar de dos taxis, si bien con muletas pero si podía movilizarse; por lo que deciden llevárselo en calidad de investigado a la estación de policía donde confirman sus sospechas pues al abrir la mochila encuentran una cantidad considerable de supuesta droga marihuana. Esta Sala de lo Penal considera que la acción de la policía se encuentra enmarcada en ley pues si bien no habían motivos para considerar a simple vista un delito infraganti, sí llevaba consigo elementos del delito; si el ahora acusado hubiera mostrado voluntariamente lo que llevaba en la mochila y resulta que lo encontrado en ella eran utensilios personales, las autoridades policiales le hubieren dejado en libertad, como ocurrió con el chofer del taxi que fue dejado en libertad al igual con aquellos ciudadanos que requerían para que presentaran su permiso de portar armas. En ese orden de ideas cabe preguntarnos ¿Se restringe mi derecho a circular libremente por el país cuando la policía nacional realiza operativos y pide a cada ciudadano su permiso de conducir y los papeles del vehículo? Por supuesto que no. Es igual en el presente caso, las autoridades policiales devienen en la obligación constitucional de prevenir el delito, precisamente para asegurar a los hondureños la seguridad en todo el territorio nacional, por tanto, reitera esta Sala de Casación que en el presente caso no se ha restringido ningún derecho constitucional pues la actuaciones de la policía se enmarcan en el numeral 5 del artículo 175 del Código Procesal Penal, donde se prevé la posibilidad de retener a un ciudadano por motivos de investigación, éste en relación con los artículos 206 y 208 del mismo instrumento procesal referente al registro personal y registro de vehículos, acciones dirigidas a una exploración externa, superficial y no invasiva, todo lo cual constituye una metodología de investigación del delito, que se utiliza en todas las fuerzas policiales del mundo. “Es común en la academia, en el foro, en los tribunales, la aceptación de que lo derechos humanos no son absolutos. Una buena razón para defender este dogma es que no se puede pretextar los derechos propios para desconocer o menoscabar derechos ajenos. A partir de ello ha surgido la necesidad de delimitar los alcances de los derechos, sus contenidos, tanto hacia su interior como en sus vinculaciones externas. Internamente es conveniente trazar límites a los derechos humano para que no se abuse de ellos, para que no se pretexten para cobijar conductas indebidas. No se trata de imponer restricciones externas a los derechos, sino que de lo que se trata es de poner de manifiesto que la conducta indebida no se sustenta en su goce. Del otro lado cuando una pretensión se sustenta en el ejercicio de un derecho, pero al llevarse a cabo detona un conflicto u oposición con pretensiones de otras personas que también descansan en el goce de sus propios derechos, entonces surge la necesidad de establecer, para esos casos concretos, limitaciones externas para solucionar ese momento de choque de derechos[2]. De ahí podemos inferir que todos los ciudadanos de un país somos sujetos de derechos y garantías inherentes al ser humano, pero también poseemos límites a nuestras acciones, a nuestras conductas, es decir poseemos obligaciones que emanan de las leyes para mantener una convivencia pacífica entre todos los ciudadanos; en ese sentido, podemos afirmar que los derechos humanos si bien son inalienables e irrenunciables, los mismos no son absolutos y no podemos utilizarlos para cometer acciones contrarias a la ley; todos los habitantes de la República saben que no les es permitido trasladar, cultivar, poseer drogas o estupefacientes que dañen la salud de la Población del Estado de Honduras, por tanto mis derechos se ven limitados por los derechos de otros, es así que la salud de muchos hondureños también debe resguardarse y protegerse ante ataques y acciones tendientes a dañarlas, como de las personas que se dedican a la venta de todo tipo de drogas. Es importante resaltar que Honduras es un Estado Democrático de Derecho, que respeta y aplica el principio de convencionalidad de la jurisprudencia que haya dictado la Corte Interamericana de Derechos Humano (CIHD), pues formamos parte del sistema interamericano de derechos humanos; ahora bien, las sentencias a las que hace alusión el juzgador en su fallo, entre ellos CIDH Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador; CIDH Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina; Caso Gangaram Panday vrs Surinam; entre otros, debemos analizarlos en el contexto en el que fueron dictados por la CIDH, pues algunos de ellos se refieren a desapariciones forzosas cometidas por las fuerzas de seguridad pública que ocurrieron en esos hermanos países y, otros de esos casos se refieren a personas que fueron capturadas por la policía y que fueron presentadas meses después a la autoridad judicial; lógicamente estamos hablando de flagrantes violaciones a los derechos humanos, en donde se involucra la vida y la libertad personal, pero no puede utilizarse dicha jurisprudencia como parangón para resolver un caso en el cual la policía de investigación actuó bajo sus funciones de prevención del delito y el acusado llevaba consigo elementos de un delito. Es así que concluye esta Sala de lo Penal, que las razones que utilizó el sentenciador para excluir de valoración a ciertos medios probatorios no son válidas, pues la prueba obtenida por los agentes policiales es ilícita, ya que fue obtenida en respeto a nuestra Constitución de la República, nuestra ley procesal y los instrumentos de derechos humanos de los que nuestro país forma parte; por tanto es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, decretar la nulidad de la sentencia y del debate celebrado y ordenar la celebración de nuevo juicio con togados distintos al que participaron..