Sentencia CP-227-19 — Registro 15654
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Violación Especial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 .
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...
De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El censor alega que indebidamente el Tribunal de Sentencia introdujo por lectura los dictámenes periciales consistentes en el Dictamen Psiquiátrico realizado por el Doctor Juan Carlos Munguía Hernández; y, el Dictamen de Laboratorio de Serología y Genética Forense, practicado por la Doctora Karen Amaya. En el acumulado judicial se ve registrado que en fecha uno (01) de marzo de dos mil dieciocho (2018) (f. 15 del Tomo II), el Tribunal de Sentencia celebró la audiencia de proposición de prueba, en donde las partes ofertaron los medios de prueba que tuvieron a bien, siendo entre ellos el Dictamen Psiquiátrico realizado por el Doctor Juan Carlos Munguía Hernández; y, el Dictamen de Laboratorio de Serología y Genética Forense, practicado por la Doctora Karen Amaya, ambos propuestos por el Ministerio Público y admitidos por el A-Quo. Posteriormente, en la audiencia de debate, celebrada en fecha 18 de octubre de 2018 (f. 67v del Tomo II), la Secretaría del Tribunal de Sentencia informó que los peritos no fueron citados y por tanto no comparecieron, a lo cual el Ministerio Público solicitó que ante la imposibilidad de citarlos se evacuaran sus dictámenes mediante lectura autorizada, ante lo cual no hubo oposición alguna por parte de la defensa, quien solamente pidió una copia de los dictámenes para evacuarlos mediante exhibición. Por su parte el Tribunal de Sentencia, resolvió ordenar su evacuación mediante lectura, manifestándose entendidas ambas partes. Los antecedentes procesales relacionados, permiten a esta Sala de lo Penal arribar a la conclusión que tanto el Ministerio Público como la defensa privada coincidieron en que los dictámenes periciales se evacuaran mediante lectura autorizada, por no haber podido hacer llegar a los peritos a la audiencia de debate y observando el plazo para la celebración del juicio; ergo, no puede ahora la defensa privada presentar denuncia por la indebida introducción por lectura de un medio de prueba, cuando ello fue como consecuencia de su propio consentimiento, no hubo en ese momento denuncia procesal alguna del vicio que ahora hoy denuncia en casación, considerándose extemporáneo su reclamo que fue consentido en instancia. En relación al reclamo de que la prueba pericial de Serología y Genética Forense se realizó vulnerando derechos fundamentales del acusado, ya la Sala de lo Penal ha dado respuesta a sus argumentos a través del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por lo que basta remitirse a la respuesta del mismo para verificar que aún y cuando se excluyera del acervo probatorio dicha pericia, no resultaría suficiente para revertir la declaratoria de culpabilidad del señor Maynor José Matute Gutiérrez, pues el resto de la prueba pericial, documental y testifical, reúne a cabalidad los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado al acusado. Por lo anteriormente expuesto, no procede el recibimiento del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se condenó al señor Maynor José Matute Gutiérrez, a la pena principal de quince (15) años de reclusión, por ser considerado autor responsable penalmente del delito consumado de violación especial, en perjuicio de N. L. C. A., más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de violación (artículo 249), cuyas penas principales son: prisión de trece (13) a diecisiete (17) años y cuatro (04) meses, -en virtud que según los hechos probados de la sentencia, la víctima es menor de 14 años y se empleó violencia en la realización del delito-; prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión (34 años y 8 meses), la medida de libertad vigilada hasta por diez (10) años y anotación en el registro de agresores sexuales que para tal efecto lleva el Juzgado de Ejecución. Lo anterior permite colegir que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-227-2019 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 227-2019 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Maynor José Matute Gutiérrez, como autor penalmente responsable de un delito consumado de violación especial en perjuicio de N. L. C. A., a la pena de quince (15) años de reclusión y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por tiempo que dure la pena principal. La pena de reclusión deberá cumplirla en la penitenciaría de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua. Será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el acusado ha permanecido cautelarmente privado de su libertad ambulatoria por esta causa. Además, el condenado está obligado a trabajar por el tiempo que dure la misma en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley. Segundo: Declaró la responsabilidad civil del condenado Maynor José Matute Gutiérrez. Tercero: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: No declaró comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Aldo Francisco Santos Sosa, en su condición de defensor privado del señor Maynor José Matute Gutiérrez. Son partes en única instancia: El Abogado Aldo Francisco Santos Sosa, en su condición de defensor privado del señor Maynor José Matute Gutiérrez, como recurrente; y la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando los medios de prueba practicado en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana critica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: Que en fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecisiete, aproximadamente a las once de la mañana, la menor ofendida N. L. C. A. de doce años de edad, abordó un taxi con número de registro 09, conducido por MAYNOR JOSE MATUTE GUTIERREZ, a quien le dijo que la llevara a la Colonia Osorio, a casa de sus abuelos; el imputado en el trayecto subió a otros pasajeros a los cuales dejo en distintos lugares de la ciudad de Márcala, posteriormente la llevo al desvió que conduce hacia el Departamento de La Esperanza, recibiendo una supuesta llamada de la hermana quien le dijo que la fuera a recoger a las canchas del Pinel, conduciéndola a un lugar solitario, donde la toma de las manos fuertemente, le tapó su boca para que no gritara, la despojo de su ropa interior y la abusó sexualmente de ella. SEGUNDO: posteriormente en fecha veintinueve de marzo la menor ofendida fue evaluada por el perito forense Dra. BELMAR YANETH ZELAYA quien establece que la menor N. L. C.A., presenta un HIMEN CON RUPTURA RECIENTE con elemento subjetivo de color al tacto con el hisopo, sangrante localizada a las 6 horas según las manecillas de reloj, de igual manera se realizó el dictamen comparativo de ADN practicado por la Dra. KAREN AMAYA obteniendo un resultado positivo del cual no se puede excluir al señor MAYNOR JOSE MATUTE GUTIERREZ como responsable.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La parte recurrente, el Abogado Aldo Francisco Santos Sosa, en su condición de defensor privado del señor Maynor José Matute Gutiérrez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código procesal penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El recurso de casación por violación de precepto constitucional está debidamente fundamentado en aquellos casos en los cuales mediante sentencia definitiva se haya infringido por el sentenciador, en este caso por el Honorable Tribunal de Sentencias de Comayagua, un precepto de carácter constitucional. Es decir, cuando del análisis al fallo se colija que efectivamente se ha vulnerado derechos y garantías constitucionales de los cuales Honduras reconoce a sus ciudadanos. El Tribunal sentenciador declaró como hechos probados lo siguiente: Valorando los medios de prueba practicados en el juicio de acuerdo con las regla de la sana critica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: “PRIMERO: "Que en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), aproximadamente a las once de la mañana, la menor ofendida N. L. C. A., de doce años de edad, abordó un taxi con número de registro 09, conducido por MAYNOR JOSUE MATUTE GUTIERREZ, a quien le dijo que la llevará a la Colonia Osorio, a casa de sus abuelos; el imputado en el trayecto subió otros pasajeros a los cuales dejó en los distintos lugares de la ciudad de Márcala, posteriormente la llevó al desvío que conduce hacia el Departamento de la Esperanza, recibiendo una supuesta llamada de la hermana quien le dijo que la fuera a recoger a las canchas del Pinel, conduciéndola a un lugar solitario, a donde la tomó de las manos fuertemente, le tapo su boca para que no gritara, la despojó de su ropa interior y abuso sexualmente de ella; SEGUNDO: "Posteriormente en fecha veintinueve (29) de marzo la menor ofendida fue evaluada por la Perito Forense Dra. BELMAR YANETH ZELAYA, quien establece que la menor D. L. C. presenta un HIMEN CON RUPTURA RECIENTE con elemento subjetivo de dolor al tacto con el hisopo, sangrante localizada a las 6 horas según las manecillas de reloj, de igual manera se realizó el dictamen comparativo de ADN practicado por la Dra. KAREN AMAYA, obteniendo un resultado positivo del cual no se puede excluir al señor MAYNOR JOSE MATUTE como responsable". El Tribunal sentenciador al hacer la valoración de la prueba que fuera evacuada en la vista pública, arribó a la conclusión de hechos en los que imputa a manera de autor directo en la comisión de este ilícito penal a mi representado MAYNOR JOSE MATUTE. La convicción jurisdiccional a la que arribó el sentenciador se fundamentó en elementos de prueba que a nuestro criterio fueron obtenidos soslayando los procedimientos o formalidades que exige la norma constitucional y por ende la norma procesal adjetiva.
