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Sentencia CP-238-18 — Registro 14721

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por los delitos de como autor del delito de Adquisición de Vehículo Robado y Transporte Ilegal de Arma de Fuego Prohibida, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Motivo no es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente en algunas partes de su impugnación no utilizó la técnica recursiva adecuada para argumentar su posición, pues transcribe como motivo de casación parte del numeral 1 del artículo 362 de nuestra ley procesal, el cual contiene varios supuestos, mismos deben ser planteados de forma separada tal como lo establece el artículo 363 del Código Procesal Penal, pues un motivo refiere a la claridad y contundencia de los hechos probados y otro muy diferente es la contradicción del cuadro fáctico, la técnica casacionista requiere que los mismos sean presentados de forma separada para evitar la confusión de los motivos, tal como ocurre en el presente caso que el censor establece que hay contradicción de los hechos sin establecer de forma detallada cuales son esas refutaciones. En parte de su recurso el censor refiere que los hechos probados no son claros pues relatan que los agentes policiales, a quienes vieron portando el arma AK47 fue al otro coimputado y que el acusado Osman Uvence únicamente manejaba el automotor, que solo fue decomisada un arma de fuego y que por ello el tipo penal no puede ser ejecutada de manera simultánea por mas de una persona. Al respecto considera esta Sala de Casación que el sentenciador conformó los hechos probados totalmente claros y contundentes, pues realizó un relato coherente, sistemático que ubica al lector en tiempo y espacio, que es posible identificar en ellos los sujetos activos del delito y las acciones a ellos adjudicadas; en primer lugar está muy alejado de la verdad la argumentación del impetrante que establece que, por decomisarse solo un arma de fuego de uso prohibido no podía condenarse a ambos acusados; recordemos que el delito por el cual fueron considerados culpables ambos acusados es el de transporte de arma de fuego es decir, el verbo rector que utilizó el sentenciador para enmarcar la conducta de los acusados no implica que solo pueda ser cometido por una sola persona, pues el transporte de arma de fuego de uso prohibido puede significar el traslado de una arma hasta de miles de ellas y la persona o las personas que sean sorprendidas trasladando dichas armas serán acusadas no de portarlas, que ese verbo rector si es personalísimo, sino de transportarlas mismo que pueden realizarlo una o varios individuos. Así las cosas, considera esta Sala de lo Penal que los hechos probados fueron relatados con toda claridad y precisión, razones suficientes para desestimar el primer motivo de casación..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El Motivo no es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para hacer valer su impugnación; en primer lugar establece que se violentaron las reglas establecidas para el juicio oral y público y tal como lo explicamos en el apartado anterior, estas reglas se refieren  a la aplicación de los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración, pero el censor no señala sobre qué principio se quebrantaron las reglas establecidas para el juicio oral y señaló el artículo 322 referente a la conformidad del acusado con la acusación como norma procesal supuestamente violentada. El censor centra su argumento en que existió fraude de ley pues el señor Osman Uvence Rosales Díaz fue condenado por el delito de transporte de armas de fuego prohibidas y a su criterio al haberse decomisado solo un arma y ser dos capturados, no podrían condenarse a ambos por este delito pues considera que solo puede ser cometido por una sola persona. Esta Sala de Casación considera que, si la intención del impetrante era denunciar fraude de ley sustantiva, no ha utilizado la vía recursiva adecuada, pues el recurso de casación idóneo para revisar las leyes sustantivas que haya utilizado el Juzgador para encuadrar la acción del imputado, debe ser impugnada a través del recurso de casación por infracción de ley. Es importante destacar que, cuando la parte hayan llegado a un acuerdo de estricta conformidad, el Tribunal de Sentencia debe asegurarse que los imputados fueron debidamente instruidos sobre las consecuencias de lo que implica esa figura procesal, tal como ocurrió en la presente causa pues al revisar el acta de debate ambos acusados manifestaron su voluntad de someterse a la misma; los argumentos del censor respecto de que el delito de transporte de armas de fuego prohibidas solo puede ser cometido por una persona, pues en la escena solo se decomisó un arma, es una posición totalmente errada pues dicho delito puede ser cometido por una o varias personas no importando la cantidad de armas decomisadas, pues no nos referimos al delito de portación ilegal de armas el cual solo puede ser cometido por la persona que portaba el arma, argumento que también fueron debidamente contestados en el motivo anterior. Así las cosas, considera esta Sala de lo Penal que en ningún momento se violentaron las reglas establecida para el juicio oral por lo que, este motivo de casación debe ser desestimado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada de los acusados Osman Uvence Rosales Diaz y Fredis Hernández Petit que expusieran cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83, declaró responsable a los acusados: 1. Osman Uvence Rosales Díaz a) Delito: Adquisición de Vehículo robado Pena: 9 años de reclusión Se declara la responsabilidad civil b) Delito: Transporte ilegal de Arma de Fuego prohibida (AK47) Pena:               8 años de reclusión más multa 5000 lempiras exactos Penas Accesorias: Inhabilitación absoluta e interdicción civil No se declara responsabilidad civil por este delito 2.Fredis Hernández Petit a) Delito: Transporte ilegal de armas de fuego prohibidas Pena: 8 años de reclusión mas multa de 5000 lempiras exactos No se declara responsabilidad civil Penas accesorias: Inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017, el delito de adquisición de vehículo robado desapareció, sin embargo, encontramos la figura penal del delito de receptación en el artículo 438 el cual establece que, quien con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo o recibe, adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que procede los bienes o efectos rebajada en un tercio (1/3); en el presente caso los hechos probados relatan que el ofendido Javier Alfonso Salazar Romero dejó estacionado su vehículo en el mall Galerías del Valle de la ciudad de San Pedro Sula, al regresar por su carro el mismo ya no se encontraba, días después se encontró al imputado Osman Uvence Rosales en posesión del vehículo a sabiendas de que el mismo era robado; conforme a la nueva legislación penal los hechos probados relatan los mismos elementos objetivos del tipo penal de receptación, pues el ahora acusado con ánimo de lucro el cual se deduce pues conducía el vehículo, además sabía que el carro había sido obtenido de forma ilegal y a pesar de ello lo adquirió, por lo que debe ser castigado con la pena que corresponda al delito rebajada en 1/3, en este caso los hechos probados no establecen que se utilizó la fuerza o violencia para apropiarse el vehículo por tanto nos enfrentamos a un delito de Hurto conforme lo regula el artículo 357 de la nueva ley penal, el cual establece que quien con ánimo de lucro para si o para un tercero y sin consentimiento, se apodera de una cosa mueble ajena cuyo valor exceda de 5000 lempiras debe ser castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años; si bien el cuadro fáctico no establece la cuantía del vehículo hurtado, si relaciona las características del mismo como un marca Ford, modelo escape tipo camioneta color azul y año 2008, de lo que se deduce que su valor excede los 5 mil lempiras sin necesidad que así lo establezcan los hechos; por lo que se puede aplicar las acciones de la receptación con la pena del hurto pero rebajada en 1/3, por lo que la nueva pena oscilaría entre 2 a 6 meses de reclusión. En el caso del delito de Tráfico de Armas de Fuego prohibida el mismo está regulado en el artículo 582 de la nueva ley penal que establece que, quien sin autorización… transporte… armas de fuego, municiones, explosivos… debe ser castigado con la pena de prisión de 8 a 12 años y multa de mil a dos mil días y localización permanente hasta por 10 años. En conclusión y conforme la nueva legislación penal decreto 130-2017 los imputados serian condenados así: 1. Osman Uvence Rosales Díaz a) Delito: Receptación Pena: 2 a 6 meses de prisión Se declara la responsabilidad civil. Pena accesoria: Suspensión de la ciudadanía b) Delito: Tráfico Ilícito de Armas Pena: 8 a 12 años de prisión, multa 1000 a 2000 días, más localización permanente hasta por 10 años, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta por el doble de la pena de prisión; pena de privación al derecho de la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión. Penas Accesorias: inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía 2. Fredis Hernández Petit Delito: Tráfico Ilícito de Armas Pena: 8 a 12 años de prisión, multa 1000 a 2000 días, más localización permanente hasta por 10 años. Penas Accesorias: inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía. En el presente caso y en relación al imputado Fredis Hernández Petit, la pena de prisión por la cual fue condenado conforme al decreto 144-83 es de 8 años por el delito de Transporte ilícito de Armas, por lo que se encuentra dentro del margen de la pena abstracta que regula el nuevo Código Penal, además la nueva legislación prevé una pena de multa mayor a la que fue condenado y agrega como pena la localización permanente, por tanto no procede en su caso la aplicación retroactiva del decreto 130-2017, pues lejos de perjudicar al acusado le perjudica. En cuanto al acusado Osman Uvence Rosales Díaz, conforme la legislación penal derogada y si sumamos las penas de los delitos condenados tendría que cumplir una pena total de 17 años de prisión y una multa de 5 mil lempiras por los delitos de adquisición de vehículo robado y transporte de armas de fuego ilegales, pero conforme a la nueva ley penal decreto 130-2017 si sumamos las penas de receptación y tráfico ilícito de armas en total osciliaria una pena de 10 años 6 meses a 12 años de prisión y multa de 1000 a 2000 días, más la pena de localización permanente hasta por 10 años; la nueva ley regula además la imposición de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta por el doble de la pena de prisión; así mismo se debe imponer una pena de privación al derecho de la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión; resultando más beneficioso para este acusado la nueva ley penal, por lo que, en el caso del imputado Osman Uvence Rosales Díaz procede la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal decreto 130-2017. Para la aplicación de la pena concreta del acusado Rosales Díaz y en relación al delito de Receptación esta Sala de lo Penal debe tomar en consideración si existen agravantes o atenuantes (Artículo 31 y 32 del nuevo Código Penal) pero además lo regulado en el artículo 70 numeral 1, inciso a) que establece que en los delitos dolosos se determinará la pena, tomando en consideración si hay o no agravantes o atenuantes, en esos casos la pena se fija dentro del marco establecido en la ley en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, en el caso sometido a análisis no se encuentran atenuantes ni agravantes, pero de la dinámica y gravedad de los hechos se deduce una mediana peligrosidad del imputado Osman Uvence Rosales Díaz, por lo que corresponde imponer una pena entre el límite mínimo y el límite medio de la pena señalada, por tanto corresponde imponer una pena de 3 meses de prisión. En relación al delito de Tráfico Ilícito de Armas y tomando en consideración las mismas circunstancias arriba detalladas, al no existir atenuantes ni agravantes, pero si una mediana peligrosidad corresponde imponer una pena 9 años de reclusión, una multa de mil doscientos días a razón de 20 lempiras por día, haciendo un total de veinticuatro mil lempiras (L 24,000.00) de multa; en cuanto a la pena de localización permanente se imponen 4 años, pero además la nueva ley regula la imposición de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta por el doble de la pena de prisión; así mismo se debe imponer una pena de privación al derecho de la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión, hasta que la misma se haya extinguido completamente. .."