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 248-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de septiembre del dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian. En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 248-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de febrero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló; Primero: Absolvió al señor Isaac Roberth Castillo Tingles, del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud Humana. Segundo: No procede condenar en costas al Ministerio Público. Tercero: Se ordenó la destrucción de 4,261.5 gramos de marihuana, la cual se encuentra en el poder del Ministerio Público y deberá ser puesta a la orden del Tribunal cuando la sentencia adquiera carácter de firme. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la Abogada Liana Lourdes Soto en su condición de fiscal del Ministerio Publico. son partes en la única instancia: El Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; los Abogados Alba Regina Paniagua y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del señor Isaac Roberth Castillo Tingles, como parte recurrida. Hechos Probados. Único: En fecha 05.11.2015, entre 8:00am y 8:30am, los agentes de policía de investigación Jayce Xavier Callejas Flores y Oscar David Zúniga Coloma, se encontraban en la estación de gasolina COPENA, sito en la carretera salida a Colón, de La Ceiba Atlántida dándole seguimiento a un reporte relacionado con personas que portaban armas de fuego, cuando se estacionó un autobús interurbano de la empresa COTUC, que cubre la ruta de Trujillo, Colón a San Pedro Sula, Cortés bajándose de este Isaac Roberth Castillo Tingles, quien sostenía una mochila en sus manos y se dirigió a un taxi, del cual se bajó de inmediato, subiéndose a otro taxi con registro de operación No. 1138, en el cual se transportó con dirección al muelle de cabotaje de esta ciudad, lo que generó simples sospechas a aquellos agentes, por lo cual le dieron persecución a este taxi y le hicieron señal de parada obteniendo respuesta positiva por parte del conductor de dicho taxi, procediendo luego a pretender practicarle un cacheo y revisar la mochila de Isaac Castillo, quien les manifestó que no podía bajarse porque tenía impedimento en su piernas, razón por la cual decidieron retenerlo trasladándolo junto con el chofer del taxi y el vehículo en el cual se transportaba hasta las instalaciones de la Jefatura de Policía de esta ciudad, por lo cual se le privó a Isaac Castillo y al conductor del taxi de su libertad personal de manera ilegal.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Haber Excluido el sentenciador prueba de valor decisivo en la litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Esa Sala de lo Penal ha emitido Doctrina Legal en la que establece que concurre vicio inprocedendo de exclusión de prueba de valor decisivo, cuando el A quo ha estimado ilícita la prueba sin serlo y que producto de ello se halla dictado un fallo injusto. En el caso subjudice, el Juzgador dictó una sentencia absolutoria a favor de Isaac Roberth Castillo Tingles por el delito de Tráfico de Drogas, al haber declarado ilícitas el acta de registro personal, redactada por el policía Óscar Zúniga, el acta de inspección ocular número 159-2015, el dictamen toxicológico No. 2015-0501-0506-5702 y la evidencia en un sobre de papel manila, con su respectiva cadena de custodia que comprende una mochila color negro y una bolsa plástica transparente conteniendo marihuana, por estimar que los policías no debieron requerir al imputado sin la existencia previa de un hecho constitutivo de delito y menos llevarle a la comisaría para efectuar la revisión e inspección vehicular que produjo el descubrimiento de 4261.5 gramos de marihuana en la mochila que este portaba. Resulta evidente honorable Sala, que la decisión adoptada por el Tribunal Juzgador se aparta de la legalidad, por cuanto las diligencias referidas no vulneran derechos o garantías fundamentales por las razones que a continuación se exponen: Basa el Juzgador su fallo en diversas disposiciones constitucionales y del Código Procesal Penal, así como de legislación y jurisprudencia internacional, en particular el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs Ecuador, dirimido en La Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero se nota que hace una exégesis incorrecta de dichos instrumentos, pues soslaya que ningún derecho es absoluto. El abuso de un derecho significa que ni los poderes del Estado ni los particulares pueden, justificándose en el ejercicio de un derecho fundamental, limitar o atacar a otro derecho fundamental (la salud pública) o bien para desviarse de los límites intrínsecos en el ejercicio del derecho de que se trate. El ejercicio de un derecho no debe exceder el uso normal del mismo, de modo que resulte antisocial o excesivo, resultando de ese ejercicio, daños para terceras personas. Que no haya sido valorada la prueba descrita en el juicio implica un perjuicio a la sociedad, puesto que la autoridad policial no clausuró la ruta legal cuando compelió al acusado a acudir a las oficinas de la Policía Nacional en la ciudad de La Ceiba. De acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del artículo 175 del Código Procesal Penal se prevé