En este sentido siendo que el artículo 1 de la Constitución de la República establece que: "Honduras es reconocido como un Estado de Derecho", ello implica que Honduras debe basar su diario actuar en la vida cotidiana, a través de sus órganos o poderes del Estado, un gobierno que proteja la vida cotidiana, no solo en leyes escritas, los derechos fundamentales de todos: La vida, la libertad, la propiedad entre otros derechos y que al que violente dicho ordenamiento se le castigue pero siguiendo de manera imperativa todos los procedimientos y requisitos que esa normativa constitucional y procesal establece. En este sentido, Han Kelsen, en su última versión acerca del Estado de Derecho, estableció que el ordenamiento jurídico es la verdadera esencia del Estado de Derecho. En este mismo orden de ideas, Elías Díaz, afirma que todo Estado de Derecho tiene las siguientes cuatro notas: a. Imperio de la ley; como expresión de la voluntad general. b. División de Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. c. Legalidad de la Administración: actuación según la Ley y suficiente control jurídico y; d. Derechos y libertades fundamentales: Garantía jurídico-formal y efectiva realización material. Planteado de forma doctrinaria la esencia de todo Estado de Derecho, es fundamental para efectos del presente motivo de casación establecer claramente qué derechos y garantías se han vulnerado con el fallo del cual hoy se impetra el presente recurso de casación. En este sentido, el artículo 90 de la norma constitucional establece que: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece"... N
o está en discusión en el presente motivo de casación la intervención del juez natural, puesto que el honorable Tribunal sentenciador está investido de todas las facultades para impartir en nombre del Estado de Honduras la justicia, lo que sí está en discusión es la formalidad con la que obtuvo prueba decisoria del caso y de la que el Tribunal Sentenciador hizo uso, al valorarla y sustentar en ella la sentencia condenatoria, a pesar de que la prueba fue objetada en el juicio oral por el representante procesal del imputado, el Abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo. En este orden de ideas, resulta honorable Tribunal, que, en la audiencia de juicio oral y público, se objetó de manera reiterada tanto en la apertura del juicio oral como en el momento de las conclusiones que el dictamen de ADN aportado por el Acusador del Estado se obtuvo en abierta y flagrante violación a las formalidades del procedimiento y de los Derechos Fundamentales que te asisten a mi representado. El dictamen en referencia establece entre otras cosas lo siguiente: 9.1) En el indicio N O 1 (Blúmer) se detectó el perfil genético de un individuo de sexo masculino que al ser comparado COINCIDE(Lo subrayado y en negrilla es nuestro), con el perfil genético de MAYNO JOSE MATUTE GUTIERREZ, y el análisis estadístico indica que 26, 180, 490, 000,000,000,000 veces es más probable que sea el donador del perfil genético detectado a que sea otro individuo de la población con una probabilidad del 99.99999999999999999.En este orden de ideas, el Tribunal Sentenciador ha hecho recaer su convicción de culpabilidad en un elemento de prueba que no fue obtenido en apego irrestricto de las formalidades que exige la norma constitucional que se considera violentada por el sentenciador. Si reparáis en este extremo, Honorable Tribunal, en la página seis vuelto (6v) de la sentencia que hoy se ataca, específicamente en el acápite de "VALORACIÓN CONJUNTA E INDIVIDUAL DE LA PRUEBA" el Tribunal A Quo, establece entre otras cosas: "Que la declaración de la víctima resulta respaldada por éste dictamen, es evidente que la ofendida ha identificado plenamente al imputado en la presente causa, sin perjuicio de que hay que recordar que con la prueba del laboratorio de serología la cual concluyó lo que ya hemos desarrollado en el acápite anterior acerca de que el patrón genético encontrado en el indicio uno (1) blúmer corresponde al de MAYNOR JOSE MATUTE GUTIERREZ. Agrega el sentenciador en su valoración de prueba que: "Por lo general esta prueba científica es irrefutable, pues se encontró coincidencia de perfil genético en el imputado con los líquidos seminales encontrados en el blúmer, por lo que no se puede descartar al encausado como el origen de dicho líquido seminal encontrado en el calzón de la niña". Como podéis observar Honorable Tribunal, la sentencia condenatoria descansa en una prueba que tal como se indica, es científica y de difícil refutación, sin embargo el reproche del Censor, recae en que esta prueba fue obtenida en abierta violación a normas de carácter constitucional inobservando al mismo tiempo normas de carácter procedimental que el acusador no cumplió, es decir, que el Ministerio Público no observó al franca y abierta violación de los derechos fundamentales de quien hoy representó. Analicemos de manera muy detenida la forma en que este elemento probatorio fue obtenido y asimismo el grave error de procedimiento que hoy nos coloca ante una situación en la que se ha condenado a una persona haciendo uso de una prueba considerada como "Prohibida y a la vez ilícita". Retomando la visión constitucional planteada en el artículo 1 y 90 de la Constitución de la República, que establece no solo la declaración que Honduras es un Estado de Derecho, sino que el juzgamiento del infractor de la ley se hará respetando las FORMALIDADES del procedimiento penal. Si se revisa detenidamente la causa de mérito, se podrá encontrar que el dictamen NO 2018-0801-0501-8631 emitido por la Dirección de Medicina Forense, a través de su perito la Licenciada KAREN AMAYA, describe lo siguiente: 1. DATOS GENERALES...., 2. Material Recibido, 2.1: Una bolsa de papel manila con número 2017-0801-0501-2738 conteniendo indicio NO 1, un blúmer tipo bóxer, color rosado y blanco, marca "DONNA SCRET" talla s/m ; 2.21 Un sobre de papel manila con número 2018-0801-0501-8631-1 conteniendo indicio N O 2, una tarjeta FTA impregnada con sangre correspondiente a N. L. C. A. (Ofendida). 2.2.2 Un sobre de papel manila con número 2018-0801-05021-8631-2 conteniendo indicio NO 3 una tarjeta FTA, impregnada con sangre correspondiente a MAYNO JOSE MATUTE GUTIERREZ (imputado). 3. MUESTREO: 3.1 El día 15 de octubre de 2018, en el área de Extracción de ADN dubitado se procedió a realizar un corte aproximadamente 0.5x0.5 mm como muestra representativa al azar del área donde se obtuvo resultado positivo en semen en el indicio NO 1; 3.2 El día 17 de octubre de octubre de 2018 en el área de Extracción de ADN indubitado se procedió a extraer seis discos con diámetro de 1.20 mm cada uno de los indicios N2 y 3 utilizando un perforador HARRIS MICRO-PUNCH. 