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Sentencia CP-237-18 — Registro 14259

Resumen

En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de Extorsión, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso no es de recibo. El censor en su exposición del único motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[2]. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta el recurrente este motivo de casación penal en la inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, pues se limita a hacer una referencia general a todas las reglas de la sana critica, sin puntualizar a cuál de ellas se refiere en su recurso. El censor no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha fincado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento de la recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por el recurrente .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017.  A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario Fue presentado ante esta única instancia escrito por parte de la defensa privada del acusado Eduin Misael Ordoñez Álvarez, en la cual expuso cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Por su parte el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis  tal y como prevé el numeral 2 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Eduin Misael Ordoñez Álvarez, una pena principal de reclusión de diecisiete (17) años, seis (6) meses de reclusión, por el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido CX0086-14, más una multa de cincuenta (50) salarios mínimos; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de extorsión (Art.373), debe imponérsele una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado.- Conforme se señala en la sentencia las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta alegaron ausencia de circunstancia agravantes y atenuantes, criterio que compartió el a-quo; tomando en cuenta las circunstancias en que se cometió el hecho, la peligrosidad del acusado, los males producidos y la afectación de bienes jurídicos como la vida, se probó en juicio la gravedad de los hechos ya que de acuerdo a los hechos probados se acredito las amenazas en la que se efectuaron disparos contra la vivienda y el vehículo propiedad del testigo protegido CX0086-14, así como las amenazas a su familia, en relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial que el ahora condenado Eduin Misael Ordoñez Álvarez, tenía la edad de 23 años al momento de los hechos, en unión libre, comerciante individual y con domicilio en barrio La Esperanza en Tocoa, Colón..- Conforme a lo señalado corresponde imponer al reo las siguientes penas: i.- Por el delito Extorsión: prisión por quince (15) años y multa de 1000 días, con un valor de veinte Lempiras ( L. 20.00) ascendiendo a la cantidad de veinte mil Lempiras ( L. 20,000.00) ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia recaída en el Recurso de Casación con registro No. SP-237-2018 que literalmente dice: “.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes abril del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP 237-2018 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Eduin Misael Ordóñez Álvarez, como autor del delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido CX0086-14, a la pena de diecisiete años, seis meses de reclusión; Segundo: Condenó al señor Eduin Misael Ordóñez Álvarez, a la penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Se declaró el comiso de: a) Tres teléfonos celulares, embalados y sellados, marcas Blackberry, color negro con franja gris alrededor decomisado al señor Eduin Misael Ordóñez Álvarez, un teléfono celular Samsung STH-139 de color gris y negro con número telefónico 95109754 del Testigo Protegido CX0086-14 y un BMobile color negro con franja roja alrededor con número telefónico 32832788, decomisado al señor Eduin Misael Ordóñez Álvarez; b) Un sobre manila, color amarillo, conteniendo en su interior dos billetes de denominación de quinientos lempiras, con series números V8457463 y V8390416 y varios recortes de periódicos; c) Una boleta de revisión de matrícula de motocicleta, con serie 0518073 a nombre de Elkin Banegas Escalante, Marca Génesis, Modelo XM2005Y-B, color blanco motor 169FML13807003, Chasis MHJYCLLA608402819, año 2013, con placas MPU8518; d) Licencia de conducir registrada a nombre del señor Eduin Misael Ordóñez Álvarez, con identidad número 0703-1991-03514 y e) un pasamontañas de color negro, tipo licra, para que el Juzgado de Ejecución Penal le dé su destino legal; Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil del señor Eduin Misael Ordóñez Álvarez, por la indemnización de daños y perjuicios derivados del delito por el que es condenado; Quinto: No procede la condena en costas personales, procesales ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: El Abogado Rony Alfredo Lanza Cruz, en su condición de Apoderado defensor privado del señor Eduin Misael Ordoñez