la posibilidad de retener por motivos de investigación a un sospechoso de un crimen. La controversia en el caso sometido a examen versa sobre si los rutinarios operativos policiales de registro a ciudadanos son arbitrariedades del poder público, porque, cabe decir, la postura de los jueces de sentencia de La Ceiba trasciende las fronteras del caso in examine, ya que reprueba hasta sus cimientos la política criminal hondureña. Para el Ministerio Público, las expresiones 'registro personal' y 'registro de vehículos', contenidas en los artículos 206 y 208 de nuestra ley procesal, son constitucionales, pues dirigen a "una revisión externa, superficial y no invasiva", que corresponde a "metodologías de indagación del delito" El razonamiento esgrimido por el Juzgador se reprocha a través de esta casación, por cuanto el mismo generó la destrucción del sustento probatorio de carácter decisivo que servía de base a la pretensión acusatoria (circunstancia que el mismo Juzgador admite en el libelo del fallo, específicamente en la sección de valoración de la prueba que corre a pág. 13 de la sentencia) al apreciar que la ineficacia probatoria abarca no solo los actos del requerimiento de registro, retención e inspección ocular, sino que también se extiende a las consecuencias que derivan de los actos o hechos que vulneran derechos y garantías constitucionales, que en la doctrina se conoce como la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Bajo el cobijo de las pruebas se puede sostener con rotundidad que al ciudadano Isaac Roberth Castillo Tingles no se le privó de su libertad antes de que se le notificase oficialmente la detención, simplemente se le investigó adecuadamente en aras de combatir la impunidad y una vez realizada la judicialización de la causa se le asignó un defensor. Argumenta el sentenciador que los agentes Jayce Xavier Callejas Flores y Oscar David Zúniga Coloma el 5 de Noviembre de 2015 solicitaron de manera caprichosa al acusado que pusiera a la vista el contenido de la mochila que andaba al subirse a un taxi, cuando en realidad respondían a una denuncia en donde se señalaba que en el sector sujetos estarían portando armas sin la debida autorización, mostrándose el encausado sumamente sospechoso porque ingresó a varios vehículos sin ningún sentido, conducta que no presentaría un viajero común, por lo que debe subrayarse que existían razones de mucho peso en el actuar de los testigos, y el automóvil no goza de la inviolabilidad del domicilio, así que puede ser objeto de registro sin necesidad de autorización judicial por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con competencia en materia de seguridad ciudadana. De haberse valorado las pruebas excluidas con el necesario apego a las reglas de la sana crítica no hubiera quedado otro camino que decretar sentencia condenatoria por el delito de Tráfico de Drogas, porque cada elemento desechado confirma que el ciudadano Isaac Roberth Castillo Tingles llevaba consigo una mochila conteniendo 4261.5 gramos de marihuana equivalente a 9.395 libras. Así que de no haberse realizado la supresión de pruebas, los hechos probados en la sentencia consignarían inequívocamente la tesis acusatoria del Ministerio Público. Si bien es cierto que el artículo 82 de la Constitución de la República, establece que el derecho de defensa es inviolable, no menos cierto es, que el ejercicio de este derecho es viable a partir de la intimación, que es cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera participe, es decir que a partir de éste momento, la persona informada tiene la calidad de imputado y con ello surgen un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal, tal como establecen los artículos 15 y 101 del Código Procesal Penal; y con ello no se pretende decir, que previo al acto de intimación a un sospechoso no le asista derecho alguno, ya que ello no es así, dado que éste por su condición humana comparte con los demás ciudadanos los derechos reconocidos en la Constitución y las Leyes, pero sí es importante aclarar que sólo es después de la intimación que la persona adquiere la calidad de imputado y de allí en adelante es imprescindible la presencia del defensor en las actuaciones que impliquen elementos de prueba. Algunas diligencias por su propia naturaleza (prueba preconstituida, por ejemplo autopsias) difícilmente pueden esperar la llegada de un abogado defensor. Consecuentemente, el derecho de defensa en términos generales, implica que toda persona objeto de imputación ante una autoridad judicial o administrativa se presume inocente y debe asegurarse que el proceso se instruya con todas las garantías necesarias para ejercer su defensa. Por ello, se sostiene que, a excepción de los procedimientos intrusivos, los actos de investigación que se dan en una etapa previa al requerimiento fiscal no necesitan la inmediación judicial, ni el control de las partes ya que el efecto de los mismos podría inclusive considerarse incierto, motivo por el cual en esta fase no es requisito ineludible la presencia de un abogado defensor pues no se puede juzgar anticipadamente que como consecuencia de las referidas diligencias surgirá indefectiblemente una acusación penal. Más que la defensa de derechos fundamentales, el Tribunal de Sentencias está laminando a las fuerzas del orden, en virtud de que hace inviable la anticipación al delito a la vez que aumenta el número de absoluciones falsas. El Estado perfectamente puede trazar la ruta hacia objetivos constitucionalmente legítimos (como el mantenimiento de la seguridad pública) mientras