4, 5, 6, RESULTADOS: 6.1: En el indicio NO 1 (blúmer) se detectó el perfil genético de ADN nuclear y haplotipo de cromosoma "Y" de un individuo del sexo masculino que al ser comparado coincide con el perfil genético y haplotipo de Maynor José Matute Gutiérrez (Imputado), 6.2: En el indicio Na2, (Tarjeta FTA con sangre) se determinó el perfil genético de N. L. C.A. (Ofendida) y 6.3: En el indicio NO 3 (Tarjeta FTA con sangre) se determinó el perfil genético de ADN nuclear y haplotipo de Cromosoma "Y" de MAYNOR JOSE MATUTE GUTIERREZ".Este dictamen pericial no tendría ninguna objeción alguna si el Ministerio Público, en el proceso de obtención del mismo hubiese observado de manera inobjetable la forma en que el mismo fue obtenido, sin embargo, el reproche recae desde esta defensa, en que tanto la muestra obtenida de sangre como la forma en que el blúmer fue obtenido y usado como muestra técnica ha violentado las formalidades que la norma constitucional (Art 90) establece y la norma adjetiva exige. Es ahora meritorio explicar detenidamente como mediante la actuación del Ministerio Público, al obtener una prueba soslaya los procedimientos establecidos, configurándose con ello una flagrante violación al DEBIDO PROCESO y por ende al DERECHO A LA DEFENSA que le asiste a todo procesado y/o condenado. Comencemos revisando el escrito de proposición de prueba presentado por el Acusador del Estado (Fiscal), podréis reparar que en el acápite B, del mencionado escrito en relación a la prueba pericial se habla en el numeral 4 de "Un Dictamen de ADN. para lo cual se solicita se ordene la extracción de muestras al imputado y así poder realizar análisis comparativos de las muestras de semen encontradas en el supuesto CONDON utilizado por el imputado al momento de los hechos, se propone para la práctica de dicha pericia a la Doctora KAREN AMAYA, adscrita a los Laboratorios de Serología y Genética de Medicina Forense. Resulta perturbador Honorable Tribunal, que si la audiencia de proposición de prueba en la presente causa se realizó en fecha 23 de marzo del año 2018 y es hasta después de esta fecha que se tendría que haber juramentado y realizado con CONOCIMIENTO DE LA PARTE CONTRARIA (Lo subrayado, en cursiva y negrilla es nuestro), la práctica de la extracción de muestras de sangre, si revisáis el dictamen elaborado por la Licenciada Karen Amaya, perito nombrada por el Tribunal para realizar la práctica de la pericia de ADN, ésta recibe una "Muestra de Sangre" del imputado. Está plenamente establecido, Honorable Tribunal Ad Quem que el condenado MAYNOR JOSE MATUTE GUTIERREZ no tuvo el acompañamiento de su representante procesal, ya que de forma unilateral fue trasladado hasta la ciudad de Tegucigalpa, específicamente hasta las instalaciones de la Dirección de Medicina Forense donde sin la asistencia de su Apoderado Legal fue conducido a la oficina respectiva y se le extrajo la muestra de sangre que luego sirviera como elemento comparativo con los fluidos supuestamente encontrados en la evidencia N O 1, consistente en el pedazo de Blúmer que sirvió como elemento de comparación. Somos del criterio que esta acción unilateral realizada por el Ministerio Público violentó los artículos 82 y 90 de la Carta Fundamental, así como lo preceptuado en el artículo 101 N O 10 del Código Procesal Penal, que establece: " A toda persona imputada se le garantiza su defensa. Tendrá derecho en consecuencia a: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) A estar presente, con su Defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba, salvo en los casos que en el presente Código disponga lo contrario. No solo se vulneró normas de carácter procedimental y por ende de rango constitucional, sino que se ha violentado reglamentos que la Honorable Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha emitido en relación al manejo de evidencia e indicios, reglamentos que son de observancia obligatoria tanto por el órgano acusador como por los honorables jueces, que son los llamados a ser celosos en cuanto a la forma de actuar de los encargados de recolectar los indicios y elementos de prueba. Esta defensa Honorable Tribunal, hace la observación contundente en relación a la forma en que fue obtenida este medio de prueba, que a la postre fue valorado por el Sentenciador y considerado para emitir este fallo condenatorio que hoy se impetra con el presente recurso de casación. En primera instancia, no comprendemos por qué el dictamen de ADN hace referencia a un trozo de blúmer, considerado como indicio N O 1, si éste NUNCA fue aportado como evidencia a lo largo del proceso penal, sin embargo, la perito nombrada realiza la práctica de su expertis sobre una evidencia que no fue aportada en juicio. Entonces surgen de manera indefectible una serie de interrogantes que Vosotros, Honorable Tribunal, tenéis que también formular para así revisar lo actuado por el Tribunal Sentenciador, entre las interrogantes las más importantes son: ¿Quién decomiso este blúmer considerado como evidencia N O 1?' ¿En qué lugar fue decomisado este blúmer? ¿Se levantaron las correspondientes actas y garantías de autenticidad? ¿Se observaron los procedimientos respectivos para asegurar esta evidencia y asegurar que la misma es la que pudo haber sido encontrada en la escena de un delito?; ¿Esta evidencia NO 1 (Blúmer) es la misma y está en la misma condición cuando la misma fue recogida? ¿Esta blúmer realmente pertenecía a la supuesta víctima N. L. C. A.?; ¿Se levantaron o no las actas que el artículo 203 del Código Procesal Penal ordena realizar en este tipo de casos?; ¿Hubieron o no testigos de este decomiso?, ¿Quién almacenó y cómo se almacenó el indicio N O 1 (Blúmer)?, ¿Cómo se logró preservar un fluido seminal a un año después de su recolección? y ¿Por qué NUNCA SE PRESENTÓ COMO ELEMENTO DE PRUEBA ESTE BLOOMER EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO? Es meritorio discutir ampliamente este elemento de prueba y la forma en qué fue obtenido ya que el Tribunal Sentenciador usó éste para sustentar un fallo de carácter condenatorio. En relación a la extracción de la sangre, considerada como evidencia N O 3, consistente en una tarjeta FTA, impregnada con sangre de MAYNOR JOSE MATUTE GUTIERREZ, también hemos de atacar su legalidad y autenticidad ya que esta prueba fue obtenida en abierta y flagrante violación a derechos fundamentales que le asisten al ahora condenado, señor Matute Gutiérrez. En este sentido, esta evidencia de sangre, la misma que se utilizó para realizar mediante método comparativo la pericia de fluidos encontrados en el indicio NO 1, blúmer, indicios que nunca fueron presentados en el juicio, violentándose con ello lo establecido en el artículo 43 del Reglamento Sobre el Manejo de Indicios y Evidencias Físicas y Biológicas Obtenidas como Consecuencia de la Comisión de un hecho Constitutivo de Delito, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 27 de noviembre del 2004.En este sentido, siendo que la prueba de ADN, es un material biológico que se halla presente en todas las células de un organismo, vivas o muertas. El ADN de un individuo no cambia, es único y su perfil identificatorio será siempre el mismo. No hay duda que la importancia del ADN resulta indudable. Se descubre con la sola lectura de los hechos probados de aquellas sentencias en las que el ADN ha tenido un peso decisivo; sin embargo, esta prueba tiene una amplia discusión constitucional ya que para su emisión se ha emitido una regulación específica y estricta, dado que tiene una particular incidencia en los DERECHOS FUNDAMENTALES.