Legislación citada

  • Decreto 184-2013, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días de agosto de dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-238-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Osman Uvence Rosales Díaz, como autor del delito de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio del señor Javier Alfonso Salazar Romero, a la pena de nueve años de reclusión. Segundo: Se declaró al señor Osman Uvence Rosales Díaz, civilmente responsable de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito de Adquisición de Vehículo Robado, por el que es condenado. Tercero: Condenó al señor Osman Uvence Rosales Díaz, como autor del delito de Transporte Ilegal de Arma de Fuego Prohibida (AK-47), en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho años de reclusión, más una multa de cinco mil Lempiras exactos. Cuarto: No se declaró la responsabilidad civil del señor Osman Uvence Rosales Díaz, civilmente responsable de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito de Transporte Ilegal de Arma de Fuego Prohibida (AK-47). Quinto: Condenó al señor Osman Uvence Rosales Díaz, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Sexto: Condenó al señor Fredis Hernández Petit, como autor del delito de Transporte Ilegal de Arma de Fuego Prohibida (AK-47), en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho años de reclusión, más una multa de cinco mil lempiras exactos. Séptimo: No se declaró al señor Fredis Hernández Petit, responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito de Transporte Ilegal de Arma de Fuego Prohibida (AK-47). Octavo: Condenó al señor Fredis Hernández Petit, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Noveno: Se decretó el comiso de un arma de fuego tipo fusil, fabricada en Rusia, Modelo AK-47, calibre 7.62x39 mm, número de serie 1973754785, con su respectivo cargador metálico curvo, arma de fuego en buen estado de funcionamiento mecánico operativo y por ende capaz de efectuar disparos con la munición o cartuchería del calibre para la cual fue fabricada, la cual deberá ser destruida en la fase de ejecución de la sentencia. Décimo: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado Denie Estuardo Lorenzana, en su condición de defensor privado del imputado Osman Uvence Rosales Díaz. Son partes en la única instancia: El Abogado Denie Estuardo Lorenzana, en su condición de defensor privado del señor Osman Uvence Rosales Díaz, como parte recurrente y la Abogada Karen Lizeth Martínez Ponce, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: En fecha diez de marzo del año dos mil dieciséis en horas de la tarde el señor Cristian Javier Salazar Bonilla dejo el vehículo marca Ford, modelo Escape tipo camioneta color azul, con placa PDE8041, año 2008 propiedad del señor Javier Alfonso Salazar Romero en el estacionamiento del Mall Galerías del Valle de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés y luego se fue para el cine de donde salió a las nueve de la noche por lo que dirigiéndose al estacionamiento a buscar el vehículo se llevó la sorpresa que el vehículo propiedad del señor Javier Alfonso Salazar Romero ya no estaba en el lugar donde lo había dejado estacionado por lo que de manera inmediata procedió a interponer la correspondiente denuncia ante la Dirección General de Investigación Criminal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; registrándose esta bajo el número 4868.- El día diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis como a eso de las cuatro con veinticinco minutos de la tarde elementos de la Policía Nacional Preventiva del Municipio de Saba, Colón se encontraban a bordo de una Motocicleta Policial realizando patrullaje de rutina en el barrio el centro de la ciudad de Saba, Colón; cuando en eso recibieron una llamada telefónica del Policía de Servicio donde se les informó que en el sector de del Jagüillo andaba una camioneta color azul de forma sospechosa por lo que de inmediato la Policía se desplazó al sector indicado en la búsqueda de la camioneta no encontrándola en ese momento pero es así que cuando venían de regreso al barrio el centro observaron que en la gasolinera Texaco Bascha de Saba, Colón estaba estacionado un vehículo con las mismas características que les habían informado, motivo por el cual los policías procedieron a acercarse al vehículo para efecto de requerir a las personas que andaban a bordo del mismo, pero estos al observar la presencia policial arrancaron el vehículo dándose a la fuga con dirección a la otra gasolinera de la Texaco Bascha, por lo que miembros de la Policía Nacional Preventiva les dieron persecución pudiendo observar que la persona que iba sentada de copiloto levantó un arma de fuego de grueso calibre, lo que obligó a los miembros policiales a disminuir la velocidad de la motocicleta que andaban logrando con la persecución que el vehículo se estacionara en las cercanías de la gasolinera Texaco Bascha donde la Policía Nacional Preventiva procedió a solicitarles que se bajaran del vehículo automotor logrando así requerir a Fredis Hernández Petit y al conductor del vehículo automotor al señor Osman Uvence Rosales Díaz, quien había adquirido el vehículo marca Ford Escape tipo camioneta color azul, con placa PDE8041, año 2008 con conocimiento efectivo de que el mismo había sido objeto de robo al señor Javier Alfonso Salazar Romero; una vez que ambos ciudadanos fueron plenamente identificados la autoridad policial se procedió al registro del vehículo marcar Ford, modelo Escape tipo camioneta color azul, con placa PDE8041, año 2008 en el cual se conducían los señores Osman Uvence Rosales Díaz y Fredis Hernández Petit encontrando en el piso del asiento trasero del vehículo un arma de fuego en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, la cual presentaba como características que era tipo fusil, fabricado en Rusia, modelo AK-47, calibre 7,62x39 mm número de serie 1973754785, con su respectivo cargador metálico curvo conteniendo en su interior veintitrés cartuchos golleteados, aparente material ferroso, calibre 7,62x39 mm sin percutir; por lo que de manera inmediata la Autoridad Policial procedido al decomiso de la misma y en consecuencia los señores Osman Uvence Rosales Díaz y Fredis Hernández Petit junto a la evidencia decomisada fueron puestos a la orden a la orden de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la ciudad de Tocoa, Departamento de Colón quienes a su vez los pusieron al orden del Ministerio Público y este a la orden de la Autoridad Judicial competente.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: "Que la declaración de hechos probados no sea clara y terminante o que sea contradictoria”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. El Tribunal recurrido al fallar la presente causa estableció como hechos probados los siguientes: PRIMERO: En fecha diez de marzo del año dos mil dieciséis en horas de la tarde el señor Cristian Javier Salazar Bonilla dejo el vehículo marca Ford modelo escape tipo camioneta color azul con placa PDE-8041, año 2008 propiedad del señor Javier Alfonso Salazar Romero en el estacionamiento de mall galerías del valle de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes y luego se fue para el cine de donde salió a las nueve de la noche por lo que dirigiéndose al estacionamiento a buscar el vehículo se llevó la sorpresa que el vehículo propiedad del señor Javier Alfonso Salazar Romero ya no estaba en el lugar donde lo había dejado estacionado por lo que de manera inmediata procedió a interponer la correspondiente denuncia ante la Dirección General de Investigación Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortes; Registrándose esta bajo el número 4868. El día diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis como a eso de las cuatro con veinticinco minutos de la tarde elementos de la Policía Nacional Preventiva del municipio de Saba, Colón se encontraban a bordo de una motocicleta policial realizando patrullaje de rutina en el barrio el centro de la ciudad de Saba, Colon; Cuando en eso recibieron una llamada telefónica del policía de servicio donde se les informo que en el sector de Jagüillo andaba una camioneta de color azul de forma sospechosa por lo que de inmediato la policía se desplazó al sector indicado en la búsqueda de la camioneta no encontrándola en ese momento pero es así que cuando venían de regreso al barrio el centro observaron que en la gasolinera texaco bascha de Saba, Colón estaba estacionado un vehículo con las mismas características que les habían informado, motivo por el cual los policías procedieron a acercarse al vehículo para efecto de requerir a las personas que andaban a bordo del mismo, pero estos al observar la presencia policial arrancaron el vehículo dándose a la fuga con dirección a la otra gasolinera de la Texaco bacha, por lo que los miembros de la Policía Nacional Preventiva les dieron persecución pudiendo observar que la persona que iba sentada de "copiloto levanto un arma de fuego de grueso calibre lo que obligo a los miembros policiales a disminuir la velocidad de la motocicleta que andaban logrando con la persecución que el vehículo se estacionara en las cercanías de la gasolinera texaco bacha donde la Policía Nacional Preventiva procedió a solicitarles que se bajaran del vehículo automotor logrando así requerir a Fredis Hernández Petit y al conductor del vehículo automotor el señor Osman Uvence Rosales Díaz, quien había adquirido el vehículo marca Ford, modelo escape tipo camioneta color azul con placa PDE-8041 año 2008 con conocimiento efectivo de que el mismo había sido objeto de Robo al señor Javier Alfonso Salazar Romero; Una vez que ambos ciudadanos fueron plenamente identificados la autoridad policial se procedió al registro del vehículo marca Ford, modelo escape tipo camioneta color azul con placa PDE-8041 año 2008 en el cual se conducían los señores Osman Uvence Rosales Díaz y Fredis Hernández Petit encontrando en el piso del asiento trasero del vehículo un arma de fuego en buen estado de funcionamiento mecánico operativo la cual presen taba cono características que era tipo fusil, fabricada en Rusia, modelo AK-47, calibre 7, 62x39 mm número de serie 1973754785, con su respectivo cargador metálico curvo conteniendo en su interior veintitrés cartuchos golleteados aparente material ferroso, calibre 7, 62x39 mm sin percutir; Por lo que de manera inmediata la Autoridad Policial procedió al decomiso de la misma y en consecuencia los señores Osman Uvence Rosales Díaz y Fredis Hernández Petit junto a la evidencia decomisada fueron puestos a la orden de la Direccion Nacional de Investigacion Criminal de la ciudad de Tocoa, Departamento de Colón quienes a su vez los pusieron al orden del Ministerio Público y este a la orden de la Autoridad Judicial competente. Como podéis observar Honorables Magistrados, el relato que hace el ente Juzgador en cuanto a la autoría de mi patrocinado no es claro ni terminante, pero a la vez es contradictorio, ya que el Tribunal establece en su hecho probado que los elementos de la "Policía Nacional al momento de ir en persecución del vehículo sospechoso logran observar que el copiloto levanto un arma de fuego de grueso calibre”, este aspecto es de crucial relevancia ya que el delito por el cual mi patrocinado viene siendo procesado es entre otro el transporte de un arma de fuego de uso prohibido, sin embargo este extremo se desvanece al establecer que quien sostenía el arma de fuego la única encontrada y decomisada era el copiloto, estableciendo además que mi patrocinado era el conductor del vehículo. Esta declaración de hechos probados ni es clara, ni mucho menos terminante, pero a la vez contradictoria. Según LÓPEZ ZUNIGA/FERNANDEZ ENTRALGO <<la declaración de los hechos probados son la base para que el juzgador aplique el presupuesto de hecho, ya que son esos acontecimientos que estructura el juzgador partiendo del análisis de las pruebas las que determinan la consecuencia jurídica y en consecuencia la absolución o condena del imputado>>, es decir que esta narración de los hechos probados realizada por el ente juzgador debe necesariamente establecer de manera precisa cual fue la conducta de mi cliente, en el caso del transporte del arma de fuego, no establece que era mi cliente quien transportaba dicha arma de