Sentencia CP-246-18 — Registro 14020
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por los delitos de Asesinato, Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas de Fuego. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Para efecto de elaborar una exposición sistemática de la relevancia jurídico-penal de la acción realizada por el señor Brayan Alexander Vásquez Martel, es necesario abordar el contenido el artículo 332-B del Código Penal, el cual establece que quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial. Asimismo, mediante el decreto legislativo 063-2014 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 06 de noviembre de 2014, prorrogado en su vigencia por un periodo de 6 meses mediante el decreto legislativo 60-2015, contados a partir de su fecha de vencimiento, es decir, con una temporalidad que abarca hasta el 31 de diciembre de 2015, el legislador dispuso un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego uso comercial la pueda legalizar aunque no posea factura de venta de La Armería, con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura. Los hechos probados de la sentencia en relación al delito de portación ilegal de armas en resumen establecen que en fecha 25 de noviembre del 2015 a eso de las 4 de la tarde en la colonia 19 de septiembre, varios hombres armados con indumentaria policial, entre ellos el imputado Brayan Alexander Vásquez Marte quien portaba un revolver calibre 9mm y del cual no tenía permiso de portación, llegaron a varias viviendas del sector y sacaron de sus casas a los ofendidos María Elena Cerrato, Alex Leonardo Zelaya Matute, Johan Enrique Zelaya Palma, Selvin Lenin Cuellar, Oscar Rolando Maradiaga, Ángel Javier Ordóñez Corea y Willian Adonay Zelaya Matute y les dispararon en diferentes partes del cuerpo que les ocasionó la muerte; el recurrente considera que el referido decreto legislativo es aplicable a la materia penal y mediante el cual no procede la aplicación del artículo 332 B del Código Penal pues el decreto 60-2015 deja en suspenso dicha normativa penal y por tanto procede su aplicación retroactiva. En un primer momento la Sala de lo Penal estableció un criterio al respecto, que es a lo que hace alusión el recurrente al citar la sentencia SP 48-2009 de fecha 08 de noviembre del 2012, pero que no constituye jurisprudencia pues es la única sentencia que se refiere en ese sentido, ahora la Sala de lo Penal ha tenido a bien analizar su postura inicial y establecer jurisprudencia en el sentido de que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus posteriores prórrogas (en este caso, el Decreto Legislativo 60-2015) es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de la Armería pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro del parque de armas para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y sus posteriores prórrogas, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también, deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende según el fáctum de la sentencia, que el acusado utilizando arma de fuego y sin permiso para portarla, la utilizó para que junto a otros acompañantes, le quitaran la vida a 7 personas quienes se encontraban en sus casas muchos de ellos durmiendo y que el acusado junto con sus coautores botando puertas y con indumentaria militar ingresaron a sus hogares para cometer tal atroz hecho; las circunstancias del día, hora y lugar de la detención, así como las actividades que realizaba el acusado durante su detención, permiten colegir objetivamente que la intencionalidad de éste no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su registro, por lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332-B del Código Penal, el cual aplicó correctamente el Sentenciador, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Conforme los hechos probados el acusado Brayan Alexander Vásquez Martel, es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, pues portaba al momento de suscitarse los hechos un arma de fuego tipo revolver 9mm, sin contar con el permiso expedido por la autoridad competente. Tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia recaída en el Recurso de Casación con registro No. SP-246-2018 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 246-2018 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción y Competencia Nacional Territorial, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Brayan Alexander Vásquez Martel, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de los señores María Elena Cerrato, Alex