Álvarez, como parte recurrente y el Abogado Franklin Josué Rodríguez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “Valorando las pruebas practicadas en el debate conforme a las reglas de la sana critica, este Tribunal declara, expresamente probado, los hechos siguientes: Único: El día martes cuatro de noviembre de dos mil catorce a la una cincuenta y seis minutos de la tarde, el señor Eduin Misael Ordóñez Álvarez comenzó a llamar del teléfono celular número 3283-2788 al Testigo Protegido CX0086-14 exigiendo la cantidad de trescientos mil lempiras a cambio de mantenerlo con vida a él y su familia. El día jueves seis de noviembre de dos mil catorce a eso de las diez de la noche, dispararon contra la vivienda y el vehículo propiedad del testigo protegido CX0086-14, de los cuales seis proyectiles disparados con arma de fuego impactaron en el vehículo propiedad del testigo protegido CX0086-14. Llamando en fecha siete de noviembre de dos mil catorce el señor Eduin Misael Ordóñez Álvarez al Testigo Protegido CX0086-14 diciendo: “ya ves que no estoy jugando”, ¡tenes tres días para darme ese dinero! Si no te mato a vos y a tu familia; por lo que procedió a interponer la denuncia, resultando que el día martes once de noviembre de dos mil catorce el acusado Eduin Misael Ordóñez Álvarez llamó nuevamente al Testigo Protegido CX0086-14 exigiendo que entregara la cantidad de trescientos mil lempiras que de lo contrario procederían asesinar a su familia y luego al Testigo Protegido CX0086-14, respondió éste ¡que ya tenía el dinero!, acordando con los Agentes de La Unidad de Antiextorsión entregar en la Gasolinera Texaco Basha a La salida de Tocoa, Colón, una entrega vigilada, llegado el momento, el Testigo Protegido CX0086-14 dio al señor Eduin Misael Ordóñez Álvarez, un sobre Manila conteniendo dos billetes de quinientos lempiras, debidamente seriados y varios recortes de periódicos en forma de billetes, el señor Eduin Misael apareció conduciendo una moto blanca marca Génesis y cuando se disponía a retirar del lugar, fue interceptado y detenido por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión de manera flagrante, procediendo a iniciar el procedimiento de ley ante las autoridades competentes.” III. RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Rony Alfredo Lanza Cruz, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Formal, de la manera siguiente: EXPOSICION DEL MOTIVO HECHOS Que los hechos tienen su origen en fecha 4 de noviembre del año 2014, cuando el supuesto encausado, realizo llamadas al Testigo protegido CX0086-14, en las que le solicitaba le entregara 300,000 Lempiras, a cambio de no atentar contra su familia, que sabían que tenía en el mall tres carros en venta, asegurándole que ellos eran gente que se dedicaban al secuestro y la Extorsión, que sabían que tenía dinero para pagar, que sabían que tenían negocios, que cuidado le cortaba las llamadas, asimismo relataba el testigo protegido, que un día de tantos llamo el extorsionador y le dijo que tenía a su madre, en la mira de su boquilla que de no se puede mover DESARROLLO DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMERO: Considera la defensa que existe MALA APLICACIÓN DE LA SANA CRITICA, en vista de que el fallo de culpabilidad se ha fundamentado, en Pruebas ilícitas en el proceso como ser, Acta de Decomiso, Acta de céreo de Dinero, Entregas Controladas, con fundamento en la Ley de .Lavado de Activos, art 2, numeral 28, 49, 51, 52 y 60 y la Ley de Privación de Dominio artículos 3, 28, 39 y 81 la Entrega Controlada debe hacerse bajo control Jurisdiccional, en su defecto en casos de extrema urgencia podrá ordenarla el Ministerio Fiscal, siempre y cuando se cumpla con el procedimiento posterior que es la Convalidación, consta del legajo de pruebas del ministerio Fiscal y de los que se propusieron en la fase inciden tal con la Finalidad de esclarecer el procedimiento que se utiliza para poder dar paso a la ENTREGA CONTROLADA, siendo que este Medio de Prueba, en este tipo de procesos es vital para la constatación del delito, en ese orden de ideas y con la finalidad de lograr ser aplicada al destino legal correspondiente, deben los Agentes encargados de dichas diligencias respetar el Debido Proceso, GARANTIA CONSTITUCIONAL ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 90 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, atraves de procesos ya pre establecidos y que deben seguirse para efectos de llevar a cabo una ENTREGA DE DINERO CONTROLADA, sin embargo consta en la presentación del Requerimiento Fiscal que jamás se pidió la Convalidación de dicha entrega, sino que solo se puso a la orden del Juzgados al encausado, sin pedir la Convalidación de lo actuado, esto en virtud de lo prescrito en los artículos señalados en relación a ese procedimiento invocado, ya que en todo caso al no haber o existir una Autorización Judicial para efectuar tal accionar, en derecho lo procedente era una