Sentencia CP-233-17 — Registro 15655
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados como coautores del delito de Robo Agravado y Asociación Ilícita, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 .
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del motivo por Infracción de Ley. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. – El motivo de casación por infracción de ley, interpuesto por el recurrente, denuncia que el Tribunal de Sentencia ha aplicado indebidamente el artículo 332 del Código Penal, pues del hecho probado no se desprenden los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal de Asociación Ilícita. Los hechos probados de la sentencia establecen lo siguiente:“Primero: En el año dos mil once existía una enemistad entre integrantes de la familia Figueroa con integrantes de la Familia Calix, todos residentes del Municipio de Santa María del Real del departamento de Olancho, y es por ello que en Septiembre del año dos mil once, los señores Delvin Oveli Hernández Sauceda, Marco Antonio Medina Calix, y Oscar Rene Calix Muñoz acompañados de otras personas procedieron en horas de la mañana a ingresar a la vivienda del señor Denis Orlando Figueroa, misma en las que no se encontraban sus moradores, de donde los señores antes mencionados procedieron a sacar enseres domésticos y menaje como ser camas y muebles de cuarto y de sala, luego de forzar y sacar los balcones así como las ventanas de la referida casa, usando como herramienta cuerdas atadas a uno de los carros que el señor José Encarnación Calix, les había proporcionado como transporte. Segundo: Los señores Marco Antonio Medina Calix y Oscar René Calix pertenecen a un grupo en los que también había miembros de la familia Calix que durante el año dos mil once se reunía para realizar reiteradamente actos en los que amedrentaban a pobladores con armas de fuego, y se introducían a viviendas, las cuales, por temor a ellos, habían sido desocupadas y que pertenecían a integrantes de la familia Figueroa de Santa María del Real.” Esta Sala de lo Penal ha revisado de manera detallada la fundamentación fáctica de la sentencia (hechos probados) y no ha detectado un quebranto de las normas penales que ha utilizado el sentenciador para encuadrar las acciones cometidas por los acusados, mismos que no merecen reproche casacional de la jurisprudencia que ha dictado esta Sala de lo Penal, la cual fue explicada de forma detallada en los apartados anteriores, este tribunal de casación es del criterio que la conducta de los acusados se subsume en el tipo penal previsto en el artículo 332 del Código Penal 144-83, conforme al delito de Asociación Ilícita, pues del relato fáctico se desprende que realizaron las acciones de pertenencia a un grupo en los que también había miembros de la familia Calix, que durante el año dos mil once se reunía para realizar reiteradamente actos en los que amedrentaban a pobladores con armas de fuego, y se introducían a viviendas, las cuales, por temor a ellos, habían sido desocupadas y que pertenecían a integrantes de la familia Figueroa de Santa María del Real. Se le ha dado lectura a los medios de prueba de cargo testifical y documental que fueron valorados por el a quo como ser: Como pruebas testificales la declaración de los testigos protegidos XL y A, así como la introducción por lectura autorizada de los testigos protegidos SMR2, B, K, y Z, en audiencia inicial; como pruebas documentales las siguientes: Acta de allanamiento, registro, decomiso y detención de personas, de fecha 31 de enero del 2011 (f. 143); acta de allanamiento e inspección ocular de fecha 31 de enero del año 2012 (f.128); acta de reconocimiento de objetos de fecha 31 de enero del año 2012 (f.175). Lográndose acreditar la asociación voluntaria de los señores Marco Antonio Medina Calix y Oscar Rene Calix, con otras personas de manera continua, los cuales eran parte de una agrupación conformada para la ejecución de actos delictivos y que amedrentaban a pobladores de Santa María del Real, con armas de fuego y se introducían a viviendas, las cuales por temor a ellos habían sido desocupadas por sus propietarios; hechos que se extraen de la prueba de cargo evacuada, por lo anteriormente expuesto se declara sin lugar el único motivo de casación por infracción de ley interpuesto por la defensa privada..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la tramitación del recurso de casación ninguna de las partes presentó escrito complementario dando a conocer su criterio respecto a la procedencia o no de la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, por lo que en base al artículo 624.3 de ese cuerpo legal corresponderá en el presente caso a la Sala de lo Penal realizar la ponderación de oficio. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Marco Antonio Medina Calix y Oscar Rene Calix Muñoz, la pena de seis (6) años ocho (8) meses de reclusión por el delito de Robo Agravado en perjuicio de Dennis Orlando Figueroa (art. 217 CP); se impuso a los señores Marco Antonio Medina Calix y Oscar Rene Calix Muñoz, la pena de trece (13) años cuatro (4) meses de reclusión por el delito de Asociación Ilícita en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; tipo penal que se encontraba tipificado en el artículo 332 del Código Penal 144-83. Asimismo, impuso las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Quedando la pena impuesta en veinte (20) años de reclusión. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada a los acusados de Robo Agravado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito Robo con Violencia o Intimidación (Art. 361), sancionado con pena de 04 a 08 años de prisión, aumentada en un tercio, pues los imputados cometieron el delito empleando armas (Art. 363, numeral 9), quedando la pena en 08 años a 10 años 08 meses de prisión; La conducta reprochada a los acusados de Asociación para Delinquir, previsto en el artículo 554 del Código Penal 130-2017, el que indica que: “Son asociaciones ilícitas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos (2) o más personas con la finalidad de cometer ilícitos penales… Los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita deben ser castigados con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días.”. Retornando al caso de estudio, conforme los hechos declarados probados los acusados Marco Antonio Medina Calix y Oscar Rene Calix Muñoz, sostuvieron diversas y continuas reuniones, entre sí y con otras personas con el objeto conspirar para realizar delitos de robo a viviendas.- Estos hechos se encuadran en el tipo penal de asociación para delinquir, y dado que no se señala en la descripción fáctica de que los acusados sean directivos, promotores o financistas, debe entenderse que eran integrantes de la agrupación, por lo que corresponde imponerles una pena concreta de 6 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por los acusados, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 14 años a 20 años 08 meses de prisión y multa de 100 a 500 días, lo que no les beneficia..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Certificación
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 233-2017 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, mediante la cual Primero: Condenó a los señores Delvin Oveli Hernández Sauceda, Marco Antonio Medina Cálix y Oscar René Calix Muñoz, como coautores del delito de Robo Agravado, en perjuicio del señor Dennis Orlando Figueroa a la pena principal de seis años, ocho meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Condenó al señor José Encarnación Cálix, como autor del delito de Robo Agravado en su Grado de Participación de Complicidad Simple, en perjuicio del señor Dennis Orlando Figueroa a la pena principal de cuatro años, cinco meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Condenó a los señores Marco Antonio Medina Calix y Oscar René Calix, como autores del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena principal de trece años, cuatro meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Cuarto: Se le declaró la responsabilidad civil de los señores Delvin Oveli Hernández Sauceda, José Encarnación Calix, Oscar René Calix Muñoz y Marco Antonio Medina Calix.- Quinto: No procedió condenar en costas a los señores Delvin Oveli Hernández Sauceda, José Encarnación Calix, Oscar René Calix Muñoz y Marco Antonio Medina Calix ni al Ministerio Público.- Sexto: No procedió el comiso.- Septimo: Absolvió al señor Delvin Oveli Hernández Sauceda, del delito de Robo de Vehículo, en perjuicio de los señores Ricardo Alberto Figueroa López, Yeny Sobeida Figueroa y Obdulio Roberto Cruz, por los que originalmente habían sido acusado así como también en perjuicio del señor Carlos Arnulfo Figueroa.- Asimismo lo Absolvió del delito de Robo Agravado Continuado, en perjuicio de los señores Carlos Arnulfo Figueroa, Juan José Acosta y Santiago Acosta Figueroa.- Octavo: Absolvió al señor José Encarnación Calix, del delito de Robo Agravado Continuado, en perjuicio de los señores Ricardo Alberto Figueroa López, Sobeida Figueroa y Obdulio Roberto Cruz, el cual fueron originalmente acusados, así como en perjuicio de los señores Carlos Arnulfo Figueroa, Juan José Acosta y Santiago Acosta.- Noveno: Absolvió al señor Blas Antonio Calix Muñoz, del delito de Robo de Vehículo, en perjuicio del señor Carlos Arnulfo Figueroa.- Asimismo lo Absolvió del delito de Robo Agravado Continuado, en perjuicio del señor Carlos Arnulfo Figueroa y Dennis Orlando Figueroa.- Absolviéndole del delito de Incendio, en perjuicio de los señores Juan José Acosta y Santiago Acosta Figueroa.- Décimo: Absolvió al señor Marco Antonio Medina Calix, del delito de Robo de Vehículo Continuado, en perjuicio de los señores Ricardo Alberto Figueroa López y Carlos Arnulfo Figueroa. Asimismo se le Absolvió del delito de Robo Agravado Continuado en perjuicio de los señores Carlos Alberto Figueroa López, Sobeida Figueroa, Obdulio Cruz, Ramón Figueroa, Juan José Acosta y Santiago Acosta Figueroa.- Absolvió por el delito de Incendio, en perjuicio de los señores Juan José Acosta y Santiago Acosta Figueroa.- Décimo Primero: Absolvió al señor Oscar René Calix Muñoz, del delito de Robo de Vehículo Continuado, en perjuicio de los señores Ricardo Alberto Figueroa y Carlos Arnulfo Figueroa.- Asimismo lo Absolvió del delito de Robo Agravado Continuado, en perjuicio de los señores Ricardo Alberto Figueroa, Jenny Sobeida Figueroa, Obdulio Roberto Cruz, Carlos Arnulfo Figueroa, Juan José Acosta y Santiago Acosta Figueroa.- Absolviéndole del delito de Incendio, en perjuicio de los señores Juan José Acosta y Santiago Acosta Figueroa. Son partes en única instancia: El Abogado Teodoro Salvador Godoy, en su condición de defensor privado de los señores Marco Antonio Medina Calix y Oscar René Calix Muñoz como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia “Primero: En el año dos mil once existía una enemistad entre integrantes de la familia Figueroa con integrantes de la Familia Calix, todos residentes del Municipio de Santa María del Real del departamento de Olancho, y es por ello que en Septiembre del año dos mil once, los señores Delvin Oveli Hernández Sauceda, Marco Antonio Medina Calix, y Oscar Rene Calix Muñoz acompañados de otras personas procedieron en horas de la mañana a ingresar a la vivienda del señor Denis Orlando Figueroa, misma en las que no se encontraban sus moradores, de donde los señores antes mencionados procedieron a sacar enseres domésticos y menaje como ser camas y muebles de cuarto y de sala, luego de forzar y sacar los balcones así como las ventanas de la referida casa, usando como herramienta cuerdas atadas a uno de los carros que el señor José Encarnación Calix, les había proporcionado como transporte. Segundo: Los señores Marco Antonio Medina Calix y Oscar René Calix pertenecen a un grupo en los que también había miembros de la familia Calix que durante el año dos mil once se reunía para realizar reiteradamente actos en los que amedrentaban a pobladores con armas de fuego, y se introducían a viviendas, las cuales, por temor a ellos, habían sido desocupadas y que pertenecían a integrantes de la familia Figueroa de Santa María del Real.” Recurso de Casación. - Motivos y Argumentos El Recurrente Abogado Teodoro Salvador Godoy, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley de la manera siguiente: Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer motivo: En la sentencia que hoy se impugna, no se observaron las reglas de la sana crítica para la valoración de la prueba, infringiéndose así la exigencia contenida en el artículo 202 del Código Procesal Penal, que, en la parte conducente, dispone que “las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica”. Precepto Autorizante: El motivo de casación invocado está comprendido dentro del artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Que en la parte conducente establece, “recurso de casación por quebrantamiento de forma” el recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia, recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 3) ... En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica”. Explicación Del Motivo: Violación A La Lógica Violación Al Principio De Derivación Reglas a que está sujeta el principio de derivación: ver Sentencia de Sala Penal Número: SP 197-2009. “… Regla De La Derivación Esta Sala De Lo Penal, resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) Dentro de la regla de la lógica está el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga del otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe de constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la asociación de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual a de inferirse aquella...” En la sentencia que hoy se impugna, el tribunal de sentencia ha llegado a inferencias sin razón probatoria veamos a continuación. Con relación al Testigo denominado XL la sentencia impugnada en la página “23” quinto párrafo establece: 1.1 valoración de la prueba Durante el interrogatorio, el testigo expreso que lo que a él le consta es acerca de la vivienda perteneciente a Mirna Patricia Cruz y otra casa, la cual fue incendiada que es la de Felipe Santiago Acosta Cruz, que es hijo de la señora antes mencionada. Ambas casas fueron saqueadas. También tuvo conocimiento de las casas de Denis Figueroa Galeano Y Juan José Acosta Sauceda donde tenían mucho menaje y que fueron saqueadas, les sacaron el techo, el barandaje, las celosías y todo el menaje. Esto indica entonces que el testigo protegido XL le consta solamente lo que paso en las casas de Mirna Patricia Cruz Y La Casa De Felipe Santiago Acosta Cruz, y cuando se refiere a Denis Figueroa Galeano Y Juan Jose Acosta, es porque solo tuvo conocimiento, es importante además establecer que estas versiones no tienen respaldo que sea confiable o científico. Bajo esa apreciación debemos entender que el testigo en referencia, nos dice claramente que lo único que él vio fue el saqueo de las casas De Mirna Patricia Cruz Y De Felipe Santiago Acosta Cruz, y en cuanto a las demás casas obtuvo la información a través de conocimiento es decir a través de otros medios y no porque le constara personalmente, entonces porque el tribunal considera que este testigo le merece credibilidad en cuanto al saqueo que se hizo a la casa del señor Denis Orlando Figueroa Galeano siendo suficiente su dicho para imponer la condena, apoyando su decisión en un acta de allanamiento y decomiso, sin ser ratificada por el funcionario que supuestamente la elaboro, los objetos supuestamente decomisados nunca fueron presentados