Leonardo Zelaya Matute, Johan Enrique Zelaya Palma, Selvin Lenin Cuellar, Oscar Rolando Maradiaga, Ángel Javier Ordóñez Corea y Willian Adonay Zelaya Matute, a la pena de veinticinco años (25) de reclusión por cada delito de Asesinato haciendo un total de ciento setenta y cinco (175) años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Brayan Alexander Vásquez Martel, como autor del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de dieciséis años, cuatro meses de reclusión. Tercero: Condenó al señor Brayan Alexander Vásquez Martel, como autor del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de cuatro años, seis meses de reclusión, siendo que existe un Concurso Real de delitos deberán de acumularse las penas de reclusión haciendo un total de ciento noventa y cinco años, diez meses de reclusión. Cuarto: Condenó al señor Brayan Alexander Vásquez Martel a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Quinto: Se declaró la responsabilidad civil del señor Brayan Alexander Vásquez Martel. Sexto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Séptimo: No procedió declarar el comiso. Interpuso el recurso de casación por infracción de ley, el Abogado Ramón Matamoros en su condición de defensor público del imputado. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos del señor Brayan Alexander Vásquez Martel, como parte recurrente y la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos Probados “PRIMERO: Entre los días 22 y 23 de noviembre del año 2015, el señor BRAYAN ALEXANDER VÁSQUEZ MARTEL, miembro del grupo denominado "Mara 18" y conocido con el alias de "PUNISHER", junto a otras personas integrantes de la misma pandilla decidieron atacar a varios jóvenes residentes en la Colonia 19 de septiembre, sector conocido como "El Infiernito", Comayagüela, a quienes consideraron rivales por supuestamente pertenecer a otra pandilla, por lo cual, se abastecieron de armas de fuego de grueso calibre, así como revolver calibre 9mm, realizaron reconocimientos y localizaciones de las viviendas, tomando fotografías y videos, así mismo se comunicaban entre sí vía telefónica para coordinar el momento, y la forma como ejecutarían a sus objetivos. SEGUNDO: En fecha 25 de noviembre del año 2015, a eso de las 4:00 a. m. en el mismo sector de la Colonia 19 Septiembre, varios hombres armados y vistiendo indumentaria policial, entre ellos el señor BRAYAN ALEXANDER VÁSQUEZ MARTEL, quien portaba un revólver calibre 9mm, del cual no tenía permiso de portación, llegaron a bordo de un vehículo tipo turismo, color gris, dirigiéndose a varias viviendas del sector, derrumbando puertas a patadas y sacando mediante amenazas de sus casas de habitación a los señores: SELVIN LENIN CUELLAR, JOHAN ZELAYA PALMA, ALEX LEONARDO ZELAYA MATUTE, OSCAR ROLANDO MARADIAGA, MARÍA ELENA CERRATO, WILLIAN ADONAY ZELAYA Y ÁNGEL JAVIER ORDOÑEZ COREA, quienes en ese momento dormían, por lo que algunos de ellos estaban en ropa interior, los llevaron al patio de una de las viviendas, donde los arrodillaron, los colocaron de espalda y acto seguido les dispararon con armas de fuego, tipo fusil calibre 5.56X45MM, fusil 56/3.23 y revolver 9mm, causándoles heridas en diferentes partes del cuerpo que les ocasionaron la muerte de manera inmediata; excepto al señor ÁNGEL JAVIER ORDOÑEZ COREA, que en un intento de salvar su vida rodó pendiente abajo tratando de huir, no obstante, fue alcanzado y rematado en un callejón aledaño a la escena principal. TERCERO: Posteriormente, el señor BRAYAN ALEXANDER VASQUEZ, y sus acompañantes se fueron del lugar, ocultaron las armas que habían utilizados en la masacre, así como el vehículo en el que habían llegado y huido; varios vecinos del sector dieron características a la policía tanto del automotor, como de los participantes, por lo de que inmediato se organizaron operativos en distintas partes de la ciudad logrando como resultado la captura del señor BRAYAN ALEXANDER VÁSQUEZ MARTEL, a quien le fue decomisado su teléfono celular con número 9804-3460, del cual se sustrajeron varias conversaciones vía whatsapp, videos, fotos, registros de llamadas, que lo incriminaron como partícipe en los hechos ante descritos. CUARTO: Asimismo, debido a varias denuncias sobre múltiples hechos delictivos, el señor BRAYAN ALEXANDER VÁSQUEZ MARTEL ya estaba bajo investigación de la policía, determinándose que se trataba de un miembro activo de la pandilla 18 que se dedicaba al sicariato, cobro de impuesto de guerra, manteniendo a su disposición armas para cometer ilícitos, operando en el sector de "El Pedregal", "Los Laureles" "19 de Septiembre" de esta ciudad de Tegucigalpa.” III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: Infracción por aplicación indebida del Precepto contenido en el artículo 332-B del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO La norma sustantiva aplicada indebidamente es el articulo 332-B del Código Penal que establece: “…..Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivos y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de fuego personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial. En cuanto al artículo 332-B del Código Penal consideramos que se ha aplicado incorrectamente por parte del Tribunal de Sentencias, al no haberse aplicado lo que establece el artículo 2 del Decreto Legislativo No.184-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el cinco de octubre del mismo año; y que fuera ampliado por seis meses más mediante el Decreto No-60-2015 publicado en el Diario Oficial la Gaceta con el No-33,829 de fecha 8 de septiembre de 2015 referente a la Veda de Armas, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, al no considerar dicho Tribunal la aplicación de este Decreto al caso sub judice. EL Tribunal en referencia declaro como probados los siguientes hechos: "PRIMERO: Entre los días 22 y 23 de noviembre de 2015, el señor BRAYAN ALEXANDER VASQUEZ MARTEL, miembro del grupo denominado "Mara 18" y conocido con el alias de "PUNISHER", junto a otras personas integrantes de la misma pandilla decidieron atacar a varios jóvenes residentes en la colonia 19 de septiembre, sector conocido como "El infiernito", Comayagüela, a quienes consideraron rivales por supuestamente pertenecer a otra pandilla, por lo cual, se abastecieron de armas de fuego de grueso calibre así como de revolver calibre 9mm, realizaron reconocimientos y localizaciones de las viviendas, tomando fotografías y videos, asimismo se comunicaban entre sí vía telefónica para coordinar el momento, y la forma como ejecutarían a sus objetivos. SEGUNDO: En fecha 25 de noviembre del año 2015, a eso de las 4:00 a.m. en el mismo sector de la colonia 19 de septiembre, varios hombres armados vistiendo indumentaria policial, entre ellos el señor BRAYAN ALEXANDER VASQUEZ MARTEL, quien portaba un revolver calibre 9mm del cual no tenía permiso de portación, llegaron a bordo de un vehículo tipo turismo color gris dirigiéndose a varias viviendas del sector, derrumbando puertas a patadas sacando mediante amenazas de sus casas de habitación a los señores SELVIN LENIN CUELLAR, JOHAN ZELAYA PALMA, ALEX LEONARDO ZELAYA MATUTE, OSCAR ROLANDO MARADIAGA, MARIA ELENA CERRATO, WILLIAN ADONAY ZELAYA Y ANGEL JAVIER ORDONEZ COREA, quienes en ese momento dormían, por lo que algunos de ellos estaban en ropa interior, los llevaron al patio de una de las viviendas, donde los arrodillaron, los colocaron de espalda y acto seguido les dispararon con armas de fuego, tipo fusil calibre 5156x45MM, fusil 56/33.23 y revolver 9mm causándoles heridas en diferentes partes del cuerpo que les ocasionaron la muerte de manera inmediata; excepto al señor ANGEL JAVIER ORDOÑEZ COREA, que en un intento de salvar su vida rodó pendiente abajo tratando de huir, no obstante, fue alcanzado y rematado en un callejón aledaño a la escena principal. TERCERO: Posteriormente, el señor BRAYAN ALEXANDER VASQUEZ, y sus acompañantes se fueron del lugar, ocultaron las armas que habían utilizado en la masacre, así como el vehículo en el que habían llegado y huido; varios vecinos del sector dieron características a la policía tanto del automotor, como de los participantes, por lo que de inmediato se organizaron operativos en distintas partes de la ciudad logrando como resultado la captura del señor BRAYAN ALEXANDER VASQUEZ MARTEL, a quien le fue decomisado un teléfono celular con numero 9804-3460, del cual se sustrajeron varias conversaciones vía whatsapp, videos, fotos, registros de llamadas que Io incriminaron como participe en los hechos antes descritos. CUARTO: Asimismo debido a varias denuncias sobre múltiples hechos delictivos el señor BRAYAN ALEXANDER VASQUEZ MARTEL ya estaba bajo investigación de la policía, determinándose que se trataba de un miembro activo de la pandilla 18 que se dedicaba al sicariato, cobro de impuesto de guerra, manteniendo a su disposición armas para cometer ilícitos, operando en el sector de "El Pedregal", "Los Laureles", "19 de Septiembre" de esta ciudad de Tegucigalpa. Al analizar el contenido de los cuatro hechos probados se observa que el tribunal no aplico como referimos anteriormente el artículo 2 del Decreto 184-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013 publicado el cinco de octubre del mismo año, y que fuera ampliado por seis meses mas mediante el Decreto 60-2015 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de septiembre de 2015, el que deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en los artículos 332-B del Código Penal.