Es de suma importancia para efectos del presente motivo de casación, establecer que las garantías constitucionales poseen en sí mismas un valor jurídico y humano que las transforman en inviolables y las eleva a una categoría suprema. La existencia de estas garantías limitativas del poder estatal, hace a la necesidad de contar con los márgenes objetivos de seguridad que dificulten el arbitrio e impidan el desborde autoritario del Estado a través de sus órganos de persecución del delito. En otras palabras, estas garantías funcionan como directivas o prohibiciones hacia el Estado, indicándole cuándo y cómo podrá condenar a una persona a cumplir una pena y cuándo y cómo no podrá hacerlo. Esta representación considera que el hecho de haber valorado un medio de prueba como lo es la de ADN, que fue obtenida desconociendo su autenticidad, ya que proviene de elementos o indicios que nunca fueron aportados a juicio y de la cual se desconoce su procedencia, es que consideramos la violación de garantías que le son inherentes al condenado, por el hecho de ser persona humana, específicamente: Su Estado de Inocencia, Indubio Pro Reo, Imparcialidad del Tribunal, Derecho a la Defensa, Debido Proceso.La prueba de culpabilidad del condenado, destinada a destruir su Estado de Inocencia, estuvo a cargo del Tribunal de Sentencias de Comayagua y que se fundamentó en diferentes pruebas que se aportaron en el proceso, pero también en otros elementos de prueba que nunca fueron aportados en juicio y que no nos explicamos el por qué esto nunca sucedió. En relación al Indubio Pro Reo, consignado en la frase: "En caso de duda, deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado", toda duda favorece al reo porque éste goza de un estado de inocencia que no necesita ser construido. No dudamos que la prueba penal, puede caracterizarse por la utilización de las novedades técnicas y científicas, como lo es la prueba de ADN, pero ello obliga al Estado a respetar el marco de respeto por la persona del imputado y de la observación irrestricta de los procedimientos legalmente establecidos para la obtención de la misma. Este tema en particular ha sido ampliamente debatido por la jurisprudencia y la doctrina científica, pero lo que al final se determina, es que la prueba de ADN tendrá plena eficacia si la misma ha sido obtenida en total respeto de los procedimientos y derechos fundamentales inherentes a todo ser humano. El sentenciador al hacer caso omiso de las normas constitucionales y procesales que regulan los aspectos de Derechos Fundamentales y de procedimientos violenta garantías y derechos que le son inherentes a mi representado, ya que su sentencia condenatoria descansa en una prueba espuria (ADN) que fue considerada para emitir la sentencia que hoy priva a mi representado de su libertad por espacio de quince años de reclusión, abriéndose con ello una ruta peligrosa para todo Estado de Derecho ya que al haberse considerado la misma como prueba fehaciente de los hechos a pesar de su ilegitimidad, se pone realmente en duda la seguridad jurídica de toda una nación y por ende de sus habitantes. Este ejercicio del Ius Puniendi del Estado, como lo es el Derecho a castigar conductas definidas por la ley como delitos, corre el riesgo de su ejercicio arbitrario y no estar sujeto a ningún tipo de vínculo o control, muy a pesar de que en la norma adjetiva se le impone al Fiscal el deber de actuar en apego total e irrestricto al principio de objetividad, sancionándose con declarar "La Ilegalidad de las Pruebas" cuando éstas han sido obtenidas a través de métodos de carácter ilícito, es decir cuando para la obtención de las mismas el órgano acusador se haya apartado de los procedimientos y mandatos de carácter imperativo, situación que en el caso de autos no ocurrió por cuanto se ha utilizado evidencia que no fue propuesta para el juicio oral y de la que se desconoce la forma en que la misma fue obtenida. Este Censor, considera que el motivo de casación invocado concurre en el presente caso, por cuanto el juicio de valor realizado por el sentenciador, lo hizo considerando un elemento de prueba que fue obtenido al margen de los procedimientos ya establecidos con anterioridad en nuestra norma procesal adjetiva. Como lo estableciera el reconocido jurista Gustavo Vivas Usser, quien al referirse a la importancia de la prueba en el proceso, establece: "Que la prueba es el modo más confiable para descubrir la verdad real, y a la vez, la mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales (Pág. 187, Tomo l, Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño, Honduras C.A. 2002); agrega que el estándar de convicción sobre la culpabilidad del acusado para condenarlo es el de certeza, la que únicamente puede derivarse de la prueba que ha sido incorporada al juicio ( Remitirse al artículo 338, cuarta regla del Código Procesal Penal). Un elemento de prueba debe ser objetivo en tanto que el dato y la trayectoria seguida para ingresar al proceso (CADENA DE CUSTODIA) deben provenir del mundo externo al proceso. Su confrontación (examinación y contraexaminación) por las partes es lo que le da el carácter de intersubjetividad (u objetividad) en el proceso penal, en el mismo sentido en que sucede en la órbita de las ciencias empíricas. Asimismo, la legalidad de las pruebas debe ser la regla, ya que la posible ilegalidad podría originarse en dos motivos: Su irregular obtención o su irregular incorporación al proceso. Cuando existe una obtención ilegal de la prueba, cualquier dato que se obtenga en violación a las garantías constitucionales, deberá ser considerada ilegal y, por ende, carecerá de valor para fundar la convicción del Juez. El ingreso del dato probatorio desde el mundo de los hechos hacia el proceso debe realizarse de un determinado modo, de tal forma que permita el seguimiento de la prueba, permitiendo el contradictorio. Lo propio sucede cuando a elemento de prueba, obtenido ilegalmente, se lo pretende incorporar para su valoración, máxime si la ilegalidad en su obtención implica una violación a las garantías establecidas por la Constitución de la República. (Hasta aquí lo desarrollado por el Jurista Gustavo Vivas). Esta prueba pericial, que a la postre fue documental puesto que la perito no llegó al juicio oral a sostener la misma, fue obtenida en franca violación a derechos fundamentales y procedimientos que no le permitió a la defensa hacer una verdadera resistencia al mismo, al contrario, la prueba fue evacuada prescindiendo de la legalidad exigida para este tipo de diligencias. En este sentido, el artículo 277 del Código Procesal Penal establece que: " Se exige la notificación previa a las partes, tratándose de un acto definitivo e irreproducible que anticipa prueba al juicio que se impone bajo pena de nulidad, permitiendo a éstas el efectivo ejercicio del contradictorio, al garantizarles el conocer de antemano acerca de su realización, y el derecho de asistir, esto es, COMO FACULTAD DE ESTAR PRESENTES Y PROPONER PERITO DE CONFIANZA DE LA PARTE, CONTROLE LA CIENTIFICIDAD DEL ACTO. Resulta Honorable Tribunal, que la doctrina científica es concluyente al establecer que: "Durante la Etapa Preparatoria, el Ministerio Fiscal y los defensores tendrán el derecho de asistir a las pericias, salvo que su presencia pueda obstruir el buen éxito de la pericia" (artículo 242, último párrafo del CPP); y en el juicio, el Ministerio Fiscal, las partes privadas y sus defensores tendrán derecho a participar en la recepción de la prueba pericial ofrecida por ellos u ordenada de oficio, pudiendo también formular preguntas a los peritos. En conclusión, si el Tribunal Sentenciador hubiese apreciado en su contexto los aspectos reprochados mediante el presente