en juicio no hubo una cadena de custodia que garantizara que en verdad esos objetos existían, por lo tanto la falta de observancia de los procedimientos de preservación y custodia de un indicio convertido en elemento de prueba, da lugar a que se declare la carencia de su eficacia probatoria producto de la inadecuada recolección extracción o levantamiento, preservación y empaque; transporte y entrega a las autoridades jurisdiccionales durante la sustanciación del proceso. Podríamos decir entonces que esta inferencia a que llega el tribunal no es el resultado concreto de la narración realizada por el testigo en juicio, basta solo leer entre líneas la interpretación que hace el tribunal sobre lo dicho por el testigo para darse cuenta, de la violación a la lógica de la derivación realizada por el juzgador. Ahora veamos el Acta de debate página 9 renglón 26 en adelante el testigo protegido al ser preguntado por el Ministerio público, ¿manifiesta de unas casas incendiadas y saqueadas a quienes pertenecen esas casas? Una de ella es de Mirna Patricia Acosta Cruz y la otra es de Felipe Santiago Acosta Cruz y de las saqueadas fue La Denis Figueroa Galeano y la de Juan Acosta Sauceda, ¿Cómo tuvo conocimiento de estos hechos? Yo al ver eso venia cruzando por la calle, las dos estaba en línea, venia como a eso de las 9:00 de la noche yo conocí que eran ellos había fuego porque las estaban incendiando me quedé como a unos 60 a 70 metros obviamente el testigo habla sobre las casas de Mirna Patricia Acosta Cruz Y De Felipe Santiago Acosta Cruz. Al revisar la declaración del testigo protegido XL podemos apreciar que en todo momento sostuvo que lo que vio fue el incendio y. el saqueo a las casas de la señora Mirna Patricia Acosta Cruz y la Casa de Felipe Santiago Acosta Cruz, y describe que las dos casas están en línea es decir una seguida de la otra, también dijo que estos hechos ocurrieron a las 9:00 de la noche y que él se encontraba aproximadamente a una distancia de entre 60 a 70 metros, se aprecia con claridad que el testigo no da detalles de que en realidad haya visto el saqueo a la casa del señor Denis Orlando Figueroa Galeano. Pero el tribunal al valorar la declaración del testigo protegido XL índica circunstancias que no son coherentes con lo manifestado por el testigo en mención, es sorprendente ver como el juzgador trata de vincular de manera forzada a los señores Marco Antonio Medina Calix y Oscar René Calix Muños y a otros imputados en una escena criminal en la cual no estuvieron, pero aun así impuso la condena utilizando de manera contraria la versión del testigo protegido con el objeto de hacer su propia vinculación y justificar la sentencia condenatoria. Pues como lo hemos venido diciendo el testigo protegido XL en su relato indica que el vio el incendio y el saqueo a la casa de la señora pero estas personas no figuraron como víctimas en la acusación del Misterio público así lo reconoció el tribunal en sus valoraciones por lo tanto no era necesario hacer pronunciamiento alguno, pero nosotros lo asemos para referencia sobre el resto de la prueba, aunque no se acredito con certeza que realmente se hayan producido esos robos o saqueos que dicen los testigos además esas versiones son muy contrariadas entre sí, al grado de desconocer las fechas en que supuestamente ocurrieron los hechos narrados por ellos mismos. Veamos la pagina 26 párrafo tercero siempre en la valoración al testimonio del testigo protegido XL, en este punto y a solicitud de una de las defensas, se introdujo por lectura autorizada los renglones 16 al 18 del folio 153 del expediente judicial, que corresponde a la declaración que el testigo rindiera en audiencia inicial, y en la que manifestó lo siguiente: Encarnación Calix es el jefe de la banda y Delvin Sauceda también es parte, cuando saquearon unas casas en el barrio yo iba pasando Encarnación no estaba pero si su carro, Delvin Sauceda, René Calix, Peter Calix, Kevin Calix Y Wilson López y habían otros que no los conozco. Se observa claramente que el testigo menciona a unas personas pero dice que no conoce a los demás, eso lo dijo en audiencia inicial pero casi dos años después regresa a dar declaración en la misma causa en juicio oral y público, en el cual menciona a otras personas esto sorprende porque en audiencia inicial dijo que no conoció a más personas, entonces porque el testigo en vez de olvidar detalles y nombres de personas los recuerda como si se tratara de un hecho recién sucedido, esta declaración a si deja más dudas que certeza. 1 .2 testigo protegido A) con relación a este testigo, quien manifestó que iba cruzando por la calle cuando fue testigo del robo que estaban haciendo en la casa de Denis Galeano y en el que pudo reconocer únicamente a Delvin Sauceda Y Blas Antonio Calix como participes de este hecho de los demás que estaban afuera, pudo también identificar que Félix Mencía andaba el vehículo blanco también había otro vehículo color amarillo, doble cabina adujo que era una banda, donde no fueron muchos los que pudo conocer pero logro observar también a Wilson López y a un señor llamado Marcos cuyo apellido dijo ignorar. En el quinto párrafo de esta misma página el tribunal de sentencia trata de de acomodar la declaración del testigo protegido A) De la siguiente manera: explico que lo que observo fue que dos estaban a fuera con arma larga, mientras los demás sacaban cosas de adentro, como ser muebles, balcones y estaban saqueando la casa manifestó que es una banda peligrosa que el pueblo esta intimidado y por eso no quieren hablar, pues temen por su vida ya que son personas bien peligrosas, durante el interrogatorio, el testigo manifestó que estos hechos que dijo haber observado sucedieron en el mes de septiembre aproximadamente a las nueve de la mañana, que dicha casa que saqueaban pertenecía a Denis Galeano. Contrastada esa valoración con la propia declaración que costa en el acta de debate en la página 13 que dice: Fui testigo de un robo en la casa del señor Denis Galeano yo iba cruzando por la calle y fui testigo, participaba Antonio Calix, Delvin Sauceda, Blas Antonio Calix los demás estaban adentro, el que andaba manejando se llama Félix Mencía, era un vehículo blanco y un doble cabina color amarillo, no pude conocer los que estaban adentro ya que es una banda peligrosa. Al analizar esta declaración del testigo protegido A) observamos que en la parte inicial de su deposición establece con toda claridad que Antonio Calix, Delvin Sauceda Y Blas Antonio Calix estaban a fuera y por sentido común entendemos que los demás estaban dentro del inmueble tal como el mismo lo asevera y por eso se supone que no reconoció a otras personas. Otra parte y sobre esta misma declaración encontramos que en el interrogatorio del Ministerio público se le hacen las siguientes preguntas: ¿en qué fecha observo estos hechos? En el año 2011 en septiembre fue, ¿a qué horas? Aproximadamente a las 9:00 de la mañana ¿Cuál era la participación de las personas que identifico? Contesta: el señor Marcos con Blas Antonio... afuera con armas cada uno, Delvin y Rene estaba amarrando los balcones y con barras. Se observa que el testigo al iniciar su declaración manifiesta claramente, que él vio a Antonio Calix, Blas Antonio Calix Y Delvin Sauceda y los demás no los conoció porque estaban adentro, pero cuando la fiscalía lo interroga cambia su versión y dice que vio a Marcos con Blas Antonio afuera con arma cada uno y Delvin y René estaba amarrando los balcones y con barras. La pregunta es se puede valorar como positiva esta declaración del testigo protegido A, en base a un razonamiento correcto y coherente con el recto entendimiento humano ¿porque el tribunal sentenciador le dio valor a esta declaración testifical? es por eso que la defensa considera que el tribunal de sentencia falta al principio de la sana critica racional en su ley de derivación, al afirmar en los párrafos trascritos de la valoración de la prueba contrario a la propia deposición del testigo acomoda de manera forzada los relatos hechos por los testigos para imponer la condena. Es evidente que los testigos tanto XL como A declararon cosas que desconocían y se comportaron como testigos que al parecer habían sido afectados de forma directa o indirecta es decir testigos que tenían un interés manifiesto, se notó que como que había una enemistad manifiesta en contra de mis representados, deducción a que se llega por la forma de expresarse por parte de los testigos protegidos en contra de los indiciados Marco Antonio Medina Calix y Oscar René Calix Muñoz no les importo falsear información ante el tribunal. 1.2 valoración de la prueba: siempre al testigo protegido A) ver.., página 30 párrafo 6, al serle preguntado el testigo si había logrado reconocer en la sala a alguna de esas personas, el testigo manifestó que si, manifestando haber reconocido a dos indicando que Delvin Sauceda vestía en la sala con camisa color azul, y que Marcos es la persona que en la sala vestía de camisa con rayas rojas expresando que esas personas son las que miro que estaban en el robo, menos encarnación que si está en la sala pero no estuvo en el hecho, pero los carros si eran de este se le pregunto al testigo donde estaban sentadas las personas que había reconocido en la sala, indicando el testigo que estaban al lado de donde estaba sentado Encarnación Calix Y Cuyos Nombres Son: Blas Antonio Calix, Delvin Sauceda, René López, Wilson López, Marcos, Félix Mencía, y que son los mismos que pudo observar en la sala de audiencia de juicio. Aclaramos que en la audiencia de debate a que se ha hecho referencia solo participaron cinco imputados, José Encarnación Calix López, Delvin Oveli Hernández Sauceda, Blas Antonio Calix Muñoz, Marco Antonio Medina Calix Y Oscar René Calix Muñoz. en el reconocimiento que se permitió por parte del tribunal a solicitud del Ministerio público, el testigo protegido A) No logra identificar a los imputados de manera correcta, ya que al preguntársele como están ubicados o sentados en la sala el testigo no los ubica por su orden, y en vez de ello los menciona por nombre agregando nombres de personas que no estaban ahí como imputados, a pesar de que el biombo se giró en dos ocasiones para que observara la ubicación de cada uno de los imputados pero al final no pudo hacerlo, esto indica entonces que el tribunal se vuelve a equivocar al valorar la prueba de reconocimiento en sala de juicios orales aduciendo que el testigo reconoció a los imputados de manera correcta cuando no fue así, violentando las reglas de la sana critica. Contrastando la valoración que hace el tribunal con el acta de debate veamos el acta de debate en su página 13, parte final el Ministerio Público solicita se de vuelta al biombo para que el testigo pueda identificar a las personas que aduce haber visto el día de los hechos. El alguacil del tribunal procede a dar vuelta al biombo para que el testigo pueda observar a las personas que se encuentran en la sala, el Ministerio Publico pregunta: ¿Pudo reconocer en esta sala alguna de las personas que participaron en el saqueo del señor Denis? Si ¿podría manifestar el color de las camisas de las personas que participaron? Un azul cielo manga larga, camisa roja manga larga también, ¿la de azul cielo quién es? Delvis Sauceda, ¿el de camisa cuadriculada? El señor Marcos, el Ministerio público solicita nuevamente se de vuelta al biombo, pero el tribunal no lo permitió por ser excesivo el medio de prueba, el Ministerio Publico pregunta al testigo protegido A) ¿sabe el nombre de estas personas que están a la par de don Encarnación Calix? Los nombres que le mostré son las personas, aquí hay una evasión a la pregunta del fiscal por parte del testigo protegido A) por lo que el fiscal le pregunta si podría dar los nombres, y contesta Blas Antonio Calix, Delvin Sauceda, René López, Wilson López, Marcos, Y Félix Mencía, evidentemente el testigo protegido A) no es coherente con sus declaraciones ya que no hay correspondencia entre lo que supuestamente vio con el reconocimiento que se efectuó en la sala, ya que René López, Wilson López Y Félix Mencía, no estaban en la sala, entonces como se le puede dar credibilidad a lo manifestado por el testigo en referencia, a la única conclusión que se puede llegar con este testimonio es que el testigo protegido A es un testigo de referencia es decir que no observo ningún hecho sino que escucho rumores , esto por la forma en que hace su exposición o es que por el contrario tiene una enemistad manifiesta con mis representados. Al respecto es importante tomar nota de lo establecido en sentencia de casación, de la sala penal de la corte suprema de justicia Recurso De Casación Penal No. CP 308-2010. “En cuanto a la sana critica como sistema de valoración de la prueba, esta sala ha señalado que en “... La valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas que se apoyen... En la sana critica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología, y la experiencia común...” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente número 125—2010)...De este modo”... las reglas de la sana critica aseguran que el juzgador no arribe juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011 en el expediente 88—09)... Partiendo de la doctrina legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 194— 2009 de fecha de 30 de noviembre del 2011, conteniendo en el expediente 297— 09 de fecha 02 de noviembre del 2011, en el expediente 242—09 de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del expediente 125—2010, componen la sana critica... b) La derivación: De este se extrae el principio de razón suficiente, por el cual el Iter seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencia razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vallan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. Es importante establecer en primer lugar que la valoración de la prueba testimonial por su complejidad es una de las más difíciles de valorar, esto debido a la credibilidad a que están sujetos los testigos, sobre los hechos que percibe, y el valor que se les da cuando sus dichos son vertidos con bastante tiempo al hecho delictuoso, por ello se estima que se afecta en el tiempo y debe de ser tomado en cuenta con todas las circunstancias que rodean el mismo, en los primeros momentos es lógico recordar detalles y cosas, con el trascurso del tiempo lo lógico es olvidar, y debe tomarse en cuenta el olvido de los hechos, la precisión de los mismos, la contaminación de los medios y hasta la aleccionamiento de las partes; de lo que resulta que es factible que en los primeros momentos se narren detalles de precisión y posteriormente se olviden, sobre este punto de igual manera se ha pronunciado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo que el Tribunal. puede contrastar, comprobar e interpretar los términos y alcances de las contradicciones, valorándolas a efectos probatorios por lo que resulta fuera de toda lógica, que después de pasado el tiempo se establezcan circunstancias fuera de lo común, como es recordar detalles que con el paso de los años se olvidan lo extraño de esto es que el tribunal no contrastara e interpretara los alcances de las contradicciones... ver… sentencia de recurso de casación penal CP — 17- 2008 en donde se indica el sentido concreto que se debe dar a los señalamientos que han generado las contradicciones dicho por los testigos en juicio oral y público en el cual se incluye también a la víctima. Después de haber contrastado las declaraciones de los testigos protegidos XL y A según la valoración del tribunal de sentencia y la confrontación con el acta de debate, se aprecia el hierro que el tribunal sentenciador comete, al valorar estas declaraciones sin ningún tipo de reserva, es claro que los testigos antes mencionados no proporcionaron un testimonio confiable además de que no fueron apoyadas con otro medio de prueba más seguro, Al respecto la sala penal de la corte suprema de justicia, ha dejado bien claro en cuanto a la valoración de la prueba testifical, Ver: Recurso De Casación Penal Número CP 130- 2008 El a quo, debe de ser cuidadoso al momento de valorar los medios de prueba específicamente el testifical, debe restar objetividad e imparcialidad necesaria a los dicho por los testigos, por su condición de víctimas directas o indirectas lo que a su entender puede originar que sus deposiciones estén motivadas por sentimientos de rencor y de venganza o enemistad; dicha apreciación del a quo para esta sala también viene a ser un razonamiento correcto y coherente con el recto entendimiento humano no solo porque en algunos casos es razonable a sumir que pueda ocurrir que los testigos que han sido afectados de forma directa o indirecta, carezcan de la imparcialidad objetiva necesaria para llegar a ser lo suficientemente creíbles, sino también porque en el caso de mérito, estas deposiciones quedaron huérfanas de respaldo probatorio, no siendo posible ser ratificadas o confirmadas por otras pruebas objetivamente confiables, que ocasionarían una conclusión de certeza esto es imprescindible realizarlo para poder realizar una vinculación del hecho y poder establecer el nexo causal de manera clara y precisa. 