mantenga las proporciones, y no incurra en afectación innecesaria de los derechos fundamentales del ciudadano. Es así que cuando se revisa la constitucionalidad de la instalación de un registro o una inspección, deben contarse los elementos necesarios para determinar, por ejemplo, si el lugar en el que se instaló el puesto de revisión se encuentra "razonablemente determinado" o si por el contrario, la actuación de la autoridad administrativa "estaba diseñada para afectar en realidad a una persona determinada", y en el expediente de mérito, de acuerdo a los elementos recabados las autoridades procedieron de manera objetiva. No es posible comprender cómo se podría haber infringido la garantía del derecho a defensa, tanto más cuando en el expediente consta que se llevó al acusado a la comisaría porque este expresó que ya no podía estar de pie en medio de la calle debido a una imposibilidad física en las piernas. La exclusión de prueba por razones de ilicitud siempre requerirá de un exhaustivo, quedando en manos de la Suprema Corte de Justicia ir estableciendo criterios orientadores sobre esta materia, dado que la asunción de un matiz híper garantista en la interpretación de la teoría del fruto del árbol envenenado termina socavando los principios del estado democrático de derecho. Nadie en el pleno uso de sus facultades mentales puede denigrar al garantismo como corriente del pensamiento jurídico. Es una línea teórica, recogida en nuestra legislación, que aporta herramientas esenciales para que puedan cumplirse derechos inalienables de los ciudadanos. Gracias a estos principios estamos protegidos de posibles atropellos y gozamos de un buen proceso en el territorio de las instituciones judiciales. Ahora bien: hasta acá, todo claro, pero lamentablemente existen fundamentalistas que caen en el exceso y suprimen la realidad. Los tratados internacionales, hay que recordar, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes secundarias de un país, pero hay que recordar que están en un segundo plano respecto a la constitución nacional, por lo que antes de acudir a ellos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conviene repasar nuestra ley primaria, y ésta en aras del bienestar común faculta a la policía a ejecutar actividades de prevención del delito. En conclusión, no hubo vulneración, porque la fase de investigación se encarriló en consonancia con la Constitución de La República y los intereses generales de la sociedad, por lo que ninguna infracción se ha cometido que pudiere importar la inobservancia de garantías fundamentales en perjuicio de la defensa, y por ello la declaración de ilegalidad de la prueba hecha por el juez A-quo carece de sustento y es por ello que se pide la admisión del presente recurso en su único motivo, para que una vez que se lleve a cabo un nuevo juicio, conocido por un Tribunal de Sentencia constituido por jueces distintos a los que conocieron el presente, se haga correcta y efectiva impartición de justicia. Haciéndose hasta este momento dicho reclamo, pues el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar.” Fundamentación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo. Norma autorizante: artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por la censora. Concepto de la infracción: haber excluido el sentenciador prueba de valor decisivo. Reclamación ex-ante: el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar. Pretensión: que se declare ha lugar el presente recurso y se ordene el reenvío con jueces distintos. Explicó la recurrente que el juzgador declaró ilícitas las pruebas consistentes en el registro personal, acta de inspección ocular, dictamen toxicológico y la evidencia consistente en una mochila negra conteniendo marihuana, por considerar que los policías no debieron requerir al imputado sin la existencia previa de un hecho constitutivo de delito, menos llevarle a la comisaría para efectuar la revisión e inspección vehicular que produjo el descubrimiento de 4261.5 gramo de marihuana; esto lo basa el juzgador en diversas disposiciones constitucionales, del Código Procesal Penal y jurisprudencia internacional de la CIDH específicamente el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador pero se nota que hace una exégesis incorrecta de dicho dichos instrumentos. De la exclusión o no consideración de Prueba de Valor Decisivo[1]. Este motivo resulta de dos hipótesis: la sentencia excluye indebidamente una prueba (expresamente la rechaza sin consignar las razones de esa decisión o se le considera ilícita sin serlo), o la resolución no la considera (omite toda referencia a ella). El vicio refleja entonces la infracción de los artículos del Código Procesal Penal: a) 202, que impone al juzgador la obligación de forma su convicción de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba; b) 336, que señala que el tribunal solo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas en su conjunto; y c) 338, sección cuarta, numeral 2, que manda al órgano jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las pruebas practicadas durante el juicio. Es decir, el Tribunal de Sentencia tendrá la obligación de pronunciarse sobre la eficacia conviccional que le generan las pruebas rendidas, de tal suerte que, si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante la presente infracción, ya que, en virtud de los principios de verdad real, de defensa y contradicción, el juez debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. No se observaría la infracción en el caso en que el tribunal exponga las razones por las