recurso, probablemente el fallo proferido sería otro y no el de carácter condenatorio, por lo que se solicita al más alto tribunal de justicia que podáis corregir este grave error y enmendarlo a través de la aceptación del presente motivo de casación fundamentado en los efectos facticos y jurídicos que han sido expuestos. SEGUNDO MOTIVO: RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA AL HABERSE EMITIDO SENTENCIA CONDENATORIA EN BASE A ELEMENTOS O MEDIOS PROBATORIOS NO INCORPORADOS LEGALMENTE AL JUICIO.PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra debidamente comprendido en el artículo 362, numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Establece la norma adjetiva que procederá el recurso de Casación por quebrantamiento de forma, cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los siguientes vicios: 1), 2) Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro segundo de éste Código. El juicio de valor desarrollado por el Tribunal de Sentencias de Comayagua, recayó sobre una prueba que como bien lo señalamos en el primer motivo del presente recurso, la misma carece de la legitimidad que debe contener cada elemento de prueba, ya que es sobre la base probatoria que el Tribunal que conoce de la causa emite su veredicto. Al igual que en el primer motivo, se reprocha en este segunda motivo que el Tribunal A- Quo ha realizado valoraciones sobre la base de elementos probatorios que carecen de las formalidades para la obtención de las mismas y asimismo fue evacuado en la vista pública mediante el procedimiento establecido en el artículo 311 del Código Procesal Penal, es decir, mediante lectura autorizada, cuando lo que manda la norma adjetiva, es que sea en el juicio oral y público, mediante la defensa oral que el perito designado para tal efecto comparezca para que pueda defender oralmente su dictamen. En este sentido, consta en el acta de debate que efectivamente tanto el perito psiquiátrico como la perito que evacuo la prueba de ADN, no se hicieron presentes a la audiencia de juicio oral sin justificación alguna y se procedió a evacuar la prueba mediante la lectura de sus dictámenes sin que existiera el verdadero contradictorio, violándose con ello dos principios fundamentales que rigen el sistema acusatorio: El principio de contradicción consignado en el artículo 4 del Código Procesal Penal y el principio de Oralidad establecido en el artículo 310 de la misma norma procesal adjetiva. Esta ausencia injustificada de los peritos propuestos y la imposibilidad de poderles interrogar en el juicio oral y público, obviamente se refleja en una evidente indefensión en perjuicio del ahora condenado, puesto que la defensa de éste no tuvo la valiosa oportunidad de interrogar como es lo procedente a los peritos y de esta manera poder hacer las preguntas por ejemplo a la perito que practicó la prueba de ADN, ya que tal y como se ha esgrimido en el primer motivo de casación, hasta este día se desconoce cómo y en qué forma el indicio NO 1 consistente en el blúmer supuestamente propiedad de la víctima fue obtenido, asegurado y trasladado finalmente a los laboratorios de la Dirección de Medicina Forense y si esta prueba que a nuestro juicio es espuria, realmente tiene la garantía de autenticidad que se requiere para ser considerada y por ende valorada para destruir el Estado de Inocencia tal y como ha ocurrido en el presente caso. Si observáis Honorable Tribunal Ad Quem, en el acta de debate (Pág. 6 vuelto) que forma parte del expediente judicial, se puede leer que dos (2) de los tres (3) peritos nominados por el Fiscal no hicieron acto de presencia al juicio, siendo que la regla en el sistema acusatorio es que la prueba se evacue mediante el principio de oralidad y solo en ciertos casos ya consignados en el artículo 311 del Código Procesal Penal se haga mediante la lectura respectiva. Lo más delicado de todo esto, es el hecho que la prueba que se ha objetado desde su presentación y evacuación mediante lectura autorizada (Prueba de ADN) ha servido de sustento para quebrantar el Estado de Inocencia de mi representado, al ser valorada la misma por el Tribunal A- Quo, lo que causa un enorme perjuicio a los intereses del ahora condenado puesto que al haberse inobservado las reglas de evacuación de la prueba en el debate y haberse considerado la misma mediante lectura, se privó a la defensa de poder interrogar como es lo correcto a la Perito antes mencionada limitando con ello la Defensa material y técnica del imputado que hoy le tiene sometido a una sentencia de carácter condenatoria. Siempre en relación con la explicación de éste segundo motivo de casación, esta representación procesal es del criterio, que el Tribunal A Quo, da lugar al vicio que hoy se está evidenciando cuando su valoración probatoria recae sobre un elemento probatorio (Prueba ADN) cuya legalidad esta puesta en duda ya que como bien lo señalamos en el primer motivo del presente recurso, hasta esta día se desconoce de dónde se obtuvo el indicio NO 1 (Blúmer) y si esta evidencia cuenta con la garantía de autenticidad que se exige para todas las pruebas que forman parte del proceso penal que hoy nos tiene enfrascado en el presente recurso de casación. En el acápite de la sentencia "Valoración Probatoria", el Tribunal Sentenciador en su preámbulo establece: "La resolución del Tribunal tiene como base el análisis individual y conjunto de los medios de pruebas" (Lo resaltado en negrilla y cursiva es nuestro). Seguidamente una a una de las pruebas fue analizada, llegando en el inciso octavo (8) a hacer referencia específica a la prueba de ADN cuya legalidad y legitimidad está en plena discusión. El Juzgador al considerar este peritaje como un elemento probatorio en los que se fundamentó para emitir sentencia de culpabilidad, lo hace sin considerar que la misma carece de legitimidad y por ende de autenticidad por cuanto fue en la audiencia de proposición de pruebas que el ente acusador habló de ésta pericia pero bajo la premisa que la evidencia fue encontrada en un condón, nunca se mencionó un blúmer propiedad de la víctima, fue admitida por el Tribunal A Quo bajo el criterio que sería analizado los fluidos seminales en un condón y luego la prueba pericial destaca en su contenido que se ha analizado un blúmer, el cual se desconoce cómo, cuándo y dónde fue recolectado ya que ni siquiera se presentó en juicio la evidencia y la garantía de autenticidad (cadena de custodia) violentándose con ello no solo Derechos Fundamentales inherentes a toda persona humana, sino que también se soslayaron procedimientos que la norma adjetiva y reglamentaria establece para éste tipo de pruebas. Aun así y a pesar de haber sido objetado por la defensa, el Tribunal tiene considerada la legitimidad de esta prueba y sobre la base de una evidencia NO 1 (Blúmer) que NUNCA fue puesta a la orden del Tribunal Sentenciador se hace admite la prueba de ADN y lo que es más delicado, se ha VALORADO y CONSIDERADO, para sustentar una sentencia de carácter condenatorio en franca y abierta violación a Derechos y procedimientos que están regulados tanto en la norma constitucional como procedimental. Este segundo reproche también genera el vicio contenido en la norma adjetiva invocada como violada ya que, a pesar de todo este contexto, la prueba de ADN fue considerada como legitima y ha sido valorada para sustentar la sentencia condenatoria que hoy se está impetrando a través del presente recurso de casación penal. No se explica por qué el juzgador no ha reparado en este detalle que resulta evidente con la sola lectura de los momentos procesales en los que resulta claro esta grave falencia, es decir, basta que revise el acta de audiencia de proposición de prueba, ya que la proposición de esta prueba