- Desde ese punto de vista se puede sostener que el Estado al dictar una nueva norma ha decidido cambiar el sentido de aquella de la manera mas favorable, lo que da lugar a que los supuestos del hecho realizado se beneficien de esta nueva orientación de la política legislativa y criminal. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en casos similares ha manifestado: Si bien es cierto el Decreto no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la Portación Ilegal de Armas, importa una derogatoria tacita temporal derivada de la naturaleza de la norma intermedia pues si entendiéramos que la pretensión del Legislador era dejar vigente el artículo 332-B del Código Penal, al regir tanto el artículo 2 del Decreto 69-2007, aun las personas que hubieran acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de Portación Ilegal de Armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el Decreto 184-13 como la ampliación por seis meses mas otorgado por la disposición intermedia. Así se desprende del contenido del precepto autorizante (artículo 360 Código Procesal Penal) cuando dice: "habrá lugar al recurso de casación por Infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal, en el caso de autos el artículo 332-B del Código Penal vigente; no tomándose en cuenta la aplicación del Decreto 60-2015 de veda en la sentencia proferida por el A-quo, en vista de la declaración vertida por el testigo protegido "petra" quien entre otras cosas manifestó que."……..andaban siete hombres armados, entraron dos con pistola corta y nos apuntaron con las mismas………pude ver a alguien, al que miré no lo recocí………..El testigo mediante reconocimiento fotográfico reconoció la fotografía número 1, que correspondía al acusado Brayan Alexander Vásquez, no tomándose en cuenta que en esa fecha 22 y 23 de noviembre de 2015 estaba vigente dicho Decreto y por ende en suspenso el artículo 332-B del Código Penal, donde establecía por el termino de un (1) año la veda para toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego de uso comercial y que no tuviera factura de venta de la Armería, procediera a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad (arma 9mm)y asimismo durante este termino de veda de un año, las personas que tuvieran en su poder armas donde tuvieran documentación que los acreditara como dueños, para que fueran registradas ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia (9mm). Examinado lo anterior, somos del criterio que en los casos de recurso de casación por Infracción de Ley, como el presente, por disposición del artículo 369 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación en ningún caso podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados, sin embargo, mientras estos no se modifiquen, es posible revisar su encuadramiento a las normas jurídicas aplicadas; siendo esta la pretensión del presente recurso de casación en el que la decisión del Juzgador no se ajusta a las previsiones del legislador al regular una veda en la Portación ilegal de armas de fuego; debiéndose para tal efecto declarar sin lugar el fallo contra mi representado Brayan Alexander Vásquez Martel por el delito de Portaron ilegal de Arma de Fuego de uso comercial (9mm) en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERNA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Pretendiendo para tal efecto que se anule la sentencia del A-quo por ese delito y que se declare con lugar el recurso de casación por Infracción de Ley, interpuesto por haberse infringido el Decreto 60-15 de fecha 8 de septiembre de 2015 supra indicado.” IV. Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Único Motivo Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 332-B del Código Penal. Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de portación ilegal de armas. Pretensión: que se anule la sentencia por el delito de portación ilegal de armas Explicó el recurrente que al analizar el contenido de los hechos probados, se observa que el Tribunal Sentenciador no aplicó el artículo 2 del decreto 184-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013 y que fuera ampliado por 6 meses mediante decreto 60-2015 publicado en el diario oficial la gaceta en fecha 08 de septiembre de 2015, el que deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el decreto 332-B del Código Penal; tal como lo ha establecido la Sala de lo Penal en su sentencia de fecha SP 48-2009. De los decretos legislativos de gracia o de “veda” o “amnistía” El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003. Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigor precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. g. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. h. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. i. Decreto No. 052-2017: El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los decretos legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal. A. Sala de lo Constitucional: en sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los expedientes números 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B. Sala de lo Penal: a partir del año 2018, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico, el Decreto Legislativo060-2015, constituye una prórroga del Decreto Legislativo 063-2014, el cual a su vez, constituye resolución legislativa de prórroga del Decreto Legislativo 184-2013, con cuya vigencia se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general, no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. El Decreto No. 060-2015 (tema del Recurso de Casación que nos ocupa), se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Para efecto de elaborar una exposición sistemática de la relevancia jurídico-penal de la acción realizada por el señor Brayan Alexander Vásquez Martel, es necesario abordar el contenido el artículo 332-B del Código Penal, el cual establece que quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial. Asimismo, mediante el decreto legislativo 063-2014 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 06 de noviembre de 2014, prorrogado en su vigencia por un periodo de 6 meses mediante el decreto legislativo 60-2015, contados a partir de su fecha de vencimiento, es decir, con una temporalidad que abarca hasta el 31 de diciembre de 2015, el legislador dispuso un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego uso comercial la pueda legalizar aunque no posea factura de venta de La Armería, con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura. Los hechos probados de la sentencia en relación al delito de portación ilegal de armas en resumen establecen que en fecha 25 de noviembre del 2015 a eso de las 4 de la tarde en la colonia 19 de septiembre, varios hombres armados con indumentaria policial, entre ellos el imputado Brayan Alexander Vásquez Marte quien portaba un revolver calibre 9mm y del cual no tenía permiso de portación, llegaron a varias viviendas del sector y sacaron de sus casas a los ofendidos María Elena Cerrato, Alex Leonardo Zelaya Matute, Johan Enrique Zelaya Palma, Selvin Lenin Cuellar, Oscar Rolando Maradiaga, Ángel Javier Ordóñez Corea y Willian Adonay Zelaya Matute y les dispararon en diferentes partes del cuerpo que les ocasionó la muerte; el recurrente considera que el referido decreto legislativo es aplicable a la materia penal y mediante el cual no procede la aplicación del artículo 332 B del Código Penal pues el decreto 60-2015 deja en suspenso dicha normativa penal y por tanto procede su aplicación retroactiva. En un primer momento la Sala de lo Penal estableció un criterio al respecto, que es a lo que hace alusión el recurrente al citar la sentencia SP 48-2009 de fecha 08 de noviembre del 2012, pero que no constituye jurisprudencia pues es la única sentencia que se refiere en ese sentido, ahora la Sala de lo Penal ha tenido a bien analizar su postura inicial y establecer jurisprudencia en el sentido de que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus posteriores prórrogas (en este caso, el Decreto Legislativo 60-2015) es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de la Armería pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro del parque de armas para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y sus posteriores prórrogas, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también, deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende según el fáctum de la sentencia, que el acusado utilizando arma de fuego y sin permiso para portarla, la utilizó para que junto a otros acompañantes, le quitaran la vida a 7 personas quienes se encontraban en sus casas muchos de ellos durmiendo y que el acusado junto con sus coautores botando puertas y con