fuego, solo refiere que quien fue observado sosteniendo el arma fue la persona que iba como copiloto, este extremo es de vital importancia pues es obligación del Juzgador valorar la conducta típica de manera individual, el tipo penal en cuestión exige determinar de manera precisa la acción ejecutada, ya que en el presente caso fue decomisada solo un arma de fuego, ello implica que la autoría del tipo penal no puede ser ejecutada de manera simultánea por más de una persona. En el caso subjudice el tribunal únicamente hizo una transcripción de lo narrado por el ente acusador en su requerimiento fiscal, sin detallar en ningún momento con sus propias palabras cada una de las acciones u omisiones penalmente relevantes de mi cliente, amen a ello se limitó a establecer que al haber aceptado la culpabilidad mi representado no procedía hacer una valoración de la prueba, sin hacer ningún tipo mención de como llego a la conclusión que en efecto el delito imputado fue cometido por ambos imputados de manera simultánea. Honorables magistrados, los Hechos probados son el sustento de la sentencia, si estos no están claramente definidos, pero demás si en sí mismos son contradictorios constituye una flagrante violación a lo preceptuado por nuestro ordenamiento jurídico, y es que esa declaración de hechos probados, constituye la subsunción de la conducta típica y por ende la consecuencia jurídica que de ella se deriva, en el caso particular el Tribunal debió haber establecido como mi cliente ejecuto el tipo penal de transporte de un arma de fuego de uso prohibido, cuando de la propia declaración de hechos probados se infiere que la única persona que podía tener y que de hecho tuvo en su poder durante fueron objeto de una persecución policial era la persona que iba de copiloto, el cual según las declaraciones fue el señor Fredis Hernández Petit. Así las cosas era obligación del Tribunal Sentenciador al observar que el delito en referencia materialmente no puede ser ejecutado de manera simultánea por más de una persona, que el mismo no fue decomisado a él, sino que estaba dentro del vehículo automotor y que la única persona que según las declaraciones fue vista con la portación material era el copiloto, debió haber absuelto de responsabilidad penal a mi representado y condenar a la única persona que aparte de haber aceptado su participación también es la única vista en portación material de la misma.” “SEGUNDO MOTIVO: "La inobservancia de las reglas establecidas en el Presente Código para la realización del juicio oral y público”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 5 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. Honorables Magistrados, la presente causa se ventilo por la supuesta conformidad entre las partes, digo supuesta porque aun y cuando tal como establece el acta de debate al momento de iniciar el juicio oral y público las partes por su orden manifestaron haber llegado a una estricta conformidad, mi representado fue objeto de una información errónea de parte de su defensa, ya que esta le manifestó que si se sometía al juicio oral y público ese día, iba ser condenado y la pena que se le impondría seria mayor a si aceptaba en ese momento su culpabilidad. Este extremo resulta difícil de acreditar en este momento, pero lo que si podemos esbozar es la observancia o no de las reglas del debate, sobre este particular el artículo 322 del C PP en sus párrafos segundo y tercero exigen al Tribunal sentenciador valorar si en el caso puesto a consideración para una estricta conformidad existe algún elemento que exima de responsabilidad a la persona imputada o si en su defecto hay violación de ley sustantiva o procesal, en la presente causa, mi representado estaba siendo procesado por un delito de transporte de arma de fuego de uso prohibido, delito este por el cual también estaba siendo juzgada una segunda persona, la cantidad de armas que habían sido decomisadas y por la cual se había presentado la acusación solo era una. El Tribunal sentenciador debió obligatoriamente analizar si el delito en cuestión dadas las características del hecho y con la información que hasta ese momento se tenía era posible haber sido ejecutado por más de una persona, ya que el hecho per se de encontrarse dentro de un vehículo automotor en el cual viajan varias personas ya pone bastante dificultad la determinación de quien puede ser la persona penalmente responsable de que la misma se encuentre allí, pero además al revisar la prueba circundante se puede establecer si en efecto varias personas pueden considerarse autoras de un delito cuando el objeto material del mismo es uno solo. La sentencia dictada por tribunal establece claramente en sus hechos probados que el arma en referencia fue manipulada ante s de la detención únicamente por la persona que iba de copiloto, además refiere que mi patrocinado era el conductor por lo que materialmente es imposible que el mismo hubiera podido ejecutar el delito de transporte, dada la especialidad del hecho, pero además resulta más complejo cuando de hecho el arma fue encontrada dentro del vehículo automotor. Este hecho era de obligatoria verificación de parte del Tribunal, si bien es cierto las partes al momento de la audiencia de juicio manifestaron que no existía fraude de ley sustantiva ni procesal, lo cierto es que no es necesario tener mayores conocimientos jurídicos para inferir que si existe en el presente caso un claro fraude de el Ministerio Publico en aras de garantizar una sentencia condenatoria uso de su experiencia, para obtener una sentencia que se aproximara a sus intereses poniendo en precario los derechos y garantías que le asisten a la persona procesada, por su parte la defensa demostró su poca experiencia manejar una defensa penal que garantizara a mi representado el efectivo goce de sus derechos y garantías. Es evidente a criterio de esta parte actuante que aun y cuando mi patrocinado manifestó de viva voz que aceptaba la estricta conformidad, el Tribunal no se tomó molestia analizar si dadas las características del caso resultaba materialmente posible o no, que el delito de transporte de arma de fuego de uso prohibido podía ser ejecutado por más de una persona, o si cabía una posible coautoría, nuestra normativa penal exige que para que se dé una coautoría los involucrados se deben de repartir las funciones, en un delito contra la vida este extremo es fácil de establecer, sin embargo en un delito de transporte o portación ilegal de arma de fuego, cuando la cantidad de armas solo es una, es sumamente complejo, y si a ello consideramos que dos personas están manifestando de viva voz haberla ejecutado necesita una valoración más profunda, en el presente caso existe un tercer elemento con el que conto en todo momento el tribunal y es una declaración que certifica que al momento de dar persecución al vehículo automotor identificaron que el copiloto sostenía un arma en su poder, ello simplifica y certifica que el delito en referencia nunca pudo haber sido cometido por mi representado. Todos estos elementos Honorables Magistrados, debieron haber sido valorados por el ente Juzgados antes de manifestarse de acuerdo o no, con la supuesta estricta conformidad, ya que la normativa legal exige que esto se haga, precisamente para evitar casos como el presente, donde hayan sido condenadas dos personas por un delito que materialmente solo pudo haber ejecutado una, amen a ello si el Tribunal hubiese valorado estos aspectos lo más posible es que se hubiera manifestado en contra de la estricta conformidad, pues resulta evidente el fraude de ley, ya que se pretende obtener una sentencia condenatoria en contra de varias personas cuando por las características del hecho criminoso y los elementos de prueba que hasta ese momento habían sido llegados a juicio no se tenía certeza sobre quien cometió el injusto penal de transporte de arma, ello sin valorar el conflicto de la adquisición del vehículo automotor. Por lo que la única resolución que procedía era negar la estricta y someterse al juicio oral y público o en su defecto condenar a uno por un delito y al otro por otro delito.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo Primer Motivo. Norma autorizante: artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por el censor. Concepto de la infracción: la declaración de hechos probados no es clara y terminante o que sea contradictoria. Reclamación ex-ante: el vicio se cometió al dictarse sentencia, por lo que, no se hizo reclamación anterior. Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que la narración de los hechos probados debe necesariamente establecer de manera precisa cual fue la conducta de mi cliente, pero en el caso del transporte del arma de fuego no establece el juzgador que era el imputado Osman Uvence Rosales Diaz quien transportaba el arma de fuego, solo refiere que, quien fue observado sosteniendo el arma fue la persona que iba de copiloto. De los hechos probados cuando no son claros ni terminantes[1]. El numeral 1 del artículo 362 del CPP, contiene varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente: “Que en la sentencia falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados; que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria.” De este vicio resulta varios supuestos: a) Falta de declaración de hechos probados: Para éste, y los demás vicios, es imprescindible observar la exigencia que el CPP impone al juzgador al momento de emitir su resolución definitiva en cuanto a la consignación de los hechos probados. Al respecto, el numeral 1, sección cuarta, del Artículo 338, dispone que "se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse". El Tribunal de Sentencia tiene el mandato de establecer cuáles son los acontecimientos históricos a los que estima haber arribado o haber reconstruido producto de la información de las pruebas que obran en el proceso, de tal suerte que este vicio se refiere al extremo de que no aparece en la sentencia -que absuelve o condena- esa consignación de hechos probados, es decir, que el juzgador haya omitido incluir el apartado relativo a esa exigencia fundamental de la motivación. b) Cuando los hechos probados no son claros o terminantes. Partiendo de la exigencia establecida en el artículo 338 del CPP, en el sentido de que la sentencia contendrá una declaración terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse; el presente motivo se refiere al vicio en el caso de que los hechos probados no sean claros, lo que se constituiría si dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia o oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva, inequívoca, categórica, sino dubitativa o insegura, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. Ello ocurriría si dentro de los hechos probados se utilizaran expresiones como posiblemente, aparentemente, tal vez u otras similares que no conllevan a obtener certeza del acontecimiento histórico reproducido. Lo mismo ocurrirá cuando en la relación de esos hechos se utilicen expresiones no comprensibles, como ser el empleo de terminología que impida asimilar lo que el tribunal trata de referir o que sólo se accesible la comprensión de esos términos a pocas personas. Asimismo, se incurriría en el vicio si en la descripción se emplearen expresiones jurídicas que la norma penal sustantiva utilice para describir la conducta punible, pero sólo en el caso que esos términos, por su exclusivo carácter jurídico, impidan su compresión por personas no conocedoras de la ciencia penal (como ser alevosía, ensañamiento, etc.) ya que el incurrir en esta circunstancia incidiría en una falta de claridad del relato fáctico. Ello no incluye la consignación de palabras empleadas por el legislador que por su general comprensión esté al alcance de todos (como intimidación, violencia, etc.). c) Contradicción en los hechos probados. Aquí nos referimos a que los hechos comprendidos en el relato fáctico sean inconciliables o contradictorios entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación de otro. Pero este vicio debe dirigirse a la contradicción gramatical o léxica, es decir in términis, y por supuesto esa contradicción debe producirse únicamente dentro del factum de la resolución. De la procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente en algunas partes de su impugnación no utilizó