pericial que inicialmente proviene de un condón, se admite como tal y cuando se evacua mediante lectura, la perito oficial consigna no un condón, sino que un blúmer, describiendo físicamente el mismo y luego mediante la lectura del dictamen se tiene por válida la prueba en mención y es aquí donde surge la interrogante: ¿ Cómo es posible que el Tribunal de Sentencias haya admitido, evacuado y lo que es más grave considerado y valorado una prueba, sin haber reparado que ésta evidencia NO 1 (BLOOMER) nunca ha sido ni fue puesta a la orden del Juez competente en las primeras etapas del juicio mucho menos a la orden del Tribunal de Sentencias que hoy emite un fallo de carácter condenatorio? . El BLOOMER nunca fue puesto a la orden del Tribunal, nunca se vio la garantía de autenticidad (cadena de custodia) porque sencillamente el Ministerio Publico inobservó este procedimiento, pero el reproche que se hace y que genera el vicio grave que hoy se pone en evidencia, es el de haber considerado un elemento probatorio (BLOOMER) que NUNCA FUE PRESENTADO EN JUICIO (lo resaltado y en negrilla es nuestro) y fue sobre este medio de prueba que se realizó la comparación de fluidos seminales que también tal y como lo evidenciamos en el primer motivo, la extracción de sangre (evidencia NO 3) FUE REALIZADA PRESCINDIENDO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y POR ENDE LEGALIDAD QUE SE REQUIERE PARA ESTE TIPO DE DILIGENCIAS YA QUE SU DEFENSOR NUNCA ESTUVO PRESENTE AL MOMENTO DE LA EXTRACCIÓN DE SANGRE SE REALIZO.(Lo resaltado y en negrilla es nuestro).En el Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño, Tomo ll, pág. , claramente se establece lo siguiente: "Bajo el esquema del CPP, a las partes les corresponde proponer en la fase previa al debate las pruebas que se harán valer para acreditar sus pretensiones en el juicio, en la forma en que lo ordena el artículo 317, de manera que aunque exista cierta actividad probatoria recabada en las etapas anteriores, si se pretenden utilizar en el debate, tienen que introducirse al mismo bajo los parámetros delineados y autorizados por el CPP. En el artículo 311 se establece puntualmente la lista de los elementos de investigación documentados que por excepción pueden incorporarse al juicio por lectura del secretario, entonces el vicio consiste en que la sentencia se funde en prueba evacuada por lectura, sin estar comprendida dentro de los supuestos del citado art. 311 estando aun comprendida dentro del catálogo, se dé cumplimiento por ejemplo a la exigencia de que sean propuestas por las partes interesadas en su incorporación. (Lo subrayado y en negrilla es nuestro).Si reparáis honorable Tribunal Ad- Quem, el vicio que se invoca mediante este segundo motivo de casación concurre cuando en primera instancia el sentenciador considera un blúmer como base fundamental de la prueba de ADN, blúmer que nunca apareció en juicio puesto que la Fiscalía nunca lo propuso como medio de prueba, evidencia que sirvió de base para elaborar el dictamen pericial que hoy se objeta como se ha venido objetando durante las anteriores audiencias y la forma en que esta prueba así como la prueba pericial psiquiátrica se evacuó puesto que estos peritos no se hicieron presentes al juicio, limitando con ello la posibilidad de ser interrogados como es la regla por parte de la defensa pero que nunca ocurrió puesto que sin justificación alguna, tales peritos no se hicieron presentes al juicio. Por ello, sin lugar a dudas, el Tribunal incurrió en el vicio procesal de apoyar su criterio en prueba no incorporada a juicio, así como la violación a la incorporación por medio de lectura autorizada prescindiendo con ello de los principios de contradicción y oralidad. Por tanto, es meritorio que la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Penal, pueda revisar de manera acuciosa estos dos (2) motivos de casación y corregir lo actuado por el Tribunal Sentenciador, procediendo a anular el mismo, así como el acta de debate y en efecto de reenvió pueda ser nombrado otro Tribunal para que se subsanen los vicios procesales en los que incurrió el sentenciador.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Precepto Autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 90 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: violación al debido proceso. Pretensión: ordenar el reenvío de los antecedentes a su tribunal de origen para la celebración de un nuevo juicio. El censor del fallo denuncia que el sentenciador de instancia construyó los hechos probados de la sentencia sobre la base de unos medios de prueba que fueron obtenidos soslayando los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal y la Constitución de la República. En concreto, considera que la prueba decisoria del caso, el dictamen de comparación de ADN aportado por el ente acusador del Estado, se obtuvo en abierta y flagrante violación a las formalidades del procedimiento y de los derechos fundamentales que asisten al acusado. Dicho dictamen fue vital en el proceso de valoración probatoria al resultar para el sentenciador, corroborativo con la declaración de la víctima. Al explicar por qué dicho dictamen violenta las normas procedimentales y constitucionales, las razones se contraen a las siguientes: 1. Según la proposición de pruebas del ente fiscal, las muestras para analizar el análisis comparativo de ADN, consistían entre extracción de muestras de sangre del acusado, con las muestras de semen encontradas en el condón supuestamente utilizado por el acusado al momento de los hechos. 2. El perito, la Doctora Karen Amaya, realizó el análisis comparativo entre la muestra de sangre del acusado, el cual no fue asistido por su representante procesal al momento de la realización de la extracción de la muestra, y como elemento comparativo se utilizó el fluido supuestamente encontrado en la evidencia No. 1, consistente en un pedazo de blúmer propiedad de la ofendida. 3. El blúmer que sirvió como elemento de comparación nunca fue presentado como evidencia a lo largo del proceso, este indicio nunca fue presentado en juicio, violentando con ello lo establecido en el artículo 43 del Reglamento Sobre Manejo de Indicios y Evidencias Físicas y Biológicas Como Consecuencia de la Comisión de un Hecho Delictivo, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 27 de noviembre de 2004. 4. La prueba pericial fue introducida a juicio en franca violación a los derechos fundamentales y procedimentales, al ser evacuada prescindiendo de los artículos 242 y 277 del Código Procesal Penal, que no dio oportunidad de interrogatorio por parte de la defensa. Del debido proceso. La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El principio del debido proceso, más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El censor del fallo arguye que el sentenciador de instancia construyó los hechos probados de la sentencia, sobre la base de unos medios de prueba que fueron obtenidos soslayando los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal y la Constitución de la República. En concreto, considera que la prueba decisoria del caso, el dictamen de serología y genética forense aportado por el ente acusador del Estado, se obtuvo en abierta y flagrante violación a las formalidades del procedimiento y de los derechos fundamentales que asisten al acusado. Dicho dictamen fue vital en el proceso de valoración probatoria al resultar para el sentenciador, corroborativo con la declaración de la víctima. Asimismo, explica que, según la proposición de pruebas del ente fiscal, las muestras para analizar el análisis comparativo de ADN, consistían entre la extracción de muestras de sangre del acusado, con las muestras de semen encontradas en el condón supuestamente utilizado