1.3 valoración testigo protegido SMR2 cuya declaración obra a folio ciento cincuenta y dos (f 152) del expediente judicial que fue introducida por lectura autorizada y en la que declaro lo siguiente: conoce a los señores Delvin Obeli Hernández y José Encarnación Calix, responde que si: desde hace 20 años declara: el saqueo de casas destrucción de casas ellos son los miembros de esa banda organizada, yo lo vi sacándole los balcones de la casa de Denis Figueroa, en un carro blanco y un carro amarillo y la otra casa de uno que se llama Joseé Acosta, pase un día que la estaban destruyendo el mismo carro blanco y el mismo carro amarillo, pregunta del Ministerio Público ¿Quiénes estaban saqueando esa casa? ... responde... de adentro había unos los vi a fuera a Delvin Calix, Wilson López, y Denis Mencias el Ministerio Publico vuelve a preguntar, ¿Cuántas personas observo en esa vivienda? Responde... solo mire a cuatro, ¿Quiénes eran? Responde... Quebin Calix, Wilson López, Delvin Sauceda Y Juan Pablo Calix, pregunta la defensa, ¿Cuándo sucedieron los hechos? Responde... en septiembre no sé el día ¿qué hora era? Responde... la de Denis fue a las 5:00 pm, ¿cuándo sucedió en las otras 2 casas? responde... En el mes de septiembre a las 9:00 am en la otra a las 3:00 pm. Que credibilidad se le puede dar a este tipo de declaración testifical, silos testigos desconocen fechas, las horas que mencionan son diferentes unos dicen en el día por la mañana y en la tarde otros en la noche, como se puede apreciar desde el inicio esta defensa se ha enfocado en la vivienda de Denis Orlando Figueroa, en virtud que el tribunal de sentencia condeno a Marco Antonio Medina Calix, Oscar René Calix Muñoz Y Delvin Obeli Sauceda por el delito de robo agravado en perjuicio de Denis Orlando Figueroa, sentencia que fue fundamentada en las declaraciones de los testigos antes descritos. Como se puede apreciar esta condena está fundamentada únicamente sobre la base de una hipótesis fáctica la cual nunca fue comprobada a través de una investigación profesional, objetiva y responsable, incurriendo el juzgador en un error de grandes dimensiones, por el hecho de no seguir las reglas de la lógica donde está el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe de constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella, cuando el juzgador no se rige por este procedimiento según el artículo 202 del código procesal penal, el no observar lo hace caer en l campo de la especulación, del subjetivismo y de la arbitrariedad 1.4 valoración al testigo protegido B) cuya declaración se introdujo mediante lectura autorizada, también se introdujo por lectura autorizada la declaración del testigo protegido K), así como la declaración del testigo protegido Z al final el tribunal sentenciador descarto estas declaraciones porque las victimas a las que se refirieron no figuraron como tales dentro de la tesis acusatoria, y también porque no había prueba que indicara que en realidad habían sucedido los hechos que narraron los testigos Protegidos, Pero Si Esas Mismas Declaraciones Fueron Utilizadas Para Condenar A Marco Antonio Medina Calix Y Oscar Rene Calix Muñoz Por El Delito De Asociación Ilícita En Perjuicio De La Seguridad Interior Del Estado De Honduras, Desde Cualquier Punto De Vista Que Se Quiera Ver Esta Condena Es Arbitraria, Y Fuera De Todo Enfoque jurídico, no hay prueba independiente que vincule a estas personas con el delito de Asociación Ilícita, la pregunta seria porque solo a ellos dos se le condena bajo esa figura delictiva, además no hubo un tan solo medio de prueba que se evacuara con el fin de acreditar ese delito. Ahora bien en cuanto al testigo protegido XL y A si merecen un análisis adicional ya que ambos dicen tener conocimiento del robo que fue la vivienda propiedad del señor Denis Orlando Figueroa, al respecto en reiteradas ocasiones analizamos estas declaraciones de manera puntual y expresamos nuestra posición llegando a la conclusión que las mismas no fueron concluyentes, pero el tribunal sentenciador si las considero válidas para construir su sentencia condenatoria en contra de los jóvenes Marco Antonio Medina Calix Y Oscar René Calix Muñoz y Delvin Obeli Sauceda a quienes se les condeno por un delito de Robo Agravado en perjuicio del señor Denis Orlando Figueroa Galeano, dicha condena se basa en las declaraciones de los testigos protegidos XL y A declaraciones que fueron vinculadas a un acta de allanamiento e inspecciones oculares sin la ratificación de quien la elaboro, el señor Juan Jose González. 2.3 acta de allanamiento e inspecciones oculares sin la ratificación de Juan González, la misma obra a folio 128 del expediente judicial en la cual se hace constar las incidencias relativas a un allanamiento y registro que en sus partes más relevantes se indica lo siguiente que dicha diligencia se llevó a cabo en el municipio de santa maría del real Olancho a los 31 días del mes de enero de 2012 siendo las seis y cuarenta horas siendo el juez ejecutor Juan Gonzales, el allanamiento se realiza a la casa del señor Quebin Anderson Calix con el objeto de registro, decomiso y detención de personas en dicha acta se consigna que se encontró lo siguiente, en el cuarto número 1 que está pegado a la sala, se encontró una cama matrimonial King Sise de tres piezas en la que en la base tenía un rotulo con letras hechas con marcador con el nombre de Denis Orlando Figueroa, también tenía sus muebles de noche de cama y cómoda tres lámparas coloniales con base, un aire acondicionado color blanco un parlante de teatro en casa. 2.4 Osman Amado Canales quien ratifico el acta de reconocimiento de objetos que obra a folio 175 del expediente judicial misma que establece lo siguiente. En la ciudad de Catacamas del departamento de Olancho siendo las 11:30 am horas del día 31 de enero de 2012 en las oficinas del Ministerio Publico y presente el señor Carlos Enrique Figueroa residente en Santa María Del Real ante el agente 0295 realiza un reconocimiento de objetos para lo cual se le muestran los siguientes describiéndose así se describen varios objetos entre ellos una cama king size de tres piezas de color blanco con sus muebles de recamara mesas de noche, gavetas, cómoda. En el interrogatorio el señor Osman Amado Canales dijo que los objetos estaban en el Ministerio Público y que la persona que los llevo le dijo que los habían sustraído de una de las casas allanadas específicamente de uno conocido con el alias de Wicho, pero en el acta de allanamiento aparece el nombre de Quebin Anderson Calix, no está claro de donde se extrajeron esos objetos. Durante el interrogatorio de la defensa el testigo Osman Amado Canales, indico que los objetos estaban en un bulto en un predio grande y que era todo un menaje de vivienda y lo sabe porque anduvo en los allanamientos, y fueron llevados en los camiones de los Cobras dijo el testigo no haber tomado posesión de los objetos y por eso no le dieron cadena de custodia de los mismos, pues solo iba a hacer el reconocimiento con la persona. Estas dos actas una de allanamiento y una segunda acta de reconocimiento de objetos fueron suficientes para que el tribunal de sentencia, vinculara a mis representados con el delito de Robo Agravado en perjuicio de Denis Orlando Figueroa aduciendo en la sentencia, que las declaraciones de los testigos protegidos XL y A fueron respaldas por las actas antes descritas, sin embargo el juzgador no hace un análisis jurídico sobre la valides de esas actas De acuerdo a la normativa procesal penal específicamente en el artículo 220 del código procesal penal párrafo 10... Se indica lo siguiente: en todo caso, los objetos secuestrados serán asegurados con el sello y la firma del encargado de su custodia. Los documentos serán firmados y sellados en cada una de sus hojas, cuando dichos objetos deban ser trasladados a un laboratorio técnico, almacén publico u otra dependencia pública o privada se adoptarán las garantías necesarias para prevenir su extravió, sustitución o alteración. En relación al manejo de indicios la corte suprema de justicia elaboro Reglamento E Instructivos En Materia Procesal Penal relacionado a manejo de indicios y evidencias físicas o biológicas Ver página 11 tercer párrafo: de estas normas se deriva que, la falta de observancia de los procedimientos de preservación y custodia de un indicio convertido en elemento de prueba, pueda dar lugar a que se declare la carencia de su eficacia probatoria y como consecuencia el fracaso de la acción interpuesta, producto de la inadecuada recolección extracción o levantamiento, preservación y empaque; transporte, entrega a las autoridades jurisdiccionales, análisis pericial o custodia definitiva del indicio, la evidencia y elemento de prueba; que pueda dar lugar a cuestionamiento sobre su grado de credibilidad, el día de la audiencia de juicio oral y público Visto así las cosas está claro que al elaborar un acta de inspecciones oculares y decomiso de objetos es obligatorio elaborar cadena de custodia o garantía de autenticidad, con el objeto de poder garantizar que los vestigios o evidencias decomisados fueron encontrados en el lugar que los documentos indican: visto desde ese punto si el tribunal de sentencia hubiera valorado la prueba de conformidad a las reglas de la sana critica hubiera dictado un fallo absolutorio a favor de mis representados sin ninguna duda. Ante estas afirmaciones no existe coherencia en la valoración de la prueba. Veamos: recurso de casación penal No. CP 148-2010 “La sala, ha reiterado que la “motivación insuficiente” se da cuando en la sentencia no se explican lo suficiente las circunstancias tomadas en consideración para determinada decisión o cuando habiendo valorado cierta pruebas no se diga claramente cual fue tomada en cuenta para fijarlos hechos probados; en cambio hay “motivación contradictoria”, cuanto los fundamentos plasmados en la sentencia no se respetan el principio de coherencia que informa el recto entendimiento humano, ya que el contenido de un fallo debe ser armónico y congruente en cada una de sus partes, por lo que no le es permitido al juzgador expresar juicios contradictorios entre lo relatado en el cuadro factico y lo afirmado en la valoración de las pruebas o la fundamentación jurídica.” Recurso De Casación Penal No. SP 110-2008. La sala ha reiterado que: “La deducción, ante todo, no debe ser lógicamente contradictoria. — Por otra parte, el principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener valga la redundancia, una razón suficiente que lo explique. Lo que es, es por alguna razón, nada existe sin una causa o razón determinante”. (Véase sentencia 172—2010 del nueve de junio del año dos mil once). De esta forma a quedado evidenciado el vicio de valoración de prueba por parte del Tribunal de Sentencia, ya que de haber realizado una valoración de conformidad a las reglas de la sana critica el fallo seria Absolutorio. Reclamaciones Hechas Para Subsanar El Vicio Procesal El vicio procesal que da fundamento al quebrantamiento de forma expuesto en el presente recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, siendo posible intentar el reclamo para la subsanación. Alcance de la Petición Del Recurrente A la honorable sala penal de la honorable corte suprema de justicia, respetuosamente pido declarar ha lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma y se anule la sentencia recurrida. Motivo Segundo. En la sentencia que hoy se impugna se basó en medios o elementos de prueba incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el título IV del libro segundo del código procesal penal Precepto Autorizante. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 362 preámbulo y numeral dos del código procesal penal, que a la letra y en la parte conducente dispone: artículo 362. Recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: ... se base en medios o elementos de prueba incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el título IV del libro segundo del Código Procesal Pena. Explicación del Motivo. Conforme se puede apreciar en el acta de debate de juicio oral y público el Ministerio Público, solicito que se procediera a realizar lectura autorizada de la declaración rendida por los testigos SMR2, B, K y Z, estableciendo como imposibilidad para su comparecencias a juicio, el no poder ubicar sus domicilios, lo que provoco no poderlos localizar; en dicha acta se aprecia el rechazo de las defensas a la solicitud realizada por el ente acusador, estableciendo las defensas, que como era posible que los testigos siendo protegidos el Ministerio Publico no tuviera el control y conocimiento de su ubicación y domicilio, debiendo tener contacto permanente con estas personas, ya que la causa es desde el 2011 además de que los nombres de esos testigos protegidos constan en un sobre sellado que está en poder del tribunal, por lo que la receptora del tribunal como encargada de citar a los testigos y Ministra de fe, debía dar fe con la constancia respectiva de que se había buscado a los testigos protegidos en sus domicilios proporcionados y que no era posible su ubicación de igual forma debía ser obligación del Ministerio Publico coadyuvar con el tribunal con esa localización ya que los testigos gozaban de la protección otorgada y lograr su ubicación para que comparecieran al debate, las excusas del ente fiscal para que no comparezcan los testigos protegidos al juicio no fueron acreditadas. Ahora el tribunal sin analizar los requisitos que deben demostrar la causa que genera la imposibilidad o que vuelva extraordinariamente difícil reproducir la prueba en juicio, ósea determinar por qué se hace imposible o extraordinariamente difícil su reproducción, procedieron a incorporar por lectura autorizada sin la concurrencia de los requisitos que debía obligadamente verificarse para su admisión e incorporación. La violación llega al extremo que, siendo una lectura autorizada, de manera errónea se valora como un testimonio, véase el acápite en la sentencia de la valoración de la prueba paginas 38, 39 y 40 donde se