indumentaria militar ingresaron a sus hogares para cometer tal atroz hecho; las circunstancias del día, hora y lugar de la detención, así como las actividades que realizaba el acusado durante su detención, permiten colegir objetivamente que la intencionalidad de éste no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su registro, por lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332-B del Código Penal, el cual aplicó correctamente el Sentenciador, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Conforme los hechos probados el acusado Brayan Alexander Vásquez Martel, es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, pues portaba al momento de suscitarse los hechos un arma de fuego tipo revolver 9mm, sin contar con el permiso expedido por la autoridad competente. Tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. V. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la Defensa Pública. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Brayan Alexander Vásquez Martel que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83, declaró responsable al acusado Brayan Alexander Vásquez Martel, de: 1. Delito: Asesinato Ofendidos: María Elena Cerrato, Alex Leonardo Zelaya Matute, Johan Enrique Zelaya Palma, Selvin Lenin Cuellar, Oscar Rolando Maradiaga, Ángel Javier Ordóñez Corea y Willian Adonay Zelaya Matute. Pena:25 años por cada delito, lo que hace un total de 175 años 2. Delito: Asociación Ilícita Ofendido: La seguridad interior del Estado de Honduras Pena: 16 años 4 meses de reclusión 3. Delito: Portación ilegal de armas Ofendido: La Seguridad Interior del Estado de Honduras Pena: 4 años 6 meses de reclusión Todo conforme al concurso real hace un total de 195 años 10 meses de reclusión. Penas Accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Se declaró la responsabilidad civil del acusado. En cuanto al decreto 130-2017 las acciones cometidas por el acusado Brayan Alexander Vásquez Marte se enmarcarían así: 1. Artículo: 193 Delito: Asesinato Ofendidos: María Elena Cerrato, Alex Leonardo Zelaya Matute, Johan Enrique Zelaya Palma, Selvin Lenin Cuellar, Oscar Rolando Maradiaga, Ángel Javier Ordóñez Corea y Willian Adonay Zelaya Matute. Pena: 20 a 25 años de prisión por cada ofendido 2. Artículo: 554 Delito: Asociación para delinquir Ofendido: La seguridad interior del Estado de Honduras Pena:Para simples integrantes 6 a 10 años de prisión mas Multa de 100 a 500 días 3. Artículo: 580 numeral 1 Delito: Portación ilegal de armas Ofendido: La Seguridad Interior del Estado de Honduras Pena: 1 a 4 años de prisión, mas localización permanente hasta 2 años Al hacer la suma de las penas máximas y mínimas con el nuevo código penal decreto 130-2017, nos da un resultado de penas mínimas de 147 años y como penas máximas de 189 años, vemos que con el viejo código penal decreto 144-83 el total de las penas impuestas al acusado Brayan Alexander Vásquez Martel es de 195 años 10 meses, lo cual excede el término máximo de penas del decreto 130-2017. Ahora bien es necesario revisar el limite objetivo extraordinario que en el Código Penal derogado decreto 144-83 el acumulado de penas era de 30 años y en la nueva ley penal decreto 130-2017 es de 40 años; por lo que resulta más beneficioso para el acusado Vásquez Martel ser condenado con la disposiciones del código penal derogado, pues solo tendrá que cumplir 30 años de penas acumuladas y con el nuevo código tendría que cumplir 40, por tanto no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 332-B del Código Penal decreto 144-83; 616 Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, en su condición de defensor público del señor Brayan Alexander Vásquez Martel a quien se le condenó por los delitos de: Asesinato en perjuicio de María Elena Cerrato, Alex Leonardo Zelaya Matute, Johan Enrique Zelaya Palma, Selvin Lenin Cuellar, Oscar Rolando Maradiaga, Ángel Javier Ordóñez Corea y Willian Adonay Zelaya Matute; Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción y Competencia Nacional Territorial. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.. Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada Coordinadora José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado. Rafael Bustillo Romero Magistrado. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Secretaria General”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veintidós. Certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-246-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
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