la técnica recursiva adecuada para argumentar su posición, pues transcribe como motivo de casación parte del numeral 1 del artículo 362 de nuestra ley procesal, el cual contiene varios supuestos, mismos deben ser planteados de forma separada tal como lo establece el artículo 363 del Código Procesal Penal, pues un motivo refiere a la claridad y contundencia de los hechos probados y otro muy diferente es la contradicción del cuadro fáctico, la técnica casacionista requiere que los mismos sean presentados de forma separada para evitar la confusión de los motivos, tal como ocurre en el presente caso que el censor establece que hay contradicción de los hechos sin establecer de forma detallada cuales son esas refutaciones. En parte de su recurso el censor refiere que los hechos probados no son claros pues relatan que los agentes policiales, a quienes vieron portando el arma AK47 fue al otro coimputado y que el acusado Osman Uvence únicamente manejaba el automotor, que solo fue decomisada un arma de fuego y que por ello el tipo penal no puede ser ejecutada de manera simultánea por mas de una persona. Al respecto considera esta Sala de Casación que el sentenciador conformó los hechos probados totalmente claros y contundentes, pues realizó un relato coherente, sistemático que ubica al lector en tiempo y espacio, que es posible identificar en ellos los sujetos activos del delito y las acciones a ellos adjudicadas; en primer lugar está muy alejado de la verdad la argumentación del impetrante que establece que, por decomisarse solo un arma de fuego de uso prohibido no podía condenarse a ambos acusados; recordemos que el delito por el cual fueron considerados culpables ambos acusados es el de transporte de arma de fuego es decir, el verbo rector que utilizó el sentenciador para enmarcar la conducta de los acusados no implica que solo pueda ser cometido por una sola persona, pues el transporte de arma de fuego de uso prohibido puede significar el traslado de una arma hasta de miles de ellas y la persona o las personas que sean sorprendidas trasladando dichas armas serán acusadas no de portarlas, que ese verbo rector si es personalísimo, sino de transportarlas mismo que pueden realizarlo una o varios individuos. Así las cosas, considera esta Sala de lo Penal que los hechos probados fueron relatados con toda claridad y precisión, razones suficientes para desestimar el primer motivo de casación. Segundo Motivo. Norma autorizante: artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: 322 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: la inobservancia de las reglas establecidas para la realización del juicio oral y público. Reclamación ex-ante: en este segundo motivo se hicieron los reclamos oportunos. Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que aun y cuando en el juicio oral y público las partes manifestaron haber llegado a un acuerdo de estricta conformidad, el acusado Osman Uvence Rosales Díaz fue objeto de una información errónea de parte de su defensa. En la presente causa el imputado Rosales Díaz estaba siendo procesado por un delito de transporte de arma de fuego de uso prohibido, delito por el cual está siendo juzgada una segunda persona, el Tribunal sentenciador debió obligatoriamente analizar si el delito en cuestión podía ser ejecutado por más de una persona, por lo que se infiere que existe un fraude de ley que no observó el sentenciador. De la inobservancia a las reglas establecidas en el Código procesal Penal[2] En este motivo deben considerarse las reglas esenciales para el desarrollo de la parte más importante del juicio: el debate; por lo cual esas reglas deben referirse a los principios sobre los cuales descansa esta etapa de juicio: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. De ello se desprende que el vicio no estará constituido por una simple infracción a una norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto particular de la fase de juicio, sino que se refiere a la infracción de una norma de tanta incidencia que su violación afecte el proceso. Las normas que informan la manera de desarrollar el debate están comprendidas del artículo 304 al 346 del Código Procesal Penal. Tendrá validez la invocación del vicio cuando se trate de una infracción a una de esas normas, pero esencialmente de aquellas fundamentales, es decir la que desarrollan los principios apuntados (como por ejemplo el no permitir a una de las partes su derecho a interrogar los testigos de la parte contraria, lo cual violentaría el artículo 330 de la ley procesal, conllevaría la afectación del principio de contradicción y con ello el derecho de defensa). Mas no es suficiente la existencia del vicio procesal, se hace necesario el formal reclamo del acto irregularmente desarrollado a efecto que pueda ser subsanado, por exigirlo así el párrafo tercero del artículo 363 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, deberá tomarse en cuenta dos aspectos: la trascendencia de la infracción y la protesta del acto viciado para lograr su corrección y generar la facultad de recurrir a través de esta vía. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la justicia b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la tutela cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para hacer valer su impugnación; en primer lugar establece que se violentaron las reglas establecidas para el juicio oral y público y tal como lo explicamos en el apartado anterior, estas reglas se refieren a la aplicación de los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración, pero el censor no señala sobre qué principio se quebrantaron las reglas establecidas para el juicio oral y señaló el artículo 322 referente a la conformidad del acusado con la acusación como norma procesal supuestamente violentada. El censor centra su argumento en que existió fraude de ley pues el señor Osman Uvence Rosales Díaz fue condenado por el delito de transporte de armas de fuego prohibidas y a su criterio al haberse decomisado solo un arma y ser dos capturados, no podrían condenarse a ambos por este delito pues considera que solo puede ser cometido por una sola persona. Esta Sala de Casación considera que, si la intención del impetrante era denunciar fraude de ley sustantiva, no ha utilizado la vía recursiva adecuada, pues el recurso de casación idóneo para revisar las leyes sustantivas que haya utilizado el Juzgador para encuadrar la acción del imputado, debe ser impugnada a través del recurso de casación por infracción de ley. Es importante destacar que, cuando la parte hayan llegado a un acuerdo de estricta conformidad, el Tribunal de Sentencia debe asegurarse que los imputados fueron debidamente instruidos sobre las consecuencias de lo que implica esa figura procesal, tal como ocurrió en la presente causa pues al revisar el acta de debate ambos acusados manifestaron su voluntad de someterse a la misma; los argumentos del censor respecto de que el delito de transporte de armas de fuego prohibidas solo puede ser cometido por una persona, pues en la escena solo se decomisó un arma, es una posición totalmente errada pues dicho delito puede ser cometido por una o varias personas no importando la cantidad de armas decomisadas, pues no nos referimos al delito de portación ilegal de armas el cual solo puede ser cometido por la persona que portaba el arma, argumento que también fueron debidamente contestados en el motivo anterior. Así las cosas, considera esta Sala de lo Penal que en ningún momento se violentaron las reglas establecida para el juicio oral por lo que, este motivo de casación debe ser desestimado. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuestos por la defensa privada del imputado. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada de los acusados Osman Uvence Rosales Diaz y Fredis Hernández Petit que expusieran cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83, declaró responsable a los acusados: 1. Osman Uvence Rosales Díaz a) Delito: Adquisición de Vehículo robado Pena: 9 años de reclusión Se declara la responsabilidad civil b) Delito: Transporte ilegal de Arma de Fuego prohibida (AK47) Pena: 8 años de reclusión más multa 5000 lempiras exactos Penas Accesorias: Inhabilitación absoluta e interdicción civil No se declara responsabilidad civil por este delito 2.Fredis Hernández Petit a) Delito: Transporte ilegal de armas de fuego prohibidas Pena: 8 años de reclusión mas multa de 5000 lempiras exactos No se declara responsabilidad civil Penas accesorias: Inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017, el delito de adquisición de vehículo robado desapareció, sin embargo, encontramos la figura penal del delito de receptación en el artículo 438 el cual establece que, quien con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo o recibe, adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que procede los bienes o efectos rebajada en un tercio (1/3); en el presente caso los hechos probados relatan que el ofendido Javier Alfonso Salazar Romero dejó estacionado su vehículo en el mall Galerías del Valle de la ciudad de San Pedro Sula, al regresar por su carro el mismo ya no se encontraba, días después se encontró al imputado Osman Uvence Rosales en posesión del vehículo a sabiendas de que el mismo era robado; conforme a la nueva legislación penal los hechos probados relatan los mismos elementos objetivos del tipo penal de receptación, pues el ahora acusado con ánimo de lucro el cual se deduce pues conducía el vehículo, además sabía que el carro había sido obtenido de forma ilegal y a pesar de ello lo adquirió, por lo que debe ser castigado con la pena que corresponda al delito rebajada en 1/3, en este caso los hechos probados no establecen que se utilizó la fuerza o violencia para apropiarse el vehículo por tanto nos enfrentamos a un delito de Hurto conforme lo regula el artículo 357 de la nueva ley penal, el cual establece que quien con ánimo de lucro para si o para un tercero y sin consentimiento, se apodera de una cosa mueble ajena cuyo valor exceda de 5000 lempiras debe ser castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años; si bien el cuadro fáctico no establece la cuantía del vehículo hurtado, si relaciona las características del mismo como un marca Ford, modelo escape tipo camioneta color azul y año 2008, de lo que se deduce que su valor excede los 5 mil lempiras sin necesidad que así lo establezcan los hechos; por lo que se puede aplicar las acciones de la receptación con la pena del hurto pero rebajada en 1/3, por lo que la nueva pena oscilaría entre 2 a 6 meses de reclusión. En el caso del delito de Tráfico de Armas de Fuego prohibida el mismo está regulado en el artículo 582 de la nueva ley penal que establece que, quien sin autorización… transporte… armas de fuego, municiones, explosivos… debe ser castigado con la pena de prisión de 8 a 12 años y multa de mil a dos mil días y localización permanente hasta por 10 años. En conclusión y conforme la nueva legislación penal decreto 130-2017 los imputados serian condenados así: 1. Osman Uvence Rosales Díaz a) Delito: Receptación Pena: 2 a 6 meses de prisión Se declara la responsabilidad civil. Pena accesoria: Suspensión de la ciudadanía b) Delito: Tráfico Ilícito de Armas Pena: 8 a 12 años de prisión, multa 1000 a 2000 días, más localización permanente hasta por 10 años, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta por el doble de la pena de prisión; pena de privación al derecho de la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión. Penas Accesorias: inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía 2. Fredis Hernández Petit Delito: Tráfico Ilícito de Armas Pena: 8 a 12 años de prisión, multa 1000 a 2000 días, más localización permanente hasta por 10 años. Penas Accesorias: inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía. En el presente caso y en relación al imputado Fredis Hernández Petit, la pena de prisión por la cual fue condenado conforme al decreto 144-83 es de 8 años por el delito de Transporte ilícito de Armas, por lo que se encuentra dentro del margen de la pena abstracta que regula el nuevo Código Penal, además la nueva legislación prevé una pena de multa mayor a la que fue condenado y agrega como pena la localización permanente, por tanto no procede en su caso la aplicación retroactiva del decreto 