por el acusado al momento de los hechos. Sin embargo, la perito Karen Amaya, realizó el análisis comparativo entre la muestra de sangre del acusado, el cual no fue asistido por su representante procesal al momento de la realización de la extracción de la muestra, y como elemento comparativo se utilizó el fluido supuestamente encontrado en la evidencia No. 1, consistente en un pedazo de blúmer propiedad de la ofendida. El blúmer que sirvió como elemento de comparación nunca fue presentado como evidencia a lo largo del proceso, este indicio nunca fue presentado en juicio, violentando con ello lo establecido en el artículo 43 del Reglamento Sobre Manejo de Indicios y Evidencias Físicas y Biológicas Como Consecuencia de la Comisión de un Hecho Delictivo, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 27 de noviembre de 2004. Por lo anteriormente expuesto, considera que la prueba pericial fue introducida a juicio en franca violación a los derechos fundamentales y procedimentales, al ser evacuada prescindiendo de los artículos 242 y 277 del Código Procesal Penal, ya que no dio oportunidad de interrogatorio por parte de la defensa. La Sala de lo Penal observa que los alegatos recursivos planteados por el recurrente, no resultan suficientes para revertir la declaratoria de culpabilidad en contra del acusado Maynor José Matute Gutiérrez, pues aún y cuando se excluyera hipotéticamente del acervo probatorio el Dictamen de Serología y Genética forense número 2018-0801-0501-8631, mediante el cual se acreditó para el juzgador que el acusado fue el donante del perfil genético encontrado en la prenda íntima de vestir de la menor ofendida, queda como remanente para acreditar la imputación de la acción penal las declaraciones de la ofendida la niña N. L. C. A. y A. M. A. C.; las pruebas periciales de los dictámenes de evaluación física, evaluación psicológica y evaluación psiquiátrica realizadas a N. L. C. A. y la certificación de acta de nacimiento número 1208-2004-00356. A partir de estos medios de prueba, el juzgador coligió intelectivamente que la declaración de la ofendida N. L. C. A., no denotó tener interés en perjudicar al acusado, sino que solamente refirió los hechos que le acontecieron, describiendo suficientes detalles de la forma en que el imputado Maynor José Matute, la llevó a un lugar solitario salida a Marcala, Departamento de la Esperanza, bajo la excusa que iría a traer a una hermana que supuestamente la había llamado al teléfono celular, y que una vez en el lugar a eso de la una de la tarde, utilizando fuerza física la sometió mediante la fuerza a tener relaciones sexuales, penetrándola por la vagina, explicando la niña víctima que el imputado la agarró de la mano y la tiró en la parte de atrás del taxi, donde sació sus instintos sexuales. Consideró el juzgador que el imputado aprovechó la ingenuidad de la niña, quien por su evidente inmadurez cayó en el engaño del imputado al llevarla a un lugar solitario, quitándole su ropa interior para meterle el pene. Luego de esta línea de razonamientos, resalta el juzgador en su intelectiva (f. 73v), que la declaración de la niña ofendida se corrobora con la prueba pericial consistente en el dictamen de evaluación física, el cual en sus resultados establece que en la vulva de la menor ofendida, en el área del himen “se encontró una ruptura reciente menor de diez días a las seis horas según manecillas del reloj…”, asimismo, los dictámenes psicológicos y psiquiátricos, los cuales respectivamente establecen en sus resultados, “que por la situación vivida la menor presenta tensión y ansiedad, inestabilidad emocional y sentimiento de amenaza…”, “según dictamen psiquiátrico la menor evaluada presentó daños de trastorno por estrés postraumático, trastorno depresivo posterior a vivenciar el evento traumático, abuso sexual por persona no perteneciente al grupo primario de apoyo…”. Finalmente, establece que mediante el testimonio de la menor ofendida se “… ha identificado plenamente al imputado en la presente causa, lo cual no deja dudas sobre la identidad o individualización del encausado como la persona que realizó la penetración vía vaginal…”. Lo anteriormente expuesto, determina que no resulta imprescindible acudir a los resultados de la pericia de serología y genética forense, para determinar la identidad del autor del delito de violación sexual especial realizada en perjuicio de N. L., pues quedó suficientemente acreditado para la instancia que fue el señor Maynor José Matute Gutiérrez, sin que dichos razonamientos conlleven a la infracción de las reglas de la sana crítica racional que gobierna nuestro sistema de valoración probatorio. Por lo anteriormente expuesto, no procede dar recibo al recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del CPP). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero del CPP); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Precepto autorizante: artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 311 y 317 del CPP. Concepto de la infracción: que la sentencia se base en medios o elementos de prueba no incorporados al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del CPP. Acciones de saneamiento: no determinado por el recurrente. Pretensión: ordenar el reenvío de los antecedentes a su tribunal de origen para la celebración de un nuevo juicio. Arguye el recurrente que dos pericias propuestas por el Ministerio Público y admitidas por el juzgador, no fueron ratificadas en juicio por sus peritos evaluadores, ya que no hicieron acto de presencia a juicio, y la regla en el sistema acusatorio es que la prueba se evacúe mediante el principio de oralidad y solo en casos ya consignados en el artículo 311 del Código Procesal Penal, se haga mediante lectura respectiva. Por esta razón, se ha producido una real indefensión para el imputado. Asimismo, arguye que la prueba pericial de ADN carece de eficacia probatoria porque la misma consistía en la realización de comparación genética entre las muestras de sangre del acusado con las muestras de semen encontradas en el condón supuestamente utilizado por el acusado al momento de los hechos; sin embargo, arguye, nunca se mencionó un blúmer propiedad de la ofendida, prueba que nunca fue puesta a la orden del tribunal sentenciador ni de la representación de la defensa del acusado. De la oralidad en el proceso penal y la introducción de prueba por lectura como su excepción. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El principio de oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Artículo 306 del Código Procesal Penal), la contradicción (Artículo 4 del Código Procesal Penal), la concentración (Artículo 306 y 312 del Código Procesal Penal) y la publicidad (Artículo 308 del Código Procesal Penal). Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, este Principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia; entre estas circunstancias tenemos la prevista numerales 1 y 2 del artículo 311. Señala el primer numeral que podrán ser reproducidos por lectura en la audiencia de debate: “Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio”. Este numeral define entonces como requisitos: 1. Que el testimonio o pericia haya sido evacuado en un momento antes del debate, pudiendo ser en la etapa preparatoria, intermedia o incluso en la misma etapa de juicio, siempre que sea previo a la celebración de la audiencia referida; 2. Que la evacuación del medio de prueba haya sido realizada observando el protocolo previsto para las pruebas anticipadas, con el registro debido del resultado de ésta; 3. Que el medio de prueba figure como uno de aquellos que fue oportunamente propuestos y admitidos por el Tribunal de Sentencia; 4. Que resulte imposible reproducir el medio de prueba en la audiencia de debate, por causa de la naturaleza del medio de prueba o por causa atinente al testigo o perito que deba de comparecer: i) La naturaleza del medio de prueba puede obligar que ésta sea tomada de manera anticipada por ser de carácter irrepetible, por la complejidad del análisis pericial, por el riesgo que implique su práctica (imaginemos que implique la manipulación de material explosivo, toxico, etc.), por el tiempo que tome el análisis pericial o porque deba de ser realizado dicho análisis pericial o deba de ser tomada la declaración testifical en un lugar fuera de la competencia territorial del órgano jurisdiccional; ii).