cuales rechaza la prueba y esa exclusión es correcta, y aun así la prueba ha sido valorada, aunque lo fuera de forma desacertada, debiéndose en ambos supuestos rechazar el motivo (en el segundo caso, el ataque casacional se produciría de conformidad al motivo a referirse, en el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal de Honduras). Pero no basta con el rechazo (exclusión) u omisión de referencia (no consideración) de la prueba, es necesario que ella sea de valor decisivo. Los límites de esta determinación, tendrá que establecerlos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al resolver sobre el planteamiento de este motivo, pero indudablemente esa consideración dependerá del caso en particular. Lo que sí se puede adelantar, es que este motivo implicará, como señala DE LA RUA, efectuar la operación de inclusión mental hipotética, en cuyo caso, de incluirse la prueba excluida o no considerada en la valoración del juez, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieren sido necesariamente distintas. Por eso se recalca que la consideración de decisivas dependerá de caso en particular.
De la Función Preventiva de la Policía. En nuestro país, con la aprobación de la Constitución de la República de 1982, se inicia una etapa basada en las libertades públicas y el respeto por las fórmulas democráticas. Es decir, se da un enorme cambio tanto en lo político como en lo social, cambio que va a arrastrar a todas las instituciones y organismos que integran el Estado y sobre todo a aquellas que afectan de forma sensible al ciudadano. La filosofía que se sigue en la actualidad en los cuerpos policiales de los países democráticos y desarrollados es la de cooperar al buen funcionamiento de la sociedad, mediante la protección de sus miembros, individual y colectivamente considerados, frente a cualquier tipo de ataque o peligro en el ejercicio de sus derechos y libertades, contribuyendo así al bienestar y a la calidad de vida de los ciudadanos. Este sentir se recoge en el artículo 293 de la Constitución de la República, que reza así: La Policía Nacional es una institución profesional permanente del Estado, apolítica en el sentido partidista, de naturaleza puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito; proteger la seguridad de las personas y sus bienes; ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos, todo con estricto respeto a los derechos humanos. La Policial Nacional se regirá por legislación especial. (Lo resaltado es nuestro). Tales misiones encierran una gran dificultad, ya que, en ocasiones, garantizar la seguridad ciudadana va a suponer recortar algunos derechos de los ciudadanos. Con la proclamación que hace la Constitución de la República, como un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente y en consonancia con el citado artículo 293, la policía funciona como un servicio público orientado a satisfacer de forma eficaz las necesidades y demandas de los ciudadanos. Esta transformación afecta plenamente a las funciones policiales que se configuran de la forma siguiente: a) Funciones institucionales. Integran las tradicionales, pero más adecuadas a la nueva realidad social: i) Prevención de la delincuencia, encaminada a evitar la comisión de hechos delictivos y a evitar que los ciudadanos se conviertan en víctimas o en autores. ii) Investigación y represión. La actuación policial es cuidadosa con los derechos y libertades de los ciudadanos y generalmente no actúa de forma arbitraria. Averigua e investiga los hechos delictivos, descubre a sus autores, obtiene las pruebas necesarias, los detiene y los pone a disposición judicial. iii) Seguridad ciudadana. Encaminada a generar, mantener, y en su caso restablecer un clima de paz y confianza mutua entre los ciudadanos, que les permita el libre ejercicio de los derechos y libertades democráticos, consagrados en la Constitución. b) Funciones asistenciales. Son todas aquellas en las que la organización policial funciona como un servicio público de asistencia al ciudadano. Aquí las funciones policiales se salen de su planteamiento tradicional (control social), asumiendo un papel asistencia: auxilio, protección, información al ciudadano. Lo previsto en nuestra Constitución ha sido desarrollado por la Ley Orgánica de la Policía Nacional decreto 67-2008 de fecha 31 de octubre de 2008, misma que en sus considerandos justifica la creación de la Policía Nacional pues se consagra como una: “una Institución profesional permanente del Estado, apolítica en el sentido partidista, de naturaleza puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate del delito” (lo resaltado es nuestro) y en su artículo 3 reafirma este postulado confirmando que: “Por medio de la Policía Nacional le compete velar por la conservación del orden público; la prevención, control y combate de los delitos, faltas e infracciones; proteger la seguridad de las personas, su vida, su integridad física, síquica y moral, sus libertades, bienes y derechos; auxiliar en la preservación del medio ambiente, de la moralidad pública y de los bienes estatales; ejecutarlas resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones emitidas por las autoridades y funcionarios públicos, y el auxilio a los poderes públicos, dentro del marco de la Ley; la seguridad en la migración legal y del tráfico ilegal de personas; la represión del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos; la regulación y control de los servicios privados de seguridad; el registro y control de actividades potencialmente riesgosas para el mantenimiento del orden