130-2017, pues lejos de perjudicar al acusado le perjudica. En cuanto al acusado Osman Uvence Rosales Díaz, conforme la legislación penal derogada y si sumamos las penas de los delitos condenados tendría que cumplir una pena total de 17 años de prisión y una multa de 5 mil lempiras por los delitos de adquisición de vehículo robado y transporte de armas de fuego ilegales, pero conforme a la nueva ley penal decreto 130-2017 si sumamos las penas de receptación y tráfico ilícito de armas en total osciliaria una pena de 10 años 6 meses a 12 años de prisión y multa de 1000 a 2000 días, más la pena de localización permanente hasta por 10 años; la nueva ley regula además la imposición de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta por el doble de la pena de prisión; así mismo se debe imponer una pena de privación al derecho de la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión; resultando más beneficioso para este acusado la nueva ley penal, por lo que, en el caso del imputado Osman Uvence Rosales Díaz procede la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal decreto 130-2017. Para la aplicación de la pena concreta del acusado Rosales Díaz y en relación al delito de Receptación esta Sala de lo Penal debe tomar en consideración si existen agravantes o atenuantes (Artículo 31 y 32 del nuevo Código Penal) pero además lo regulado en el artículo 70 numeral 1, inciso a) que establece que en los delitos dolosos se determinará la pena, tomando en consideración si hay o no agravantes o atenuantes, en esos casos la pena se fija dentro del marco establecido en la ley en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, en el caso sometido a análisis no se encuentran atenuantes ni agravantes, pero de la dinámica y gravedad de los hechos se deduce una mediana peligrosidad del imputado Osman Uvence Rosales Díaz, por lo que corresponde imponer una pena entre el límite mínimo y el límite medio de la pena señalada, por tanto corresponde imponer una pena de 3 meses de prisión. En relación al delito de Tráfico Ilícito de Armas y tomando en consideración las mismas circunstancias arriba detalladas, al no existir atenuantes ni agravantes, pero si una mediana peligrosidad corresponde imponer una pena 9 años de reclusión, una multa de mil doscientos días a razón de 20 lempiras por día, haciendo un total de veinticuatro mil lempiras (L 24,000.00) de multa; en cuanto a la pena de localización permanente se imponen 4 años, pero además la nueva ley regula la imposición de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta por el doble de la pena de prisión; así mismo se debe imponer una pena de privación al derecho de la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión, hasta que la misma se haya extinguido completamente. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 31, 32, 70 numeral 1, 357, 438, 582, 616 del Código Penal 130-2017; 362, 363, 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Denie Estuardo Lorenzana en su condición de defensor privado del imputado Osman Uvence Rosales Díaz. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Fredis Hernández Petit. Tercero: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Osman Uvence Rosales Díaz; en consecuencia, reforma los pronunciamientos del primero al quinto de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i) Que debemos condenar y condenamos al acusado Osman Uvence Rosales Diaz como autor de un delito consumado de Receptación en perjuicio de Javier Alfonzo Salazar, a cumplir la pena principal de prisión por tres (03) meses. Como consecuencia de la responsabilidad penal se decreta la responsabilidad civil misma que será objeto de tasación en la etapa de ejecución de la sentencia. ii) Que debemos condenar y condenamos al acusado Osman Uvence Rosales Díaz como coautor de un delito consumado de Tráfico Ilícito de Armas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a las penas principales de prisión por nueve (09) años; multa de mil (1200) días a razón de veinte (20) lempiras por día que hacen un total de veinticuatro mil lempiras (L 24,000.00); pena de localización permanente por cuatro (04) años; Pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta por dieciséis (16) años y pena de privación al derecho de la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión, hasta que la misma se haya extinguido completamente. Por disposición constitucional (Art. 41.2), se condena al acusado a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales. Las penas principales impuestas se cumplirán en el orden siguiente: penas de prisión de manera sucesiva, iniciando con la más graves, a la que deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; penas de localización permanente e inhabilitación especial de manera simultánea, a partir de que el condenado recobre su libertad y pena de privación de derecho de tenencia y portación de armas de fuego, hasta que la pena de prisión se extinga completamente. La pena de multa deberá enterarse a la Tesorería General de la República dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la sentencia. iii) Respecto al acusado Osman Uvence Rosales Díaz a quien se le ha aplicado retroactivamente el Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a esta nueva codificación, lo que incluye la resolución bajo sus normas de cualquier solicitud de reemplazo de pena y de libertad condicional. Se condena al acusado Rosales Díaz a realizar trabajo penitenciario durante el tiempo de internamiento por cumplimiento de la pena privativa de libertad, conforme la legislación vigente. Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de mayo del dos mil veintidós. Certificación de sentencia dictada el veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-238-2018.

JOSE RAMON CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE

SALA DE LO PENAL

MJCZ

“CERTIFICACION El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días de agosto de dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-238-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Osman Uvence Rosales Díaz, como autor del delito de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio del señor Javier Alfonso Salazar Romero, a la pena de nueve años de reclusión. Segundo: Se declaró al señor Osman Uvence Rosales Díaz, civilmente responsable de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito de Adquisición de Vehículo Robado, por el que es condenado. Tercero: Condenó al señor Osman Uvence Rosales Díaz, como autor del delito de Transporte Ilegal de Arma de Fuego Prohibida (AK-47), en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho años de reclusión, más una multa de cinco mil Lempiras exactos. Cuarto: No se declaró la responsabilidad civil del señor Osman Uvence Rosales Díaz, civilmente responsable de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito de Transporte Ilegal de Arma de Fuego Prohibida (AK-47). Quinto: Condenó al señor Osman Uvence Rosales Díaz, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Sexto: Condenó al señor Fredis Hernández Petit, como autor del delito de Transporte Ilegal de Arma de Fuego Prohibida (AK-47), en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho años de reclusión, más una multa de cinco mil lempiras exactos. Séptimo: No se declaró al señor Fredis Hernández Petit, responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito de Transporte Ilegal de Arma de Fuego Prohibida (AK-47). Octavo: Condenó al señor Fredis Hernández Petit, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Noveno: Se decretó el comiso de un arma de fuego tipo fusil, fabricada en Rusia, Modelo AK-47, calibre 7.62x39 mm, número de serie 1973754785, con su respectivo cargador metálico curvo, arma de fuego en buen estado de funcionamiento mecánico operativo y por ende capaz de efectuar disparos con la munición o cartuchería del calibre para la cual fue fabricada, la cual deberá ser destruida en la fase de ejecución de la sentencia. Décimo: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado Denie Estuardo Lorenzana, en su condición de defensor privado del imputado Osman Uvence Rosales Díaz. Son partes en la única instancia: El Abogado Denie Estuardo Lorenzana, en su condición de defensor privado del señor Osman Uvence Rosales Díaz, como parte recurrente y la Abogada Karen Lizeth Martínez Ponce, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: En fecha diez de marzo del año dos mil dieciséis en horas de la tarde el señor Cristian Javier Salazar Bonilla dejo el vehículo marca Ford, modelo Escape tipo camioneta color azul, con placa PDE8041, año 2008 propiedad del señor Javier Alfonso Salazar Romero en el estacionamiento del Mall Galerías del Valle de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés y luego se fue para el cine de donde salió a las nueve de la noche por lo que dirigiéndose al estacionamiento a buscar el vehículo se llevó la sorpresa que el vehículo propiedad del señor Javier Alfonso Salazar Romero ya no estaba en el lugar donde lo había dejado estacionado por lo que de manera inmediata procedió a interponer la correspondiente denuncia ante la Dirección General de Investigación Criminal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; registrándose esta bajo el número 4868.- El día diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis como a eso de las cuatro con veinticinco minutos de la tarde elementos de la Policía Nacional Preventiva del Municipio de Saba, Colón se encontraban a bordo de una Motocicleta Policial realizando patrullaje de rutina en el barrio el centro de la ciudad de Saba, Colón; cuando en eso recibieron una llamada telefónica del Policía de Servicio donde se les informó que en el sector de del Jagüillo andaba una camioneta color azul de forma sospechosa por lo que de inmediato la Policía se desplazó al sector indicado en la búsqueda de la camioneta no encontrándola en ese momento pero es así que cuando venían de regreso al barrio el centro observaron que en la gasolinera Texaco Bascha de Saba, Colón estaba estacionado un vehículo con las mismas características que les habían informado, motivo por el cual los policías procedieron a acercarse al vehículo para efecto de requerir a las personas que andaban a bordo del mismo, pero estos al observar la presencia policial arrancaron el vehículo dándose a la fuga con dirección a la otra gasolinera de la Texaco Bascha, por lo que miembros de la Policía Nacional Preventiva les dieron persecución pudiendo observar que la persona que iba sentada de copiloto levantó un arma de fuego de grueso calibre, lo que obligó a los miembros policiales a disminuir la velocidad de la motocicleta que andaban logrando con la persecución que el vehículo se estacionara en las cercanías de la gasolinera Texaco Bascha donde la Policía Nacional Preventiva procedió a solicitarles que se bajaran del vehículo automotor logrando así requerir a Fredis Hernández Petit y al conductor del vehículo automotor al señor Osman Uvence Rosales Díaz, quien había adquirido el vehículo marca Ford Escape tipo camioneta color azul, con placa PDE8041, año 2008 con conocimiento efectivo de que el mismo había sido objeto de robo al señor Javier Alfonso Salazar Romero; una vez que ambos ciudadanos fueron plenamente identificados la autoridad policial se procedió al registro del vehículo marcar Ford, modelo Escape tipo camioneta color azul, con placa PDE8041, año 2008 en el cual se conducían los señores Osman Uvence Rosales Díaz y Fredis Hernández Petit encontrando en el piso del asiento trasero del vehículo un arma de fuego en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, la cual presentaba como características que era tipo fusil, fabricado en Rusia, modelo AK-47, calibre 7,62x39 mm número de serie 1973754785, con su respectivo cargador metálico curvo conteniendo en su interior veintitrés cartuchos golleteados, aparente material ferroso, calibre 7,62x39 mm sin percutir; por lo que de manera inmediata la Autoridad Policial procedido al decomiso de la misma y en consecuencia los señores Osman Uvence Rosales Díaz y Fredis Hernández Petit junto a la evidencia decomisada fueron puestos a la orden a la orden de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la ciudad de Tocoa, Departamento de Colón quienes a su vez los pusieron al orden del Ministerio Público y este a la orden de la Autoridad Judicial competente.