- También la imposibilidad puede ser por incapacidad sobrevenida y material del testigo o perito de dar a conocer lo que sabía de los hechos, durante el tiempo que se celebre la audiencia de debate o dentro del plazo en que éste pueda suspender la audiencia, que es de un máximo de 15 días. En su segundo numeral el artículo 311 del Código Procesal Penal prescribe que igualmente se podrán incorporar por su lectura: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”. Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Artículo 317 Código Procesal Penal) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Artículo 320 Código Procesal Penal); 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos de que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello; y, 3. Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la etapa preparatoria (Artículo 264 Código Procesal Penal) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá de valorarse conforme a las reglas de la sana critica (Artículo 202 Código Procesal Penal), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viéndose obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial por uno documental. Las partes podrán recurrir la sentencia que valore un medio de prueba introducido por lectura a la audiencia de debate: 1. Mediante la presentación del Recurso de Casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, alegando la introducción indebida por lectura del medio de prueba en violación a alguna de las reglas contenidas en el artículo 311 del mismo Código; y/o 2. Mediante la presentación del Recurso de Casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.3 del Código procesal Penal, alegando una inadecuada valoración del medio de prueba introducido por lectura, colisionando con la regla contenida en el artículo 202 del Código indicado. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El censor alega que indebidamente el Tribunal de Sentencia introdujo por lectura los dictámenes periciales consistentes en el Dictamen Psiquiátrico realizado por el Doctor Juan Carlos Munguía Hernández; y, el Dictamen de Laboratorio de Serología y Genética Forense, practicado por la Doctora Karen Amaya. En el acumulado judicial se ve registrado que en fecha uno (01) de marzo de dos mil dieciocho (2018) (f. 15 del Tomo II), el Tribunal de Sentencia celebró la audiencia de proposición de prueba, en donde las partes ofertaron los medios de prueba que tuvieron a bien, siendo entre ellos el Dictamen Psiquiátrico realizado por el Doctor Juan Carlos Munguía Hernández; y, el Dictamen de Laboratorio de Serología y Genética Forense, practicado por la Doctora Karen Amaya, ambos propuestos por el Ministerio Público y admitidos por el A-Quo. Posteriormente, en la audiencia de debate, celebrada en fecha 18 de octubre de 2018 (f. 67v del Tomo II), la Secretaría del Tribunal de Sentencia informó que los peritos no fueron citados y por tanto no comparecieron, a lo cual el Ministerio Público solicitó que ante la imposibilidad de citarlos se evacuaran sus dictámenes mediante lectura autorizada, ante lo cual no hubo oposición alguna por parte de la defensa, quien solamente pidió una copia de los dictámenes para evacuarlos mediante exhibición. Por su parte el Tribunal de Sentencia, resolvió ordenar su evacuación mediante lectura, manifestándose entendidas ambas partes. Los antecedentes procesales relacionados, permiten a esta Sala de lo Penal arribar a la conclusión que tanto el Ministerio Público como la defensa privada coincidieron en que los dictámenes periciales se evacuaran mediante lectura autorizada, por no haber podido hacer llegar a los peritos a la audiencia de debate y observando el plazo para la celebración del juicio; ergo, no puede ahora la defensa privada presentar denuncia por la indebida introducción por lectura de un medio de prueba, cuando ello fue como consecuencia de su propio consentimiento, no hubo en ese momento denuncia procesal alguna del vicio que ahora hoy denuncia en casación, considerándose extemporáneo su reclamo que fue consentido en instancia. En relación al reclamo de que la prueba pericial de Serología y Genética Forense se realizó vulnerando derechos fundamentales del acusado, ya la Sala de lo Penal ha dado respuesta a sus argumentos a través del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por lo que basta remitirse a la respuesta del mismo para verificar que aún y cuando se excluyera del acervo probatorio dicha pericia, no resultaría suficiente para revertir la declaratoria de culpabilidad del señor Maynor José Matute Gutiérrez, pues el resto de la prueba pericial, documental y testifical, reúne a cabalidad los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado al acusado. Por lo anteriormente expuesto, no procede el recibimiento del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Aldo Francisco Santos Sosa, apoderado defensor del señor Maynor José Matute Gutiérrez. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Aldo Francisco Santos Sosa, apoderado defensor del señor Maynor José Matute Gutiérrez. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad[2] son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, primer párrafo del Nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, segundo párrafo Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 del Nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y sólo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal 130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se condenó al señor Maynor José Matute Gutiérrez, a la pena principal de quince (15) años de reclusión, por ser considerado autor responsable penalmente del delito consumado de violación especial, en perjuicio de N. L. C. A., más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de violación (artículo 249), cuyas penas principales son: prisión de trece (13) a diecisiete (17) años y cuatro (04) meses, -en virtud que según los hechos probados de la sentencia, la víctima es menor de 14 años y se empleó violencia en la realización del delito-; prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión (34 años y 8 meses), la medida de libertad vigilada hasta por diez (10) años y anotación en el registro de agresores sexuales que para tal efecto lleva el Juzgado de Ejecución. Lo anterior permite colegir que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 31, 32, 68, 70 y 373 del Código Penal 130-2017; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada del señor Maynor José Matute Gutiérrez. 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada del señor Maynor José Matute Gutiérrez. 3) Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada al ahora condenado Maynor José Matute Gutiérrez. 4) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzman García. Magistrada Coordinadora. Jose Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 10 días del mes de octubre del dos mil veintidós. Certificación de Sentencia dictada el veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-227-2019.
JOSE RAMON CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España. pág. 141.