público tales como la producción, comercialización y tenencia de químicos, armas, explosivos y similares así como otras actividades susceptibles de ser instrumentadas para la comisión de delitos. (lo resaltado es nuestro)” Con el objetivo de fortalecer ese papel preventivo de nuestras fuerzas policiales el Poder Legislativo creó la Ley de Policía y Convivencia Social decreto 226-2001 publicada en el diario oficial la Gaceta el 7 de marzo de 2002, que en su segundo considerando explica la base en la que se conforma esa ley y dice: “Que es fundamental que tanto la función policial general como la especial, tengan limitado claramente su campo específico, estableciéndose dentro del más amplio respeto de los derechos humanos los procedimiento policiales y las acciones propias del gobierno municipal.” Y en su artículo 5 refiere que la Policía Nacional dentro de otras funciones posee la ocupación de: “Prevenir, disuadir, controlar, investigar y combatir el delito, las faltas y las infracciones. (lo resaltado es nuestro)” Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son organizaciones encargadas de prestar a los ciudadanos el servicio de seguridad pública. La tendencia actual de la policía, en general, se encamina a la prestación de un servicio público de calidad, por lo que no es suficiente que el funcionario policial tenga conocimientos y habilidades para resolver un problema, es necesario resolverlo de forma satisfactoria para el ciudadano. Vale decir que Honduras, como un Estado Democrático de Derecho, está regido por el principio de respeto a los Derechos y Libertades Fundamentales, las que se encuentran establecidos en la Constitución de la República y los tratados Internacionales; por lo que, cualquier acto de la fuerzas policiales tendiente al menoscabo de esos derechos será castigado por los Tribunales de la República, pero si dichas actuaciones se encuentran dentro de margen de la ley, no es posible restringir las funciones que legalmente les competen. De la procedencia del Recurso. El motivo es de recibo. Conforme el motivo invocado por la recurrente, esta Sala de lo Penal ha revisado los juicios de valor que ha externado el sentenciador para excluir de valor probatorio a los medios de prueba consistente en: acta de registro personal, acta de inspección ocular, dictamen de medicina forense y la evidencia consistente en la droga decomisada; el sentenciador explica en su fallo, numeral VI del acápite Valoración de la Prueba lo siguiente: “Al adecuar los hechos declarados probados en la presente sentencia, consideramos que los agentes de policía no tenían un motivo o causa legal para requerir y parar el taxi en el cual se conducía el acusado porque no se aprecia a existencia previa de un hecho constitutivo de delito o falta o que el acusado llevase consigo evidencias relacionadas con un delito. Esto en virtud que las razones de los agentes de policía para requerir y parar el taxi se debieron a una mera sospecha, originada por el actuar rápido del acusado y por subirse a dos taxis, en manera alguna del comportamiento de este se podría inferir la comisión de un delito y no se conocía por parte de los agentes la existencia de algún delito previo y que el acusado llevase consigo evidencias relacionadas con este. En segundo lugar, luego que aquellos agentes de policía requieren y paran el vehículo, tampoco pudieron apreciar o verificar la existencia de delito alguno, sin embargo proceden a trasladar a acusado y al conductor del taxi a la comisaria, lo cual constituye una retención ilegal y una vez ahí proceden a realizar una inspección al taxi y a la mochila del acusado sin que se acreditase en juicio que previo se había informado de la detención al acusado, los motivos de esta y darle a conocer sus derechos. Esto es importante porque para ese momento el acusado ya se encontraba privado de libertad y gozaba como tal de todos los derechos que tiene todo detenido o imputado, entre estos los derechos a ser informado en forma clara y precisa, cuáles son los hechos constitutivos de delito que se le atribuyen y a estar presente con su defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba, salvo en los casos que en el presente Código disponga lo contrario. Es importante mencionar que no se trató de la mera vulneración de una norma de carácter personal, pues los derechos fundamentales violados son garantías constitucionales y convencionales (el derecho a la libertad personal, la garantía del debido proceso legal y el derecho de defensa) la infracción a esos derechos y la garantía son causas de nulidad que se pueden observar en cualquier momento de proceso, pues de conformidad al numeral 7 del artículo 166 del Código Procesal Penal, se trata de violación de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana consagradas por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Al existir esas violaciones a derecho fundamentales en ningún caso el acto que la produce es subsanable, pues de forma concluyente el artículo 200 del CPP, establece que carece de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren garantías procesales regulados en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales relativo a Derechos Humanos y los que se deriven de estos actos. De conformidad al precitado artículo se contempla que la ineficacia probatoria abarca no solo los actos del requerimiento de registro, retención e inspección ocular, sino que también se extiende a las consecuencias que deriven de lo acto o hechos que vulneran derechos y garantías constitucionales, que en la doctrina se conoce