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: "Que la declaración de hechos probados no sea clara y terminante o que sea contradictoria”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. El Tribunal recurrido al fallar la presente causa estableció como hechos probados los siguientes: PRIMERO: En fecha diez de marzo del año dos mil dieciséis en horas de la tarde el señor Cristian Javier Salazar Bonilla dejo el vehículo marca Ford modelo escape tipo camioneta color azul con placa PDE-8041, año 2008 propiedad del señor Javier Alfonso Salazar Romero en el estacionamiento de mall galerías del valle de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes y luego se fue para el cine de donde salió a las nueve de la noche por lo que dirigiéndose al estacionamiento a buscar el vehículo se llevó la sorpresa que el vehículo propiedad del señor Javier Alfonso Salazar Romero ya no estaba en el lugar donde lo había dejado estacionado por lo que de manera inmediata procedió a interponer la correspondiente denuncia ante la Dirección General de Investigación Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortes; Registrándose esta bajo el número 4868. El día diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis como a eso de las cuatro con veinticinco minutos de la tarde elementos de la Policía Nacional Preventiva del municipio de Saba, Colón se encontraban a bordo de una motocicleta policial realizando patrullaje de rutina en el barrio el centro de la ciudad de Saba, Colon; Cuando en eso recibieron una llamada telefónica del policía de servicio donde se les informo que en el sector de Jagüillo andaba una camioneta de color azul de forma sospechosa por lo que de inmediato la policía se desplazó al sector indicado en la búsqueda de la camioneta no encontrándola en ese momento pero es así que cuando venían de regreso al barrio el centro observaron que en la gasolinera texaco bascha de Saba, Colón estaba estacionado un vehículo con las mismas características que les habían informado, motivo por el cual los policías procedieron a acercarse al vehículo para efecto de requerir a las personas que andaban a bordo del mismo, pero estos al observar la presencia policial arrancaron el vehículo dándose a la fuga con dirección a la otra gasolinera de la Texaco bacha, por lo que los miembros de la Policía Nacional Preventiva les dieron persecución pudiendo observar que la persona que iba sentada de "copiloto levanto un arma de fuego de grueso calibre lo que obligo a los miembros policiales a disminuir la velocidad de la motocicleta que andaban logrando con la persecución que el vehículo se estacionara en las cercanías de la gasolinera texaco bacha donde la Policía Nacional Preventiva procedió a solicitarles que se bajaran del vehículo automotor logrando así requerir a Fredis Hernández Petit y al conductor del vehículo automotor el señor Osman Uvence Rosales Díaz, quien había adquirido el vehículo marca Ford, modelo escape tipo camioneta color azul con placa PDE-8041 año 2008 con conocimiento efectivo de que el mismo había sido objeto de Robo al señor Javier Alfonso Salazar Romero; Una vez que ambos ciudadanos fueron plenamente identificados la autoridad policial se procedió al registro del vehículo marca Ford, modelo escape tipo camioneta color azul con placa PDE-8041 año 2008 en el cual se conducían los señores Osman Uvence Rosales Díaz y Fredis Hernández Petit encontrando en el piso del asiento trasero del vehículo un arma de fuego en buen estado de funcionamiento mecánico operativo la cual presen taba cono características que era tipo fusil, fabricada en Rusia, modelo AK-47, calibre 7, 62x39 mm número de serie 1973754785, con su respectivo cargador metálico curvo conteniendo en su interior veintitrés cartuchos golleteados aparente material ferroso, calibre 7, 62x39 mm sin percutir; Por lo que de manera inmediata la Autoridad Policial procedió al decomiso de la misma y en consecuencia los señores Osman Uvence Rosales Díaz y Fredis Hernández Petit junto a la evidencia decomisada fueron puestos a la orden de la Direccion Nacional de Investigacion Criminal de la ciudad de Tocoa, Departamento de Colón quienes a su vez los pusieron al orden del Ministerio Público y este a la orden de la Autoridad Judicial competente. Como podéis observar Honorables Magistrados, el relato que hace el ente Juzgador en cuanto a la autoría de mi patrocinado no es claro ni terminante, pero a la vez es contradictorio, ya que el Tribunal establece en su hecho probado que los elementos de la "Policía Nacional al momento de ir en persecución del vehículo sospechoso logran observar que el copiloto levanto un arma de fuego de grueso calibre”, este aspecto es de crucial relevancia ya que el delito por el cual mi patrocinado viene siendo procesado es entre otro el transporte de un arma de fuego de uso prohibido, sin embargo este extremo se desvanece al establecer que quien sostenía el arma de fuego la única encontrada y decomisada era el copiloto, estableciendo además que mi patrocinado era el conductor del vehículo. Esta declaración de hechos probados ni es clara, ni mucho menos terminante, pero a la vez contradictoria. Según LÓPEZ ZUNIGA/FERNANDEZ ENTRALGO <<la declaración de los hechos probados son la base para que el juzgador aplique el presupuesto de hecho, ya que son esos acontecimientos que estructura el juzgador partiendo del análisis de las pruebas las que determinan la consecuencia jurídica y en consecuencia la absolución o condena del imputado>>, es decir que esta narración de los hechos probados realizada por el ente juzgador debe necesariamente establecer de manera precisa cual fue la conducta de mi cliente, en el caso del transporte del arma de fuego, no establece que era mi cliente quien transportaba dicha arma de fuego, solo refiere que quien fue observado sosteniendo el arma fue la persona que iba como copiloto, este extremo es de vital importancia pues es obligación del Juzgador valorar la conducta típica de manera individual, el tipo penal en cuestión exige determinar de manera precisa la acción ejecutada, ya que en el presente caso fue decomisada solo un arma de fuego, ello implica que la autoría del tipo penal no puede ser ejecutada de manera simultánea por más de una persona. En el caso subjudice el tribunal únicamente hizo una transcripción de lo narrado por el ente acusador en su requerimiento fiscal, sin detallar en ningún momento con sus propias palabras cada una de las acciones u omisiones penalmente relevantes de mi cliente, amen a ello se limitó a establecer que al haber aceptado la culpabilidad mi representado no procedía hacer una valoración de la prueba, sin hacer ningún tipo mención de como llego a la conclusión que en efecto el delito imputado fue cometido por ambos imputados de manera simultánea. Honorables magistrados, los Hechos probados son el sustento de la sentencia, si estos no están claramente definidos, pero demás si en sí mismos son contradictorios constituye una flagrante violación a lo preceptuado por nuestro ordenamiento jurídico, y es que esa declaración de hechos probados, constituye la subsunción de la conducta típica y por ende la consecuencia jurídica que de ella se deriva, en el caso particular el Tribunal debió haber establecido como mi cliente ejecuto el tipo penal de transporte de un arma de fuego de uso prohibido, cuando de la propia declaración de hechos probados se infiere que la única persona que podía tener y que de hecho tuvo en su poder durante fueron objeto de una persecución policial era la persona que iba de copiloto, el cual según las declaraciones fue el señor Fredis Hernández Petit. Así las cosas era obligación del Tribunal Sentenciador al observar que el delito en referencia materialmente no puede ser ejecutado de manera simultánea por más de una persona, que el mismo no fue decomisado a él, sino que estaba dentro del vehículo automotor y que la única persona que según las declaraciones fue vista con la portación material era el copiloto, debió haber absuelto de responsabilidad penal a mi representado y condenar a la única persona que aparte de haber aceptado su participación también es la única vista en portación material de la misma.” “SEGUNDO MOTIVO: "La inobservancia de las reglas establecidas en el Presente Código para la realización del juicio oral y público”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 5 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. Honorables Magistrados, la presente causa se ventilo por la supuesta conformidad entre las partes, digo supuesta porque aun y cuando tal como establece el acta de debate al momento de iniciar el juicio oral y público las partes por su orden manifestaron haber llegado a una estricta conformidad, mi representado fue objeto de una información errónea de parte de su defensa, ya que esta le manifestó que si se sometía al juicio oral y público ese día, iba ser condenado y la pena que se le impondría seria mayor a si aceptaba en ese momento su culpabilidad. Este extremo resulta difícil de acreditar en este momento, pero lo que si podemos esbozar es la observancia o no de las reglas del debate, sobre este particular el artículo 322 del C PP en sus párrafos segundo y tercero exigen al Tribunal sentenciador valorar si en el caso puesto a consideración para una estricta conformidad existe algún elemento que exima de responsabilidad a la persona imputada o si en su defecto hay violación de ley sustantiva o procesal, en la presente causa, mi representado estaba siendo procesado por un delito de transporte de arma de fuego de uso prohibido, delito este por el cual también estaba siendo juzgada una segunda persona, la cantidad de armas que habían sido decomisadas y por la cual se había presentado la acusación solo era una. El Tribunal sentenciador debió obligatoriamente analizar si el delito en cuestión dadas las características del hecho y con la información que hasta ese momento se tenía era posible haber sido ejecutado por más de una persona, ya que el hecho per se de encontrarse dentro de un vehículo automotor en el cual viajan varias personas ya pone bastante dificultad la determinación de quien puede ser la persona penalmente responsable de que la misma se encuentre allí, pero además al revisar la prueba circundante se puede establecer si en efecto varias personas pueden considerarse autoras de un delito cuando el objeto material del mismo es uno solo. La sentencia dictada por tribunal establece claramente en sus hechos probados que el arma en referencia fue manipulada ante s de la detención únicamente por la persona que iba de copiloto, además refiere que mi patrocinado era el conductor por lo que materialmente es imposible que el mismo hubiera podido ejecutar el delito de transporte, dada la especialidad del hecho, pero además resulta más complejo cuando de hecho el arma fue encontrada dentro del vehículo automotor. Este hecho era de obligatoria verificación de parte del Tribunal, si bien es cierto las partes al momento de la audiencia de juicio manifestaron que no existía fraude de ley sustantiva ni procesal, lo cierto es que no es necesario tener mayores conocimientos jurídicos para inferir que si existe en el presente caso un claro fraude de el Ministerio Publico en aras de garantizar una sentencia condenatoria uso de su experiencia, para obtener una sentencia que se aproximara a sus intereses poniendo en precario los derechos y garantías que le asisten a la persona procesada, por su parte la defensa demostró su poca experiencia manejar una defensa penal que garantizara a mi representado el efectivo goce de sus derechos y garantías. Es evidente a criterio de esta parte actuante que aun y cuando mi patrocinado manifestó de viva voz que aceptaba la estricta conformidad, el Tribunal no se tomó molestia analizar si dadas las características del caso resultaba materialmente posible o no, que el delito de transporte de arma de fuego de uso prohibido podía ser ejecutado por más de una persona, o si cabía una posible coautoría, nuestra normativa penal exige que para que se dé una coautoría los involucrados se deben de repartir las funciones, en un delito contra la vida este extremo es fácil de establecer, sin embargo en un delito de transporte o portación ilegal de arma de fuego, cuando la cantidad de armas solo es una, es sumamente complejo, y si a ello consideramos que dos personas están manifestando de viva voz haberla ejecutado necesita una valoración más profunda, en el presente caso existe un tercer elemento con el que conto en todo momento el tribunal y es una declaración que certifica que al momento de dar persecución al vehículo automotor identificaron que el copiloto sostenía un arma en su poder, ello simplifica y certifica que el delito en referencia nunca pudo haber sido cometido por mi representado. Todos estos elementos Honorables Magistrados, debieron haber sido valorados por el ente Juzgados antes de manifestarse de acuerdo o no, con la supuesta estricta conformidad, ya que la normativa legal exige que esto se haga, precisamente para evitar casos como el presente, donde hayan sido condenadas dos personas por un delito que materialmente solo pudo haber ejecutado una, amen a ello si el Tribunal hubiese valorado estos aspectos lo más posible es que se hubiera manifestado en contra de la estricta conformidad, pues resulta evidente el fraude de ley, ya que se pretende obtener una sentencia condenatoria en contra de varias personas cuando por las características del hecho criminoso y los elementos de prueba que hasta ese momento habían sido llegados a juicio no se tenía certeza sobre quien cometió el injusto penal de transporte de arma, ello sin valorar el conflicto de la adquisición del vehículo automotor. Por lo que la única resolución que procedía era negar la estricta y someterse al juicio oral y público o en su defecto condenar a uno por un delito y al otro por otro delito.