valora el testimonio de SMR2, B, K Y Z. Pretendiendo en la sentencia darle el valor probatorio de un testimonio brindado en juicio, con todos los principios de contradicción, e inmediación y defensa que no fueron apreciados. La excepcionalidad que requiere la norma procesal, no fue observada en el caso de autos y solo basto una simple manifestación de la fiscalía, sin prueba que corroborara sus dichos, como ser constancia de la receptoría del tribunal de haber buscado en los domicilios a los testigos, o de los agentes de investigación que acreditaran que fueron buscados y no pudieron ser encontrados, lo cual violenta la excepcionalidad del articulo 311 numeral 2 del código procesal penal y se patentiza el motivo alegado, al haber incorporado por lectura. La incorporación de este medio de prueba mediante lectura, resulta de una decisión del tribunal sin llenar la motivación requerida por la excepcionalidad, para luego darle suficiente credibilidad, aunque esta prueba no se haya producido bajo el principio de inmediación y oralidad entre otras reglas que determina el código procesal penal, si esta prueba no hubiese sido valorada en el fallo seria impertinente que se objetara su validez en este recurso, pero con la incorporación por lectura, se valoró como testigo sin que se pudiera determinar si los testigos decían o no la verdad, es por eso que consideramos que debe declararse con lugar el presente recurso en este motivo por quebrantamiento de forma. En estos mismos términos la sala penal de la corte suprema de justicia ha indicado lo siguiente; casación penal s. p. no. 192 - 2009 de la procedencia sobre el primer motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa — 1. — el recurrente en casación alega que el a quo violento el contenido del artículo 362 numeral 2 del código procesal penal, al haberse incorporado por lectura el testimonio de la testigo protegida identificada como “C”, en contra de la oposición de la defensa, cuestionando que el sentenciador le da credibilidad aun y cuando dicha prueba no fue producida con inmediación y oralidad — II — la salvedad excepcional contenida en el numeral 2 del artículo 3ll del Código Procesal Penal, permite eventualmente en los casos taxativamente descritos en el referido artículo que se puedan hacer incorporaciones a juicio por lectura. La posibilidad regulada en la normativa procesal surge como una consecuencia del principio fundamental de la búsqueda de la verdad real o histórica que domina el proceso penal, que permita a los tribunales la posibilidad de incorporar por lectura elementos de prueba o datos objetivos que se ajusten a lo descrito en el artículo 311 antes citados, siendo en esos casos excepcionalmente aceptado que prueba no controvertida en juicio de conformidad a los principios de inmediación y oralidad pueda ser admitida y valorada armónicamente con el elenco probatorio producido directamente en juicio oral y público en el caso en análisis el numeral 2 del mencionado artículo permite incorporar; “los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral”. Entonces, el vicio reglado en el artículo 362 numeral 2, del código procesal penal existirá cuando se introduzcan por lecturas pruebas, no circunscritas al carácter excepcional que engloba la taxatividad de la norma, en el caso particular lo autorizado en el numeral 2 del artículo 311 son las únicas posibilidades en que las reglas del proceso penal permiten introducir elementos de prueba por lectura al juicio la sala de lo penal entiende que, para poder incorporar testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, debe el tribunal necesariamente determinar por qué se hace imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en juicio, debiendo garantizar que en todos aquellos casos que se pretenda la incorporación por lectura sin la concurrencia de estos requisitos se debe obligadamente rechazar la solicitud de incorporación por lectura Precisamente, para la determinación de los requisitos las partes deben demostrar cuál es la causa que genera la imposibilidad o vuelva extraordinariamente difícil reproducir la prueba en juicio pues de lo contrario la excepción no pasa por el tamiz que le otorga dicha condición, así cuando el órgano acusador solicita la incorporación por lectura de un testimonio rendido por un testigo en la audiencia inicial, no es suficiente con manifestar como sucede en el presente caso que el testigo quiere declarar o tiene temor a declarar, pues existen mecanismos de protección de testigos al testigo que pueden ser usados, de igual forma se puede proceder a solicitar se cite en la forma prevista en la ley al testigo renuente, pues de lo contrario el acusador puede caer en una comodidad procesal y en casos que no se ajustan al carácter excepcional de la incorporación por lectura pretender incorporaciones fuera de ese contexto como sucede en el presente caso, en cual la lectura incorporada por lectura se trata del testigo protegido C, y siendo este un testigo protegido, no resulta coherente el simple argumento del Ministerio público de que dicho testigo “ tenía temor de recibir alguna represalia”, sin tratarse siquiera de amenazas concretas que además deben acreditarse de alguna forma en que consisten, pues el mismo testigo rindió su declaración en fase previa y de manera protegida, lo cual hace inverosímil el argumento con el cual se pretende calificar la posibilidad para incorporar por lectura, que como se indicó supra es una posibilidad regulada de manera precisa y solo en los casos que plenamente se ajustan a lo señalado en la norma procesal se puede autorizar, lo cual no se satisface en el caso examine. En consecuencia, de lo anterior, se declara con lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su primer motivo”. Reclamaciones Hechas Para Subsanar El Vicio Procesal el vicio procesal que da fundamento al quebrantamiento de forma expuesto en el presente recurso, fue cometido en el acto mismo de la sentencia, de igual modo consta en el acta de debate la oposición de las defensas de la admisión de la mencionada lectura autorizada. Alcance De La Petición Del Recurrente: a la Honorable sala de lo penal de la Honorable corte suprema de justicia, respetuosamente pido declarar Ha Lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma y se anule la sentencia recurrida.” Continúa manifestando el recurrente en su recurso de Casación por Infracción de Ley. Motivo único. Infracción. Por aplicación indebida del artículo 332 del código penal, que se lee así: “se sancionara con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L. 100, 000.00) a trescientos mil (L.300, 000.00) a los jefes o cabecillas de maras y pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son jefes o cabecillas aquellos que se destaquen o se identifiquen como tales y cuya decisión influyan en el ánimo y acciones del grupo”, comprendido este precepto en el capítulo III del título XII, cuya rubrica es “delitos cometidos por los particulares excediéndose en el ejercicio de los derechos que les garantiza la constitución” libro segundo del mencionado ordenamiento jurídico. Precepto Autorizante este motivo se encuentra comprendido en lo que dispone el artículo 360 párrafo primero del código procesal penal, en la parte que se lee así: “habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley. Cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal... de carácter sustantivo. Explicación Del Motivo Para entrar a explicar el presente motivo, trascribiré los hechos probados contenido en la sentencia, que, para efectos de esta impugnación, aceptamos como verdad. Primero: En el año dos mil once existía una enemistad entre integrantes de la familia Figueroa con integrantes de la familia Calix, todos residentes del Municipio de Santa María del departamento de Olancho, y es por ello que en septiembre del dos mil once los señores Delvin Oveli Hernández Sauceda, Marco Antonio Medina Calix Y Oscar Rene Calix Muñoz acompañados de otras personas procedieron en horas de la mañana a ingresar a la vivienda del señor Denis Orlando Figueroa, misma en las que no se encontraban sus moradores, de donde los señores antes mencionados procedieron a sacar enseres domésticos y menaje como ser camas y muebles de cuarto y de sala, luego de forzar y sacar los balcones así como las ventanas de la referida casa, usando como herramientas cuerdas atadas a uno de los carros que el señor José Encarnación Calix les había proporcionado como transporte. Segundo: Los señores Marco Antonio Medina Calix Y Oscar Rene Calix Muños pertenecen a un grupo en los que también había miembros de la familia Calix que durante el año dos mil once se reunía para realizar reideramente actos en los que amedrentaban a pobladores con armas de fuego, y se introducían a viviendas, las cuales, por temor a ellos, habían sido desocupadas y que pertenecían a integrantes de la familia Figueroa de Santa María del Real. Hemos visto que el precepto en que se tipifica el delito de asociación ilícita se impone, en consecuencia, determinar si de los hechos probados en que se funda el fallo recurrido resulta que mis representados, Marco Antonio Medina Calix y Oscar René Calix Muños pertenecen a un grupo que se reunía para realizar reiteradamente actos en los que amedrentaban a pobladores, con armas de fuego. Del hecho declarado probado no se desprenden los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal de asociación ilícita Veamos: Elementos Objetivo del Tipo se entiende que son Sujeto activo, que no es otro que las personas que forman ese grupo o asociación, debe determinarse que conforme a las sentencias dictadas por la Sala Penal de la corte suprema de justicia número 449-2011 y 2325- 2004, en acopio del artículo 2.a de la convención de Palermo, debe entenderse que como mínimo deben ser tres personas; los hechos probados solo determina “pertenecen a un grupo en los que también habían miembros de la familia Calix” sin identificar quienes, ni cuántos son. Además la doctrina y las sentencias de la sala penal de la corte suprema de justicia, que hacen referencia a establecido que este sujeto activo no debe tener cualidades particulares, a excepción de los cabecillas, es por eso que del hecho probado no se subsume la manera, en que los señores Marco Antonio Medina Calix y Oscar René Calix Muños pertenezcan a una estructura de grupos que actúen con el ánimo de delinquir de manera permanente si fuera así entonces los señores José Encarnación Calix y Delvin Oveli Sauceda también lo serian, por el contrario no se les formalizo acusación por el delito de Asociación ilícita a pesar de que el cuadro factico con el cual se sostuvo la acusación era el mismo para los demás encartados por tanto el beneficio de uno se debe extender para todos. Conducta Criminosa: Que teniendo como verbo rector el “asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito” el acto penalmente relevante lo constituyen cuando este grupo de personas concierten la ejecución de actos delictivos, implica entonces, que el grupo que acuerden voluntariamente ejecutar delitos no constituye asociación para constituir actos contrarios a la ley que sean faltas, contrarias a las leyes civiles o administrativas. En la sentencia impugnada se establece en su hecho segundo que los señores Marco Antonio Medina Calix y Oscar René Calix Muños, se reunían para realizar reiteradamente actos en los que amedrentaban a los pobladores, sin determinar si estos actos contrarios a la ley son en materia civil, administrativas o faltas, por lo que dado los hechos se aplicó de manera indebida el artículo 332 del Código Penal. Requisitos del Tiempo: el tipo penal exige que el grupo sea permanente, es decir, que no sea una reunión accidental de personas para cometer un delito determinado en los hechos probados que contiene la sentencia impugnada de manera general establece “el año 2011” sin precisar si las reuniones en estas personas no determinadas eran accidentales, o si por el contrario eran las mismas personas durante ese tiempo, por lo que tampoco ese elemento puede subsumirse de los hechos probados en la sentencia impugnada elementos subjetivos del tipo: Como elementos subjetivos, el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, la cual es la de cometer delitos de manera permanente; basta leer los hechos declarados probados para comprobar que de los mismos no se contiene ese elemento, por lo cual se ha infringido el artículo mencionado. Sobre estos extremos ya se ha pronunciado la corte suprema de justicia (sala penal) en recurso de casación. Recurso de Casación Penal No. SP 449-2011 Para dar respuesta al reclamo del recurrente, es preciso indicar que la constitución de la república en su artículo 78 garantiza el derecho de toda persona de asociarse con otros, a efectos de realizar actos que les permitan alcanzar fines comunes, siempre que tales actos y objetivos no cause perjuicio a otras personas, como lo señala el artículo 70 del mismo cuerpo legal. El legislador hondureño ha determinado que la asociación de personas está proscrita cuando esta tenga por objeto la ejecución permanente de actos contrarios a la ley para ello a tipificado el delito de asociación ilícita en el artículo 332 del código penal que establece: “se sancionara con la pena de veinte (20) años a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L. 1000.000) a trescientos mil (L. 300.000) lempiras a los jefes o cabecillas de Maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior, rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son jefes o cabecillas, aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo” por lo que corresponde su análisis: A) naturaleza: el tipo penal de asociación ilícita constituye la criminalización de un tipo de conspiración, cuyo concepto es proporcionado por el código penal en el artículo 17, reprochando cuando varias personas deciden asociarse con el propósito permanente de ejecutar actos delictivos, si bien, el tipo penal califica como asociaciones ilícitas a las Maras o pandillas, su aplicación no es exclusiva a dichos grupos, ya que por configuración puede ser base para declarar ilícito cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos de carácter permanente. B) bien jurídico protegido: el bien jurídico protegido es la seguridad interior del estado de honduras, que se traduce en la tranquilidad, y confianza que tiene la población del estado en cualquier ambiente donde se encuentre dentro del territorio nacional; C) elementos objetivos del tipo 1) sujetos activos: el tipo penal no señala cuantas personas deberán estar integradas en la asociación, por lo que siguiendo el artículo 2.a de la convención de Palermo y conforme a la sentencia de fecha 22, de enero del 2007, en Exp 2325 — 2004 dictada por esta sala de lo penal, deberá de entenderse que como mínimo tres personas el tipo penal no exige que los sujetos activos tengan cualidades particulares por cuanto el grupo podrá estar conformado por cualquier persona sin importar edad, sexo, religión, nacionalidad, etc. El sujeto activo no necesariamente tendrá que conocer la identidad de los miembros del resto del grupo ya que podrá acontecer en donde solo conozca a uno de ellos, que le inicie en la agrupación y le dé la membrecía. La membrecía del sujeto activo con el grupo puede ser permanente o temporal, como en los casos de personas que se unen al grupo solo entretanto se ejecuta un determinado delito, en estos casos se le considera parte de la asociación ilícita, por cuanto el grupo como tal está constituido de manera permanente, con el fin de ejecutar delitos aun cuando su participación solo sea de carácter