como la teoría de los frutos del árbol envenenado. A partir del precepto citado, se infiere que en cualquier momento del proceso se puede declarar la ineficacia de la prueba cuando vulnere, disminuya o tergiverse derechos, libertades o garantías de la persona, sean que haya sido objeto de discusión o no en etapas anteriores del proceso; pues se trata de derechos inherentes a la persona humana tal como lo establece el artículo 59 de la Constitución de la República y el artículo 64 de la misma Ley Fundamental que en forma concluyente declara inaplicables las disposiciones de cualquier orden (incluye los mandatos judiciales) que disminuyen, restringen o tergiversen las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República. Como consecuencia de lo expuesto no es posible valorar para determinar responsabilidad penal al acusado Isaac Roberth Castillo Tingles los datos consignados en los elementos de prueba, por lo tanto, se excluyen de acervo probatorio por tratarse de prueba prohibida.” El Sentenciador plasmó y fundamentó su decisión de absolución en los numerales previos, haciendo una relación del Código Procesal Penal, de la Constitución de la República y de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referente al derecho a la libertad, al debido proceso y al derecho de ser informados de los hechos de su detención, raciocinios que esta Sala de lo Penal comparte, pero no en toda su extensión e interpretación. El A-quo inicia estableciendo en el número II del mismo acápite, que la controversia en el caso a examen versa sobre si los agentes de la policía de investigación tenían causa legal válida para requerir, detener al acusado y registrar e inspeccionar el vehículo en que se conducía y si el registro y la detención como tal se realizó conforme a nuestra Constitución de la República y el Derecho Internacional sobre derechos humanos. Sobre ese primer argumento esta Sala de Casación no considera que haya existido tal polémica en el juicio, es decir sobre todos los postulados procesales, constitucionales y de derechos humanos a los que hace alusión, pues al revisar el acta de debate encontramos que el Ministerio Público hace su formalización de la acusación por el delito de tráfico de drogas y la contestación por parte de la defensa radicó en que demostraría la inocencia de su representado, en ningún momento refiere la defensa violación a alguna garantía constitucional; en el desarrollo del debate la defensa no aportó ningún medio de prueba que acredite que no le informaron al acusado los hechos de su detención, tampoco se escuchó al imputado para que explicara la forma de su detención y estableciera si en realidad no le informaron los hechos por los cuales fue detenido; al final, en las conclusiones, la defensa hace una escueta relación y considera que los policías no tenían derecho a requerir a su acusado, sin explicar mayores detalles del porqué considera la violación a los derechos de su representado. Esta Sala de Casación se pregunta ¿Cual controversia entonces?, todo fue generado por el propio sentenciador a partir de las declaraciones testificales de los agentes de policía y que si se analizan debidamente en ningún momento los agentes del orden refieren a que no le pusieron en conocimiento al acusado los hechos de su detención, establecen que fueron enviados al lugar de los hechos porque habían denuncias que viajaban muchas personas con armas, afirmaron que requirieron a algunos, pero andaban sus permisos. En el caso del ahora acusado, los agentes de policía le observan sospechoso; debemos afirmar que los agentes de policía desarrollan una capacidad para lograr detectar actitudes suspicaces de las personas y esto es debido a su formación policial, por lo que deciden seguir el automotor, luego le hacen señal de parada e increpan al ahora imputado a que diga que lleva en la mochila y éste responde con evasivas, primero se queda callado, luego les dice que no es de él, le invitan a bajarse del vehículo y el acusado les dice que no puede caminar, lo que se hace aún más dudoso por que los agentes lo observaron entrar y bajar de dos taxis, si bien con muletas pero si podía movilizarse; por lo que deciden llevárselo en calidad de investigado a la estación de policía donde confirman sus sospechas pues al abrir la mochila encuentran una cantidad considerable de supuesta droga marihuana. Esta Sala de lo Penal considera que la acción de la policía se encuentra enmarcada en ley pues si bien no habían motivos para considerar a simple vista un delito infraganti, sí llevaba consigo elementos del delito; si el ahora acusado hubiera mostrado voluntariamente lo que llevaba en la mochila y resulta que lo encontrado en ella eran utensilios personales, las autoridades policiales le hubieren dejado en libertad, como ocurrió con el chofer del taxi que fue dejado en libertad al igual con aquellos ciudadanos que requerían para que presentaran su permiso de portar armas. En ese orden de ideas cabe preguntarnos ¿Se restringe mi derecho a circular libremente por el país cuando la policía nacional realiza operativos y pide a cada ciudadano su permiso de conducir y los papeles del vehículo? Por supuesto que no. Es igual en el presente caso, las autoridades policiales devienen en la obligación constitucional de prevenir el delito, precisamente para asegurar a los hondureños la seguridad en todo el territorio nacional, por tanto, reitera esta Sala de Casación que en el presente caso no se ha restringido ningún derecho constitucional pues la actuaciones de la policía se enmarcan en el numeral 5 del