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo Primer Motivo. Norma autorizante: artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por el censor. Concepto de la infracción: la declaración de hechos probados no es clara y terminante o que sea contradictoria. Reclamación ex-ante: el vicio se cometió al dictarse sentencia, por lo que, no se hizo reclamación anterior. Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que la narración de los hechos probados debe necesariamente establecer de manera precisa cual fue la conducta de mi cliente, pero en el caso del transporte del arma de fuego no establece el juzgador que era el imputado Osman Uvence Rosales Diaz quien transportaba el arma de fuego, solo refiere que, quien fue observado sosteniendo el arma fue la persona que iba de copiloto. De los hechos probados cuando no son claros ni terminantes[3]. El numeral 1 del artículo 362 del CPP, contiene varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente: “Que en la sentencia falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados; que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria.” De este vicio resulta varios supuestos: a) Falta de declaración de hechos probados: Para éste, y los demás vicios, es imprescindible observar la exigencia que el CPP impone al juzgador al momento de emitir su resolución definitiva en cuanto a la consignación de los hechos probados. Al respecto, el numeral 1, sección cuarta, del Artículo 338, dispone que "se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse". El Tribunal de Sentencia tiene el mandato de establecer cuáles son los acontecimientos históricos a los que estima haber arribado o haber reconstruido producto de la información de las pruebas que obran en el proceso, de tal suerte que este vicio se refiere al extremo de que no aparece en la sentencia -que absuelve o condena- esa consignación de hechos probados, es decir, que el juzgador haya omitido incluir el apartado relativo a esa exigencia fundamental de la motivación. b) Cuando los hechos probados no son claros o terminantes. Partiendo de la exigencia establecida en el artículo 338 del CPP, en el sentido de que la sentencia contendrá una declaración terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse; el presente motivo se refiere al vicio en el caso de que los hechos probados no sean claros, lo que se constituiría si dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia o oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva, inequívoca, categórica, sino dubitativa o insegura, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. Ello ocurriría si dentro de los hechos probados se utilizaran expresiones como posiblemente, aparentemente, tal vez u otras similares que no conllevan a obtener certeza del acontecimiento histórico reproducido. Lo mismo ocurrirá cuando en la relación de esos hechos se utilicen expresiones no comprensibles, como ser el empleo de terminología que impida asimilar lo que el tribunal trata de referir o que sólo se accesible la comprensión de esos términos a pocas personas. Asimismo, se incurriría en el vicio si en la descripción se emplearen expresiones jurídicas que la norma penal sustantiva utilice para describir la conducta punible, pero sólo en el caso que esos términos, por su exclusivo carácter jurídico, impidan su compresión por personas no conocedoras de la ciencia penal (como ser alevosía, ensañamiento, etc.) ya que el incurrir en esta circunstancia incidiría en una falta de claridad del relato fáctico. Ello no incluye la consignación de palabras empleadas por el legislador que por su general comprensión esté al alcance de todos (como intimidación, violencia, etc.). c) Contradicción en los hechos probados. Aquí nos referimos a que los hechos comprendidos en el relato fáctico sean inconciliables o contradictorios entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación de otro. Pero este vicio debe dirigirse a la contradicción gramatical o léxica, es decir in términis, y por supuesto esa contradicción debe producirse únicamente dentro del factum de la resolución. De la procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente en algunas partes de su impugnación no utilizó la técnica recursiva adecuada para argumentar su posición, pues transcribe como motivo de casación parte del numeral 1 del artículo 362 de nuestra ley procesal, el cual contiene varios supuestos, mismos deben ser planteados de forma separada tal como lo establece el artículo 363 del Código Procesal Penal, pues un motivo refiere a la claridad y contundencia de los hechos probados y otro muy diferente es la contradicción del cuadro fáctico, la técnica casacionista requiere que los mismos sean presentados de forma separada para evitar la confusión de los motivos, tal como ocurre en el presente caso que el censor establece que hay contradicción de los hechos sin establecer de forma detallada cuales son esas refutaciones. En parte de su recurso el censor refiere que los hechos probados no son claros pues relatan que los agentes policiales, a quienes vieron portando el arma AK47 fue al otro coimputado y que el acusado Osman Uvence únicamente manejaba el automotor, que solo fue decomisada un arma de fuego y que por ello el tipo penal no puede ser ejecutada de manera simultánea por mas de una persona. Al respecto considera esta Sala de Casación que el sentenciador conformó los hechos probados totalmente claros y contundentes, pues realizó un relato coherente, sistemático que ubica al lector en tiempo y espacio, que es posible identificar en ellos los sujetos activos del delito y las acciones a ellos adjudicadas; en primer lugar está muy alejado de la verdad la argumentación del impetrante que establece que, por decomisarse solo un arma de fuego de uso prohibido no podía condenarse a ambos acusados; recordemos que el delito por el cual fueron considerados culpables ambos acusados es el de transporte de arma de fuego es decir, el verbo rector que utilizó el sentenciador para enmarcar la conducta de los acusados no implica que solo pueda ser cometido por una sola persona, pues el transporte de arma de fuego de uso prohibido puede significar el traslado de una arma hasta de miles de ellas y la persona o las personas que sean sorprendidas trasladando dichas armas serán acusadas no de portarlas, que ese verbo rector si es personalísimo, sino de transportarlas mismo que pueden realizarlo una o varios individuos. Así las cosas, considera esta Sala de lo Penal que los hechos probados fueron relatados con toda claridad y precisión, razones suficientes para desestimar el primer motivo de casación. Segundo Motivo. Norma autorizante: artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: 322 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: la inobservancia de las reglas establecidas para la realización del juicio oral y público. Reclamación ex-ante: en este segundo motivo se hicieron los reclamos oportunos. Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que aun y cuando en el juicio oral y público las partes manifestaron haber llegado a un acuerdo de estricta conformidad, el acusado Osman Uvence Rosales Díaz fue objeto de una información errónea de parte de su defensa. En la presente causa el imputado Rosales Díaz estaba siendo procesado por un delito de transporte de arma de fuego de uso prohibido, delito por el cual está siendo juzgada una segunda persona, el Tribunal sentenciador debió obligatoriamente analizar si el delito en cuestión podía ser ejecutado por más de una persona, por lo que se infiere que existe un fraude de ley que no observó el sentenciador. De la inobservancia a las reglas establecidas en el Código procesal Penal[4] En este motivo deben considerarse las reglas esenciales para el desarrollo de la parte más importante del juicio: el debate; por lo cual esas reglas deben referirse a los principios sobre los cuales descansa esta etapa de juicio: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. De ello se desprende que el vicio no estará constituido por una simple infracción a una norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto particular de la fase de juicio, sino que se refiere a la infracción de una norma de tanta incidencia que su violación afecte el proceso. Las normas que informan la manera de desarrollar el debate están comprendidas del artículo 304 al 346 del Código Procesal Penal. Tendrá validez la invocación del vicio cuando se trate de una infracción a una de esas normas, pero esencialmente de aquellas fundamentales, es decir la que desarrollan los principios apuntados (como por ejemplo el no permitir a una de las partes su derecho a interrogar los testigos de la parte contraria, lo cual violentaría el artículo 330 de la ley procesal, conllevaría la afectación del principio de contradicción y con ello el derecho de defensa). Mas no es suficiente la existencia del vicio procesal, se hace necesario el formal reclamo del acto irregularmente desarrollado a efecto que pueda ser subsanado, por exigirlo así el párrafo tercero del artículo 363 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, deberá tomarse en cuenta dos aspectos: la trascendencia de la infracción y la protesta del acto viciado para lograr su corrección y generar la facultad de recurrir a través de esta vía. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la justicia b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la tutela cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para hacer valer su impugnación; en primer lugar establece que se violentaron las reglas establecidas para el juicio oral y público y tal como lo explicamos en el apartado anterior, estas reglas se refieren a la aplicación de los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración, pero el censor no señala sobre qué principio se quebrantaron las reglas establecidas para el juicio oral y señaló el artículo 322 referente a la conformidad del acusado con la acusación como norma procesal supuestamente violentada. El censor centra su argumento en que existió fraude de ley pues el señor Osman Uvence Rosales Díaz fue condenado por el delito de transporte de armas de fuego prohibidas y a su criterio al haberse decomisado solo un arma y ser dos capturados, no podrían condenarse a ambos por este delito pues considera que solo puede ser cometido por una sola persona. Esta Sala de Casación considera que, si la intención del impetrante era denunciar fraude de ley sustantiva, no ha utilizado la vía recursiva adecuada, pues el recurso de casación idóneo para revisar las leyes sustantivas que haya utilizado el Juzgador para encuadrar la acción del imputado, debe ser impugnada a través del recurso de casación por infracción de ley. Es importante destacar que, cuando la parte hayan llegado a un acuerdo de estricta conformidad, el Tribunal de Sentencia debe asegurarse que los imputados fueron debidamente instruidos sobre las consecuencias de lo que implica esa figura procesal, tal como ocurrió en la presente causa pues al revisar el acta de debate ambos acusados manifestaron su voluntad de someterse a la misma; los argumentos del censor respecto de que el delito de transporte de armas de fuego prohibidas solo puede ser cometido por una persona, pues en la escena solo se decomisó un arma, es una posición totalmente errada pues dicho delito puede ser cometido por una o varias personas no importando la cantidad de armas decomisadas, pues no nos referimos al delito de portación ilegal de armas el cual solo puede ser cometido por la persona que portaba el arma, argumento que también fueron debidamente contestados en el motivo anterior. Así las cosas, considera esta Sala de lo Penal que en ningún momento se violentaron las reglas establecida para el juicio oral por lo que, este motivo de casación debe ser desestimado. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuestos por la defensa privada del imputado. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada de los acusados Osman Uvence Rosales Diaz y Fredis Hernández Petit que expusieran cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83, declaró responsable a los acusados: 1. Osman Uvence Rosales Díaz a) Delito: Adquisición de Vehículo robado Pena: 9 años de reclusión Se declara la responsabilidad civil b) Delito: Transporte ilegal de Arma de Fuego prohibida (AK47) Pena: 8 años de reclusión más multa 5000 lempiras exactos Penas Accesorias: Inhabilitación absoluta e interdicción civil No se declara responsabilidad civil por este delito 2.Fredis Hernández Petit a) Delito: Transporte ilegal de armas de fuego prohibidas Pena: 8 años de reclusión mas multa de 5000 lempiras exactos No se declara responsabilidad civil Penas accesorias: Inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017, el delito de adquisición de vehículo robado desapareció, sin embargo, encontramos la figura penal del delito de receptación en el artículo 438 el cual establece que, quien con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo o recibe, adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que procede los bienes o efectos rebajada en un tercio (1/3); en el presente caso los hechos probados relatan que el ofendido Javier Alfonso Salazar Romero dejó estacionado su vehículo en el mall Galerías del Valle de la ciudad de San Pedro Sula, al regresar por su carro el mismo ya no se encontraba, días después se encontró al imputado Osman Uvence Rosales en posesión del vehículo a sabiendas de que el mismo era robado; conforme a la nueva legislación penal los hechos probados relatan los mismos elementos objetivos del tipo penal de receptación, pues el ahora acusado con ánimo de lucro el cual se deduce pues conducía el vehículo, además sabía que el carro había sido obtenido de forma ilegal y a pesar de ello lo adquirió, por lo que debe ser castigado con la pena que corresponda al delito rebajada en 1/3, en este caso los hechos probados no establecen que se utilizó la fuerza o violencia para apropiarse el vehículo por tanto nos enfrentamos a un delito de Hurto conforme lo regula el artículo 357 de la nueva ley penal, el cual establece que quien con ánimo de lucro para si o para un tercero y sin consentimiento, se apodera de una cosa mueble ajena cuyo valor exceda de 5000 lempiras debe ser castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años; si bien el cuadro fáctico no establece la cuantía del vehículo hurtado, si relaciona las características del mismo como un marca Ford, modelo escape tipo camioneta color azul y año 2008, de lo que se deduce que su valor excede los 5 mil lempiras sin necesidad que así lo establezcan los hechos; por lo que se puede aplicar las acciones de la receptación con la pena del hurto pero rebajada en 1/3, por lo que la nueva pena oscilaría entre 2 a 6 meses de reclusión. En el caso del delito de Tráfico de Armas de Fuego prohibida el mismo está regulado en el artículo 582 de la nueva ley penal que establece que, quien sin autorización… transporte… armas de fuego, municiones, explosivos… debe ser castigado con la pena de prisión de 8 a 12 años y multa de mil a dos mil días y localización permanente hasta por 10 años. En conclusión y conforme la nueva legislación penal decreto 130-2017 los imputados serian condenados así: 1. Osman Uvence Rosales Díaz a) Delito: Receptación Pena: 2 a 6 meses de prisión Se declara la responsabilidad civil. Pena accesoria: Suspensión de la ciudadanía b) Delito: Tráfico Ilícito de Armas Pena: 8 a 12 años de prisión, multa 1000 a 2000 días, más localización permanente hasta por 10 años, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta por el doble de la pena de prisión; pena de privación al derecho de la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión. Penas Accesorias: inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía 2. Fredis Hernández Petit Delito: Tráfico Ilícito de Armas Pena: 8 a 12 años de prisión, multa 1000 a 2000 días, más localización permanente hasta por 10 años. Penas Accesorias: inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía. En el presente caso y en relación al imputado Fredis Hernández Petit, la pena de prisión por la cual fue condenado conforme al decreto 144-83 es de 8 años por el delito de Transporte ilícito de Armas, por lo que se encuentra dentro del margen de la pena abstracta que regula el nuevo Código Penal, además la nueva legislación prevé una pena de multa mayor a la que fue condenado y agrega como pena la localización permanente, por tanto no procede en su caso la aplicación retroactiva del decreto 130-2017, pues lejos de perjudicar al acusado le perjudica. En cuanto al acusado Osman Uvence Rosales Díaz, conforme la legislación penal derogada y si sumamos las penas de los delitos condenados tendría que cumplir una pena total de 17 años de prisión y una multa de 5 mil lempiras por los delitos de adquisición de vehículo robado y transporte de armas de fuego ilegales, pero conforme a la nueva ley penal decreto 130-2017 si sumamos las penas de receptación y tráfico ilícito de armas en total osciliaria una pena de 10 años 6 meses a 12 años de prisión y multa de 1000 a 2000 días, más la pena de localización permanente hasta por 10 años; la nueva ley regula además la imposición de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta por el doble de la pena de prisión; así mismo se debe imponer una pena de privación al derecho de la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión; resultando más beneficioso para este acusado la nueva ley penal, por lo que, en el caso del imputado Osman Uvence Rosales Díaz procede la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal decreto 130-2017. Para la aplicación de la pena concreta del acusado Rosales Díaz y en relación al delito de Receptación esta Sala de lo Penal debe tomar en consideración si existen agravantes o atenuantes (Artículo 31 y 32 del nuevo Código Penal) pero además lo regulado en el artículo 70 numeral 1, inciso a) que establece que en los delitos dolosos se determinará la pena, tomando en consideración si hay o no agravantes o atenuantes, en esos casos la pena se fija dentro del marco establecido en la ley en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, en el caso sometido a análisis no se encuentran atenuantes ni agravantes, pero de la dinámica y gravedad de los hechos se deduce una mediana peligrosidad del imputado Osman Uvence Rosales Díaz, por lo que corresponde imponer una pena entre el límite mínimo y el límite medio de la pena señalada, por tanto corresponde imponer una pena de 3 meses de prisión. En relación al delito de Tráfico Ilícito de Armas y tomando en consideración las mismas circunstancias arriba detalladas, al no existir atenuantes ni agravantes, pero si una mediana peligrosidad corresponde imponer una pena 9 años de reclusión, una multa de mil doscientos días a razón de 20 lempiras por día, haciendo un total de veinticuatro mil lempiras (L 24,000.00) de multa; en cuanto a la pena de localización permanente se imponen 4 años, pero además la nueva ley regula la imposición de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta por el doble de la pena de prisión; así mismo se debe imponer una pena de privación al derecho de la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión, hasta que la misma se haya extinguido completamente. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 31, 32, 70 numeral 1, 357, 438, 582, 616 del Código Penal 130-2017; 362, 363, 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Denie Estuardo Lorenzana en su condición de defensor privado del imputado Osman Uvence Rosales Díaz. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Fredis Hernández Petit. Tercero: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Osman Uvence Rosales Díaz; en consecuencia, reforma los pronunciamientos del primero al quinto de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i) Que debemos condenar y condenamos al acusado Osman Uvence Rosales Diaz como autor de un delito consumado de Receptación en perjuicio de Javier Alfonzo Salazar, a cumplir la pena principal de prisión por tres (03) meses. Como consecuencia de la responsabilidad penal se decreta la responsabilidad civil misma que será objeto de tasación en la etapa de ejecución de la sentencia. ii) Que debemos condenar y condenamos al acusado Osman Uvence Rosales Díaz como coautor de un delito consumado de Tráfico Ilícito de Armas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a las penas principales de prisión por nueve (09) años; multa de mil (1200) días a razón de veinte (20) lempiras por día que hacen un total de veinticuatro mil lempiras (L 24,000.00); pena de localización permanente por cuatro (04) años; Pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta por dieciséis (16) años y pena de privación al derecho de la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión, hasta que la misma se haya extinguido completamente. Por disposición constitucional (Art. 41.2), se condena al acusado a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales. Las penas principales impuestas se cumplirán en el orden siguiente: penas de prisión de manera sucesiva, iniciando con la más graves, a la que deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; penas de localización permanente e inhabilitación especial de manera simultánea, a partir de que el condenado recobre su libertad y pena de privación de derecho de tenencia y portación de armas de fuego, hasta que la pena de prisión se extinga completamente. La pena de multa deberá enterarse a la Tesorería General de la República dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la sentencia. iii) Respecto al acusado Osman Uvence Rosales Díaz a quien se le ha aplicado retroactivamente el Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a esta nueva codificación, lo que incluye la resolución bajo sus normas de cualquier solicitud de reemplazo de pena y de libertad condicional. Se condena al acusado Rosales Díaz a realizar trabajo penitenciario durante el tiempo de internamiento por cumplimiento de la pena privativa de libertad, conforme la legislación vigente. Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de mayo del dos mil veintidós. Certificación de sentencia dictada el veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-238-2018. FIRMA Y SELLO.

JOSE RAMON CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE. SALA DE LO PENAL

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[1] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial. Tegucigalpa, Honduras. Año: 2004. Página 595

[2] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional, Proyecto Fortalecimiento Poder Judicial de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Año. 2004. Páginas 601 y 602

[3] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial. Tegucigalpa, Honduras. Año: 2004. Página 595

[4] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional, Proyecto Fortalecimiento Poder Judicial de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Año. 2004. Páginas 601 y 602