temporal. No se requerirá que en el grupo exista una estructura definida, jerarquizado o con roles determinados, ya que ello dependerá de la cantidad de miembros y complejidad de los delitos que se proyecten ejecutar, bastara entonces que exista la agrupación como tal bajo una visión consensuada de cometer delitos, 2) Conducta criminosa: teniendo como verbo rector el “asociarse” el acto penalmente relevante lo constituirá cuando el grupo de personas concierte la ejecución de actos delictivos. Implica entonces, que el grupo parte del acuerdo de voluntades de sus miembros para ejecutar delitos, por cuanto no es necesario que de manera posterior los miembros del grupo tengan que externar su acuerdo en la ejecución de un determinado delito, basta que hayan accedido a ser parte del grupo con la disposición de cometer delitos en cualquier momento en el tiempo en que el grupo este conformado como tal. El conjunto de personas puede constituir el grupo con el fin de cometer delitos o la idea de cometer delitos de manera permanente puede nacer después de haberse constituido el grupo. No constituye asociación ilícita el grupo de personas que se proyecta la ejecución reiterada de actos constitutivos de faltas o actos contrarios a la ley civil o administrativa, debido a que el tipo penal lo restringe a actos constitutivos de delitos 3) Requisitos de tiempo: el tipo penal exige que el grupo sea permanente, es decir que no sea una reunión accidental de personas para cometer un delito determinado, sino que cada persona se identifique a sí mismo como miembro de un grupo que tiene constancia en el tiempo y cuyo único rol o como parte de sus roles, es cometer delitos (al respecto ver sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005, en el Exp 058—2006 y sentencia de fecha 23 de marzo del 2007, en Exp 079—2006; 4) Iter Criminis: No se requiere que los delitos propuestos por los integrantes del grupo lleguen a la fase de consumación, siquiera se exige el inicio de ejecución de esas conductas, la consumación del delito de asociación ilícita se produce con el acuerdo permanente de cometer delito; 5) Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo del delito es el Estado De Honduras no como persona jurídica si no como entidad que agrupa a todos sus habitantes es decir a todos los que conforman la sociedad hondureña; D) Elemento Subjetivo del Tipo: Como elementos subjetivos, el tipo penal junto al dolo exige una intención final, la cual es la de cometer delitos de manera permanente (Al respecto ver sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005, en el expediente 058—2006). E) Grado de Participación: Este tipo penal el único grado de participación que se presenta es el de coautor, ya sea como jefe o cabecillas, y miembros del grupo: Son cabecillas, conforme lo señala el mismo tipo penal, aquellos que inciden en la voluntad de los miembros del grupo de manera reiterada y no accidentada o momentánea, entretanto y bajo con concepto negativo, son miembros todos aquellos que no sean cabecillas o jefes del grupo. No acontece en este tipo penal del grado de cómplice, debido a que este no cumplirías con el elemento objetivo de permanencia. Ahora bien, si se puede presentar la participación de un cómplice en la ejecución de un determinado delito por el grupo ilícito (Ejem. Robo, asesinato, tráfico de drogas), mas no cómplice del delito de asociación ilícita. F) Punibilidad: La pena abstracta a imponer a los miembros de grupos delictivos será de 13 años con 04 meses a 20 años de reclusión. El tipo penal no señala pena de multa para este tipo de participante. La pena abstracta imponer a los jefes o cabecillas de los grupos delictivos será de 20 a 30 años de reclusión y multa de L. 100,000—00 a L. 300,000.00 lempiras. G) Características del Tipo Penal: 1) Según su estructura: i) Tipo Penal Básico: Describe de manera independiente un modelo de comportamiento humano; u) Tipo Penal Simple: Describe un solo modelo de comportamiento. 2) Según su Contenido: ii) Tipo Penal de Mera Actividad: La descripción se agota co la acción del sujeto activo de asociarse con otra persona sin que se requiera la producción de un resultado en el mundo exterior sea separable espacio— temporalmente (Al respecto ver sentencia de fecha 08 de septiembre del 2005, en Exp. 291—04, y Sentencia de fecha 17 de octubre del 2007, en Exp. 380—2006); iii) Tipo Penal de Conducta Permanente: el comportamiento del sujeto activo se renueva de manera continua entretanto esa parte de la agrupación delictiva; iv) Tipo Penal de Acción: Requiere que el sujeto activo de manera consciente y voluntaria se adhiera al grupo delictivo, ergo no permite la comisión por omisión; v) Tipo Penal Cerrado o Determinado: El Tipo Penal describe con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida se desprende con toda claridad del articulo332 del Código Penal. 3) Según el Sujeto Activo: i) Tipo Penal Plurisubjetivo: Exige la concurrencia de tres personas o más; u) Tipo Penal Común: No requiere que los sujetos activos posean condiciones especiales 4) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Mono Ofensivos: Protege un único bien jurídico, tal cual es la seguridad interior del estado de honduras: u) Tipo Penal de Peligro Abstracto: Debido a que la conducta delictiva apenas alcanza a potenciar un peligro para el bien jurídico protegido (Al ver sentencia de fecha 08 de septiembre del 2005, en el expediente 291—04, sentencia de fecha l7 de octubre del 2007, en Exp. 380—2006 y Sentencia de fecha 23 de marzo del 2007, en Exp. 079—2006) (Lo subrayado es nuestro). Importante también establecer que el Estado de Honduras, ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Pacheco Teruel y otros Vs Honduras, de fecha 27 de abril de 2012, por situaciones de la ilegalidad y arbitrariedad con la que se aplica el artículo 3332 del Código Penal, en la parte contundente de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece en su párrafo 99, 100 y 101 inciso (1) lo siguiente: “99. Al respecto, la corte estima necesario realizar las siguientes observaciones. 1. Respecto del artículo 332 del Código Penal. 100. La corte toma nota que a partir del reconocimiento de la responsabilidad internacional por el estado, cesó la controversia respecto de que: A) El artículo 332 del Código Penal no preciso los elementos de la acción que se considerarían punibles, lo que condujo a que los mismos fueran determinados arbitraria y discrecionalmente por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley; b) Dicha norma abrió un amplio margen de discrecionalidad que permitió las detenciones arbitrarias, y en algunos casos masivas de jóvenes sobre la base de las sospechas o percepciones a cerca de su pertenencia a una “mara”, en razón del uso de tatuajes, del lugar donde vivían u otros factores; c) La inexistencia de mecanismos legales o criterios de verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita implico que el artículo 332 no cumpliera la existencia de extrema precauciones para que el poder punitivo del estado se administrara con respecto a los derechos fundamentales, y d) 22 reclusos de la celda o. 19 “estaban detenidos (previamente) exclusivamente por el delito de asociación ilícita”. 101. Por otra parte, el tribunal toma nota de las precauciones coincidentes externadas por diversos órganos de las Naciones Unidas y por autoridades internas sobre la tipificación y/o aplicaciones del delito de asociación ilícita regulada por el artículo 332 del Código Penal. Al respecto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, indico que siendo que la simple pertenencia a una mara o pandilla constituye un delito, al considerar una persona sospechosa de pertenecer a dichas organizaciones, la policía actúa como si se tratase de una situación de flagrancia, la cual “no está limitada a un hecho especifico, si no que se convierte en un estatus”. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha manifestado su preocupación por la práctica común de detenciones por sospecha, incluyendo redadas masivas de personas basadas en la mera apariencia y son orden previa de autoridad competente; el Comité de Tortura de las Naciones Unidas a su vez ha manifestado Su preocupación por el hecho que un presunto miembro de una asociación ilícita puede ser privado de libertad sin orden de detención que la prisión preventiva sea obligatoria. El comité de los derechos del niño de Naciones Unidas, h manifestado su preocupación por las detenciones preventivas sistemáticas con base en el artículo 332 del Código Penal; el grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias afirmo que la aplicación del artículo 332 plantea graves problemas, entre otro, por configurarse asociación ilícita como un delito continuo, lo cual mantiene a los jóvenes bajo sospecha en situaciones de flagrante delito permanente, y la Comisión Interamericana, manifestó que artículo 332, al conceder un margen de discrecionalidad tan amplio, posibilitaría la detención arbitraria de un gran número de niños, niñas y adolescentes sobre la base de la mera percepción que se tenga de la pertenencia a la mara.” Al observar la demostración idónea de la indebida aplicación del artículo 332 del Código Penal, de conformidad a los hechos declarados probados, debe declararse con lugar el recurso expuesto. Reclamaciones Hechas para Subsanar el vicio procesal que da fundamento a la infracción de ley, expuesto en el presente recurso, fue sometido en el acto mismo de la sentencia, siendo imposible intentar reclamo para su subsanación. alcance de la petición del recurrente a la Honorable sala de lo penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente Pido: declarar Ha Lugar el único recurso de casación por infracción de ley, que se dicte fallo absolutorio a favor de mis representados.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo Norma Autorizante Citada: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Motivo: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Critica; Concepto de la infracción: Infracción a la regla lógica de derivación; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículos 202 del Código Procesal Penal; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Se anule la sentencia recurrida. Establece el recurrente que, el a quo ha llegado a inferencias sin razón probatoria y después de haber contrastado las declaraciones de los testigos protegidos “XL” y “A” según el tribunal de sentencia y la confrontación con el acta de debate, se aprecia el hierro que el tribunal sentenciador comete al valorar estas declaraciones sin ningún tipo de reserva, es claro que los testigos antes mencionados no proporcionaron un testimonio confiable además de que no fueron apoyadas con otro medio de prueba más seguro. El recurrente asimismo realiza una valoración personal de la prueba. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…[1]” Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa, señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento.[2] El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del Primer Motivo. El motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal. En el presente caso, el recurrente fundamenta su motivo en que, el a quo ha llegado a inferencias sin razón probatoria y después de haber contrastado las declaraciones de los testigos protegidos “XL” y “A” según el tribunal de sentencia y la confrontación con el acta de debate, se aprecia el hierro que el tribunal sentenciador comete al valorar estas declaraciones sin ningún tipo de reserva, en violación al principio de Derivación. En cuanto a la declaración del testigo protegido “XL” y, testigo protegido “A”, el tribunal indicó que: “Al analizar los testimonios de manera armónica y en conjunto, este tribunal puede concluir que las declaraciones han dado cuenta de varios aspectos: Confrontación de una banda, en la que se mencionan varios nombres incluyendo el de los acusados Delvin Sauceda, Encarnación Calix conocido con el apodo de con, Marcos Calix, Oscar Rene Calix y Blas Antonio Calix, que además de hacer actos contra personas del municipio de Santa Maria dl Real, en el año dos mil once se dedicaron a realizar actos contra las propiedades de varios integrantes de la familia Figueroa; banda que según el testigo XL y testigo B, es dirigida por el señor Encarnación Calix. De todos los acusados solo se acuso a Marco Antonio Medina Calix y Oscar Rene Calix Muñoz, como participes de este grupo, y cuyos nombres fueron efectivamente mencionados por todos los testigos, como parte de este grupo, situación que, por tal motivo, tiene acreditado este tribunal, así como las actividades que este grupo realizaba. El testigo XL relata actos de saqueo a viviendas de Mirna Cruz y Santiago Acosta, de las que dijo había sucedió en horas de la noche y que además fueron incendiadas. También hablo de saqueos a las viviendas de las casas de Denis Figueroa Galeano y de Juan Jose Acosta, lo cual sucedió en horas tempranas de un día de septiembre del año dos mil once, en el bario La Quinta de Santa Maria del Real. El testigo protegido A, relató actos causados en la casa de Denis Galeano en septiembre en horas de la mañana en el barrio La Quinta. Reportan el ingreso a la vivienda de Denis Sauceda Galeano, quien figura en la tesis acusatoria como presunta victima del delito de Robo gravado. Ello es así, pues se cuenta con prueba documental aportada que da cuenta de menaje relacionado a dicha persona y tal como se hará relación posteriormente y las declaraciones consistencia o cohesión respecto a este hecho en particular, debido a que este incidente es reportado en cuatro de las seis declaraciones aportadas. Como en efecto así sucede con las declaraciones e los testigos protegidos XL, A, K y SMR2, refiriendo en algunas de ellas que ello sucede en el barrio la Quinta en horas de un día de septiembre, lugar donde le fueron arrancados los balcones, con ayuda de los vehículos 2.8 color blanco que se reputa propiedad de Encarnación Calix, así como también la sustracción de celosías y de adentro sacando cosas de la casa que llevaron a bordo de los vehículos. Aparte de los antes expuesto, estas informaciones han servido para acreditar al menos de manera general, la existencia de varios eventos en los que personas integrantes de la familia Calix, integraron un grupo que procedía en el año 2011 a efectuar actos en perjuicio de varias personas parte o relacionadas con la familia Figueroa en el municipio de Santa Maria del Real Olancho. El testigo XL menciona que la banda está dirigida por Encarnación Calix, integrada por Delvin Sauceda, Rene Calix, Blas Antonio Calix, Marcos Calix, expresando que pudo observar en la casa de Denis Figueroa Galeano observó a Blas, Marcos, rene y Delvin arrancaban barandales con vehículos, sacando menaje de la casa y que incluso algunos zapatos de la madre Denis Figueroa los anduvieron vendiendo mujeres relacionadas a Kevin que ha sido mencionado como parte de la banda. De igual forma el testigo protegido A menciono que en el saqueo realizado a Denis, participaron Delvin Sauceda, Blas Antonio Calix, Rene y a Marcos (cuyo apellido no sabía, según declaro al inicio). Así las cosas, respecto al hecho en que se sacó objetos del menaje de la vivienda de Denis Orlando Figueroa Galeano, únicamente quedaron identificados como participes, los acusados Delvin Obeli Hernández Sauce, Marco Antonio Medina Calix y Oscar Rene Calix Muños, como autores responsables de ello junto a varios individuos.” Contra tal razonamiento la recurrente denuncia que el tribunal, al valorar la declaración del testigo protegido XL, índica circunstancias