artículo 175 del Código Procesal Penal, donde se prevé la posibilidad de retener a un ciudadano por motivos de investigación, éste en relación con los artículos 206 y 208 del mismo instrumento procesal referente al registro personal y registro de vehículos, acciones dirigidas a una exploración externa, superficial y no invasiva, todo lo cual constituye una metodología de investigación del delito, que se utiliza en todas las fuerzas policiales del mundo. “Es común en la academia, en el foro, en los tribunales, la aceptación de que lo derechos humanos no son absolutos. Una buena razón para defender este dogma es que no se puede pretextar los derechos propios para desconocer o menoscabar derechos ajenos. A partir de ello ha surgido la necesidad de delimitar los alcances de los derechos, sus contenidos, tanto hacia su interior como en sus vinculaciones externas. Internamente es conveniente trazar límites a los derechos humano para que no se abuse de ellos, para que no se pretexten para cobijar conductas indebidas. No se trata de imponer restricciones externas a los derechos, sino que de lo que se trata es de poner de manifiesto que la conducta indebida no se sustenta en su goce. Del otro lado cuando una pretensión se sustenta en el ejercicio de un derecho, pero al llevarse a cabo detona un conflicto u oposición con pretensiones de otras personas que también descansan en el goce de sus propios derechos, entonces surge la necesidad de establecer, para esos casos concretos, limitaciones externas para solucionar ese momento de choque de derechos[2]. De ahí podemos inferir que todos los ciudadanos de un país somos sujetos de derechos y garantías inherentes al ser humano, pero también poseemos límites a nuestras acciones, a nuestras conductas, es decir poseemos obligaciones que emanan de las leyes para mantener una convivencia pacífica entre todos los ciudadanos; en ese sentido, podemos afirmar que los derechos humanos si bien son inalienables e irrenunciables, los mismos no son absolutos y no podemos utilizarlos para cometer acciones contrarias a la ley; todos los habitantes de la República saben que no les es permitido trasladar, cultivar, poseer drogas o estupefacientes que dañen la salud de la Población del Estado de Honduras, por tanto mis derechos se ven limitados por los derechos de otros, es así que la salud de muchos hondureños también debe resguardarse y protegerse ante ataques y acciones tendientes a dañarlas, como de las personas que se dedican a la venta de todo tipo de drogas. Es importante resaltar que Honduras es un Estado Democrático de Derecho, que respeta y aplica el principio de convencionalidad de la jurisprudencia que haya dictado la Corte Interamericana de Derechos Humano (CIHD), pues formamos parte del sistema interamericano de derechos humanos; ahora bien, las sentencias a las que hace alusión el juzgador en su fallo, entre ellos CIDH Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador; CIDH Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina; Caso Gangaram Panday vrs Surinam; entre otros, debemos analizarlos en el contexto en el que fueron dictados por la CIDH, pues algunos de ellos se refieren a desapariciones forzosas cometidas por las fuerzas de seguridad pública que ocurrieron en esos hermanos países y, otros de esos casos se refieren a personas que fueron capturadas por la policía y que fueron presentadas meses después a la autoridad judicial; lógicamente estamos hablando de flagrantes violaciones a los derechos humanos, en donde se involucra la vida y la libertad personal, pero no puede utilizarse dicha jurisprudencia como parangón para resolver un caso en el cual la policía de investigación actuó bajo sus funciones de prevención del delito y el acusado llevaba consigo elementos de un delito. Es así que concluye esta Sala de lo Penal, que las razones que utilizó el sentenciador para excluir de valoración a ciertos medios probatorios no son válidas, pues la prueba obtenida por los agentes policiales es ilícita, ya que fue obtenida en respeto a nuestra Constitución de la República, nuestra ley procesal y los instrumentos de derechos humanos de los que nuestro país forma parte; por tanto es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, decretar la nulidad de la sentencia y del debate celebrado y ordenar la celebración de nuevo juicio con togados distintos al que participaron. Decisión. Se declara ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Publico. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 175, 206, 208, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo interpuesto por la Abogada Liana Lourdes Soto, en su condición de fiscal del Ministerio Público en la causa instruida contra del señor Isaac Roberth Castillo Tingles, a quien se le absolvió por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de La Salud del Estado de Honduras. Segundo: Casa la sentencia recurrida. Tercero: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida. Y manda: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha tres de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 248-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
[1] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gómez Colomer, Juan Luis. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico-Práctico. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Año: 2004. Páginas 596-597.
[2] Serie: Renovación Jurisprudencial 2. “Restricción a los Derechos Humanos. Litiga-Konrad Adenauer Stiftung. Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. México, 2016. Páginas 10 y 11