CONVALIDACION del ENTREGA CONTROLADA, como no se realizó ni una ni otra cosa, se QUEBRANTA LA FORMA, asimismo la prueba obtenida en dichas acciones como ser el Supuesto Dinero solicitado, El Acta de Registro Personal y el Acta de Decomiso se vuelven PRUEBA ILICITA O PROHIBIDA, tal como lo establece el artículo 200, carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos, que vulneren Garantías Procesales, establecidas en la constitución de la República y en los Convenios Internacionales relativos a Derechos Humanos………… Sabemos perfectamente que los Tribunales a cuyo cargo se encuentran estas causas son tribunales de Garantías que ante estas irregularidades la ley propiamente el Código Procesal Penal, en el artículo 9 SANEAMIENTO DE IRREGULARIDADES, facultad conferida a los Jueces en el desempeño de sus funciones. SEGUNDO: Continuando con nuestro pronunciamiento diremos que de igual forma el ANALISIS TELEFONICO, que se supone se desarrolló en el Debate de Juicio, para ser un elemento de prueba que acreditara la forma en que se supone se hacían los petitorios de dinero hacia la victima de extorsión, fue atacado de manera clara por parte de la defensa cuando se estableció que no era la prueba y la Finalidad probatoria era diferente a lo que en realidad se propuso por parte del ente Fiscal, ya que si se observa a folios 118 al 121, considera la defensa que no se aplicó correctamente la SANA CRITICA, cuando se advirtieron una serie de vicios o errores procesales, que como Tribunal de Garantías este debió parar, como ser el hecho primeramente que los Registros de llamadas entrantes y salientes, vaciado de teléfonos, siendo esta ultima la única que se hizo, ya que el ANALISIS el que verdaderamente debía ser incorporado al debate, recordando el artículo 199, el cual establece que los Medios de prueba deben ser objetivamente confiables, en todos los tribunales de la República el procedimiento para que un perito, debidamente juramentado realice su pericia es que las compañías de celular ya sea TIGO O CLARO, envíen los vaciados originales, pues electrónicamente deben hacerlo ya que es ese un Medio de prueba confiable, sin embargo el Agente Fiscal se circunscribió a decir que la compañía de teléfono no había enviado los vaciados y que por tal razón, no se había realizado el ANALISIS TELEFONICO, sin embargo si se realizó la extracción de los teléfonos, sin embargo el perito no dio razones de donde saco las conversaciones más esto en relación a los teléfonos del acusado, ya que según se entiende es que lo que hizo fue sacar los mensajes que habían caído al celular del ofendido, cuando en realidad lo que se necesitaba era probar que dichos mensajes salieron de los aparatos telefónicos del imputado, dirigidos al teléfono celular del ofendido, situación que quedo en el aire, ya que tampoco se realizó según informo el Agente Fiscal la INTERVENCION TELEFONICA. Es importante Honorables Magistrados para esta defensa que ustedes conozcan a que me refiero, en primer término, el aparato celular Marca BLACKBERRY, Modelo CURVE, 9320, en el Informe de extracción el Perito establece que a este aparato no se le logro extraer la información ya que se encontraba con Código de Seguridad y que de esa forma no se le puede realizar ningún tipo de pericia. Asimismo, en el mismo informe de extracción se establece que al teléfono celular Marca BMOBILE, Modelo S750, E este caso no se logró realizar la extracción ya que no puede ser soportado por el por el programa CELLEBRITE, que de esa forma no se le puede realizar ningún tipo de pericia al teléfono. Asimismo realizo la extracción de la SINCARD, de la cual no logro extraer ningún tipo de información relacionada con el caso de EXTORSION que nos ocupa, Asimismo se establece a continuación en ese mismo informe de Extorción que al teléfono celular Marca Samsung, ModeloSGH-T139 y es aquí donde este establece que es en este teléfono que le fue decomisado al ofendido es donde se encuentran supuestamente los Mensajes de tipo extorsivo, enviados de un celular número 32832788, guardado en este celular como Posteriormente el Agente encargado de la extracción manifiesta algo que no es correcto en cuanto a Proceso se refiere, como ser el hecho de que con los aparatos se puede establecer la ubicación de él que realiza la llamada, como la ubicación del que recibe dicha llamada, sin embargo, esta defensa como todas las personas que nos relacionamos con este tipo de pruebas por causa de este trabajo, sabemos perfectamente que dicha situación de conocer ubicaciones solo lo hace tigo o claro, a través del establecimiento de las diferentes celdas, que se activan al momento de realizarse las llamadas, recordemos que todo este trabajo de extracción lo realiza solo el perito, no conocemos métodos formas si realmente se realizó, ya que la parte defensora y su encausado tienen en base al DERECHO DE DEFENSA, presenciar la ejecución de sus Medios de Prueba, sobre todo cuando esos Medios de Prueba