que no son coherentes con lo manifestado por el testigo en mención, que es sorprendente ver como el juzgador trata de vincular de manera forzada a los señores Marco Antonio Medina Calix y Oscar René Calix Muños y a otros imputados en una escena criminal en la cual no estuvieron, pero aun así impuso la condena utilizando de manera contraria la versión del testigo protegido con el objeto de hacer su propia vinculación y justificar la sentencia condenatoria. Pues como lo hemos venido diciendo el testigo protegido XL en su relato indica que él vio el incendio y el saqueo a la casa de la señora pero estas personas no figuraron como víctimas en la acusación del Ministerio Público, así lo reconoció el tribunal en sus valoraciones por lo tanto no era necesario hacer pronunciamiento alguno, pero lo hace para referencia sobre el resto de la prueba, aunque no se acreditó con certeza que realmente se hayan producido esos robos o saqueos que dicen los testigos, además esas versiones son muy contrariadas entre sí, al grado de desconocer las fechas en que supuestamente ocurrieron los hechos narrados por ellos mismos. En el caso concreto el Testigo Protegido XL, informó sobre los hechos que: “hacia dos años y meses que, en el municipio del departamento de Olancho, llamado Santa María del Real, habían resultado varias personas asaltadas, máxime cuando llevaban dinero, aparecían muertas y les quitaban el dinero; que, en el mes de marzo del 2011 fueron identificadas las personas que andaban haciendo esas fechorías, porque hicieron homicidios con personas oriundas del municipio, que la persona que manejaba una banda de sicarios era Encarnación Calix, que dicho señor mandaba a los señores: Wilson Reinel López (alias wicho), Delvin Sauceda, Rene Calix, Blas Antonio Calix y Marcos Calix, todos miembros de la misma familia. Que, en esa ocasión miró a los señores Delvin Sauceda, Blas Antonio, Rene Calix y Pablo Calix, que estas personas quemaron la vivienda del señor Figueroa, con el apoyo de unos vehículos del señor Encarnación Calix, siendo un vehículo 2.8, color blanco y una camioneta pick up, doble cabina, Frontier, color amarillo; que andaban saqueando casas para romper viviendas, que amarraban el carro de los barandales. Que la familia Figueroa huyó de sus casas y dejaron sus vehículos en casas de amistades, a los cuales después amenazaron. En el interrogatorio el testigo señalo entre otros: Las casas incendiadas y saqueadas pertenecían a Mirna Patricia Cruz, Felipe Santiago Acosta Cruz y las saqueadas fueron las de Denis Figueroa y la de Juan Acosta Sauceda, que él pasaba a las nueve de la noche y conoció que eran ellos, había fuego porque las estaban incendiando, quede como a 60 o 70 metros, las personas que miró incendiando las casas fueron: Wilson Rene Lopez, Juan Pablo Calix, Delvin sauceda, Rene Calix, Antonio Calix, Marcos Calix, Adriancito Calix, Kevin Calix, José Mencía, Yobardo Lopez y Félix Mencía, habían otros adentro; Wilson Lopez y Pablo Calix estaban con arma larga en medio de la calle cada uno protegiendo a los que hacían la acción; Arene Calix, Antonio Calix, desprendían los balcones y Blas Antonio Calix, Rene Calix y Marcos Calix estaban arrancando las barandillas, entraron adentro con otros individuos a sacar las cosas, subieron las cosas y le metieron fuego a la casa, yo me quede escondido, yo estaba observando todo el hecho. Las dos primeras casas fueron en el barrio Buenos Aires, las otras dos en La Quinta del mismo municipio, la de La Quinta pertenece a Denis Figueroa y a Juan José Acosta; ¿Mencionó un saqueo a la casa de Denis Figueroa y Juan José Acosta, quienes participaron? Responde que, los mismos señores Wilson Rene Lopez, Delvin Sauceda, Rene Calix, Blas Antonio Calix, Juan Pablo Calix, Marcos Calix, Adrián Calix, Jose Mencía Kevin Calix, Félix Mencía. ¿Por qué no menciona a Marcos Calix? Responde que, eran tantos que se me escaparon, pero recuerdo sus caras y los tengo ya identificados. ¿Cuántas personas apreció en la casa de Denis Figueroa? responde, 12 0 15 personas; empezaron a halar los barandales, al no poder arrancarlos utilizaron los vehículos, sacaron el menaje a pleno día, tenían intimidada a la gente. En el caso concreto el Testigo Protegido “A” estableció en su declaración: “fui testigo de un robo en la casa del señor Denis Galeano, yo iba cruzando por la calle y fui testigo, participada Antonio Calix, Devis Sauceda, Blas Antonio Calix, los demás estaban adentro, el que andaba manejando se llama Félix Mencía, era un vehículo color blanco, y un doble cabina color amarillo, no pude conocer los de adentro porque son una banda peligrosa, el señor Wilson Lopez y un señor llamado Marcos, Rene Lopez, estaban saqueando la casa, que observó armas largas. Como pruebas documentales las siguientes: Acta de allanamiento, registro, decomiso y detención de Personas, de fecha 31 de enero del 2011 (f. 143); acta de allanamiento e inspección ocular de fecha 31 de enero 2012 (f.128); acta de reconocimiento de objetos de fecha 31 de enero 2012 (f.175); Introducción por lectura autorizada de los testigos protegidos SMR2, B, K, y Z, en audiencia inicial, prueba de la cual se observa se ha extraído la decisión del tribunal. Al respecto en el Manual Teórico Práctico de Derecho Procesal Penal de Honduras, en su página 468 cita a Ricardo Pérez, quien interpreta que el juez, “... al valorar las pruebas debe sujetarse a criterios de pensamientos racionales, juicioso, cómo corresponde a una persona culturalmente formada. Y debe saber expresar la utilización de esos criterios en la sentencia, porque la sana crítica los jueces no tienen que darla por supuesta, sino que tienen quede mostrarla en cada sentencia que dicten; es decir, que el juzgador deberá valorar ineludiblemente las pruebas de acuerdo con las reglas del criterio racional o del criterio humano, conforme con tas reglas de la lógica, la psicología, de la sociología y de la experiencia.” No se encuentra que los juicios de valor utilizados por el sentenciador sean inferencias sin razón probatoria y después de haber contrastado las declaraciones, sean mucho menos contradictorios, la decisión se ha ajustado a criterios objetivamente generalizables y justificables pues de la prueba de cargo, se puede derivar la responsabilidad de los acusados, en los hechos sometidos a juicio, no se ha podido dudar de la veracidad de sus dichos, por lo que, al haberse acreditado con prueba contundente la dinámica de los hechos conforme lo relató la acusación y sin existir prueba que contradiga los mismos, el Tribunal sentenciador no tenía otra opción que la de condenar a los acusados, en cuyos argumentaciones utilizó de manera irrestricta las Reglas de la Sana Crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Segundo Motivo Norma Autorizante Citada: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Se base en medios o elementos de prueba incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el título IV del libro segundo del código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Sin determinar por el recurrente; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Se anule la sentencia recurrida. Establece el recurrente que, el a quo admitió la lectura autorizada de la declaración de los testigos protegidos SMR2, B, K, y Z, no habiendo sido observada la excepcionalidad en el caso de autos, solo bastándole la simple manifestación de la fiscalía, sin pruebas que corroboraran sus dichos; pretendiendo en la sentencia darle el valor probatorio de un testimonio brindado en juicio, con todos los principios de contradicción, inmediación y defensa que no fueron apreciados. Del Testigo Protegido. A. Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces, sin preverlo, presencia hechos que son de interés al Derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al Código Procesal Penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Artículo 226 del Código Procesal Penal); esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Artículo 227 del Código Procesal Penal), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el testigo acate el llamamiento judicial, medidas que pueden ser: Aprehensión para efectos de identificación: Durante la investigación preliminar, ante la noticia criminis y dándose la imposibilidad de distinguir entre testigos y posibles responsables entre las diferentes personas presentes en un lugar, la Policía Nacional (Artículo 175 del Código Procesal Penal) y/o el Ministerio Público (Artículo 176 del Código Procesal Penal) podrá aprehender a las personas que considere necesarias para evitar que se ausenten del lugar sin antes identificarlas plenamente, para ser llamadas como testigos; Actualización de domicilio de los testigos: Sin perjuicio de las medidas de seguridad pertinentes, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar, podrán ordenar a los testigos a fijar su domicilio e informar con antelación cualquier cambio de éste (Artículo 238 del Código Procesal Penal); Aprehensión por riesgo de ocultamiento o fuga: Cuando una persona trate de ocultarse o fugarse, con el fin de no participar en un proceso judicial como testigo, el órgano jurisdiccional podrá ordenar su aprehensión por hasta 24 horas, a efecto de que durante dicho tiempo se le tome la declaración testifical, la que podrá ser tomada bajo el protocolo de prueba anticipada de ser necesario; esta aprehensión podrá ordenarla el Ministerio Público por hasta 06 horas, entretanto gestiona la orden judicial (Artículo 234 del Código Procesal Penal); Intimación por el delito de desobediencia: En todas las citaciones que realice el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, se deberá informar al testigo, sobre su obligación de comparecer (salvo las excepciones previstas en la ley), advirtiéndole que la desatención a dicha cita sin justa causa, le hará incurrir en responsabilidad por el delito de desobediencia (Artículo 155 del Código Procesal Penal); y Conducción Coactiva: Cuando un testigo debidamente citado y sin justificación válida, no atienda el llamamiento judicial, el órgano jurisdiccional procederá a citarlo por segunda vez, advirtiéndole que podrá ser conducido por la fuerza pública a rendir su declaración, lo cual se ordenará cuando no se atienda esta segunda citación (Artículo 233 del Código Procesal Penal). La normativa citada nos indica que la participación de una persona como testigo en un proceso judicial no cae en el ámbito discrecional de ésta, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad, debiendo las autoridades operadoras de justicia en el ámbito penal, dictar las medidas pertinentes para asegurar la participación del testigo en el proceso penal. B. Medidas de protección a testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejada la obligación del Estado de brindar la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Artículo 5 Código Procesal Penal). Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: i. Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; ii. Ley de Protección a Testigos, a cargo del director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de estos últimos; son medidas de protección, entre otras: Que no conste en las carpetas institucionales (llámese expediente policial), expediente del Ministerio Público y expediente judicial, el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo, ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento (al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de febrero de 2014, en el expediente SP 232-2011, respecto a la dignidad de las claves); Que el testigo comparezca para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario; Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en Sala de Juicio (Artículo 308.2 del Código Procesal Penal); o, Que la declaración del testigo sea rendida mediante videoconferencia. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo del Ministerio Público, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. Entre las medidas que contempla la ley in comento están: Medidas de protección personal: a. Alejamiento del lugar del riesgo; b. Reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro o fuera del país; c. Cambio de identidad; d. Modificación de rasgos físicos; Medidas policiales: 1. Alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar de riesgo; 2. Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial; 3. Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y, 4. Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta); Medidas penitenciarias: Medidas de protección penitenciaria; o Medidas de protección en el proceso penal: 1. Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; 2.- Anonimato o resguardo de identidad y reserva de esta; 3.- Videoconferencia; y, 4.- Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Las partes propondrán la declaración del testigo protegido, cuya identidad será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por este tribunal de casación en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2014: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos y no anónimos como lo refiere el censor, es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto, no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. Las medidas que están previstas en la legislación nacional (Artículo 237 del Código Procesal Penal y Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal), operan bajo un sistema de numerus apertus, de modo que la autoridad estatal podrá adoptar tanto las medidas regladas contempladas en la legislación, como cualquier otra que no lo esté, pero que se identifique como necesaria en el caso concreto; en todos los casos se deberá tener presente que, cualesquiera que sean, deben implementarse dentro del marco del respeto a un debido proceso judicial, en especial a los derechos de defensa y contradicción. C. Necesidad de adopción de medidas de protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlas; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en sentencia de 29 de mayo de 2014, en el caso Norin Catriman y otros vs. Chile, señaló: “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.”. Por su parte, la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016, en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017, en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. Recomienda la Sala de lo Penal que la figura del testigo protegido sea usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial, recomienda a los jueces hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código de Rito, buscando un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; por ello y aun cuando se trate de una medida de carácter excepcional, ante la duda de la procedencia o no de medidas de protección lo preferible es su implementación; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica. Medidas de protección y el derecho de defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Artículo 8 CADH); agregando la Corte IDH que “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” [3] Como se ha señalado ya, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catriman y otros vs. Chile). Por ello es obligación ineludible del tribunal de justicia procurar que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes, como ser el de oralidad, concentración e inmediación, y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH (Norin Catriman y otros vs. Chile, párrafo 246) son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo protegido: Mérito suficiente que justifique la protección del delito consistente en la reserva de identidad; Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; y Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo protegido. Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López,[4] al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo como analiza Cubillo López que “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. La situación se torna más compleja cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, pues aquí suman dos circunstancias que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: la situación ya abordada sobre la limitación que puede presentarse para la defensa por el desconocimiento de las generales del testigo y la imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate. La Sala de lo Penal ya había abordado antes este tema en la sentencia del veinticuatro de agosto dos mil diez, en el expediente SP 182-2009, mediante la cual se estableció lo siguiente: “…Esta Sala de lo Penal, ha realizado un estudio detenido, a efecto de determinar, si como lo afirma la recurrente, se han incorporados elementos probatorios mediante lectura en violación de las normas contenidas en el título IV del Libro Segundo del Código Procesal Penal, o si por el contrario, han sido incorporados con observancia de dicha normativa.- II.- El propósito del artículo 311 del Código Procesal Penal, es garantizar que la decisión del Tribunal se adopte en base a la prueba practicada en juicio, determinando que todo acto de investigación que se pretenda utilizar como prueba deberá producirse en juicio siempre que sea posible, caso contrario dichos elementos no podrán tenerse en cuenta para conformar la convicción del Juzgador, sólo permitiéndose incorporar material de la etapa preparatoria como medios de prueba en los casos de excepción previstos en dicho artículo. La posibilidad excepcional regulada en la normativa procesal surge como una consecuencia del principio fundamental de la búsqueda de la verdad real o histórica que domina el proceso penal, que permite a los Tribunales la posibilidad de incorporar por lectura elementos de prueba o datos objetivos que se ajusten a lo descrito en el artículo 311 antes citado, siendo en esos casos excepcionalmente aceptado que prueba no controvertida en juicio de conformidad a los principio de inmediación y oralidad pueda ser admitida y valorada armónicamente con el elenco probatorio producido directamente en juicio oral y público.” En igual sentido, advierte la Corte IDH, que: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Norin Catriman y otros vs. Chile). Por ello, para la Sala de lo Penal constituye quebranto al derecho de defensa y de inocencia la sentencia condenatoria basada únicamente en una solitaria prueba testifical con reserva de identidad, que además se ha introducido por lectura a la audiencia de debate si esta no es valorada armónica con los demás medios de prueba incorporados al proceso, es decir sin que existan otros medios de prueba que corroboren los dichos del testigo protegido incorporado por lectura. Finalmente es de mencionar que es obligación de todo órgano jurisdiccional establecer en la valoración intelectiva de la declaración de un testigo protegido, determinar si la medida de protección ha incidido en alguna medida en el ejercicio del derecho de defensa de alguna de las partes, lo que tomará en consideración al momento de la decisión de fondo. De la procedencia del segundo motivo. El motivo no es de recibo. El recurrente expone como vicio, que se base en medios o elementos de prueba incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el título IV del libro segundo del Código Procesal Penal; Explicó el censor que, para dictar sentencia condenatoria contra su patrocinado, el juzgador se basó en la lectura autorizada de la declaración de los testigos SMR2, B, K, Y Z, no habiendo sido observada la excepcionalidad en el caso de autos, solo bastándole la simple manifestación de la fiscalía, sin pruebas que corroboraran sus dichos. Observamos que en fecha dieciocho de julio del año 2014 (f. 498), a solicitud del Ministerio Público se introdujo por lectura autorizada de conformidad con el numeral 2 del artículo 311 del Código Procesal Penal[5], la declaración testifical de los testigos protegidos SMR2, B, K, y Z, realizada en audiencia inicial (f. 152, 154v, 272 y 273) por haberse realizado diligencias por parte del Ministerio Público, a razón de citar a los testigos protegidos, no logrando dar con su paradero según obra en las actas de diligencias de fechas tres, siete y nueve de julio 2014 (f. 466,467 y 468) y no haber comparecido los testigos a la audiencia. El artículo 338, sección cuarta, numeral dos del Código Procesal Penal, indica, en el apartado valoración de prueba, que el tribunal deberá consignar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos. El vicio ocurriría entonces, cuando el juzgador fundamente su decisión en pruebas incorporadas al juicio vulnerando las reglas legalmente establecidas, como sucedería si la declaración de los testigos se hubiera practicado violentando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que rigen el proceso penal en la actividad probatoria. Siendo indudable que cuando se ha practicado algún medio de prueba violentando la ley o derechos fundamentales estaríamos ante una práctica ilegal de pruebas que no podrían dar validez a la sentencia, por tratarse en este caso la declaración del testigo, su motivación y fundamentación ilegítima. Ante lo denunciado por el recurrente, Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar lo que establece el artículo 363 del Código Procesal Penal segundo párrafo: “… y tratándose de la casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos.” El recurrente denunció en su recurso que se incorporó la declaración de los testigos protegidos SMR2, B, K, y Z, sin embargo, al verificar las diligencias, en fecha dieciséis de julio de 2014 (f. 490v) el Ministerio Público propuso dichos medios de pruebas, el cual fue admitido e incorporado a juicio contando con la legalidad del proceso; Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignada por el juzgador de la instancia haciendo uso de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por las razones antes expuestas es procedente desestimar el segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma; así lo pone de relieve Diego Diez- “Tanto la prueba anticipada como el resultado de las investigaciones preliminares que pueden funcionar como pruebas preconstituidas habrán de introducirse por lectura en juicio, a tenor de lo prevenido por el Artículo 311.1 [1), 2), 4) y 5)] CPP Honduras, permitiendo su crítica contradictoria por las partes procesales.”[6] Considera esta Sala de casación que la declaración testifical de los testigos protegidos SMR2, B, K, y Z, incorporadas por lectura no es violatoria de los derechos de defensa y estado de inocencia de los imputados, pues tal y como se ha establecido en la presente resolución no se trata de un testigo anónimo, sino de uno bajo la modalidad de testigo protegido, asimismo dicha declaración puede ser corroborada con otros medios de prueba evacuados en la audiencia de juicio oral y público, bajo el respeto irrestricto de principios esenciales del proceso como ser de oralidad, inmediación y contradicción. Hacemos referencia a las declaraciones testificales de: el Testigo Protegido XL, quien informó sobre los hechos que: “en esa ocasión miró a los señores Delvin Sauceda, Blas Antonio, Rene Calix y Pablo Calix, que estas personas quemaron la vivienda del señor Figueroa, con el apoyo de unos vehículos del señor Encarnación Calix, siendo un vehículo 2.8, color blanco y una camioneta pick up, doble cabina, Frontier, color amarillo, que andaban saqueando casas para romper viviendas, que marraban el carro de los barandales; que la familia Figueroa huyó de sus casas y dejaron sus vehículos en casas de amistades, a los cuales después amenazaron, durante el interrogatorio el testigo señaló entre otros: Las casas incendiadas y saqueadas pertenecían a Mirna Patricia Cruz, Felipe Santiago Acosta Cruz y las saqueadas fueron las de Denis Figueroa y la de Juan Acosta Sauceda, pasaba a las nueve de la noche y conoció que eran ellos, había fuego porque las estaban incendiando, quede como a 60 o 70 metros, las personas que miró incendiando las casas fueron: Wilson Rene Lopez, Juan Pablo Calix, Delvin sauceda, Rene Calix, Antonio Calix, Marcos Calix, Adriancito Calix, Kevin Calix, José Mencía, Yobardo Lopez y Félix Mencía, habían otros adentro; Wilson Lopez y Pablo Calix estaban con arma larga en medio de la calle cada uno protegiendo a los que hacían la acción; Arene Calix, Antonio Calix, desprendían los balcones y Blas Antonio Calix, Rene Calix y marcos Calix estaban arrancando las barandillas, entraron adentro con otros individuos a sacar las cosas, subieron las cosas y le metieron fuego a la casa, yo me quede escondido, yo estaba observando todo el hecho. Las dos primeras casas fueron en el barrio Buenos aires, las otras dos en la quinta del mismo municipio, la de la quinta pertenece a Denis Figueroa y a Juan José Acosta; ¿Mencionó un saqueo a la casa de Denis Figueroa y Juan José Acosta, quienes participaron? Responde que, los mismos señores Wilson Rene Lopez, Delvin Sauceda, Rene Calix, Blas Antonio Calix, Juan Pablo Calix, Marcos Calix, Adrián Calix, Jose Mencía Kevin Calix, Félix Mencía. ¿Por qué no menciona a Marcos Calix? Responde que, eran tantos que se me escaparon, pero recuerdo sus caras y los tengo ya identificados. ¿Cuántas personas apreció en la casa de Denis Figueroa? responde, doce o quince personas; empezaron a halar los barandales, al no poder arrancarlos utilizaron los vehículos, sacaron el menaje a pleno día, tenían intimidada a la gente. En el caso concreto el testigo Protegido “A” estableció en su declaración: “fui testigo de un robo en la casa del señor Denis Galeano, yo iba cruzando por la calle y fui testigo, participada Antonio Calix, Devis Sauceda, Blas Antonio Calix, los demás estaban adentro, el que andaba manejando se llama Félix Mencía, era un vehículo color blanco, y un doble cabina color amarillo, no pude conocer los de adentro porque son una banda peligrosa, el señor Wilson Lopez y un señor llamado Marcos, Rene Lopez, estaban saqueando la casa, que observó armas largas. Como pruebas documentales las siguientes: Acta de allanamiento, registro, decomiso y detención de personas, de fecha 31 de enero del 2011 (f. 143); acta de allanamiento e inspección ocular de fecha 31 de enero del año 2012 (f.128); acta de reconocimiento de objetos de fecha 31 de enero del año 2012 (f.175); introducción por lectura autorizada de los testigos protegidos SMR2, B, K, y Z, en audiencia inicial, medios de pruebas que a criterio de esta Sala de casación corroboran la tesis acusatoria y los extremos expuestos en las declaraciones de los testigos protegidos, que fueron incorporadas mediante lectura en el presente proceso. Por lo anterior, el motivo decae y no es de recibimiento. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo 332 del Código Penal; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Sea declarado con lugar el recurso. El recurrente señala que el Tribunal de Sentencia ha aplicado indebidamente el artículo 332 del Código Penal, pues del hecho probado no se desprenden los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal de Asociación Ilícita. Del tipo penal de Asociación Ilícita. Bajo el Título XII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico: La Seguridad Interior del Estado de Honduras; entre los delitos contemplados encontramos el de Asociación Ilícita, reformado en el Decreto Legislativo No. 70-2015, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,942 en fecha 25 de enero 2016 y vigente a partir de su publicación. El delito de Asociación Ilícita en el artículo 332 del Código Penal decreto 144-83 establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L 100,000.00) a trescientos mil (L 300,000.00) Lempiras a los integrantes o personas vinculadas a los grupos estructurados de dos (2) o más personas, que se asocien o actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido en la Constitución de la República y el Código Penal. La misma pena señalada en los párrafos anteriores, se aumentará en dos tercios (2/3) se impondrá a los jefes o cabecillas de los grupos descritos en dicho párrafo. Se considera jefe o cabecilla, aquellos que sean reconocidos o identificados como tales, cuyas decisiones influyan en la planificación y acciones del grupo; La pena señalada en los párrafos anteriores, se aumentará en un tercio (1/3) a los integrantes, jefes o cabecillas de estos grupos descritos en el párrafo primero de este artículo, cuando para el logro de sus propósitos utilicen a personas menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas u otras personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad. La pena señalada en los párrafos anteriores se aumentará en un tercio (1/3) a los integrantes, jefes o cabecillas de los grupos indicados en el párrafo primero del presente artículo, cuando realicen, independientemente del grado de ejecución, acciones constitutivas de delito en contra de los titulares de cualquiera de los Poderes del Estado, juez (a) o magistrado (a) del Poder Judicial, Fiscal del Ministerio Público, personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios, Policía Nacional de Honduras, Militares en servicio activo, Agentes de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y los Diputados, siempre que el delito fuese cometido con ocasión o en el ejercicio de su cargo o función. A los integrantes de una Asociación Ilícita, conforme a lo establecido en el párrafo primero de este artículo, que conspiren para cometer un delito contra los titulares de cualesquiera de los Poderes del Estado, juez (a) o magistrado (a) del Poder Judicial, fiscal del Ministerio Público, personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios, Policía Nacional de Honduras, Militares en servicio activo, Agentes de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y Diputados, siempre que el delito fuese cometido con ocasión o en el ejercicio de su cargo o función, además de la pena por el delito de Asociación Ilícita, se aplicará la pena correspondiente al delito que se pretenda ejecutar rebajada en dos tercios (2/3)”. El tipo penal de Asociación Ilícita constituye la criminalización de un tipo de conspiración, cuyo concepto es proporcionado por el Código Penal en el artículo 17, reprochando cuando varias personas deciden asociarse con el propósito de ejecutar los actos delictivos de los que tuviesen oportunidad en un ámbito espacial determinado y por lo tanto dicha agrupación no es de carácter accidental o momentánea. Si bien el tipo penal fue creado por el legislador pensando en las maras o pandillas, por su carácter independiente el mismo puede ser aplicado a cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos. Teniendo ello presente y considerando que el bien jurídico protegido del tipo penal es la Seguridad Interior del Estado de Honduras, que se traduce en la tranquilidad, paz y confianza que tiene la población del Estado en cualquier ambiente donde se encuentre dentro del territorio nacional. De este tipo penal se distinguen como elementos objetivos los siguientes: Sujetos Activos: Los participantes en el delito deben ser un mínimo de dos personas; es importante advertir que no necesariamente una de ellas deberá actuar como jefe o cabecilla, pues puede acontecer que todos los participantes estén en un mismo nivel de autoridad, ello especialmente cuando el grupo es de un número mínimo de personas. Por otro lado, el sujeto activo no necesariamente tendrá que conocer la identidad de los miembros del resto del grupo, ya que podrá acontecer que solo conozca a uno de ellos, que le inicie en la agrupación y le dé la “membresía”. La membresía del sujeto activo con el grupo puede ser permanente o temporal, como en los casos de personas que se unen al grupo solo entre tanto se ejecuta un determinado delito, en estos casos se le considerará parte de la asociación ilícita por cuanto el grupo como tal está constituido de manera permanente con el fin de ejecutar delitos, aun cuando la participación del sujeto activo solo sea de carácter temporal. No se requerirá que en el grupo exista una estructura definida, jerarquizado o con roles determinados, ya que ello dependerá de la cantidad de miembros y la complejidad de los delitos que se proyecten ejecutar, bastará entonces que exista la agrupación como tal bajo una visión consensuada de cometer delitos. Acto Jurídico: Teniendo como verbo rector el asociarse o actuar concertadamente, el acto penalmente relevante lo constituirá cuando el grupo de personas concierte la ejecución |de actos delictivos. Implica entonces que el grupo parte del acuerdo de voluntades de sus miembros para ejecutar delitos, por cuanto no es necesario que de manera posterior los miembros del grupo tengan que externar su acuerdo en la ejecución de un determinado delito, basta que hayan accedido a ser parte del grupo con la disposición de cometer delitos en cualquier momento durante el tiempo en que el grupo esté conformado como tal. El conjunto de personas puede constituir el grupo con el fin de cometer delitos o la idea de cometer delitos puede nacer después de haberse constituido el grupo. No constituye asociación ilícita el grupo de personas que proyecta la ejecución reiterada de actos constitutivos de faltas o actos contrarios a la ley civil o administrativa, debido a que el tipo penal lo restringe a actos que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicamente tutelados por la Constitución de la República y por el Código Penal. Requisito de Tiempo: El tipo penal exige que el grupo se asocie o actúe concertadamente, ello implica que la agrupación no debe ser provisional o accidental, sino que cada persona se identifique a sí mismo como miembro de un grupo que tiene constancia y cuyo único rol o como parte de sus roles, sea cometer delitos; este elemento es lo que permite diferenciar la coautoría del delito de Asociación Ilícita. Iter Criminis: No se requiere que los delitos propuestos por los integrantes del grupo lleguen a la fase de consumación, ni siquiera se exige el inicio de ejecución de esas conductas, la consumación del delito de asociación ilícita se produce con el acuerdo de cometer delitos de manera invariable en el tiempo. Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo del delito es el Estado de Honduras, no como persona jurídica, sino como entidad que agrupa a todos sus habitantes, es decir a todos los que conforman la sociedad hondureña. Elementos Subjetivos: el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, cual es la de conformar un grupo de personas que se asocian en el tiempo para cometer delitos.[7] Características del Tipo Penal de asociación Ilícita. 1. Según su Estructura: Tipo Penal Básico: Describe de manera independiente un modelo de comportamiento humano; Tipo Penal Simple: Describe un solo modelo de comportamiento; II. Según su Contenido: Tipo Penal de Mera Actividad: La descripción se agota con la acción del sujeto activo de asociarse con otras personas sin que se requiera la producción de un resultado en el mundo exterior que sea separable espacio-temporalmente; Tipo Penal de Conducta Permanente: El comportamiento del sujeto activo se renueva de manera continua entretanto sea parte de la agrupación delictiva conformada para la ejecución de actos delictivos; Tipo Penal de Acción: Requiere que el sujeto activo de manera consciente y voluntaria se adhiera al grupo delictivo, ergo no permite la comisión por omisión; Tipo Penal Cerrado o Determinado: El tipo penal describe con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida se desprende con toda claridad del artículo 332 del Código Penal. III. Según el Sujeto Activo: Tipo Penal Plurisubjetivo: Exige la concurrencia de dos personas o más; Tipo Penal Común: No requiere que los sujetos activos posean condiciones especiales. IV. Según el Bien Jurídico Tutelado: Tipo Penal Mono Ofensivo: Protege un único bien jurídico, que es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; Tipo Penal de Peligro Abstracto: Debido a que la conducta delictiva apenas alcanza a potenciar un peligro para el bien jurídico protegido. El tipo penal de asociación ilícita requiere igualmente un estudio particular en cuanto a los grados de participación en el delito; en este tipo penal el único grado de participación que se presenta es el de coautor, ya sea como jefe o cabecillas, y miembros del grupo. Son cabecillas, conforme lo señala el mismo tipo penal, aquellos que inciden en la voluntad de los miembros del grupo de manera reiterada y no accidental o momentánea, entretanto y bajo concepto negativo, son miembros todos aquellos que no sean cabecillas o jefes del grupo.- No se presenta en este tipo penal el grado de cómplice, debido a que éste no cumpliría con el elemento objetivo de constancia en el tiempo; Ahora bien si se puede presentar la participación de un cómplice en la ejecución de un determinado delito por el grupo ilícito (Ejemplo: robo, asesinato, tráfico de drogas), mas no como cómplice del delito de asociación ilícita. Todo lo puntualizado nos permite establecer las diferencias entre la figura de participación llamada coautoría y el tipo penal de asociación ilícita: La coautoría es una figura amplificadora del derecho penal por participación, aplicable a todos los delitos, mientras que la asociación ilícita es un delito. Para que la coautoría se presente, debe existir un hecho delictivo consumado o tentado, entretanto en el delito de asociación ilícita no se requiere el cometimiento de una conducta delictiva por los asociados, bastará que dicha asociación se dé con proyección en el tiempo para que el delito de asociación ilícita se considere consumado. En la coautoría los sujetos pueden proyectar asociarse temporalmente para cometer un número determinado de delitos, entretanto la asociación ilícita requiere necesariamente que los participantes se proyecten como parte del grupo con constancia en el tiempo; y, en la coautoría el grupo de personas se asocia con miras a la ejecución de un delito o delitos determinados; entretanto en la asociación ilícita las personas se asocian con el fin de cometer más de un delito, de diferente o igual naturaleza, en un ámbito espacial determinado, englobando tanto los delitos que puedan ser programados o planificados como aquellos cuya oportunidad de cometerlos se presente por azar. De la procedencia del motivo por Infracción de Ley. el motivo no es de recibo. – El motivo de casación por infracción de ley, interpuesto por el recurrente, denuncia que el Tribunal de Sentencia ha aplicado indebidamente el artículo 332 del Código Penal, pues del hecho probado no se desprenden los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal de Asociación Ilícita. Los hechos probados de la sentencia establecen lo siguiente:“Primero: En el año dos mil once existía una enemistad entre integrantes de la familia Figueroa con integrantes de la Familia Calix, todos residentes del Municipio de Santa María del Real del departamento de Olancho, y es por ello que en Septiembre del año dos mil once, los señores Delvin Oveli Hernández Sauceda, Marco Antonio Medina Calix, y Oscar Rene Calix Muñoz acompañados de otras personas procedieron en horas de la mañana a ingresar a la vivienda del señor Denis Orlando Figueroa, misma en las que no se encontraban sus moradores, de donde los señores antes mencionados procedieron a sacar enseres domésticos y menaje como ser camas y muebles de cuarto y de sala, luego de forzar y sacar los balcones así como las ventanas de la referida casa, usando como herramienta cuerdas atadas a uno de los carros que el señor José Encarnación Calix, les había proporcionado como transporte. Segundo: Los señores Marco Antonio Medina Calix y Oscar René Calix pertenecen a un grupo en los que también había miembros de la familia Calix que durante el año dos mil once se reunía para realizar reiteradamente actos en los que amedrentaban a pobladores con armas de fuego, y se introducían a viviendas, las cuales, por temor a ellos, habían sido desocupadas y que pertenecían a integrantes de la familia Figueroa de Santa María del Real.” Esta Sala de lo Penal ha revisado de manera detallada la fundamentación fáctica de la sentencia (hechos probados) y no ha detectado un quebranto de las normas penales que ha utilizado el sentenciador para encuadrar las acciones cometidas por los acusados, mismos que no merecen reproche casacional de la jurisprudencia que ha dictado esta Sala de lo Penal, la cual fue explicada de forma detallada en los apartados anteriores, este tribunal de casación es del criterio que la conducta de los acusados se subsume en el tipo penal previsto en el artículo 332 del Código Penal 144-83, conforme al delito de Asociación Ilícita, pues del relato fáctico se desprende que realizaron las acciones de pertenencia a un grupo en los que también había miembros de la familia Calix, que durante el año dos mil once se reunía para realizar reiteradamente actos en los que amedrentaban a pobladores con armas de fuego, y se introducían a viviendas, las cuales, por temor a ellos, habían sido desocupadas y que pertenecían a integrantes de la familia Figueroa de Santa María del Real. Se le ha dado lectura a los medios de prueba de cargo testifical y documental que fueron valorados por el a quo como ser: Como pruebas testificales la declaración de los testigos protegidos XL y A, así como la introducción por lectura autorizada de los testigos protegidos SMR2, B, K, y Z, en audiencia inicial; como pruebas documentales las siguientes: Acta de allanamiento, registro, decomiso y detención de personas, de fecha 31 de enero del 2011 (f. 143); acta de allanamiento e inspección ocular de fecha 31 de enero del año 2012 (f.128); acta de reconocimiento de objetos de fecha 31 de enero del año 2012 (f.175). Lográndose acreditar la asociación voluntaria de los señores Marco Antonio Medina Calix y Oscar Rene Calix, con otras personas de manera continua, los cuales eran parte de una agrupación conformada para la ejecución de actos delictivos y que amedrentaban a pobladores de Santa María del Real, con armas de fuego y se introducían a viviendas, las cuales por temor a ellos habían sido desocupadas por sus propietarios; hechos que se extraen de la prueba de cargo evacuada, por lo anteriormente expuesto se declara sin lugar el único motivo de casación por infracción de ley interpuesto por la defensa privada. Decisión Declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos. Declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la tramitación del recurso de casación ninguna de las partes presentó escrito complementario dando a conocer su criterio respecto a la procedencia o no de la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, por lo que en base al artículo 624.3 de ese cuerpo legal corresponderá en el presente caso a la Sala de lo Penal realizar la ponderación de oficio. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Marco Antonio Medina Calix y Oscar Rene Calix Muñoz, la pena de seis (6) años ocho (8) meses de reclusión por el delito de Robo Agravado en perjuicio de Dennis Orlando Figueroa (art. 217 CP); se impuso a los señores Marco Antonio Medina Calix y Oscar Rene Calix Muñoz, la pena de trece (13) años cuatro (4) meses de reclusión por el delito de Asociación Ilícita en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; tipo penal que se encontraba tipificado en el artículo 332 del Código Penal 144-83. Asimismo, impuso las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Quedando la pena impuesta en veinte (20) años de reclusión. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada a los acusados de Robo Agravado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito Robo con Violencia o Intimidación (Art. 361), sancionado con pena de 04 a 08 años de prisión, aumentada en un tercio, pues los imputados cometieron el delito empleando armas (Art. 363, numeral 9), quedando la pena en 08 años a 10 años 08 meses de prisión; La conducta reprochada a los acusados de Asociación para Delinquir, previsto en el artículo 554 del Código Penal 130-2017, el que indica que: “Son asociaciones ilícitas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos (2) o más personas con la finalidad de cometer ilícitos penales… Los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita deben ser castigados con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días.”. Retornando al caso de estudio, conforme los hechos declarados probados los acusados Marco Antonio Medina Calix y Oscar Rene Calix Muñoz, sostuvieron diversas y continuas reuniones, entre sí y con otras personas con el objeto conspirar para realizar delitos de robo a viviendas.- Estos hechos se encuadran en el tipo penal de asociación para delinquir, y dado que no se señala en la descripción fáctica de que los acusados sean directivos, promotores o financistas, debe entenderse que eran integrantes de la agrupación, por lo que corresponde imponerles una pena concreta de 6 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por los acusados, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 14 años a 20 años 08 meses de prisión y multa de 100 a 500 días, lo que no les beneficia. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos y el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Teodoro Salvador Godoy, defensor privado, en la causa instruida contra los procesados Marco Antonio Medina Calix y Oscar René Calix Muñoz, como coautores del delito de Robo Agravado, en perjuicio del señor Dennis Orlando Figueroa, y como coautores del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a los ahora condenados Marco Antonio Medina Calix y Oscar Rene Calix Muñoz. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional de Tegucigalpa. Y MANDA: Que la secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. - Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado. - Rafael Bustillo Romero. Magistrado. -Firma y Sello. – Michelle Alessandra Izaguirre Colindres -Receptora Adscrita. Secretaria General.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diez de noviembre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 233-2017.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Sala de lo Penal
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[1] Ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal y Exp 88-09 de fecha 20 de octubre del 2011.
[2] Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156.
[3] Corte IDH, Norin Catriman y otros vs. Chile.
[4] Cubillo López, Ignacio Jose, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs. 175-187.
[5] Ver fallo 210-2012 de fecha 3 de noviembre de 2014.
[6] Derecho Procesal Penal en Honduras, manual teórico- práctico, tema 25, página 30.
[7] Ver Sentencia de fecha 08 de septiembre del 2005, en el Exp 291-2004, Sentencia de fecha 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006 y Sentencia de fecha 23 de marzo del 2007, en Exp 079-2006, Sentencia de fecha 10 días del mes de enero del 2013, en el Exp 449-2011, R.A. 0902-2016-01029.