van a parar en una sentencia que establecerá SU LIBERTAD O SU CONDENA, TERCERO: Se ha establecido como prueba de cargo alegatos relacionados con In supuesto atentado, del que en ningún momento se acredito en la secuela del juicio que en efecto dicho atentado, se haya producido por parte de mi representado, contra la persona del ofendido y que haya sido dicho temor el que lo llevo a negociar supuestamente con el encausado, Porque no existe una Denuncia por escrito, relatando estos hechos, en concordancia con la fecha en que supuestamente se producen y un Acta de Inspección del vehículo, con su respectivo álbum, relacionando que tipo de arma pudo haber producido el atentado por los casquillos que se hayan recuperado en la escena y que en efecto se hubiese probado que mi representado pudiese ser poseedor de algún tipo de arma, con la que hubiese podido perpetrar ese atentado es que en la esencia de probar, no pueden dejar de agotarse, cuanto medios de prueba necesarios y concluyentes sean posibles, sobre todo si ha existido como en esta causa violaciones graves Al DEBIDO PROCESO. CUARTO: Se ha manifestado por parte de los Agentes encargados de realizar la investigación que el número telefónico usado por mi representado al momento en que se ejecutaban los hechos era el celular 32-832788, sin embargo este extremo debió de acreditarse con un oficio solicitado por este Honorable Tribunal y debidamente contestado por la compañía de celular CLARO, en la que se estableciera sin lugar a dudas que en efecto el número de celular establecido era sin lugar a dudas propiedad del encartado, pero al parecer ahora los procesos deben dilucidarse en base no hay pruebas claras UTILES, PERTINENTES Y TOTALMETE CREIBLES, por lo que podrán decir ustedes y porque no creer en el Perito, Respondería yo y porque creerle, si hemos tenido infinidad de ejemplos en cuanto al abuso de los Agentes Policiales en relación a la fabricación de pruebas. CUARTO: Finalmente, queremos enmarcamos la forma en que se ha manejado el proceso en relación a las pruebas que han sustentado este fallo de condena, proceso que ha quebrantado la forma, el proceso, al tomar y valorar en la sentencia de mérito, pruebas con las que únicamente se prueba la forma irregular en que se actuó sobre todo en el Análisis de Vaciado que realmente termino siendo una extracción realizada por el perito nominado por el Ministerio Fiscal que a la larga era un elemento importante en la presente causa, pues era la prueba con la cual se acreditaría el pedimento de la cantidad monetaria que se pedía en calidad de Extorsión, que era prueba fundamental y que la defensa considera que la misma no debió ser valorada, por no ser un medio de prueba confiable, ya que de saber que lo que se haría sería una simple extracción, la defensa tenía derecho a presenciar y estar presente en la misma, tal cual lo establece el Código Procesal Penal, IGUALDAD DE LOS INTERVINIENTES en el proceso, en vista de que es realizado por un Agente de Investigación, sin la comparecencia de ninguna de las partes, esto vuelve poco confiable el Medio Probatorio. Esto en atinencia lo prescrito en el artículo 199 del Código Procesal Penal, señalando que básicamente los Medios de Prueba Fundamentales Han violentado la Forma, en todo lo que anteriormente se ha realizado, razón que nos lleva a Interponer la Casación de Merito, con la Finalidad no de que se revaloren estos Medios de Prueba, pero si con la Finalidad que se analice lo expresado en cuanto al Quebrantamiento de Forma, en lo demás ustedes Juzguen Honorable Magistrados.”. IV FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el recurrente que existe mala aplicación de la sana crítica, en vista que el fallo de culpabilidad se ha fundamentado en pruebas ilícitas en el proceso como ser el acta de decomiso, acta de céreo de dinero, entregas controladas con fundamento en la Ley de Lavado de Activos y la ley de Privación de Dominio, así como la entrega vigilada debió hacerse bajo control jurisdiccional, en su defecto en casos de extrema urgencia podrá ordenarla el Ministerio Fiscal, siempre y cuando se cumpla posteriormente con la convalidación, estableciendo el recurrente que dichas diligencias los agentes encargados respetar el debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República, estableciendo además que al no haberse convalidado la entrega controlada se quebranta la forma. Establece el recurrente que las pruebas obtenidas como el supuesto dinero solicitado, el acta de registro personal y el acta de decomiso se vuelven prueba ilícita o prohibida tal como lo establece el artículo 200 del Código Procesal Penal. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. a. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. b. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o c. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i.El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii.El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii.El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la Derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. El recurso no es de recibo. El censor en su exposición del único motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[2]. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta el recurrente este motivo de casación penal en la inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, pues se limita a hacer una referencia general a todas las reglas de la sana critica, sin puntualizar a cuál de ellas se refiere en su recurso. El censor no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha fincado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento de la recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por el recurrente. V. DECISION. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario Fue presentado ante esta única instancia escrito por parte de la defensa privada del acusado Eduin Misael Ordoñez Álvarez, en la cual expuso cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Por su parte el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis tal y como prevé el numeral 2 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Eduin Misael Ordoñez Álvarez, una pena principal de reclusión de diecisiete (17) años, seis (6) meses de reclusión, por el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido CX0086-14, más una multa de cincuenta (50) salarios mínimos; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de extorsión (Art.373), debe imponérsele una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado.- Conforme se señala en la sentencia las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta alegaron ausencia de circunstancia agravantes y atenuantes, criterio que compartió el a-quo; tomando en cuenta las circunstancias en que se cometió el hecho, la peligrosidad del acusado, los males producidos y la afectación de bienes jurídicos como la vida, se probó en juicio la gravedad de los hechos ya que de acuerdo a los hechos probados se acredito las amenazas en la que se efectuaron disparos contra la vivienda y el vehículo propiedad del testigo protegido CX0086-14, así como las amenazas a su familia, en relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial que el ahora condenado Eduin Misael Ordoñez Álvarez, tenía la edad de 23 años al momento de los hechos, en unión libre, comerciante individual y con domicilio en barrio La Esperanza en Tocoa, Colón..- Conforme a lo señalado corresponde imponer al reo las siguientes penas: i.- Por el delito Extorsión: prisión por quince (15) años y multa de 1000 días, con un valor de veinte Lempiras ( L. 20.00) ascendiendo a la cantidad de veinte mil Lempiras ( L. 20,000.00). VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66 y 616 del Código Penal 130-2017; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el abogado Rony Alfredo Lanza Cruz, apoderado defensor privada.- Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Eduin Misael Ordoñez Álvarez; En consecuencia, reforma los pronunciamientos primero de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i.- Que debemos condenar y condenamos al acusado Eduin Misael Ordoñez Álvarez como autor de un delito consumado de extorsión, a cumplir las penas principales siguientes: prisión por quince (15) años ; multa de 1000 días, con un valor de veinte lempiras (L. 20.00) por cada día, ascendiendo la pena a veinte mil lempiras (L.20,000.00).- ii.- Que debemos condenar y condenamos al acusado Eduin Misael Ordoñez Álvarez a la pena accesoria de inhabilitación absoluta y suspensión dela ciudadanía por disposición Constitucional (Art.41.2) por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión..- iii.- Las penas principales impuestas se cumplirán en el orden siguiente: penas de prisión de manera sucesiva, iniciando con la más grave, a la que deberá de deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; la pena de multa deberá de cumplirse 30 días hábiles después de adquirir firmeza esta sentencia, enterando lo debido a la Tesorería General de la República, salvo resolución de pago diferido emitida por el Juzgado de Ejecución como consecuencia de haberse acreditado justa causa.- La pena accesoria se cumplirá de manera simultánea a las penas principales de prisión.- Tercero: Declara Firme y Ejecutable los pronunciamientos segundo, tercero, cuarto y quinto, de la parte resolutiva de la sentencia.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.-. NOTIFÍQUESE. Alma consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Secretaria General.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veintidós. Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-237-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE

SALA DE LO PENAL

[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012

[2] Véase German Pabón Gómez, De la Casación y la revisión Penal, Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley.P.144.